El decreto de Mauricio Macri que tipificó como delitos contravencionales las medidas gremiales que afecten la producción o distribución de los diarios es inconstitucional. Así coincidieron en advertirlo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los legisladores de la oposición porteña, que presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto. El argumento principal que plantearán en los tribunales es que el jefe de Gobierno porteño no puede, por sí mismo y porque se le ocurra, inventar infracciones.

El decreto fue firmado por Macri a raíz de las protestas sindicales que afectaron la salida de Clarín y la distribución de La Nación y ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse. El decreto estableció que bloquear la salida de un diario es una contravención, así como también tomar cualquier tipo de medida que “perturbe” la producción de un medio gráfico, fijándoles penas de hasta 50 mil pesos o hasta diez días de prisión.

Para Tomada, el jefe de Gobierno porteño “se arrogó la suma del poder público” con el dictado del decreto. El ministro de Trabajo se reunió con legisladores de la oposición macrista y representantes sindicales para tratar el tema y dio después una conferencia de prensa en la Legislatura. Allí remarcó que considera la medida como “antisindical, porque cercena los derechos de los trabajadores y crea una amenaza contra esos derechos”. “Pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, fue su definición.

Consultado por Página/12, Damián Loreti, abogado de organizaciones sindicales de trabajadores de medios e integrante del CELS, explicó que el jefe de Gobierno porteño “no tiene facultades ni siquiera por excepción para crear figuras de infracción en el Código Contravencional y establecer penas por decreto. Esto viola la Constitución de la Ciudad, viola la Constitución Nacional y también la Convención Americana de Derechos Humanos que dijo, en el ’86, como una opinión consultiva, que las medidas restrictivas de los derechos humanos requieren ser sancionadas por ley, en el sentido de que deben ser leyes aprobadas por Parlamentos o Congresos que reconozcan la pluralidad de la representación política de la sociedad”.

Quienes se ocuparán de presentar el recurso ante la Justicia serán los legisladores porteños. El sabbatellista Gonzalo Ruanova confirmó que irán a los tribunales el viernes, con un escrito que están coordinando con Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Alegre (kirchneristas), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), entre otros. Los diputados tienen dos caminos posibles: ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pedir la inconstitucionalidad o presentar un pedido de amparo. Anoche se inclinaban por esto último.

Ruanova aseguró que el decreto debe ser refrendado por la Legislatura en un plazo máximo de 30 días, “pero mientras tanto está en vigencia. Esto quiere decir que si hoy un grupo de trabajadores va y hace una manifestación que afecte la distribución de un diario, Macri puede ir con la Policía Metropolitana y aplicarles estas nuevas figuras penales que creó para abrirles una causa”.

Gabriela Alegre sostuvo que los legisladores están “legitimados” a pedir la intervención de la Justicia “porque Macri está pasando por encima de nuestras funciones. La Constitución Nacional y la porteña prohíben la firma de decretos de necesidad y urgencia con contenido procesal penal”.

La presentación de los diputados porteños será respaldada por organismos de derechos humanos y los sindicatos de medios. Para ser más efectivos, una posibilidad que evalúan es la de intervenir judicialmente como amicus curiae, escrito en el que se ofrecen argumentos en favor de una postura.

Lleva un gran reloj de oro en la muñeca. El puño de camisa lo deja al descubierto cada vez que ceba un mate y lo pasa por encima de la mesa. No un mate cualquiera, un mate con virola. Ricardo Bruzzese está lleno de detalles así: por empezar, su oficina está en un octavo piso de Puerto Madero. Tiene un gran ventanal con una increíble vista del río. Sobre la mesa, junto a un plato de medialunas bañadas en almíbar, descansa una notebook delgada como el papel. Todo lo que lo rodea es caro, aunque él juega, más bien, al pibe de barrio. Simpatía no le falta. “Estoy acá pero no encajo. Puerto Madero no es lo mío, yo soy de Isidro Casanova”, asegura. Empresario frigorífico, Bruzzese es candidato a intendente de La Matanza. Hebe de Bonafini le dio un espacio para que hablara en el acto que las Madres realizaron por el 24 de marzo en el Mercado Central. Con el apoyo de un sector del kirchnerismo, viene haciendo campaña para disputar votos en el distrito clave del conurbano bonaerense. Trabaja políticamente con Guillermo Moreno y está cerca, además, de Julio De Vido.

–Empecemos por el comienzo. ¿Cómo surgió la candidatura?

–Milito hace 22 años. Fui presidente de la Juventud Peronista con Federico Russo, en La Matanza, y mi papá, Miguel Bruzzese, era dirigente de Luz y Fuerza con (José Ignacio) Rucci. A la primera unidad básica de Ciudad Evita la pusieron los dos juntos. Milité toda mi vida, pero me dedicaba más a trabajar porque quería hacer plata. Hasta el día que mi papá murió y fue un click, porque en el velatorio vino a abrazarme mucha gente que yo ni conocía, llorando. Me hizo sentir muy orgulloso. Porque yo salí de la villa y a mí me fue bien en la vida. Armé una estructura económica, lo que quiero ahora es comprar orgullo.

–¿Donde nació?

–En Puerta de Hierro, La Matanza.

–¿Es cierto que su empresa se llama “El padrino de Don Corleone”?

–(Se ríe.) Una de las carnicerías que tenía, en Mataderos, se llamaba así. Cuando la compré ya tenía ese nombre, “El padrino”, y la razón social era “Don Corleone S.A.”. Quedó así, pero mi empresa se llama Kriolla. Yo empecé pelando huesos, hace dieciséis años. Tuve suerte, compré una carnicería, otra, después el frigorífico donde había empezado. Ahora me queda sólo una distribuidora, pero llegué a tener seis. Es que la campaña lleva mucha plata, porque yo hago política con lo mío, no le pido al Estado.

Bruzzese hace un alto en la nota para atender un llamado. (“Del secretario de Moreno”, se disculpa.) Las paredes de su despacho están cubiertas de afiches. En uno se lo ve caminando junto a la presidenta Cristina Kirchner. En otro, posa con De Vido.

Hay también un panel del piso al techo cubierto de televisores. El explica que porque ésa era la oficina del humorista Jorge Guinzburg. “Cuando vine la dejé como estaba y agregué mis cosas.” Fotos de Perón y de Evita.

–Decía que militó con Russo.

–Y después con Cafiero, pero nada me terminaba de gustar hasta que apareció Néstor (Kirchner). Es que el peronismo en la Argentina siempre fue de centroderecha, y yo no (se ríe y aclara). Está bien, vivo como uno de centroderecha, pero mi ideología y mi accionar no son así.

–¿Cuál es la clave para sumar votos en La Matanza?

–Caminar los barrios. Empezamos en el 2008, nos pusimos a recorrer las panaderías, los almacenes. Entrábamos en la hora pico “Qué tal, yo soy Ricardo Bruzzese, estoy con el gobierno nacional y en el 2011 quiero ser intendente”.

–¿Va a ser candidato con una lista colectora?

–Sí. Ir a una interna contra el aparato municipal sería muy difícil. Encima, en La Matanza no son muy kirchneristas. Fernando (Espinoza, el actual intendente) se reunió varias veces con (Eduardo) Duhalde. Todavía no está claro con quién va a ir.

Bruzzese cuenta que trabajó en la campaña de Balestrini en el ‘99 y no oculta que después jugó con su rival interno, Rubén Ledesma, cuando estaba alineado con Francisco de Narváez. Después, sigue, trabajó con Moreno y con De Vido. “Pero no cobré sueldo nunca, me daban una tarjeta de asesor, nada más.”

–¿De asesor en qué temas?

–Comerciales o sociales. Después, en el segundo paro del campo fui piquete por piquete y traje a todos los piqueteros a hablar con Moreno, hasta al loco de la escopeta de 9 de Julio, un petiso malo que hoy está en nuestro espacio, ahora juega con el Gobierno. La gente no sabía la verdad, le contaban una parte. Bueno se quedaron todos de este lado y se terminó el segundo paro del campo. Y en el 2009, con De Vido, yo le hacía toda la previa cuando él viajaba al interior. Llegaba antes y hablaba con la gente, contaba lo que iba a hacer Julio, que iba a entregar obras. Falta caminar el territorio. Es como en La Matanza. Ahí no hay dos o tres clases sociales, hay por lo menos seis o siete. En veinte manzanas tenés de todo: el monoblock, el chalet y la villa. Entonces, hay que ser intendente y tener por debajo quince miniintendencias para dar soluciones por lugar.

–¿A Bonafini cómo la conoció?

–Me mandó Néstor. Me siento a hablar con ella: “Soy Ricardo Bruzzese, quiero ser intendente de La Matanza”, le digo. “Yo no soy peronista”, me dice ella. “Yo soy extremadamente peronista”, le digo. “A mí no me gusta Perón”, me dice. Me paré y me fui. Llamé para quejarme y me mandaron a verla de nuevo. Así empezamos, después nos entendimos. Ella es evitista.

–Y usted, ¿cómo se define?

–Como kirchnerista. ¿Viste la frase “se cerraron dos ojos, se abrieron millones”? Es mía, la vieron los chicos del colectivo militante en uno de mis volantes y me llamaron para preguntar si la podían usar también ellos. Creando pleno empleo y viendo el domingo sentada a la familia con sus chicos en respeto y armonía, quiere decir que goberné bien. Yo creo que esto es muy importante, nosotros tenemos que volver a la base de la sociedad. La familia es eso, el cimiento fundamental de la sociedad.

Los servicios del subte estuvieron interrumpidos ayer durante dos horas por un paro de la Unión Tranviarios Automotor. La huelga invirtió los roles de los dos sindicatos que coexisten en Metrovías, ya que mientras la UTA frenaba la salida de los trenes, los “metrodelegados” intentaban ponerlos en marcha. En Constitución hubo incluso empujones y alguna trompada.

El delegado de la UTA Gustavo Vasallo aseguró que hicieron la medida de fuerza para reclamar a Metrovías que pague un retroactivo salarial de 2100 pesos que la empresa adeuda desde hace seis meses, y acusó a los dirigentes de la nueva Asociación Gremial del Subte, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, de ser “saboteadores” del paro.

Pero Pianelli y Segovia aseguraron que la verdadera razón del paro de la UTA fue apoyar el pedido de excarcelación de José Pedraza, que ayer fue tratado por la Justicia. Pianelli explicó, en ese sentido, que el retroactivo alegado surgió en enero, cuando los trabajadores acordaron con Metrovías una recomposición en concepto de viáticos. En ese momento, la UTA firmó el convenio sin ponerle objeciones, mientras que la Asociación Gremial (Agtsyp) estuvo a punto de ir a un paro, que finalmente levantó por un compromiso escrito del Ministerio de Trabajo de seguir negociando para que los trabajadores cobraran el retroactivo.

Pianelli sostuvo también que la UTA fue apoyada por la empresa para demorar la salida de los trenes. “Metrovías es parte de la Ugofe, que está bajo la lupa en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra”, apuntó. La Justicia investiga, puntualmente, si la empresa dio, a pedido de la Unión Ferroviaria, el día libre a los trabajadores del Roca que integraron la patota que atacó a los tercerizados en octubre pasado.

Más allá de los motivos formales de la medida de fuerza, la concesionaria precisó que “entre las 13.50 y las 16” las cinco líneas del subte quedaron paralizadas. Antes de las 13, las líneas habían funcionado con demoras de más de 12 minutos e interrupciones momentáneas, por lo que Trabajo declaró “una conciliación obligatoria” que debía regir desde las 15 y fue acatada una hora después.

En ese contexto ocurrió la pelea entre los dos grupos rivales, con empujones e insultos, cuando los delegados de la UTA bloqueaban el ingreso de los pasajeros a los andenes de Constitución, mientras los “metrodelegados” intentaban forzar su apertura. La Policía Federal intervino para separar y mantuvo cerrado el acceso a la estación en los momentos de mayor tensión.

En un comunicado, la empresa sostuvo que el paro afectó a unos 200 mil usuarios. “Metrovías lamenta los inconvenientes que se generaron por esta medida de fuerza gremial llevada adelante por delegados de la UTA”, concluyó. Metrovías y los representantes de ambos sindicatos comenzarán la negociación paritaria el lunes, en Trabajo. La semana pasada, la Asociación Gremial realizó sus primeras internas. El nuevo sindicato quedó legitimado por el nivel de participación en la elección. Por esto, todo indica que los delegados de la UTA buscaron con la medida de ayer un poco de prensa para llegar fortalecidos a la discusión salarial.

“Alerta vecino” decían los volantes que, el domingo pasado, militantes de la JP Evita repartieron en la iglesia María Inmaculada de la diócesis de San Martín cuando el cura Alberto Angel Zanchetta, desde el altar, se disponía a terminar la misa dando su bendición a los presentes. No pudo hacerlo. Ante el escrache de los chicos, aguantó lo que pudo y finalmente hizo mutis por el foro. Ex capitán de fragata, Zanchetta fue durante la dictadura uno de los capellanes de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se ocupaba de contener espiritualmente a los marinos que volvían de tirar secuestrados al mar.

Zanchetta había desembarcado a principios de marzo en esa parroquia del conurbano, donde lo mandaron con bajo perfil, para ocuparse sólo de hacer tareas administrativas. Cobijado por el obispo de San Martín y Tres de Febrero, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, el cura sin embargo pronto se dio el gusto de subir al púlpito. Dio una primera misa el domingo 6 y a la semana siguiente comenzó a querer dar órdenes a la gente que participa en el trabajo social de esa parroquia.

“Se daba ínfulas. Empezó a preguntar quién se ocupaba a de esto y de lo otro, pero no con la actitud de un cura que viene a hablar tranquilamente con la gente. Se le notaban las insignias arriba del hombro”, definió a Página/12 una de las laicas del lugar. Así llamó la atención, googlearon su nombre y encontraron los antecedentes. La noticia corrió rápido.

Según varios testimonios, Zanchetta repitió ante la gente de la parroquia en una reunión de la Pastoral (cuando se reúnen los integrantes de Caritas y otras ramas del trabajo laico con el cura párroco) los dos argumentos que sostiene cada vez que es cuestionado. El primero es que “todo lo que se dice” sobre él “es mentira”. El segundo, que le “faltan pocos años” para jubilarse; “hasta entonces tengo que tener una actividad”.

El escrache

Los de JP Evita imprimieron volantes con la historia de Zanchetta y el domingo fueron a la misa de 11. Tal como lo esperaban, el cura estaba otra vez encargado de realizar el oficio. Los chicos se distribuyeron en la nave y escucharon buena parte del oficio antes de escracharlo. “En el sermón, dijo que Dios era como una empresa”, contó Carolina Bordón, que aun conociendo los antecedentes del personaje quedó impactada por lo burdo del estilo. “Además, como parte de la homilía preguntó a los que estábamos escuchando si creíamos que las elecciones en Chubut o el Ministerio de Economía nos iban a cambiar la vida, como para marcar que hay que prestar atención a la fe y no a la política.”

Cuando el cura terminó de dar de comulgar, largaron el escrache. Uno de los chicos se paró: “Vecinos, queremos contarles que esta persona que está dando la misa estuvo en la ESMA durante la dictadura”, dijo, mientras los compañeros repartían los volantes en los que se advertía que “en la iglesia de su barrio da misa un asesino”.

La denuncia ayudó a que la novedad circulara. En la comunidad ya había habido movimientos internos. La parroquia tiene una escuela primaria y el día anterior las madres de los chicos que van a catequesis los retiraron de la misa del sábado y anticiparon que no los harían tomar la primera comunión si era Zanchetta el encargado de realizar el oficio religioso. Y el domingo a la tarde, después del escrache, un grupo de la pastoral social fue a hablar con el obispo y le exigió que sacara a Zanchetta de la parroquia. Se fueron de la reunión con ese compromiso de parte de Rodríguez-Melgarejo y desde entonces Zanchetta dejó de ser visto en el lugar. Sin embargo, todo indica que sigue cumpliendo funciones en la parroquia de Caseros, para la escuela Nuestra Señora de las Mercedes.

El lugar fue el Luna Park, la gente del conurbano y la sorpresa un saludo que Cristina Kirchner mandó al acto, grabado en video, dando la bienvenida al nacimiento de una nueva fuerza “del movimiento nacional y popular”. Luis D’Elía lanzó ayer el partido Miles, que apoyará la reelección de la Presidenta aunque por fuera del Frente para la Victoria.

D’Elía llevó al escenario del Luna su programa de Radio Cooperativa. Flanqueado por sus habituales compañeros de transmisión, fue presentando en pantallas gigantes instaladas detrás de la mesa de trabajo la historia reciente del país: el menemismo, la desocupación, el surgimiento de movimientos de desocupados, la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, las medidas tomadas en su mandato y las de éste. Y comentado cada capítulo para explicar la propuesta de su nuevo partido.

Abajo, en la primera fila del público, estuvo acompañando la presentación el diputado Martín Sabbatella. D’Elía está en conversaciones con él con la intención de armar un frente con Nuevo Encuentro. El dirigente de La Matanza ya anticipó que no va a respaldar la candidatura a gobernador bonaerense de Daniel Scioli, al que rechaza “porque tiene un sistema de ideas de corte netamente liberal, opuesto al ideario kirchnerista” y que, en cambio, se siente afín al sabbatellismo.

En ese sentido, ayer planteó que la militancia política debe ocuparse de recomponer la alianza de la clase media con los sectores populares para que los cambios tengan sostén.

En el repaso de la historia reciente, las imágenes que mostraron a Néstor Kirchner fueron las más aplaudidas de la noche. Un video fue recordando medidas de su mandato: el momento en que dio la orden al entonces titular del Ejército, Roberto Bendini, de descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y de Reynaldo Benito Bignone, el pago de la deuda con el FMI, la renovación de la Corte Suprema, la derogación de la ley de flexibilización laboral, el restablecimiento de las paritarias.

Poco antes había pasado por el programa, como uno de los primeros invitados, Hugo Yasky. “Antes a los paros los convocaban las centrales sindicales, ahora los decreta Magnetto. ¿Qué decís de los dirigentes sindicales que opinan que este Gobierno es lo mismo que el de Menem?”, le preguntó D’Elía sobre el paro anunciado por la CTA de Pablo Michelli. “Son sectores que se dicen de centroizquierda pero que perdieron el camino –contestó Yasky–. No entienden los cambios que se están produciendo.”

Otro invitado fue Gabriel Mariotto, titular del organismo que se encarga de la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. “Antes de la nueva ley, había ocho grupos que controlaban al 90 por ciento de los medios”, apuntó Mariotto.

Un momento que provocó sonrisas fue cuando se mostró una participación de D’Elía en el programa A dos voces. En medio de una discusión, D’Elía planteó a los conductores, Marcelo Bonelli y Gustavo Silvestre: “Decir que Clarín es un monopolio que atenta contra la libertad de prensa en la Argentina no es ningún disparate”. Bonelli contraargumentó: “Si hay un monopolio es porque la gente elige comprar ese diario y mirar este canal todos los días”.

Cuando el racconto histórico llegó a la gestión de Cristina, por el video pasaron la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios y la asignación a la niñez.

El repaso terminó con los festejos del Bicentenario, la muerte de Kirchner y las manifestaciones que acompañaron su despedida. D’Elía contó que en el primer encuentro con él de los movimientos sociales, cuando fueron a la Casa Rosada, “cuando me tocó hablar a mí me puse a llorar. Yo venía viendo las medidas que él estaba tomando y tuve una intuición fuerte de que empezaba un tiempo distinto”. El cantito más coreado del día fue para el ex presidente: “Néstor no se murió/ Néstor vive en los pibes que están cobrando la asignación”.

El saludo que mandó Cristina Kirchner fue proyectado también en las pantallas gigantes, e hizo en los hechos de cierre del acto. Dijo que la habían invitado a ir al Luna Park, “donde se va a lanzar un partido que reivindica las mejores tradiciones de lo que es el movimiento nacional, popular y democrático”, dijo ella en el mensaje, en el que le dio a Miles “la bienvenida al movimiento que sigue intentando la transformación económica y social más importante de nuestro país”.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, saludó desde el escenario junto a D’Elía, mientras el acto se daba por terminado. El sacerdote Luis Farinello, los diputados Ariel Basteiro y el ex diputado Carlos Raimundi, el Nono Frondizi y el candidato a intendente de La Matanza Ricardo Bruzzese también estuvieron en el lanzamiento.

Hebe de Bonafini hizo el acto por el 24 marzo en el Mercado Central, donde hablaron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el ministro de Economía, Amado Boudou. Fue un encuentro atípico por el lugar, por los oradores y por el público, en el que hubo mucha gente de los obradores de los barrios que las Madres están construyendo en el sur de la ciudad y vecinos de La Matanza. “Este acto en este lugar es para contarle a los que están marginados y no tienen vivienda ni tienen trabajo que la dictadura fue también contra ustedes. No crean que no les pasó”, les dijo Hebe en su discurso. También les pidió: “No se equivoquen. Por favor aprendan a votar. No vayan detrás de intendentes fachos que hoy son kirchneristas y mañana se dan vuelta”.

En el auditorio todo estuvo preparado desde temprano. En las dos columnas centrales fueron colgadas gigantografías con fotos de las Madres y contra las paredes pancartas de la Asociación y su radio, la AM 530, para la que se construirá ahí una planta de transmisión. Las Cristinas llevaron sus banderas, y los estudiantes de la Universidad Popular remeras que los identificaban.

El que llegó tarde fue Boudou, tanto que el presentador llegó a anunciar que no estaría. Hebe entró al auditorio acompañada por varios integrantes del gabinete como la ministra de Industria, Débora Giorgi, Moreno y el titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto. También estuvo Sergio Schoklender, que preside la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y el candidato a intendente de La Matanza Ricardo Bruzzese.

Los discursos estuvieron centrados en el carácter cívico militar del golpe del ‘76. “La dictadura tuvo el objetivo de instalar un modelo económico que con sus más y con sus menos llegó hasta el 2003”, señaló Moreno, que se sacó la campera negra antes de hablar, para quedarse con un menos abrigado chaleco a cuadros. El secretario recordó que “había que estar en el gobierno del 2003, cuando (Néstor Kirchner) decía que estábamos en el infierno porque estábamos en el infierno: el Estado había sido disuelto y lo único que tenía el presidente era el pecho. Y utilizó tanto el pecho que hoy es el 30.001”.

Moreno aseguró que, como integrante de la generación del ‘70, puede decir que “la tarea está cumplida” porque “hemos vuelto a poner la patria en pie”. Luego Boudou apuntaría que en el 2011 “se están enfrentando dos proyectos de país”, para advertir: “Si Cristina no es presidenta, en dos años nos van a mandar para atrás como lo hicieron con el gobierno de la Alianza”.

El acto fue convocado con la consigna “Que la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos”.

También hubo muchas menciones a la gestión de Néstor Kirchner. “Nosotras éramos madres de una generación egoísta que decía: ‘mi casa, mi cocina, mi trabajo’ y cuando llega la dictadura nada es tuyo”, señaló Hebe, como ejemplo. “Nuestros hijos nos legaron su compromiso y Néstor también dio su vida por ese mismo compromiso. Nuestros hijos ahora son ustedes, en cada uno de ustedes nacieron nuestros hijos. Néstor también, no hay que quererlo por quererlo, sino imitarlo. No digamos ‘cómo lo queremos’, imitémoslo, demos la vida, si se nos revienta el corazón, en buena hora, es por la patria. Nosotras queremos construir viviendas, hospitales, escuelas. Queremos que todos los niños sean felices, nos importa más que un niño sea feliz que meter preso a un milico: eso es lo que estamos diciendo”.

El clima fue más de reflexión que de manifestación. Las batucadas, por ejemplo, no entraron al auditorio sino que se quedaron en la calle, mientras adentro la gente se sentó a escuchar a los que iban hablando. Por supuesto, hubo cantitos. El más coreado: “Se siente/ se siente/ Cristina presidente”. También sonó el “Se va a acabar/ se va a morir/ el monopolio de Clarín”. La marcha peronista, en cambio, tuvo varios intentos y sólo una vez logró prender. Duró la primera estrofa.

Durante la jornada fueron hechos varios anuncios. Uno fue que la semana próxima se comenzará a instalar allí la antena de la radio de las Madres y su planta transmisora, que será “la más potente del país”. Otro, que la Fundación va a comprar un edificio ubicado frente al Mercado Central, donde antiguamente funcionó un jardín de infantes, y abrirá ahí una escuela para todos los niveles, de jardín a secundario, más talleres de oficios, donde puedan estar los hijos de los trabajadores del Mercado mientras sus padres trabajan. También que en el Mercado va a ser instalada una fábrica de casas, con capacidad de producir treinta viviendas por día, con la idea de llevar a otros puntos del país la construcción de barrios.

Por estos días prepara el lanzamiento de su partido político, el Miles, que se presentará el viernes 25 en el Luna Park con la consigna “Cristina 2011”, pero con un abierto rechazo a Daniel Scioli. “No entiendo a los compañeros que apoyan su candidatura”, dice Luis D’Elía de los movimientos sociales que se encolumnaron tras la reelección del gobernador bonaerense. El dirigente de La Matanza buscará, en cambio, ir a un frente con el espacio de Martín Sabbatella.

–Propuso incluso la fórmula presidencial Cristina Kirchner-Sabbatella. ¿No fue un exceso de entusiasmo?

–Lo que pasó fue que un periodista agarró la tijera y la goma de pegar. Me preguntaron quién me gustaría de candidato a vice y nombré a tres: Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sabbatella, aunque con la aclaración de que Sabbatella era el que menos posibilidades tenía. Hubiera podido serlo ante una fuga de Scioli, si Alicia Kirchner pasaba a ser candidata a gobernadora, pero esto no pasó.

–Hace dos años, usted criticaba a Sabbatella por progresista blanco.

–Sí, es cierto. También que en estos dos años él ha progresado muchísimo políticamente, tanto que reconoce las bondades de este proyecto y pasó a apoyarlo. De todos modos, progresismo y nacionalismo popular son dos variantes que vamos a tener que tratar de que coexistan.

–Se opone a la candidatura de Daniel Scioli. ¿Qué opina de los movimientos sociales que lo apoyan?

–Scioli siempre fue un tipo bastante disciplinado, salvo algunos cortocircuitos que tuvo con Kirchner en el primer año de gobierno. Ha sido disciplinado y leal. Ahora, él sostiene un sistema de ideas de neto corte neoliberal que es antagónico al ideario kirchnerista. La verdad es que no entiendo a compañeros como los que se movilizaron a Huracán el 11. Para mí, Domingo Cavallo no tiene izquierda, es muy difícil intentar ponerle una izquierda al neoliberalismo conservador. (Emilio) Pérsico (el titular del Movimiento Evita) no me sorprende, porque ellos en los ’90 formaron parte del grupo que estuvo cerca del menemismo, pero me duele verlo ahí a Edgardo Depetri (del Frente Transversal), porque fue un batallador en los ’90. No sé qué hace proponiendo a Scioli.

–¿Cómo van a jugar los intendentes del Conurbano?

–Cuando hay un recuperación tan fuerte de los liderazgos como con Cristina, se relativiza el valor electoral de intendentes y gobernadores. Cristina es el regreso del movimiento nacional y popular con mucha fuerza. Yo recordaba lo que les decía Perón como broma a los intendentes de su época: “Ustedes tienen tres problemas, lo demás déjenmelo a mí”. Los tres problemas eran alumbrado, barrido y limpieza.

–Usted está armando un partido político, ¿por qué?

–Creemos que hay que abrirles las puertas de la participación protagónica a los argentinos que adhieren muy fuerte al kirchnerismo pero que no están dispuestos a ir al Partido Justicialista.

–¿Cómo va a jugar dentro del kirchnerismo habiendo creado un partido nuevo?

–Bueno, la semana pasada estuvimos dos horas con (el secretario de Legal y Técnica) Carlos Zannini conversando de todas estas cuestiones. Del armado de nuestro partido, del regreso a la CTA, de la perspectiva de armar con Sabbatella un frente..., fuimos ratificados y alentados a sostener esa línea.

–¿Por qué no trabajar dentro del Frente para la Victoria?

–Porque no vamos a sostener la candidatura de Scioli. Si él llegara a la presidencia en el 2015 significaría una gran frustración y una gran estafa al electorado kirchnerista.

–¿Quiere ser candidato este año?

–Sí. Vamos a ver si las circunstancias se dan, pero sí.

–¿A qué cargo?

–Veremos. O acompañamos una fórmula o podemos ser candidatos a diputados nacionales, pero hay que ver.

En la Argentina hay un millón doscientas mil mujeres que trabajan en casas de familia. La actividad está normada por un régimen especial que viene del ’56, y que excluyó a las empleadas domésticas de los derechos de la legislación que protege al resto de los trabajadores. El proyecto que ayer recibió media sanción de Diputados equipara los derechos de quienes trabajan en casas de familia con los que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Limita la jornada laboral a ocho horas, reconoce la licencia por maternidad, otorga vacaciones pagas y permite que quienes trabajan por hora puedan tener aportes jubilatorios. A continuación, el detalle:

- La licencia por maternidad hasta ahora no era reconocida, lo máximo que podían pedir era un mes en concepto de “enfermedad”. La licencia por maternidad, que una vez sancionada la ley será de tres meses, no significará un gasto extra para el empleador porque los sueldos correspondientes a la licencia serán pagados por la Anses, como ocurre con todos los empleos en relación de dependencia.

- La jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día con un máximo de 48 horas semanales. La ley vieja permite hasta 12 horas de trabajo por día para el personal sin retiro y no pone límites horarios al personal con retiro.

- El empleador podrá establecer una distribución desigual de las 48 horas de trabajo semanales, pero sin que ninguna jornada exceda las 9 horas.

- Queda prohibido contratar a menores de 16 años. Cuando la empleada tenga entre 16 y 18 años no podrá trabajar más de 6 horas diarias o 36 semanales y el trabajo deberá ser diurno y con retiro.

- Se establece un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado al mediodía.

- La cantidad de días de vacaciones se va a equiparar a lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, con 14 días por año que van aumentando según la antigüedad.

- También tendrán la misma cantidad de días de licencia por enfermedad. Y se les reconocerá días por exámenes en la escuela primaria, secundaria y la universidad.

- El empleador deberá contratar un seguro de riesgos de trabajo.

- La indemnización por despido se duplicará (hoy es de medio mes de sueldo por cada año de antigüedad).

- La ley se aplicará en todos los casos (hasta ahora cubre sólo a quienes trabajan más de 4 horas por día, 4 veces por semana). Incluirá a niñeras y a quienes cuiden adultos o discapacitados, sin conocimientos profesionales.

Un tema sensible es que la mayoría de las empleadoras no son empresas, sino mujeres que trabajan y que contratan a una persona para que cuide a sus chicos, es decir que tendrán que hacer frente a mayores gastos sin contar con altos ingresos. El diputado Héctor Recalde señaló que la situación está contemplada en el artículo 38 del proyecto de ley, que le dio un mandato a la AFIP para que los aportes de las empleadoras estén en relación con el ingreso familiar. “Es importante, porque podría ser que la mujer de Hugo Biolcati (el presidente de la Sociedad Rural) contratara a una empleada. Sería un error considerarla como una empleadora sin ingresos. Lo que hay que tener en cuenta son los ingresos familiares, y en el caso de que ese grupo tenga menores ingresos, la AFIP dispondrá aplicarles menos importes en la carga de las contribuciones sociales.”

El proyecto de ley fue enviado por la presidenta Cristina Kirchner a Diputados en marzo de 2010. Durante todo el año pasado recibió aportes de los sindicatos del sector, que le hicieron algunas modificaciones.

El monto del salario es fijado hasta ahora por el Ministerio de Trabajo. En el futuro deberá crearse una cámara de empleadores para que discuta sueldos y demás condiciones laborales con los sindicatos. En el Uruguay, los gremios encontraron una solución al tema convocando a las asociaciones de amas de casa, con las que tienen negociaciones paritarias anuales.

Un tema muy difícil vinculado con el cumplimiento de la ley es el altísimo porcentaje de trabajo en negro que existe en el sector. Pese a las campañas del Gobierno y las facilidades para el blanqueo, los sindicatos aseguran que sólo el 15 por ciento de las trabajadoras está en blanco. El trámite es simple, no hay que pagar contadores porque los formularios se bajan de Internet, se imprimen, se completan con los datos del empleado y el empleador y se pueden pagar en cualquier Rapipago. En el caso de pagar Ganancias, los aportes realizados se pueden descontar a fin de año. El blanqueo permite que las trabajadoras reciban el día de mañana su jubilación.

Alejandro Páez fue una de las sorpresas de la elección en Catamarca al ganar la intendencia de Andalgalá como candidato antiminero. “Se jugaron muchas cuestiones, pero la principal fue el rechazo a estos grupos empresariales que nos tocaron las nacientes acuíferas”, dice sobre su triunfo. Radical, Páez se había impuesto en la interna de la UCR, por lo que le correspondía ser el candidato del Frente Cívico y Social, que lo relegó por su postura. Así terminó presentándose con el MST-Proyecto Sur y obteniendo el 40 por ciento de los votos.

–Entonces, ¿es radical o de Proyecto Sur?

–Soy presidente de la UCR (de Andalgalá), pero por mi discurso en contra del gobernador Eduardo Brizuela del Moral me sacaron del Frente Cívico y Social. Ahí apareció Proyecto Sur con el MST ofreciéndome su boleta.

–¿Y a quién vota en octubre?

–(Se ríe.) Yo participé en noviembre del lanzamiento de la plataforma virtual de Ricardo Alfonsín. Formo parte además del equipo técnico de sus asesores. La semana que viene voy a ir a Buenos Aires a hablar con las fuerzas políticas, vamos a apoyar a quienes defiendan la propuesta de Andalgalá. Yo sé que el triunfo nuestro es simbólico, porque somos veinte mil habitantes, un número que no alcanza para ser presidente ni llegar a la gobernación, pero tenemos voz. Proyecto Sur ha creado su estructura en la provincia de Catamarca. Al mismo tiempo, no puedo desconocer que soy presidente de la UCR.

–¿Qué muestra su triunfo?

–El descontento por la política que ha desarrollado Brizuela del Moral sobre el tema minero, en el tema de la salud y de la educación. En Andalgalá sufrimos una suerte de opresión de parte del gobierno provincial y también del nacional, que nos quiso imponer a Agua Rica. Nos tocaron las nacientes acuíferas de las que nos proveemos; el intendente dilapidó el dinero de las regalías mineras; la comunidad está empobrecida mientras vemos cómo el grupo empresarial minero sigue creciendo día a día.

–¿Por qué no quieren la minería?

–La mina de Bajo La Alumbrera está desde el año ’95. Somos 20 mil habitantes y la empresa da trabajo sólo a 52 personas. Tenemos un hospital, pero no tiene sala de terapia intensiva, no tiene oncólogo, no tiene nefrólogo, no tiene oftalmólogo. No tenemos sillón de diálisis; los enfermos renales tienen que viajar tres veces por semana a la capital para dializarse. Todo esto creó un fuerte grado de resistencia en la población, que optó por una fuerza que le dice no a la minería. Yo soy concejal y hace un año, al pedir informes sobre los proyectos de cateos mineros en la zona, apareció un convenio por el cual el gobierno entregó a la empresa Billiton el permiso para buscar minerales en el suelo de la ciudad (Andalgalá está sobre un yacimiento de cobre, molibdeno y oro). Esa documentación decía que, en caso de comenzar a extraerlos, la gente se iba a tener que ir de Andalgalá. La provincia nunca pudo controlar cuáles son las ganancias reales de las mineras. Lo que extraen lo mandan por un mineroducto a Tucumán, de ahí en container por tren a Rosario, y en barco se va del país. Vaya a saber a qué parte del mundo. El Estado no lo pudo controlar porque hubo una permeabilidad a la corrupción.

–¿Qué se puede hacer desde el municipio?

–Se puede hacer mucho y a la vez muy poco. Mucho porque el intendente es el jefe de la comunidad y tiene que expresarla, poco en un sentido de poder avanzar en lo legal, porque la autoridad territorial corresponde a la provincia. En este aspecto, lo que reclamamos es un sentido más federal, la apertura del diálogo de la gobernación con los departamentos del interior para que podamos ver cuáles son las salidas.

“La jueza avanzó de manera escalonada, a la vez que fue complejizando la investigación. Empezó por aquello sobre lo que tenía más elementos de prueba, la patota, para pasar al rol de José Pedraza. Para poder hacerlo, encaró al tema desde una serie de aspectos. En la causa no sólo hay reunidos testimonios: hay cruce de llamados, análisis del vínculo de Pedraza con las tercerizadas, de su patrimonio, de los intentos de frenar la investigación.” Para Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, querellante en representación de la familia de Mariano Ferreyra, es este modo de trabajo lo que resultó clave para el procesamiento.

–¿Por qué en este caso se pudo llegar a los responsables mediatos?

–Tiene que ver con la seriedad con que se encaró el proceso desde el comienzo. Esta fórmula de avanzar por etapas es un método que te permite ir subiendo. Aunque hubo presiones desde noviembre para que la jueza llamara a indagatoria a Pedraza, ella prefirió una conducta más prudente, avanzar primero sobre la patota, después sobre los dirigentes del sindicato, y ahora queda pendiente el rol que tuvo la policía. Esto, me parece, es asumir con responsabilidad la investigación. Pero aclaro que estamos terminado de leer el fallo y ésta es una primera mirada. Hay que analizarlo con más tiempo.

–En todo caso, el procesamiento muestra que se puede determinar que hubo un responsable político sin tener grabado el momento en el que da la orden.

–Uno puede construir a partir de otras pruebas. La jueza para rechazar el pedido de excarcelación de Pedraza señaló que se sospecha que un perito (Roberto Locles) participó en la destrucción de pruebas fundamentales para el caso, como la bala que mató a Mariano. También tuvo en cuenta que existe una investigación para determinar si existió un intento de coima a un juez de la Cámara de Casación. Son indicios que dicen mucho. ¿Cuál era el interés de Pedraza o de Fernández en que la investigación no siguiera? Evidentemente, que no avanzara sobre ellos. Este modo de avanzar me parece muy relevante, porque en la Argentina, lamentablemente, hemos tenido muchas causas que no investigaron hacia arriba. Hay toda una clave en esto de fortalecerse escalonadamente y avanzar hacia arriba a partir de indicios que se van sumando. La jueza empezó por aquello sobre lo que tenía mayores elementos de prueba, de manera testimonial, como las declaraciones de los compañeros de Ferreyra, los vecinos del lugar, otros ferroviarios que decidieron hablar porque no estuvieron de acuerdo con la decisión de la patota de matar a Mariano. Luego complejizó su investigación, hizo cruces de llamadas, análisis de comunicaciones, investigación sobre el patrimonio, análisis de los vínculos de Pedraza con las empresas tercerizadas. Hay una suma de indicios, esto es un dato relevante para futuras investigaciones judiciales, una forma de pesquisa para destacar.

–Como querellante, ¿qué medidas de prueba considera pendientes?

–Las que permitan cerrar el círculo entre la patota, la Unión Ferroviaria, la connivencia policial y los funcionarios estatales. Se habla de la posible participación en esto de la Ugofe (la empresa que administra el ramal, con participación privada y estatal). Habría que profundizar la investigación sobre estos nexos entre la patota, la Unión Ferroviaria y la posible complicidad de agentes estatales.

“Yo acompaño muchas de las posturas de Proyecto Sur, pero no comparto la crítica permanente que hace del Gobierno, eso de decir que todo está mal”, dice Delia Bisutti al explicar su más reciente decisión: la legisladora porteña les acaba de anunciar a sus pares de Proyecto Sur que dejará el bloque. Dice que seguirá coincidiendo con ellos en las votaciones para la ciudad, pero que no quiere acompañar el juego que la fuerza que encabeza Pino Solanas está haciendo a nivel nacional: “Tengo una mirada crítica, pero no destructiva”.

En el despacho de Bisutti hay un cuadro de Perón y Evita, un diploma que recuerda el ayuno docente frente al Congreso (Bisutti fue titular de la UTE, el gremio más fuerte de los maestros porteños), una foto en la que aparece abrazada con Lula, pero ninguna señal de su paso por el movimiento del que ahora se está yendo y al que ingresó en las elecciones de 2009, cuando su espacio, Solidaridad e Igualdad (SI), se alió al de Solanas. La legisladora había apostado a que este año Pino fuera candidato a jefe de Gobierno porteño porque, consideraba, era “la chance de que las fuerzas progresistas recuperaran la ciudad” sin quitarle votos a Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales. Cortada esa posibilidad, dice que sintió que quedarse era un contrasentido.

–¿En qué puntos le parece exagerada la crítica al Gobierno?

–Tiene que ver con una mirada de lo que viene pasando a nivel nacional. Nosotros, en el SI, venimos acompañando lo positivo y criticando lo malo, pero nunca fuimos anti. Por ejemplo, yo estuve de acuerdo con el veto de la Presidenta al 82 por ciento móvil. No porque no quiera que los jubilados cobren el 82 por ciento, sino porque el debate que se dio en el Congreso sobre el proyecto de ley fue una falta de respeto a todos. La oposición, en realidad, no buscó debatir, sino poner en un aprieto al Gobierno para ver si se animaba a vetarlo. No les interesaba discutir de qué manera se puede llegar a aumentar las jubilaciones. Desde el SI, acompañamos muchas iniciativas del gobierno nacional y criticamos otros aspectos, como la relación con el PJ o la falta de medidas que erradiquen de fondo la corrupción. Si bien el gobierno nacional hoy no representa todo lo que yo quiero, a esa derecha que se aglutina no le quiero dar ninguna posibilidad de ser gobierno.

–¿A dónde se va?

–No me voy a ningún otro bloque, por primera vez en mi vida política voy a estar en un monobloque, aunque eso no es lo mejor, claro. Cuando se hace política, uno quiere estar integrado, generando políticas para las mayorías, pero bueno... dejo un bloque al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, pero con el que no tengo la misma mirada política.

–Usted pasó por el Frente Grande y ahora deja Proyecto Sur. ¿Cuál es el punto débil del progresismo?

–Hay mucho ombliguismo, mucho discurso de “hagamos todo juntos”, pero en el momento de tener que renunciar a expectativas personales por el bien común... queremos ir todos juntos, pero vamos todos separados, entonces no ganamos la ciudad ni estamos en el Gobierno.

–¿Con qué fuerzas va a trabajar?

–En la Legislatura se puede coordinar con muchos. Sólo dejo afuera al macrismo y al PJ como estructura. Y a los radicales como partido, porque ya pasé por esa experiencia y no quiero volverla a transitar.

–¿A quién vota en octubre?

–Lo contesto cuando se sepa quiénes van a ser los candidatos.

–¿Y en la ciudad?

–Una posibilidad es el candidato que tiene Proyecto Sur. En el marco de las distintas opciones que está planteando el gobierno nacional hay también sectores con los que hemos trabajo en conjunto. Hay que esperar.

–¿Qué le dijeron sus compañeros de Proyecto Sur?

–Yo estoy dolida y ellos también, porque hemos trabajado en el bloque con miradas de la ciudad muy convergentes. El bloque era una segunda fuerza que desperdició muchas oportunidades de hacer valer ese peso político.

Por falta de acuerdo salarial, peligra el comienzo de las clases en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, y ya está confirmado que el lunes habrá paro en las escuelas de Santa Cruz y Entre Ríos. Los docentes y las autoridades porteñas y bonaerenses no lograron cerrar sus paritarias por el aumento de 2011. Hoy, contra reloj, continuarán las negociaciones, aunque en los gremios no se mostraron cerca de una salida. Por el contrario, advirtieron que por la tarde, si no reciben una propuesta que los conforme, realizarán plenarios para definir medidas de fuerza.

Además de estos distritos hay un segundo pelotón de provincias en las que la discusión salarial sigue abierta, integrado por Misiones, Río Negro, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. El motivo básico de los conflictos es que el piso fijado por la paritaria nacional –que acordó un 27 por ciento de aumento en el sueldo inicial de los maestros– no implica que las provincias estén obligadas a trasladar ese porcentaje a toda la escala salarial, lo que es materia de negociación distrito por distrito.

En la provincia de Buenos Aires, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), integrantes del Frente Gremial Docente, anunciaron que hoy las asambleas de ambos gremios podrían resolver “el no inicio del ciclo lectivo”, lo que harían con un paro el lunes y martes de la semana próxima. Las negociaciones informales que se realizaron durante todo el día no lograron destrabar la situación, por lo que el director de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, no llegó a llamar a los dirigentes sindicales a una reunión cara a cara. La oferta de la gobernación de Daniel Scioli es otorgar lo mismo que la paritaria nacional, que los maestros rechazan porque les implicaría perder la ventaja que tenían hasta ahora con respecto a ese piso. “La posibilidad de evitar el paro es cada vez más débil”, definió anoche Roberto Baradel, el titular del Suteba. Los gremios convocaron a realizar asambleas a partir de las cinco de la tarde.

En la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, ofreció un aumento del 25 por ciento repartido en dos cuotas, un 17 por ciento en marzo y un 8 por ciento a partir de julio. “Es la misma propuesta que hicieron el martes, lo único que cambió fue que la reparten de manera distinta. Así como estamos, el lunes no empiezan las clases”, advirtió Eduardo López, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE–Ctera). Los docentes reclaman un 30 por ciento que además se aplique a todas las categorías y no sólo al salario inicial, es decir que sea un aumento bonificable y remunerativo. La paritaria continuará hoy a las diez de la mañana, pero la situación es similar a la de la provincia, ya que por la tarde los gremios porteños harán sus respectivos plenarios para definir medidas.

En Santa Cruz, la Asociación de Docentes (Adosac) anunció que no comenzará las clases porque no recibieron siquiera una propuesta salarial de parte de la gobernación, tras el acuerdo nacional. Además, los maestros plantearon que tienen sus sueldos “congelados desde hace dos años”. El titular de Adosac, Pedro Muñoz, aseguró que un docente percibe “un haber de 3500 pesos”, mientras que el costo de vida, que en toda la Patagonia es alto debido al frío, se calcula en “9000 pesos en las ciudades más económicas” de la provincia. Los funcionarios santacruceños pidieron “tiempo para definir la propuesta”. El ministro de Economía, Diego Robles, argumentó que esto se concretaría en las próximas semanas “en función de las negociaciones que se realicen con las empresas petroleras para la renovación de contratos y el panorama financiero provincial”.

El otro distrito donde ya se confirmó el paro es Entre Ríos. Allí, el sindicato de mayor peso, la Agmer, votó el rechazo de la oferta salarial por “insuficiente”.

Fuentes del Ministerio de Educación que encabeza Alberto Sileoni señalaron que el funcionario “mantiene conversaciones telefónicas permanentes con los gremios y funcionarios de las jurisdicciones, en el rol de la Nación de mediador y articulador”, pero aclararon que la cartera “no puede resolver todas las demandas económicas porque ya lo hizo con el incremento significativo del incentivo docente para 2011”.

El comienzo de clases está asegurado en cambio en las provincias de Santa Fe, Salta, La Rioja, Neuquén, Catamarca, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego, Córdoba, Chubut y La Pampa, donde se hicieron acuerdos salariales; y en Salta y Chubut, donde los sindicatos cerraron sus respectivas paritarias en diciembre y que se ajustarán al índice nacional.

Los docentes de Buenos Aires, la Capital Federal y otras ocho provincias no consiguieron cerrar sus acuerdos salariales y advirtieron que podrían definir paros que posterguen el comienzo de las clases. En el principal distrito del país, el territorio bonaerense, la situación es difícil porque la reunión paritaria de ayer fue la primera del año, y la gobernación de Daniel Scioli llevó una oferta que les significaría a los maestros de la provincia perder parte de la diferencia a favor que tienen en relación con el piso nacional. “Con esta propuesta, la semana que viene hay conflicto”, aseguró Roberto Baradel, titular del Suteba. En la ciudad de Buenos Aires la negociación será retomada hoy por la mañana.

El aumento ofrecido para las escuelas bonaerenses consistió en mantener el salario inicial acordado en la paritaria nacional: 2300 pesos en marzo y 2340 pesos en julio. La titular de la Federación de Educadores Bonaerense, Mirta Petrocini, explicó que para los docentes esto significaría “un acuerdo a la baja”. Ocurre que los maestros de la provincia vienen cobrando “entre 60 y 70 pesos más de salario inicial (que la cifra que se aplica a nivel nacional) y esta diferencia no fue contemplada, por lo cual aceptarla sería perder ingresos”. Hubo un segundo motivo para el rechazo, relacionado con la composición del salario. Según los gremios, la propuesta implica que el salario básico (sobre el que se calculan las bonificaciones y la jubilación) aumentaría apenas en 43 pesos.

El director general de Educación bonaerense, Mario Oporto, defendió sus números: “La oferta sostiene los acuerdos nacionales, es decir que garantizamos los 2300 pesos para el maestro de grado”, señaló, y agregó que habrá “que seguir dialogando porque tenemos necesidad de un acuerdo”. El tiempo le juega en contra, porque los docentes tienen previsto comenzar a realizar asambleas a partir de esta tarde y para mañana ya fueron convocados plenarios tanto de Suteba como de la FEB. La provincia tiene 280 mil maestros y el proceso de consulta a las bases para aceptar una oferta salarial no es automático ni sencillo.

En la ciudad de Buenos Aires el ministro Esteban Bullrich convocó para hoy a las 11 a los 17 gremios del sector. Las negociaciones estaban congeladas desde el lunes, cuando los maestros rechazaron un aumento de 27,5 por ciento en dos cuotas (mitad en marzo, mitad en agosto) y decidieron esperar a que la Nación fijase el piso salarial. La principal queja de los dirigentes contra la administración macrista es que el distrito más rico del país mantiene sueldos retrasados. Según difundió la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el salario de un docente con diez años de antigüedad está en el lugar 19º del ranking nacional.

La titular de la Ctera, Stella Maldonado, confirmó que hay además otras ocho provincias donde todavía no hay acuerdo. En Santa Cruz la gobernación de Daniel Peralta todavía no hizo una propuesta salarial y los gremios convocaron a un plenario para definir medidas. Jujuy, San Juan, Río Negro, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca tienen previsto continuar discutiendo hoy. En Entre Ríos hay una propuesta que será sometida a votación esta tarde, pero que el titular de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), César Baudino, calificó de “mezquina”.

Los distritos donde está asegurado el inicio de las clases son Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, Neuquén, Chubut y La Pampa. En Tierra del Fuego, aunque el sindicato cuestiona la oferta, no se esperan paros. En San Luis hubo un aumento por decreto del 25 por ciento y tampoco habría medidas de fuerza. En Mendoza los maestros están considerando favorablemente una oferta. Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes están cerca de un punto de acuerdo.

Los docentes cobrarán un salario inicial de 2300 pesos a partir de marzo y de 2340 desde julio. Ayer, tras 19 días de negociaciones, el gobierno nacional y los sindicatos docentes llegaron a este acuerdo que fijó el piso por debajo del que no puede quedar ningún maestro del país; ahora las provincias deberán terminar de discutir el resto de las categorías. La secretaria general de Ctera, Stella Maldonado, consideró que “están dadas las condiciones” para que se pueda llegar a acuerdos “en la mayoría de los distritos”, aunque es claro que en los tres días que faltan para el inicio del ciclo lectivo las discusiones serán contra reloj. Sólo son cinco las provincias que lograron cerrar sus paritarias y tienen asegurado el comienzo de las clases.

El aumento implica 500 pesos más con respecto al piso del año pasado, que era de 1840 pesos, o un 27 por ciento si la comparación se expresa en términos porcentuales, aunque tanto la Ctera como los funcionarios evitaron cuidadosamente hablar de porcentajes y señalaron que el salario mínimo fija un piso, no un porcentaje a trasladar automáticamente a todos los sueldos.

Para llegar a la oferta que finalmente convenció a los gremios, el Gobierno sumó varios ingredientes. El salario inicial será de 2250 pesos, más cincuenta de incentivo docente, a los que de julio a diciembre se agregará una suma extraordinaria de 240 pesos repartidos en seis cuotas (es decir, 40 pesos más por mes).

El paquete firmado incluye otros puntos, como el compromiso de implementar un plan nacional de viviendas para el sector y una cláusula que ata el salario inicial a los básicos (suma que es fijada por las provincias y de la que dependen las bonificaciones y jubilaciones). Este último ítem estableció que los básicos fijados por las provincias no podrán estar por debajo del 50 por ciento del salario inicial. Maldonado puso un ejemplo de su aplicación práctica: dijo que la provincia de Río Negro “tiene un básico que no llega a 489 pesos, mientras su salario inicial es de más de dos mil pesos”.

El acta fue firmada por los dirigentes de la Ctera, UDA, AMET, Sadop y CEA con el ministro de Educación, Alberto Sileoni; el de Economía, Amado Boudou –que participó de las negociaciones–, y el de Trabajo, Carlos Tomada.

Los dirigentes docentes, al salir de la reunión, se mostraron con expectativas de que con el nuevo piso las negociaciones provinciales no resulten tan complicadas. “Con este acuerdo se garantiza el inicio de clases prácticamente en todo el país”, aseguró Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos. Desde los privados, el secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Daniel Di Bártolo, anticipó que pedirá a las cámaras empresariales de los colegios “la inmediata aplicación del acuerdo de 2340 pesos en julio para los educadores del sector”.

Entre las negociaciones que deben resolverse esta semana, bajo riesgo de que no empiecen las clases, está la del macrismo con los docentes porteños (ver recuadro). En la provincia de Buenos Aires, el ministro Mario Oporto recibirá esta tarde, a partir de las 14, a los sindicatos, que ya encendieron una luz de alarma: Suteba (el gremio de más peso en el distrito) anticipó que si no hay acuerdo mañana comenzará a realizar asambleas para definir si toma medidas de fuerza. En simultáneo con esta advertencia, otro gremio (Udocba) anunció un paro de 48 horas a partir del lunes, aunque se trata de una organización sin mayor peso.

Entre las provincias que ya tienen asegurado el comienzo de las clases están Salta, La Rioja, Chubut, Neuquén y Santa Fe, donde aunque el acuerdo debe ser votado formalmente hoy, es seguro que será aceptado, ya que el gobernador Hermes Binner ofreció un 33 por ciento. En otros distritos como Mendoza y Córdoba (allí Juan Schiaretti propuso el 30 por ciento de mejora) se está muy cerca del acuerdo. En San Luis, el mínimo será de 2500 pesos en marzo y de 2616 en junio; el ministerio aseguró por esto que el lunes no habrá paro.

En Entre Ríos y Río Negro el panorama aparece más trabado. En Paraná, la gobernación ofreció a los cuatro gremios docentes un piso de bolsillo de 2340 pesos, en concordancia con la Nación, pero el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), César Baudino, consideró que la propuesta “en principio, es mala”. En Río Negro, sin acuerdo, la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, aseguró tener “expectativas favorables para que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dos jurisdicciones que dependían bastante de nuestros arreglos, puedan cerrar la negociación”. Aclaró además que el acuerdo es anual, es decir que las paritarias no se reabrirán a mitad de año, como habían pedido inicialmente los sindicatos.

Los docentes y el gobierno porteño arrancaron las negociaciones paritarias sin acuerdo. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, propuso un 20 por ciento de aumento, que los sindicatos consideraron insuficiente. “Queremos el 30. Es lo que (Mauricio) Macri dice que hubo de inflación como candidato en campaña, no es admisible que como jefe de Gobierno ofrezca sólo 20”, señaló Eduardo López, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera). Los gremios advirtieron que si no hay acuerdo, no comenzarán las clases.

La discusión continuará el próximo lunes a las diez de la mañana. Ayer, los representantes de los diecisiete gremios docentes de la ciudad tuvieron un maratónico día de reuniones con Bullrich y equipo en la sede del ministerio. Tuvieron un primer cara a cara a las diez de la mañana, pasaron a un acuerdo intermedio hasta las tres de la tarde y, al retomar, el ministerio les ofreció un 20 por ciento a cobrar de manera escalonada en tres cuotas, marzo, agosto y septiembre. Los sindicatos lo rechazaron y la discusión pasó a otro cuarto intermedio hasta las siete, cuando Bullrich hizo una nueva propuesta del 20 por ciento pagadero en una sola vez, que tuvo un rechazo unánime.

Los sindicatos docentes buscan llevar el básico del sector a 2500 pesos. Además, cargan contra el macrismo por su baja inversión en el sistema escolar. López criticó, en ese sentido, que destine “el 26 por ciento del presupuesto de la ciudad a educación cuando la provincia de Buenos Aires invierte 38, Santa Fe 36 y Mendoza un 35 por ciento”. Además estuvo presente en la discusión el antecedente que sentó en Santa Fe Hermes Binner, al ofrecer un aumento del 33 por ciento a los maestros.

También se plantearon otros temas. El ministro hizo una propuesta para que el salario docente esté vinculado con la capacitación, mientras que los gremios pidieron mejoras en los edificios escolares, becas para los estudiantes del profesorado y un aumento en las asignaciones familiares.

La ciudad tiene unos 700 mil alumnos y cerca de 60 mil docentes. El reclamo de mayor inversión incluye que se corrija la brecha entre la escuela pública y la privada. La gestión de Macri ha otorgado fuertes subsidios a las privadas mientras desatiende a las públicas. Este año, señalan los voceros gremiales, la educación privada recibirá subsidios por mil millones de pesos, doscientos más que el año pasado y seiscientos más que en el 2008. En contraste con esto el año pasado la cantidad de chicos que se matricularon en la escuela pública aumentó, revirtiendo la tendencia de la década anterior. En gran parte se debe a que la asignación universal por hijo genera la obligación de mandarlos a la escuela. Los números indican que de haber más aulas aumentaría la cantidad de alumnos en las escuelas: se calcula que son seis mil los chicos que no pudieron ingresar al preescolar –que es obligatorio– por falta de vacantes.

“Yo no hubiera puesto en el programa la palabra escrache”, advierte de entrada Adriana Puiggrós, ex ministra de Educación bonaerense, sobre la polémica por la inclusión de los escraches como parte de los planes de estudio de los colegios secundarios de la provincia. Sin embargo, la antecesora de Mario Oporto en la Dirección General de Cultura y Educación considera que la cuestión “fue magnificada” por los grandes medios, que se tomaron de esa palabra –siempre odiada o enaltecida sin medias tintas– para generar un escándalo donde debería darse otro tipo de discusión. “Lo que fundamentalmente tenemos que enseñar a los chicos son las formas democráticas y constitucionales de expresar las opiniones”, sostiene la diputada, doctora en Pedagogía.

–¿Por qué dice que no hubiera incluido la palabra escrache en el plan de estudios?

–Porque me parece que en el programa habría que poner un contenido más general, que no es enseñar “escrache”. Creo que este tipo de contenidos tiene que explicarse desde una perspectiva histórica, con el enfoque de que el escrache surgió cuando estaban cerradas las posibilidades de peticionar, para poner en evidencia a torturadores, a gente que participó de las peores cosas de la dictadura. Y además, que surgió a raíz de las leyes de obediencia debida y de punto final. O sea que no tiene sentido poner la palabra “escrache” en un programa: lo que hay que poner es una mirada histórica a todo ese período y tratar de entender por qué surgieron esa y otras formas de expresión.

–¿Qué les dice a quienes sostienen que el escrache es una práctica fascista?

–Los calificativos no sirven, yo no voy a calificar. Lo que puedo decir vinculado con estos temas es que creo que hay que reglamentar el artículo de la Constitución que establece la posibilidad de la iniciativa popular y ponerla en vigencia. Que se abra un espacio para que haya proyectos de ley que puedan llegar al Congreso impulsados con la firma de una determinada proporción de la sociedad, ése es el camino.

–Cuando usted fue directora general de Cultura y Educación en la provincia, ¿incorporó al secundario una materia similar a la ahora cuestionada, Política y Ciudadanía?

–Durante mi gestión se incluyó en los primeros años del secundario (en este caso, en cambio, se trata de quinto año de la escuela media) una materia que se llamó Construcción de Ciudadanía, no era esta materia.

–¿Su sentido era el mismo?

–Tendría que ver más profundamente el programa. Pero aclarando esto, supongo que el sentido de la materia es la formación en derechos humanos, de los chicos como ciudadanos, sobre todo centrado en el tema de los derechos y deberes que tenemos todos.

–En aquel momento, la Iglesia Católica se opuso.

–Monseñor Héctor Aguer se enojó muchísimo porque en el programa se incluía la perspectiva de género. Fue una polémica muy fuerte.

–¿Por qué cree que ahora el tema del escrache generó este despliegue en los grandes medios de comunicación?

–Porque aprovecharon que se incluyó la palabra escrache en los contenidos y, agarrándose de eso, magnificaron el asunto.

–¿Qué experiencias hay sobre la enseñanza de la participación política? ¿Qué antecedentes pueden servir de orientación?

–Hay antecedentes acá y en muchos otros países. Por ejemplo, hay trabajos del Instituto Intera-mericano de Derechos Humanos de Costa Rica, que lleva en esto cuarenta años porque después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, empezó a trabajar con Naciones Unidas en educación para los derechos humanos. La Argentina venía muy atrasada en este tema, pero la experiencia indica que el impacto sobre los jóvenes es muy importante cuando se trabaja bien.

–Más allá de los programas, son los docentes los que tienen que desarrollar los contenidos. ¿Se podría hacerlo aun cuando el escrache genera posiciones tan divergentes?

–En mi gestión, antes de poner en marcha la materia Construcción de Ciudadanía, hicimos un año entero de capacitación de los docentes y una prueba piloto específicamente para ese curso. Es decir que dimos formación a los docentes que fueron seleccionados especialmente. Por eso insisto en que la discusión del tema es otra. No estoy en contra ni a favor de que los escraches sean parte del plan de estudio, pero es un tema que lo enfocaría con una mirada histórica, con una mirada que lo explique como una consecuencia de las leyes de obediencia debida y de punto final.

Los cinco gremios docentes nacionales y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, tuvieron la primera reunión paritaria para negociar el aumento del 2011. Los sindicatos pidieron un piso salarial de 2500 pesos, que Sileoni consideró “fuera de presupuesto”. “Está lejos de lo que nosotros estamos pensando”, advirtió. Volverán a reunirse la semana que viene, cuando el Gobierno presentará una contrapropuesta.

El piso actual, fijado en la paritaria del año pasado, es de 1840 pesos. Tomando esa cifra el reclamo docente implicaría un aumento del 35 por ciento. Sin embargo, en muchas provincias en los últimos meses las gobernaciones otorgaron sumas fijas u otro tipo de mejoras en reconocimiento de la inflación, por lo que los dirigentes aducen que no se puede hace el cálculo partiendo de los 1840.

“No vamos a hablar de porcentajes porque hacerlo encubre una desigualdad. Por ejemplo, los aceiteros, que fueron el primer gremio en cerrar su paritaria, lograron un incremento del 25 por ciento, pero eso significa que su inicial es de 5 mil pesos”, apuntó la titular de la Ctera, Stella Maldonado. “No-sotros estamos usando la variable de índice de precios de 7 provincias que tienen mediciones propias y que nos está indicando que el piso salarial de 2010 no cubrió la inflación del 2009”.

El salario que están discutiendo ahora los docentes es el que se aplicará a un maestro de jornada simple que recién comience a trabajar en cualquier lugar del país. Terminada esta paritaria nacional, los gremios deberán discutir en cada provincia el resto de las categorías.

La novedad de esta negociación es que ya hay cuatro provincias que llegaron a un acuerdo, Salta, La Rioja, Neuquén y Chubut, con cifras que estuvieron, según fuentes gremiales, entre el 25 y el 27 por ciento.

Otro punto clave de la discusión es cuál será el monto del incentivo docente, es decir de los fondos que el Estado nacional mandará a las provincias para completar los sueldos, y que los gremios pidieron que suba de 165 a 300 pesos.

Ayer, Sileoni anticipó que el Gobierno va a proponer “un aumento en tramos, que es la modalidad que hemos seguido en los últimos años” (en la anterior negociación se consensuaron dos cuotas).

“Queremos seguir profundizando el sostenimiento de los 180 días de clase. El año pasado fue el que más días de clases tuvo en los últimos diez años, eso ha sido un logro de todos. Además, queremos trabajar con los gremios un compromiso fuerte en torno de la calidad educativa y la inclusión”, agregó el ministro.

De la reunión participaron los cinco gremios con representación en todo el país: Confederación Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Al terminar el encuentro, el titular de esa última organización, Sergio Romero, habló de los temas que acompañan la discusión salarial. “Por ejemplo que se contemple la suba de las asignaciones familiares, ya que en algunas provincias se paga casi la mitad que en la Nación” (que es de 220 pesos por hijo).

Los sindicatos, por otra parte, piden la eliminación del tope en la percepción del salario familiar, modificar el mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias y crear cupos para que trabajadores docentes puedan acceder a planes de viviendas. Si bien la fecha de la próxima reunión no fue fijada, tanto Sileoni como los docentes coincidieron en que podría realizarse “a principios de la semana que viene”.

Ruben López va manejando junto a su mujer, camino al Parque Pereyra Iraola, el lugar señalado por el testigo. Para en una estación de servicio para contestar el llamado. Del otro lado del teléfono, suena cauteloso; y aun así dice que espera esta vez encontrar el cuerpo de su padre. “Esperemos que esto sea el principio del fin”. Pasaron más de cuatro años desde la desaparición y no lleva la cuenta de las pistas que se siguieron ni de las personas que se presentaron con un dato buscando cobrar la recompensa.

–¿Tiene expectativas de encontrar a su padre con lo que declaró este testigo?

–Siempre seguimos todo lo que se dice o cuando alguien se presenta a declarar, como en este caso. Esperemos que el resultado sea positivo en cuanto al encuentro de lo que esta persona dice que está ahí.

–El marcó un lugar...

–Sí, marcó un lugar en el mapa.

–¿Hay algún elemento para creer que la declaración es confiable?

–Nosotros no sabemos en base a qué se presenta y da ese dato.

–¿Sabe si el testigo pidió cobrar la recompensa?

–Sí, lo pidió.

–¿Cómo fue la reunión con el ministro Casal?

–Fuimos con mi mujer y el abogado de la familia. Fue una reunión muy amena, en realidad fuimos porque yo pensé que él iba a saber lo que esa persona había declarado, pero nos contó que lo único que hizo fue hacer de nexo entre el testigo y el fiscal. Nos dijo que no sabe quién es el testigo ni qué declaró.

–¿Le pidieron algo?

–No, incluso él se puso a disposición nuestra en todo punto de vista para lo que se necesite en la causa.

–¿La declaración les pareció creíble?

–Es creíble pero muy cortita y no da mucho detalle. Lo único que marca es el lugar.

–¿Este es el primer testigo que se presenta desde que fue fijada la recompensa?

–No, ha habido muchísimos, tanto creíbles como no creíbles. No llevo la cuenta de la cantidad, pero fueron muchísimos.

–¿Hubo alguna historia que debió haber sido más investigada?

–No. Creo que no quedó ninguna cosa suelta.

–¿Está conforme con cómo se hizo hasta ahora la investigación judicial?

–Si digo que sí estaría mintiendo y si digo que no también. No porque no se llegó a encontrar a mi viejo, sí porque dentro de lo que medianamente nosotros creemos posible, se hizo todo. Pero en realidad no estamos conformes porque no sabemos qué fue lo que pasó.

La disputa entre el sindicato de los peajes (Sutpa), que conduce Facundo Moyano, y el de comercio (SEC), que lidera Armando Cavalieri, tuvo ayer un nuevo round, cuando sus afiliados se trenzaron en una pelea a la altura de las cabinas de Parque Avellaneda. Todo empezó porque el Sutpa levantó las barreras, permitiendo que los automovilistas pasaran gratis, en reclamo de mayores medidas de seguridad a la concesionaria AUSA. Mientras realizaban la protesta, otros trabajadores del peaje que están afiliados a Comercio intentaron impedirla. Comenzó una gresca y, en medio del revuelo, un camión cruzó las barreras y atropelló a dos de los manifestantes. Además, hubo heridos por las trompadas.

La protesta del Sutpa comenzó a las cuatro de la mañana. Los manifestantes colocaron una enorme bandera sobre las cabinas con imágenes del secretario general del sindicato y su padre, el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y la leyenda “Para morir con gloria, hay que vivir con dignidad”.

A las 7.30, en un clima de tensión con los afiliados a Comercio, el Sutpa mantenía abiertas la mitad de las barreras. Los dos sectores comenzaron a cruzarse insultos y golpes y finalmente hubo corridas que terminaron con tres heridos.

La puja entre los dos gremios incluye un aspecto económico vinculado con el cobro de los aportes. El sindicato de Cavalieri, por ser el más antiguo, tiene la personería gremial y por lo tanto está habilitado para que la empresa le mande directamente, al liquidar los sueldos, los aportes de los afiliados. En marzo del año pasado, el sector que conduce Facundo Moyano comenzó a afiliar trabajadores al Sutpa. “A pesar de que los compañeros se desafiliaron a Comercio y se afiliaron con nosotros, AUSA les sigue dando los aportes a ellos”, aseguró ayer Pablo Lombardi, del Sutpa. El gremio moyanista acusa de esto “al Gobierno de la Ciudad, que maneja el 60 por ciento de la facturación de esos peajes y está en complicidad con Cavalieri”.

En los incidentes, el que recibió las heridas más graves fue, según informó el sindicato de Comercio, Ariel Marcolongo, que debió ser atendido por fracturas expuestas. Otro trabajador, pero del Sutpa, fue lastimado según los voceros sindicales “por el mismo camión”. Demián Villamagna, enrolado en Comercio, fue atendido por la pérdida de un diente y politraumatismos.

Los dos sectores se acusan mutuamente de haber provocado la pelea. “Ellos nos atacaron cuando vieron que hablábamos con la prensa para decir por qué motivo en realidad levantaban las barreras”, aseguró Oscar Fernando Raynoldi, del SEC. “Nosotros estábamos dando una nota a un canal y ellos vinieron a agredirnos”, replicó Lombardi. Con los heridos camino al hospital, el Sutpa decidió levantar la protesta “porque se había desvirtuado nuestro reclamo”.

“Hace seis meses que estamos pidiendo a AUSA medidas de seguridad, como barreras más anchas y reductores de velocidad antes de las cabinas –agregó el vocero–. En diciembre, una compañera murió cuando una moto atropelló la barrera para pasar sin pagar. Esa muerte se pudo haber prevenido, porque tres meses antes habíamos firmado un acta acuerdo en la que AUSA se comprometió a hacer mejoras en la seguridad, pero no cumplió. Ese fue la razón por la que habíamos llamado a levantar las barreras.” El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó el hecho como un “enfrentamiento interno” y repudió “esa forma de dirimir el conflicto”.

Con asambleas en las seis líneas y el premetro, los trabajadores del subte definían anoche si hoy realizan un paro entre las 5 las 12 o si continúan negociando con un acuerdo parcial en la mano. El motivo del conflicto es el reclamo de un aumento en concepto de viáticos. Metrovías y la Asociación Gremial del Subte y el Premetro acordaron el monto del aumento, pero no lograron llegar a un entendimiento sobre desde cuándo se pagará. Los trabajadores esperaban que fuera retroactivo a octubre y la empresa ofrece pagarlo sólo desde este mes. Así, aunque algunos delegados estuvieron dispuestos a aceptar el aumento, al cierre de esta edición en las asambleas seguían discutiendo si levantar la medida.

Para destrabar la situación, anoche el Ministerio de Trabajo convocó de urgencia a las partes y propuso una salida. La fórmula consiste en comenzar a cobrar el aumento con el próximo sueldo, mientras continúa la discusión sobre si se aplicará el retroactivo. Los delegados firmaron un acta donde esto quedó por escrito, acta que fue llevada a las asambleas a partir de las diez de la noche.

La negociación, que incluye además otros ítem, lleva cinco meses. El martes el nuevo sindicato del subte (que integra la CTA) advirtió que, si no había una solución, hoy iría al paro. En respuesta, Metrovías ofreció subir los 18 pesos diarios que paga de viáticos a 35.

La principal traba para su aceptación tuvo que ver con una cuestión de expectativas: como existe un preacuerdo firmado con la empresa para cobrar el aumento desde octubre, la mayoría de los trabajadores contaban con recibir, si había acuerdo, en el próximo sueldo, entre mil y mil quinientos pesos de viáticos acumulados. De esta manera, aunque la cifra ofrecida no estaba en discusión (hasta el martes la oferta de la empresa estaba en 30 pesos, y ayer subió a 35) los representantes gremiales se toparon con que en las asambleas mucha gente planteó que contaba con recibir esos mil pesos.

Los delegados tuvieron dos rondas de negociaciones con Metrovías en el Ministerio de Trabajo, donde también, aunque en una sala separada, concurrieron los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato que tiene la personería gremial y es por lo tanto el habilitado a firmar los acuerdos paritarios. La UTA aceptó la oferta y firmó el acuerdo en la primera ronda.

Otros puntos que estuvieron sobre la mesa fueron un aumento en el plus por antigüedad –el pedido es elevarla del 1 al 2 por ciento– y una diferencia sobre la liquidación de los salarios, que implica unos cien pesos menos por persona.

“En las próximas horas vamos a ir a las cabeceras para comunicar lo sucedido en la reunión y discutir en asambleas con nuestros compañeros cómo vamos a seguir. Las asambleas son los mecanismos que tenemos los trabajadores para decidir cómo continuar”, señaló el delegado Claudio Dellacarbonara. Por su parte, Roberto Pianelli agregó que el mecanismo sería llevar el acta firmada a las seis líneas y el Premetro. “Más allá de lo que opinemos nosotros, la forma en que tomamos las decisiones es en asambleas”, apuntó.

La organización gremial dentro de los subterráneos tiene dos representaciones, un cuerpo de delegados que responde a la UTA, integrante de la CGT, y otro de la Asociación Gremial, alineado con la CTA. Aunque en lo estrictamente legal el sindicato habilitado para firmar los acuerdos es la UTA, en los hechos hace más de diez años que la Agtsp es la organización de base que tiene legitimidad interna para garantizar los acuerdos y la realización de las medidas de fuerza.