Página#12 Libre

El Primer Centenario tuvo su gran cronista. Por encargo del diario La Nación, Joaquín V. González, escritor y hombre de Estado, la personalidad más influyente del sector reformista de la oligarquía, escribió El juicio del Siglo. Un libro que encomia el comportamiento de la economía y la inserción internacional de la Argentina, justifica que la conducción del país haya sido delegada “en un conjunto de hombres superiores” –aunque lamenta que no se avance en la ampliación del sufragio– y transmite la inquietud que generaba a comienzos del novecientos la cuestión obrera. El autor cuestiona a quienes aún consideraban el reclamo social como un delito, pero admite que las soluciones jurídicas deben dar paso a otros remedios cuando el movimiento adopta “formas morbosas o anormales”. Esto no sorprende porque la oligarquía liberal sabía combinar el palo con la zanahoria: el mismo González, autor del Código del Trabajo, era también ministro cuando se aprobó la Ley de Residencia, que facultaba la expulsión de extranjeros. Sin embargo, aunque el radicalismo había protagonizado una nueva insurrección en 1905 y la lucha obrera llevó a sancionar en el mismo 1910 la Ley de Defensa Social y el estado de sitio, esos nubarrones no enturbiaban en exceso el horizonte del Centenario. El proyecto de los fundadores se había cumplido en gran parte, incluso el objetivo generalmente menos recordado, la depuración de la raza: “Los componentes degenerativos o inadaptables como el indio y el negro han sido eliminados”, celebraba el autor de El juicio del Siglo.

González enunciaba su texto desde el poder, relataba una evolución que a lo largo de muchas décadas había consolidado la dominación de la oligarquía. Por eso, con la benevolencia de los triunfadores, reconoce errores y también crímenes como el asesinato del Chacho Peñaloza –que atribuye a “la fantasía trágica y vivaz de Sarmiento”– y para que se entienda que este triunfo no es de un grupo sino de la oligarquía liberal en su conjunto, olvida rencillas coyunturales y, aunque a nadie pone tan alto como a Mitre, levanta a todas las figuras del panteón del liberalismo.

¿Quién podría escribir hoy un libro como éste para el Segundo Centenario? Nadie. No esperamos hoy un texto como El juicio del Siglo porque ya no se practica esa literatura estatal que hacía a los escritores hablar desde el poder. Como lo hizo también Leopoldo Lugones, canonizando el Martín Fierro como poema nacional frente a un auditorio que integraban dos presidentes de la República. Pero, sobre todo, ese texto hoy no podría escribirse porque mientras González daba cuenta de un proceso que había consagrado definitivamente en 1880 un modelo de acumulación –el agroexportador– y un esquema de poder, la llamada República Posible, que restringía la participación política a una minoría, hoy sigue la lucha por imponer un nuevo modelo económico y nuevas pautas de distribución del ingreso. El ensayo de interpretación –como el búho de Minerva– sólo puede aparecer al fin de la jornada y hoy, como lo prueban el conflicto sobre la ley de medios y las perspectivas electorales aún indefinidas, todavía estamos en lo mejor del combate.

En el 2001 la política tradicional desnudó su vacío de representatividad y estalló un modelo que hacía de la valorización financiera su palanca principal. Desde entonces se está en la búsqueda de otro patrón de la economía y a partir del 2003 son notorios los esfuerzos por afirmar la prioridad de las actividades productivas, recuperar un rol central para el Estado como promotor de esa política y mejorar el salario y los ingresos de los más pobres. Sin embargo, la realidad no permite hoy decir que la pulseada esté resuelta, no sólo porque hay asignaturas pendientes en el terreno socioeconómico y en la construcción política, sino porque los principales intereses empresarios, la Iglesia y los grandes medios constituyen un bloque opositor que no puede subestimarse. Tampoco se puede ignorar el peso de la oposición política aunque las últimas semanas nos hayan enseñado a tomarla menos en serio: su férrea decisión de acabar con el kirchnerismo sólo puede parangonarse con su torpeza política y su real desinterés por la cuestión social: la distancia del partido de Julio Cobos con el de Hipólito Yrigoyen quedó demostrada, otra vez, en estos días, por las declaraciones del senador Ernesto Sanz.

Los aniversarios, las grandes efemérides, suelen acompañarse de llamados a la unidad nacional. El conflicto del campo y la intransigencia de los grupos patronales en defensa de sus ganancias extraordinarias hicieron fracasar el gran acuerdo del Bicentenario que proyectaba el gobierno nacional. El ex presidente Duhalde tampoco ha logrado consenso suficiente para el proyecto que concibiera con Rodolfo Terragno para firmar un compromiso de la dirigencia opositora (aunque la propuesta también se le hizo al Gobierno nadie pensó seriamente que podría firmarla). El punto principal del acuerdo proyectado era la garantía para inversiones y el respeto de las reglas del juego que impidiera toda reforma que afectase intereses creados: un acuerdo que no hubiera permitido la ley de medios ni el traspaso al sector público de los fondos de pensión, una jugada para eliminar la posibilidad de un cambio sustancial y suprimir todo lo nuevo que trajo el kirchnerismo.

El segundo homenaje al Bicentenario que propone el pensador de Lomas de Zamora es el llamado a la reconciliación con los genocidas. El voto unánime de la Cámara de Diputados declarando los juicios en curso como política de Estado muestra que ningún sector político se atreve a enfrentar en este punto a la opinión pública. Pero Duhalde avanza con una propuesta que después no se atreve a precisar –como había hecho antes Diego Guelar– porque quiere ir abonando el clima de reconciliación que la Iglesia impulsa desde hace años. Para fundar esta política todo puede usarse, desde las declaraciones del Pepe Mujica que no quiere a los viejos en la cárcel hasta la película que muestra a Nelson Mandela abrazado con los jugadores de rugby que simbolizan la mejor tradición del apartheid. Menos se recuerda el momento del film en el que el líder sudafricano explica a sus colaboradores que los blancos dominan la economía, el aparato del Estado, la Justicia y el ejército y que sin ellos es imposible gobernar. No es esa la situación argentina. Con Videla y Martínez de Hoz presos se gobierna mucho mejor.

Más allá de las elementales razones de justicia que llevan a rechazar cualquier amnistía o perdón, tampoco sería esa reconciliación una medida de alta política como pretenden algunos. Lejos de contribuir a la unidad nacional, fortalecería a quienes se oponen al proceso de transformación que hoy está en curso. La transición española fue muchas veces puesta como modelo pero hoy resurgen los reclamos contra los crímenes del franquismo, mientras la derecha legitimada por los Acuerdos de la Moncloa mantiene su intolerancia de siempre. El vergonzoso atropello contra Baltasar Garzón muestra que esa política conciliadora no hace sino debilitar a los socialistas: éstos se animan a impulsar el más antisocial de los planes de ajuste pero no a sostener a un juez que es un símbolo de la defensa de los derechos humanos.

Frente este espectáculo del mundo, es reconfortante mirar a nuestro país. Por eso, mientras seguimos subiendo la cuesta, no podemos escuchar los cantos de sirena de quienes denuncian la crispación de la Presidenta, pregonan la moderación o convocan a pactos que aseguren la vigencia de la vieja política. El Bicentenario es ocasión propicia para una reflexión que ratifique el rumbo, permita corregir errores, ampliar la convocatoria y construir la gran fuerza que se haga cargo de lo mejor del legado peronista y convoque a otras tradiciones populares. No escribiremos hoy un texto como el de Joaquín V. González porque –los tiempos históricos no son necesariamente los del calendario– el siglo no ha dado aún su veredicto, pero son muchos los escritos y las voces que en estos días nos ratifican que estamos caminando. La Argentina de los derechos humanos, la Asignación Universal por Hijo y el matrimonio gay, el país que se integra en América latina y empieza a descubrir a sus pueblos originarios, puede mirar con confianza hacia el futuro.

La política, esa práctica tediosa de discursos repetidos, tiene algo que la hace apasionante: en el corto plazo, resulta impredecible. Después de que el variopinto conglomerado opositor decidió adueñarse del Congreso, no se podían predecir las últimas votaciones parlamentarias o imaginar cuándo –como afortunadamente está ocurriendo– una parte de los sectores medios advertiría la inconsistencia de un frente que sólo se sustenta en el odio al kirchnerismo y se cansaría de los discursos apocalípticos que anuncian a diario catástrofes que la realidad no confirma.

Aun en los momentos en que redoblaba el acecho opositor, el Gobierno mostró la iniciativa y voluntad política de que carecieron sus adversarios. Pero, desde hace algunas semanas, se suma un dato relevante: un cambio en el humor político que se manifiesta en las charlas de café, en los mensajes de los oyentes a las radios, es decir, en los espacios donde se expresaba ese sentido común más preocupado por el tono de la Presidenta que por la política económica que evitó al país las consecuencias de la crisis internacional. Este cambio de la mirada sobre el Gobierno, se acompaña de una renovada disposición a movilizarse. Ya el 24 de marzo se había advertido una concurrencia más numerosa y una notable presencia juvenil. Lo que se vio entonces en la plaza tuvo menos de movilización política que de fiesta popular. Y no es arbitrario suponer que la decisión de tanto ciudadano que se sumó esta vez, tuvo que ver con la ominosa declaración del ex presidente Duhalde que reclamando la libertad de los genocidas, daba también otro paso en la maniobra destituyente.

La multitudinaria manifestación por la ley de medios mostró además la amplitud de sectores que se congregan en contra del monopolio comunicacional. Ya es imposible negar que todo el proceso de discusión y sanción de la ley, con amplia participación social, es un modelo a tener en cuenta para entender de qué hablamos cuando invocamos la democracia participativa. Por eso es doblemente irritante que la Justicia pueda suspender su vigencia. Además, este gran conflicto que hoy en diversos terrenos envuelve al Gobierno y al principal grupo mediático ya no puede entenderse sólo como una mera discusión sobre cuestiones de poder. La investigación sobre Papel Prensa supone revisar a fondo la herencia de la dictadura y el complejo entramado de intereses que lo sustentó. Por otra parte, la demorada contienda judicial sobre la identidad de los niños, asume una dimensión ética y política que hace injustificable el silencio de algunos sectores políticos, sobre todo de ciertos grupos de la izquierda que siguen apareciendo generosamente en los medios involucrados con esa cuestión judicial.

Los inesperados resultados del 28 de junio del 2009, mostraron las debilidades del Gobierno. Los votos de Francisco de Narváez en el conurbano no pueden explicarse sólo por su abultada billetera y el generoso apoyo mediático. Si la política social hubiera llegado con más fuerza en todas partes, quizás el resultado hubiera sido otro. Así lo comprendió el Gobierno y avanzó con medidas como el plan Argentina Trabaja y la Asignación Universal por Hijo. Decisión esta última aún más valiosa porque mostró la disposición de revisar cierta línea de pensamiento que venía obstruyendo la sanción de esta medida. El crecimiento de la actividad económica es la base para la recuperación del empleo, pero la desintegración que había alcanzado la sociedad argentina, la pérdida de la cultura del trabajo en vastos sectores y la consecuente irreductibilidad de ciertos bolsones de pobreza, obligaba a la sanción de políticas de alcance universal. Del mismo modo que hoy obliga a garantizar la estabilidad de los precios de la canasta de consumo popular.

La otra debilidad que mostraron las elecciones fue menos sorpresiva. Ya en 2007, el Gobierno había perdido en las grandes ciudades, mostrando cuán esquivos le resultaban los sectores medios, cuya oposición se reforzaría por episodios como el del Indec que ponían en duda la palabra oficial. Ante el sorprendente resurgimiento de un anacrónico discurso antiperonista, antes que regodearse con las menciones a Jauretche para celebrar la irreductibilidad del medio pelo a cualquier proyecto popular, valdría más recordar que fue el mismo Jauretche quien –llegando incluso a enfrentarse con Perón– más reclamó una política para los sectores medios. También parece haber señales de mejora en relación con estos sectores. Por un lado, porque no son indiferentes a la recuperación del consumo, pero además por el impacto de esta confrontación sobre los medios y la herencia de la dictadura, en la que va quedando claro cuán mezquina es la mirada de quienes apoyan al monopolio mediático y miran hacia el costado cuando se discute el derecho a la identidad.

Muchas veces se ha señalado la asimetría entre la magnitud de las reformas que emprende el kichnerismo y la limitada estructura política con la que este proyecto se sostiene. El hecho de que Néstor Kirchner haya tenido que asumir la presidencia del Partido Justicialista para asegurar su alineamiento es el indicador más claro de las resistencias que anidan al interior de esa fuerza. Aunque no sea el deseo de quienes hace años nos alejamos del P.J., rechazando un estilo político en que mucho pesan las relaciones de poder y poco las ideas y la participación, es obvio que hoy el justicialismo es parte importante de este proceso. Lo que resulta obvio, por lo menos para el que esto escribe, es que debe construirse otro apoyo político que jerarquice la presencia del centroizquierda en el frente, permita una mejor relación con las organizaciones sociales, convoque a la juventud, a los trabajadores de la cultura y, sobre todo, ofrezca un espacio de contención a los muchos que se sienten parte de este proceso y no siempre encuentran el modo de aportar.

La cantidad de pequeños grupos organizados por las suyas que concurrieron al acto del 11 de marzo en Ferro, hizo evocar –salvando las distancias– aquel período del ‘73 en que las agrupaciones aparecían como flores silvestres. Si Ferro nos muestra el peso que tiene en esta convocatoria la tradición popular del peronismo, la ley de medios nos enseña la apertura con que hoy nos debemos agrupar. En esta ciudad donde el adalid de la derecha desbarranca a diario al descubrir cuanto más difícil que los negocios puede ser la política, la convocatoria tendrá que tener aún mayor amplitud. Al proceso iniciado en 2003 algunos ya le han fijado fecha de terminación en 2011. Con eso especulan tanto los genocidas que no quieren cumplir sus condenas como los que esperan zafar de los mandatos de la ley de medios. En estos días nos hemos convencido de que esto no tiene por qué ocurrir y –sin ignorar cuánto falta recorrer en la reconstrucción de un sujeto popular– eso es lo que seguramente motiva el entusiasmo de quienes se sienten nuevamente convocados. También por esto, porque puede ser espacio de militancia, diálogo de fuerzas populares y voluntad de construcción conjunta, la política nos puede apasionar.