Página#12 Libre

El Gobierno publicó ayer las decisiones administrativas, complementarias a los tres decretos de prórroga del presupuesto 2010, las cuales determinan los gastos y fuentes de financiamiento de este año. En los anexos se establece una asignación de recursos por 391.696,3 millones de pesos, un 5 por ciento más que lo pautado en el proyecto de ley de presupuesto que no tuvo tratamiento del Congreso. Las planillas publicadas, que llevan las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, contemplan algunas variaciones respecto de los cuadros del proyecto 2011. La partida para el Ministerio de Planificación se incrementó 29,5 por ciento, seguido por obligaciones a cargo del Tesoro, con 14,9, y al Poder Judicial, 10,0. En cambio, se redujo fuertemente el financiamiento a Industria y Agricultura, con 31,2 y 22,4 por ciento, respectivamente.

Luego de que el Ejecutivo no lograra la aprobación del proyecto de ley de presupuesto para 2011, el Gobierno dictó el 22 de diciembre último tres decretos para ampliar el del año pasado. La medida instruyó al jefe de Gabinete a efectuar los ajustes necesarios en el presupuesto de la administración central y de los organismos descentralizados previo al inicio del ejercicio fiscal de este año. En ese marco se publicaron ayer veinte anexos, unas 3500 planillas, con la asignación de recursos determinada por jurisdicción, partidas y categorías equivalentes, los créditos para gastos corrientes y de capital y las aplicaciones financieras. También se estiman allí los recursos y fuentes de financiamiento para afrontar esos compromisos.

Desde Economía sostuvieron a este diario que no hubo cambios importantes respecto de lo que estaba estipulado en el proyecto de 2011. No obstante, en un breve recorrido por las principales partidas contenidas en los anexos publicados pueden encontrarse algunas diferencias notorias. La cartera que conduce Julio De Vido fue la que más se benefició en la reasignación realizada por decreto. Planificación contará con un presupuesto de 69.993,5 millones de pesos, un 29,5 por ciento más que en el proyecto de ley y 25,2 por encima de lo vigente al 31 de diciembre pasado. En este caso, el proyecto para 2011 había destinado una cifra inferior (54.049,5 millones) de lo ejecutado el año previo.

El grueso de los recursos (55.830,4 millones) irá a la administración central de Planificación, con un aumento del 35 por ciento. También mejoraron, teniendo siempre en cuenta el cotejo con el proyecto, las partidas para fabricación militar (el 13 por ciento), vialidad (14,5) y obras de hídricas y saneamiento (11,1). El aumento hacia las áreas que maneja De Vido generó críticas en buena parte del arco opositor. En los decretos citados anteriormente el Ejecutivo también autorizó a Planificación a endeudarse por 7599 millones de dólares para financiar obras prioritarias, como la compra de equipamiento ferroviario a China, parte de la estructura del gasoducto del nordeste y la torre del Bicentenario, para la televisión digital.

El segundo incremento de partidas fue para obligaciones a cargo del Tesoro, que contará con 28.273,2 millones de pesos, 14,9 por ciento mayor que lo proyectado. Estos fondos son en su mayoría transferidos a las provincias para cubrir obras. En un año electoral, estos recursos cobrarán una mayor relevancia, al igual que las partidas para vialidad.

A este último ítem le siguió la mejora de 10 por ciento en el presupuesto del Poder Judicial, que asciende a 5031,3 millones de pesos. “El aumento aquí es por gastos de personal, y contempla acuerdos por paritarias en torno al 14 por ciento, y se sabe que los aumentos van a ser mayores en el año”, explicó a este diario una fuente del Palacio de Hacienda.

El Ministerio de Desarrollo Social también tuvo un retoque en las cifras de las planillas anexas. La cartera a cargo de Alicia Kirchner contará con 19.883,2 millones de pesos de presupuesto, 6,3 por ciento más que en el proyecto de ley. De todos modos, lo más llamativo son las mejoras que dispusieron para el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (con un 203 por ciento) y para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (46,1).

Los aumentos en las partidas contenidas por decreto no implicaron recortes directos en otras áreas, sino un incremento total del presupuesto, del 5 por ciento. Sin embargo, puede apreciarse dos reducciones importantes en el Ministerio de Industria y en Agricultura. Ambos habían sido incrementados significativamente en el proyecto de presupuesto respecto de lo ejecutado en 2010. El de Industria fue reducido en 31,2 por ciento y el de Agricultura, 29,5 por ciento. En esos casos, los recortes no involucran departamentos o áreas de estímulo a los sectores, sino que fueron aplicados sobre la administración central de cada una de esas carteras productivas.

Durante la última reunión del G-20, que concluyó la semana pasada en Canadá, quedaron expuestas dos posiciones antagónicas: Estados Unidos y algunos países en desarrollo, como la Argentina, con la decisión de seguir impulsando políticas de estímulo de la economía y, por otro lado, la Unión Europea a favor de los recortes fiscales. Esto representó un cambio de estrategia de los países europeos, a partir del estallido en Grecia. En una entrevista con Página/12, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, analiza la crisis europea, las nuevas (viejas) recetas del FMI y las posibles repercusiones en el Mercosur.

–¿Por qué surgieron posiciones tan antagónicas?

–En las reuniones de 2009 había un cierto consenso de que no era el momento oportuno para retirar los estímulos económicos. Pero durante el último encuentro quedó en evidencia un cambio de estrategia, producto de la fase griega de la crisis internacional, a la que se le sumaron varios países del sur europeo. Esto generó dificultades internas para Alemania y Francia, mucha resistencia política dentro de estos países por parte de algunos sectores que no estaban dispuestos a costear la crisis. La Unión Europea tiene asimetrías históricas muy fuertes y no cuenta con los instrumentos para generar una política europea, que exceda lo económico o monetario. Por eso creo que hay dos soluciones posibles: o se profundiza la integración o se rompe.

–Las recetas del FMI que ahora se están aplicando en la UE, ¿contribuyen a una solución o profundizan el conflicto?

–El argumento que tiene el FMI es bien conocido en Argentina. Hay que cortar el gasto público para generar una mayor confianza y, de esa manera, se captarán más inversores. Se cree que el sector privado compensará los recortes presupuestarios, tal cual se decía en la Argentina de los ’90. Para salir de la crisis hay que generar trabajo estable y confianza en el consumo. Las perspectivas en Europa son desalentadores, y eso tiene que ver con que hay dos fenómenos que no van a compensar el ajuste fiscal. El sector privado no logrará reemplazar la reducción del déficit público, sumado a que los mercados emergentes tampoco nivelarán el ajuste que hagan los países desarrollados, como cree el FMI.

–¿De alguna manera estarían presionando para que los países más débiles, como Grecia, salgan de la UE?

–Grecia fue el último en entrar al bloque, luego de que se maquillaran los números, lo que terminó por estallar este año. Sin embargo, ésta no es sólo una crisis de los helénicos, también están Portugal, España, Ucrania, Islandia y Hungría. Hay una combinación de factores que delinearon la crisis europea, la liberalización financiera que genera distorsiones, la burbuja especulativa, la venta de productos tóxicos. Está claro que en el seno de la UE existen problemas de información y regulación. Cuando los mercados se desregulan, los Estados pierden la posibilidad de supervisar sus economías. Por eso se insiste tanto en la necesidad de alcanzar una nueva arquitectura financiera internacional.

–También existe una fuerte presión sobre el euro. ¿Puede existir una UE donde cada país diseñe su propia política monetaria?

–En estos últimos veinte años predominó una mirada sobre la integración fiscalista y neoliberal. La primera consecuencia es la pérdida de instrumentos para que los países desarrollen una política cambiaria o monetaria. La solución pasa por plantear una mirada integradora, como lo fue la Europa social y productiva que existía hasta los años setenta. La Europa post Segunda Guerra Mundial tenía que ver con la posibilidad de generar una integración para compensar asimetrías.

–Estos cuestionamientos hacia la integración europea, ¿no generan un mal precedente para la integración del Mercosur?

–Durante los últimos años hubo una integración política de América latina, a partir de una serie de gobiernos de centroizquierda. Tanto desde el Mercosur como la Unasur –más desde este último bloque– se comenzó a pensar en una integración política, económica y social. Una realidad multifacética desde la infraestructura hasta la cultura. Sin embargo, lo cierto es que las necesidades de proteger los mercados internos complican los caminos de la integración. En todos los países del mundo existen mecanismos de protección del mercado interno, lo cual es algo lógico, teniendo en cuenta el contexto. Por más que se hable de integración, lo cierto es que cada país piensa en su propio interés. No hay ánimo en el G-20 ni en los organismos internacionales de apoyar una coordinación efectiva a nivel mundial de las políticas globales que se necesitan.

–¿Por qué?

–Porque los principales actores del sistema financiero, más la tecnocracia internacional, siguen repletos de neoliberalismo. Los mismos actores que están tratando de resolver la crisis son los que la crearon. Parece que cualquier atisbo de modificar la arquitectura financiera internacional es pura cosmética. Barack Obama tuvo que modificar fuertemente su iniciativa para que el Congreso aceptara tratarla. Y no está garantizado que el resto de los países del mundo impulsen algún tipo de reforma semejante.

El gobierno nacional solicitó ayer al Congreso la posibilidad de realizar una presentación formal explicando la “marcha” y “devenir” del conflicto con Papel Prensa. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en rueda de prensa que explicará en estos días ante la Cámara baja los motivos por los cuales solicita información sobre el manejo de la compañía, de la que el Estado tiene 27 por ciento de participación accionaria. “Nos preocupa que pueda haber existido una subadministración de la empresa”, argumentó el titular del Palacio de Hacienda. Luego del sumario que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó sobre la compañía con mayoría accionaria de Clarín y La Nación, el Ejecutivo hará esta “jugada política” para presionar a que presente información de sus balances y su estructura de negocios. “Es una ofensiva parlamentaria para generar atención y tensión en el Congreso”, señaló a Página/12 una alta fuente del bloque kirchnerista. El ministro reiteró que la situación de la papelera tiene que dejar de ser un “tema tabú”.

“Hemos pedido a la Cámara de Diputados que nos permita hacer una presentación ante las comisiones de Hacienda y Finanzas, de Comercio e Industria y de Libertad de Prensa”, anunció Boudou en una reducida rueda de prensa, citada sobre la hora. Aseguró que la intención oficial es, “con seriedad y profesionalismo, acceder a la información en calidad de socios”. “Es una estrategia política de poner al Parlamento también en esa discusión”, señaló la fuente del Congreso.

El ministro recordó que la empresa nació en base a beneficios extraordinarios que otorgó el Estado nacional para la fabricación de papel. “A finales de la década del 60 se consolidó, a partir de condiciones ventajosas para poder desarrollarse (trabas a la importación)”, agregó. En los últimos días, la controversia estuvo vinculada con hechos jurídicos de las asambleas de accionistas, la conformación del directorio y la presentación en tiempo y forma de balances en la CNV. El ente regulador decidió sumariar a los directores y síndicos. “Pero es el hecho más ruidoso que menos nos preocupa”, afirmó el ministro.

Boudou informó que hace cuarenta días comenzó a solicitar información a Papel Prensa sobre el detalle de las funciones de costos, precios de ventas, estrategias comerciales y descuentos que reciben algunos socios vinculados. “Eso ya es grave desde el punto de vista de una empresa que cotiza en la Bolsa”, señaló Boudou, quien agregó: “Mucho más grave es cuando quien lo requiere tiene más de un cuarto del capital y ha sido uno de los pilares en la formación de dicha empresa”.

En los últimos días se generó mucho ruido mediático. “Es un debate que tiene menos que ver con los nombres propios y más con las cuestiones objetivas”, opinó el ministro. El Estado nacional podría manifestar que fue perjudicado como socio y además se sancionaría a la empresa por constituir una barrera a la competencia en el “mercado informativo y de publicación de periódicos”. “La libertad de prensa también se defiende por la igualdad de oportunidades en el acceso a los insumos de los distintos medios periodísticos”, manifestó Boudou, agregando fuego a la disputa abierta en oportunidad del debate de la ley de medios audiovisuales.

La investigación que pretende impulsar el Gobierno es para conocer si se utilizó un mecanismo de descuentos que hubiera sido abusivo, como pantalla de un “mecanismo de precios de transferencia”. “Eso hubiera perjudicado a otros diarios del interior del país y de Capital Federal, porque si no lo pueden comprar tienen que importarlo y eso hace que sus costos sean más importantes”, explicó.

Las asambleas estuvieron –según fuentes oficiales– plagadas de desprolijidades, lo que determinó un sumario a la compañía. El órgano regulador, que conduce Alejandro Vanoli, emitió un comunicado desestimando que las medidas se relacionen con los cambios en el ente. “Este tipo de medidas se hacen siempre, se hizo con el apoyo de todo la línea de la CNV y la fiscalización comenzó hace ya varios meses”, argumenta.