Página#12 Libre

Vecinos del barrio de Agronomía se oponen a la construcción de un estadio cubierto en el Club Comunicaciones, aprobado por la Legislatura porteña en octubre del año pasado como parte del plan de salvataje del club. Con ese fin, ya reunieron más de 2000 firmas y lograron que se presente un proyecto de ley para modificar aquella norma y construir en ese lugar un espacio verde de acceso público. Sostienen que la construcción de un estadio alterará la vida de ese barrio residencial, argumentan que tal iniciativa debe pasar previamente por una audiencia pública y una ley de doble lectura, pasos que se omitieron, y se quejan porque el barrio cuenta con un enorme pulmón verde al que, en su mayor parte, los vecinos no pueden acceder. Con o sin estadio, el salvataje de Comunicaciones está a punto de naufragar: el juez a cargo de la quiebra ahora no acepta los 12 millones que ofrece la Ciudad y, tras sumar los intereses, exige 25 millones. En la Legislatura sospechan que en realidad existe una preferencia hacia un oferente privado: el dirigente camionero Hugo Moyano.

La ley ahora cuestionada fue aprobada casi por unanimidad: el único que se abstuvo fue el diputado Marcelo Parrilli (MST). Esa norma autorizaba al Ejecutivo porteño a pagar la deuda que tiene el club, unos 12 millones de pesos, para evitar la liquidación del predio. Es que en ese momento, había dos interesados en adquirir las 18 hectáreas del club: el empresario de medios de comunicación Daniel Hadad y el Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano.

La ley disponía que, como contraprestación para la Ciudad, el club cedería seis hectáreas para la construcción de un estadio cubierto, obra que sería encarada por la Ciudad a través de una licitación con posterior concesión. A ese artículo de la ley se opone el proyecto que presentó el diputado Adrián Camps (Proyecto Sur), en el que se propone que en esas seis hectáreas “deberá formalizarse la creación de un espacio verde público de acceso irrestricto”.

La movida fue organizada por el Consejo Consultivo Honorario de la Comuna 15, que incluye al barrio de Agronomía. Ese consejo le envió el 2 de febrero una nota al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la que expresan su oposición a la construcción de un estadio para recitales, tal como lo dispuso la ley 3604.

La ley, sostienen los vecinos, “incluyó sin debate alguno y sin cumplir con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, que exige un estudio de impacto ambiental previo” la construcción de un estadio “que no compita con las actividades del club, es decir, para recitales”.

Si bien consideran “legítima” la presentación de la Ciudad para salvar al club, advierten que permitir la construcción de un estadio sin cumplir con los requisitos enunciados convertiría la concesión y el uso en “absolutamente ilegales y violatorios de la Constitución”.

“El predio forma parte del tercer pulmón verde de la ciudad, en lo que fuera el Parque Central, creado por decreto del presidente Roca en 1901 junto con el parque Tres de Febrero”, recuerdan. Y advierten que Agronomía, paradójicamente, “no cuenta con ninguna plaza”.

“Incluso el predio que se le otorgó a la Universidad de Buenos Aires, para el funcionamiento de las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, tiene importantes áreas que permanecen cerradas con candado los fines de semana, sin posibilidad de acceso público”, advirtió a este diario el diputado Camps, autor del proyecto.

Camps fue uno de los que votó a favor de la iniciativa que habían consensuado oficialistas y opositores para salvar al club. La diputada Delia Bisutti, que en ese entonces pertenecía al bloque de Proyecto Sur, y Aníbal Ibarra, de Diálogo por Buenos Aires, habían propuesto entonces otro proyecto para que el Estado porteño ponga el dinero de la deuda y el club, como contraprestación, brinde servicios de colonias de vacaciones para niños de escuelas porteñas. Pero el PRO se opuso a esa idea y el Ejecutivo advirtió que lo vetaría. Por eso, la oposición se allanó a aceptar la propuesta macrista de que el club ceda parte del terreno para construir un estadio.

“El barrio tiene 20 mil habitantes, no puede soportar un estadio en el que ingresen por día la misma cantidad de personas que viven en la zona”, dijo a Página/12 Víctor Asa, uno de los vecinos que promueve la campaña. “Además –agregó– la comuna tiene sólo 1500 metros de ahí al estadio Malvinas Argentinas, que es muy confortable y está habilitado para 9000 personas.”

La aprobación de la ley, en octubre último, había sido celebrada por los socios, que vienen soportando un proceso judicial de diez años y vieron entonces la oportunidad de retomar el control del club. Nada de eso sucedió hasta ahora. Pese al consenso político, la propuesta no pudo avanzar ya que el juez Fernando D’Alessandro no aceptó los 12 millones, el monto de la quiebra, sino que agregó los intereses, hasta sumar unos 25 millones de pesos. “Sin embargo, a Moyano le acepta los 12 millones”, dijo a Página/12 el diputado Aníbal Ibarra, quien se entrevistó con el juez para reclamarle que no se le cobre los intereses al club. Moyano es el único oferente que quedó en pie después de que Hadad bajara su propuesta.

eduardovidela@pagina12.com.ar

La muerte de un bebé de dos meses en la Villa 31, el lunes por la mañana, se sumó a la dramática situación por la que pasan los invisibilizados, los habitantes de villas y asentamientos porteños. El viernes pasado, el juez Roberto Gallardo había ordenado en audiencia pública la inmediata reapertura de todos los centros de salud (Cesac). La medida no se cumplió: ayer, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, se levantó del lecho (supuestamente estaba en reposo hasta el jueves próximo) sólo para interrumpir las decisiones de Gallardo interponiendo un pedido de recusación. Mientras, los centros siguieron cerrados pese a que la medida no es suspensiva, con lo que lo único que logró fue mantener en suspenso la salud de la mayor parte de los vecinos invisibilizados. Hoy, al mediodía, frente a la Cámara de Apelaciones que debe definir si Gallardo se aparta o no, se realizará una concentración para reclamar celeridad en la decisión de los camaristas. Habrá médicos, enfermeras y los invisibilizados de siempre. Ayer, el director del SAME, Salvador Crescenti, se presentó a la Comisión de Salud de la Legislatura y respondió preguntas de los legisladores. “La gran responsable es la ciudad de Buenos Aires –dijo a Página/12 Jorge Selser, titular de la comisión y diputado de Proyecto Sur–. No se entiende por qué no ponen la Metropolitana como custodia.”

“Denle la voz, ella va a hablar”, insistieron en la 31. Denle la voz es a Elena, una jovencita de 25 años, de origen boliviano, lo que es decir discriminada entre discriminados. Alquila una piecita en la manzana 14 del Barrio Güemes. Está sola (ahora más que nunca): su hermana, el familiar más cercano en Argentina, vive en

Ushuaia. Hace dos meses tuvo un bebé por cesárea en el Hospital Rivadavia. El lunes el chiquito murió. Curiosa situación ésta de promover la voz de alguien que habla porque le es más vital ser visible, que la gravedad del dolor que empuja a esquivar la exposición pública.

“A los cuatro días de la cesárea me volvieron a internar –dijo Elena, con la voz recortada por la angustia–. Mi estado de salud se complicó. Yo no podía cuidar a mi bebé porque soy sola y el bebé quedó en neo”, explicó, por neonatología. “Como no tenía a nadie me lo cuidaban los doctores, porque yo no lo podía alimentar. Con todo lo que me hicieron yo no tenía leche para alimentarlo. Después me trajeron a mi casa. Pero yo no me podía levantar. El lunes mi bebé empezó a llorar muy temprano, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda, me costaba mucho levantarme. Le puse unos paños fríos. Y no sirvió porque seguía llorando y levantando fiebre. Yo estoy muy sola y no sabía qué hacer.” Elena hablaba y se desconsolaba y volvía a hablar e irremediablemente dejaba de lado toda posibilidad de silencio.

Aunque no en forma directa, la muerte del bebé de Elena se produjo en el marco de la completa crisis de la atención de salud de los vecinos de villas y asentamientos porteños. La situación se agravó ayer, después de que el ministro de Salud Jorge Lemus presentó el pedido de recusación del juez Roberto Gallardo. El magistrado, del fuero Contencioso Administrativo porteño, presidió una audiencia pública el jueves pasado, tal como informó este diario, a la que concurrieron delegados y vecinos de asentamientos, médicos y trabajadores de la salud, todos querellantes contra el gobierno porteño por el cierre de centros de salud. Gallardo ordenó entre otras medidas la inmediata reapertura de todos los centros vinculados con las villas y citó a una nueva audiencia para el lunes próximo. Citó especialmente a Lemus. El ministro estuvo ausente con parte médico, que diagnosticó “posibles problemas cardíacos” y prescribió “siete días de reposo”. “Nosotros no tenemos médicos ni siquiera para un certificado”, chanceaban los delegados en la audiencia.

Según un informe que el legislador Selser señaló a este diario, “de los 26 centros de salud vinculados con la zona sur, 13 seguían cerrados”, lo que implicaba que la medida de Gallardo estaba incumplida.

Pero ayer, Lemus abandonó su reposo para tomar su primera resolución administrativa: pidió la recusación de Gallardo. El pedido pasó a la Cámara de Apelaciones. Entretanto, las medidas ordenadas por el juez pasaron a la jueza Andrea Dana y siguen vigentes. E incumplidas. Hoy, al mediodía, médicos, trabajadores de la salud, y vecinos se concentrarán en Rodríguez Peña 636, a las puertas de la Cámara, para acompañar una petición urgente de ACIJ, ONG querellante, para que rechace sin más trámite el pedido de recusación interpuesto.

“La responsabilidad es de la Ciudad. No entiendo por qué si tienen 2100 policías de la Metropolitana, dicen que van a contratar 50 vigiladores que no tienen las mismas atribuciones ¿Acaso no tienen 50 policías?”. El martes próximo, a las 13.30, el segundo de Lemus, Néstor Pérez Baliño, informará ante la Comisión de Salud de la Legislatura.

horaciolqt@yahoo.com.ar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer una nueva audiencia pública para el 1º de junio próximo con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), integrada por los estados nacional, bonaerense y porteño. Además, le envió a la Acumar un cuestionario con 75 preguntas para que brinde detalles sobre el saneamiento de ese curso hídrico y exigió que sean respondidas antes del 15 de mayo. El máximo tribunal también envió pliegos de preguntas, pero más breves, al defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN).

La Corte analizará esos informes sobre “núcleos temáticos” y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea” en la cuenca, antes de la audiencia, según informaron fuentes de máximo tribunal. Y agregaron, sobre las preguntas, que “se trata de un listado muy específico, que apunta a conocer detalles” porque en sus exposiciones anteriores los representantes de los tres estados “brindaron explicaciones muy generales”.

La Acumar deberá detallar las tareas efectuadas para la ejecución de esa sentencia de la Corte de 2008, como mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, basurales y financiamiento y presupuesto. La Defensoría del Pueblo tendrá que responder sobre “restricciones” en el acceso a la información pública sobre el tema y la AGN deberá aclarar si hubo una subejecución del programa.

Hace una semana, una joven boliviana de 15 años fue internada en el Hospital de Niños de La Plata debido a un cuadro de deshidratación. En brazos traía a su beba, de un mes, que estaba desnutrida. “Los médicos se dieron cuenta de que estaba muy asustada y no cerraba su historia, así que se comunicaron con la Dirección de Niñez y Adolescencia”, comentó ayer a este diario Carlos Dabalioni, titular de esa dirección, desde donde se ubicó al padre de la chica. Luego el abogado de este organismo hizo la denuncia por “trata de personas”: la joven habría sido “vendida” a unos quinteros de la localidad platense de Olmos. Allí trabajaba de sol a sol, al igual que un hermano suyo de 17 años. El lunes pasado, ellos, la beba y el padre de ambos hermanos, que vino desde Bolivia a buscarlos, regresaron en avión al país vecino.

Según informó ayer el titular de la Dirección de Niñez y Adolescencia, la familia de la joven es oriunda de Potosí y quedó en la ruina tras las inundaciones ocurridas en esa ciudad del sur de Bolivia, durante el 2009. Una supuesta “tía” de la familia, supuesta porque no tendría realmente vínculo familiar, le ofreció al padre de la joven trabajo para sus tres hijos en Argentina. El hombre autorizó el viaje y hasta el momento de recibir la llamada de la Dirección creía que su hija menor trabajaba como empleada doméstica de una familia platense.

“La chica y los hermanos llegaron engañados, a ella sólo la dejaban hablar con su padre una vez cada tres meses y la obligaban a mentirle. La explotaban en una quinta junto a otras personas, también de nacionalidad boliviana. La nena vino cuando tenía 13 años y medio y poco después quedó embarazada y no sabemos bien en qué circunstancia. Tuvo a su beba en un galpón del campo y al mes, como estaba tan mal alimentada, empezaron los problemas. O la llevaban al hospital o se moría. Y entonces la dejaron en el Hospital de Niños”, contó una fuente de la Municipalidad de La Plata.

Tras decirles a los médicos el supuesto motivo de su desnutrición, éstos la derivaron a la Dirección de la Niñez y la Adolescencia, donde se encargaron de conseguirle alojamiento y ubicar al padre. El hombre viajó en micro durante tres días para llegar a La Plata. Una vez reunidos supo además que tenía una nieta y tras la gestión de Dabalioni consiguió pasajes aéreos para volver con ella, su nieta y uno de sus hijos. Aún queda por determinar el destino del tercer hijo, que es mayor de edad, y por lo que pudo saber este diario, desde la Dirección denunciaron en la fiscalía de turno a los dueños de la quinta por “trata de personas”.

En La Plata, a la vera de las rutas 2 y 36, se cultivan frutas, verduras y flores. En esas quintas trabajaba la joven y su hermano, pero la explotación y la trata también se extienden a los talleres textiles clandestinos y a las casas particulares. Desde 2008 hasta la fecha son seis los casos descubiertos de explotación de menores, ese año se conoció el caso de una joven peruana que era sometida a distintos trabajos y castigos físicos en una textil en la localidad de Melchor Romero. La joven no está escolarizada y se le impedía hablar con su familia en Perú.

Un año después, también en Melchor Romero, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia rescató a una menor de nacionalidad boliviana que había entrado al país con un mayor y autorizada por su madre para pasar 90 días de “vacaciones” en el país. En verdad había sido entregada a una familia boliviana que la obligó, desde el primer día, a realizar todo tipo de tareas domésticas y cuidar a los tres hijos. Su “trabajo” comenzaba a las 5 y terminaba por la noche, momento en que recibía el único plato de comida del día, como toda paga. Como en el caso descubierto la semana pasada, esta joven también llegó al Hospital de Niños en grave estado.

Según explicó Dabalioni a Página/12, “el principal problema es la incomunicación, los chicos llaman poco a sus padres, solo para decirles ‘estoy bien y estoy vivo’, son presionados para que no cuenten lo que está pasando”.

Hace veinte años, a Walter Bulacio lo llevaban detenido a la comisaría 35ª de Núñez, cuando estaba en las afueras del estadio Obras, adonde iba a ver un recital de Los Redonditos de Ricota. Tenía 17 años. Una semana después murió producto de la golpiza que esa noche recibió en la seccional. Por el hecho fue acusado el ex comisario Miguel Angel Espósito, pero aún hoy no hay ningún condenado por el asesinato. El caso se convirtió en un símbolo de protesta contra la represión y violencia policial. Y la causa judicial, que prescribió en el año 2002 y terminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, resultó un caso modelo de impunidad de la Justicia y su connivencia con sectores del poder policial y político.

Tras la intervención de la CIDH, luego de que prescribiera la causa en 2002, el trámite sigue a paso lento. El Tribunal Oral 29 intenta desde hace un año hacer el juicio, pero la defensa del acusado “siempre pone palos en la rueda”, indicó María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio desde el primer momento. La cita iba a ser para abril, pero los defensores de Espósito sostienen que su cliente “tiene un cuadro de salud que le impide afrontar el juicio”, explicó Verdú, también miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Ahora se baraja agosto como fecha tentativa para el juicio. A pesar de que se reabrió el expediente, Verdú aclaró: “Es un juicio que llega tarde y mal. Lo único que se va a juzgar es la privación ilegal de libertad, no la tortura y la muerte, y el único imputado es Espósito”.

A Bulacio lo detuvieron junto a otros 72 chicos durante una razzia el 19 de abril de 1991. En la comisaría de Núñez, según declaró como testigo el oficial Fabián Sliwa, el entonces comisario Espósito lo habría golpeado, lo que le provocó un derrame cerebral. A pesar de que fue llevado al hospital Pirovano y luego fue trasladado al Sanatorio Mitre, una semana más tarde, el 26 de ese mes, Walter murió. Al poco tiempo empezarían las marchas para reclamar justicia. Los protagonistas iban a ser los estudiantes, tanto secundarios como universitarios.

En el expediente originado en 1991, la Justicia apuntó a la privación ilegal de la libertad de las 73 personas detenidas, agravada por la muerte de Bulacio, de la que se acusó sólo al comisario retirado. Nada se dijo de las torturas y el asesinato. En diciembre de 1995 fue cerrada la instrucción de la causa. La fiscal Mónica Cuñarro había solicitado 15 años de prisión para Espósito, pero en el proceso cayó la figura de las otras 72 privaciones ilegales de la libertad y la causa se desmoronó.

El 19 de abril de 1997, María del Carmen Verdú anunció que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que la causa no avanzaba. “Cuando el procedimiento ha sido particularmente largo es el Estado el que debe dar explicaciones por la duración del proceso”, señaló la defensa de la familia Bulacio en el documento que presentó a la Comisión. A pesar de los intentos de lograr una instancia conciliatoria entre el Estado y la familia, el proceso avanzó hasta llegar a la Corte Interamericana en un hecho sin precedentes en América latina. Un pedido de los familiares de Walter, desoído por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, fue que antes de acordar cualquier tipo de indemnización se derogaran las normas que facultaban a la policía para detener de forma arbitraria a las personas.

En medio del desgaste de la causa, Víctor Bulacio, el padre de Walter, que asistía a cada marcha para reclamar justicia por la muerte de su hijo, murió el 4 de abril de 2000. El hombre había sido despedido de la fábrica donde trabajaba por faltar una y otra vez para poder hacerse presente tanto en los trámites judiciales como en los reclamos callejeros. Antes de enfermar y morir, Víctor había intentado suicidarse.

En 2002 la causa en los tribunales argentinos prescribió. Espósito, quien se mantuvo en la Policía Federal hasta 1995, quedó sobreseído de forma definitiva.

El gobierno de Eduardo Duhalde reconoció ante la CIDH, el 26 de febrero de 2003, la ilegalidad del comportamiento del Estado en la detención y posterior asesinato de Walter. De todas formas, la CIDH ordenó al Estado en octubre de 2003 “continuar y concluir las investigaciones para sancionar a todos los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos” sufridas por Bulacio. Además, instó a fijar nuevos estándares que eviten que las fuerzas de seguridad realicen detenciones de forma parcial y a investigar el entramado judicial por su inacción en el proceso.

Recién en 2008, el gobierno de Cristina Kirchner solicitó a los gobernadores que derogaran los edictos policiales y normas locales que dan vía libre para privar de la libertad a una persona sin orden judicial. Verdú alertó que “la averiguación de antecedentes sigue vigente en todo el país, los Códigos de Faltas son peores que los que estaban en 1991, como por ejemplo el de la Ciudad. Y todas las reformas de los códigos se hicieron con un carácter represivo”.

Para recordar a Walter y mantener vivo el reclamo contra la impunidad, el sábado 23 desde las 16 se hará una radio abierta en Parque Centenario, el miércoles 27 se estrenará el video Yo Sabía en el hotel Bauen, y el 6 de mayo se hará un festival en Plaza Houssay.

Informe: Leonardo Rossi.

Dos firmas internacionales decidieron retirar su pauta publicitaria de la revista El Guardián, propiedad del ex banquero menemista Raúl Moneta, luego de que uno de sus periodistas se expresara en una columna semanal en términos ofensivos contra una activista que promueve una campaña para oponerse al acoso callejero y los piropos ofensivos. “Me encantaría romperle el argumento a pijazos”, escribió. En su blog personal fue aún más explícito. La frase generó una campaña internacional, con escasa repercusión en el país, a través de la cual se solicitó el despido o una suspensión de tres meses del columnista y el retiro de los anunciantes de la revista y derivó en la apertura de un expediente en el Inadi. Es la primera vez que dos grandes compañías –una fabricante de autos y una reconocida marca de indumentaria– toman la resolución de castigar a una publicación en la Argentina, suspendiendo campañas publicitarias, por avalar un comentario cargado de violencia machista. La revista ofreció disculparse públicamente y darle espacio a la activista para difundir sus ideas y las de su entidad.

La polémica se originó a partir de una columna firmada por el escritor y periodista Juan Terranova, titulada “Arte, provocación y guarradas en las calles”, publicada por El Guardián en su edición del 3 de marzo. Allí, Terranova aludió a la campaña que lanzó en Buenos Aires una joven curadora de arte porteña, Inti María Tidball-Binz, para concientizar y combatir los piropos agresivos, entendiéndolos como violencia simbólica por razones de género. Terranova tomó como fuente una nota de Página/12 del 21 de febrero, que dio cuenta de la movida local, lanzada a nivel internacional por la organización Atrévete/Hollaback!, de la cual Tidball-Binz es líder regional. Después de criticar la iniciativa con un tono burlón, descalificándola, Terranova cierra su columna con la siguiente frase: “Termino así con un deseo para este 2011: encontrar a Inti María Tidball-Binz en un vernissage, tomar juntos una copa y luego decirle que me encantaría romperle el argumento a pijazos”. La versión que Terranova publicó en su blog personal dice “culo” en lugar de “argumento”. Según pudo saber este diario, el editor de la Sección Cultura de la revista, Sergio Olguín, le sugirió el cambio de términos.

Tidball-Binz se sintió agredida. Entendió las palabras de Terranova como una incitación a la violencia y una amenaza. “Terranova hizo amenazas explícitas de violación y utilizó un lenguaje que es ofensivo y que puede tener consecuencias violentas en la vida real”, opinó en diálogo con este diario. El tema trascendió las fronteras del país. Desde la dirección internacional de Atrévete/Hollaback!, en Estados Unidos, decidieron rápidamente promover una campaña internacional para reclamar el despido de Terranova y presionar a dos grandes auspiciantes de la revista para que le quitaran el respaldo publicitario. La organización nació en Nueva York y tiene representantes en distintas ciudades norteamericanas y europeas. La campaña se motorizó a través del sitio web change.org, una plataforma de activismo con unos 3,5 millones de visitantes mensuales. Más de 3500 personas de 75 países firmaron en pocos días la petición.

El Inadi se enteró y decidió abrir una actuación para evaluar si Terranova había incurrido en una conducta discriminatoria. A la vez contactó a Tidball-Binz para ver si ella quería realizar una denuncia. Tidball-Binz la hizo. Uno de los auspiciantes, fabricante de autos, también efectuó una presentación ante el Inadi con el fin de tener un pronunciamiento oficial, más allá de la presión de la campaña internacional, para poder tomar una decisión en relación a la publicidad. Por el momento, según confirmó el vocero de la compañía en la Argentina a este diario, decidieron suspender la pauta publicitaria. La firma de indumentaria describió lo expresado en la columna de Terranova como “ideas ofensivas” que van en contra de los valores de la empresa y confirmó que “no tienen ningún plan de publicidad en el futuro con esta revista”. El Inadi se pronunciará en los próximos días. En el organismo están elaborando el dictamen.

Más allá del caso puntual, queda como antecedente en el país la decisión de dos grandes anunciantes de retirar su publicidad ante la presencia en medios de comunicación de mensajes discriminatorios y sexistas.

Era viernes de abril y habíamos quedado con un amigo en encontrarnos frente al estadio. Al costado de una de las puertas de entrada, esperaba un colectivo de línea vacío.

“Circulen, circulen. No puede permanecer nadie quieto”, repetían los hombres de azul. En esos tiempos, los edictos policiales todavía tenían legalidad y servían para legitimar el autoritarismo policial. Cuando llegó mi amigo hicimos un pequeño comentario sobre la densidad de los policías, volví a observar el colectivo de línea vacío en la puerta y entramos al estadio Obras Sanitarias a participar de esa ceremonia y espacio de libertad que eran los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Di por hecho que se iban a llevar a varios chicos que no tuvieran entradas o que eran menores. Era una práctica habitual y los adolescentes y jóvenes que dábamos vueltas por los recitales estábamos acostumbrados a que sucediera este tipo de redadas.

Era 19 de abril de 1991 y uno de los tantos chicos que subieron por la fuerza al colectivo que estaba en la puerta iba a morir días después por la agresión y tortura recibidas en la comisaría. A Walter Bulacio lo llevaron como a tantos miles de jóvenes que en la historia argentina se llevó la Policía Federal. Y recibió una golpiza como tantas miles de veces sucedió y sigue sucediendo.

La banda comenzó el recital con unos de sus himnos contra la represión: “Nuestro amo juega al esclavo”. Cuando finaliza el tema, el Indio Solari se solidariza con un pibe de la banda de Aldo Bonzi, barrio del conurbano donde vivía Walter Bulacio. No era un mensaje para él, pero uno no puede dejar de pensar en esas paradojas del destino.

El asesinato de Walter nos marcó a cientos de jóvenes de aquellos años y seguirá siendo una marca que llevaremos el resto de nuestras vidas. Fue sentir en carne propia por primera vez que cualquiera de no-sotros podría haber sufrido ese final o que cualquiera de nuestros amigos podría haber sido la nueva víctima de la represión policial. Ese impacto inexorablemente marca los destinos.

Recordemos un poco qué pasaba en esos tiempos: estábamos en la oscura era del neoliberalismo, hacía pocos días la economía argentina entraba en ese terrible despojo que fue el Plan de Convertibilidad, se caía el Muro de Berlín, desaparecía la Unión Soviética; era el fin de las ideologías; empezaba la pizza con champán, los duros tiempos de individualismo, corrupción y sindicalistas convertidos en empresarios. Teníamos un Congreso que avalaba mayoritariamente la venta del patrimonio público y se profundizaba una ruptura de lazos sociales que todavía intentamos reconstruir.

En ese contexto, a los pocos días de la muerte, la familia y los amigos convocaron a una Marcha del Silencio, desde la escuela donde estudiaba Walter hasta el Congreso nacional. Al finalizar, un hecho inédito: miles de adolescentes y jóvenes marcharon por Callao, Corrientes y luego hasta Plaza de Mayo cantando canciones de los Redondos y consignas contra la policía. Iban en una anárquica procesión, sin banderas partidarias, sin organización previa y con las consignas que surgían momentáneamente. A la luz de los años, fue un fuerte signo de los tiempos que vendrían, en relación con la inorgánica participación juvenil en causas sociales y políticas.

Recordando aquellos días es imposible olvidar el terrible sufrimiento de los familiares de Walter: fundamentalmente su hermana, sus padres y su abuela. El padre murió a los 46 años. A la terrible pérdida del hijo, se le sumó el despido laboral. Algunos reportes periodísticos dan cuenta de que parte de la familia cayó en profundas depresiones. La abuela de Walter, doña María Ramona, siguió inconmovible en la lucha, a pesar de algunas enfermedades o los achaques de la vida y se transformó en la cara pública del caso. La recuerdo en muchas marchas y actos, con su pelo blanco, sus grandes anteojos y la foto de su nieto siempre presente. Hoy sigue la pelea para que vuelvan a juzgar al principal imputado del caso, el comisario Espósito.

Walter se fue transformando en símbolo, en nuestro muerto, el amigo, el compañero, el que participaba de la cofradía ricotera, el que laburaba de cadie.

La respuesta de la banda fue ambigua o poco convencional. La militancia y los sectores más politizados esperaban una respuesta más clásica, más “militante”. Un recital de repudio, declaraciones en la prensa o encabezar marchas. No pasó nada de eso. El grupo largó una carta pública y luego se llamó a silencio durante meses. En muchos recitales el Indio lo recordó y en las entrevistas suele volver sobre el tema.

Pero mientras el grupo no tenía la respuesta “clásica” frente a un hecho sucedido en las puertas de un recital propio, y recibió infinidad de críticas y agresiones por esta actitud, la respuesta de los seguidores fue comprensiva o tolerante con la banda, aunque muchos de ellos seguían participando de las marchas y homenajes. Tan compleja era la época, que luego del asesinato de Walter la banda se masificó hasta convertirse en el grupo de rock más grande del país.

Han pasado veinte años. No es nada y es demasiado. El país vive otra realidad en muchos aspectos, pero el asesino Espósito sigue caminando libremente por la calle. Quizás este año haya juicio oral gracias a la pelea de la familia y de organismos como la Correpi.

Actualmente la Policía Federal se encuentra en un intento de recomposición que esperábamos hace tiempo. La permanencia de esas prácticas que causan vergüenza nacional también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de apoyar algunas políticas de Estado que puedan perdurar más allá de los gobiernos.

Veinte años después vivimos en un país que cambió, que sigue teniendo rincones oscuros, pero que intenta mejorar su destino colectivamente. Siento que habrá algo de justicia sólo si logramos construir una sociedad donde los adolescentes y jóvenes dejen de ser vistos como un peligro social o seres a los cuales la sociedad debe domesticar para que nada cambie.

* Periodista y docente (www.radiosudaca.com.ar)

Un nene de 11 años, que el año pasado salvó su vida tras ser sometido a un trasplante de corazón, murió junto con su papá en un choque en la Ruta Nacional 3, cerca de la ciudad bonaerense de Azul. El impacto ocurrió el domingo pasado durante la mañana, cuando un camión, que se cruzó de carril, chocó de frente contra el auto en el que viajaba la familia, oriunda de Tres Arroyos.

Producto del violento choque, el nene murió en el acto mientras que sus padres, Gustavo Alberto Sciotti, de 41 años, y Roxana Corradino, de 39, fueron trasladados al Hospital de Azul. Allí, horas después murió el hombre en tanto que la mujer continuaba ayer internada fuera de peligro. El chofer del camión, que sufrió heridas leves, quedó detenido al comprobarse exceso de alcohol en sangre, ya que las pruebas dieron que tenía un índice de 1,01 cuando lo permitido es 0,50.

Mediante una audiencia pública, el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires (OPDS) presentará hoy un proyecto de ley para proteger los bosques bonaerenses. El ente gubernamental delimitó cuatro zonas boscosas y a partir de ese ordenamiento clasificará el tipo de resguardo que merece cada región. La iniciativa, enmarcada en la Ley de Bosques nacional que se reglamentó en 2009, menciona tres tipos de niveles de protección, que van desde la prohibición de toda actividad en un bosque determinado hasta el permiso para desmontar, previo estudio de impacto ambiental. La cita de hoy en la Legislatura provincial es el primer paso de una serie de debates y foros para que la propuesta se convierta en norma.

El OPDS identificó cuatro sectores de bosques nativos bonaerenses. El Delta y su bosque ribereño, que va desde Tigre hasta Ensenada; el Talar de Barranca, que comprende la zona de San Nicolás, San Pedro y Ramallo, y llega a San Isidro; el Talar de Albardón, región que conecta desde Berazategui hasta Pinamar y Mar del Plata, y el Monte de Espinal, localizado en el sur bonaerense –Carmen de Patagones, Tornquist y Bahía Blanca–.

Luego de zonificar los bosques, “se hace una categorización”, explicó a Página/12 Germán Larrán, director de Recursos Naturales del OPDS. Para delimitar categorías, “se evalúa, por ejemplo, si el bosque está cerca o atravesado por un curso de agua, si forma parte de un área protegida, si posee un humedal, si es conector de ecosistemas. Todo eso permite ponderar cada región”, describió el funcionario. Para efectuar esa tarea, según dijo Larrán, se trabajó junto con organismos estatales como los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Asuntos Agrarios (Buenos Aires), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y con técnicos de las universidades de La Plata, Buenos Aires, General San Martín, y del Sur.

Cada región será clasificada según el nivel de protección que se considere necesaria. De acuerdo con cada categoría “se va a poder presentar un plan de manejo, conservación o aprovechamiento”, apuntó el director de Recursos Naturales del OPDS. El plan de conservación –zonas identificadas con el color rojo–, “no permite ningún tipo de actividad más que conservar el bosque”. En ese caso se podrán realizar “sólo determinadas actividades científicas”, puntualizó. En los bosques clasificados con el amarillo habrá dos alternativas. Por un lado, existen planes de conservación en los que “además de lo científico se permite, por ejemplo, el turismo ecológico”. La otra opción es un “plan de aprovechamiento, de manejo sustentable, como por ejemplo la práctica ganadera mediante la utilización del bosque nativo” como fuente alimentaria de los vacunos, indicó Larrán. Y, por último, está la categoría verde. En esos bosques “se pueden utilizar los dos planes anteriores, o bien un plan de aprovechamiento con modificación de suelo”. Es decir, que “se permite el desmonte, previo estudio de impacto ambiental”, sostuvo el directivo.

Hoy, en la Cámara de Diputados bonaerense, organizaciones ambientales harán sus aportes a esta iniciativa. El marco metodológico para constituir la norma “requiere un proceso participativo” y en esa línea “se harán talleres por regiones”, se comprometió Larrán, antes de presentar a la ciudadanía la propuesta gubernamental.

Informe: Leonardo Rossi.

A una semana de iniciado, el acampe de 23 familias desalojadas en la calle México al 1200 cesará hoy por orden del juez porteño Roberto Gallardo, quien dispuso al Gobierno de la Ciudad dos pasos: el primero, que esta mañana el Ministerio de Desarrollo Social pague un subsidio unificado de siete mil pesos a cada una de las familias; el segundo, que el 2 de mayo, autoridades del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), la Corporación Buenos Aires Sur y el Poder Ejecutivo porteño se reúnan con los vecinos desalojados para diseñar una solución habitacional al conflicto.

La resolución de Gallardo, dada a conocer en una audiencia a la que no asistió la ministra María Eugenia Vidal, indica que el Ministerio de Desarrollo Social a su cargo debe entregar a cada una de las familias que constan en el relevamiento previo al desalojo de la vivienda un total de siete mil pesos. El número resulta de la unificación de las 10 cuotas de 700 pesos que, en principio, había ofrecido como solución Vidal.

Al cierre de esta edición, los vecinos de la casa desalojada, de México 1220, se disponían a pasar la última noche en el acampe en la cuadra de México entre Santiago del Estero y Salta. Esta mañana, las familias concurrirán a la sede del Ministerio de Desarrollo a retirar el pago del subsidio, que se entregará con el compromiso de desalojar la calzada. Anoche todavía permanecía como una incógnita adónde se dirigirían después: son alrededor de 100 personas, algo más de la mitad de ellos menores de edad.

Uno de los vecinos, Gustavo Horquera, reiteró que el levantamiento del acampe que sucederá hoy no es la solución definitiva, sino que ella comenzará a diseñarse en las próximas semanas. “El 2 de mayo –insistió– tenemos una audiencia en Avenida de Mayo al 600 con gente de la Secretaría de Vivienda, donde se tratará de darnos una solución, si no seguiremos con la protesta.”

Las 23 familias fueron desalojadas de la casa de México 1220 en la mañana del lunes pasado. En diálogo con este diario, varios de esos vecinos, que pagaban allí un alquiler, aseguraron no haber sido advertidos previamente de que eso sucedería.

Tras el incidente ocurrido el domingo pasado en la guardia del Hospital Santojanni, donde un hombre apuñaló a un paciente por una pendencia barrial, el jefe de Gobierno porteño atribuyó el hecho a la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de retirar a la Policía Federal de los edificios públicos de la ciudad. Habló de “abandono” e instó a la ministra Garré a que “reciba a las autoridades de los médicos municipales” que exigen presencia policial en los hospitales. Desde ese ministerio le recordaron a Mauricio Macri que “se trata de sus empleados y de sus hospitales” y a los empleados que “deben utilizar los canales administrativos que ofrece la ciudad de Buenos Aires para protestar”. El gobierno porteño debe casi 28 millones de pesos por el servicio de adicionales que brindaba la Policía Federal.

El jefe de Gobierno porteño insistió en responsabilizar al gobierno nacional por el ataque en la guardia del Santojanni y señaló: “Los hospitales están funcionando gracias a las soluciones que dimos nosotros (contrataron seguridad privada)”. La fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación consultada por este diario aclaró el silencio oficial: “No vamos a estar toda la vida contestándole a Macri, no tenemos tanto tiempo libre como él”. Luego aconsejó a los médicos que eleven sus demandas al Ministerio de Salud porteño. “Es la jurisdicción que corresponde”, agregó. Por su parte, el legislador opositor Sergio Abrevaya reclamó la presencia de la Metropolitana y criticó a Macri por “desentenderse de esto”.

En diálogo con Página/12, Marcelo Struminger, titular de la filial del Santojanni de la Asociación de Médicos Municipales, se refirió al hecho policial ocurrido el domingo: “Nosotros creemos que si en la guardia había un policía, el tipo que acuchilló lo hubiera pensado dos veces. No importa si es un Policía Federal, de la Metropolitana o un empleado de Seguridad Privada”. Struminger informó que antes de que se retiraran los agentes de la Policía Federal, siempre había al menos cinco uniformados y también personal de una empresa de seguridad privada, distribuidos en todo el hospital.

El herido se llama Sergio Paravagna y anoche descansaba en la sala de Recuperación y Shock, no tuvo complicaciones tras la operación “y su evolución es satisfactoria hasta el momento”, según informaron ayer desde el Hospital Santojanni. El domingo pasado a las diez, Paravagna, de 22 años, fue a la guardia de ese hospital porque, según relató su padre, que lo acompañó, había recibido un corte en la mano durante una pelea doméstica. Lo atacaron mientras esperaba ser atendido.

Según pudo verse en un video de una cámara del hospital difundido ayer, el atacante sale de un pasillo que conecta con los consultorios acompañado de una mujer y se dirige a la salida. Luego regresa solo, abre la puerta y luego de buscar a su víctima, que está sentada al lado de una máquina de gaseosas, se acerca y le clava un cuchillo en pecho, cerca del cuello. Rubén Paravagna, padre de Sergio, se levanta para detenerlo pero no lo consigue. La versión de los familiares es que el atacante acusaba al joven de intentar asaltar la peluquería de su novia, a dos cuadras del hospital.

Rubén Paravagna aseguró que mientras caminaba con su hijo hacia la guardia éste se desvaneció, golpeó contra la puerta del comercio en Acassuso al 6600 y, sin quererlo, abrió la puerta. La dueña y su novio salieron a la calle, los insultaron y más tarde los alcanzaron en la sala de espera de la guardia. La denuncia fue radicada en seccional 42ª de la policía federal y quedó a cargo del fiscal Lucio Herrera. Según fuentes judiciales, el supuesto agresor ya fue identificado, al igual que su domicilio en Belgrano, pero aún sigue prófugo.

En la tarde del viernes pasado, a 30 metros de un CeSaC (Centro de Salud Comunitaria) cerrado, un hombre sufrió un ACV y murió tras 20 minutos de padecer convulsiones. La ambulancia del Hospital Santojanni, adonde los vecinos habían llamado para alertar sobre la urgencia, llegó 30 minutos después del fallecimiento. José María Veira había muerto, aparentemente tras haber padecido una sucesión de paros cardíacos, rodeado de sus vecinos y de los oficiales de la Policía Federal encargados de custodiar el CeSaC 3, de Villa Lugano, cerrado, según los vecinos, “desde hace tres meses”. Ayer en la tarde, habitantes de Lugano 1 y 2 se concentraron ante la puerta del CeSaC, en reclamo de explicaciones por la demora de aquella ambulancia, pero también, explicó uno de los vecinos al micrófono, “para que la salita sea reabierta, porque es la salud de nosotros, es la salud del barrio”. En diálogo con este diario, algunos vecinos señalaron que no es la primera muerte acaecida en las calles del barrio por falta de atención médica. “Nos dicen que es zona roja y no quieren venir.”

El viernes 15, alrededor de las 18.30, Veira sufrió un ACV apenas llegaba a la puerta del edificio 113 de Lugano 1 y 2. Algunos vecinos intentaron asistirlo, mientras aguardaban la ambulancia que ya habían llamado. Los últimos minutos de Veira, padre de tres niñas de entre 10 y 15 años, sucedieron a 30 metros del CeSaC 3, cerrado, explicaron los vecinos, desde hace tres meses, es decir, desde antes de que comenzara el debate acerca de quién debía custodiar los centros de salud. La salita, de todos modos, cerrada o abierta, contó siempre con la custodia de efectivos de la Policía Federal, aseguraron a este diario vecinos del barrio. Sin embargo, según señaló Sandra, quien vive a un piso de distancia del departamento de la familia Veira, el CeSaC 3 “desde hace tres años cierra cada tanto. Y si abre, un día venís porque tenés mal a tu hijo y no vino el pediatra, otro día no vino el clínico. Te dicen ‘andá al hospitalito’, ahí en avenida Cruz (a unas 20 cuadras del lugar), pero tampoco hay nada”.

Durante su horario de atención, los CeSaC disponen de una ambulancia permanentemente. En este caso, la falta de atención en el lugar derivó, por ello, en falta de ambulancia. “Si hubiera estado, por lo menos a la familia (de Veira) le quedaría el consuelo de que la ambulancia llegó, lo trasladó al hospital y se pudo hacer algo. Pero tardó casi una hora en llegar. El vecino se murió en nuestros brazos.” Mañana, a las 19, los vecinos volverán a concentrarse en la puerta de la sala, en Soldado de la Frontera 5085.

“Ella dijo que mi hijo murió luego de nacer pero está vivo.” Esa fue la denuncia penal que efectuó un joven de 19 años, acompañado de su madre, contra una joven de 24 años que había tenido un bebé hacía pocos días, en la localidad santiagueña de Frías. Resultó que el nene estaba en la casa de un médico a quien la madre se lo había dejado “para que lo cuidara por unos días”, porque “ella no podía asistirlo en esos días”, según explicó a este diario una fuente judicial. Además, según la madre –que es soltera e inscribió al bebé con su apellido–, el nene no es hijo del joven que, acompañado de su madre, había hecho la denuncia. El médico que cuidó al bebé explicó a este diario que “la madre me pidió hacerme cargo de su tratamiento médico por unos días”. El bebé, que se halla en buen estado, quedó internado para chequeos en el hospital de Frías; la jueza interviniente, Gabriela Núñez de Cheble, otorgó provisoriamente la guarda a la abuela materna.

El viernes pasado, Jorge Gerardo Córdoba, de 19 años, se presentó en una comisaría de la localidad de Frías, Santiago del Estero, junto con su madre, Cristina del Valle Bulacio: denunciaron a una joven de 24 años, residente en la localidad de Icaño, Catamarca, que pocos días antes había tenido un bebé en una clínica privada de Frías.

Según Córdoba y su madre, la joven era su novia, el bebé era suyo y ella le había dicho que el bebé había nacido muerto y su cuerpo iba a ser cremado, pero ellos sospechaban que el bebé había sido entregado irregularmente a otra familia.

El sábado, la madre del bebé se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera del Menor y la Mujer. Empezó por demostrar que, el martes 12 de abril, el recién nacido había sido anotado en el Registro Civil de Frías con el apellido de la madre, lo cual restaba verosimilitud a la denuncia de usurpación de identidad. Explicó que el recién nacido se hallaba temporariamente bajo cuidado del médico Eduardo Lazo, que lo tenía en su domicilio. Lazo se desempeña en la clínica donde había nacido el bebé. Intervino la jueza del Crimen de Frías, Gabriela Núñez de Cheble. Ese mismo sábado, el médico restituyó al bebé, que quedó internado en el hospital zonal.

Según relató una fuente judicial, “la madre del niño explicó que lo había entregado por unos días a otra persona para su cuidado, ya que ella no podía asistirlo en esos días. El sábado pasado la persona que lo tenía lo entregó a su vez y quedó internado en el hospital zonal de Frías para hacerle todos los controles necesarios; desde ya me comunicaron que está bien de salud”.

La fuente judicial destacó que “todo lo actuado fue con intervención de la defensora de menores de turno y con la Subsecretaría del Menor y la Familia de la Nación. El niño fue inscripto con su apellido por la progenitora, de modo que no hubo supresión de su identidad personal”. Si bien en principio no habría delito, “de todos modos la jueza estudiará la causa a fin de ver si corresponde imputar o se procederá a tomar declaraciones y archivar”.

La fuente judicial confirmó que no hay acreditación de paternidad respecto del joven denunciante, ya que “la madre, en su declaración, manifestó que él no sería el padre”.

En cuanto a la guarda del recién nacido, en forma provisoria, se ordenó que quede internado en el hospital, para control clínico, bajo cuidado de su abuela materna. Núñez de Cheble no es la jueza competente para resolver en definitiva sobre la situación del menor.

El médico Eduardo Lazo, quien cuidó al bebé desde el martes de la semana pasada hasta el sábado, explicó a este diario que “el bebé nació prematuro, cuatro semanas antes de lo previsto, y la madre me pidió hacerme cargo de su tratamiento médico por unos días”. Lazo, que no es obstetra, aclaró que no atendió el parto, y que conocía a la madre “porque la había atendido en consultas médicas”.

Un fallo de la Sala 1 de la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas porteña resolvió el de-salojo de lo que se conoce como La Veredita o Villa Vereda, un asentamiento ubicado en el Bajo Flores que se levantó a fines de 2010. El Tribunal integrado por los jueces Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Sergio Delgado ratificó así una sentencia de primera instancia del Juzgado Nº 16, a cargo de Claudia Alvaro. La medida, que se conoció ayer, dispone que intervengan la Policía Federal y Gendarmería con la colaboración de la Metropolitana en “el allanamiento y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda, como asimismo el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que ocupen las aceras y calzadas de la calle Riestra, desde Lafuente hasta Portela y aceras y calzadas de la calle Portela, desde avenida Castañares hasta Riestra. Asimismo, se deberá proceder a la identificación y de-salojo de las personas que residen en dicho espacio público”.

La investigación judicial se inició cuando entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre del año pasado fueron ocupadas las veredas que bordean predios de la Corporación Buenos Aires Sur, el club Argentinos Juniors, el laboratorio oncológico Disprofarma y el Instituto Cultural Marianista (que se presentó como querellante). Los abogados Claudia Scarlata y Nicolás Cura, de la Procuración General de la ciudad, también solicitaron el inmediato desalojo y restitución de un predio ubicado en la misma zona. La jueza Alvaro tiene que determinar ahora cuándo se realizará el desalojo, aunque del fallo de la Cámara se desprende que no le resultará sencillo contar con las fuerzas de seguridad mencionadas. Ya lo había ordenado el 21 de febrero pasado, pero no se pudo cumplir por “razones operativas”.

Cuando fue notificada del caso, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, según el fallo respondió que “la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, con excepción de la jurisdicción federal, es competencia en la ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público y el Poder Judicial locales” y que la función de auxiliar de la Justicia debe cumplirla “el órgano natural que las leyes de la ciudad han constituido y programado para ello: la Policía Metropolitana”. Por su parte, el jefe de esta fuerza, Eugenio Burzaco, adujo que “no posee los recursos humanos ni materiales como para llevar a cabo unilateralmente el allanamiento y desalojo encomendados y a la vez garantizar la seguridad posterior y evitar futuras intromisiones”.

El defensor oficial, Javier De la Fuente, había solicitado en el proceso “la urgente suspensión del desalojo” hasta tanto la resolución quedara firme y justificó su intervención en que la medida ocasionaba un daño “irreparable a sus defendidos” porque “innumerables familias deben abandonar sus viviendas y quedar, en muchos casos, en situación de calle, sin un lugar en el que vivir”. Además, cuestionó la aplicación del Código Penal y señaló que lo apropiado hubiera sido la intervención del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, luego de citar un texto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Estos argumentos fueron refutados por los camaristas, que no descartaron “la existencia de delito” y para ello se apoyaron en el argumento que “de modo genérico es dable distinguir la ocupación transitoria de aquella que adquiere permanencia. Así, en tanto la ocupación sea transitoria, la acción puede encuadrar en las previsiones del artículo 41 del Código Contravencional; mientras que de ser permanente, si confluyen los demás requisitos, configuraría el delito previsto en el artículo 181 del Código Penal”.