Página#12 Libre

Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, así como también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.

El diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revela ideologías y políticas bien definidas.

Por eso aún hoy es habitual encontrar entre los gurúes de la economía argentina quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria, efecto que resulta inaplicable en un país como el nuestro con un muy bajo nivel de monetización y superávit fiscal y comercial.

En realidad, la monetización del último año ha estado acompañando las necesidades de mayores medios de pago que requiere la economía. Si no se hubiera reformulado el programa monetario, esta inflexibilidad habría derivado en una política de enfriamiento.

Generalmente esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público.

Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.

A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas. Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo, en gran parte gracias a medidas sociales del Gobierno, rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.

Pero si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable.

Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía, o de ajuste como también suelen denominarse, siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.

El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculado con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.

La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.

El lado político de la inflación

Centrar el origen del aumento de precios en el aumento del gasto público lleva a reducir el gasto en general, pero en especial el gasto social. La idea implícita de este análisis es: “Si aumentamos el poder de compra de la población de menores ingresos, ello repercutirá en mayor demanda, en especial de alimentos, y, por lo tanto, se generarán aumentos de precios”.

De la misma forma, el argumento sirve para intentar frenar los aumentos salariales que están discutiendo los gremios, dado que dichos aumentos se irían a precios; una idea incorrecta, pero que intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso.

Los aumentos se originan en la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del mayor poder de compra de la población. En vez de producir más, incrementan los precios y sus márgenes de rentabilidad.

Por esa cuestión, el centro del debate inflacionario hay que ponerlo en los costos de las empresas (del cual los salarios son una parte menor en términos macro, relación que siempre depende del rubro) y fundamentalmente en sus ganancias.

Si no se interviene en este aspecto, y se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las empresas, sea a través de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso. Gran parte de ese margen excepcional debe servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas.

Resolver el problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se requiere revitalizar un Estado que fue desarmado en los noventa y que no fue reconstruido con la fortaleza suficiente en los últimos años de bonanza, para que afiance el poder de policía que el Estado necesariamente debe ejercitar para cumplir sus funciones. Esto debe ser realizado con especial énfasis si se desea un modelo de desarrollo centrado en una mejor distribución de los ingresos.

Y para ello hay que dar una batalla ideológica, que tiene que ver con la definición de las causas de la inflación, pero que se centra en la construcción de un modelo de país más popular y solidario.

* Diputado nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

Días atrás se conoció el informe del Fondo Monetario Internacional de Perspectivas Económicas donde se aborda la situación actual de las Economías Latinoamericanas. En él se prescriben recomendaciones de política económica destinadas a afrontar un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre respecto de la actividad económica de las principales potencias, y por los elevados niveles de liquidez mundial derivados de la política monetaria de la Reserva Federal. Según el FMI esta liquidez se vuelca a las economías emergentes, incrementando el crédito y el nivel de actividad y sobrecalentando las economías. La publicación de este informe coincide, además, con un momento de discusión importante a nivel mundial respecto del rebalanceo de los flujos de comercio mundial, que se expresa básicamente en los pedidos de las principales potencias para que China deje apreciar su moneda.

Tras señalar que América del Sur ha reaccionado de manera notable a los sucesos mundiales de 2009, mostrando en 2010 altas tasas de crecimiento económico, el organismo recurre, una vez más, a parte del recetario neoliberal. Este contiene pedidos de de-saceleración del gasto público, incremento de las tasas de interés, y una mayor flotación cambiaria que deriva en una apreciación de las monedas, lo cual reduce la competitividad de las economías. Según el Fondo, ello es necesario dado que los altos niveles de crecimiento pueden llevar a desbordes en materia de inflación.

Las políticas propuestas se caracterizan por una notable falta de autocrítica respecto del accionar del Fondo en la región. Sabemos que sus condicionalidades redundaron en la gestación de senderos insostenibles y regresivos que derivaron frecuentemente en crisis económicas y sociales. Algo de ello vuelve a verse hoy en día en Europa, donde el espíritu del FMI se mantiene vigente a la luz de la implementación de medidas de recorte fiscal, flexibilización laboral y reformas de sistemas jubilatorios.

El FMI aconseja la apreciación cambiaria vía la libre flotación de las monedas, aunque ella derive en menores niveles de crecimiento para los países que la aplican. Ellos mismos lo reconocen en el citado informe al sostener que “el repunte de la demanda interna por lo general ha sido menor en los países con regímenes de cambio más flexibles durante los episodios mundiales de dinero barato”. Estas recomendaciones cambiarias pasan por alto que una parte no menor de las presiones sobre el tipo de cambio provienen de las políticas de estímulo monetario registradas en Estados Unidos; sin embargo, no hay una sola línea de crítica a esta inundación de liquidez por parte de la Reserva Federal. La propuesta completa del FMI incluida en este informe implicaría, tal como se desprende de estos argumentos, trasladar el costo del ajuste internacional hacia nuestras economías.

En mi opinión, los países de la región deben adoptar una actitud de firme autonomía ante el Fondo. No sólo su fracasado historial amerita esta postura, sino también la inconsistencia de sus argumentos que se derivan de las falencias conceptuales al caracterizar el fenómeno de la inflación. La idea de enfriar la economía para contener potenciales incrementos de los precios por encontrarse los países cerca del pleno uso de su capacidad productiva, desconoce el impacto favorable del crecimiento sobre el producto potencial. Seguir la tesis del FMI que pide ajustes del gasto y condiciones más estrictas en el mercado de dinero implica, entonces, ubicarse constantemente en niveles de subutilización de los recursos de la economía, y por lo tanto colocar un freno a la reducción del desempleo. Todo este esfuerzo de los países en desarrollo es solicitado por el Fondo, en pos de estimular el crecimiento de las economías desarrolladas, que han entrado en la más aguda crisis económica por aplicar al extremo las políticas de liberalización financiera y económica.

* Diputado nacional de Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

Sólo hace tres años, Macri se presentó ante los porteños como una fuerza nueva. Una derecha moderna y audaz. Preocupada por lo social, por el espacio público. Sin los viejos estigmas de la derecha neoliberal, vinculada con la violencia y a la ilegalidad. Pero Macri mintió dos veces. Mintió cuando se presentó como esa derecha nueva preocupada por lo social. Y mintió cuando se presentó como una fuerza innovadora desvinculada de la ilegalidad de los ’90. Porque Macri redujo significativamente las inversiones en salud, educación y vivienda en la ciudad. Permitió la repetida falta de insumos hospitalarios. Repuso prácticas represivas en el espacio público a través de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), especializada en operativos nocturnos contra personas en situación de calle y en desalojos compulsivos en edificios ocupados por familias humildes. Avanzó en el cierre y desmantelamiento de una red de espacios culturales en los barrios, que crecieron amparados en una política de Estado sostenida por varios gobiernos a través de los años. Y Macri mintió por segunda vez cuando se presentó como exponente de una nueva derecha en ruptura con la ilegalidad y las prácticas oscuras y clandestinas de los años ’90. La confirmación unánime del procesamiento por parte de los tres camaristas en el caso de las escuchas ilegales y la red de espionaje ya no dejan dudas. Macri es Macri. Es la continuidad sin fisuras de lo peor del neoliberalismo. Su intento discursivo de expresar el futuro ha terminado. Hay una nueva confirmación de que es el pasado con su rostro peligroso y salvaje de siempre.

¿Qué es conveniente hacer con el pasado en un país donde ese pasado ha causado tantos dolores, tanto retroceso y tanto pesar? Los dictadores y algunas figuras del neoliberalismo de los ’90 han sido y están siendo procesados por la Justicia en tiempo pasado. Varios años después de su desempeño en el Estado. En eso también hemos avanzado: Macri está siendo procesado en tiempo presente. Las fuerzas populares, progresistas y de izquierda de la ciudad de Buenos Aires debemos consensuar dos instancias de salida para Macri. La primera, el apartamiento transitorio o definitivo de la Jefatura de Gobierno para que se concentre en defenderse ante la Justicia. Un procesado por prácticas ilegales y clandestinas que rememoran lo peor de nuestro pasado no debe seguir al frente del Gobierno de la Ciudad. Debe explicarle a la Justicia. Debe explicarle al electorado de la ciudad. La segunda, prepararnos seriamente para, cualquiera sea la suerte de Macri, desalojar a este proyecto con prácticas represivas, clandestinas e ilegales de la conducción de la ciudad y de cualquier intento de inserción nacional. En el 2011 o cuando la crisis definitiva del macrismo así lo determine. Por ello, no hay tiempo que perder. Tenemos la enorme responsabilidad de acelerar nuestras confluencias en un frente que reúna a todas las fuerzas que coinciden en desalojar a la derecha del Gobierno de la Ciudad y en llevar adelante un proyecto de ciudad popular, progresista y de izquierda. Macri es Macri. Y nosotros el futuro, si nos juntamos para producirlo.

* Diputado nacional, Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

En octubre de 2009, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1602/09. El mismo estableció un sistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social destinado a aquellos menores residentes en la Argentina que no percibían la asignación familiar contributiva y que pertenecían a grupos familiares desocupados o con desempeño en la economía informal. De este modo, se extendía la protección básica a chicos cuyos padres son cuentapropistas, trabajadores no registrados o trabajadores temporarios. En total, un 40 por ciento de la fuerza laboral.

Los resultados se notaron rápidamente y hoy ya son verificables. Según estudios realizados por investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), del Programa de Formación Popular en Economía (Profope) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), los índices de indigencia se redujeron entre un 55 y un 70 por ciento desde la puesta en marcha de la asignación por hijo, retornando así a los mejores niveles de la historia del país. Al mismo tiempo, la brecha de desigualdad se redujo en un 30 por ciento, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América latina. Argentina es el país de Latinoamérica que destina el mayor porcentaje de su PBI para asistencia social, alcanzando un índice del 0,58 por ciento.

Sobre estos resultados, nuestro bloque de diputados presentó ayer un proyecto de ley para ir por más. Sobre el éxito de la medida, nos proponemos profundizarla. Por ello, el proyecto tiene por objetivo establecer por ley este beneficio y a su vez introducirle una serie de modificaciones que permitan expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar la mayor inclusión posible.

Nuestro proyecto incluye, entre otros sectores no contemplados, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente el techo establecido en la ley. A su vez, el monto de las asignaciones se equipara a la escala percibida por los trabajadores en relación de dependencia. Se agrega a esto un plus anual por escolaridad con el fin de llegar a los sectores recientemente incluidos en la Ayuda Escolar Anual que perciben los trabajadores formales alcanzados por la Ley 24.714. El costo aproximado anual de la implementación de esta medida asciende a 14.000 millones de pesos. Las alternativas de financiamiento posible contemplan desde la reformulación de los distintos subsidios, de los regímenes de promoción económica y exenciones de los que gozan los capitales más concentrados, pasando por la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes), hasta una reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas corporaciones, incluidas las extractivas, y que deterioran el perfil productivo.

La propuesta también incluye la reformulación de los planes sociales dirigidos a los menores. Ante ciertos planteos de la derecha más elemental que intenta deslegitimar el proceso de distribución del ingreso que encarna la Asignación Universal por Hijo, nosotros proponemos profundizar la medida. Porque no se trata de ir para otro lado. Se trata de ir más a fondo.

* Diputado nacional Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

Acabamos de presentar un Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, para democratizar el sistema financiero y atender las necesidades de los usuarios. Es un proyecto con gran cantidad de normas que resulta difícil resumir en un artículo periodístico. Me interesa analizar cómo puede impactar en situaciones concretas.

A nivel geográfico pocos conocen que de las 3461 localidades que hay en el país, cerca de 2400, es decir el 70 por ciento, no tiene una sola casa bancaria: la mayoría son localidades de menos de 5000 habitantes. A nivel socioeconómico, mientras los segmentos medios y altos están bancarizados en más de un 80 por ciento, en los de ingresos bajos la bancarización es del 50, y en los de ingresos muy bajos de apenas el 20. Esto refleja una profunda desigualdad en materia de acceso a los servicios bancarios.

Tomando en cuenta esta realidad nuestro proyecto prevé la creación de un listado de “Servicios Esenciales” de bajo costo, y eventualmente a costo cero, dirigidos a los sectores de menores ingresos de la población, que las entidades deberán ofrecer con características similares. En determinados casos los bancos tendrán el derecho de no brindar estos servicios a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos. No obstante, el proyecto dispone la creación de un fondo en el cual todos los bancos aportan, y que se distribuye en proporción a los servicios esenciales que presta cada entidad. La entidad que priorice los servicios esenciales será recompensada, y la que no los fomente, deberá pagar un costo.

Entre otras normas, el proyecto prevé que el 38 por ciento de la cartera de créditos se destine a micro, pequeñas y medianas empresas, y un 2 a microcréditos. La aplicación de esta norma generaría un incremento en los créditos a este sector cercano a los 18.000 millones de pesos, un crecimiento del 44 por ciento respecto del monto actual. Si bien es una cifra muy importante, es sólo un tercio de la liquidez que los bancos tienen colocada en letras y notas del Banco Central, lo cual indica que resulta perfectamente posible aplicar hoy mismo esta orientación de créditos hacia las minipymes. Con datos a febrero de 2010, las micro y pequeñas empresas estuvieron pagando tasas por descuento de documentos en un rango de entre el 16 y el 37 por ciento. Nuestro proyecto reduce tal disparidad obligando a cobrar no más del 5 por ciento del promedio ponderado de este sector. Ese promedio arroja actualmente una tasa del 22 por ciento, con lo cual ninguna empresa pagaría más del 23,1 por ciento; al aplicar este sistema la tasa promedio tenderá a bajar más aún. Estos son cálculos aproximados, pero resultan útiles para el ejemplo.

Hoy día la garantía de los depósitos está prácticamente privatizada, los bancos pueden decidir adherirse, cubre hasta 30.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera, y si la tasa supera la fijada por el BCRA, la garantía no se aplica; estas cuestiones técnicas resultan difíciles de percibir por el pequeño o mediano inversor. Para proteger a los usuarios financieros, el proyecto establece un amplio seguro de garantía de los depósitos, obligatorio, con garantía del Estado nacional y que cubra hasta 100.000 pesos o su equivalente en moneda extranjera para todos los depositantes.

Los derechos de los usuarios también tienen protección a través de la obligación que tendrán los bancos de instrumentar un Departamento de Atención a Usuarios. Esta exigencia se complementa con la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios frente a los actos de las entidades financieras, además de ser una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios de los bancos.

Por último, hay un capítulo dedicado a la defensa de la competencia que coloca límites precisos a la concentración del sistema.

Este es un breve comentario sobre un Proyecto de Ley que cambia conceptualmente el espíritu de la actual ley de entidades financieras. Se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros; una transformación conceptual esencial para definir el camino que deben recorrer los cambios necesarios en el sistema financiero argentino.

* Diputado nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

El tema de la inflación ha tomado nuevamente relevancia, mucho se está escribiendo, y resulta conveniente realizar algunas observaciones.

Una de ellas es que llama la atención la vuelta de las teorías monetaristas, que dado el devastador impacto que causaron en nuestra economía, como su responsabilidad en la gestación de la actual crisis internacional, deberían estar perimidas. Pero siguen tan en boga como siempre.

Han renacido las críticas a un aumento de la emisión monetaria, todas erróneas puesto que en lo que va del año la base monetaria, que es donde se centra el origen de la creación monetaria, fue contractiva, es decir que el Banco Central absorbió más pesos que los que emitió. En enero la base monetaria descendió $ 1032 millones y en febrero $ 4858 millones. Ello compensa gran parte de la fuerte emisión de diciembre por $ 11.425 millones, cuando estaba Redrado al comando del BCRA. Pero en realidad, éste es el comportamiento estacional habitual, cuando el público requiere dinero para sus gastos de las fiestas, y luego se va desprendiendo a medida que terminan las vacaciones y finaliza la compra de útiles escolares.

Muchas veces los comentarios son parciales. Se ha llegado a criticar que el Banco Central está comprando fuertes cantidades de dólares en los últimos días, debido a la liquidación de exportaciones, porque éste es un comportamiento expansivo. Actitud paradójica, pues no hay mejor idea de normalidad cambiaria en nuestro país que la autoridad monetaria esté comprando dólares. Pero la crítica olvida que además el Banco Central absorbe parte de esa emisión con la colocación en los bancos de pases en el cortísimo plazo y letras en el mediano y largo plazo, y en estos dos últimos meses estas operaciones fueron contractivas, pues la colocación fue bastante mayor a los vencimientos producidos.

Este enfoque monetarista que genera un exagerado temor a incrementar la masa monetaria resulta preocupante, puesto que limita la posibilidad de pensar en aumentar el crédito productivo. En los últimos años hay una gran liquidez en los bancos, que podría canalizarse al crédito, y eso va a derivar, necesariamente, en una mayor cantidad de dinero, y también en mayores depósitos, un círculo virtuoso porque nuestro país tiene un nivel de monetización muy bajo. Si se plantea que este comportamiento es inflacionario, se frena el desarrollo del país.

También tomó notoriedad la desvalorizada teoría del derrame que ya pudimos comprobar sobradamente que en Argentina no funcionó; sin embargo, no es difícil encontrar artículos de conocidos economistas que establecen que “primero hay que crecer para luego distribuir”, una opción absolutamente falsa. A lo sumo se puede discutir si se distribuye a medida que se crece, o la opción que creo es superadora, que es condición necesaria para el crecimiento una previa mejor distribución del ingreso.

En realidad, el aumento de precios que se está viviendo se basa principalmente en la puja distributiva, en donde pugnan los salarios por un lado, y la ganancia capitalista por el otro: a mayor salario, menor ganancia.

Sin embargo, resulta interesante hacer una reflexión sobre los mecanismos de esta puja distributiva. Estos meses hubo una intensificación de la inflación, pero no hubo paritarias, por lo que los salarios no aumentaron, a lo sumo algunos pocos gremios que acordaron una suma fija por algunos meses. Lo que aumentó fue el poder de compra de gran parte de la población a través de la universalización de la asignación por hijo, los planes Argentina Trabaja y el aumento de las jubilaciones. Eso no impacta en los costos de los empresarios, no son salarios. Sin embargo, es también parte de la puja distributiva, ya que se están apropiando de la mayor capacidad adquisitiva de la gente aumentando los precios. También se volvió a utilizar reiteradamente la vieja metáfora “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”, pero se oculta que en el ascensor los precios viajan junto con las ganancias empresariales.

Hay que tener sumo cuidado con asociar el aumento de los salarios al aumento de precios, pues no sólo es incorrecto, sino que es perverso, porque tiende a congelar o empeorar la distribución funcional del ingreso, y oculta que lo que se persigue es mantener salarios bajos, continuar con precios altos y, por lo tanto, aumentar la ganancia. De eso poco se habla.

* Diputado nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

El tema de la regulación del sistema financiero, y la necesidad de que sea funcional al resto de la economía está en la primera línea de debate en todos los países. La reciente iniciativa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, busca que los bancos comerciales que acepten depósitos del público no puedan invertir ese dinero para beneficio del propio banco. A los bancos comerciales se les prohibiría poseer, invertir o asesorar a fondos de cobertura o firmas de capital privado. En definitiva, se puede elegir dedicarse a negociar con recursos propios o ser propietario de un banco, pero no se puede hacer ambas cosas. Es el espíritu de la famosa ley Glass Steagall promovida por Franklin Roosevelt en 1933 para evitar los efectos de la crisis, y que rigió hasta 1999, cuando el vendaval del Consenso de Washington arrasó con ella y sentó las bases para la generación de la espectacular crisis financiera actual. La decisión de Obama, que además propone limitar el tamaño de los muy grandes bancos, es de absoluto sentido común y largamente validada por la teoría económica; sin embargo, la derecha estadounidense, y la vernácula, la tildan de populista, dicen que no es el momento adecuado y otros calificativos extraeconómicos, además de ejercer su poder económico a través de las significativas bajas operadas en las acciones de las bolsas mundiales, altamente interconectadas.

Aquí se observa el poder del sistema financiero, su influencia sobre la opinión académica y su pretendida preeminencia sobre el resto de la sociedad: sólo así se puede comprender que los grandes bancos que recibieron cuantiosos salvatajes del Estado hayan otorgado miles de millones de dólares en bonos y dividendos a sus directivos y accionistas, burlándose de los contribuyentes, que fueron relegados al momento de recibir ayudas del Estado para fomentar la economía y reducir el desempleo. La única forma de evitar estos comportamientos, y las eventuales crisis financieras y los costos sobre la economía real que traen aparejados, es con regulaciones estrictas que establezcan las operaciones que pueden realizar los bancos, cómo orientar el dinero captado de la sociedad, y que controlen la competencia en el mercado financiero.

En la actualidad, los líderes mundiales acuerdan en la necesidad de regular la actividad financiera, para minimizar lo más posible las crisis sistémicas, dado que el sistema financiero, por definición, es propenso al riesgo. Como un resumen de la situación internacional, resulta interesante tomar algunos conceptos de una nota de Joseph Stiglitz, en la cual establece que “el mundo ha aprendido algunas lecciones valiosas, aunque a un gran costo en prosperidad, tanto actual como futura, costos que fueron innecesariamente altos dado que (esas lecciones) ya deberíamos haberlas aprendido”.

Una de ellas es que los mercados no se autorregulan, y si no hay regulaciones adecuadas, son propensos al exceso. Ante la amenaza de colapso del sistema financiero, la red de seguridad se extendió no sólo a bancos sino a otras entidades financieras. Dice Stiglitz: “Nunca se transfirió tan gran cantidad de dinero a tan pocos”. El salvataje, continúa el Nobel, “expuso una profunda hipocresía... Aquellos que han predicado recortes fiscales cuando iban a pequeños programas de ayuda social para los pobres, ahora piden a gritos el programa de bie-nestar más grande del mundo (hacia los bancos)”. Otra lección para aprender, según Stiglitz, tiene que ver con entender que los mercados no siempre funcionan bien dado que presentan fallas. También indica que se aprendió que las políticas keynesianas funcionan bien, y brinda el ejemplo de Australia, cuyas políticas de estímulo bien diseñadas le permitieron salir tempranamente de la crisis.

Entre las lecciones, hay una vinculada a temas que se están discutiendo hoy en Argentina, y se refiere a que hay otras funciones de la política monetaria que sólo combatir la inflación: “El excesivo foco en la inflación lleva a que algunos bancos centrales ignoren qué está pasando en sus mercados financieros” y sostiene que “los costos de una leve inflación son minúsculos comparados con los costos impuestos a las economías cuando los bancos centrales permiten el crecimiento sin restricciones de las burbujas de activos”.

Por último detalla dos cuestiones, una de ellas es que los bancos que debieron ser salvados por el Estado distribuyeron generosos bonos y dividendos, mientras que si bien el salvataje se realizó para permitir un renacimiento del financiamiento a empresas y familias, ello no sucedió.

Bajo estas consideraciones, el Nobel de Economía, en un reciente reportaje, estimó que la crisis mundial no terminará antes de 2013, dando idea de su profundidad y la dificultad de su reversión. En nuestro país, la actual confrontación nos recuerda dos consignas históricas del Movimiento cooperativo: “El dinero de los argentinos en manos de los argentinos” y “Un país se hace desde adentro o no se hace”.

La globalización neoliberal tuvo dos soportes estratégicos: la globalización financiera y la desregulación de la economía. El Estado fue declarado un artefacto obsoleto y el mercado fue santificado como el dios regulador de las relaciones económicas, sociales y culturales de nuestros países. La actividad financiera y la reestructuración del sistema financiero a partir de la Ley Videla-Martínez de Hoz aún vigente fue la locomotora del vendaval desnacionalizador y concentrador que azotó y asoló nuestra nación.

Por ello la crisis provocada por los sectores restauradores de la nueva y vieja derecha muestra el carácter político de la disputa, en cuanto a que el modelo neoliberal no ha muerto, y el nuevo modelo que propiciamos no termina de nacer. Por ello cobra relevancia una nueva Ley de Entidades Financieras. Estoy trabajando en ese proyecto.

* Diputado nacional por Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

A partir de la situación creada por la remoción del titular del Banco Central dispuesta por la presidenta de la Nación, la discusión debe centrarse en la cuestión de fondo que son los límites de la autonomía del Banco Central y sus funciones, un tema que obvian las distintas controversias y pronunciamientos que se realizan actualmente.

El Fondo del Bicentenario, al cancelar deuda y permitir conseguir préstamos a tasas bajas para refinanciar los pagos de deuda, evita utilizar recursos fiscales para tal fin, que pueden destinarse a un mayor gasto social, la universalización del seguro para la niñez, o una mayor inversión en infraestructura. Aquellos que rechazan el Fondo del Bicentenario, en realidad están proponiendo utilizar los recursos fiscales para pagar deuda, juntamente con un achique del gasto público para que sea financiable. Esta postura afecta la posibilidad de seguir sosteniendo los planes indispensables de fomento a la economía.

Sostenemos que el gasto público debe incrementarse, debe gastarse eficientemente y para eso se requiere una reforma fiscal progresiva, que venimos reclamando hace años, basada en impuestos que recaigan sobre los que más tienen, con mayores tasas de impuesto a las ganancias para los tramos superiores, captando las grandes rentas financieras y las fabulosas utilidades de los recursos naturales, entre otras medidas.

La cuestión del Banco Central: se habla reiteradamente de institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea. No cabe duda de que defender la aplicación de las leyes de la Nación es esencial, pero ello no quita discutir la conveniencia de esas leyes y, especialmente, la matriz ideológica que las acuñó.

El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró la independencia del Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.

La actual Carta Orgánica se gestó en los noventa y consistió en un decálogo del pensamiento ortodoxo, dado que no sólo limitó sus objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de política económica.

Ante un enfoque ideológico que cifró la inflación exclusivamente en la emisión de dinero, en vez de regular y establecer parámetros para el financiamiento del BCRA al Gobierno, una actividad que realizan todos los Bancos Centrales del mundo, se optó por prohibir ese financiamiento, al igual que restringir el papel de prestamista de última instancia. Estas dos obcecadas restricciones tuvieron que ser morigeradas por sus propios impulsores cuando arreció el vendaval del Tequila allá por 1995.

Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto del PEN bajo la orientación de Domingo Cavallo, se establecía que “la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos”. Así se intentó otorgar a la restricción monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza.

La gran idea que subyace a esta independencia o desconexión del BCRA con el resto de los entes gubernamentales, es vedar a los gobiernos elegidos por el voto popular el ejercicio de la política monetaria.

Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en “regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.

De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista; ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?

La vieja Carta Orgánica disponía entre los objetivos “ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con asesoramiento del Banco Central ...”, a la vez que establecía que “la actuación del banco se ajustará a las directivas que el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, dicte en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera...”.

Hurgando en legislación comparada, aparece el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), cuya misión es conducir la política monetaria de la Nación influenciando las condiciones monetarias y crediticias para perseguir el pleno empleo, la estabilidad de precios y tasas moderadas de interés de largo plazo; para la FED la política monetaria no es ajena al nivel de empleo.

Cabe observar que cuando la actual crisis financiera arreciaba, la FED no dudó en saltar normas institucionales para prestarles a aseguradoras, bancos de inversión y hasta a particulares.

Otro ejemplo es Brasil, que posee un Consejo Monetario Nacional que delinea la política monetaria, cuyas funciones se realizan “siguiendo directrices establecidas por el presidente de la República”. Dicho comité está presidido por el ministro de Hacienda e integrado por los presidentes del Banco Central y del Bndes, y siete miembros más. Vemos entonces una fuerte vinculación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, lo que no le impidió a Brasil haber obtenido el “grado de inversión” de los mercados internacionales.

Hoy se habla repetidamente de la “independencia” del Banco Central, pero ¿es éste un valor esencial de la democracia? En realidad, pareciera que está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta indispensable para definir el destino económico del país.

La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales.

* Diputado nacional.

A partir de la publicación del índice de pobreza del Indec, se ha generado una discusión entre el Gobierno y la oposición sobre los niveles de pobreza de la sociedad argentina. Y creo que es una discusión errada, más allá de la necesidad de tener estadísticas confiables para medir la pobreza. La discusión debe poner el acento en la indignante concentración de la riqueza, que podríamos definirla como una verdadera fábrica de pobres. En el primer semestre de 2009, punto más fuerte de la crisis, las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires distribuyeron dividendos de nivel similar a los repartidos en igual período del 2007, año de bonanza. Los dividendos de empresas extranjeras enviados al exterior no dejan de crecer, los envíos más importantes se produjeron en el cuarto trimestre de 2008 (U$S 1423 millones) y en el segundo de 2009 (U$S 1029 millones).

Por eso la única forma de erradicar la pobreza, porque ello es lo que nos debe preocupar, es mejorando significativamente la distribución del ingreso.

Se equivoca el Gobierno cuando se encierra en una discusión de índices y critica a la oposición sintiendo que se carga contra las políticas públicas queriendo aumentar el índice. Desvía la oposición la discusión del tema central, que es la distribución del ingreso, cuando critica la elevada cifra e intenta paliar la situación con acciones parciales como el ingreso ciudadano. Este es un primer paso, rápido y eficiente, pero tiene la característica de cargar toda la responsabilidad al Gobierno y al erario. Como bien lo explicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si se decidiera otorgar 135 pesos a todos los menores de 18 años, se necesitarían 6900 millones de pesos anuales adicionales a los 10.000 millones que ya se gastan. Pero si se decidiera otorgar 250 pesos, una cifra con mayor impacto para reducir la pobreza, estaríamos en el orden de los 15.600 millones de pesos adicionales, más del doble de lo que se gasta actualmente, y ello necesita recursos.

Sigo sosteniendo que el ingreso mínimo para todos los menores en situación de pobreza es indispensable, pero es sólo una situación transitoria. Para erradicar la pobreza, hay que reducir la injusta concentración de la riqueza, con impuestos que graven con mayor eficiencia e intensidad a las grandes ganancias.

Pero cómo vamos a eliminar la pobreza si la AEA sostiene no sólo el derecho a la propiedad, sino además la intangibilidad de las ganancias.

Y esto es lo que se está discutiendo en el caso Terrabusi-Kraft, la intangibilidad de la ganancia de una empresa norteamericana, a costa de una notable racionalización y flexibilización de personal. Este sistema implementado como norma habitual en las distintas ramas de la producción es la verdadera fábrica de pobres.

Porque la más importante distribución del ingreso es la que surge entre la porción del valor agregado que se dedica a salarios respecto de la que se dedica a ganancias.

Después viene la política fiscal para corregir aquellas situaciones que la distribución funcional no puede resolver, para aquellos que están fuera del mercado de trabajo. Pero hoy tenemos una gran proporción de pobres dentro de los trabajadores, una situación que era desconocida en Argentina, hasta que se instaló con sangre y fuego la doctrina neoliberal, intensificada luego en la década menemista, con la desregulación del Estado y la flexibilización laboral, temas en los cuales, si bien se mejoró algo, aún persiste lo esencial. La flexibilización implica trabajo de mala calidad, mal remunerado, fácil de despedir, y lleva a la familia directamente a caer en la pobreza.

América latina es el continente que posee la más injusta distribución de la riqueza, y de ello son en gran parte responsables las políticas fiscalistas del FMI que basaron la recaudación en impuestos como el IVA, altamente inequitativos, reduciendo la progresiva tributación del impuesto a las ganancias. En nuestro país, especialmente, hay una serie de exenciones sobre la renta financiera que no existen en otros países. Según el Presupuesto 2010, este año se dejarán de percibir 2940 millones de pesos por la exención a los títulos públicos, 990 millones por intereses de plazos fijos y obligaciones negociables, mientras que no existe número para calcular la exención a las ganancias provenientes de la compra-venta de acciones y títulos valores.

Para una mejor distribución del ingreso, se requiere una gran reforma impositiva que instale una estructura tributaria altamente progresiva. Este cambio es el que frenan los fabricantes de pobreza, porque reduciría sus márgenes de beneficio, y sólo proponen combatir la pobreza con ayudas sociales. Y cabe agregar, además, que cuando el Estado apela a gravar rentas extraordinarias para sostener la ayuda social también se oponen frontalmente. Los diarios del jueves mostraron que en una actividad organizada por la Escuela de Posgrado Epoca, que preside el ex ministro menemista Roberto Dromi, y las universidades del Salvador y Carlos III, de Madrid, se criticó duramente al Gobierno por el tema de la pobreza. El principal disertante fue el cardenal Jorge Bergoglio, y entre los asistentes se encontraban el diputado Francisco de Narváez, la senadora Chiche Duhalde, el ex ministro Roque Fernández y varios empresarios de alta gama. Habría que preguntarles a muchos de los presentes qué hicieron y opinaron ellos cuando se gestó el desastre de los noventa, que endeudó al país por hasta el 113 por ciento del PIB, y pagaba el 8 por ciento del PIB anual por intereses, cuando hoy se paga cerca del 2; que generó una salida de divisas por cuenta corriente de 75.000 millones entre 1994 y 2001 y llevó a tasas de desocupación del 21,5 por ciento. Pareciera que la vieja y la nueva derecha intentan retomar protagonismo con la agenda de la pobreza, aliándose con los factores de poder económico, para volver al injusto modelo del “derrame”. Y también cabría reflexionar que cuando estos protagonistas centrales de la época del mayor desquicio económico argentino reclaman seguridad jurídica se refieren a aquella misma que ellos proveyeron en beneficio de los grandes grupos concentrados de la economía y que fue, sin duda, el andamiaje generador de la pobreza por la cual hoy se rasgan las vestiduras.

Sin una transformación profunda en el modelo de distribución de la renta, reducir significativamente la pobreza será imposible. El discurso que los poderosos hacen de la pobreza es un recurso cínico que enmascara su principal responsabilidad y además confunde a la opinión pública sobre la verdadera génesis de la pobreza y los auténticos caminos para eliminarla. Y digo eliminarla, no sólo atenuarla con paliativos caritativos o asistenciales. Como digo siempre, para mí el único índice de pobreza tolerable es cero.

Como corolario y ante las declaraciones difundidas sostenidamente que la pobreza es un escándalo, yo digo que la pobreza es una tragedia, y que el verdadero escándalo es la perversa distribución de la riqueza.

* Diputado electo.

En la campaña electoral sostuvimos con énfasis que, más allá de otros aspectos y elementos que debían incorporarse al análisis de la coyuntura, lo que estaba en juego centralmente era una lucha entre dos proyectos de país.

La retórica opositora –político- partidaria y de los representantes del poder económico concentrado– se desgañitaba introduciendo consignas huecas, una programática contradictoria, críticas formales y amenazas veladas o manifiestas al orden constitucional.

Las propuestas de De Narváez advirtiendo que la salida a la crisis era el ajuste de la obra pública son compatibles con la propuesta de Prat Gay de volver al Fondo Monetario, mientras demagógicamente se exigía un subsidio universal por hijo.

La oposición acelera su embestida al rumbo iniciado en mayo del 2003, que privilegió la unidad latinoamericana y la ruptura con la tristemente célebre doctrina de las “relaciones carnales” con los EE.UU. que implementó la política de memoria, verdad y justicia; el mejoramiento de la Corte Suprema; la recomposición de un modelo productivo orientado al mercado interno; el gradual desmantelamiento de la institucionalidad neoliberal (como la aún poco valorada estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, o la recuperación de Aerolíneas Argentinas); la restitución de derechos a nuestros jubilados. Está claro que se proponen bloquear los nutrientes de un proyecto de país orientado a la dignidad de todos; a la reforma de la heredada Ley de Radiodifusión; al derecho de percibir rentas extraordinarias como medida de justicia distributiva entre otras cuestiones. Más allá de las insuficiencias y contradicciones del Gobierno, las críticas de la derecha económica y política apuntan contra las medidas orientadas a la justicia social de una gestión que deberá ahora repensar las alianzas sociales y políticas que hagan viable la profundización del rumbo iniciado en el 2003.

Si alguien tiene claro este panorama y lo que está en juego, son las grandes corporaciones económicas y sus voceros políticos.

La Asamblea Restauradora de la Mesa de Enlace que se llevó a cabo en la Sociedad Rural, con la entusiasta participación de Francisco De Narváez, dejó en el aire un rosario de exabruptos que son inadmisibles en un país democrático. La reivindicación apologética del apellido Martínez de Hoz deja planteada negro sobre blanco la posición de una fracción social cuyo programa económico es el mismo que el de la dictadura genocida.

En una dirección convergente se ha expresado la Asociación Empresarial Argentina, cuyos puntos reivindicativos son patéticamente consistentes con el paradigma neoliberal.

Exigen el diálogo “entre la dirigencia política y empresarial”, advirtiendo que las inversiones solo llegarán en la medida en que se respete “el derecho de propiedad de las empresas sobre sus patrimonios y sus ganancias”, defendiendo el principio de rentabilidad como “el motor de todas las inversiones productivas”, mientras se reclama “libertad de precios (...) ya que éstos establecen los incentivos” de la inversión. Complementariamente se plantan frente a la discusión sobre salarios sosteniendo que “la prioridad de los trabajadores, el Estado y los empresarios debe ser preservar los empleos y las fuentes de trabajo”. La rentabilidad empresaria, la libertad de precios y la inconveniencia de discutir salarios se complementa con una “carga razonable y repartida equitativamente”, lo cual no sería contradictorio con “hacer una reducción a las retenciones de los productos agropecuarios”. El paraíso neoliberal de AEA se complementa con un reconocimiento al privilegio de las empresas privatizadas a definir las tarifas de manera de “incentivar las inversiones de las empresas”.

Esta muestra discursiva nos parece suficientemente expresiva de la ofensiva restauradora de los sectores más concentrados de la economía, fuertemente interesados en retrotraer a nuestro país a los años dorados (para ellos) del neoliberal-conservadurismo.

No se trata sólo de una expresión de deseos, sino que hoy esta política se expresa inequívocamente en la Ciudad de Buenos Aires. El futuro que nos propone Mauricio Macri y su coalición política es un retorno al pasado. En ese marco deben entenderse las políticas de destrucción del espacio público –especialmente la salud y la educación– y el refuerzo de las orientaciones represivas del Estado reclutando personajes siniestros involucrados en la violación sistemática de derechos humanos.

Macri redujo en dos puntos el presupuesto educativo con respecto al año pasado, pero incrementó en 200 millones el subsidio del Estado a las escuelas privadas. Vació el presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda y redireccionó fondos para obras de pavimentación. De mil personas en situación de calle en un año se duplicó el número de indigentes sin techo. Para ellos, el destino es la agresión física por parte de la Unidad de Cuidado del Espacio Publico (UCEP) y la expulsión de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que la derecha neoliberal conservadora piensa para pocos.

Quienes defendemos los valores de la justicia, sostenemos la necesidad de generar políticas de redistribución progresiva del poder, la riqueza y el conocimiento. Impulsamos el reconocimiento de lo diverso. Defendemos modelos de participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, apuntando a una democracia sustantiva. O sea, lo contrario del programa de la Mesa de Enlace, la Asociación Empresarial Argentina y los políticos que hacen de patético partenaire de esos intereses minoritarios. La pregunta que debemos hacernos es, a la vista del análisis histórico y de la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires, de qué lado estamos. El progresismo en todas sus variantes tiene una responsabilidad histórica, no puede ser el vagón de cola de un tren que nos conduzca a un modelo de injusticia, privilegio e impunidad que empujan los sectores neoliberal-conservadores. Los próximos dos años dirán si estuvimos a la altura de los desafíos por los que nuestras bocas se llenan de palabras.

* Diputado electo por la Capital.