Página#12 Libre

Opinión

No debe ser ministro

Por Sergio Caletti, Damián Loreti, Ricardo Forster *

Que sepamos, Abel Posse no redactaba directamente los discursos de los genocidas de las Juntas Militares de la dictadura de 1976, aunque no se privó de participar en ella desde oscuros rincones. Sin embargo, parece haberse decidido a redactarlos ahora, treinta y tres años después. La institucionalidad democrática le parece un escenario apropiado para aplicar sus destrezas de escritura a favor del discurso del terrorismo de Estado, hasta tal vez mejor que la propia dictadura. Por cierto, lo hace en la época en que tal discurso puede encontrar la oportunidad de sostenerse en el voto de quienes estén dispuestos a apoyarlo. Un gobierno democráticamente electo lo designa ministro de Educación. Pone bajo su conducción la educación de los niños y jóvenes que en un futuro próximo serán, muchos de ellos, estudiantes universitarios.

Lo que nos parece gravísimo no es su presunto ánimo polémico, que no lo tiene, porque todo en su discurso es apología del terrorismo de Estado, denigración de la defensa de los derechos humanos, humillación de los pobres y desamparados, difamación macartista de las izquierdas, del progresismo y de las memorias históricas y políticas. Su discurso conforma una pieza memorable del uso del lenguaje al servicio del mal, la violencia estatal autoritaria, el crimen de Estado legitimado por la razón de la fuerza. Es un discurso que convierte a gran parte de la población en enemiga delicuencial y víctima de la ley y el orden proclamados en sus versiones perpetradoras del horror, y por ello mismo adversas a toda norma, a toda convivencia, al menor asomo de una condición colectiva democrática.

Lo que nos parece gravísimo es que un ministro de Educación designado se permita formular semejantes nociones y que además pretenda hacerlas pasar por la expresión pública de una labor intelectual.

Lo que nos parece gravísimo es que se presuma, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la línea que ha sido atravesada por Abel Posse con sus infamantes y denigratorias palabras de violencia y crimen pueda ser tolerada por quienes profesamos un compromiso con la educación, la convivencia democrática y la apelación a la política como camino para dirimir diferencias y conflictos sociales, en lugar del crimen y la represión.

Lo que nos parece gravísimo, entonces, no son sus opiniones –harto conocidas desde siempre–, sino el lugar desde el que se lo habilita para enunciarlas.

Desde nuestro ámbito, como docentes, educadores e investigadores de la universidad pública, no podemos asistir a semejante acontecimiento sin manifestar nuestro horror y profundo e irreductible repudio ante lo que de ninguna manera constituye una polémica, sino un liso y llano atentado contra la vigencia de los derechos humanos y la democracia.

Llamamos a todas las comunidades educativas y a las fuerzas sociales, políticas y sindicales democráticas al pronunciamiento y la movilización contra el acto de lesa convivencia democrática que implica la designación de Abel Posse como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

* También firman, entre otros docentes de la UBA, Alejandro Kaufman, Henoch Aguiar, Fabián Bosoer, Oscar Moreno, Oscar Bosetti, Ana Amado, Pablo Alabarces, Osvaldo Baigorria, Christian Ferrer y Glenn Postolski.

Opinión

Carta a Mauricio Macri

Por Gastón Chillier *

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para solicitarle un pronunciamiento público respecto de las declaraciones de su flamante ministro de Educación, Abel Posse, vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país al que consideró “un ejercicio de venganza disfrazado de justicia”. El CELS, que trabaja hace treinta años por la consolidación de los derechos humanos como ideario democrático en nuestro país, considera que es fundamental que el jefe de Gobierno aclare a la sociedad si comparte o desaprueba las opiniones de su ministro y si éstas guardan relación o no con la política de Estado de su gobierno en esta materia.

Teniendo en cuenta la función fundamental que tiene la educación como espacio privilegiado de transmisión de valores en una sociedad, y la importancia del proceso de verdad y justicia para la consolidación de la democracia y la construcción de ciudadanía, es indispensable que el jefe de Gobierno de la ciudad aclare si las opiniones vertidas por su ministro han sido realizadas “a título personal” o si obedecen a los lineamientos políticos que su gobierno sostiene en relación con las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar y con el deber del Estado de investigar y juzgar a sus responsables.

Hoy, a veintiséis años del retorno de la democracia, y tras un camino que alternó justicia, impunidad y derecho a la verdad, se ha reabierto en nuestro país un proceso que promueve la superación de los efectos del terrorismo de Estado y el fortalecimiento de la democracia. La apertura y el avance de una gran cantidad de causas judiciales que se encuentran en trámite marcan un punto de inflexión que debe ser sostenido con el compromiso de los gobiernos con la verdad y la justicia. Por lo demás, diversas decisiones de la Corte Suprema, del Congreso de la Nación, de distintos tribunales del país y de tribunales internacionales de derechos humanos ratifican la legitimidad del proceso de verdad y justicia en Argentina en el marco del respeto al estado de derecho y a las garantías del debido proceso y sostienen que se trata de un modelo que debe ser seguido por muchos otros países.

Por ello, entendemos que la consideración de este proceso institucional –-que atraviesa a todos los poderes del Estado– como un “ejercicio de venganza” implica un desprecio de los valores democráticos, que no se condice con la responsabilidad pública que se le ha conferido al ministro Abel Posse. Y por esta misma razón es crucial que la sociedad conozca cuál es la posición del jefe del Gobierno porteño sobre el proceso de justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad, sobre el que se sientan las bases profundas de la gobernabilidad democrática en nuestro país.

* Director ejecutivo del CELS.

Hace muchos años que el CELS propone la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Por eso celebra que distintas fuerzas políticas, tanto del Gobierno como de la oposición, parezcan dispuestas a permitir su sanción en el Congreso, donde se acumulan desde hace tiempo diversos proyectos. Sin embargo, sería un error considerar ese instrumento, obligatorio para adecuar la legislación penal a las normas de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de la misma jerarquía, como una solución mágica para las legítimas demandas de seguridad, tema demasiado complejo para admitir respuestas unilaterales. Esta advertencia es imprescindible para evitar futuras decepciones y un organismo como el CELS está en condiciones de plantearla porque su interés en el tema no tiene el sesgo electoral propio de la cercanía de los comicios legislativos.

El régimen vigente no toma en cuenta ni la responsabilidad de las personas menores de edad ni sus derechos. Así, permite dos extremos de equivalente insensatez: un juez puede devolver a la calle sin medidas de control ni protección a un chico que acaba de cometer un delito y retener privado de su libertad durante años a otro que ha sido víctima de un delito. Demasiado a menudo esta decisión expresa criterios discriminatorios del poder punitivo estatal, relacionados con la situación de pobreza del adolescente, y no la determinación de responsabilidad por hechos efectivamente cometidos.

Ambos casos tienen en común la decisión discrecional del magistrado, sin juicio, acusación, defensa ni garantías procesales. La consecuencia de este sistema insostenible es, por un lado, la arbitraria privación de libertad de miles de pibes sin juicio previo, y por otro, el empleo de los chicos por bandas de ladrones y/o policías que se aprovechan de su inimputabilidad. Estas dos realidades contribuyeron a la estigmatización de los “menores”, vocablo que se va convirtiendo en sinónimo ilícito de delincuente.

La modificación del régimen penal juvenil debe respetar ciertos principios consagrados en los tratados internacionales que obligan al Estado argentino y cuyo incumplimiento singulariza al país en la región. Entre ellos:

- El debido proceso, con mayores niveles de garantías procesales que el actual sistema penal de adultos.

- La privación de la libertad como último recurso, y sólo en los casos más graves.

- Una escala penal diferenciada respecto a la de los adultos.

- La privación de libertad en lugares especializados, con asistencia de profesionales que atiendan las posibles patologías y/o adicciones asociadas y que garanticen niveles de educación adecuados.

Asegurar que los autores de graves delitos que conmocionan a la sociedad no vuelvan a cometerlos es una medida necesaria pero insuficiente si al mismo tiempo no se actúa sobre el contexto de desestructuración social en el que se formaron. Actuar sobre la fábrica del delito es tanto o más importante que sobre algunos de sus productos.

La sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil no puede ser una mera reacción demagógica en el contexto de la campaña electoral, sino que debe ayudar a consolidar una política de Estado para las personas menores de edad en conflicto con la ley.

La solución a los problemas de violencia e inseguridad debe concentrarse en garantizar políticas inclusivas, reformular las estrategias de persecución del Ministerio Público provincial y federal para implementar medidas que apunten a desarticular las redes criminales, y fortalecer la independencia judicial con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad.

* Director ejecutivo del CELS.

La Cámara Nacional de Casación Penal realizará una audiencia para resolver si un grupo de imputados por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Polaca pueden cumplir su detención en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, dependencia del Ejército. El CELS ha sostenido pública y judicialmente que la utilización de las instalaciones castrenses como recintos penitenciarios y el cumplimiento de tareas de custodia por parte de militares son contrarios a la legislación vigente que rige el sistema de defensa y atentan contra las funciones que la democracia requiere de las Fuerzas Armadas.

La utilización de los militares como agentes penitenciarios y de sus unidades como cárceles involucra a los militares en tareas o funciones que la legislación nacional asigna expresamente al Servicio Penitenciario Federal y otros agentes de seguridad. Se trata de una clara violación a la Ley de Defensa Nacional y del decreto 727/2006 que la reglamentó, que establecen que los militares son el instrumento encargado de la defensa externa del territorio nacional, y de la Ley de Seguridad Interior, que les prohíbe la participación en la seguridad interior de exclusiva competencia de las fuerzas policiales. En el mismo camino, la resolución 983 del Ministerio de Defensa prohíbe el alojamiento en dependencias militares de cualquier ex integrante imputado en causas por delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, la participación de los militares en tareas que no son de su competencia debilita la profesionalización de los militares y atenta contra la subordinación militar a las autoridades civiles y el respeto de éstos hacia las instituciones y principios de la democracia y los derechos humanos.

La reciente reforma del sistema judicial militar en Argentina reivindicó estos principios. Una de las razones que impulsaron la derogación del Código de Justicia Militar fue que este ofendía el principio de judicialidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede administrar justicia. Es el Poder Judicial el responsable de juzgar a aquellos imputados en causas por delitos comunes y de brindar el alojamiento correspondiente para que se lleve a cabo la detención. Por ello, la ley 26.394, que derogó el código, otorga competencia a la Justicia Federal sobre los delitos civiles cometidos por militares y acentúa la responsabilidad del Estado de investigar y castigar, en jurisdicciones ordinarias, las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

Por último, la custodia militar a compañeros de armas puede ser particularmenre grave debido al ordenamiento jerárquico que rige la cadena de mando castrense. La relación de superioridad jerárquica entre detenidos y custodios no garantiza los requisitos básicos de seguridad de un recinto penitenciario ordinario, contiene un mensaje inconducente que fomenta la cultura corporativista dentro de los cuarteles y mantiene en contacto a las nuevas generaciones con militares que sostienen valores autoritarios y que están imputados por violaciones a los derechos humanos. Esto se evidenció claramente con lo ocurrido en los casos de Febres y Correa.

En opinión del CELS, la resolución de la Cámara debería ser una instancia privilegiada para que el Poder Judicial apoye el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Un proceso que trabajosamente han llevado adelante las instituciones democráticas desde el fin de la última dictadura militar y que, aunque con resistencias y retrocesos, ha logrado sustanciales avances que deberían culminar demostrando que los militares son ante todo ciudadanos iguales ante la ley.

* Director Ejecutivo del CELS.