Página#12 Libre

Desde la dictadura militar hasta la asunción del presidente Néstor Kirchner, la desigualdad de ingresos creció sistemáticamente, mientras que en los últimos siete años descendió más de lo que había crecido en los veinte años anteriores. El paso de un modelo macroeconómico fundado en el déficit fiscal, creciente endeudamiento externo y ajuste crónico, a un modelo de superávit fiscal, desendeudamiento, fortalecimiento del mercado interno e inclusión social son la explicación de la reducción de la desigualdad.

¿Cuáles son las políticas determinantes del cambio de tendencia? Sin ser exhaustivos, podemos encontrar:

- Políticas expansivas del mercado interno: que permiten la creación de aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo entre 2003 y 2010. Los empleos registrados en la AFIP pasan de 4,9 a 8,4 millones.

- Políticas de impulso a los salarios: con el incremento por decreto de sumas fijas en la base de la pirámide salarial primero, la recreación del Consejo del Salario y la reactivación de las paritarias después; los ingresos laborales, según la EPH del Indec, representan el 78 por ciento del total de los ingresos que perciben los hogares a lo largo del período. La media de ingresos de la ocupación principal pasó de 400 a 2000 pesos, un aumento del 500 por ciento, y el salario mínimo vital y móvil pasó –luego de estar congelado por más de 10 años– de 200 a los actuales 1840 pesos, 920 por ciento más. A esto se suma la sistemática recuperación de los montos de todos los conceptos de las asignaciones familiares.

- Políticas de transferencia de ingresos a través de un sistema de protección social cada vez más vigoroso. Por una parte, la extensión al universo de los adultos mayores del beneficio jubilatorio: de menos de 3,2 millones de jubilados en 2003, a más de 5,6 millones en 2011, con un crecimiento de la jubilación mínima de 200 a 1227 pesos desde marzo, y superando el millón las pensiones para personas en situaciones de invalidez, maternidad de siete hijos o mayores de 70 años.

A ello debe agregarse que de 2003 a 2009 la protección a través de subsidios pasó del 4 al 9 por ciento de los hogares, a lo que se agrega el programa de Asignación Universal por Hijo, que alcanza a más de 3,5 millones de niños/as, que perciben 220 pesos cada uno/a.

No sólo hay un decrecimiento de la desigualdad, sino que simultáneamente el conjunto de los ingresos experimentan un vigoroso crecimiento. Esto ha conllevado una notoria mejora de las condiciones de vida de las mayorías populares, acentuada por los efectos de otros grupos de políticas que vale destacar:

- Políticas de control de los precios internos: con particular impacto, aquellas orientadas a desacoplar los precios internos de los internacionales, las de congelamiento de tarifas de servicios públicos, las de subsidios a bienes y servicios de consumo masivo y primera necesidad y las de acuerdos y/o control de precios.

- Cambios en la distribución social de la carga fiscal: ya que se traslada el mayor peso contributivo a aquellos sectores con mayor capacidad. Si analizamos la composición de la recaudación excluyendo los aportes a la seguridad social, veremos que la suma de impuesto a las ganancias, comercio exterior, bienes personales y créditos y débitos (abonados sólo por sectores de mayores ingresos) representan en promedio entre 2003 y 2009 el 54,9 por ciento de la recaudación, mientras el IVA y otros impuestos representan el 45,1 por ciento restante. Entre 1997 y 1998, el primer grupo representaba sólo el 31,8 por ciento, y el segundo el 68,2 por ciento restante, de lo cual sólo el IVA explicaba el 52 por ciento de la recaudación

* Director de la Encuesta Permanente de Hogares - Indec.

La medición de la pobreza por el método de la “línea de pobreza” o “método del ingreso” fue adoptada por la Argentina como estadística oficial en los primeros años de la década del ’90 y, como todo producto social, es hija de su época. Se trata de comparar los ingresos monetarios de los hogares con los ingresos estimados requeridos para la satisfacción de ciertas necesidades “básicas”, calculadas según requerimientos calóricos (para la fijación de la línea de indigencia) y de un adicional para cubrir requerimientos básicos de vivienda, transporte, esparcimiento, etc., para la línea de pobreza. Esto implica que no se identifican necesidades no satisfechas sino que se asume que los hogares cuyos ingresos son inferiores a las correspondientes líneas, pueden ser caracterizados como pobres o como pobres indigentes.

Esto conlleva que los bienes y servicios que pudiera recibir la población no intervienen en el cálculo, es decir que si los niños reciben alimentos en las escuelas o los trabajadores en sus empresas, la pobreza no desciende y, a la inversa, si se suprimen beneficios, ello no incrementa la pobreza. Técnicamente, si se suprimieran la educación y la salud pública, la pobreza no crecería según este método. Subyace el concepto de que el bienestar material se reduce a la medición de la capacidad de compra en el mercado de bienes y servicios.

Dado que aún no se ha adoptado una nueva metodología, el Indec continúa publicando una estimación de incidencia de pobreza e indigencia según los criterios brevemente expuestos arriba.

Sin ser novedoso, una andanada de notas periodísticas y declaraciones de “expertos” ponen en tela de juicio los datos publicados el 22 de septiembre sobre incidencia de pobreza e indigencia. En todos los casos se reconoce como cierto que la pobreza descendió entre 2003 y 2006, pero afirman que ese proceso se revirtió a partir de 2007.

El razonamiento de base supone que el incremento de los ingresos de los hogares ha sido inferior al incremento del costo de las “canastas básicas”, pero además, que a lo largo del tiempo se mantiene inalterada la cantidad de personas que perciben ingresos. Apelando a distintos registros administrativos del Estado Nacional, podemos ver que la información sobre la incidencia de pobreza e indigencia producida por el Indec es totalmente consistente.

En el siguiente cuadro se observa la evolución del número de aportantes (puestos de trabajo registrados) inscriptos en la AFIP (puestos de trabajo registrados), del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a diciembre de cada año, y la Remuneración Promedio de los Asalariados del Sector Privado registrados a partir del SIJP. La información proviene de las páginas web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la AFIP.

Es fácil ver que durante 2007 y 2008 se mantiene la tendencia a la suba en cuanto a los puestos de trabajo, con un crecimiento de 1.048.626 (+ 14,4%) respecto de 2006.

En cuanto al Salario Mínimo, el incremento del período alcanza el 55% del valor vigente a fines de 2006, mientras que la remuneración promedio de los asalariados sube $ 870 en los dos años, alcanzando un crecimiento del 55,4%.

Para que creciera la incidencia de pobreza en el bienio 2007-2008 debería haberse mantenido constante la cantidad de puestos de trabajo y registrarse un incremento del valor de las canastas de alrededor del 28% anual. Vale recordar que entre enero de 2002 y enero del 2003 –período de la más profunda crisis económica– el IPC creció 29,6%.

Los datos de AFIP del 1er. semestre de 2009 indican que los puestos de trabajo registrados experimentaron incrementos interanuales en el 1º y 2º trimestre del año, que la remuneración promedio bruta en el sector público alcanzó los $ 3581 (+21% respecto al 2º trimestre de 2008) y en el sector privado llegó a $ 2948 (+25,2 % respecto al 2º trimestre del año pasado).

El otro fenómeno que suele pasarse por alto en las notas periodísticas y declaraciones de “expertos” es el relacionado al comportamiento del sector pasivo, que presentamos a continuación.

La jubilación mínima aumenta $ 200 de diciembre de 2006 a diciembre de 2008 (+ 46,8%), mientras que la remuneración media de jubilados y pensionados se incrementa en $ 265 (+ 44,5%). Sin embargo, lo más significativo es el crecimiento del número de perceptores, que sobrepasa el millón y medio de personas (1.640.558), lo que significa un incremento del 49,2%.

Aunque no están disponibles estos datos para el 1er semestre de 2009, se puede afirmar que continuó el incremento de los ingresos del sector, ya que la percepción mínima alcanzó los $ 770, se puso en marcha el sistema de ajuste de haberes previsto por la Ley Nº 26.417 de movilidad jubilatoria, que alcanzó a más de 5.421.000 jubilados y pensionados nacionales, lo cual habla de la continuidad de la ampliación de preceptores de ingresos.

La masa total de haberes de jubilados y pensionados obtenida como producto entre el número de beneficiarios y el haber promedio (por la combinación del crecimiento de montos y preceptores) más que duplica las transferencias de ingresos por este concepto en 2007 y 2008.

Aunque no nos extenderemos sobre ello, cabe destacar que simultáneamente se ha registrado en el período un importante crecimiento del número de personas que reciben asistencia a través de distintos programas sociales, como el Plan Familias y otros.

De manera tal que el descenso de la incidencia de pobreza e indigencia es totalmente consistente con la evolución del total de jubilados y pensionados, de los trabajadores registrados, con el crecimiento del conjunto de las remuneraciones mínimas y promedios de los activos y los pasivos. Todo ello reflejado en los informes de la AFIP, el Ministerio de Trabajo y la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. En otras palabras, ninguno de los indicadores básicos de empleo y remuneraciones agregados contradicen lo informado por el Indec.

Afirmar que en este contexto económico, con crecimiento de perceptores y percepciones, la tendencia es opuesta, sólo puede ser atribuible a la superficialidad de los análisis, la escasez de elementos técnicos o a la mala fe.

En las afirmaciones de los diversos “expertos” que opinaron en los medios sobre la materia se podrán encontrar las diferentes combinaciones de estos tres elementos.

* Director de la Encuesta Permanente de Hogares, Indec.