Página#12 Libre

La Argentina y Brasil registraron un vigoroso crecimiento económico durante el año pasado. Mientras que el PIB argentino se incrementó un 9,1 por ciento, la economía del socio mayor del Mercosur creció un 7,5 por ciento. Esos datos confirman que la crisis internacional fue sorteada exitosamente por los principales miembros del bloque regional. Esa recuperación contrasta con los débiles indicadores económicos de los países centrales. ¿Cuáles son las causas de esa inédita fortaleza relativa? La respuesta a ese interrogante se encuentra en las políticas aplicadas durante los últimos años.

Existen diferencias en los enfoques macroeconómicos adoptados: la más significativa está dada por el régimen cambiario. Mientras que la Argentina sostiene un tipo de cambio real competitivo, Brasil lo utiliza como herramienta antiinflacionaria. Pero también existen elementos comunes. En su trabajo Desacople en Argentina y Brasil: crisis internacional y reacciones de política económica, el investigador Emmanuel Agis da cuenta de esas coincidencias. Comienza por reseñar aquellas herramientas de políticas económicas, preexistentes al shock externo, que jugaron un importante papel para contrarrestar el impacto recesivo de la crisis internacional. En el caso argentino, el investigador rescata cinco instrumentos: el salario mínimo, vital y móvil, el plan de movilidad automática de los haberes provisionales, el programa de reconversión productiva (Repro), la política de desendeudamiento del sector público y el proceso de acumulación de las reservas internacionales.

El aumento del salario mínimo y de los haberes jubilatorios resultaron dos de las herramientas más importantes de la política de ingresos oficial. El Repro contribuyó a preservar las fuentes de trabajo y los niveles de producción de las 2769 empresas. Por su parte, los procesos de desendeudamiento y de acumulación de reservas internacionales disiparon las dudas sobre el sostenimiento del esquema cambiario y macroeconómico.

En el caso brasileño, Agis puntualiza las siguientes medidas: la expansión de los mecanismos de protección social, el incremento del salario mínimo, el crecimiento de la inversión pública, las reducciones impositivas de la Nueva Política Industrial y la reestructuración de la carrera y salarios del personal estatal. La red de cobertura social se expandió mediante la implementación de diversos beneficios de la seguridad social, seguros de desempleo y el programa federal de ingreso mínimo denominado “Bolsa de Familia”. El incremento del salario mínimo estableció, al igual que en la Argentina, un piso en el nivel de ingresos de los asalariados. A partir de 2007, el gobierno brasileño avanzó en un ambicioso plan de inversiones públicas denominado Programa de Aceleración del Crecimiento.

Las autoridades monetarias argentinas intervinieron en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio, se crearon líneas de provisión de liquidez para los bancos locales, se flexibilizaron los requerimientos de efectivo mínimo y se redujeron los coeficientes de encaje para los depósitos en moneda extranjera. También se incrementaron los niveles de inversión pública preexistentes, para sostener la economía y mantener el nivel de empleo. En tanto, las brasileñas habilitaron líneas de financiamiento a corto plazo, redujeron los requerimientos de efectivo mínimo e intervinieron activamente en el mercado cambiario para frenar la devaluación de la moneda doméstica.

En síntesis, la aplicación de diferentes regímenes cambiarios adoptados no invalida la existencia de puntos de convergencia entre las políticas económicas argentina y brasileña como, por ejemplo, una política de ingresos como uno de los pilares del esquema económico y la apelación a herramientas fiscales contracíclicas en los momentos de reversión del ciclo económico. Agis concluye que “la recuperación de herramientas históricas, como ser el salario mínimo, ha permitido que los frutos de la expansión económica se reflejaran en una distribución del ingreso más progresiva, a la vez que fueron claves en el actual evento de crisis para fijar un piso de demanda agregada que contribuyó a sostener el nivel de actividad interno frente a la reducción de la demanda externa”

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Las políticas aplicadas durante los ’90 produjeron una notable desarticulación manufacturera. Comparada con los valores de la década del ’60, la contribución de la producción industrial al PIB se redujo a la mitad. El sector sufrió un regresivo rediseño debido al retroceso observado en las ramas manufactureras de mayor complejidad tecnológica.

El resultado fue la consolidación de un perfil productivo fuertemente ligado al procesamiento de recursos básicos. La desarticulación del tejido industrial fue la consecuencia de la implementación de una política económica adversa para el desarrollo sectorial. La apreciación cambiaria fue acompañada con un conjunto de políticas públicas que irradiaron sus efectos destructivos sobre el entramado manufacturero.

Un ejemplo de ello fue el desmantelamiento de todos los regímenes sectoriales industriales, con la única excepción del automotriz. También se redujeron los beneficios impositivos que gozaban las industrias radicadas en el Area Aduanera de Tierra del Fuego. Esa política fue bendecida por los organismos financieros internacionales. “De ningún modo resulta cierto que la promoción implique ‘necesariamente’ un derroche de fondos públicos. Ello no implica, en modo alguno, negar las consecuencias que sobre el entramado productivo han tenido no pocos esquemas de promoción en el pasado ni sugerir la aplicación indiscriminada de este tipo de políticas, sin prestar atención a su capacidad de inducir incrementos en la productividad u omitiendo la aplicación de esquemas de premios y castigos como modo de alentar los comportamientos esperados entre los agentes promovidos”, señalan Jorge Gaggero y Emiliano Libman en la investigación La inversión y su promoción fiscal (Argentina 1974-2006).

En el documento Los bancos de desarrollo en la “era de la liberalización financiera” (Revista de la Cepal N 100), Jennifer Hermann sostiene que los bancos públicos de desarrollo tienen la capacidad y funcionalidad de financiar inversiones estratégicas de manera anticíclica. Eso los diferencia cualitativamente del comportamiento procíclico propio de la banca privada. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) brasileño es un ejemplo. Esa entidad otorga líneas especiales de pre y post-financiación para aquellos sectores considerados estratégicos: complejo automotriz, bienes de capital, informática, equipos de telecomunicaciones, industria aeronáutica y naval, software, complejo electrónico, biotecnología, nanotecnología, fármacos.

Marta Bekerman y Gonzalo Dalmasso explican en Estructura industrial y asimetrías de políticas. Argentina y Brasil desde el Tratado de Asunción que “actualmente (y durante el período más reciente), el Bndes ha tenido un rol protagónico en la elaboración y gestión financiera de los programas de desarrollo productivo de Brasil. El banco cuenta con líneas de apoyo a la inversión, producción, comercialización y exportación de bienes y servicios, priorizando las actividades más intensivas en conocimiento. Además, posee líneas especiales de financiamiento a actividades de I&D y proyectos innovadores”.

Esa experiencia resulta un buen espejo. La reestatización de los fondos jubilatorios abrió la posibilidad de financiar un banco de desarrollo. En ese sentido, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad viene volcando sumas crecientes a proyectos de infraestructura y productivos: construcción de autopistas, centrales nucleares, expansión de la red de agua potable y cloacas, préstamos a automotrices. El aumento de la operatoria del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) también aporta para fortalecer la financiación al desarrollo

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Los indicadores laborales registraron notorias mejorías a partir del 2003. El intenso ritmo de creación de empleo, la disminución de la precariedad laboral y del desempleo, la revitalización de la negociación colectiva y la recuperación salarial, dieron cuenta de un proceso virtuoso. Un reciente informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Trabajo y empleo en el Bicentenario. Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión. Período 2003-2010, precisa que “si bien la expansión de la población ocupada es notable por sí sola, cobra más relevancia al compararla con la evolución promedio de los ocupados durante las fases económicas previas. El crecimiento de la población ocupada en promedio por año en cada una de las etapas sociopolíticas que atravesó el país entre 1976 y 2009 es ilustrativo. Entre 2003 y 2009 se crearon alrededor de 571 mil empleos promedio por año. Esto es más del triple de la cantidad anual de nuevos ocupados incorporados durante la vigencia del régimen de la convertibilidad del primer gobierno democrático (1983-1989) y cuatro veces más que el período de apertura y de desregulación económica del último gobierno militar (1976-1982)”.

El dinamismo del mercado laboral permitió que la tasa de desempleo se redujera del 21,5 al 7,3 por ciento. Los convenios y acuerdos colectivos homologados, que no llegaban a los 200 anuales en la década del noventa, superaron los 1300 durante el año pasado. Esa recuperación de la negociación colectiva invirtió la tendencia salarial descendente arrastrada durante largas años de retroceso económico. En ese sentido, el documento del Ministerio de Trabajo sostiene que “entre 2002 y 2009, pese al incremento verificado en el nivel de precios, la remuneración media real de los asalariados registrados creció como mínimo un 56 por ciento, independientemente del índice de precios utilizado para deflactar la serie. El salario medio real de 2009 no sólo supera ampliamente la remuneración media del año 2001, sino que es el valor más elevado de los últimos 23 años. Hay que remontarse hasta 1986 para observar un nivel salarial más elevado que el identificado en este último año”.

También se observó una menor dispersión remunerativa y, por ende, una estructura salarial más equitativa. Esos resultados no fueron solamente consecuencia del “derrame” producido por el crecimiento económico. Por el contrario, las autoridades aplicaron un conjunto de políticas públicas que apuntalaron los avances registrados en materia socio-laboral. Por ejemplo, la revitalización del instituto del salario mínimo estableció un piso salarial para los trabajadores de menores ingresos. Luego de permanecer congelado durante la mayor parte de la década de los noventa, el salario mínimo acumula un incremento del 820 por ciento. Por otra parte, la sanción de una ley de ordenamiento laboral revirtió alguna de las tendencias flexibilizadoras impuestas durante el gobierno de Menem. Esa norma sancionada en 2004 priorizó la negociación colectiva realizada por rama de actividad o sectorial, en detrimento de los acuerdos concertados en los niveles inferiores. La nueva legislación también dispuso la supremacía de la norma más favorable al trabajador, en aquellos casos en los cuales existieran superposiciones en los acuerdos concretados a distintos niveles.

Las modificaciones normativas fueron acompañadas con una intensificación de los controles efectuados por el Ministerio de Trabajo. El plantel de inspectores de la cartera laboral, que había sido desmantelado en la década del noventa, se elevó de 20 a 400 agentes. Eso permitió un crecimiento sustancial de las inspecciones laborales.

Los avances registrados en todos esos frentes no invalidan la persistencia de situaciones muy preocupantes. El alto porcentaje de trabajadores no registrados y la existencia de prácticas rayanas en el esclavismo dan cuenta del largo camino que aún queda por recorrer. Sin embargo, las modificaciones operadas en el cuadro sociolaboral en los últimos años permiten afirmar que el nuevo patrón de crecimiento coadyuvó a la conformación de una sociedad más integrada

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La concentración económica favorece el margen de acción de los formadores de precios. Un estudio confeccionado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia revelaba que dos empresas concentraban el 89 por ciento de las ventas de pan lactal en el país; dos firmas controlaban el 84 por ciento de las gaseosas y colas; dos manejaban el 77 por ciento del mercado de la leche chocolatada; dos se quedaban con el 78 por ciento de las ventas del rubro correspondiente a las galletitas saladas, y tres compañías controlaban el ciento por ciento del mercado de las cervezas.

Datos similares se observan en un sector caracterizado por su alta productividad y su adecuada inserción internacional: los productores de bienes de insumos difundidos (aluminio, papel, acero, polipropileno, etc.). Esa concentración económica promueve algunas conductas empresarias explicativas de buena parte de la dinámica inflacionaria actual. De acuerdo con esa visión, distintos funcionarios nacionales advirtieron que prestarán particular atención al comportamiento de los precios locales ante la reciente implementación de doscientas nuevas licencias no automáticas (LNA). En otras palabras, la intención oficial es que la protección a la industria doméstica no sea acompañada con una suba de los precios.

La concentración económica industrial debiera ser abordada en términos integrales. En ese sentido, el trabajo Cambio de régimen y dilemas del largo plazo. La economía argentina entre 2003 y 2007, elaborado por el director de Banco Nación y presidente de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), Matías Kulfas, es una relevante contribución al debate. En ese informe, se plantea que “la concentración económica en las manufacturas no debe ser vista como un problema en sí mismo (o una cuestión “moral”), sino como una posible traba al desarrollo productivo. En tal sentido, se sostiene que la existencia de pocas firmas en una determinada producción de insumos de uso difundido, las cuales operan en general en mercado oligopólicos e incluso monopólicos, genera cuellos de botella y rigideces que traban el desarrollo aguas arriba y aguas abajo. Visto desde esta óptica, la concentración es una traba al desarrollo de cadenas productivas de mayor valor agregado, contenido tecnológico y diferenciación de producto, es decir, una traba al desarrollo económico”.

Como sostiene Kulfas, la concentración económica genera una distribución inequitativa de la renta en el interior de las cadenas productivas. Como el eslabón más fuerte (en este caso los fabricantes de los insumos de uso difundido) se encuentra en condiciones de establecer una tasa de ganancia extraordinaria, termina descargando el impacto de la suba de costos sobre los otros eslabones de la cadena. “Se trata de un problema que puede afectar el crecimiento, la inversión y la distribución del ingreso si no se generan regulaciones o mecanismos de coordinación adecuados que garanticen insumos bien aprovisionados y a buen precio para los eslabones de mayor agregación de valor. En otras palabras, las empresas de marroquinería y calzado deben tener cuero de calidad, en cantidad y a buenos precios, del mismo modo que la metalmecánica, la producción de maquinarias y las autopartes requieren lo mismo con el acero, las empresas de plásticos y químicos los insumos que provee la industria petroquímica, y las industrias metálicas el aluminio, entre otros ejemplos”, detalla el titular de AEDA.

En esa línea, el desarrollo de un entramado industrial más complejo e integrado requiere de un aprovisionamiento a precios convenientes para aquellas industrias que agregan valor a los insumos de uso difundido. Kulfas concluye abogando por una política industrial que “promueva bases microeconómicas para el desplazamiento de la restricción externa, estimule un sendero virtuoso de especialización en torno de actividades intensivas en el uso del conocimiento, con innovación y fuertes complementariedades y una renovación del tejido empresario. Estos cambios resultan fundamentales para pasar a una economía con una nueva matriz distributiva”

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La mayoría de los sistemas tributarios del mundo incluye algún gravamen especial sobre los cigarrillos. Este tipo de impuesto persigue, además de la clásica finalidad fiscal, el objetivo de elevar el precio del producto para desincentivar su consumo. Un estudio del Banco Mundial estima que un incremento del diez por ciento en el valor de los cigarrillos evita la muerte de entre cinco y quince millones de personas en el mundo. En la Argentina ya desde las primeras décadas del siglo XX se aplicaron distintos tipos de impuestos internos al tabaco. En la actualidad, el Gobierno y las tabacaleras acordaron la fijación de metas bianuales de recaudación. El acuerdo implica un compromiso recíproco: el Gobierno no aumenta las tasas impositivas y las compañías se obligan a ingresar un determinado monto. Si la liquidación del tributo arroja una cifra inferior a la comprometida, las tabacaleras aportan la diferencia. En cambio, el excedente se traslada al ejercicio fiscal siguiente si el ingreso de fondos fue superior a la meta.

La Argentina suscribió el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco durante la celebración de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en mayo de 2003. Ese tratado incluye la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al tabaco, la protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno y el aumento del precio y de los impuestos al tabaco. El Convenio promueve también que la actividad tabacalera sea sustituida por alternativas económicamente viables para los trabajadores y cultivadores.

Ese convenio aún no fue ratificado legislativamente por la oposición de la mayoría de los representantes de las siete provincias tabacaleras (Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Tucumán y Salta). Esa dirigencia política advierte la imposibilidad de sustituir la actividad tabacalera y también señala que más del 80 por ciento de la producción se exporta.

Martín González Rosada, del blog Foco Económico, estima que la recaudación sobre el consumo de cigarrillos podría haberse duplicado, en relación con los 7600 millones de pesos establecidos en el convenio vigente, con una suba de la presión impositiva del 68 al 87 por ciento. Para justificar su posición, las compañías señalan que un incremento impositivo perjudica a los consumidores porque se traslada totalmente a los precios.

Las tabacaleras sostienen también que esto resulta contraproducente para el Estado Nacional, ya que el fisco recaudaría menos a causa del aumento del contrabando. González Rosada sostiene que “se debe considerar que hay dos tipos de contrabando. El denominado minorista o contrabando hormiga, que es el que potencialmente está favorecido por el diferencial de precios con los países vecinos, y el contrabando mayorista, llevado a cabo por organizaciones ilegales que se realiza a través de contenedores, camiones y aviones y que elude la carga impositiva. Tradicionalmente la industria tabacalera hace énfasis en el primer tipo de contrabando, sin embargo la evidencia empírica sugiere que el contrabando minorista es muy pequeño comparado con el mayorista y las medidas fiscales como los aumentos impositivos sobre el consumo de tabaco no lo afectan”. Rosada concluye que “está claro que renovar el convenio de recaudación con metas artificialmente bajas es beneficioso para las tabacaleras, pero es muy perjudicial para la población y para el Estado. El Gobierno debe incrementar los impuestos al consumo de cigarrillos para disminuir el consumo con el consiguiente beneficio sobre la salud de los fumadores y no fumadores. Así bajarían los costos directos e indirectos de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco y se incrementaría la recaudación fiscal, lo que se dice, una política fiscal saludable”

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La retracción de los flujos comerciales fue una de las tantas consecuencias que trajo aparejado el estallido de la última crisis económica mundial. En 2009, los países latinoamericanos vieron caer sus exportaciones algo más de un 22 por ciento. Ese transitorio retroceso fue revertido en 2010 de acuerdo a la Cepal en el documento “Panorama de la inserción internacional de América latina y el Caribe: Crisis originada en el centro y recuperación económica impulsada por las economías emergentes”. Ese repunte fue por dos factores principales: el aumento de las ventas al continente asiático, en general, y a China, en particular, y la normalización de la demanda norteamericana. La recuperación de las exportaciones regionales no fue homogénea. La heterogeneidad en el comportamiento exportador es una tendencia observada en la última década.

En ese período, las naciones de América del Sur duplicaron la tasa de expansión de sus exportaciones. Por el contrario, el bloque constituido por México y Centroamérica vieron reducida dicha tasa en más de un 50 por ciento. Como consecuencia de ello, la participación mexicana en las exportaciones regionales cayó del 40 por ciento (año 2000) al 30 por ciento (2009), aumentando la participación relativa Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Ese dispar comportamiento se produjo a raíz de un sostenido aumento de las exportaciones primarias procedentes de América del Sur, y una caída en las ventas de manufacturas y servicios con distintos grados de contenido tecnológico. Ese fenómeno produjo –en líneas generales– una acentuación del tradicional perfil exportador primario de la región latinoamericana.

Así, las materias primas pasaron de representar el 26,7 por ciento del total de exportaciones regionales –en 1999– al 38,8 por ciento, diez más tarde. Esos datos parecen avalar la idea de que las naciones latinoamericanas no han podido mejorar sustancialmente la calidad de su inserción internacional. De todas maneras, la oferta exportadora argentina presenta algunas particularidades.

En 2010, las exportaciones argentinas de productos primarios representaron un 25 por ciento del total. El resto está compuesto por las manufacturas de origen industrial (MOI), con el 34 por ciento, las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con el 32 por ciento, y los combustibles, con el 3 por ciento. La participación del sector industrial en las ventas externas argentinas está sostenido fundamentalmente en el sector automotriz que representa el 32 por ciento del total. Le siguen en importancia la comercialización de productos químicos, metales y maquinarias.

En cambio, el alabado entramado industrial brasileño viene resignando posiciones en el mercado mundial. En un artículo publicado en el portal del Centro Latinoamericano de Ecología Social, Carlos Aguilar advierte que “esto parece ser un cambio de matriz y no solo una tendencia coyuntural. En el 2000 el país comercializaba bienes industrializados en un 58,9 por ciento del total de las ventas al exterior, diez años después se constata que ese porcentaje pasó al 40,5 por ciento. Los commodities ganan fuerza en esta nueva matriz comercial del gigante brasileño, lo que algunos adjudican a la escasa inversión en infraestructura para la producción y exportación de bienes industrializados, pero lo que representa claramente es una vocación de política gubernamental de fortalecimiento del agronegocio y de la expansión de ganancias a partir de empresas mineras y petroleras”.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, afirmó que “la diversificación exportadora, un fuerte impulso a la competitividad y la innovación y una mayor cooperación regional permitirá a América latina y el Caribe mejorar la calidad de su inserción en la economía global, cerrando las brechas de productividad y aprovechando las oportunidades del comercio internacional para crecer con más igualdad”. Aún con déficit e imperfecciones, la Argentina está queriendo transitar por ese camino

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La producción intelectual emanada de la periferia suele gozar de escasa difusión en los países centrales. Por ejemplo, las consecuencias económicas derivadas de la llamada “enfermedad holandesa” fueron analizadas primariamente por Marcelo Diamand. Ese ingeniero e industrial argentino describió agudamente las características de una “estructura productiva desequilibrada”. Los economistas de los países centrales recién se ocuparon de esta temática a raíz de los efectos económicos provocados por el descubrimiento de reservas de gas en el Mar del Norte.

Diamand sostenía que la Argentina contaba con una estructura productiva desequilibrada debido a la existencia de un sector agropecuario de elevada productividad (originada en las extraordinarias condiciones naturales del suelo y el clima) y de un sector industrial de menor productividad relativa. De ese modo, la estructura económica argentina estaba compuesta por un sector competitivo que aportaba divisas (el agro) y otro no competitivo que las demandaba (la industria).

Entonces, el ingreso de divisas –proveniente de las exportaciones agropecuarias– provocaba una apreciación de la moneda, afectando la competitividad del sector industrial. Por lo tanto, el tipo de cambio terminaba fijándose a un nivel que únicamente permitía la comercialización de recursos naturales.

En otras palabras, Diamand sostuvo que la industria local no era ineficiente en términos absolutos sino que sufría las consecuencias de los desequilibrios existentes en la estructura productiva. El descubrimiento de las reservas de gas en el Mar del Norte provocó en la economía holandesa un fenómeno similar a lo planteado por Diamand. La explotación de esas reservas produjo un brusco aumento de las exportaciones del recurso natural. La mayor oferta de divisas generó una fuerte apreciación de la moneda y, por ende, una pérdida muy apreciable de la competitividad industrial holandesa.

Si bien la tesis de Diamand está asociada a un problema estructural y la “enfermedad holandesa” a un shock específico (descubrimiento de un recurso natural, aumento sustancial de precio de los productos exportables), los dos enfoques coinciden en lo central: las consecuencias negativas derivadas de la apreciación cambiaria. Eso “implica la existencia de una diferencia entre el tipo de cambio que equilibra la cuenta corriente (que es el tipo de cambio de mercado) y el tipo de cambio que hace eficiente y tecnológicamente sofisticados a los sectores económicos (que es el tipo de cambio que la economía predice para que la industria eficiente pueda competir en los mercados). Sólo cuando la enfermedad holandesa es neutralizada el mercado estará en condiciones de jugar su rol de asignar eficientemente los recursos y estimular la inversión y la innovación”, sostiene el economista brasileño Bresser-Pereira.

Para contrarrestar este problema, Diamand sostenía que era necesario equiparar la estructura de productividades relativas del sector agropecuario y de la industria mediante la fijación de un sistema de tipos de cambios múltiples. Los derechos de exportación (mal llamadas retenciones) cumplen con esa finalidad, ya que reducen el tipo de cambio efectivo del sector más competitivo (el agro). El titular de AEDA, Matías Kulfas, sugiere la necesidad de replantear ese modelo de dos sectores (agro, industria), en función al desarrollo alcanzado por la industria productora de insumos de uso difundido (acero, aluminio, petroquímicos). Esa rama oligopólica tiene elevados grados de competitividad internacional.

“Esta realidad requiere pasar a un modelo de tres sectores en el que se procure compensar los problemas de enfermedad holandesa que los sectores uno y dos causan al tercero. En tal sentido, la respuesta de los tipos de cambio múltiples deben adecuarse al modelo de tres sectores, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años en que se fijaron dos tipos de cambio efectivos: uno para el agro, con elevadas retenciones a las exportaciones, y otro para el sector industrial en su conjunto, con una tasa única y reducida. El sector industrial debería entonces establecer un nivel diferenciado de retenciones de modo de asegurar el aprovisionamiento a menores precios internos para las industrias que agregan valor a los insumos de uso difundido”, concluye Kulfas

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El esquema productivo agrario tiene una lógica concentradora. Eso se debe a los requerimientos mínimos de capital y de extensión de las explotaciones, que caracterizan el modelo sojero. El avance de la soja produjo profundas transformaciones no solamente en la zona pampeana. En el territorio extrapampeano, la extensión de la frontera agraria también provocó el desplazamiento de cientos de productores.

Sin perjuicio de ello, esos pequeños productores todavía representan el 70 por ciento del total del país y proveen casi el 50 por ciento de los alimentos de consumo interno nacional. Existe un fuerte consenso académico acerca de que la presencia de esos actores productivos promueve un desarrollo territorial y productivamente más equilibrado.

Ahora bien, eso solamente puede ser posible mediante la implementación de políticas públicas que contrabalanceen las tendencias del mercado.

Como plantean los becarios del Conicet Ariel García y Florencia Lampreabe y el investigador principal Alejandro Rofman (“Cómo revertir el legado neoliberal. Orientación Regional, Voces en el Fénix 1”), “el desafío es muy importante: revertir las condiciones de funcionamiento de los circuitos productivos más relevantes en cada una de las economías regionales del territorio nacional de modo tal de cerrar la brecha de la desigualdad entre los actores sociales que operan en ellos a fin de rebalancear el poder económico y la apropiación de excedente”.

En ese sentido, existieron algunos intentos recientes de regulación estatal en los procesos productivos de la vitivinicultura, del algodón y de la yerba mate. Los resultados de esas experiencias fueron variables. En algunos casos, la presencia estatal fortaleció las posiciones de los eslabones más débiles de la cadena productiva. En otros, las experiencias no resultaron tan auspiciosas.

García, Lampreabe y Rofman sostienen que “para implementar regulaciones que alivien o superen las desigualdades hay que resolver los desbalances agudos de poder entre los ‘ganadores’ y los ‘perdedores’ de los procesos de transformación productiva en marcha. Se debe observar con detalle cuáles son los procesos que persisten en debilitar a los débiles y fortalecer a los fuertes en el contexto del de-sarrollo de las fuerzas productivas y del desempeño desigual de los agentes económicos”.

Para ello, los autores proponen: revisar la situación de propiedad, tenencia y tamaño de los predios productivos, preservar y fortalecer una estrategia de diversificación productiva que asegure la soberanía alimentaria, alentar la preservación ambiental, difundir las conductas asociativas para fortalecer el poder negociador de los sectores más débiles de la cadena productiva y proveer los bienes públicos necesarios para que el productor no abandone su predio.

En ese orden de ideas, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial pareciera tomar en cuenta alguna de esas recomendaciones.

Esa iniciativa oficial se viene implementando mediante una mecánica de trabajo participativa. Por un lado, el Ministerio de Agricultura aporta estadísticas, diagnósticos, proyecciones, estrategias y sugerencias de políticas viables a implementar. Por el otro, diferentes actores del sector productivo y de la sociedad en general participan en el proceso de construcción colectiva de ese Plan.

Como no podía ser de otra manera, el ministerio se reservó la función de garantizar la confección de un plan estratégico que contemple el interés general. Consultados por Cash, funcionarios de esa cartera manifestaron que este proceso de planificación participativa está orientado a “lograr un desarrollo sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado en origen que beneficie con justicia social, equidad territorial, soberanía y seguridad alimentaria nutricional a toda la población argentina”.

Aportando su experimentada visión, Aldo Ferrer resaltó las cualidades del Plan Estratégico en una conferencia reciente. Sin embargo, no dejó de advertir que “es muy difícil construir políticas válidas para el sector agroalimentario si no tenemos simultáneamente mucha industria con mucho campo y mucho desarrollo regional”

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La política económica continúa exhibiendo resultados positivos. Crecimiento a tasas chinas, mantenimiento de superávit gemelos, acumulación de reservas, desendeudamiento histórico, mejora en la distribución del ingreso y disminución de la desocupación son algunos de los ítems que sustentan la afirmación inicial. La inflación aparece como el único aspecto que exhibe un comportamiento alejado de las pretensiones gubernamentales.

Aunque los índices inflacionarios están muy lejos de ser incontrolables, como pretenden instalar ciertos sectores, el aumento de los precios domésticos es notoriamente superior a las cifras reflejadas por el índice del Indec. Tal como aconteció en el Brasil de la década del setenta, en la etapa de despegue de Corea de Sur o en la misma Argentina del período 1964-1974, las altas tasas de inflación no obstaculizaron el fuerte crecimiento del PIB.

Eso no quita que sea un tema que requiere un abordaje específico. Los recientes anuncios referidos a la celebración de un acuerdo técnico con el FMI para la elaboración de un IPC nacional, el recibimiento de Amado Boudou del informe elaborado por el Consejo Académico interuniversitario y la convocatoria a un acuerdo social tripartito son actitudes que revelan que esa temática pasó a formar parte de la agenda gubernamental.

En el mismo sentido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la necesidad de “racionalizar la puja distributiva a través de las instituciones”. Las causas que expliquen las razones de una dinámica inflacionaria pueden ser múltiples. La excesiva presión de la demanda es el enfoque convencional adoptado por la ortodoxia económica. Partiendo de ese diagnóstico, los economistas del establishment proponen un recetario destinado a “enfriar” la actividad económica.

La experiencia argentina enseña que la aplicación de esas medidas genera resultados muy frustrantes en términos de crecimiento y empleo, y escasos logros en materia de contención de precios.

Como señala el investigador de la Universidad de Luján Fabián Amico (Inflación de costos y conflicto distributivo en Argentina: un análisis de la etapa reciente) “el ejemplo es la recesión de 2009: hubo un brutal ajuste contractivo (según datos oficiales, el PIB pasó de crecer casi 7 por ciento en 2008 a estancarse completamente en 2009) en tanto la inflación pasó del 22 al 15 por ciento. La mayoría de los analistas coincidió en que eso fue así porque cesó la presión exógena con la caída de los precios internacionales. De hecho, en 1991, y aun partiendo de un tipo de cambio real muy atrasado, a Cavallo le llevó dos años llevar el índice de precios a niveles bajos”.

Desde el campo heterodoxo, la dinámica inflacionaria encuentra otras explicaciones. Entre ellas, la existencia de una estructura económica oligopólica que permite a las empresas incrementar sus rentabilidades echando mano al aumento de precios, las consecuencias derivadas de los shocks externos (por ejemplo, el aumento del precio de los alimentos) o las modificaciones en el tipo de cambio.

En el trabajo mencionado, el investigador de la Universidad de Luján adopta otro punto de vista. Amico entiende que la inflación tendencial argentina se debe al aumento de los costos y/o al conflicto distributivo.

“La fuerza de trabajo es un ‘insumo’ clave que, en un contexto de altas tasas de crecimiento económico, puede experimentar su-bas reales en su ‘precio’. Puesto que el mantenimiento de altas tasas de crecimiento supone menores tasas de desempleo y en algún punto aumenta el poder de negociación de los trabajadores, las subas del salario nominal pueden implicar aumentos reales y mejoras en la calidad de vida, al tiempo que una mejoría tendencial en la distribución de la renta”, explica el investigador de la Universidad de Luján.

La recuperación salarial “empuja” a las empresas a ajustar los precios para defender la participación de las ganancias en el ingreso. Ese proceso estaría tornando persistente y gradualmente creciente la tendencia inflacionaria.

Amico advierte que “si el Estado no interviene explícitamente en el proceso mismo de formación de precios y costos de la economía, la ‘mano invisible’ del mercado puede terminar en una aceleración de la inflación y conducir a posteriores desequilibrios mayores (devaluaciones) que terminen forzando la contracción de la demanda agregada y la interrupción del proceso de crecimiento”.

Por todo ello, el investigador concluye señalando la importancia crucial de las políticas de ingreso como recurso básico para no interrumpir el proceso de crecimiento

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La amplia mayoría de los ciudadanos brasileños rescata positivamente la gestión del ex presidente Lula. El aumento del salario mínimo, la reducción de la pobreza y la suba del presupuesto social son todos logros valorizados por la sociedad brasileña. En ese marco, ciertos sectores de la dirigencia política vernácula señalan al “Modelo Brasil” como un ejemplo a imitar.

Desde 2003 a la fecha, las tasas de crecimiento económico argentinas duplicaron a las registradas en el país vecino. Sin embargo, ese dato de la realidad no apaciguó las voces que proclaman la supuesta inferioridad del patrón de crecimiento argentino. Lo cierto es que “el modelo brasileño” está muy lejos de ostentar las virtudes económicas/sociales que algunos insisten en adjudicarle. Por ejemplo, el PIB per cápita local es algo más de un 30 por ciento superior al del gigante sudamericano (medido en paridad de poder adquisitivo).

Asimismo, Brasil exhibe uno de los repartos de la riqueza más desiguales del mundo. Mientras que el 10 por ciento de los brasileños con mayores ingresos se queda con el 42,7 por ciento de la renta total, el 10 por ciento de los ciudadanos de menores ingresos perciben apenas el 1,2 por ciento. Comparada con Brasil, la Argentina presenta mayores porcentajes de recursos –en relación con el PIB– destinados a educación y asignaciones sociales universales, mayor esperanza de vida y menor tasa de mortalidad infantil.

A su vez, el salario mínimo argentino casi duplica –en términos de poder adquisitivo– a su similar brasileño. Eso explica por qué el Indice de Desarrollo Humano (IDH) –elaborado por el PNUD– muestra a la Argentina mejor posicionada que la nación gobernada por Dilma Rousseff.

Por otra parte, la creciente importancia de capitales especulativos en las finanzas brasileñas genera algunos interrogantes sobre cuál será el comportamiento futuro de la economía verdeamarela.

Más allá de eso, la fortaleza brasileña reside en su entramado industrial. En términos comparativos, la industria brasileña tiene un desarrollo manufacturero –en los sectores tecnológicamente más complejos– muy superior a la Argentina.

En su trabajo “Estructura industrial y asimetrías de políticas. Argentina y Brasil desde el Tratado de Asunción”, los investigadores Bekerman y Dalmasso precisan que “entre los sectores que presentan mayor crecimiento relativo en Brasil con respecto a la Argentina se encuentran, entre otros, todas las ramas de bienes de capital, los equipos de informática y comunicaciones, el complejo automotriz, la aeronáutica”.

En cambio, la Argentina presenta una mejor performance relativa en sectores de menor contenido tecnológico (alimentos y bebidas, cuero y calzado, productos de madera, caucho y plástico). El origen de esa asimetría puede situarse cronológicamente en la década del ‘70. Mientras la Argentina se sumergía en el experimento monetarista de Martínez de Hoz, Brasil lanzaba su Segundo Plan Nacional de Desarrollo destinado a impulsar la industria química y metalmecánica.

La brecha continuó creciendo en la década del ‘90 porque, si bien los dos países aplicaron políticas neoliberales, los brasileños preservaron a sus sectores industriales estratégicos. La apertura comercial fue gradual y se protegió a la industria de alto contenido tecnológico. Aun subidos a la ola de privatizaciones y de fomento a la inversión extranjera, las autoridades brasileñas emprendieron las reformas económicas de una manera diferente a como la hicieron sus pares argentinos.

El gobierno de Brasil exigió a los nuevos concesionarios e inversores que cumplieran con determinados niveles de desarrollo de proveedores locales y el derrame de externalidades de conocimiento y productividad.

“Como consecuencia de esas medidas, si bien no pudo evitar cierta desarticulación y pérdida de valor agregado en sus cadenas productivas, Brasil logró atenuar los impactos negativos de la apertura sobre la industria en general y sobre algunos sectores estratégicos en particular, y no vivió un proceso de desindustrialización con quiebras masivas de empresas como el que se dio en la Argentina, donde la anemia estatal acompañó desde el principio al proceso de reformas”, relatan Bekerman y Dalmasso.

Esas diferencias también resultaron observables en los distintos tratamientos otorgados a los regímenes promocionales. La Argentina redujo los beneficios impositivos de las empresas radicadas en el Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Por el contrario, los brasileños continuaron con los estímulos tributarios a la Zona Franca de Manaos. El cambio de rumbo de la política económica argentina abre nuevas perspectivas para achicar las brechas industriales existentes con el principal socio comercial

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El tipo de cambio competitivo es uno de los pilares del actual esquema económico. Esa política opera de manera virtuosa en un doble sentido: promueve las exportaciones, debido a la mejora de la competitividad de los productores de bienes transables, e incentiva la sustitución de importaciones, ya que el tipo de cambio alto funciona como una suerte de barrera cambiaria. De esa manera, el régimen macroeconómico genera las condiciones necesarias aunque no suficientes para el crecimiento de la producción y el empleo. Ese proceso fue acompañado con un conjunto de políticas públicas de recuperación salarial, disminución de la pobreza y de mejoras en la distribución del ingreso.

Ahora algunas voces advierten que el tipo de cambio real ya se encuentra a niveles similares a los de la convertibilidad. El Estudio Broda estima que el tipo de cambio real bilateral se ubica en 1,17 peso (a valores del 2001), luego de haber alcanzado un nivel de 1,93 peso durante el período 2003-2006. En esa línea, algunos empresarios sostienen que los incrementos salariales medidos en dólares terminaron por erosionar la ventaja cambiaria. El titular del grupo Techint, Paolo Rocca, declaró que “la recuperación del ingreso real llegó a un límite. No es posible mejorar remuneraciones sin una consistente mejora de la productividad laboral”. Rocca señaló que entre 2002 y 2010 la productividad de la mano de obra creció a una tasa promedio anual del 4 por ciento, mientras que los salarios en dólares se incrementaron un 22 por ciento anual.

¿Es correcto afirmar que los costos laborales nominados en moneda extranjera ya se encuentran en los mismos niveles que durante los noventa?

Los economistas Anahí Amar, Federico Pastrana y Soledad Villafañe se ocuparon de esa cuestión. En su trabajo Lineamientos para un cambio estructural en la economía argentina. Desafíos del Bicentenario, los autores analizan el comportamiento del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). En el período 2003-2007, el TCRM mantuvo un valor cercano a un 120 por ciento más alto que en diciembre del 2001. A partir del 2007, el tipo de cambio comenzó a apreciarse como consecuencia del mayor ritmo de incremento en el nivel de precios. Esa tendencia se acentuó a finales del 2008 a partir del estallido de la crisis internacional que provocó una valorización del dólar frente a las principales monedas del mundo. Las devaluaciones del real y del euro produjeron una apreciación del TCRM que fue revertida parcialmente al año siguiente. Esto último se debió a la devaluación nominal del peso argentino. De esa forma, el TCRM se mantuvo en un valor bastante superior (70 por ciento) al vigente durante la última etapa de la convertibilidad.

Esta constatación inicial les permitió a los autores avanzar en el análisis de las variaciones producidas en el salario promedio denominado en moneda extranjera. Ese indicador permite comparar la competitividad –tomando como única variable el costo laboral– de los productores de bienes transables. El abandono de la convertibilidad provocó una brusca caída inicial (70 por ciento) del salario en dólares. A marzo del 2010, Amar, Pastrana y Villafañe calcularon que el salario en dólares se ubicó un 30 por ciento inferior al nivel del 2001 y entre un 40 y un 50 por ciento por debajo del real y el euro.

Las modificaciones de la productividad laboral es otra variable relevante para ese análisis. Su importante crecimiento durante los últimos años es un factor adicional de mejora de la competitividad empresaria. Todo esto lleva a los autores a concluir que el costo laboral unitario se sitúa a valores muy inferiores a los vigentes durante la convertibilidad (aproximadamente un 30 por ciento menor). Aunque esa caída se observa en todas las ramas industriales, los productores de alimentos y bebidas, los refinadores de petróleo, los fabricantes de maquinarias y equipos, aparatos eléctricos, productos de metal y automotores, se convirtieron en los sectores más beneficiados. “Las ramas que utilizan intensivamente mano de obra no calificada, como la textil, confecciones o de muebles, que no habían podido hacer frente a la competencia externa en los noventa, si bien hoy mantienen costos laborales unitarios menores que en 2001, siguen resultando las más vulnerables en tanto que las reducciones en el costo laboral real por unidad de producto en moneda extranjera son significativamente menores a las del nivel general de la industria”, concluyen los autores

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La profundidad de las asimetrías económicas entre las naciones atenta contra un desarrollo global equilibrado, sustentable y éticamente justo.

Aunque coincidan con esa formulación, la opinión de los economistas se bifurca a la hora de definir las estrategias conducentes a reducir las brechas existentes. La teoría neoclásica sostiene que el libre juego de las fuerzas de mercado asegura un proceso de convergencia económica.

Partiendo del supuesto de libre movilidad de los factores productivos, esa hipótesis sostiene que el trabajo se desplaza desde las zonas más atrasadas hacia las más avanzadas, y que el capital lo hace en sentido contrario. Esto último encuentra su explicación en que la tasa de rendimiento marginal del capital suele ser mayor en aquellas regiones en las cuales los salarios y el capital per cápita son más bajos. En otras palabras, el capital tiene rendimientos decrecientes. De esa manera, la tasa de acumulación de capital en el largo plazo y el ingreso per cápita tenderían a igualarse entre las distintas regiones. De esta visión se deriva la idea de que el mercado es un óptimo organizador de la actividad económica y que, por lo tanto, las políticas activas son innecesarias y contraproducentes.

Los economistas enrolados en las llamadas escuelas del crecimiento endógeno sostienen que la hipótesis neoclásica no se verifica en la realidad porque los rendimientos decrecientes del capital se ven compensados por distintas cuestiones (por ejemplo, la existencia de ambientes favorables a la innovación tecnológica). Peter Hall (director del Center for European Studies de la Universidad de Harvard) y David Soskice (integrante del Department of Political Science de la Universidad de Duke) definen esas cuestiones como “ventajas institucionales comparativas”. “La idea de fondo es que las empresas acaso logran desarrollar algunos tipos de actividad y producir de manera más eficiente algunas variedades de bienes gracias al sostén institucional que sus economías proporcionan a tales actividades”, aclaran Hall y Soskice en su trabajo A propósito de los capitalismos contemporáneos. Variedades de capitalismo: algunos aspectos fundamentales (Revista Desarrollo Económico Nº 45). En otras palabras, Hall y Soskice sostienen que el contexto institucional termina condicionando los índices de crecimiento y de progreso tecnológico. Las “ventajas institucionales comparativas” explicarían por qué un alto porcentaje de las transacciones transfronterizas de capital se realizan entre los propios países desarrollados.

El debate instalado alrededor de este tema está emparentando con otro tema controvertido: el rol de la IED en las economías domésticas. Algunos economistas consideran que la abundante recepción de capitales foráneos es una condición sine qua non para el inicio de un proceso de modernización económica. Otros especialistas advierten que las IED tendrán un impacto positivo sobre la estructura productiva doméstica solamente si se cumplen algunas condiciones. En ese sentido, Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que es preciso distinguir dos cuestiones básicas: el tipo de inversión (perfil tecnológico) y la orientación del flujo inversor (adquisición de empresas existentes o creación de nuevas capacidades productivas). “Cuanto más acusado sea su perfil tecnológico y mayor el número de nuevas plantas que emerjan en el país, mayor será el impacto de las inversiones foráneas en la transformación estructural de las economías que absorben esos flujos. Mitigarían dicho impacto aquellos flujos de capital cuyo objetivo principal sea capturar los mercados domésticos o que estén muy concentrados en algunos enclaves territoriales”, sostiene Luengo en su trabajo Capital extranjero y cambio estructural. Una necesaria revisión de los “lugares comunes”. Por otra parte, el economista de la Complutense recuerda que el impacto de la IED en la estructura productiva dependerá de la estrategia (productiva, comercial, tecnológica) seguida por la empresa foránea y también de las relaciones entretejidas con los establecimientos domésticos y los respectivos Estados nacionales

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La construcción se está recuperando luego de la retracción sufrida el año pasado. De acuerdo con el indicador que muestra su evolución (ISAC), esta actividad viene creciendo a tasas superiores al 9 por ciento en términos interanuales. La actividad de la construcción se sextuplicó –en dólares– entre 2002 y 2010, hasta recuperar una relación con el PBI cercana al 5,5 por ciento. Este auge estuvo acompañado de un incremento de las víctimas fatales. Los obreros de la construcción figuran al tope de las estadísticas de accidentes laborales. El índice de siniestralidad es de 228 fallecimientos por año (por cada millón de trabajadores). Esa ratio más que triplica el promedio general (61) que incluye a todas las actividades. Estos trabajadores no sólo afrontan un alto riesgo en el desarrollo de sus tareas sino que también sufren un agotamiento prematuro de su capacidad laboral debido al esfuerzo físico y a las inclemencias del tiempo que soportan cotidianamente. Además realizan sus tareas en ambientes que tienen el aire viciado o con emanaciones de polvo tóxico y, en algunos casos, en permanente contacto con sustancias químicas y abrasivas.

Estadísticas disponibles exhiben que dos tercios de los obreros de esta actividad fallecen antes de cumplir los 55 años. Eso se explica porque los trabajadores de la construcción apenas alcanzan al 0,5 por ciento de los jubilados, a pesar de representar el 5 por ciento de la masa laboral total. Las características diferenciales de esta actividad justifican que esos operarios gocen de un régimen previsional especial, tal como el aprobado por el Congreso el año pasado. Esa ley establece que los trabajadores de la construcción podrán acceder a la jubilación a los 55 años, siempre y cuando acrediten 25 años de aportes realizados. Para acogerse a este beneficio, los aportantes deben acreditar que el 80 por ciento de las cotizaciones de los últimos 15 años lo hicieron como dependientes de esa industria.

Así, la construcción se sumó al amplio listado de actividades (transporte, siderurgia, minería, industria de la carne, industria del vidrio, portuarios de dragado y balizamiento, pesca, generación eléctrica, petróleo) que cuentan con algún régimen diferencial. Para brindar sustentabilidad a este régimen, los legisladores establecieron una contribución patronal adicional de dos puntos porcentuales durante el primer año de vigencia de la ley, tres desde el segundo año, cuatro en el tercero y cinco puntos porcentuales a partir del cuarto año. Pero no todas las empresas constructoras están cumpliendo con esa obligación legal. A través de cruces de sus sistemas informáticos, la AFIP detectó que el 13 por ciento de las empresas constructoras no abonó esa alícuota diferencial. En números, las compañías incumplidoras alcanzan a 1850. La falta de ingreso de esa alícuota diferencial perjudica directamente a 81.276 trabajadores. Los montos omitidos ascienden a más de 40 millones de pesos, registrándose los mayores incumplimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por su parte, las compañías radicadas en las localidades de Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén y Tucumán, lideran ese ranking en el interior del país.

La AFIP intimó los ingresos de las sumas correspondientes como paso previo a la aplicación de sanciones más onerosas a esas compañías incumplidoras. Un ejemplo más de que no basta la sanción de una ley para resguardar determinados derechos. El funcionamiento eficaz de los órganos de control estatales es una herramienta imprescindible para garantizar su cumplimiento

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El mundo rural ha registrado profundos cambios en las últimas décadas. La principal causa de esa intensa transformación fue la amplia difusión del paquete tecnológico sojero. Una de las características asociadas a la soja transgénica es la existencia de una drástica disminución del costo por hectárea a medida que aumenta la escala de producción. El sesgo concentrador de este esquema productivo provocó que miles de pequeños productores abandonaran sus explotaciones y se reconvirtieran en rentistas mediante el alquiler de sus campos. A su vez, la soja transgénica ocasionó una disminución de los jornales requeridos por hectárea cultivada y cosechada. En síntesis, la generalización de la siembra directa disminuyó la importancia numérica de las históricas explotaciones chacareras familiares. Esto no significa invisibilizar a los miles de chacareros que aún resisten en sus explotaciones. Pero esos actores están prácticamente ausentes en la zona núcleo de la producción agraria.

Los últimos datos disponibles del Censo Nacional Agropecuario (CNA) no ayudan a dar cuenta de las transformaciones operadas. Revelan que los productores y sus familiares directos constituyen la principal fuerza de trabajo en las explotaciones agrarias. Por el contrario, los trabajadores asalariados permanentes representarían el 38 por ciento del total. Una segunda relectura de esos datos censales permite relativizarlos.

En un trabajo publicado en la revista Realidad Económica 253 (“Boom sojero y papel de los trabajadores rurales en la agricultura pampeana”), el investigador de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) Juan Manuel Villalba pone la lupa sobre las modificaciones sufridas en la composición social de la fuerza de trabajo en el agro pampeano. El investigador sostiene que la participación porcentual de los trabajadores agrícolas es subestimada por el CNA. Esto se debe a la falta de medición de los trabajadores temporarios y de los asalariados dependientes de los contratistas de maquinaria. Con respecto a ese último punto, el modelo sojero promovió una creciente tercerización de las tareas productivas.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas, más de un 60 por ciento de las tareas de siembra y labores es realizado por empresas contratistas. Ese porcentaje se eleva al 80 por ciento en el caso de los servicios contratados para las tareas de fumigación y cosecha. Villalba afirma entonces que la tarea de los asalariados agrícolas se hizo más invisible, ya que “la extrema movilidad en el espacio de los equipos de trabajo, externo a gran parte de las explotaciones, ha hecho particularmente difícil su captación estadística, aunque expliquen gran parte de la dinámica del trabajo en la agricultura pampeana”.

Para dar cuenta de la subestimación del aporte de los trabajadores rurales, el investigador de la UBA contrasta los datos del CNA con la información disponible del último Censo Poblacional. De acuerdo a esa fuente, los trabajadores asalariados representan el 54 por ciento de la fuerza total de trabajo rural. Villalba sostiene que “la importancia del trabajo asalariado se revela mucho mayor si concentramos la atención sobre la mano de obra que se ocupa específicamente de trabajo manual, diferenciada del resto de las categorías “ocupadas” en la actividad, que incluyen por igual a empresarios, patrones, gerentes, administradores y demás variantes”. En ese caso, la contribución de los obreros rurales se elevaría aproximadamente al 70 por ciento.

Esta relectura de los datos permite afirmar que si bien la mayoría de los productores rurales (sean propietarios o arrendatarios) asumen el riesgo económico de la explotación, están muy lejos de ser la principal fuerza de trabajo manual en el campo. Los trabajadores agrícolas son uno de los artífices directos del salto productivo ocurrido en los últimos años

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La débil recuperación de las economías centrales preocupa a sus autoridades. Una muestra fue la propuesta formulada, antes de la última reunión del G-20, por el secretario del Tesoro norteamericano, Tim Geithner, de que los excedentes en la cuenta corriente no deberían superar el 4 por ciento del PIB. Geithner sostiene que los desequilibrios comerciales amenazan la estabilidad financiera y la incipiente recuperación económica mundial. La presión norteamericana para que China aprecie su moneda forma parte de esta ofensiva destinada a mejorar sus precarias cuentas externas. La iniciativa refleja el intento de transferir, aunque sea parcialmente, los efectos de la crisis hacia aquellos países emergentes que vienen registrando un sostenido superávit de cuenta corriente. Esa transferencia se daría a través del canal comercial. Las alteraciones en las paridades cambiarias posibilitarían a las economías centrales incrementar sus exportaciones y disminuir sus importaciones.

Algunos analistas trazan una analogía entre esta propuesta y el plan esbozado por Keynes durante la celebración de la conferencia de Bretton Woods en 1944. En ese entonces, el representante del gobierno inglés planteó la necesidad de superar los desbalances comerciales globales generados por el patrón oro. Para ello, Keynes diagramó un plan de acción basado en dos premisas básicas: limitar los excedentes en la cuenta corriente y crear una moneda internacional (Bancor).

En su trabajo “Geithner se acuerda de Keynes”, el economista Alejandro Nadal explica que “Keynes estaba preocupado por la posibilidad de que un país cayera en un proceso deflacionario por la acumulación de deudas para financiar un déficit comercial crónico. Para remediarlo, Keynes propuso el otorgamiento de créditos a tasa cero a los países deficitarios hasta por el 50 por ciento del déficit. Para el otro 50 por ciento los préstamos estarían afectados por una tasa de interés. Y para los países con excedentes crónicos –la otra cara de los déficit–, el plan de Keynes contemplaba sanciones. Los países con superávit crónico en exceso de un cierto umbral tendrían que pagar intereses al banco de la unión monetaria: eso les forzaría a apreciar su divisa y corregir su balanza comercial”.

Pero los norteamericanos tenían otra idea. La potencia hegemónica logró imponer el establecimiento de un sistema monetario internacional basado en tipos de cambio fijos con respecto al dólar.

De esa manera, el Acuerdo de Bretton Woods intentó promover la estabilidad cambiaria, de los tipos de interés y de los precios de los bienes, bajo una clara hegemonía norteamericana. Ese orden se quebraría a comienzos de la década del ‘70, cuando el gobierno de Nixon anunció la inconvertibilidad del dólar con el oro.

La propuesta de Geithner fue rechazada por las autoridades alemanas, japonesas y chinas. Ante esa negativa, el secretario del Tesoro desistió de la idea. Nadal sostiene que “impulsar la demanda interna ayudaría a resolver el problema de los desequilibrios comerciales. Pero eso implica tocar la distribución del ingreso. ¿Con qué poder de compra van a circular las mercancías al interior de China o Alemania? Para nadie es un secreto que los costos laborales en estos países son el principal instrumento en la competencia internacional. Incrementar la demanda doméstica implica modificar el arreglo existente de distribución entre ganancias y salarios. Eso es algo que estuvo ausente en las deliberaciones sobre la propuesta de Geithner”.

En el caso de los países emergentes, la concreción de ese proyecto no haría más que obstaculizar una estrategia de diversificación de la estructura productiva en las actuales condiciones históricas. Eso se debe a que “esta diversificación es particularmente difícil con aranceles varias veces menores que los aplicados, en similar fase de desarrollo, por los países actualmente industrializados y con normas internacionales que forzaron a eliminar subsidios necesarios para la creación de nuevas industrias. Esto refuerza la dependencia de los países periféricos con respecto al crecimiento conducido por las exportaciones”, afirman Enrique Arceo, Claudio Golonbek y Romina Kupelian en el documento “Crisis mundial. Elementos para su análisis” del Cefid-Ar

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Las compañías mineras son cuestionadas por diversas razones. El calvario de los 33 mineros chilenos reactualizó el debate acerca de la irresponsabilidad empresaria en materia de seguridad laboral. En otras ocasiones, las críticas se focalizan en el daño ambiental generado en el proceso extractivo a cielo abierto. También son intensas las discusiones alrededor de su contribución al desarrollo económico y acerca del nivel de carga tributaria.

Hace unos meses, el hasta entonces jefe de gobierno australiano propuso aplicar un impuesto extraordinario –a partir del 2012– a las compañías mineras. Esa iniciativa generó un virulento enfrentamiento entre el gobierno del premier laborista Kevin Rudd y las corporaciones sectoriales.

Por un lado, el ministro de Economía, Ken Henry, argumentaba que toda la comunidad australiana debía beneficiarse con el alza de los precios de los minerales. Por el otro, las compañías afectadas amenazaban con suspender la ejecución de proyectos de inversión por alrededor de 17.000 millones de dólares. La falta de apoyo de su propio partido determinó la caída del gobierno de Rudd. El nuevo gobierno, encabezado por la laborista Julia Gillard, reformuló el proyecto original proponiendo reducir la tasa de imposición desde el 40 por ciento, alícuota propuesta por Rudd, al 30 por ciento.

La diferencia entre el malogrado proyecto de Rudd y la propuesta de Gillard implica unos 35.000 millones de dólares menos para el Estado australiano. La polémica acerca de la reformulada propuesta laborista se saldó finalmente en las elecciones celebradas el pasado 21 de agosto.

En esa votación, los australianos optaron entre el oficialista Partido Laborista y una oposición conservadora (liderada por Tony Abbott) que se opuso al impuesto proyectado por el laborismo.

El reñido resultado electoral alentó las esperanzas de la corporación minera. Las acciones de las empresas involucradas (BHP Billiton, Río Tinto, Xstrata) comenzaron a subir apenas culminadas las elecciones.

Finalmente, el laborismo consiguió los apoyos parlamentarios suficientes para seguir ocupando la sede gubernamental. El flamante gobierno australiano confirmó que, a comienzos de 2011, presentará ante el Parlamento la nueva legislación impositiva minera.

Esta cuestión también es motivo de debate en Chile. Esa discusión se reabrió a raíz de la remisión de un proyecto oficial de aumento del canon (royalty) minero para que sea tratado por los parlamentarios chilenos.

La iniciativa más que duplica la tasa actual que abonan las compañías en concepto del llamado Impuesto Específico a la Minería. Las autoridades trasandinas calculan que el fisco chileno podría recaudar 1000 millones de dólares adicionales en los próximos tres años. El 60 por ciento de esos fondos serían destinados a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto que asoló suelo chileno el 27 de febrero de este año.

Quienes se oponen a esa medida sostienen que viola el contrato ley –celebrado entre el Estado y los inversionistas extranjeros– que prometía no incrementar los impuestos a la minería por un determinado número de años. El abogado chileno Iván Auger sostiene que “los cánones no son impuestos...sostener que no deben subirse sin el consentimiento de inversionistas privados...es una pretensión inexistente en el orden jurídico occidental. Las autoridades representativas no pueden delegar la soberanía nacional porque reside en el pueblo, solamente pueden ejercerla”.

A pesar de que la Argentina se convirtió en una de las principales receptoras de inversiones mineras auríferas del mundo, durante la década de los noventa, permanece ajena a este debate. Las mineras siguen conservando los beneficios emergentes del régimen promocional fiscal sancionado durante el menemismo. Esos privilegios incluyen la estabilidad fiscal por treinta años, la exención de impuestos municipales y provinciales, reducidas regalías, amplias deducciones en el Impuesto a las Ganancias y reintegros por las exportaciones que realizan desde los puertos sureños

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La necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional fue uno de los temas puestos en debate a raíz del estallido de la última crisis global. Como el epicentro de las convulsiones estuvo situado en los propios países centrales, algunos analistas consideraron que se abría la posibilidad de avanzar en esta temática. La reformulación de un sistema financiero internacional implica adentrarse en una vasta agenda que incluye, entre otros puntos, la actuación de los organismos multilaterales de crédito, el rol de las calificadoras de riesgo, las cuestiones regulatorias, y el combate a los paraísos fiscales. Este último punto adquiere particular significación, fundamentalmente para los países en desarrollo, ya que suele ser el conducto por el que se vehiculiza la fuga de capitales.

En ese sentido, Jorge Gaggero en el documento “La fuga de capitales. El escenario global 2002-2010” sostiene que las transferencias netas de recursos financieros desde los países pobres y “de desarrollo intermedio” hacia los desarrollados, viene mostrando un crecimiento sostenido. Así, se pasó de los 46.000 (año 1995) hasta los 660.000 millones de dólares anuales (2006). La mayoría de esos flujos financieros está originados en maniobras ilícitas ejecutadas por bancos y empresas trasnacionales.

A su vez, un gran porcentaje se dirige hacia los paraísos fiscales intentando garantizar la opacidad de esas operaciones. Los fondos ilícitos provenientes desde los países “en desarrollo” pasaron desde los 400.000 millones de dólares (año 2002) al billón de dólares (año 2006). Gaggero relata que las transferencias financieras ilícitas más significativas del último tiempo tuvieron como países de origen (en orden de importancia) a los siguientes: China, Arabia Saudita, México, Rusia, India, Kuwait, Malasia, Venezuela, Polonia y Hungría.

La Argentina no integra el “top ten” ya que –durante el quinquenio 2002-2006– “sólo” promedió entre 12.000 y 13.000 millones de dólares anuales fugados en esas condiciones. En la reunión celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, el Grupo de los Veinte emitió un comunicado en donde anunció la creación de un Comité de Estabilidad Financiera (CEF) encargado de diseñar medidas destinadas a combatir los paraísos fiscales. A partir de entonces, el CEF emitió una serie de comunicados en donde saludaba la existencia de “un progreso sin precedentes”. Ese optimismo se sustentaba en que 87 jurisdicciones se comprometieron públicamente a adoptar determinadas normas de transparencia e intercambio de información. La realidad es que más allá de esas sonoras declaraciones, la labor del CEF no avanzó en las cuestiones de fondo. Eso se debe a las resistencias planteadas por muchas naciones que se benefician con la falta de regulación actual.

La ONG Tax Justice Network confeccionó un ranking de paraísos fiscales apelando a la construcción de un Indice de Secreto Financiero. “Una revisión de ese listado permite observar que “los “paraísos” más importantes están “localizados” en territorios de naciones desarrolladas de la América del Norte y Europa o controlados por ellas. Se trata de 8 de los 10 primeros y 12 de los 15 primeros del ranking. Sólo Singapur (puesto 7), Hong Kong (10) y Bahrain (14) están localizados en Asia, vale decir en territorios “no occidentales”. El “paraíso” que ocupa el primer lugar en el ranking es estadounidense (el Estado de Delaware), el segundo y el tercero son europeos continentales (Luxemburgo y Suiza), el cuarto caribeño (las Islas Caimán) y el quinto inglés (la City de Londres)”, detalla Gaggero.

Los principales bancos comerciales norteamericanos y europeos tienen un gran número de filiales y subsidiarias localizadas en esos lugares. Por ejemplo, el Citigroup tiene nada menos que 427 firmas subsidiarias distribuidas en distintos paraísos fiscales

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Los indicadores económicos están muy lejos de ser construcciones neutrales. La elección o el descarte de determinadas variables es parte de un proceso que incluye limitaciones objetivas (la imposibilidad de recolectar determinados datos o su alto costo), pero también valoraciones subjetivas que reflejan una cosmovisión ideológica. Por ejemplo, la mayoría de los analistas económicos asimila el progreso social a la marcha del Producto Bruto Interno (PBI). Si éste sube, se supone que la calidad de vida aumenta y viceversa. Sin embargo, el PBI se limita a calcular el nivel de actividad económica. Aunque su evolución tiene una innegable relevancia, la entronización de ese indicador como el principal dato económico resulta discutible.

Bernardo Kliksberg sostiene que “centrar todo en el Producto Bruto lleva a decisiones incorrectas, porque las políticas se concentran en maximizarlo, en muchos casos dañando seriamente otras dimensiones del bienestar como el medio ambiente, o la calidad social de la vida. También que la ‘obsesión’ con el Producto Bruto centra la discusión pública en ese monotema, excluyendo otros que son claves para lo que es la vida real de la gente”. En ese sentido, Enrique Martínez, titular del INTI, propuso en Qué es bueno, qué es mejor. La medida del progreso en economía, Debates para honrar el Bicentenario, reflexionar acerca de los valores sociales implícitos que se encuentran presentes en la medición del PBI. Para ello, da cuenta de las debilidades metodológicas que tiene ese indicador. Entre otras menciona:

- Lo que no se compra o vende se computa a un menor valor o directamente no se lo toma en cuenta. Por ejemplo, la cuantificación del servicio de salud o educación público es inferior a las prestaciones privadas porque esta última incluye la utilidad del propietario.

- El alimento producido para autoconsumo queda excluido del PBI.

- La deformación de la cadena de valor que aumenta la intermediación parasitaria, aumenta los precios y, por ende, incrementa el PBI.

- El PBI computa el valor agregado de cada proceso productivo por el uso de capital o trabajo, pero no reconoce el aporte proveniente del uso de los recursos naturales (renovables o no renovables).

- El PBI no aporta ningún dato referido a la distribución del ingreso.

Esas menciones revela la existencia de múltiples intentos de construcción de un indicador sustitutivo del PBI como parámetro de bienestar social. Uno de ellos es el índice de desarrollo humano del PNUD, que incluye datos sanitarios y educativos, no considerados para el cálculo del Producto Bruto. Otra medición alternativa es el llamado indicador de progreso genuino (GPI).

El GTI toma como base de cálculo el consumo de las personas y se lo corrige en función a la mejora o deterioro de la distribución de los ingresos. A esa cifra se le suma una serie de aspectos: el valor del trabajo en casa, de la educación superior, del trabajo voluntario, del uso de caminos. Y se les resta otros: el costo del delito, la pérdida de tiempo por exceso de trabajo, la amortización de bienes durables, el costo del transporte desde el hogar al trabajo, el costo de los accidentes automovilísticos, el costo de la polución del agua y del aire, la pérdida de bosques naturales, el agotamiento de recursos no renovables, el daño por las emisiones de dióxido de carbono.

Precisar las limitaciones que tiene la evolución del Producto como fuente de bienestar “tiene gran importancia práctica en América latina, que ha estado profundamente fijada en ese indicador como cuasi mágico del progreso. Ello ha llevado a frustraciones graves como idealizar los logros macroeconómicos de la dictadura militar de Pinochet, cuando al mismo tiempo estaba duplicando los índices de pobreza y degradando múltiples condiciones del bienestar colectivo, y muchos otros episodios similares, en donde tras el espejismo del avance del Producto Bruto se ocultaban aumentos de gran significación en los índices de desigualdad”, concluye Kliksberg

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El gasto público social, que incluye los rubros Salud, Educación, Seguridad y Asistencia Social, viene registrando una tendencia creciente en la mayoría de los países latinoamericanos. Ese avance en los respectivos presupuestos se registra con gobiernos de fuerzas políticas que se ubican, con sus matices, dentro del espacio del centroizquierda. Se abrió así un período que supuso una redefinición en las prioridades asignadas a las políticas públicas.

La presencia de un contexto internacional favorable también colaboró para que estas nuevas visiones pudieran ampliar sus márgenes de acción. Una reciente publicación de la Cepal, La medición del gasto social es más que una actividad contable, señala que “los recursos públicos destinados a las políticas sociales, sus programas y proyectos se han ampliado como prioridad macroeconómica del gasto público social total desde una tasa media de 9,6 por ciento del PIB en 1990-1991 al 13,4 por ciento del PIB en 2006-2007, con un incremento promedio de 2,2 por ciento anual. Mientras en 1990-1991 sólo siete países destinaban más de 10 por ciento del PIB al gasto social, en 2005-2006 14 países ya lo hacían, con cuatro gastando más de 20 por ciento de su PIB, hasta un máximo de 34,5”.

Dentro de esa tendencia general, la participación relativa del presupuesto social argentino, brasileño y uruguayo es superior al promedio regional. Los análisis comparativos presentan ciertas limitaciones ya que en la mayoría de los casos solamente computan los montos ejecutados por la administración central. De ese modo, el gasto público social total termina siendo subvalorado, ya que un gran porcentaje de las políticas sociales son realizadas por las jurisdicciones subnacionales.

En el caso argentino, el gasto público social computado incluye las erogaciones efectuadas por la administración central correspondientes al financiamiento de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo), educación, salud, trabajo y ciencia y técnica, planes de vivienda, urbanismo y agua potable. En todos esos items se advierte un sostenido crecimiento de las partidas presupuestarias. En algunos casos, esos incrementos fueron dotados de un marco legal que acompañó esa decisión política. En ese sentido, un ejemplo fue la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, que estableció un ajuste automático de los haberes en marzo y septiembre de cada año, y de la Ley de Educación Nacional, que dispuso una meta en términos del PIB para el gasto consolidado de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Presupuesto 2011, el gasto social más importante son las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones, pensiones y retiros) que ascienden a 128.817 millones de pesos. Esa suma representa el 34,5 por ciento de las erogaciones presupuestadas por la Administración Nacional. La iniciativa oficial prevé una inversión de 6296 millones en Educación y Cultura, 3839 millones en tendidos de agua potable y 10.083 millones destinados al financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, entre otras partidas.

En relación con un enfoque funcional del gasto, el Presupuesto 2011 destina el 61 por ciento de los fondos (227.505 millones de pesos) a los llamados servicios sociales. De ese total, la Seguridad Social representa el 41,9 por ciento, seguido de Educación y Cultura (8,2 por ciento), Salud (3,6) y Promoción y Asistencia Social (2,3). El sostenido incremento del gasto público social tiene como objetivo saldar asignaturas pendientes. Tarea reparadora inmensa luego de décadas de deterioro social y económico. Esta debe estar acompañada de la conformación de una estructura productiva diversificada e integrada que promueva la inclusión social y la redistribución del ingreso. Como señaló el investigador de la Cepal, Mario Cimoli, en el último Congreso de la Asociación de Economistas para el Desarrollo de la Argentina, modificar la estructura productiva “significa poner en juego la distribución de la renta. La verdadera política industrial implica cambiar la distribución”

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El debate del proyecto de Presupuesto 2011 se convertirá en otro round más del combate legislativo entre oficialismo y oposición. La iniciativa gubernamental estima un crecimiento del PIB del 4,3 por ciento, una inflación del 8,9 por ciento, un tipo de cambio promedio de 4,10 pesos por dólar, un superávit comercial de 9868 millones de dólares y un resultado financiero de 1593 millones (0,10 por ciento del PBI). También prevé una fuerte inversión en infraestructura social y una autorización para utilizar 7504 millones de dólares de reservas del Banco Central para la cancelación de deuda pública. A diferencia de años anteriores, el bloque oficialista en Diputados se encuentra en minoría. Los bloques opositores adelantaron que no aprobarán lo que consideran un “dibujo” que subestima el crecimiento económico y la recaudación impositiva. La dirigencia opositora se encuentra ante una curiosa paradoja: el argumento esgrimido para rechazar la iniciativa oficial implica reconocer que la economía continuará transitando por un sendero de alto crecimiento.

A su vez, ese reconocimiento supone desdecirse de todas las profecías apocalípticas que vienen repitiendo. Por ejemplo, las autoridades de la Unión Cívica Radical manifestaron su oposición al proyecto gubernamental debido a la que consideran “histórica práctica oficial de subestimar los ingresos presupuestarios”. Sin embargo, el presidente de bloque radical de Diputados, el cordobés Oscar Aguad, se preguntaba en el debate parlamentario realizado el año pasado: “¿Este Presupuesto también subestima los ingresos?”, haciendo referencia al de 2010. Su respuesta era: “La verdad que no, porque prevé un superávit financiero de 11 mil millones de pesos y va a terminar con un déficit de 10 mil millones de pesos. Esta norma que seguramente se va a aprobar hoy plantea disminuir el gasto a la mitad, lo que en este marco social y de pérdida de empleo significará el congelamiento de haberes de los agentes públicos y de los jubilados”.

En el interesante blog “Finanzas Públicas”, uno de sus editores, Musgrave, se pregunta si “Aguad sería nuestro Gringrich”. Se refería a Newt Gringrich, líder de la bancada republicana en el Congreso norteamericano durante la administración Clinton. Los republicanos habían obtenido una mayoría legislativa por el triunfo en las elecciones de medio término de 1994. Al año siguiente, los norteamericanos asistieron a una virulenta disputa presupuestaria. Mientras que los republicanos pugnaban por recortar los gastos sociales e incrementar el impuesto a la renta a los contribuyentes de más bajos ingresos, el presidente Bill Clinton se negaba a convalidar esos ajustes. La falta de acuerdos culminó en una intensa parálisis administrativa que comprendería el cese de la prestación de los servicios estatales no esenciales y el otorgamiento de licencias obligatorias a miles de empleados estatales.

Suponiendo que algunos legisladores argentinos quisieran equipararse a los “Gringrich Boys”, encontrarían límites en el marco legal presupuestario vigente. En todo caso, el oficialismo puede verse obligado a reconducir el Presupuesto 2010, atendiendo los ajustes establecidos por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Este establece, por ejemplo, que se deben eliminar los recursos y gastos extraordinarios previstos en el Presupuesto anterior. Un escenario que está lejos de ser el ideal pero que, a su vez, está bastante alejado de tormentosas complicaciones institucionales.

“A Clinton lo querían obligar a ajustar gastos sociales, acá quieren que Cristina Kirchner baje las retenciones y por lo tanto tenga que ajustar la AUH, las jubilaciones y los subsidios a las tarifas. Newt Gringrich tuvo sus 15 minutos de fama, pero luego pasó a la intrascendencia política. ¿A sus imitadores vernáculos les pasará lo mismo?”, señaló Musgrave

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