Página#12 Libre

A partir del anuncio de la canciller Angela Merkel de suspender la prolongación del plazo de funcionamiento de las centrales nucleares –y sin producir ni por asomo las escenas dantescas que desde hace cuatro días shockean al mundo–, se podría decir que el terremoto con epicentro en las costas japonesas le ha pegado un sacudón atendible a uno de los ramos más poderosos de la industria alemana.

Mientras arreciaban sin pausa las malas noticias desde Japón durante el fin de semana, la administración Merkel había apelado a la mesura (con el toque de consternación de rigor) para evitar definiciones concretas ante las preguntas de la prensa sobre la posición que tomaría el gobierno federal, teniendo en cuenta los riesgos que la catástrofe nipona había puesto blanco sobre negro.

El sábado, unos 60 mil manifestantes se habían congregado para unir por medio de una cadena humana de 45 kilómetros la ciudad de Stuttgart (capital del estado de Baden-Württemberg) con la central nuclear de Neckarwestheim, una de las más cuestionadas en cuanto a su seguridad, en tanto fue construida sobre un fundamento geológico inestable.

“Moratoria” fue el término elegido ayer por Merkel y sus voceros para denominar la puesta en stand by de un estado de cosas dentro de la política energética local, que desde el principio se ha caracterizado por un alto grado de controversia.

La enmienda a la Ley de Energía Atómica sancionada en 2002, durante la gestión de la alianza de socialdemócratas (SPD) y verdes, estipulaba una vida útil de 32 años promedio para las centrales nucleares, a partir de su puesta en marcha. Esto habría significado para por lo menos dos de ellas su salida del sistema en sólo un par de años.

Pero la actual administración democristiana-liberal, tras hacerse cargo del gobierno en 2009, cumplió una de sus promesas electorales, impulsando una revisión de aquellos plazos a través de una prolongación del funcionamiento de las centrales.

Esta posición revitalizó al movimiento antinuclear en una dimensión que no se observaba desde la década del ’80, con decenas de miles de personas tomando parte en manifestaciones de protesta y una oposición a los planes del gobierno superior al 70 por ciento, según lo reflejado en las encuestas. Es necesario recordar que Alemania acarrea el problema del procesamiento y almacenamiento final de la basura atómica producida durante más de 35 años de utilización de esa fuente, que constituye entre el 10 y 15 por ciento del consumo de energía total del país.

Por su parte, los cuatro consorcios energéticos que regentean las 17 centrales nucleares se unieron, cual Mesa de Enlace teutona, para ejercer un trabajo de lobby que no dejó recurso dramático sin tocar, a través de una profusa campaña mediática y un documento ampulosamente titulado “Coraje y realismo para el futuro energético de Alemania”.

Finalmente, el 28 de octubre pasado la mayoría conservadora en el Bundestag logró imponer su nueva enmienda, que les garantiza a los proveedores de energía una prolongación promedio de 12 años a la vida útil de las usinas (con ganancias aseguradas, estimadas en varias decenas de miles de millones de euros), introduciendo a su vez un impuesto a los combustibles nucleares, que las empresas eventualmente pueden descargar en las tarifas al consumidor final.

Los recursos de inconstitucionalidad no se hicieron esperar, presentados tanto por los partidos de la oposición como por Greenpeace y otras iniciativas ambientalistas, quienes ayer, confrontados con la novedad, vieron en ella una confirmación de sus argumentos, pero a su vez una reacción insuficiente por parte del gobierno. Aún no ha pasado medio año desde la sanción de la enmienda en favor del lobby nuclear y ésta, aun en vista de los desgraciados acontecimientos que la han vuelto a poner sobre el tapete, está lejos de haberse convertido en letra muerta. Es que el anuncio de ayer, si bien es impactante, carece de precisiones en su formulación.

Angela Merkel aseveró que se verificarán el estado y las medidas de seguridad de todas las centrales nucleares “sin tabúes”, pero consultada sobre si eso implicaría retirar de servicio los reactores más viejos una vez cumplidos los tres meses de moratoria, evitó (una vez más) definirse, y alegó que “queremos una política energética sincera”. Además, aseguró que esta suspensión provisoria de la enmienda será utilizada también “para ayudarnos a ver cuán rápido llegaremos a la era de las energías renovables”.

En tanto, encuestas confiables realizadas luego del anuncio de Merkel daban cuenta de que un 80 por ciento de los consultados estaban a favor de dejar sin efecto la polémica prolongación para las centrales atómicas. Evidentemente, los prendedores ochentosos con un solcito sonriente y el eslogan “¿Energía nuclear? ¡No, gracias!” están más vigentes que nunca.

Desde Aschaffenburg, Alemania

El departamento legal de Google en Alemania había tenido que capear hasta ahora pocos frentes de tormenta, al menos en lo que es de conocimiento público. En 2004 tuvo que ocuparse de proteger su identidad corporativa presionando exitosamente para que el verbo googeln (“googlear”) no apareciera automáticamente en los diccionarios como sinónimo de búsqueda en Internet. Pero en esta oportunidad los abogados tal vez deban poner mayor creatividad en juego, ya que la empresa del logo multicolor está por cruzar una línea que los alemanes suelen cuidar con particular celo: la de la esfera privada.

No a todo el mundo le apetece que la fachada de su casa o la imagen de sus hijos jugando en una plaza sean contenidos de libre acceso en la red, tal como promete el servicio Google Street View (“vista callejera”), implementado ya en otros países y pronto a ser lanzado en noviembre en Alemania –Google también planea incorporar Buenos Aires a ese servicio antes de fin de año–. En un país que le confiere rango ministerial a la defensa del consumidor y en el cual años atrás la inclusión en los pasaportes de datos biométricos causó un revuelo que sigue resolviéndose en algunos juzgados, no es difícil imaginarse que el disgusto esta vez se haya transformado en una cuestión de Estado.

Los autos de Street View, que cuentan con un dispositivo fotográfico de última generación montado en el techo y recuerdan a una versión torpe y sin gracia del robot Wall-E, recorren desde hace dos años las veinte ciudades más importantes del país, registrando imágenes por millones, no ya desde el cielo, como el pionero Google Earth, sino desde las calles mismas; y aquello que solía despertar curiosidad, provoca ahora sensaciones que navegan entre el escepticismo y el rechazo. La noticia de que estos autos hayan captado y registrado también datos a través de redes wi-fi particulares (“por descuido”, según Google) no ayuda precisamente a mejorar el humor ciudadano.

La empresa había asegurado en un principio la utilización de un software que permitiría identificar personas, cuyos rostros volvería irreconocibles mediante una técnica similar al pixelado. Para los especialistas, que ya han advertido en reiteradas ocasiones sobre el modo maníaco de acopiar datos por parte de Google, es una solución con gusto a poco. Aducen –por citar un ejemplo– a la posibilidad de echar un vistazo por encima de cercos y tapiales privados, que eventualmente le permitiría a un patrón ver en qué condiciones viven sus empleados o los postulantes a un empleo. Ni hablar del temor ante el (ab)uso por parte de criminales, a quienes la planificación de robos en viviendas se les facilitaría con un par de clicks. También el comisionado federal para la protección de datos, Peter Schaar, expresó días atrás su preocupación por el peligroso cóctel conformado por fotos de Street View en combinación con datos extraídos de guías telefónicas y directorios, en términos de obtener información sobre la posible solvencia económica de un particular.

Sin embargo, la coalición conservadora de demócratas cristianos (CDU-CSU) y liberales (FDP) parece haber encontrado un tema que le permite seguir cultivando el disenso interno, una de sus características desde que asumiera a fines de 2009. Así, mientras la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), apura una reforma de la legislación de protección de datos, su colega de Interior, Thomas de Maizière (CDU), intentó poner paños fríos a la discusión, ninguneando –por insuficiente– el proyecto de ley presentado por el Consejo Federal para regular el manejo de los llamados “servicios de geodatos”.

Ante la presión de la opinión publica y de un sector importante de la política, Google cedió unos metros más de terreno, poniendo a disposición un formulario online para que los ciudadanos interpongan un recurso sobre fotos que involucren a su persona o a su propiedad. Como para alimentar suspicacias, miles de usuarios que quisieron acceder a él durante el primer día vieron frustrado su intento debido a la inestabilidad de la página correspondiente. Y el trámite no termina ahí, en tanto Google –que prevé decenas de miles de estos recursos sobre sus escritorios– envía por correo un formulario de verificación a cada solicitante, que éste, a su vez, debe completar y reenviar y... Que el plazo para presentar el recurso venza a mediados de septiembre es visto poco menos que como una chicana, teniendo en cuenta que en algunas regiones coincide con el fin del receso estival.

En Europa, Google se las había arreglado para sumar simpatías cuando, a mediados de este año, obligó al gobierno chino a resolver con pragmatismo (a favor de Google, se entiende) la pulseada que tenía a ambos por protagonistas; el desenlace ameritaba a pensar en una derrota parcial de la censura estatal en China, pero aparentemente resultó un triunfo de la libertad de empresa.

“Don’t be evil” (“No seas malo” o “maldito”) reza el lema interno de Google. “Sonría ahora, lo pixelamos luego” podría ser una sugerencia para los tiempos que corren...