Página#12 Libre

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el sobreseimiento del ex fiscal Roberto Domingo Mazzoni en el marco de lo que se conoce como causa Caballero residual (la segunda parte del juicio oral y público que se les sigue a diez policías y dos militares chaqueños, todos jubilados y retirados).

El fallo revoca el sobreseimiento dictado por el conjuez Juan Carlos Piñero a favor de Mazzoni, acusado de ser partícipe de los tormentos que sufrieran detenidos políticos durante la última dictadura militar.

La fiscalía había acusado al ex fiscal por asociación ilícita, junto a nombres como el de Gabino Manader, ex policía y hombre de peso en lo que se llamó la patota de la Brigada de Investigaciones, actualmente juzgado por tormentos agravados.

En concreto, la Cámara Federal de Apelaciones deja sentado que Mazzoni, en la década del ’70, como secretario del juzgado federal participó en distintos allanamientos y procedimientos realizados por la patota, en los que hubo torturas.

Durante el juicio por la causa Caballero, dos testigos identificaron a Mazzoni. En la undécima primera jornada del juicio, lo hizo Hugo Barúa. En la decimotercera audiencia, la docente Gregoria Pérez.

Barúa recordó así la participación del ex fiscal: “No bien me detuvieron, en una pieza de mi casa comenzaron a pegarme (Gabino) Manader (imputado) y José María Cardozo, que usaba la pistola como maza. Observaba esa golpiza Mazzoni”, afirmó. “Espero que alguna vez lo traigan acá (en referencia al banquillo de los acusados), porque la complicidad del Poder Judicial en esta provincia es increíble”, completó la declaración. Tal vez su pedido se termine cumpliendo.

La jornada pintaba tediosa con los testigos propuestos por la defensa. Pero Daniel Aguirre, un municipal jubilado que trabajó como sepulturero, disparó ayer un dato revelador cuando declaraba como testigo en el juicio por la Masacre de Margarita Belén, en el Chaco: mientras eran enterrados los cuerpos de los fusilados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, ya se hablaba de masacre.

El testigo que convocó la defensa terminó aportando datos más valiosos para las querellas y los fiscales que para el interés de los acusados. Es que cada vez que el sepulturero Aguirre hacía memoria, enterraba más la estrategia de los abogados de los ocho militares y el policía que están siendo juzgados en Resistencia. Comenzó dubitativo, con datos que fueron marcados como contradictorios a los de su declaración en instrucción. Finalmente, se quedó con la versión original: enterró 10 u 11 cuerpos traídos en dos tandas por la policía y el Ejército. Comenzó a la madrugada, cuando lo fueron a buscar hasta su casa.

Aguirre no sólo ratificó los datos periodísticos, como la sepultura en la Letra G sector 12, sino que además aportó el dato que bajó la persiana a la audiencia: “Me enteré ese día, porque cuando terminé ya se hablaba de masacre”, afirmó. Le preguntaron cómo se enteró de ese dato: “Es lo que hablaban los policías y la gente que estaba ahí” para visitar a sus muertos.

El jueves había declarado el licenciado en criminalística Miguel Nieva, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Nieva realizó una exposición contundente. Explicó las etapas del trabajo de investigación, exhumación y análisis de los restos óseos pertenecientes a cinco asesinados en la Masacre de Margarita Belén: Carlos Zamudio, Emma Cabral, Luis Díaz, Alcides Bosch y Carlos Duarte. El primero presentaba “una fractura de fémur izquierdo al momento de la muerte” y los dos últimos, “orificios de bala en el cráneo, con una trayectoria desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”.

Explicó el estado de los restos óseos y los distintos rastros de las heridas que encontró en ellos. Después de la exhumación se realizaron análisis en laboratorio: placas de radiografía y estudios de odontología, entre otros exámenes.

Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo. “Este tipo de lesiones se producen en el momento circundante a la muerte, antes o muy poco después. El golpe tiene que haber venido desde adelante, se descarta que haya sido originado por un proyectil, y devela mucha energía”, precisó.

En el caso de Díaz, se encontraron con un esqueleto muy degradado por el paso el tiempo, por lo cual no pudieron constatar lesiones. Las de Duarte y Bosch presentaban el cráneo con orificios compatibles con el ingreso de un proyectil. Pudo reconstruirse la trayectoria, lo cual develó que ambos fueron ejecutados desde atrás y a muy corta distancia. “Este tipo de lesiones, producto de ejecuciones, es típica en las exhumaciones que realizamos en el EAAF”, contó Nieva.

Una empleada municipal llamada Norma Godoy de Arias reveló en el juicio por la masacre de Margarita Belén, en el Chaco, que una compañera suya que trabajaba en el cementerio de Resistencia y su esposo permanecen desaparecidos desde poco tiempo después de que las víctimas de la masacre fueran enterradas a la madrugada en ese lugar.

La declaración se produjo en este contexto: en principio, la mujer estaba visiblemente nerviosa, pero a la vez clara cada vez que tenía que responder preguntas. Relató que el 15 de diciembre de 1976 tuvo que asentar en los libros que diez cuerpos fueron enterrados en horas de la madrugada. “No es común, siempre los servicios son en el horario de atención que comienza después de las 6. Lo hicieron a la madrugada. Lo obligaron al capataz Centurión (fallecido) a cavar”, narró. Fue el mismo Centurión el que confeccionó los papeles de donde Godoy copió lo que iba asentado en los libros, con varios NN. El mismo capataz le contó a Norma que enterraron cuerpos en bolsas y en cajones cerrados. “A los que estaban en bolsas, los enterraron así nomás, no tenían ni una cruz para identificarlos”, contó la mujer, que de todas maneras aclaró que a las administrativas –como su caso– no las dejaban acercarse a esa parte del San Francisco Solano.

Lo que vino después fue un calvario: “Estábamos bajo amenazas de militares. Vos nos digas nada porque vas a tener problemas o te va a pasar como a ellos, me dijo Centurión”, relató. Según Norma, los trabajadores eran perseguidos hasta sus domicilios y llegaron a colocar en la administración del cementerio a un militar: “El Negro” Juárez, quien controlaba todo el movimiento.

El cuadro se completó con la desaparición de su compañera Carmen “Pelusa” Ferreira. Con esa presión, Godoy renunció como administrativa del cementerio en 1981, para ser reincorporada a la comuna de Resistencia hace cinco años. Antes de renunciar, “se entregaron cuerpos a los familiares, o nosotros suponíamos que lo eran. Muchos otros siguen ahí” en el cementerio, finalizó.

Abrieron la ronda de testigos del jueves los ex presos políticos Julio Coscio y Jorge “Mencho” Campos, ambos militantes de la JP Regional 4ª y con similares lecturas de la masacre de Margarita Belén: se aplicó la ley de fugas, ante un supuesto enfrentamiento imposible de que se produjera.

La declaración de Coscio, acompañada por una barra formoseña, molestó en varias oportunidades a los imputados, pero, principalmente a sus familiares. Las esposas de Aldo Martínez Segón y Horacio Losito, sentadas juntas en algunos momentos, realizaban exclamaciones.

Mencho, que nerviosamente se frotaba la mano en la pierna izquierda, contó: “Entre los imputados está sentado Aldo Martínez Segón, que fue mi abogado defensor cuando en 1979 me sometieron a Consejo de Guerra”.

Primera reacción: sorpresa. Acto seguido: risas –público, abogados, jueces y hasta los imputados– ante la ironía del destino. El diminuto (físicamente) Martínez Segón, incómodo, trataba de ocultarse en segunda fila, tras la inmensa humanidad de Luis Alberto Patetta, otro de los imputados.

Campos recordó que en 1979, tras recobrar por unos días la libertad, fue nuevamente detenido y sometido a Consejo de Guerra en el Regimiento de La Liguaria. Recién recuperó su libertad en 1983, ya con Raúl Alfonsín como presidente.

Desde Resistencia, Chaco

El ex preso político Jorge Giles, autor del libro Allí va la vida, en el que relata la Masacre de Margarita Belén, contó ante el tribunal cómo un agente del Servicio Penitenciario le anticipó los nombres de los detenidos que iban a ser fusilados. Detalló las últimas horas de los presos, que fueron sacados de la U7, para llevarlos a ser torturados en la alcaidía policial, subidos a un convoy militar para ser trasladados a Formosa, y fusilados en el camino, cerca de Margarita Belén, fraguando un intento de fuga, el 13 de diciembre de 1976. En el último día de audiencias previo al receso invernal también declararon Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles. Cruces entre las partes signaron una jornada en que la sala estaba abarrotada de familiares.

La lista

A Giles, en realidad, lo arrestan en el interior provincial, en Villa Angela, en abril de 1975. Luego de torturarlo lo llevan a la alcaidía de Sáenz Peña, de allí a la Brigada de Investigaciones, donde sufrió más torturas, para después pasarlo a la alcaidía de Resistencia y finalmente a la U7.

Mucho antes de diciembre, los presos políticos alojados en el penal federal ya analizaban el peor de los escenarios, por tres razones:

1. Por una radio, escondida clandestinamente, se habían enterado de fusilamientos de presos políticos aplicando la Ley de Fugas.

2. Lo trasladan a Néstor Sala a Formosa, en el camino lo torturan y lo devuelven a la U 7.

3. Traslado del misionero Miguel Sánchez en el baúl de un automóvil. Tiempo después, entregaron el cadáver a su familia (relato ya conocido por otros testigos).

Pero, en realidad, el dato preciso lo dio un suboficial del Servicio Penitenciario Federal, quien le entregó a Giles un papel con la lista de presos políticos que iban a ser ejecutados, en una fecha aún no precisada, esquela que en la jerga carcelaria se denomina “paloma”.

El listado, de más de veinte personas, era encabezado por Sala y el propio Giles, así como también figuraba Aníbal Ponti. Sin embargo, ambos se salvan del traslado.

La despedida

Ese fatídico domingo 12 de diciembre, el Ejército rodeó la U7 e, inesperadamente, llegó el oficial Casco, de la guardia dura, que no debía estar de turno. Fue el propio SPF el que dio la noticia. Y fue Giles quien debió despertar a Sala, que estaba durmiendo la siesta en su celda, para comunicarle el traslado.

Antes de que los trasladados abandonaran el pabellón, el testigo, junto con Miguel Bampini, trató de pedir explicaciones. Pero no hubo respuesta, la orden estaba dada y el macabro plan de traslado ya estaba pergeñado. Fue en ese momento en que se produce la histórica despedida de Sala: “Compañeros, sé que éste no es un traslado más, es un traslado hacia la muerte. Les pido que les cuenten a mis hijos, a mi esposa, a mi pueblo, que muero con dignidad”. Entonces, grita la famosa frase de José de San Martín: “Libres o muertos, jamás esclavos”.

Entonces, los presos políticos llenaron la U7 con la Marcha Peronista, mientras veían cómo Sala se iba saludando con la V de la victoria. “No había sensación de miedo, sino de pérdida”, recordó Giles.

El después

La noticia del supuesto enfrentamiento del 13 de diciembre llegó por la radio clandestina, sintonizando una emisora brasileña: “Cada uno había perdido 10, 20 kilos, no estábamos en condiciones ni de jugar un partido de fútbol, mucho menos de intentar una fuga”, relató.

Más adelante, Giles tuvo la oportunidad de denunciar la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo intentó hacer ante el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, pero éste se limitó a decir: “No es mi competencia”.

Ya en democracia, con las leyes de impunidad y los indultos, llevó la denuncia ante el juez español Baltasar Garzón. El final fue con aplausos (incluido el irónico de Horacio Losito, imputado en la causa). Giles se abrazaba emocionado con el ex preso político Carlos Aranda.

Tras el receso invernal, continuará el desfile de testigos que darán cuenta sobre la planificación de los fusilamientos en el descampado de las afueras de la capital chaqueña.

Horacio Losito, uno de los militares imputados, se levantó inesperadamente. Habló con los abogados defensores y, de inmediato, otros seis compañeros de armas lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la sala de audiencias del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén.

El testigo Aníbal Ponti acababa de decir: “Ustedes, coronel, no sirven para la guerra sólo para torturar”. El testimonio rememoraba una chicana que el ex preso político le tiró a un militar –no pudo recordar el nombre– que le hizo “seguimiento ideológico” durante todo el tiempo que duró su detención durante la última dictadura.

Ocurrió en 1982, luego de la guerra de Malvinas, y justo antes de recuperar su libertad, mientras estaba detenido en Rawson. Fue este mismo coronel quien le informó que iba a salir, una semana antes de que el juez librara la orden judicial.

Ponti fue delegado provincial de Perón y miembro de Montoneros: “No tengo problemas en decirlo, se los juzga a ellos (señalando a los imputados) no a mí”. No bien salió de prisión, estuvo en el armado local de Intransigencia y Movilización, militando con, por ejemplo, la ministra de Defensa, Nilda Garré (mirada de la esposa del represor Losito, que repite entre dientes: “Garré, hay que anotar eso...”).

Ponti estuvo detenido en Gendarmería, alcaidía policial, fue liberado, vuelto a encarcelar en la U7, La Plata y Rawson. “Nunca pudo ocurrir un motín ni tratar de realizar un rescate en un traslado, porque las condiciones eran de máxima seguridad”, aseguró el testigo al refutar los intentos de justificación de la masacre por parte de los militares.

En la U7 de Resistencia, Ponti estaba en el Pabellón 1 –el de los irrecuperables–, entre otros, con Néstor Sala, Manuel Parodi Ocampo –víctimas de la Masacre de Margarita Belén–, Juan Carlos Dante Gullo, Horacio Domínguez, Raúl Coppello. También declaró que había “gran número de menores” en el penal.

“Sabíamos que iba a ocurrir, estábamos preparados. Habíamos acordado que al que le toque, salía. Lo decidimos para evitar que entren y todo sea incontrolable. Me acuerdo de Sala, saliendo y dando su discurso de despedida. Lo que no entendimos es por qué no llevaron a los que tenían mayor exposición pública”, manifestó ante el tribunal.

El fatídico día del traslado, “la U7 se vistió de verde”, narró Ponti para describir una situación atípica: la guardia externa estaba formada íntegramente por militares, ni uno del Servicio Penitenciario Federal.

Para ese entonces, los presos políticos estaban incomunicados extramuros e intramuros. Abundaba el lenguaje de señas, clave Morse y una radio clandestina onda corta y onda larga, “que todavía debe estar guardada entre los muros de la U7”, se jactó Ponti, que era el encargado de esconderla.

Por esa radio, un pedazo del diario El Territorio facilitado por un penitenciario que militaba en la JP, más los aportes de los presos políticos traídos desde la alcaidía –que estuvieron el día que hubo una tortura masiva en el comedor–, los presos de la U7 fueron armando el rompecabezas de lo que sucedió aquella madrugada del 13 de diciembre de 1976. También ayudó alguna información que le aportó su hermana Sara casi sobre fin de año. La visita excepcional fue tramitada por un militar al que Sara, miembro del equipo del doctor René Favaloro, le salvó la vida. De todas formas, la mujer terminó desapareciendo en las fauces de la ESMA. Ponti también accedió a un sobre anónimo, con sello del Ejército, entregado en el hotel donde pasaba la primera noche de bodas antes de partir de viaje, el 13 o 14 de diciembre de 1983. El hombre no recordaba la fecha debido a la ansiedad que lo devoraba por declarar por primera vez en un juicio oral tras 35 años de espera.

La ex presa política Mirta Clara declaró ayer durante dos horas en el juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén, fraguado intento de fuga en el que fue fusilado su esposo Néstor Carlos Sala. El otro testigo que pasó por los estrados fue Edwin Peco Tissenbaum, reconocido abogado del foro local y militante por los derechos humanos. Fue uno de los contados profesionales que aceptaron defender a presos políticos durante la dictadura. La historia de Mirta –que llevaba un prendedor con la foto de Néstor en su saco– y Peco está íntimamente ligada, ya que fue su abogado durante la última etapa de la mujer como presa política hasta lograr la libertad, ya casi con Raúl Alfonsín como presidente constitucional de los argentinos.

El 19 de noviembre de 1976 fue un calvario para Mirta Clara: le avisaron de un traslado a Villa Devoto. Le pusieron las esposas, la vendaron, encapucharon y engrillaron. Llevaba en brazos –como podía– a su hijo nacido en cautiverio: Juan Andrés, de sólo seis meses. Pero no llegó hasta el avión porque se lo arrancaron de los brazos. Interpol mediante, lo pudo recuperar de una guardería del Ministerio de Bienestar Social de Resistencia. En ese traslado, Mirta Clara fue con sus compañeras de cárcel: Nora Giménez de Valladares, que tenía sólo 18 años, y Elsa Quiroz, que hoy es diputada nacional. No pasó ni un mes, que el 11 de diciembre “una inspectora de la cárcel llamó a Elsa y Nora para un traslado” nuevamente a Resistencia. De inmediato comenzó la protesta de las presas, llegó a haber unas 1200 en Devoto.

“Exigíamos saber quién daba la orden y por qué, pero nunca se nos contestó”, recuerda Mirta. Resultaba sospechoso el poco tiempo que pasó desde el traslado de Resistencia a Buenos Aires para volver a reubicarlas. Y, como los traslados eran malas noticias, las presas comenzaron una suerte de protesta sin comer y tomando sólo el agua necesaria. A la noche, la misma celadora que trajo malas noticias anunció las novedades: Nora y Elsa se quedarían en Devoto porque una niebla dejó fuera de operaciones la pista ubicada en Morón. “Así se salvaron, seguramente, de ser víctimas de la masacre”, reflexionó Mirta.

Venganza

Para algunos, “El Flaco”, para otros “Tiburón”, Néstor Sala tuvo que dejar La Plata e instalarse en Resistencia con Mirta –embarazada ya– y su hija Mariana Eva. No pasó mucho tiempo hasta que fue detenido en su casa, un 9 de octubre de 1975.

Fue torturado sistemáticamente desde el momento de su detención hasta el de su muerte, sea en la Brigada de Investigaciones de la policía de Chaco, en la alcaidía policial de Resistencia, durante un traslado (como a Formosa) y hasta en el cuartel militar de La Ligura (ex Grupo de Artillería 7 hoy Base de Apoyo Logístico).

En Formosa fue exhibido desnudo en el patio del Regimiento de Monte 29, acusado de ser el jefe del grupo que intentó copar esa guarnición militar –años después desmentido por los propios militares–: “Vamos a vengar a los soldados muertos”, arengaron los oficiales a la tropa, según el testimonio de Mirta Clara.

En su último día, Néstor fue sacado a las 14 –plena siesta chaqueña sin actividad alguna– de la U7. De allí lo llevaron al cuartel militar de La Ligura, lo torturaron, lo hirieron de un bayonetazo y lo trasladaron hacia la alcaidía de Resistencia, donde nuevamente fue vejado.

En este lugar alcanzó a advertir a Mario Mendoza, otro preso político, que se trataba de un “traslado pesado”, que se tradujo en la Masacre de Margarita Belén, cumpliéndose la venganza preanunciada en Formosa. Mirta recordó que el arrepentido Eduardo Ruiz Villasuso declaró en su lecho de muerte que Alberto Luis Patetta –uno de los imputados– le disparó a la cabeza a Néstor.

Mirta relató que antes de la masacre, durante entrevistas de la Dirección Nacional de Militares con presos políticos, Nora escuchó: “Si pasan de diciembre, lo pueden considerar un milagro”, que no ocurrió. Mirta terminó de declarar con un aplauso del público.

Desde Resistencia, Chaco

La séptima audiencia del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén contó con tres testimoniales: María Teresa Franzen, hermana de Arturo –una de las víctimas del fusilamiento–, Carlos “Ratón” Aranda –ex preso político– y Federico Ovieta –abogado correntino que ya había declarado en el juicio por el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes–. El relato de Aranda estremeció al auditorio: preso durante toda la dictadura militar, el “Ratón” detalló las torturas que padeció y señaló a dos de los nueve imputados presentes.

Aranda pasó por ocho lugares de detención entre 1976 y 1983, con un lapso de once días en libertad, un veranito de 1979. Detenido el 3 de noviembre de 1976, fue llevado, junto con su hermano Julio, desde Corrientes a la Jefatura de Policía de Chaco (uno de los que fueron a buscarlo fue el imputado Luis Alberto Petetta, que a esa altura del relato anotaba y pasaba data a su abogado). Allí, los desnudaron, a él lo ataron a una cama con elástico de metal y comenzaron a picanearlo.

“No sé cómo hacía, creo que me abstraía, pero no sentía”, relató Aranda. Sin embargo, “como no daba los nombres que me pedían, un día vino uno, se paró a mi lado y dijo: éste es el que no quiere hablar, déjenmelo a mí. Trascartón, envolvió una toalla o algo parecido por mis testículos y mi pene, para después comenzar a picanearme en esa zona, en las tetillas, en los párpados, en la encía... Hasta que logró descontrolarme”.

Para la tortura, Aranda fue puesto frente a frente con dos ex presos políticos: Raúl “Quique” Caire y Reinaldo Zapata Soñez. Si bien se conocían, ni uno de ellos lo admitió. Previo a su traslado a la Brigada de Investigaciones de la Policía, el “Ratón” se pudo bañar y comprobó que “tenía todos los dedos de los pies negros por los golpes”. Luego, volvió a los baños pero para una tarea más desagradable: “Bañalo a éste que está hecho pelota”, le ordenó uno de sus carceleros mostrándole a “un revantadísimo” Carlos Tereszecuk, quien había sido empalado. Pero, como seguía sin hablar, le mostraban a su hermano Julio cómo lo torturaban hasta que éste cortó todo, gritando: “Por qué no le pegan un tiro”.

Ya en la Brigada, Carlos logró ver a Luis “Lucho” Díaz (víctima de la Masacre), haciendo los dos dedos en V, con una evidente hinchazón, porque le habían arrancado una uña. También vio en otra celda aislada a Roberto Yedro (otra víctima del 13 de diciembre de 1976). En este centro clandestino de detención estuvo poco tiempo, hasta que lo llevan a la alcaidía policial.

Lo recibieron con una paliza en un lugar que llama “la piecita de la televisión”. Haciendo gala de su condición de arquitecto, hizo una minuciosa descripción de la alcaidía, que igual tuvo que repetir ante el problema de los abogados por entender. También contó que lo fueron a visitar, para amedrentarlo, Patetta y Aldo Martínez Segón.

Describió con detalles el momento previo al traslado, un día domingo 12 de diciembre de 1976. “Interrumpieron la visita de los presos sociales o comunes, no nos sirvieron el cuili, o sea el cocido, y apagaron las luces de la celda temprano”, recordó. Entonces, sucedió el horror del comedor de la alcaidía, donde todos los presos que iban a ser trasladados a Formosa fueron ferozmente torturados. Escuchó cómo llevaban a Lucho Díaz hacia el infierno y también cómo traían a la rastra a un casi desvanecido Carlos Zamudio. “Lo de la piecita de la televisión eran golpes, patadas, fuertes, pero no para matar. Lo que se escuchaba desde el comedor era aterrador. Yo creo que mataron a alguno”, narró. Ratificó también la imposibilidad de escapar durante un traslado: “Ibamos esposados, engrillados, vendados y con capuchas, a los golpes...”.

También declaró María Teresa Franzen, hermana de Arturo. Contó que en agosto de 1976, ella y su madre lo visitaron en la Brigada: “Nos contó que lo torturaban todos los días y que estaba muy dolorido, cuando lo quise abrazar me pidió que no lo apriete”, relató, entre lágrimas. En medio de su relato se quebró hasta recordar que el 10 de enero de 1977 (el día del cumpleaños de Arturo, hubiese cumplido 25) llegaron con su padre para visitarlo, previo burocrático papeleo, en la Brigada, pero no estaba; en la alcaidía, tampoco estaba. Hasta que un oficial se dignó a contarles que Franzen había muerto cerca de Margarita Belén.

En el cementerio, para trasladar el cadáver, logró ver la cara de Arturo porque se desfondó el precario cajón en el que lo habían puesto: “No vi ni un impacto de bala, o eso me pareció, sólo recuerdo que le faltaba una parte de la nariz”. En ese mismo trámite, pudo ver el cuerpo de Manuel Parodi Ocampo, que tenía “un boquete, un agujero, en el pecho”.

Por último, declaró el correntino Federico Ovieta, oriundo de Mercedes como Lucho Díaz. Se limitó a contar que, tras el servicio militar, cuando fue a hacer un trámite al Regimiento de Infantería 9, vio en la pieza donde lo atendieron una foto de Lucho con una X marcada.

Desde Resistencia

La agitada y caliente audiencia de ayer, en el marco del juicio por la masacre de Margarita Belén, comenzó antes del debate, cuando los gendarmes que custodian el lugar no le permitieron a la familia Piérola sentarse en la primera fila de las butacas que usan los familiares de los nueve imputados. El juicio propiamente dicho comenzó con la lectura de la resolución del Tribunal Oral Federal rechazando los planteos de nulidades realizados por la defensa (oficial y particular) de los imputados. Después, la audiencia estuvo cargada de emotividad, ya que fue la primera vez en la historia en que los represores fueron sentados formalmente en el banquillo de los acusados.

La presidenta del Tribunal Oral Federal, Gladys Yunes, les leyó a los imputados de qué están acusados, luego, los sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados para hacerles preguntas formales, para después dejarlos elegir entre la abstención y la oportunidad de declarar.

Uno a uno fueron pasando por el banquillo Ernesto Simoni, Luis Alberto Petetta, Alfredo Chas, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Jorge Carnero Sabol, Athos Rennes, Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme.

Losito, visiblemente exaltado, fue el primero en decir que iba a declarar. Martínez Segón aprovechó para dejar aclarado que en 1998 no llegó a coronel porque en el Senado de la Nación rechazaron la recomendación del Ejército por estar vinculado con la Masacre de Margarita Belén.

En un cruce con la jueza Yunes, Losito se negó a ventilar datos personales porque “hay una fuga de seguridad” y advirtió que puede perjudicar a su familia. Después, Losito, que parece ser el director de la orquesta, leyó un escrito marcado con resaltadores a manera de declaración y se limitó a respetar la letra escrita en el papel. Comenzó diciendo: “No sé de qué conducta se me acusa”. También negó haber sido oficial de inteligencia en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes (en esa provincia fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en otra causa): “Y me atengo a los reglamentos militares”.

Luego, disparó contra todos: primero, cuestionó “la cantidad de fiscales y querellantes”; segundo, le pegó al fiscal general Jorge Auat: “Dice que le pusimos cepo a la historia, no sé qué tengo que ver yo con el cepo”; tercero fue contra fiscales y el abogado querellante Mario Bosch: “Quiero que se les prohíba usar mi nombre” cuando pueden usar otros. “No sólo está en juego mi libertad, sino mi honor”, justificó.

Con Bosch parece tener una cuestión personal, porque también lo culpó de “no poder concentrarse” en las primeras jornadas del juicio (cuando se leyeron los requerimientos y el auto de elevación a juicio), ya que el abogado “se para y se sienta a cada rato”. Aún más extraño fue cuando arremetió contra el registro audiovisual del juicio, a cargo de la Dirección de Cine del Instituto de Cultura por encargo del Incaa. “Hay una cámara (filmadora) muy cerca, cada vez que hablamos o gesticulamos nos enfoca y no estoy acostumbrado a ello –ni quiero estarlo–”, hecho que, dijo, también le quita concentración. Finalizó con un extraño pedido –o no tanto–: que durante las declaraciones testimoniales se lo siente en un lugar donde pueda ver a la cara a los testigos. Correctamente, antes de comenzar la audiencia saludó a la prensa y al finalizar también se despidió de Bosch.