Página#12 Libre

Bertolt Brecht decía que “en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, nada debe parecer natural”.

El domingo pasado, el presidente de Ecuador hacía alusión a la extraña convergencia en el asedio al hospital del que finalmente fuera rescatado, entre policías golpistas adiestrados por la CIA, patrullas perdidas de la izquierda y exponentes de las clases altas quiteñas.

No pude dejar de pensar en otra extraña convergencia, la del acto frente al Monumento de los Españoles durante el conflicto por la 125.

El miércoles, un titulo de Clarín digital nos puso ante una nueva y extraña convergencia: “Barrionuevo, Venegas y la CTA marchan al Congreso para apoyar la sanción del ’82 por ciento”. Luis Barrionuevo, que en los ’90 defendió la privatización del sistema jubilatorio, con Venegas, que representa a trabajadores rurales, en los que la informalidad supera el 90 por ciento. Ambos personajes –informaba Clarín– coincidían con Víctor De Gennaro y Carlos Chile, en el apoyo a la aprobación del proyecto de ley fogoneado por el Grupo A. Extraña convergencia. El Grupo A integrado casi en su totalidad por quienes denunciaban la reestatización del sistema jubilatorio como una medida atentatoria contra la seguridad jurídica reclamada por los grupos empresarios.

Un inadvertido podría pensar que “es natural que confluyan estos tipos detrás de una causa loable como la de los jubilados”. Sin embargo, cuando algunos trabajan para organizar la confusión lo mejor es no aceptar como natural lo que se sabe que no lo es.

En primer lugar hay que consignar que si hoy la Argentina tiene el sistema previsional más igualitario de América latina, con la tasa de cobertura más alta de la historia, es porque los fondos ya no están en los paraísos fiscales sino que fueron recuperados para el sector público. Y éste no es un dato menor, porque con las cuentas en las Islas Caimán la movilidad jubilatoria era igual a cero. Este es el drama que hoy afrontan diez naciones de América latina que, tal como sucedió aquí, fueron empujadas por el FMI y sus socios locales a seguir el “exitoso” modelo chileno. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue una conquista social de la lucha de la clase trabajadora que posibilitó volver a tener un régimen solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. Los que hoy hablan con tono plañidero de “la plata de los jubilados” prefieren olvidarse de este pequeño detalle. ¿Por qué?

Cuando hace más de un año impulsamos desde la CTA elevar la jubilación básica llevándola al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, propusimos como fuente de recursos la restitución de los aportes patronales que representaba en ese momento una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos, lo cual garantizaba la sustentabilidad del incremento de los haberes jubilatorios. Jamás fuimos convocados por ninguno de los legisladores que ahora terminaron votando una movilidad que no prevé cómo financiarla. ¿Se puede ser tan inocente como para creer que algo tan simple y evidente como la restitución de las contribuciones patronales se les pueda haber pasado por alto? ¿O es que contra los empresarios cuyos intereses representan, como lo demostraran con la Resolución 125, no están dispuestos a votar ni leyes de fogueo como éstas?

El investigador Damián Panigo (Conicet-Instituto Ceil-Piette) desnuda en una investigación sobre la ley un costado que descascara el contenido supuestamente progresista que algunos pretenden atribuirle. Al analizar los efectos que tendrían los artículos 5, 6 y 7 (ajustes Elif, Sánchez y Badaro, respectivamente) demuestra que la mayor inversión de recursos estará dirigida a incrementar las jubilaciones más altas, impulsando hacia arriba los haberes jubilatorios de los sectores con mayores ingresos, reproduciendo entre los pasivos la misma brecha de la de-sigualdad que se da entre los activos.

De esta manera esta ley retoma la vieja tradición conservadora que marcó el inicio del sistema jubilatorio argentino desde principios de siglo hasta la llegada del peronismo en 1945. En una investigación de Cifra se señala que hacia fines de los años treinta se terminó de consolidar un sistema jubilatorio “que se regía por la lógica de la capitalización individual”. Es decir, a altos salarios correspondían altas jubilaciones; a bajos salarios, bajas jubilaciones y a quienes no aportaban por su condición de semiesclavitud, la nada. A partir de 1944, con Perón en la Secretaría de Trabajo, se dio un primer cambio importante, con la extensión de la cobertura al conjunto de los trabajadores. Pero recién a fines del segundo gobierno peronista, con la sanción de la Ley 14.370 en 1954, se produjo un cambio revolucionario estableciéndose la lógica de reparto solidario como principio rector del régimen jubilatorio, dejando atrás el sistema de capitalización individual acuñado durante el período conservador. El elemento más progresivo del cambio consistió en que “los trabajadores con ingresos bajos y medios obtendrían tasas de sustitución del salario mucho más altas que las de los trabajadores de mayores ingresos. Es decir, los trabajadores de menores salarios percibirían un beneficio jubilatorio superior al que les correspondería por la magnitud de sus aportes al sistema”.

En la evolución de la línea histórica recorrida por el sistema jubilatorio argentino, la ley aprobada significa un retroceso que nos ubica nuevamente en la concepción conservadora individual-no solidaria, de reproducir entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos. Esto nos pone en el camino de regreso hacia la capitalización individual.

Así, la ley que se votó, en primer lugar, no resuelve nada, ya que no avanza en el principio distributivo de sacarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. En segundo lugar, relativiza la verdadera urgencia social –en esto se pone a la par del Gobierno– que es elevar la jubilación básica de apenas $1046 que hoy cobra cerca del 75 por ciento de los pasivos del país. Y en tercer lugar, es regresiva en tanto significaría volver al esquema de jubilaciones de privilegio para pocos y jubilaciones pobres para todos los demás.

Visto desde esta perspectiva, queda claro por qué quienes fueron parte de la privatización del sistema y quienes después se opusieron a la recuperación del sistema público de reparto solidario votaron esta ley, en un acto de especulación política pero no de incoherencia con su ideología. Lo que no queda claro es qué hacen entremezclados con ellos los que supieron luchar desde la orilla opuesta, cuando no hace mucho reivindicábamos el papel del Estado para asegurar derechos ciudadanos de carácter universal como principal estrategia de la lucha contra la desigualdad.

* Secretario general de la CTA.

La convocatoria al diálogo social se da en un momento en que se están haciendo sentir con más fuerza los efectos combinados de la crisis mundial y del cuello de botella del proceso de recuperación económica iniciado en el 2003.

Desde el mes de diciembre la CTA viene reclamando la necesidad de un blindaje social, que proteja el empleo y el salario de los trabajadores, que garantice una asignación familiar para todos los desocupados y no registrados, un seguro de desempleo que beneficie también a los que están en la informalidad y un aumento de emergencia de los haberes jubilatorios.

Desde entonces hasta ahora, se ha profundizado el deterioro de la situación social. El informe trimestral publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) da cuenta de la disminución en el número de puestos de trabajo en la construcción y la industria manufacturera, los sectores que motorizaron la recuperación de la economía después de la crisis del año 2002.

Esto se profundizó como consecuencia de la caída del producto, de la producción industrial, de las exportaciones e importaciones y de la recaudación, en el marco de la crisis internacional.

Dicho escenario activó la inmediata reacción de los grupos empresarios que, haciendo borrón y cuenta nueva del mullido colchón de rentabilidad acumulado durante estos años, empezaron con los despidos preventivos, reducción de la jornada laboral, suspensiones y rescisión de contratos. Esta desmedida reacción tuvo como principal objetivo volver a instalar el miedo a la pérdida de la fuente de trabajo como forma de desalentar las demandas de recuperación salarial.

Desde esa posición de fuerza el lobby empresario de AEA, UIA y Mesa de Enlace promueve la suspensión de las paritarias, la devaluación de la moneda a niveles que le darían el golpe de gracia al ya erosionado ingreso de los trabajadores, la postergación de la convocatoria al Consejo del Salario y la eliminación de las políticas de retenciones.

En síntesis, pretenden limitar la agenda del debate social a un programa de ajuste, que produciría en tiempo record un retroceso a los peores niveles de pobreza y exclusión social ya padecidos a finales de los ’90.

El camino para los trabajadores y para la inmensa mayoría de los sectores populares, incluidos pequeños empresarios y productores rurales, es exactamente el contrario.

Debemos garantizar la revalorización de los salarios y la defensa del empleo como impulsores de la demanda y del mercado interno, que es necesario sostener en un escenario de crisis caracterizado por una recesión internacional sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Por eso en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado en la última Conferencia Internacional de la OIT, con representación de trabajadores, empleadores y estados, se estableció el compromiso de generar acciones tendientes a proteger los puestos de trabajo y el nivel de los salarios, como única salida para evitar que la crisis la terminen pagando los trabajadores. Resulta contradictorio que algunos de los sectores empresarios que a nivel local promueven el ajuste en la OIT aprobaran dicho Pacto.

Desde la CTA sostenemos que el diálogo social tiene legitimidad en tanto y en cuanto garantice avanzar con medidas a favor de una justa distribución de la riqueza, que pongan el eje en la necesidad de terminar con la pobreza y la desigualdad social.

Para ello es necesario que, a pesar de la caída del empleo y de la recaudación, el Estado cuente con los recursos que sustenten la universalización de políticas sociales y la creación de empleos en la actividad pública y privada. Esto requiere cambios estructurales de fondo en el esquema tributario. Hacer que los que más tienen paguen más, avanzando con gravámenes sobre la actividad financiera y extendiendo las políticas de retenciones a los sectores mineros y petroleros. También hacen falta discutir políticas públicas que protejan nuestros recursos y pongan fin a la fuga de capitales.

Hoy ya queda claro que la crisis económica intenta ser utilizada por los factores de poder para detener el proceso de avance popular que se ha vivido en los últimos años en América latina. El golpe en Honduras se inscribe en esta realidad.

No podemos caer en la ingenuidad de olvidar que en estas condiciones el diálogo social es también un espacio de disputa entre los intereses de unos y de otros. Es imprescindible tener claro que lo que vamos a defender requiere la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores y los sectores populares.

* Secretario general de la CTA.

Hace veinte años, una reducida pero poderosa parte de la humanidad, la que vive a expensas del resto, descorchó botellas de champaña para brindar por la caída del Muro de Berlín y la derrota del campo socialista. Apenas dos décadas después, si no fuese porque sabemos que vienen por nosotros para que otra vez paguemos los platos que ellos rompen, este 1º de Mayo nos podría encontrar a los trabajadores solazándonos con el espectáculo del entierro del Consenso de Washington y el fracaso estruendoso del dogma neoliberal, con un infarto masivo en el corazón mismo de las economías capitalistas del Norte.

Tal como lo definió la Confederación Sindical de las Américas, en el documento que presentó a los jefes y jefas de Estado reunidos en la Cumbre de Puerto España, “esta crisis representa el fin del modelo neoliberal de mundialización de la economía a través de la creencia de que el libre mercado sería capaz de autorregularse y organizar la producción y el consumo del planeta”.

Pero no tenemos nada que festejar. Porque sabemos que las potencias del Norte van a intentar transferir los costos del desastre económico que ellos generaron a las naciones de la periferia.

Y, a nivel interno, esa transferencia del Norte hacia el Sur va a tener como correlato dentro de nuestros países a los grupos empresarios pretendiendo que los platos rotos de la salida de la crisis los terminemos pagando los trabajadores. Qué otra cosa significa si no la presión de la UIA para que haya devaluación acompañada de congelamiento salarial o la exigencia de la Mesa de Enlace, que a eso le agrega la eliminación lisa y llana de las retenciones. De aplicarse esas recetas, a los viejos problemas de la desigualdad social y de un modelo distributivo que no elimina la pobreza, les estaríamos agregando los nuevos problemas de las políticas de ajuste que inevitablemente sobrevendrían en un contexto de retroceso salarial y recesión económica. Lo que ya conocimos: más miseria y más exclusión social.

El gran desafío que tenemos por delante la clase trabajadora y los sectores populares es construir en el debate público, y apelando a nuestra capacidad de movilización, un camino de salida de la crisis que nos permita avanzar hacia un modelo distributivo que responda a la necesidad de la eliminación de la pobreza.

Para ello partimos de una base nada despreciable: hoy la inmensa mayoría de los trabajadores sabe que aplicando las medidas monetaristas que recetan los gurúes económicos de la ortodoxia neoliberal no tenemos salida. Parte de esa base son las históricas conquistas de nuestra acción, como: la norma que derogó la Ley Federal de Educación, la estatización de los fondos de jubilación y la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahora bien, esto no puede atenuar la justa y necesaria demanda del blindaje social, tal como lo definimos las centrales sindicales de América en la Cumbre de Trinidad Tobago, y de promover las articulaciones sociales que nos permitan abrirle paso. Las condiciones en que deberemos hacerlo hoy son por demás adversas, en un escenario turbulento en el que a la inconsistencia de las políticas sociales y distributivas del oficialismo, hay que sumar el asedio de una oposición reactiva que ve la oportunidad de recuperar posiciones asumiéndose ante los factores de poder como garante de sus intereses económicos.

No es casual que mientras nosotros pugnamos por instalar la necesidad de políticas públicas para que la crisis no la terminemos pagando los trabajadores, desde los estrados de una derecha sui generis, que rehúye definirse como tal, se instale como primer punto de la agenda pública el de la inseguridad en su expresión más reaccionaria: la criminalización de los menores de edad.

También está la otra inseguridad, la laboral, que no casualmente los grupos empresarios más poderosos comenzaron a incentivar con los “despidos preventivos”, a pesar de las voluminosas ganancias acumuladas en estos últimos siete años y con la clara determinación de poner un límite a la demanda de avanzar en la discusión de la agenda social pendiente.

Lo cierto es que en este 1º de Mayo, el desafío al que nos enfrentamos es instalar la necesidad impostergable de políticas públicas que protejan a los más vulnerables. La ley de emergencia ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, la universalización de la asignación por hijo para trabajadores no registrados y desocupados, la institución de un seguro de empleo que abarque al conjunto de los que lo necesitan y la convocatoria al Consejo del Salario son algunas de las principales medidas de ese blindaje social que seguiremos reclamando al Gobierno hasta que seamos escuchados.

Pero para ello necesitamos apoyarnos en la participación y la movilización de los trabajadores y las organizaciones sociales en todo el país. Nosotros podemos tener los mejores argumentos, los mejores informes, los mejores números. Pero la razón sirve cuando además tenemos la organización y la fuerza para poder convertirla en energía transformadora. Y, sin duda, ésa es la gran tarea que tenemos por delante. Por eso entendemos que en esta etapa es fundamental asumir la tarea de encabezar y de expresar la demanda de los sectores populares, en un momento en el que aparecen enfrentados dos modelos de sociedad. Estamos en ese punto de la divisoria de aguas en el que nítidamente se plantea la pugna entre dos proyectos antagónicos. De una orilla, el proyecto de sociedad de los que quieren que la riqueza siga quedando en manos de unos pocos, el modelo de sociedad de los que para sostener la gobernabilidad en ese esquema quieren tolerancia cero con los pobres. De la otra orilla, el modelo de sociedad de los que queremos tolerancia cero, pero con la pobreza. Los que queremos distribución, los que queremos justicia social, los que queremos una sociedad que proteja a nuestros niños y no una sociedad que se proteja de ellos. Ese es el camino y el compromiso que tenemos por delante.

* Secretario general de la CTA.