Página#12 Libre

Leonardo Fossati vivió durante toda la vida en un radio no mayor a las diez cuadras de la comisaría quinta de La Plata, el centro clandestino donde nació él, donde estuvieron secuestrados sus padres, datos que recién conoció a los 28 años. “Es paradójico –dijo–: mi familia paterna también vivió muchos años muy cerca, a cinco o seis cuadras y yo iba a jugar a la misma plaza donde mi familia iba a tomar mate.”

Carlos Leonardo Fossati nació en la cocina de la comisaría quinta de La Plata, después de un día de trabajo de parto. Su madre estaba secuestrada desde el 21 de enero de 1977; se la habían llevado de Quilmes con siete meses de embarazo. A Inés Beatriz Ortega le decían Inecita porque en los grupos en los que estaba solía ser la más chica, tenía 17 años, era estudiante secundaria, militaba en la UES. Su padre tenía su mismo nombre, le decían La Chancha porque siempre fue ancho y petiso. Era estudiante de Historia, militante de Montoneros, y el día del secuestro iba al mismo bar con su madre. A los dos se los llevaron a la comisaría quinta. Leonardo supo muchos años después que el baño del centro de exterminio tenía una ventanita por la que sus padres algunas veces se comunicaron. Que su padre siguió así el embarazo. Y festejó a los abrazos con sus compañeros el día que escucharon su llanto.

“Yo nací el 12 de marzo de 1977 en ese centro clandestino de detención estando mi mamá atada de pies y de manos ante las personas que la tenían secuestrada y que en ese mismo momento la insultaban”, dijo Leonardo de corrido apenas empezó a hablar. Se sentó en la audiencia de los Tribunales de Retiro, durante el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Apenas había empezado cuando un defensor interrumpió:

–¿No es que los testigos deben hablar de cosas que hayan conocido a través de sus sentidos? –le inquirió a la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 María del Carmen Roqueta que lo paró y le dijo sencillamente que iban a dejar hablar al testigo. “¿Entonces, ¡vamos a escuchar todo!?”, insistió el abogado. “Sí doctor –dijo ella–, vamos a escuchar todo.”

Leonardo siguió adelante

“Lo que sé lo sé porque una de las sobrevivientes, Adriana Calvo, participó y ayudó en el trabajo de parto de mi mamá en la celda.” Adriana estaba secuestrada, y un día antes del parto empezó a llamar a los guardias para pedirles un médico porque el niño iba a nacer. “Fue en ese momento que la llevaron a la cocina –dijo Leonardo–. Y una vez que nací la llevaron conmigo a la celda donde estuvimos aproximadamente entre uno o dos días hasta que uno de los guardias entró diciéndole a mi madre que ‘el coronel me quería conocer’ y a partir de ese momento nos separaron para siempre no sabiendo mi mamá a dónde me iban a llevar, ésas fueron las circunstancias de mi nacimiento, digamos.”

Leonardo trazó su historia organizada desde el principio hasta el presente en el sentido perfectamente inverso al que la conoció 28 años más tarde.

“El 20 de marzo a mí me anota como hijo propio la familia que me crió”, dijo. Y subrayó la idea de que también los habían engañado a ellos. La familia estaba intentando adoptar a un niño. Ese 20 de marzo supieron a través de una compañera de trabajo que una partera de La Plata tenía en su casa a un varón. Había nacido supuestamente ese día, y les dijo que era hijo de una estudiante cordobesa que había llegado a La Plata. “Obviamente que no fue una adopción con todos los trámites de la ley, pero sí fue de buena fe. A partir de ahí me criaron”, explicó.

Leonardo no supo que había sido adoptado. Pero toda la vida dudó de su identidad. Había cosas tangibles que lo hacían sospechar como los parecidos físicos. No era ni como los supuestos padres, ni como la hermana, nacida en el ’72, también adoptada. Esos padres tenían la edad de los abuelos de sus compañeros de escuela. En la casa había fotos de cuando eran niños pero no de los embarazos. “O había otras muchas sensaciones –dijo él– que son muy difíciles de explicar pero que me acompañaron durante toda mi vida.”

En 2004 se acercó a Abuelas con buena parte de esas dudas presentes. Algo había cambiado cuando nació su hijo. “Es un momento en el que las cosas internas empiezan a cambiar y entre ellas estaba mi origen y mi identidad, creía que era importante conocer la verdad y entonces me acerqué a una tía de crianza para preguntar.” Por ese camino, conoció la historia de la partera y la estudiante y habló con quienes aparecían como sus padres. Tiempo después llegó a Abuelas. “Me acerqué pensando que bueno, yo había nacido en el año ’77 en La Plata, una de las ciudades más castigadas por la dictadura militar, no tenía muchos más datos, sabía que me podían dar una mano y ayudarme aunque –dijo– tenía muy pocas expectativas sobre mi origen.”

Leonardo dudaba. No creía que pudiera ser hijo de desaparecidos. “Siempre asocié a los jóvenes con una identidad falsa a las familias que pertenecían a las fuerzas militares, los poquitos casos que conocía generalmente eran así. Como ése no era mi caso –explicó– creía que no tenía ese origen. En agosto de 2005 pude conocer la verdad y saber quién soy, quiénes son mis padres, que mi familia me estuvo buscando 28 años.” Y dijo: “Pude restituir mi identidad y a su vez a mi hijo y para mí eso fue fundamental en mi vida y es fundamental en la vida”.

Desde entonces, viene conociendo la historia de sus padres. Del centro clandestino. Intentó recuperar eso que los nietos esperan encontrar cuando saben la verdad: el tiempo perdido. Pero eso, dijo Leonardo, es algo que no se recupera nunca. “Y es por eso que estoy acá –explicó–: para dar mi testimonio y para demostrar que esto fue verdad, no fue al azar y que fue un plan que estuvo premeditado y en el cual toda mi familia, al igual que el resto de las familias, fueron víctimas y seguimos siendo víctimas porque mis papás siguen desaparecidos y yo los sigo buscando.”

En el piso de arriba, casi vacío, un policía estaba de pie petrificado, escuchando. Abajo estaban sentados los integrantes de los organismos de derechos humanos y entre ellos hijos de desaparecidos y nietos recuperados. Horas antes de empezar Leonardo se encontró por primera vez con uno de los compañeros de su padre, una de las personas que acaba de conocer entre esos datos que sigue buscando. En estos años supo que su madre tenía una hermana gemela. Que ella quedó embarazada el mismo mes, que después del secuestro de Inés pasó a la clandestinidad y se exilió en Suecia. Que la familia de su padre siempre vivió a unas cuatro o cinco cuadras de su casa. Que la comisaría quinta estaba a la misma distancia. Que la partera permaneció siempre también ahí.

“Para mí es muy importante estar acá”, dijo al final de la audiencia. “A mi familia le arruinaron la vida, este último terrorismo de Estado les quitó a sus seres más queridos y los que quedaron vivos algunos sufrieron torturas físicas, pero otros las torturas de las pérdidas y de la incertidumbre durante muchísimos años y el hecho de que hasta hoy en muchos casos no haya habido justicia para mí es algo increíble.” Por eso agregó que esto, que el juicio, lo que significa para él es entre otras cosas la posibilidad de volver a creer en la Justicia. Que esto es además no sólo su problema, sino que es un problema de todos.

Patricia María Perez Catán estuvo en La Cacha en 1977. Era estudiante de Medicina y la habían secuestrado en Mar del Plata el 31 de enero de ese año. Pasó por La Cueva, el centro clandestino de la Base Aérea de su ciudad y luego llegó a ese otro campo de exterminio de las cercanías de La Plata, donde estuvo con tres embarazadas. 1977 es el año con menor cantidad de sobrevivientes entre las embarazadas de ese centro de exterminio. A Patricia la pusieron a controlar las contracciones de la madre de los mellizos Reggiardo Tolosa una hora antes del parto con el reloj de uno de los guardias. “Como no querían golpearla en la panza –explicó en la audiencia de ayer–, una vez vi cómo le dejaron las rodillas, golpeadas, terriblemente hinchadas porque le habían preservado el vientre, eso fue un tiempo antes de que empezara su trabajo de parto.”

Patricia María Perez Catán ahora es médica. Se sentó ayer en la sala de audiencias de Comodoro Py, donde se lleva adelante el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, con un papel en la mano en el que aparecían algunos nombres, recuerdos de su declaración de 1985, en la que escribió entre otras cosas una poesía dedicada a su hermano Jorge Enrique, secuestrado con ella en enero de 1977 en Mar del Plata, de quien llegó a despedirse unos minutos en La Cueva, y quien está aún desaparecido.

Como a otros tres testigos de la jornada, el Tribunal Oral Federal 6 la convocó para declarar sobre un caso en particular: el de la Negrita María Elena Corvalán, la madre de María Natalia Suárez Nelson Corvalán, una de las nietas restituidas en 2006 por Abuelas de Plaza de Mayo que es, además, uno de los 35 expedientes ventilados durante este juicio. Su madre, María Elena, estuvo en La Cacha desde su secuestro el 8 de junio de 1977 en La Plata, durante un operativo en el que mataron a su compañero, Mario César Suárez Nelson. Ella estaba embarazada, con unos siete meses de gestación.

Patricia la vio poco. La Negrita estaba muy embarazada, explicó. “La veía en los momentos en los que la dejaban caminar por el avanzado estado de gravidez que tenía, sin embargo no hablamos mucho”, dijo porque estaban alojadas en distintos niveles del centro. Esos encuentros sucedieron en el mes de junio, poco antes de que a Patricia se la llevaran a la comisaría octava de La Plata antes de darle la libertad. Hasta entonces, sin embargo, había tenido contacto con otras dos mujeres embarazadas, nombres que no son parte del juicio, pero sobre quienes ella se detuvo a recordar algunos detalles y sobre quienes los jueces del TOF 6 y la fiscalía preguntó y pidió detalles. Una de esas mujeres era “la señora de Torrillas” (Elsa Mattía), a la que secuestraron con su pareja y que permaneció ahí sólo unos días. La otra era Machocha, o María Tolosa de Reggiardo.

Como Patricia era estudiante de Medicina, los guardias la llevaban cada tanto al camastro o el colchón de algún prisionero para hacer alguna curación. En La Cacha no había médicos, ni controles habituales, tampoco para las embarazadas, y cuando alguien estaba grave se lo llevaban a otro lado, dijo la mujer. En ese contexto, la ubicaron con Machocha. Después de varios encuentros, incluso de aquel en el que Patricia se había encontrado con sus rodillas deformadas, como recordó ayer volviendo a llorar, un guardia la puso a su lado cuando empezaron las contracciones. “El guardia me dio el reloj –dijo ella– y me dijo: ‘Quedate acá al lado y controlale las contracciones’. Y bueno, yo le controlaba la frecuencia de las contracciones hasta que en un momento dado se acercó el guardia para preguntarme:

–¿Cuánto puede tardar en parir?

–No sé, no tengo idea: pero hay que atenderla urgente...

Y bueno, a la hora se la llevaron. Con ella estuve hasta que se la llevaron.” El fiscal Martín Niklison le preguntó a Patricia si volvió a ver a Machocha después de esa vez, ella dijo que nunca. Sólo recordó al mismo guardia que entró corriendo después de un tiempo para decir que Machocha había tenido mellizos.

La Cacha es sólo uno de los centros clandestinos que se revisan en el marco del Juicio por el Plan Sistemático, sin embargo es el lugar que más ocupó las últimas audiencias. De los 35 expedientes, dos pertenecen a embarazadas secuestradas en ese lugar. Uno es La Negrita Corvalán y el otro Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo que estuvo secuestrada más tarde y de cuyo caso se habló en las primeras audiencias. Pese a que esas son el universo de mujeres investigadas, la fiscalía y el TOF presidido por María del Carmen Roqueta parecen aprovechar el paso de los testigos para recoger los datos que aparecen entre ellos. A Patricia María Pérez Catán le preguntaron detalles sobre las otras dos mujeres embarazadas que mencionó, y lo mismo sucedió con los otros dos testigos.

Uno de ellos fue Raúl Guillermo Elizalde, secuestrado en La Plata el 17 de mayo de 1977 y prisionero de La Cacha. Elizalde declaró poco después de Patricia. Explicó que escuchó en el equipo de radio el momento en el que se hacía el operativo de secuestro de la Negrita Corvalán. “¿Quiere decir que usted escuchó ese operativo?”, preguntó Niklison sorprendido. Y Elizalde explicó que la Negrita Corvalán era la persona que ubicaron al lado de él, engrillada, poco después del operativo. “Yo estaba con una bolsa de yerba de arpillera en los ojos porque había tanta gente que me pusieron eso”, dijo él. Mientras tanto, permaneció con ella hasta el momento del parto, durante el cual ella se despidió de sus compañeros dejándoles una carta.

Cuando llegó a La Cacha, la Negrita no sabía qué había pasado con su compañero. Así lo dijo Héctor Quintero poco más tarde. Quintero también estuvo en La Cacha: “A ella la trajeron mientras yo estaba en la planta alta”, explicó. “La pusieron al lado mío, esa fue la primera oportunidad que tuve contacto con ella y estaba embarazada, en realidad con un estado bastante avanzado, cosa que pude comprobar porque estaba cerca.” En ese momento, “recién había ocurrido el operativo o algo así y se le acercó un guardia y le relató que su pareja había sido abatido en ese operativo, que había habido un fuerte combate... Obviamente, ella estaba muy mal y preocupada por su estado y su situación, y me pareció en su momento que eso era una versión deleznable, que en esas circunstancias una referencia de esas características... pero bueno –dijo después–, ahí los límites no existían”.

De acuerdo con los datos de Abuelas, La Negrita tuvo a una bebé en uno de los pabellones del penal de Olmos que funcionaba como maternidad clandestina. En diciembre del año pasado, la Justicia de La Plata condenó a sus apropiadores a diez años de prisión. Ellos son el capitán de la Marina Juan Carlos Herzberg, que actuó como entregador, y Omar Alonso, un comerciante de La Plata que fue quien se la quedó.

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

“La Cacha era por la Cachavacha, la bruja que hacía desaparecer a los niños y eso era parte de las verdugueadas que nos hacían a las que estábamos embarazadas ahí, jugaban con eso, nos decían: ‘Ahora le vas a contar el cuentito de la Cachavacha cuando tengas a tu hijo’”, contó María Laura Bretal.

Apenas se sentó, al comenzar una nueva audiencia del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, esa mujer, socióloga, que ahora tiene 58 años, miró el lugar donde deberían estar sentados los acusados. “Tengo conocimiento de los imputados –dijo–, pero no veo que estén presentes, me parecería interesante que estuvieran, para que se les refresque la memoria, para poder recordar el aberrante plan sistemático del robo de niños.” La presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, le explicó amigablemente que es un derecho de ellos no estar ahí. “Es un deseo, nomás”, dijo María Laura. “Me gustaría verles la cara como ellos nos habían visto a nosotros.”

María Laura fue convocada a declarar en el marco de la investigación de uno de los 35 casos del juicio, el del hijo de Laura Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que estuvo detenida con ella en ese centro clandestino de detención de los alrededores de La Plata. María Laura fue secuestrada el 3 de mayo de 1978 en Ensenada con su hija de tres años y embarazada de cuatro meses. La secuestró un grupo de tareas integrado por la Policía Bonaerense y fuerzas del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), al que identificó como una de las cinco fuerzas que operaban dentro del campo de exterminio y la misma fuerza a la que le adjudicó la posesión de Laura. Durante el trayecto, a su hija la cambiaron de auto. Después supo que esa noche la llevaron a su casa. “Obviamente se quedaron con las llaves, robaron. La nena se quedó dormida y al otro día avisaron a la madrugada a mi abuela diciéndole que la nena se había quedado sola en la casa porque yo me había ido a combatir con la guerrilla a Tucumán: así la había abandonado a mi hija.”

La Cacha

María Laura pasó una semana en el área destinada a las torturas. Permaneció en el centro clandestino desde el 3 de mayo hasta el 22 de agosto, cuando la liberaron. Estuvo quince días en las cuevas, descompuesta, con muchos vómitos y muy deteriorada. “Estaba engrillada, encadenada, un día me ataban los pies, al otro día me ataban las manos, siempre encapuchada.” A pedido de sus compañeros, pasó una semana en lo que llamaban el área de las embarazadas, un espacio con camas donde conoció a dos de ellas: Laura Carlotto o Rita y Rosita.

“Rita era una persona muy difícil de confundir: era hermosísima, morocha, alta, con el pelo largo, unos ojos inconfundibles, una mirada muy fuerte, y estaba destabicada porque hacía siete meses que ya estaba ahí. Así que yo a Laura ya la veo con un bombo de siete meses y estaba Rosita, que no supe quién era hasta hace muy poco que la reconocí en una foto, lamentablemente no es caso en este juicio pero ellas dos parieron adentro, las dos tuvieron a sus hijos varones, a las dos las asesinaron después y les robaron el hijo.”

Rosita tenía tres hijas. Con María Laura empezaron a enseñarle el jadeo a Laura y las cosas del preparto. Laura había tenido uno o dos embarazos antes, los había perdido y le resultaba muy raro, dijo, “que en esas situaciones infrahumanas en las que permanecíamos el embarazo podía llegar a término”.

Laura le contó que había sido secuestrado con su compañero, Chiquito; que ya habían secuestrado a su padre; que ellos militaban en la JUP, estudiaban historia y que a Chiquito lo habían fusilado un día después de llegar al centro clandestino. También le dijo que si su hijo nacía varón iba a llevar el nombre de Guido, su padre.

Para junio, Rosita, la otra embarazada, empezó el trabajo de parto. “Estaba casi postrada, estaba muy agotada así que casi no se movía, apenas iba al baño. Tiene su parto para el 18 o 19 de junio y la trasladan a la Unidad 8 de Olmos, porque al día siguiente uno de los guardias dice que había tenido un varón y, obvio, dijo lo que nos decían de todos: que la dejaron en libertad y que no habían tenido tiempo de comprarle el ajuar por lo rápido que fue el parto.” Nunca más nadie supo de Rosita y de su hijo, pero a partir de ese momento su partida se convirtió en una presión más para las embarazadas.

El 26 de junio, Laura empezó con contracciones y empezó a los gritos, un día que María Laura cree estar convencida de que era sábado: “El bebé nació el 26 de junio, pudimos sacar la fecha haciendo cuentas porque nosotros gritábamos que no pasara lo que le había pasado a Rita, que prácticamente lo tuvo ahí en La Cacha, porque los guardias habían estado tomando y no nos hacían caso y no tenían apuro por sacarla”.

En esas condiciones, empezaron a pedir temprano que la sacaran. Se la llevaron, uno o dos días después uno de los guardias del Ejército al que nombró como El Viejo Donoto, que era de los que más hablaban y más tomaban, les dijo que ya había tenido a su hijo. “Me olvidaba de que unas semanas antes –explicó– vino el que era como administrador en La Cacha y nos mostró el ajuar todo blanco que le habían comprado, que también era una forma de tortura psicológica para mí, que era la próxima.”

Diez días mas tarde volvieron a ver a Laura en La Cacha. Para entonces estaba confinada en el espacio llamado la Casita y sin su hijo. En esa ocasión, le dijo a María Laura que creía haber estado en un hospital militar porque había guardias armadas. La habían puesto en una habitación sola, tabicada, y había dado a luz engrillada. Que el parto fue normal, que había tenido un varón, que se lo dejaron de tres a cinco horas y que después ya no se acordaba más nada porque le habían dado una inyección. “Ella pensaba que era el hospital militar central, pero la verdad es que en ese momento no teníamos idea de lo que pasaba con las maternidades clandestinas”, indicó.

La salida

María Laura salió de La Cacha tres días antes del 26 de agosto, el día en que Estela Carlotto recibió el cuerpo asesinado de su hija. Cuando dejó el centro, Laura Carlotto todavía estaba ahí. Antes de irse, la habían escuchado gritar desesperadamente que estaba convencida de que la iban a matar, de que le habían quitado a su hijo.

María Laura fue liberada después del Mundial de Fútbol. Con ella salió otra secuestrada, Norma Akin, que entró cuando estaba de seis meses. María Laura explicó que las embarazadas del ’77 terminaron con los hijos apropiados, y lo mismo sucedió con las dos que compartieron 1978 con ella. Ella tuvo a su hijo en septiembre. Norma Akin también lo tuvo después de quedar liberada. En ambos casos, los apropiadores siguieron vigilándolas afuera. Cuando uno de los jueces le preguntó si creía que había alguna relación entre las fuerzas que operaban dentro del centro de exterminio y lo que sucedió con esos niños, ella dijo que las Fuerzas Armadas operaban como un colectivo, que el plan sistemático estuvo planificado por ese colectivo.

“¿Quiere decir algo más?”, le preguntó Roqueta al final. “Que me hubiese gustado que estuviesen imputados los ejecutores del plan sistemático, no sólo los ideólogos; que es muy importante que estén, (Reynaldo) Bignone en especial. Que hay que continuar estos juicios para encontrar a los culpables, cómplices y civiles que participaron, tanto médicos como jueces como la jerarquía de la Iglesia.”

Para cada uno, el juicio significó algo distinto. Antonio Muniz Barreto nunca logró dormir antes de las audiencias. Diego, su hermano mayor, el que lleva el nombre del padre, dice que cada día era como limpiar una herida todos los lunes y jueves: “Y empiezo a tener la sensación de que ahora la estoy curando pero que siempre va a estar la cicatriz”. Algo de eso sucedió con Manuel y Gastón Gonçalves. Algo de eso, también, con Marisa D’Amico, que sigue convencida de que todavía no termina nada porque tiene que encontrar el cuerpo de sus hermanos. Todos se preparan para acercarse otra vez a José León Suárez, esta vez para la última audiencia: el jueves van a escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal No1 de San Martín, que podrá condenar o no a Luis Abelardo Patti, a Reynaldo Bignone y Omar Riveros, entre otros, por un tramo de los crímenes de la causa Campo de Mayo.

“Fui a todas las audiencias y cada vez que fui abrí esa herida, la limpié todos los lunes y todos los jueves”, dice Diego Muniz Barreto. “Y empiezo a tener la sensación de que hay algo de reparación en todo esto muy importante, donde cada uno empieza a estar del lado que tiene que estar y no en ese espacio de los grises: porque cuando yo veía a esa gente circulando por la calle, cobrando pensiones de ex presidentes o convertida en intendente, me parecía que era una situación muy gris: ahora no, más allá de los resultados, el juicio ubicó de un lado a los encausados y del otro lado a las víctimas, nítida y concretamente.”

Los Muniz Barreto son tres hermanos, Diego, Juana y Antonio, el músico que vive en Barcelona, es el menor y durante los últimos meses se la pasó yendo y viniendo. “Para mí fue una especie de exposición íntima del dolor más absoluto”, explica. “Cuando empecé me sentía súper emocionado, pero por momentos eso cambiaba, de pronto estaba muy cansado, con mucho abatimiento, a veces festejaba y otras quería salir corriendo a hacer aikido, y es eso, no sé, como quedarte desnudo delante de todo el mundo.”

El dolor tenía que ver con muchas cosas, como volver a escuchar o conocer detalles de la historia de su padre, el ex diputado Diego Muniz Barreto. Oír cómo lo hundían en un río. Escuchar los detalles de una carta que dejó escrita su secretario privado, la persona a la que arrojaron al río junto a él y se salvó. Una carta que el mayor de los hermanos había leído una vez, y guardó de un golpe en un cajón.

Esos relatos convertidos en prueba durante el juicio a los genocidas ahora terminan. Mañana habrá una audiencia para escuchar las palabras finales de los acusados, que continúa el jueves a la mañana. En la lista están Riveros y Bignone, en ese entonces a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Martín Rodríguez alias “El Toro”, uno de los torturadores del campo de exterminio; y los dos policías, Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura, y Patti, oficial de esa misma comisaría sobre quien se ha comenzado a revelar durante el juicio la posibilidad de que además haya sido espía del Ejército.

En el plano formal, todos tienen pedida la prisión perpetua. Se espera que Meneghini hable en la audiencia del lunes. Lo hizo largamente al comienzo del juicio y tomó notas en cada audiencia. Patti no estuvo casi nunca en la sala. En ocasiones permaneció adentro de una ambulancia privada enviada por la clínica Fleni, donde sigue internado por un supuesto ACV. La suya es acaso la condena más esperada. Las querellas le pidieron prisión perpetua por imputarle el crimen de Gonçalves. A esta altura, las querellas no temen realmente una absolución, pero la tensión está en el lugar de detención. Los defensores de Patti pidieron que permanezca en el Fleni, un espacio que Patti solía usar de bunker político incluso durante su teatralizada situación de enfermo. Los familiares piden cárcel común, que lo trasladen a Marcos Paz, aunque aclaran que si eso no es posible existen lugares alternativos como la cárcel de Ezeiza, donde funciona un centro de salud.

Marisa D’Amico es la hermana de Luis Rodolfo y Guillermo, dos de las víctimas de Patti, casos en este juicio, militantes secuestrados de su casa, sumergidos por el ex intendente de Escobar en un tanque de agua, todavía desaparecidos. Su hermana pasó años buscando respuestas a la pregunta sobre dónde están sus cuerpos. Quiere saber al menos si tiene que poner flores en el Paraná, el Dique del Luján o un arroyo donde tiraron cuerpos carbonizados 18 días después de la desaparición. El 1º de noviembre ella declaró en el juicio: “Al margen de las condenas, que hasta tengo miedo que no sean lo que esperamos, pienso en las cuestiones de privilegio: el privilegio de estar en el Fleni, eso quiero que se corte, porque cómo puede ser que haya gente que está presa por robo de autos, sin matar a nadie y esté en prisiones comunes y éste, que es mucho más que un ladrón de autos, éstos que son asesinos, estén en otro lugar: tengo miedo a esto, a las condenas flojas y al privilegio, por eso digo que para mí el 14 no termina el juicio: termina en todo caso una etapa”. Este viernes por la noche, Marisa volvió tarde a casa, preocupada porque “con tantas cosas malas” que le pasaron en la vida, no está segura de llegar en condiciones al día de la sentencia.

Mientras, Manuel Gonçalves termina de organizar a todo correr las cosas con la Municipalidad de San Martín para conseguir un escenario. Manuel y Gastón son los hijos de Gastón Gonçalves, militante de la JP, activista en el territorio de Patti, secuestrado el día del golpe de Estado, encerrado en un celular en el predio de la comisaría de Escobar y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján. Buena parte del juicio se trató de probar la relación del crimen con la comisaría y con Patti. Sus hijos también estuvieron cada día de audiencia. Gastón, que es músico de Los Pericos, aparecía cada tanto rodeado de otros músicos de otras bandas, un mundo del rock sumergido en los juicios. Manuel, vestido casi siempre de negro, no lograba entender, antes del verano, cómo iba a hacer para poder esperar todo enero y febrero a la condena.

Los músicos tendrán mucho que ver también el día de la sentencia. A las cuatro de la tarde, cuando comience la audiencia, afuera del tribunal habrá pantallas para seguir el debate. HIJOS prepara para el escenario una radio abierta y luego tocarán Los Auténticos Decadentes.

Pero todo empezará un poco más temprano. Entre las últimas palabras y el momento de la sentencia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo marchará con organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos desde la esquina de Avenida Márquez y San Martín hacia el auditorio. Si alguna singularidad tuvieron estas audiencias, es que muchas de las pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. Muchas son sobrevivientes de la zona norte, ex militantes, secuestrados muchos de ellos por Patti. Varios sostienen ahora a la Comisión, un espacio que crearon para darle aire a los juicios de Campo de Mayo, organizar las estrategias jurídicas y buscar las pruebas en el territorio. “Este es el cierre de la impunidad de Patti”, dice Carlos “Nica” González, de la Comisión. “Patti, porque es el personaje siniestro de la convocatoria, y es Patti como será Rico en un próximo momento, las personas más reconocidas para la gente de los barrios, los hombres comunes, no sólo para la militancia.”

El nombre de Patti es lo que se acaba en ese día. El nombre de un hombre vinculado al reciclado en la democracia: “Este personajes usó a las instituciones –dice Giselle Tepper, de HIJOS–, lo que se hace con esto es condenar todo este blanqueo y me parece que si no hubiera habido familiares y abogados detrás de esto, hoy el tipo estaría en el Congreso”.

“Había cierta división de tareas con respecto al tipo de organización con la que se trabajaba: las instalaciones de la Escuela de Mecánica eran buenas para que otras Unidades de Tareas pudiesen mantener a otros detenidos por la logística que se les podía brindar.” Locuaz y detallista como hace una semana, el ex capitán de la marina Adolfo Miguel Donda volvió a sentarse en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para ampliar su declaración indagatoria en un relato que por momentos tomó las características de una confesión. Con un discurso enunciado como un pase de facturas a los jefes de las Fuerzas Armadas y el reclamo de haberle soltado la mano, Donda reconoció su participación en los grupos de tareas, a la ESMA como base del centro clandestino y la metodología de los operativos en los barrios. Durante su intervención desempolvó además documentos confidenciales con los nombres de 140 marinos que estuvieron en la ESMA y habló de otras 2000 personas que se instruyeron como rotativos en el combate de la “subversión”, de escritos firmados por Ramón Antonio Arosa y la política de la destrucción de documentos en la que involucró al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.

El marino habló ayer desde el mismo lugar que lo había hecho la semana pasada: sostiene que hubo un acuerdo en la cúpula de las FF.AA., que entregaron a un grupo para ser juzgado, y que por lo menos existen otras 2500 personas por arriba de él que deberían estar en ese lugar. “Hay que entender que habla por eso”, dijo Ana María Careaga, querellante en la causa. Y si bien durante su intervención no habló de ninguno de los casos que se le imputan o los negó, mencionó otras víctimas, a quienes se refirió alguna vez como “colaboradoras”, y de esa forma reconoció su participación en la ESMA y la ESMA como centro de detención.

Dicho esto, el testimonio confirmó lo que los testigos aseguraron acerca del modo de operar del centro clandestino. Dijo que el lugar era tan público, que hasta recibió dos atentados. Hizo un croquis sobre el recorrido por el cual ingresaban los prisioneros, explicó dónde funcionaban las distintas oficinas, dónde el Casino de Oficiales. Describió el sótano, nombró a Capuchita y nombró a la Pecera, aunque dijo no haber subido nunca porque era un área que no estaba bajo su responsabilidad. Habló de los cursos de instrucción para los marinos, para decir que se tuvo la intención de involucrar a la totalidad de las FF.AA. en la represión. Cuando el abogado Luis Zamora le preguntó, entonces, si lo que estaba diciendo es que todas las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la represión, la defensa terminó oponiéndose.

Confidencial y secreto

“A pedido de la fiscalía me comprometí a proporcionar un dato”, dijo casi al comienzo. Entusiasmado, el presidente del TOF 5 le preguntó si se trataba de papeles para entregar. Pero Donda aclaró los tantos: “Tengo el documento pero no me parece oportuno mostrarlo en esta instancia”, dijo y advirtió que sólo los leería. Como los papeles ya están incorporados a la etapa de instrucción, explicó que lo que deseaba era que la fiscalía tomara nota y se los pidiera al juzgado de Sergio Torres.

Entre el primer grupo de papeles, mencionó dos tipos de notas. Unas, con la sigla de la Secretaría General Naval (SGNA), discriminada como A1 E número 210/09, rotulada con una “C” de “Confidencial” y otra nota con el número 250/09, también rotulada como “Confidencial”. Lo único que destacó de esos documentos fue la característica de secretos y que llevaban la firma del actual jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy. El otro grupo de notas pertenece a la Dirección de Armamento de Personal Naval (DIAP) 3HO, número 693-09 rotulada como “Confidencial”. Una de ellas, con cinco agregados, contiene una nómina de oficiales superiores y subalternos de la dotación de la Unidad de la ESMA en el año ’78. La lista es de 140 nombres, personas que él presentó como quienes pueden dar cuenta de su coartada, que es que no estuvo en el área del Casino de Oficiales o el Grupo de Tareas hasta diciembre de 1978. A la lista le sumó otra con nombres del personal, suboficiales y otra con los integrantes de la Banda de Música de la llamada Agrupación de Seguridad y Ceremonial de la ESMA, donde él dice que estuvo hasta ese momento pese a que su legajo no lo refleja. “Y si eso no fuera suficiente –dijo después– están los nombres de más de 200 conscriptos de la Agrupación que también pueden hablar.”

En un momento le preguntaron por la cantidad de integrantes de los Grupos de Tareas. El respondió que toda la ESMA era un grupo de tareas. Fuera de eso, el hombre continuó soltando papeles. Entre ellos, hubo varios que parecían un pase de facturas interno: hacia Arosa, que fue jefe de la Armada con el alfonsinismo, declaró en el juicio y a ojos de las defensas se lavó las manos; y el otro es el propio Godoy.

“Tengo en mi poder un oficio secreto que ha sido relevado del secreto, identificado con la foja 2204, dirigido al Juzgado de Instrucción Naval de Roque Pedro Funes, firmado por Arosa el 3 de septiembre de 1986”, explicó. En uno de los párrafos, Arosa comunicó que entre ’76 y el ’81, hubo un sector de instrucción destinado a la lucha contra la “subversión”. Según el documento, se dieron 6 u 8 cursos por año, con 50 hombres por curso que debía ser “multiplicador de efectos”, dijo Donda. Y agregó: “50 hombres por un promedio de 7 cursos anuales, en 6 años me da total de 2100 en ese centro de instrucción”. Un total de hombres que funcionaron como rotativos y que aseguró que deberían estar siendo juzgados en este momento.

La intervención de Donda tuvo dos partes. Primero habló solo durante una hora y luego respondió preguntas del TOF 5 y las querellas. Parte de su alocución la destinó a explicar palabras castrenses, términos que las querellas preguntaron durante el juicio a los testigos de la defensa y que muchos de ellos se negaron a contestar.

Una de esas palabras era “Copese”, un término que se lo habían preguntado al ex jefe de la Armada. “Significa Comisión Permanente de Asuntos Especiales o de Estudios Especiales”, dijo haciendo alarde. “Fue creada por el almirante Franco en el año 1983, y de acuerdo a lo que vi cuando fui citado estaba dedicada al seguimiento de lo que se consideraba la persecución en particular de la Armada por su participación en la lucha contra el terrorismo en los años ’70; y en esa comisión al seguimiento hay que tomarlo literalmente: iban atrás de los problemas, nunca adelante, ni pudieron prever que había que guardar la documentación que se debía resguardar, con la historia de lo que había sucedido, porque se iba a llegar a una instancia como ésta en la que hay que asumir la responsabilidad que corresponde y así las responsabilidades se diluyen.” Dijo que el último miembro de ese ámbito fue Godoy, y volvió a nombrarlo.

Paso a paso

–¿Se usaba la palabra zona liberada?

–-Se decía zona libre al lugar donde se fijó operación. En realidad no era libre, pero sí la policía evitaba tomar contacto con los que hacían operaciones en ese lugar. Se daba descripción de los autos para evitar las dudas.

–¿En esos operativos había vehículos que se repitieran?

–Los utilitarios sí, pero no se usaban a menudo. Quiero recordarle señor que no eran situaciones estáticas, sino móviles: cuando se encargaba la vigilancia, eso podía motivar un seguimiento por lo tanto había que tener vehículos de fácil uso para asegurar a la persona, desplazarse del lugar rápidamente.

–¿Se usaban autos Swat?

–Se les decía así a unas camionetas que permitían el desplazamiento rápido del personal para poder participar de un operativo o a un vehículo que permitiera estar algún tiempo en determinado lugar. Pero era muy difícil que se usara en esa época porque la gente desconfiaba mucho cuando aparecía un auto de esas características en los barrios.

En los operativos, explicó, el grupo de tareas rellenaba formularios, para “no perder demasiado tiempo después en tareas burocráticas”. La coordinación de la zona la hacía el Primer Cuerpo del Ejército, dijo. Y eso significaba que ellos eran quienes “coordinaba con las comisarías”.

Castelli preguntó sobre quién era el “enemigo”: “En esa guerra, el enemigo que yo identificaba como tal cuando se me impartía una orden –dijo– era generalmente personal terrorista vinculado a una organización, perteneciente a la organización revolucionaria de Montoneros”.

Sobre su rol en la ESMA, reconoció haber estado en 1978 en la Agrupación de Vigilancia y Ceremonial. Pasó a la Unidad de Tareas 3.3.2 en febrero aunque en diciembre ya estaba: “Cuando llegué me presenté a Chamorro porque generalmente el que llega se presenta con el director, pero se obvió ese trámite y me presenté directo con el subdirector. Fue la primera vez que hablé con él en la ESMA: me impuso de la situación, me dijo que estaba al servicio de la Unidad de Tareas”.

Donda aseguró que en ese momento le preguntó a Chamorro por su hermano, el padre de Victoria Donda actualmente desaparecido. Dijo que Chamorro lo mandó a hablar con una persona de la columna oeste de Montoneros. El explicó que esa persona luego lo denunció en el exterior. Al final de la audiencia, Myriam Bregman del colectivo Justicia Ya! preguntó por los cuerpos de los desaparecidos. Si podía decir dónde están. Y él dijo que también a él le gustaría saber dónde está su hermano. La respuesta provocó una profunda molestia entre las querellas. Su cuñada, desaparecida como su hermano, parió en la ESMA a su sobrina, la diputada Victoria Donda, que fue apropiada por otro represor de ese centro clandestino. Donda fue jefe del grupo de tareas y torturó a víctimas que pasaron por ese lugar con sus manos.

Acababan de preguntarle si para los guardias la situación de las embarazadas podía pasar inadvertida. Pablo Díaz dijo que no. Que a tal punto no pasaban inadvertidas que a ellos, que eran los más chicos, los secundarios de 15 o 16 años, les dieron el trabajo de cuidarlas. “Y una vez, (el médico represor Jorge) Bergés entró diciéndoles a los guardias que respondan a nuestros llamados, que las embarazadas en el centro clandestino eran como las ‘joyas de la abuela’.”

Pablo Díaz llevaba tiempo en el Pozo de Banfield, en una celda a la que por sus dimensiones no se atreve ni siquiera ahora a nombrarla así. Permanecía tirado en el piso. Había sido secuestrado en la madrugada del 21 de septiembre de 1976, a pocos días de otros estudiantes secundarios de La Plata, lo que después se recordó como La Noche de los Lápices. Pasó por el pozo de Arana y después por ese espacio que reconoció años más tarde, en Banfield, donde no le hicieron más interrogatorios porque los que estaban ahí sólo esperaban el turno para morir. Ayer volvió a contar su historia ante el Tribunal Oral Federal 6, esta vez a la luz del juicio por el plan sistemático de robo de bebés. En los Tribunales de Retiro habló de tres embarazadas de las que supo o con las que tuvo contacto, entre ellas Gabriela Carriquiriborde, a quien pusieron en su celda a comienzos de diciembre de 1976 hasta que llegó el momento del parto.

“Cuando cerraron la puerta lo primero que vi fue esa figura muy chiquita, casi de mi edad, de 21 o 22 años, con vendas y sogas que le colgaban –dijo Pablo–. Me habían dado los trapos para que la limpie. Le salía líquido de la vagina. Ella se limpiaba y me daba los trapos. Y cuando venían los guardias, les pedía que me los cambien para seguir limpiándola.”

Estaban en el último piso del centro clandestino. Hasta entonces, Pablo había permanecido todo el tiempo atado, las manos en la espalda, la venda que al comienzo era un pulóver a esa altura eran algodones apretados con una cinta elástica. Comía una vez cada tanto. En 90 días se bañó dos veces. Hacía mucho calor, estaban desnudos, los guardias les robaban las ropas.

El miedo le impidió hablar en voz alta durante los primeros quince días de su estadía en el centro. Cuando lo hizo, preguntó en voz alta por los que estaban ahí. Empezó a darse cuenta de que estaban muchos militantes de la UES, entre ellos Claudia Falcone, ubicada en la celda de atrás, del otro lado de la pared.

Cuando Gabriela entró a su celda supo que en algún lugar estaba su marido: “Estoy con mi esposo, llamalo por favor”, me dice.

–¡¡Jorge!! ¡¡Jorge!!”

Dijo Pablo, y alguien contestó.

–¡Yo estoy con Gabriela, tu esposa! ¡Y voy a cuidarla!

Pablo nunca vio a Jorge, aunque varias veces hablaron a la distancia.

Tenía que limpiar a Gabriela y darle de comer. Bergés le había dicho que golpeara las puertas cuando empezaran las contracciones. Que llamara inmediatamente a los guardias. Como Pablo no sabía qué eran las contracciones, preguntó a la cadena de voces: “¿Cuándo empiezan? ¿Cómo nos damos cuenta?” “De pronto empecé a golpear la celda porque Gabriela decía: ‘¡Ahí viene mi hijo! ¡Viene mi hijo!’. Yo me asusté. Todos nos desatamos, y empezamos a golpear las puertas porque le venía el hijo, porque lo quería tener”.

La guardia también gritó. “Yo estaba sin la venda, entraron, me tiran contra la pared, yo ya no caminaba; estaba casi arrastrándome, me tiraron y me dijeron: ‘Vos vendate’.” En ese momento, sacaron a Gabriela arrastrándola en algo con ruido a chapa. Alguno gritaba: ¡Llamen al doctor! ¡Llamen a la Jefatura! ¡Llévenla a la sala de parto! “Yo le seguía gritando a Gabriela que se calme, y en un momento, cuando la iban a bajar se cae de la chapa y hace ruido, la guardia se pone como loca: ¡Nos van a matar a todos si le pasa algo!”

La fiscalía y las querellas buscaron que Pablo diera cuenta de la sistematicidad de esas prácticas. Ahí encontró sentido la frase sobre “las joyas de la abuela”. O las medidas de precaución que los guardias tomaban con las embarazadas. O un testimonio de Bergés en el que les dice a los guardias que si quieren divertirse usen a las chicas, pero que no toquen a las embarazadas. O los datos sobre el área de partos que funcionaba en el lugar. La defensa intentó argumentar que Bergés era quien tomaba las decisiones sobre esas mujeres y sus cuerpos.

Cuando el ruido pasó, terminó el relato Pablo, de pronto se hizo un silencio: “Todos nos quedamos como llorando, y al rato escucho el llanto de un bebé”. Cuando volvieron los guardias, les preguntaron qué había pasado. “Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos: ‘La vamos a llevar a una granja. ¡No saben lo que es la granja! ¡Está bárbara! ¡Ahí tienen de todo, es lo mejor que les podía pasar!’ Así que brindamos –dijo Pablo–, nos pusimos contentos: y nunca más volvimos a saber de ellos”.

Durante el tiempo que estuvo con Gabriela, Pablo supo poco de su vida. “No hablábamos de eso –dijo–, ella me decía: ‘Pablo, vas a ser el padrino’”. Jugaban. Gabriela le agarraba la mano y la ponía en la panza. “Decile a Jorge que lo escuchás”, le pedía. Y entonces Pablo volvía al juego de las voces:

–¡Jorge, lo escucho!

–¡Está latiendo!

–-¡Se está moviendo!

Y Jorge respondía: Cuidala, decía. Limpiala.

Después del parto, dejó de escuchar a Gabriela, al niño, pero también dejó de escuchar a Jorge. “De repente no tengo más registro, ni su voz ni su presencia.”

Seis días después, una embarazada llegaba a la celda de otra prisionera. Era Stella Maris Montesano de Ogando, que en esos días dio a luz a su hijo, pero en su caso volvió al pabellón. Estaba infectada, le habían dicho que se llevaban a su hijo a un lugar para que pudiera estar mejor, y le dejaron el cordón umbilical. “¡No puede ser!”, le decía Pablo a Claudia pared de por medio. Stella Maris tenía una infección que ni siquiera estaba revisando el médico represor. Dos días antes de Navidad, entró una nueva parturienta. En este caso la llevaron a la celda de Claudia Falcone. Era Cristina Navajas de Santucho, Pablo Díaz la vio de filón el día en el que dejó el centro clandestino, el 26 de diciembre de 1976, cuando les pidió a los guardias despedirse de Claudia Falcone.

“Me ponen enfrente de Claudia, cuando cierran la puerta me levanto el pulóver y la veo desnuda, atada y ahí es cuando me dice que nunca iba a poder ser mujer porque la habían violado... teniendo 16 años.”

Pablo pasó dos meses más como desaparecido antes del blanqueo en la Unidad 9 de La Plata. Tiempo después entendió qué significaba la palabra desaparecido, cuando envió a una de sus hermanas a la casa de los Falcone, intentando avisarle a Claudia que él no estaba libre sino que seguía detenido.

Del juicio se espera mucho, entre otras cosas la posibilidad de encontrar nuevos testigos para identificar a todos los integrantes de la patota que lo secuestró. Además, documentos sobre la presencia de hombres de Inteligencia del Ejército. Y datos para saber qué es lo que finalmente sucedió con su cuerpo. Con esa expectativa comienza hoy en Salta el juicio oral de un tramo de la causa de Miguel Ragone, secuestrado en un operativo de militares y policías el 11 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe de Estado y a tres años de las elecciones que lo habían convertido en gobernador en una alianza del PJ de la que participaron Montoneros y el PRT. Ragone era el médico de pueblo al que hoy se recuerda, entre otras cosas, porque pintó de rosa los patrulleros en medio de una reforma que descabezó a la Policía. Durante las audiencias pasarán en total 95 testigos, y hoy al mediodía Hijos Salta convoca a una movilización.

“Que el jefe de policía había mandado pintar los patrulleros celestes y rosas no es ninguna mentira”, dice Armando Jaime, antiguo compañero de Ragone, militante, parte de la corriente del PJ desde la que ese médico –ex funcionario del Ministerio de Salud de Juan Perón– ganó las elecciones de mayo de 1973 con una adhesión que superó el 57 por ciento de los votos. Jaime integraba el Frente Revolucionario Peronista, donde se hicieron lugar las organizaciones armadas: “Ragone es un emergente de la lucha interna del PJ”, dice ahora. “Aparece para oponerse a la vieja dirigencia justicialista y en contra de las corrientes dominantes de la sociedad salteña, de las viejas tradiciones. Su gobierno fue el gobierno de las más diversas fuerzas populares y eso despertó odios y una venganza increíble. Pero yo creo que no fue tanto por las reformas profundas, sino simplemente por la presencia muy popular del pueblo en la Casa de Gobierno.”

Jaime será uno de los ’95 testigos de este juicio histórico, entre los que habrá ex funcionarios, militantes, víctimas de la dictadura convocados como testigos para señalar a los acusados. También declararán los familiares y el grupo de testigos del operativo.

A Ragone lo secuestraron el 11 de marzo de 1976 a la salida de su casa, en el pasaje Puló de la ciudad de Salta, camino a su consultorio. Su auto apareció en la localidad de Cerrillos, a unos 15 kilómetros de la capital, y hoy se sabe que en su secuestro intervinieron tres coches robados y trasladados desde la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, un elemento que habla de la intervención de las fuerzas militantes del Operativo Independencia. Para entonces, la provincia ya estaba intervenida, él había vuelto a sus tareas habituales, aunque se preparaba como candidato para una interna. Su cuerpo aún hoy permanece desaparecido.

Con su caso, la Justicia avanzará en otros dos casos relacionados: el asesinato del almacenero Santiago Arredes y las lesiones que sufrió Margarita Martínez de Leal, empleada de un comercio de la zona, ambos baleados porque vieron el secuestro.

Entre los acusados están los autores mediatos y los autores directos, al menos a quienes se logró identificar. Entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército en el momento del secuestro; Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, que era el jefe de la Policía salteña, y Joaquín Guill, uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos. Además, serán juzgados como integrantes de la patota o de puestos de decisión intermedios tres ex policías: Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. También Jorge Héctor Zanetto, ex dirigente sindical, a quien se nombra como vocero de la Triple A y quien, una semana antes del crimen, amenazó a Ragone, luego de exigirle que se bajara de las elecciones internas.

Pese a todo, entre ellos no están todos los que deberían. “Está claro quiénes fueron los autores mediatos y quiénes pudieron formar parte de las segundas líneas, pero no están claros los nombres de los miembros de la patota”, dice fiscal Horacio Juan Azzolin, a cargo del juicio oral. Otra de las dudas es el destino de Ragone: “Desaparece”, dice el fiscal. “No se sabe si estuvo en un centro clandestino, aunque la mayoría sostiene que se muere en el momento o lo matan; la hipótesis es que no lo querían para interrogarlo, sino para matarlo. Entre esas hipótesis lo que se dice es que a Ragone lo matan para infundir terror, y preparar el golpe”. Uno de los que sostienen esa hipótesis es David Leiva, querellante por Memoria, Verdad y Justicia de Orán. “El secuestro está vinculado a generar inseguridad, y no como sostienen otros que se trató de una venganza o un crimen de odio”, dice a Página/12.

Hijos reclama cárcel común para los represores, entre ellos Guill, condenado por la masacre de Palomitas, pero con prisión domiciliaria. Elia Fernández es de Hijos, sobrina nieta de Ragone, su madre integró el PRT y fue asesinada en Palomitas. “Guill fue condenado, pero en aquel caso no hubo juicio oral y para mí significa mucho, no sólo porque era mi tío abuelo. Son los mismos imputados en la causa de mi vieja, y no tuve la oportunidad de un juicio oral... Ahora los voy a tener presentes en el sala.”

Las audiencias se harán semana de por medio. Estarán a cargo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, presidido por Marta Liliana Snopek.

El fallo del Tribunal Oral Federal 1 dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas.
Imagen: Pablo Piovano.

Terminaban de oírse las condenas. Los cuatro acusados del centro clandestino que funcionó en Automotores Orletti se pararon después de escuchar la sentencia. En la parte de arriba de la sala, atiborrada sobre todo por las mujeres de los represores, se pusieron a cantar el Himno, como hacen en cada juicio. Abajo, en la sala, entre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio que fue base del Plan Cóndor en Argentina, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay, sonó el “Olé Olé” del “A dónde vayan los iremos a buscar”. Entonces, lentamente y en silencio empezaron a sonar, vivos, los nombres de los desaparecidos: ¡Gerardo Gatti! ¡Presente! ¡Dardo Zelarayán! Presente. ¡María del Carmen Pérez! ¡Presente! ¡Marcelo Gelman! ¡Presente!

El fallo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Jorge Gettas, Adrián Grumberg y Oscar Amirante, tuvo características históricas: entre otras cosas porque dio por probada la privación ilegal de 65 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En términos generales, respondió además a los pedidos planteados por las querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y al de la fiscalía de Guillermo Friele y Mercedes Soysa Reilly. Sólo en el caso de Raúl Guglielminetti la pena fue más leve: habían pedido 25 años de prisión y el TOF dio 20 años. Aun así, cada quien consideró que fue una de las condenas más duras: Guglielminetti, que era agente del 601 y operó en distintos centros clandestinos, estuvo en 1976 en Orletti, pero se lo juzgó por su actuación sólo durante cinco días. El TOF le imputó 20 años por 25 casos.

La lectura de la sentencia empezó minutos antes de las siete de la tarde. A esa altura se habían sentado los cuatro acusados. Eduardo Cabanillas, el único acusado con grado militar, ex general, que operó como jefe del OT18 –en la práctica el centro clandestino–, entró con traje y corbata, saludando como en un estadio, con los brazos en alto y tirando besos al aire. Lo siguieron Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, los dos agentes de la SIDE, la mano de obra del centro de exterminio. Al final entró Guglielminetti, el agente del 601, ya condenado por su intervención en el circuito del Atlético Banco y Olimpo.

Arriba, entre las mujeres, Cecilia Pando le decía a una de sus colegas que se quedara en su asiento. La mujer estaba parada y a punto de armar un escándalo porque desde las pantallas veía entre el público a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Metros atrás, murmuraba Bernardo Menéndez. Condenado a prisión perpetua en la causa de los Jefes de Area y quien sigue en libertad por cuestiones procesales, hasta hace unas semanas trabajó de abogado del ex militar Rubén Visuara, ahora muerto, pero quien fue jefe de Cabanillas en la estructura represiva que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino.

Cuando todo el mundo ocupó su lugar, Gettas, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Pese a que aún no se conocen los fundamentos, el TOF liberó a los represores de algunos cargos al parecer porque equiparó los tormentos sólo a la figura de la tortura física, una definición que los acusadores creen acotada porque no contempla aspectos como el encierro, la alimentación y las demás características que se les impuso a los prisioneros durante su cautiverio.

El fallo

Cabanillas fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios. Le imputaron además la privación ilegal de la libertad agravada, reiterada en 29 oportunidades, cuatro de las cuales se extendieron durante más de 30 días.

Fue el único de los cuatro que recibió perpetua, porque es el único condenado por homicidios. Fue acusado por los asesinatos de lo que se conoce como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros de Orletti arrojados allí en octubre de 1976 y descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron a la noche en la sala de audiencias: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, arrojada con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, la única embarazada encontrada hasta aquí en ese estado, según explicaron durante el debate los integrantes del Equipo de Antropología Forense.

En ese escenario, lo que a ojos de la fiscalía, el TOF dio por probado en cuanto a Cabanillas son no sólo los hechos, sino su rol: operó como jefe del OT18, como autor intermedio o nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Visuara y a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa o autores directos, integrada por Aníbal Gordon, que ya está muerto, a Ruffo, Martínez Ruiz y a Guglielminetti.

La salida

–Señores –dijo el presidente del TOF–, el juicio ha terminado.

En la sala estaban muchos de los que habían sido testigos durante las audiencias, las víctimas, los abogados. Los HIJOS. El Tano Santucho corrió a abrazar a la uruguaya Sara Méndez, y una voz empezó a recorrerlo todo, anunciando que ayer era además el día de su cumpleaños. Sara estuvo secuestrada en Orletti y le robaron a su hijo Simón, a quien recuperó después de veinte años. “Yo siempre digo que la justicia cuando llega tarde no es justicia –dijo–, porque con la extensión de los años se alarga la impunidad, pero en este caso es un paso más, y es la lucha lo importante.” Otra de las uruguayas caminaba hacia la salida. Iba a sumarse al escenario de HIJOS que trasmitió lo que sucedía en el interior. “Creo que es importante”, decía Elba Rama. Ella viajó de Uruguay especialmente para escuchar la sentencia. Quería estar, hacerse presente, como un reconocimiento al colectivo de quienes llevaron adelante el juicio, a la fiscalía, dijo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Elba estuvo en Orletti con Carlos y Manuela Santucho. Estuvo detenida del centro clandestino que funcionó en la SIDE uruguaya poco después con María Claudia García Irureta Goyena, la madre de Macarena Gelman.

Afuera, frente al edificio de tribunales de Comodoro Py, Edy Binstock abrazaba a uno de los hijos de los Gayá. En el escenario, una de las madres de Plaza de Mayo habló de los juicios. Blanca Santucho dio vueltas entre los familiares. Alguien cantó el feliz cumpleaños para Sara.

La audiencia se interrumpió definitivamente después del último de los varios cortes de luz de la mañana. En ese momento, Estela de Carlotto terminaba de contar una de las claves del plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura: una declaración de Ramón Camps, jactándose ante un diario español. “Yo mandé a matar más de cinco mil subversivos, pero nunca mandé matar a los niños: a los niños les busqué otras familias para que los criaran diferentes que sus padres porque si los crían las abuelas los van a hacer subversivos como a sus padres”, decía el entonces jefe de la Policía Bonaerense. Ahí entendió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo el corazón del proyecto: “Ese plan de robar todo, hasta robarse a los hijos del enemigo”.

Estela habló pausadamente durante una hora, entre cortes de luz que desde el martes interrumpen el flujo de las audiencias de los tribunales de Retiro. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo relató durante una hora detalles de sus dos entrevistas con Reynaldo Bignone. Primero, por el secuestro de su esposo; después por la desaparición de su hija Laura. Esa vez, lo vio a mediados de diciembre del ’77 en el Comando en Jefe del Ejército.

–Vengo nuevamente a pedirle algo –dijo Estela–. Ahora es por mi hija Laura, que no volvió, que la han secuestrado, detenido y quiero que no la maten.

Estela sabía qué es lo que estaba pasando en los centros clandestinos. Su marido había estado secuestrado durante 25 días en la División de Cuatrerismo antes de la desaparición de su hija. El había visto desfilar frente a sus ojos a los detenidos en filas mientras él mismo formaba parte de esa hilera. Les inyectaban algo en la espalda, los desmayaban o los mataban. Había escuchado preguntar a los guardias en qué bolsas ponían los cuerpos. Cuando lo liberaron, habló durante ocho horas sin parar, convencido de que estar con vida era un milagro.

En el Comando en Jefe, Bignone escuchó el pedido de Estela, pero le mintió. Le habló de los intentos de recuperar “a esa gente”. Y visiblemente enojado se quejó porque los liberados salían del país a denunciar.

–Quiero que no la maten –volvió a decir Carlotto–. Porque mi esposo vio, pero si mi hija para ustedes cometió un delito, júzguenla por ese delito, porque nosotros vamos a esperarla.

–¡De ninguna manera! –protestó él–. Acabo de volver de Uruguay, con las cárceles llenas de tupamaros y en esas cárceles, estas personas se fortalecen en sus convicciones... ¡Y hasta convencen a los guardiacárceles! Eso acá no lo queremos: acá hay que hacerlo así.

Estela entendió interiormente que a Laura la habían matado. “Si ya la mataron –le dijo–, devuélvanme el cuerpo porque no quiero volverme loca como las otras madres, buscando en los cementerios, en las tumbas NN.” Bignone le pidió, entonces, más datos: el apodo, señas personales. Le dijo que ya había hecho otra gestión con alguna otra madre y la despidió. Estela supo más tarde que esa otra madre era una de las personas que como ella lo habían conocido tiempo antes (en su caso, desde la niñez). Que fue a verlo para pedirle por uno de sus hijos. “Yo sé que vos no podés estar haciendo esto”, le dijo esa mujer. Pero él, ufanándose, le explicó lo contrario: “De ninguna manera: yo también con mis manos he matado a terroristas”.

Tierra arrasada

Apenas se sentó, Estela anudó su biografía familiar con la historia política de la Argentina, y en ella a los Falcone, el secuestro de la madrugada del 16 de septiembre de 1976, durante lo que después se recordó como La Noche de los Lápices.

“La historia familiar comienza durante la dictadura del 24 de marzo del ’76”, explicó. En ese momento, su hija Claudia, la segunda, estaba casada con Jorge Falcone, el hermano de María Claudia Falcone, una de las estudiantes de 16 años que peleaban por el boleto estudiantil y a quien secuestraron esa noche de septiembre. Ahí se produjeron los primeros movimientos de la vida familiar. Claudia y Jorge pasaron a la clandestinidad; les habían allanado la casa, la destrozaron y robaron todo lo posible. “Fue la primera situación emergente en la que tomamos contacto con una realidad anunciada, por otra parte para nosotros era imposible entender que estos hechos se iban a producir. Yo había nacido en el ’30, me crié con dictaduras, era permanente la usurpación del poder. Y si bien en el ’55 conocimos las masacres, nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una historia tan cruenta porque teníamos la inconsciencia de pensar que era una dictadura más.”

La Plata estaba arrasada. Había sido una ciudad movilizada, con estudiantes, profesores opositores, comunidades de base organizadas y gremios. Estela tenía otros tres hijos: Remo, Guido y Laura, la mayor. Ella hacía el profesorado de Historia y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

Laura permaneció en La Plata durante un tiempo. Se separó, se mudó. El 31 de agosto de 1977 toda la familia viajó a Buenos Aires. “Vinimos a reunirnos con Claudia y Jorge, que estaban casi clandestinos; queríamos estar juntos, regresamos a La Plata mi marido, Laura, mis hijos varones y yo y nos despedimos. Laura le pidió a su padre la camioneta para mudarse de domicilio.” Estela la vio en ese almuerzo por última vez.

Al otro día, Laura se llevó el rastrojero. Llegó la noche y, como no tenían noticias, el padre salió a buscarla. Pero tampoco él volvió. Estela llamó a un hermano con el que se fue a ese mismo lugar en su auto: “Nos encontramos con un panorama desolador: la casa estaba abierta, iluminada, las cosas tiradas, había gente llevándose las cosas que quedaban, seguramente eran rateros comunes, pero el aspecto era de una casa allanada”.

Al otro día, mientras recorría el barrio, encontró a una vecina. “¡No va a creer, señora! –le dijo la mujer–. ¡Fue terrible! Vinieron unos autos, invadieron todo, uno de los jóvenes salió y lo mataron y se llevaron a una pareja. Y a la noche tarde entró un señor mayor y cuando salió lo estaban esperando desde otro coche, lo detuvieron y se lo llevaron.”

Estela dijo: “Comencé haciendo lo que el sentido común me decía que tenía que hacer: buscar, buscar a Laura y a mi marido porque hasta ese momento no sabía nada de los dos. Recurrí a comisarías, regimientos; pregunté en hospitales porque él era diabético: en todos lados me dijeron que no había rastros; como éramos gente de iglesia busqué a Monseñor (Antonio). Recurrí a abogados. Mi esposo salió después de 25 días de torturas, de leer el diario todos los días para ver si aparecía alguien en el río o en algún otro lugar”.

Las cartas

Su marido salió con 14 o 15 kilos menos y marcas de tortura. Mientras permaneció desaparecido, Estela recibió una llamada de su hija, por la que supo, entonces, que a ella no se la habían llevado. Por si acaso, Laura entró en la clandestinidad. Se mudó a la Capital. Empezaron a tener códigos de contacto. Laura la llamaba una vez por semana al colegio inventando que era una amiga y le mandaba una carta. Estela recibió la última el 16 de noviembre de ’77, y ese día también la última llamada. La carta decía que iban a estar juntas en el verano, que iban a poder charlar con más tiempo en la playa. “Estoy más gorda”, le contó y también que estaba en pareja con un compañero. Diez días después, cuando no se produjeron más llamados, empezaron a buscarla. “Y ahí empieza en lo que a mí respecta la búsqueda. Pedí la jubilación anticipada para poder buscarla y ahí pido la segunda audiencia con Bignone.”

Mientras Guido, su marido, había estado desaparecido, Estela había hecho algunos contactos que ahora intentaba repetir. Entre ellos, había conocido a un hombre de la derecha católica, profesor de La Plata, que siempre estaba vestido de negro, que le pidió 40 millones de pesos de un día para otro, para “limpiar” la guardia. Estela empeñó joyas, pidió dinero, vendió cosas. Y aunque nunca supo si con ese dinero consiguió salvarle la vida a Guido, ahora estaba dispuesta a ofrecer 150 millones por Laura.

Después llegó el encuentro con Bignone. Estela salió llorando. Estaba convencida de que a Laura la habían matado. El 31 de diciembre de ese año, sin embargo, les llegó un mensaje escueto y anónimo que decía que Laura y su compañero estaban bien, bajo las Fuerzas de Seguridad. En abril de 1978 volvieron a tener una noticia. Una persona llamada Elsa Campos se acercó al negocio de Guido para decirle que había estado con ella. Que en el lugar se oían ladridos de perros, el silbido de un tren, que había mucha gente y que Laura le había pedido que los fuera a ver para decirles que su embarazo ya llevaba seis meses. Que su bebé iba a nacer en junio. Que si era varón lo iba a llamar Guido. Que quería que para esa fecha fueran a buscarlo a Casa Cuna.

“Este mensaje fue como volver a vivir: no sólo estaba viva Laura, ¡y estaba esperando un niño!”

Estela empezó a conocer a otras madres en ese momento. Luego nacería la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. La historia de la búsqueda de los nietos apropiados quedó para otro momento. El corte de luz hizo que el tribunal reprogramara su testimonio.

Una y otra vez le preguntaron a Alcira Ríos por lo que le dijo Rita, una de sus compañeras del centro clandestino. “Me dijo que la criatura nació bien –explicó–, que todo fue perfecto; ella estaba muy contenta y que esas cinco horas que pasó con su hijo fueron inolvidables.” Alcira supo el nombre de esa compañera muchos años más tarde, cuando estaba en Brasil y se encontró con Estela de Carlotto, que estaba buscando a su hija. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le dijo que a su hija le decían Rita y le mostró una foto: Alcira empezó a contarle entonces lo que ayer relató durante tres horas en la primera jornada de testimonios del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura.

La audiencia había empezado temprano con una conexión con Campo de Mayo, donde está internado con fractura de brazo el dictador Jorge Rafael Videla. Como sucedió la semana pasada con los otros acusados, Videla habló como un espectro a través de la pantalla y negó su responsabilidad en la causa (ver aparte). Durante la tarde, el Tribunal Oral Federal 6 anunció que, terminada la etapa preliminar, el resto de los acusados podía ausentarse del debate. Los abogados de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros, tomaron la posta rápidamente y pidieron las salidas. Mientras se levantaban, la sala quedó completamente a oscuras durante largos minutos por un desperfecto con la luz.

El primer testigo fue Pedro Alberto Pedroncini, que explicó el origen de las denuncias que abrieron las primeras hojas de la causa (ver aparte). Y luego Alcira Ríos. Ella había vivido en Santa Fe, militó entre los trabajadores de prensa y escapó a San Nicolás con su marido, Luis Córdoba, perseguidos por la Triple A. Los secuestraron en 1978. Primero estuvieron en San Nicolás y después en La Cacha. Los golpearon, los torturaron.

La Cacha había sido la base de la ex Planta Transmisora de Radio Provincia. A Alcira la pusieron en una de las dos “cuevas”: espacios donde sólo podía estar en cuatro patas; tirada en una colchoneta, las manos engrilladas y los pies atados a la pared. Al llegar, conoció a Laura Carlotto: “¿Cómo estás? –le dijo–. Sacate la capucha, yo soy otra detenida, me llamo Rita y tu marido está cuidado. Me voy porque si me ven me van sancionar.”

Desde la cueva, Alcira conoció a otros detenidos. “Así empecé a conocer a todos los que estaban ahí –dijo–. Llegó un momento en que en realidad eran muchos, quisiera nombrarlos porque si uno a los desaparecidos no los nombra siguen estando desaparecidos.”

Rita era una chica joven, explicó la abogada, que volvió a verla al día siguiente. Laura Carlotto había llegado hacía diez meses. Militaba en Montoneros, se la llevaron de Capital, desde donde estaba el área de prensa, dijo Alcira. La secuestraron con su compañero. Primero pasaron una semana en la ESMA, luego llegaron a La Cacha. Un día después de la llegada, fusilaron a su compañero en el patio mientras le decían “terroristas subversivos”. “¿Qué hacen con los cuerpos?”, le preguntó Alcira. “Me parece que les echan goma de caucho y los queman”, dijo Laura.

Laura no era la única embarazada. Entre otras, Alcira mencionó a María o Norma Akin, secuestrada con sus hijos y su madre, a quien sus compañeros dieron por desaparecida y quien recién después de 27 años logró acercarse a la Conadep. También a María Inés Paleo, que sobrevivió vigilada.

“A mediados de agosto de pronto escucho un llanto terrible, como que salía del corazón –indicó–. Una de las chicas estaba a los gritos y escucho la voz de una compañera que dice: ‘Calmate, calmate, no solucionamos nada así, Rita. Acordate: sobrevivir, resistir y sobrevivir’.” Laura les decía que no iba a poder hacerlo: “¡Tengo un hijo que me quitaron y no sé dónde mierda está!”. Un ataque de nervios y de llanto, dijo Alcira. “Nos quedamos todos destruidos.”

Durante su testimonio, Alcira explicó que el niño había nacido antes de que ella llegara al centro clandestino. Que fue el 26 de junio de ese año. Que a Laura se la habían llevado en una ambulancia a un hospital militar del que sólo se tienen indicios pero no certezas. “Durante el parto estuve engrillada a una camilla –le contó Laura–, estaba sola en una sala, cuando se abría una puerta había un soldado uniformado ahí, o sea que debe haber sido un hospital militar y lo tuve cinco horas”, dijo. Al niño le puso Guido, el nombre de su padre. El niño nació lo más bien, dijo, perfecto, y a Laura le dijeron que se lo iban a llevar a su madre.

Dos o tres días después del shock, a Laura le anunciaron que se iba a la ESMA para un consejo de guerra, pero estaba convencida de que iba a volver a estar con su familia. El 24 de agosto pidió permiso para despedirse de los compañeros cama por cama. “Cuando llegó a la mía me dijo: ‘Yo de vos quiero un recuerdo’”. Alcira le dio lo único que le había quedado: un corpiño negro de encaje que años más tarde sirvió para confirmar la identidad de su cadáver.

Cuando fue liberada Alcira viajó a Brasil. Denunció. No habló de Laura, convencida de que estaba con su familia. Se encontró más tarde con Estela. La presidenta del tribunal le preguntó sobre las inscripciones de los nacimientos. “¿A quién se lo iba a decir? –dijo –. No se inscribían ni a la embarazada ni el parto ni el bebé: eran totalmente clandestinos. Ella me dijo a mí ‘lo tuve cinco horas conmigo, lo disfruté cinco horas y le puse Guido por mi papá’, que se lo iban a dar a su madre y lo que sí me dijo es que al día siguiente ella volvió al campo.”

Alfredo Bisordi tergiversó el testimonio de los testigos e introdujo elementos falsos en su acalorada defensa de Luis Abelardo Patti. Palabras más palabras menos, esa fue una de las conclusiones que se escucharon ayer en José León Suárez, durante la audiencia destinada a las réplicas de los alegatos del ex camarista devenido en defensor del represor. La abogada de los hermanos Gonçalves fue especialmente meticulosa para sumar elementos de prueba sobre lo que nombró una y otra vez como la trama de las mentiras. Una suma de datos por los que terminó pidiéndole al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que encabeza Lucila Larrandart, una sanción para el ex magistrado por “conducta agraviante”.

La palabra mentira fue una de las más escuchadas durante la audiencia, una de las últimas jornadas del juicio oral a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone, Omar Riveros, Martín Rodríguez y Fernando Meneghini. Las querellas la usaron luego de contrastar no sólo los apuntes tomados durante el juicio, sino también las grabaciones de las audiencias. Bisordi no fue el único abogado defensor replicado, pero fue el que concentró las principales respuestas porque con su defensa cuestionó fundamentalmente el valor de muchas de las víctimas que se atrevieron a declarar de forma valiente, como dijo semanas atrás la abogada Ana Oberlin.

Uno de los testigos maltratados por Bisordi fue Jesús Bonet, cuyo testimonio fue clave porque confirmó la relación entre el secuestro de Gastón Gonçalves y la comisaría de Escobar. Ese testimonio para Bisordi resultó nulo; entre otras razones, porque –según Bisordi– Bonet había dicho que estuvo secuestrado con una persona que fue secuestrada seis meses más tarde. Ana Oberlin encontró ahí una de las “mentiras”. Revisando la copia del material, halló por ejemplo que Bonet no había dicho eso, sino que durante su secuestro le preguntaron por esa persona.

La lógica se repitió después con otros testigos. Oberlin nombró los casos de Blanca Leonor Buda, Eva Orifici y al antropólogo Alejandro Incháurregui. “Creemos que no son simples descuidos o negligencia, sino que conforman una inconducta procesal maliciosa y manifiesta –dijo la abogada– que de ningún modo puede tolerarse ni considerarse comprendida en el ejercicio de la defensa.” Por eso, pidió una sanción y que el TOF reenvíe al Colegio de Abogados los audios o las actas para que se evalúe la existencia de una falta grave.

La audiencia había comenzado con las réplicas del equipo de fiscales. Bisordi había dicho que los argumentos de Javier de Luca, Marcelo García Berro y Juan Murray para acusar eran producto de una noche afiebrada; los llamó mendaces, deleznables e incumplidores de la regla de objetividad. Además, los consideró parte de un ejército de “obedientes” aliados del kirchnerismo. Aunque no dejaron de hacer una devolución técnica, los fiscales respondieron los piropos: “Reiteramos que no es inocuo para nosotros que nos injurien y que, por esa razón, no tenemos por qué soportar que nos digan que somos cualquier cosa, que nuestros argumentos son un conjunto de cachivaches juntados de cualquier manera con tal de quedar bien con una corriente dominante”.

En los puntos técnicos, las réplicas se concentraron en temas claves. Algunos, estratégicos. Los fiscales están convencidos de que Bisordi planteó su alegato no sólo pensando en el presente, sino en lo que sucederá más tarde: el ingreso de la causa en la Cámara de Casación, donde el ex camarista conoce el paño y donde ya no estarán ni estos jueces ni estos fiscales, ni las querellas ni los testigos para hablar de lo que sucedió en esta sala.

Uno de los puntos estratégicos, entonces, es lo que Bisordi planteó sobre la ausencia de Patti en la sala. Pidió la nulidad del juicio porque supuestamente se lo juzgó en ausencia. La fiscalía rechazó el planteo con un largo argumento que apunta especialmente al después: aseguró que el derecho a la defensa estuvo garantizado por la presencia de los defensores, pero además recordó que fue la defensa de Patti la que consintió las salidas del acusado de la sala invocando razones de salud graves. “Este argumento es muy grave porque la defensa lo ocultó”, dijeron. Y fueron más allá: negaron la gravedad de Patti. “Debemos señalar, sin embargo, que es falso que Patti no pudiera asistir a las audiencias, porque ninguna de las dolencias que lo aquejan se lo impedía.” No existe informe médico oficial alguno, aclararon, que haya sugerido tal cosa: “Todos son certificados elaborados por médicos de guardia y de traslado, sin experticia y especialidad en estos asuntos, además de provenir de un centro privado elegido por el propio paciente imputado”.

Las réplicas siguieron en manos de Pablo Llonto, representante de Muniz Barreto, Souto y los D’Amico. Llonto sacó a flote una resolución vieja de Bisordi en su rol de juez y, por eso, lo llamó esquizofrénico: en su papel de camarista admitió el plan sistemático de desaparición de personas y ahora, en su rol de defensor, dice que Patti sufre persecución y un virtual linchamiento. Llonto dejó en claro que una cosa es defender a un imputado, al que se le debe el resguardo de la ley, pero otra muy distinta es hacer una defensa basada en ironías y mentiras.

Dos de los cuatro represores juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti ya pronunciaron sus últimas palabras en el proceso. Eduardo Cabanillas dijo, la semana pasada, que habían transcurrido seis meses de juicio oral y estaba sentado ahí igual que cuando había llegado: sin entender por qué se lo juzga. Raúl Guglielminetti reivindicó, a su turno, a la dictadura militar. El próximo jueves se escuchará a otros dos imputados y pocas horas más tarde, ese mismo día, el veredicto del Tribunal Oral Federal 1. Entre los pedidos, el TOF deberá evaluar la enorme producción de pruebas documentales halladas –o revaloradas– durante el juicio. El fiscal Guillermo Friele y su adjunta Mercedes Soysa Reilly ensamblaron buena parte del material durante el alegato. Los datos tienen tres orígenes: la ex Dipba, la SIDE y el Departamento de Estado norteamericano. Revelan datos como el rol de Argentina como “ratonera” para los supuestos refugiados políticos. Pero además marcan el peso de los archivos, la urgencia de su desclasificación y, sobre todo, la necesidad de ámbitos donde cruzar información.

La fiscalía pidió 25 años de prisión para tres acusados: Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo, que actuaron en el campo de exterminio. Para el general Cabanillas pidió, en cambio, condena a perpetua, como sucedió con las otras querellas.

Así como otros alegatos plantearon algunas novedades en planos más políticos o simbólicos, el fuerte de Friele fueron los documentos. Los análisis tuvieron básicamente tres fuentes: la SIDE –aunque muy escasa, con errores entre lo informado y lo documentado, según indicaron en la fiscalía–, la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) y los archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, analizados en el juicio por Carlos Osorio, director para el Cono Sur del National Security Archive, una ONG que compila información de las agencias públicas.

Del material de la SIDE supieron que “documentos muy importantes vinculados con la represión (ejercida por Inteligencia) fue destruida”, explicó Soysa Reilly a Página/12. Pese a eso, encontraron otros documentos. Uno de ellos es un sello del OT18 (nombre de Orletti) que se refería a esa División y estaba estampado en varios legajos de los agentes de inteligencia; el dato es importante porque la SIDE siempre negó su vínculo con ese centro clandestino.

Sobre los documentos estadounidenses, uno de los aportes fue el rol de la SIDE en el terrorismo de Estado y el lugar de Otto Paladino, ex jefe de inteligencia. Un documento indica, por ejemplo, que en 1975, cuando las FFAA asumieron la dirección de lo que llamaron “lucha contra la subversión”, el SIE y dentro de él el Batallón de Inteligencia 601 jugaron un papel central en esta lucha, incluso, en la esfera exterior. Para entonces, Paladino era el jefe de la SIE, experto en extranjería. Bajo su conducción, dicen los fiscales, se inició el seguimiento a la Junta Coordinadora Revolucionaria (ERP argentino, MIR chileno, el MLN-Tupamaros de Uruguay, ELN Bolivia, y Frepalina de Paraguay). Paladino pasó después del golpe a la dirección de la SIDE, convocado como experto en extranjería. La SIDE concentró a partir de ese momento la actividad de la SIE: bajo su mando estuvieron tanto los espías de la SIDE como del Batallón 601, como el caso de Guglielminetti.

Otro aporte fue un documento del archivo del terror de Paraguay que indica que, a mediados de 1975, el Batallón 601 y sus hombres se implicaron en el interrogatorio de Isaac Fuentes Alarcón, del MIR, y de Amílcar Santucho, del ERP, capturados en mayo de ese año en Asunción. En el interrogatorio les preguntaron por Patricio Antonio Biedma y Manuela Santucho: los dos van a estar más tarde entre las víctimas de Orletti.

Los documentos dicen también que la SIDE participó de la reunión de noviembre de 1975 en Chile, lanzamiento del Cóndor. El dato es importante porque permite entender la presencia de los agentes de la DINA chilena en el centro clandestino.

Otro de los elementos apunta a los refugiados, ya mencionados por la querella de Kaos. “Los documentos prueban las violaciones del derecho de asilo y refugio político de los ciudadanos extranjeros que buscaban seguridad en Argentina antes del golpe de Estado”, indicó la fiscal. Como Argentina sufrió el golpe después que otros países de la región, a criterio de los fiscales se convirtió en una ratonera de los militantes del cono sur que buscaban asilo. “Concretamente fue hallado un documento que demuestra que información sensible de refugiados había sido robada de las oficinas de la Comisión Católica”, precisaron. Entre ellos, un parte de la CIA de julio de 1976 establece que: “En mayo, hombres armados saquearon las oficinas de la Comisión Católica de Inmigración de Argentina y robaron los registros que contienen información de miles de refugiados e inmigrantes. La policía argentina no investigó el delito y lo desestimó como un simple robo. Dos días más tarde, 24 refugiados uruguayos y chilenos, muchos de los cuales eran los sujetos de los expedientes de la comisión, fueron secuestrados y torturados durante varias horas”. El parte alude a una operación con participación de fuerzas chileno-uruguayas, y según los fiscales no podría haber sido llevada a cabo sin la cooperación y el mando de las fuerzas de seguridad argentinas.

Finalmente, el último grupo de documentos fue el aportado por la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de la desclasificación de los archivos de la ex Dipba. “Entre los documentos pudimos probar que varias de las víctimas que fueron secuestradas y llevadas a Orletti estaban siendo seguidas por la SIDE o al menos la SIDE manejaba información sensible de ellas”, dijeron. Un caso fue el de María Elena Laguna, secuestrada con tres hijos. Los archivos revelan que el operativo fue interceptado por agentes de la Comisaría de Morón, ante quienes la patota se presentó como integrante de la SIDE.

Otro documento revela en cambio la intervención de la SIDE en la detención de dos funcionarios de la embajada de Cuba en Argentina (Cejas Arias y Galañeda Hernández). Los dos estuvieron en Automotores Orletti. Pero los peritos de la ex Dipba aportaron una comunicación secreta de la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires “donde se establece que el 21 de junio de 1976 la SIDE, desde su sector AIII.AIII.A, requirió un informe ambiental sobre una vivienda situada en la localidad de San Isidro, Pcia. de Bs. As., adyacente a una propiedad de la Embajada Cubana”. Uno de los testigos declaró durante el juicio oral que ese era el lugar donde vivían los dos funcionarios.