Página#12 Libre

“La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son ‘universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto’.”
(Pontificio Consejo Justicia y Paz. Año 2005)

En La Nación del miércoles 8 del corriente, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título de “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero exclusivamente referirme a un párrafo de su nota que, por su carácter taxativo, reclama una réplica. Dice Sanguinetti: “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares”. Desgraciada la metáfora con la que lo inicia. No se trata, Dr. Sanguinetti, de “revolver cenizas”, sino de hallar las de aquellos asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales (exclusiva) conductas del género humano, cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esta deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad. Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca le escuché, ni tampoco leí, una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no “revolver las cenizas” y mucho menos la afirmación temeraria de que “un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”. Pero vayamos al perdón. Como bien lo sabe el presidente Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. El 15 de mayo de 1999, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía que el perdón supone “el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho”. Ni en la Argentina, menos en el Uruguay, los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aún, dos meses atrás, asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, que Videla y Menéndez hicieron ante el tribunal que en Córdoba los condenó a cadena perpetua. En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones públicas reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el Dr. Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige dos requisitos más: la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.

Finalmente, con respecto a la ley de amnistía que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con un 48 por ciento de votos en contra) cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no son objeto, ni responden, ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. En este sentido, me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina Gustavo Bossert, que en uno de sus párrafos textualmente dice: “Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal (son)... crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas y dar lugar, entonces, a un juicio justo”.

Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.

* Ex embajador argentino en Uruguay.

“Sacate el tutú rosado y calzate los guantes de box.”
(Michael Moore al presidente Obama)

Según Aristóteles, la armonía es sinónimo de la belleza y la belleza sin duda un ingrediente de la felicidad. Pero ¿es posible la armonía allí donde reinan desigualdades agraviantes y el poder las ignora o, lo que es peor aún, las fomenta en su propio beneficio? A la armonía sólo se llega limando las hirientes asperezas de la desigualdad. Cualquier otro camino está pavimentado de claudicaciones, complicidades o resignación.

Cuando la realidad y la voluntad popular imponen a un gobierno la lucha por la democratización del poder para detener la fragmentación comunitaria, la disgregación social y su propia degradación al ejercicio formal de la representatividad electoral, aparece el conflicto. El nivel de su intensidad puede ser administrado en función del grado de resistencia que ofrezcan los que lo detentan y la habilidad de los que lo desafían, pero la conflictividad y la confrontación no se esfuman en el aire de la buena voluntad.

No hay una situación de desigualdad agraviante que pueda ser siquiera disimulada, sin algún grado de conflictividad. Su intensidad dependerá de al menos tres condicionantes: a) La magnitud del agravio que se intenta reparar; b) la resistencia de los detentadores del poder y c) la solidez de la voluntad transformadora de quienes gobiernan.

La habilidad de aquellos que intentan cambiar, con vocación de permanencia, las relaciones de poder en una sociedad herida por la inequidad reposa en su capacidad de forjar alianzas con quienes, aunque no compartan la totalidad del proyecto transformador, no son parte del poder real o sólo son sus convidados circunstanciales. La capacidad de generar alianzas para librar cada una de las batallas define la potencialidad de la conducción y la concepción estratégica del proyecto transformador. Y esto, siempre y cuando la acumulación de fuerzas no degenere en un extraviado pragmatismo.

Aceptar que los gobiernos populares –populistas– han llegado a donde los puso la voluntad libre de sus pueblos, para romper con los entramados del poder tejidos a lo largo de más de tres décadas de gobiernos tiránicos y terroristas, de democracias condicionadas o interesadamente alineadas con el discurso único del “neoliberalismo”, exige asumir el conflicto como el único camino capaz de reconstruir la armonía social despedazada. Exige además de la sociedad (esto quiere decir de nosotros) cargar sobre sus espaldas la indiferencia con la que fue testigo de tamaña masacre social.

De la habilidad política de los gobernantes, de su capacidad para forjar alianzas sin renunciar ni a los principios ni a los objetivos; de la eficacia de la gestión, lo que exige una lucha sin cuartel contra la corrupción (la de los ladrones y también la de los ineptos); de la voluntad de reinstalar la política como instrumento de participación y movilización popular. De todo esto y seguramente de algo más dependerá que este reverdecer de “la hora de los pueblos”, producido sobre el fracaso manifiesto del modelo neoliberal, pueda transformarse en la construcción de sociedades que restableciendo su armonía –proscribiendo las hirientes asperezas de la desigualdad– preparen el terreno para consensos duraderos, sin resignar para construirlos, la pasión por una sociedad más justa y libertaria.

Es casi ridículo si no cínico que quienes supieron convivir con las tiranías y en muchos casos fueron sus inspiradores y socios tras bambalinas, denuncien hoy a los gobiernos populares –populistas– de promover la conflictividad y carecer de vocación por el consenso. Confunden a sabiendas el consenso con las negociaciones penumbrosas a las que estaban habituados, donde los pueblos amordazados eran pasivos sujetos (víctimas) de sus tropelías. Confunden el consenso con la armonía de los poderosos. Confunden el consenso con los modales prolijos de los que tienen en común los mismos intereses. En realidad, nada confunden. Lo que pretenden es sembrar la confusión para cosechar lo único que realmente les interesa, su permanencia en el control del poder.

Pretender que la transformación de la América del Sur, el más inequitativo continente del mundo, pueda darse sin conflictividad, o es estupidez o es complicidad. El problema no está en el conflicto –por otra parte inevitable– sino en la capacidad de los gobiernos populares de administrarlo, evitando costos innecesarios, forjando alianzas imprescindibles y dando testimonio de fidelidad a la voluntad que los pueblos expresaron en las urnas.

Basta entonces de cuestionar modales y exigir buenas conductas, cuando quienes las reclaman supieron convivir con las expresiones más brutales de nuestra dolorosa identidad. Basta de escandalizarse por las formas cuando fueron capaces de ignorar las tragedias que aquéllas buscaron disimular. Basta de hipocresías y esto sí vale para propios y extraños. Estamos en conflicto. Y el conflicto sólo concluirá cuando realmente se reestablezca la armonía, la que, junto con la felicidad, son utopías detrás de las cuales vale la pena militar.

* Ex embajador argentino en Uruguay.

Siempre me resultó inaceptable por injustamente exculpatorio que todo el peso de la barbarie desatada por el terrorismo de Estado recayera exclusivamente sobre las FF.AA. Indudablemente fueron ellas las ejecutoras materiales de las atrocidades cometidas. Pero ¿fueron ellas las únicas responsables? La triste historia de los golpes militares en la Argentina confirma –quizás con la única excepción del golpe del ’43– que detrás de la máscara militar se ocultaron siempre los intereses, las ambiciones y la ideología de sectores civiles que optaban por reemplazar los votos de los que carecían por las botas que les servían. El golpe de 1976 no fue la excepción a la regla. Como en todos sus antecedentes, el régimen instaurado a partir de marzo del ’76 fue una dictadura cívico militar, donde –como siempre– los uniformados fueron el mascarón de proa de un proyecto concebido por civiles para beneficio de sus intereses permanentes de conservación o recuperación del poder.

Con independencia de lo que en sí mismo representa que la Argentina tenga por primera vez en casi 30 años de democracia una ley de medios de comunicación que respete los valores del sistema y promueva el acceso a su titularidad de sectores hasta ahora intencionadamente marginados, evitando las “posiciones dominantes o monopólicas”, tal cual ocurre en casi todas las democracias desarrolladas. Y prescindiendo de lo que significa poner en cuestión el origen y la razón de ser de un monopolio productor de papel para prensa cuya propiedad se encuentra en manos de los dos grandes diarios nacionales, haciendo realidad lo que ellos mismos denuncian cuando afirman que “quien controla el papel, controla la información”; se está produciendo un beneficio colateral de trascendencia. Este consiste en haber puesto en el debate público el rol jugado por los civiles y sus corporaciones, cuando el terrorismo de Estado desataba el proceso de exterminio más perverso de que tenga memoria la historia argentina. Terrorismo de Estado que, justo y necesario es reconocerlo, sobre todo si uno es peronista, tuvo sus primeras y obscenas manifestaciones durante los últimos años del breve interregno democrático de comienzos de los setenta. Más pronto que tarde habrá también que echar luz sobre esa intolerable oscuridad.

Y en esta incuestionable participación civil en la última dictadura jugaron su interesado papel los medios de comunicación. Especialmente la prensa escrita ya que la mayoría, si no todos los medios audiovisuales, estaban en manos del Estado. No sólo saludaron la llegada del orden tiránico, sino que enterados de sus crímenes –que en casi un centenar de casos tuvieron como víctimas a trabajadores de prensa– guardaron un silencio incalificable. Dice Morales Solá en La Nación del último 25 de agosto: “El periodismo argentino pudo hacer más de lo que hizo durante la última dictadura militar –qué duda cabe–, pero eso no lo convierte en cómplice ni en partícipe de las violaciones de los derechos humanos en aquellos años de furia”. Robert Cox, director por entonces del Buenos Aires Herald, se encarga de desmentirlo cuando en el prólogo al libro escrito por su hijo David (Guerra sucia, secretos sucios) dice textualmente: “Los diarios argentinos fueron cómplices de la dictadura. El Herald no”. La rotunda afirmación de Cox tiene la contundencia de lo testimonial. Puso el cuerpo junto con las palabras y así lo confirmó al despedirse hacia el exilio: “La prensa tiene el deber de decirle la verdad a la gente. Los familiares de las personas desaparecidas no pueden seguir siendo ignorados como si fueran leprosos”.

Mal que le pese a Morales Solá la prensa argentina, para la que él trabajaba, fue cómplice de la tiranía al no cumplir con lo que es la contrapartida inescindible de la libertad de prensa: el deber de respetar el inalienable derecho público a la información, sin lo cual los medios quedan –en el mejor de los casos– reducidos a meros emprendimientos de lucro empresarial.

Así lo confesaba patéticamente el diario El País de Montevideo, cuando respondiendo al entonces presidente Kirchner que lo había acusado de complicidad con la dictadura uruguaya, editorializó diciendo: “En tan penosas condiciones y para no arriesgar una clausura ‘sine die’ que podía significar el fin del diario y de la empresa que lo edita, hubo que adaptarse a la situación y silenciar las discrepancias” (El País, 6 de marzo de 2005). La empresa, es decir los negocios, muy por encima de la “sagrada” misión de informar y de defender la libertad.

Porque este debate está instalado y seguramente se seguirá profundizando, las decisiones de la Presidenta, más allá de la suerte que el funcionamiento institucional les depare, han producido ya el beneficio colateral con el que iniciamos la nota. Poner al descubierto la trama de intereses civiles que hicieron posible el terrorismo de Estado.

Para terminar con Robert Cox y seguramente para sorpresa de quienes hoy defienden con fervor una libertad de la que se olvidaron ayer, el distinguido y respetado periodista señaló, en una exposición realizada en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata: “La batalla que se da en la opinión pública no es una guerra de periodistas, sino una guerra de empresas”, para culminar sentenciando: “Esta es una de las épocas donde la censura no está presente. Yo estuve presente en este país en varios pasajes de su historia y no hubo ninguno en donde se discutieran todos los temas con esta libertad”. ¿Hace falta mucho más?

* Secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano.

Otra oportunidad

Por Juan Gabriel Tokatlian *

Aunque parezca extraño, el análisis de política exterior es uno de los campos de las relaciones internacionales con menor desarrollo relativo. A su vez, la evaluación de las conductas externas de los estados que han declinado es una subárea temática escasamente estudiada. Casi toda la investigación y la bibliografía sobre política exterior están orientadas a describir cómo se comportan los países a los que les ha ido bien y cómo debieran actuar las naciones que aspiran a ascender en el escenario mundial. Es prácticamente inexistente la indagación y la literatura que aborde lo que pueden o deben hacer los países que quieren recuperar poder e influencia en la política internacional.

De acuerdo con la poca producción académica sobre este último tipo de casos resulta indispensable un conjunto básico de condiciones para revertir la caída. En primer lugar, un país que ha declinado no puede emerger sin amigos externos y sin colaboración de afuera; es decir, no puede hacerlo en soledad y mediante la confrontación. En segundo lugar, un país que ha declinado debe superar la melancolía, el resentimiento y el ensimismamiento; esto es, la melancolía derivada del hecho de que lo mejor de ese país ha sido su pasado y no el futuro, el resentimiento generado por la envidia a quienes les ha ido bien y el ensimismamiento fruto del aislamiento del Estado y la sociedad. Y en tercer lugar, un país que ha declinado resurge con mucho esfuerzo y en un horizonte de mediano y largo plazo.

¿Qué hacer, entonces, en materia diplomática concreta para superar la declinación y retomar una senda de la estabilidad y el posterior ascenso? Los exiguos estudios en la materia no ofrecen muchas guías. Sin embargo, de ellos surgen tres conclusiones. Primero, ningún país se ha reconstruido internamente y proyectado externamente de manera exitosa sólo a través de un sistema de alianzas internacionales; la mejor política exterior empieza por una buena política interna en lo económico, institucional, tecnológico y social. Segundo, un país que intenta reposicionarse positivamente debe hacerlo de modo prudente y con particular atención a su vecindad: se reconstruye y legitima poder e influencia con gradualidad y en las inmediaciones. Y tercero, el país que establece y logra una nueva estrategia internacional de reinserción lo ha hecho con base en ciertos acuerdos socio-políticos internos fundamentales y mediante múltiples esfuerzos prolongados del Estado y la sociedad.

Argentina constituye un ejemplo de un país que ha declinado internacionalmente, que debe reestabilizarse en lo interno y que necesita recuperar un sendero ascendente en el campo mundial. Ahora bien, a pesar de haber sufrido un largo período de declive, Argentina sigue siendo un poder regional en el ámbito latinoamericano y un actor intermedio en el escenario mundial. La realpolitik de un país de esas características debiera tener tres pilares esenciales: la defensa del derecho internacional, el apego al multilateralismo y la promoción del regionalismo.

En ese sentido, Argentina se encuentra hoy ante una situación en la que puede otorgarle realismo a su política exterior y con ello ir superando décadas de pérdida de poder relativo en los asuntos globales. Por ejemplo, y de manera casi inesperada, Argentina encuentra un ámbito de influencia relevante al ser parte del Grupo de los 20 (creado a finales de 1999). Eso le brinda al país una cierta capacidad de interlocución y podría servir para efectivizar puentes con México y Brasil y así reforzar la voz regional en ese foro. Argentina puede ganar en credibilidad y reputación si gesta iniciativas creativas y consensuales en el G-20.

Otro ejemplo tiene que ver con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Durante los años que llevaron a su creación y en un primer momento después de instalada, Argentina se mantuvo distante: la lectura prevaleciente era de que la Unasur se trataba de una iniciativa brasileña dirigida a afirmar su influencia en Sudamérica. Sin embargo, con el correr del tiempo y ante un Brasil que incrementó su aspiración de proyección extrarregional, Argentina supo advertir el valor de la Unasur y de mecanismos creados por ésta como el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS). El aporte argentino, vía Unasur y el CDS, en los temas de la estabilidad en Bolivia, la distensión entre Colombia y Venezuela, la cuestión del acuerdo militar entre Bogotá y Washington en torno del uso por parte de Estados Unidos de siete bases colombianas y la búsqueda de una posición mancomunada acerca de la situación de Haití después del terremoto mostraron signos de moderación importantes dirigidos a evitar más polarización y mayor fricción y a contribuir en cuanto a una mejor cooperación horizontal en el área.

El hecho de que la Secretaría General de la Unasur esté encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner durante dos años representa una nueva oportunidad para Argentina. Bien aprovechado este espacio puede contribuir a que el país fortalezca el derecho internacional, el multilateralismo y el regionalismo –columnas indispensables para que Argentina empiece a dejar atrás su decadencia y vuelva a ser un actor gravitante en la política regional, continental y mundial–.

* Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella y miembro del Club Político Argentino.

Una elección que incomoda

Por Hernán Patiño Mayer *

Néstor Kirchner acaba de ser elegido por unanimidad como primer secretario general de la Unasur. Cualquier analista objetivo aplaudiría el hecho como un auténtico éxito de la política exterior argentina. Lo mismo haría, en un sistema político maduro, cualquier dirigente opositor. Que la Argentina inaugure con el respaldo unánime de los estados sudamericanos este nuevo paso en la institucionalización del proceso integrador del subcontinente debería, en fin, alegrarnos a todos. Sin embargo, esto no ha sido así. El resentimiento, el sectarismo y la desinformación han vuelto a copar la parada. Días atrás uno de los periodistas más prestigiosos y creíbles de la radiofonía argentina me decía: “Entre los métodos que los medios usan para desinformar, está el ninguneo”. El más importante columnista del más tradicional de los diarios argentinos escribió al día siguiente de la elección de Kirchner: “La mejor prueba de que la Unasur es un sueño más que un proyecto es la situación del Mercosur”, para agregar que “nunca la unión de los cuatro países sudamericanos estuvo tan mal como ahora”.

Empecemos por el final, el Mercosur estaba mucho peor cuando no existía. El “ninguneo” en este caso pasa por calificar de sueño al segundo intento en dos siglos de vida independiente, de concretar un proyecto de unidad al que sabotearon –y lo siguen haciendo– sin pudor, las oligarquías vernáculas tributarias de intereses extrarregionales. Por su parte, el sectarismo y el resentimiento brotaron de la boca de quien dijo –y cito de memoria– que “la elección de Kirchner es responsabilidad de Brasil y una desgracia para la Argentina”. Los que exigen moderación y templanza en los discursos no se andan con chiquitas al tiempo de descalificar a sus adversarios. Los que acusan al ex presidente de carecer de experiencia en política internacional y de usar la política exterior como herramienta en las disputas internas no parecen lucirse en diplomacia, al hacer al principal socio de la Argentina responsable de nuestra supuesta tragedia e ignorar olímpicamente la voluntad unánime de los diez restantes miembros de la Unasur.

Vale la pena dejar atrás los “ninguneos” intencionados y las profecías apocalípticas, para valorar muy especialmente la actitud del presidente de la República Oriental del Uruguay. Dijo –y sigo recurriendo a la memoria– que se sumaba al consenso y que lo hacía sin poner ni recibir condiciones. Lo hizo casi al comienzo de la ronda de apoyos, con lo cual aventó cualquier sospecha de oportunismo y anticipó que su decisión iba a tener un importante costo político hacia la interna de su país. Al día siguiente el derechista diario El País sentenció sin disimulo: “El nombramiento de Néstor Kirchner en la Unasur, con el apoyo del presidente Mujica, es una afrenta para el Uruguay”. La actitud de Mujica es una demostración más de que no hay demagogia en su discurso de hermandad privilegiada con la Argentina y que su apelación a la buena fe de nuestro pueblo es un gesto de confianza que exige reciprocidad.

Lo ocurrido en la Unasur abre la oportunidad para que la Argentina pueda demostrar desde la Secretaría General que es capaz de interpretar la voluntad más genuina de los pueblos sudamericanos y contribuir a marchar sin titubeos por el camino que hace dos siglos comenzaron a transitar nuestros padres fundadores. Esta no es una opción con alternativas. Alberto Methol Ferré insistía antes de morir en señalar que vivíamos la hora de los estados continentales y que de nuestra capacidad de reconstruir lo que hicieron naufragar mezquindades, intereses y traiciones, dependía la dignidad y la felicidad de nuestros pueblos.

* Ex embajador argentino en Uruguay.

Hace poco en Hora Clave, el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, y Mariano Grondona especulaban socarronamente con la posibilidad de que según fuera el resultado de las próximas elecciones, el vicepresidente Julio Cobos se hiciera cargo del gobierno. No es necesario recordar la alianza histórica entre la Rural y el golpismo y menos aún la vocación de Grondona por ser el mentor y vocero de las minorías blindadas, para descubrir en ellos la vocación destituyente. Hoy las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la democracia argentina y ya no más mercenarias de oscuros intereses. Pero estos personajes no cejan, ni cejarán, en su intento por recuperar el escenario perdido que no es ni la república, ni el consenso social, ni el diálogo plural, sino el control del poder económico que ven amenazado.

El episodio descripto no hace más que poner en blanco y negro lo que se juega en la Argentina en las próximas elecciones. No se trata de una simple elección legislativa más, aunque formalmente así lo sea. Se trata de detener o no, un proceso que ya insinuado a partir de 2002, se consolidó y profundizó durante la gestión de Néstor Kirchner y el casi año y medio de gobierno de Cristina Fernández. Este proceso, en lo sustancial y para no aburrir con cifras y estadísticas, consiste en el más formidable intento de transferencia de poder ensayado desde 1973 hasta la fecha. A partir del golpe del ’55, con algunas breves interrupciones, y muy especialmente a partir de 1976, con la masacre más brutal de nuestra historia, se intentó con éxito destruir la Argentina peronista y reinstalar en el poder real a las minorías que la gobernaron –con excepción del interregno yrigoyenista– entre 1852 y 1946. El gobierno de Kirchner y el actual de la Presidenta han osado desafiar, desnudar y, en algunos casos, arrebatarles poder a los dueños ocultos de la “torta argentina” amasada y horneada sobre la postergación de los trabajadores y la marginación de millones de compatriotas.

No es entonces una disputa electoral más, donde se debaten estilos o modales republicanos. No estamos invitados a una cena donde lo que se discute es la mejor o peor educación de los comensales, su manera de vestir, de sentarse, de comer o de beber. Lo que se discute en esta cena, es la distribución de la comida que pretenden decidir unos pocos mientras llenan o vacían los platos, en el ámbito siempre oculto y recoleto de la “cocina”. Entre tanto, los inquilinos legítimos de la casa, intentan –con aciertos y errores, avances y retrocesos– que a la mesa se sienten todos, que todos coman según su necesidad y disfruten de lo que en verdadera justicia les pertenece, poniendo fin a la gula de los menos saciada con el hambre de los más. No estamos optando entre el gobierno y el arcángel San Gabriel, como alguna vez dicen que dijo Raúl Scalabrini Ortiz.

Se trata nada más, pero tampoco nada menos que del esfuerzo por continuar en la recuperación del poder que las minorías expropiaron por la fuerza a las mayorías argentinas. Pero también se trata de que una vez contados los votos, seamos capaces de volcar todos los esfuerzos en el fortalecimiento de las organizaciones que expresan al movimiento popular. Porque no hay victoria que pueda defenderse ni traspié que pueda superarse, sin la más amplia participación de las organizaciones libres del pueblo.

Perón decía que “Sólo la organización vence al tiempo”, y podemos agregar nosotros: y garantiza la victoria de los pueblos. En la tarea de restituirnos el control de nuestro propio destino, no hay procesos químicamente puros. Existen los éxitos y los fracasos, los claros y los oscuros, las grandezas y las agachadas. Los únicos que no pueden faltar y flaquear son los principios, los compromisos y la voluntad de contribuir, aunque más no sea modestamente, a escribir una historia de justicia y esperanza.

* Embajador argentino en Uruguay.