Página#12 Libre

La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori habilitó la comercialización de medicamentos de venta libre en kioscos, supermercados y estaciones de servicio. Lo hizo al conceder una medida cautelar presentada por una kiosquera. El argumento central de la magistrada fue que la “Ciudad es autónoma y por lo tanto puede decidir si aplica o no la ley nacional” que en 2009 restringió la venta de medicamentos en cualquier lugar que no fuera una farmacia. La medida ya fue apelada por la Confederación Farmacéutica Argentina.

El fallo se produjo en medio de la disputa entre farmacéuticos y laboratorios, por más que la acción la promovió la Asociación de Kiosqueros de la República Argentina. Esta cámara tiene el apoyo explícito de la Cámara de Productores de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), donde están nucleados los principales laboratorios que operan en el país, como Boehringer, Pfizer, Bayer, Procter & Gamble, Sidus y Bagó. Su director ejecutivo es el empresario Juan Tonelli, la pareja sentimental de Gabriela Michetti, diputada nacional por el PRO.

La ley nacional que suspendió la venta de medicamentos en kioscos y otras bocas de expendio también derogó un decreto de desregulación del mercado farmacéutico. Aquella norma databa de 1991, firmada por Carlos Menem, Domingo Cavallo, León Arslanian, Antonio Erman González y José Luis Manzano. El espíritu de los legisladores nacionales que en 2009 modificaron el marco regulatorio fue ponerle un freno a la comercialización ilegal de remedios de venta libre y evitar la automedicación, que en la Argentina provoca 100.000 internaciones por año.

La interpretación de la jueza Liberatori es que la Ciudad cuenta con la potestad de adherir o no a la norma, debido a su carácter de autónoma. Sin embargo, la propia jurisdicción tuvo la oportunidad de expedirse en varios expedientes. La Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad señaló que “corresponde poner de resalto que la ley 26.567 que regula la actividad farmacéutica es de carácter nacional”.

“Sorprende la decisión de la jueza Liberatori, porque no tiene en cuenta aspectos de un país federal. Hay cuestiones fundamentales de las políticas públicas en materia de salud que deben aplicarse a nivel nacional”, interpretó ante Página/12 el abogado Daniel Sabsay, quien representa a la Confederación Farmacéutica Argentina.

En la pelea entre farmacéuticos y laboratorios hay un negocio que representa el 30 por ciento del total de las ventas de estos últimos. “El negocio de los medicamentos de venta libre pasa por el volumen”, indicó a este diario el director ejecutivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos, Luis Antún. Cuantas más bocas de expendio haya, mayores serán las ventas para los laboratorios. Y para los kiosqueros el esquema es similar. Cuando los usuarios compran una aspirina, muchas veces también adquieren otros productos.

La diferencia está en que los kiosqueros no tienen el poder de lobby de los laboratorios, que en el caso de los medicamentos de venta libre es ejercido por la Capemvel, cuyo director ejecutivo, Juan Tonelli, es el novio de Michetti. Antes de su relación con la dirigente del PRO fue asesor externo de la Fundación Creer y Crecer, una especie de think tank del macrismo. Según datos brindados por Capemvel, el comercio de drogas de venta libre creció en 2009 un 50 por ciento en relación al año anterior y pasó de representar el 17 por ciento del mercado total de medicamentos a un 34 por ciento.

En total, el negocio representaría 1300 millones de pesos, acorde con la información dada por la Unión de Kiosqueros, cuyo titular es Eduardo Medaglia. “La principal beneficiada es la gente, que hasta ahora fue rehén de una pelea comercial. Con esta habilitación, podrá ir a un kiosco sin perder tiempo”, indicó Medaglia.

El director de la consultora G&A Pharma Consulting, Jorge González, señaló a este diario que en la Capital existen aproximadamente 320 farmacias que atienden las 24 horas del día, por lo que no habría problema de abastecimiento. “Cuando la Unión de Kiosqueros ingresó al mercado de la venta libre lo hizo a través de Capemvel. Los kioscos no tienen relación con las droguerías. Así que el negocio para estas bocas de expendio tiene que ser traccionado por la cámara que nuclea a los grandes productores de remedios”, evaluó González.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en Tucumán la sede de la Dirección Nacional de Agroenergía (ver página 5), cuyo objetivo será incentivar la generación de bioetanol, que se produce a partir de la caña de azúcar. Desde la Secretaría de Agricultura aseguraron a Página/12 que “el Estado colaborará con la financiación de algunos proyectos y garantizaría la demanda del biocombustible producido”. Desde la cartera que conduce Carlos Cheppi no descartaron promocionar también el biogás y el biodiésel. El año que viene entrará en vigencia la ley de biocombustible, que establece la obligatoriedad de utilizar un 5 por ciento de biodiésel para el gasoil y 5 por ciento de etanol en la producción de naftas. Para algunos analistas, los biocombustibles son una amenaza para la soberanía alimentaria. Mientras que para el sector privado, la agroenergía es sinónimo de un actividad del futuro.

Tucumán será el eje de la producción de bioetanol por su especialización en la caña de azúcar. “Esto permitirá el desarrollo de las cadenas de valor, previas a la elaboración del combustible, como los son la generación de harinas, alimentos balanceados, aceites o almidones”, agregó Ernesto Quiles, director de Agroenergía. “Hay grandes grupos empresarios con liquidez y capacidad instalada para producir bioetanol. Pero también están los pequeños ingenios que necesitan el apoyo del Estado. Por eso el objetivo de la Dirección será garantizar la producción y la venta de ese combustible”, señalaron a este diario colaboradores de Quiles. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se calcula para 2010 un consumo de gasoil y naftas de 17.723.000 litros y 6.616.000 litros, respectivamente. De cumplirse con los porcentajes fijados en la ley 26.093, se necesitarán 886.152.700 litros de biodiésel y más de 330 millones de litros de bioetanol. Del informe del INTA se desprende que en 2010 se deberán destinar casi 52.000 hectáreas de caña de azúcar para cumplir con los requisitos de bioetanol. “Estamos fijando las líneas estratégicas de una política de Estado en materia de bioenergía o de agroenergía”, indicó Quiles, quien agregó: “Es falsa la contradicción u opción entre producir alimentos o biocombustibles”. Sin embargo, en abril del año pasado, la ONU estimó que en el período 2005-2008, el precio de los alimentos en el mundo aumentó un 83 por ciento, lo que generó 100 millones de nuevos pobres.

En este sentido, para el especialista Miguel Altieri, por cada litro de biocombustible producido, se necesita 1,36 de petróleo. Es decir, la energía producida a partir de los commodities agropecuarios es también un (agro)negocio para las petroleras.