Página#12 Libre

Desde Tucumán

“Buscamos una autonomía razonable, con más grado de independencia para los tiempos que corren, una independencia económica que llevó a la inclusión social y a la extensión de beneficios sociales, aun en mundo en crisis, en un mundo donde hubo cercenamiento de derechos y pérdida de trabajo”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al abrir en Tucumán los actos oficiales por los 194 años de la declaración de la Independencia. “Los convoco –arengó– a seguir trabajando en la construcción de la independencia económica y cultural, es la base para pensar por nosotros mismos, que sepamos escuchar y mirar por nuestras propias ideas para que no volvamos a equivocarnos nunca más.”

CFK fue recibida en Tucumán por una multitud. Según los cálculos oficiales, más de cien mil personas participaron de los festejos de ayer. El acto y la concurrencia significaron también una reafirmación del gobierno de José Alperovich de la cercanía a la gestión nacional.

La Presidenta llegó a Tucumán en el Tango 01. En un segundo avión viajaron unos 70 funcionarios nacionales, entre los que se destacaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el nuevo canciller Héctor Timerman; los ministros del interior, Florencio Randazzo; de Economía, Amado Boudou; de Educación, Alberto Sileoni; de Planificación, Julio De Vido; de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de Salud, el tucumano Juan Manzur.

Los tucumanos habían empezado con los festejos el jueves. Incluso el clima ayudó, ya que la temperatura mientras se desarrollaba el desfile cívico llegó a 24 grados. La Presidenta se mostró durante toda la jornada dispuesta a saludar a la gente que se le acercaba. Estaba previsto que se fuera de Tucumán a las cuatro de la tarde, pero decidió irse tres horas y media después, a pesar de que le aguardaba un largo viaje a China.

Los festejos se realizaron en el Parque 9 de Julio. Allí se montó el palco oficial sobre la avenida Soldatti, en la capital tucumana. CFK participó activamente del desfile, no sólo bailando, aplaudiendo y cantando, incluso se puso una boina roja que le entregaron los ex combatientes tucumanos en las Islas Malvinas.

El ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, fue uno de los más esperados por la gente que saludaba a la comitiva oficial en la puerta de la Casa Histórica. Fue el último en entrar a la vieja casona de la Independencia y bromeó con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras ingresaba a la sala de la jura de la Independencia: “Llegó el Primer Damo”, le dijo.

“La primera vez que vine a Tucumán, no había esperanzas. Las provincias eran mendicantes, sin ningún tipo de suerte. Hoy hemos salido de ese infierno. Estamos en una situación diferente”, aseveró Fernández de Kirchner, y añadió que desde marzo del año pasado las jubilaciones aumentaron un 30 por ciento y las reservas del Banco Central volvieron a superar los 50.000 millones de dólares. “Que la oposición reconozca que se equivocó”, declaró con una sonrisa en los labios.

La Presidenta también dio su percepción sobre la Argentina post-gobierno de la Alianza, “empezamos en 2003 un proceso, cuando empezamos a salir del infierno y no había esperanzas. Las provincias eran mendicantes y no había autonomía –dijo en diálogo con la prensa mientras caminaba por el patio interno de la Casa Histórica–. Ayer el Banco Central informó que llegó a los 50.162 millones de pesos de reservas, pese a haber pagado 2700 millones en concepto de deuda. Todo esto significa que estamos trabajando muy fuerte, para que haya más empleo para todos”.

“Estoy muy contenta por el calor popular, el día está estupendo y en un momento del mundo y de la Argentina muy especial, y podemos verificar donde muchas de la cosas que dijimos teníamos razón”, sentenció Fernández de Kirchner.

La Presidenta siguió defendiendo el modelo económico: “Las características de los países desarrollados son mejorar poder adquisitivo, mejorar los salarios, y ayer subimos el piso del 20 por ciento del Impuesto a las Ganancias, mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores”. Recordó que en la reunión del G-20 que se llevó a cabo días atrás en Canadá “tuvimos un encuentro en Vancouver con delegados de países que representan a 176 millones trabajadores, y su desesperación era cómo detener las políticas ajuste, de achicamiento, de exclusión”. La mandataria aseguró que “estamos en el rumbo acertado” y dijo que “sería bueno el reconocimiento y que los que estuvieron en contra de las medidas tomadas recapaciten y reconozcan que no estábamos equivocados”.

Una vez que recorrió la Casa Histórica, CFK salió por la puerta trasera del solar, donde la esperaba una camioneta que la llevaría hasta la zona del desfile. Estuvo acompañada por el gobernador tucumano y por su esposa, la senadora peronista Beatriz Rojkés de Alperovich.

Desde muy temprano, la gente llegó al principal paseo local, la Plaza Independencia, para tomar el chocolate del 9 de Julio, ya que se instalaron carpas de la Intendencia de la capital, donde los turistas no sólo se sacaban fotos con las promotoras vestidas de gaucho, sino que disfrutaban de la música funcional del mega-escenario instalado en las puertas de la Casa de Gobierno, que se preparó para esperar a Charly García en el recital de la noche.

A la hora de los sermones, mientras se desarrolló el Tedéum, donde no estuvo la comitiva nacional, el obispo Luis Villalba aprovechó la tribuna eclesiástica para hacer campaña en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo (ver página 7).

Desde Tucumán

Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.

También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.

Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.

El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.

Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.

Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.

En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.

La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.

Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.

Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.

Desde Tucumán

El represor Luciano Benjamín Menéndez sumará hoy una nueva condena por violaciones a los derechos humanos. Es que el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, presidido por Carlos Jiménez Montilla, leerá los fundamentos de la pena en contra de los cuatro imputados que quedan en pie en la megacausa sobre crímenes cometidos en el centro clandestino Jefatura de Policía. El dictador Antonio Domingo Bussi fue excluido de este expediente por razones de salud y los jerarcas Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo murieron mientras se desarrollaban las audiencias que comenzaron el pasado 16 de febrero.

Menéndez llegó a Tucumán desde Córdoba el martes por la noche en un vuelo especial y con la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para escuchar de boca de los jueces los cargos que se le imputan y la pena en cada caso. Lo acompañarán en el banquillo de los acusados Roberto “El Tuerto” Albornoz y los ex policías Luis y Carlos De Cándido.

Menéndez pidió hacer uso de la palabra antes de que terminara la última jornada y antes de que el tribunal pasara a deliberar. Como era de esperar, el genocida sostuvo y ratificó la teoría de los dos demonios, y aseguró que en la Argentina se vivía un clima “de guerra”. Sus palabras fueron muy parecidas a las expresadas ante los jueces cordobeses días atrás, cuando también habló de la “persecución” de parte del gobierno nacional desde el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner.

El abogado del represor Albornoz, Exequiel Avila Gallo (h.), intentó deslindar las responsabilidades de su defendido y puso el foco en Bussi y en la “indiferencia” de la sociedad. “Hoy, a 34 años de los hechos, es fácil hacerle de capotón furioso a Bussi con máscara de oxígeno. Pero hace 34 años, nadie lo miraba fuerte”, lanzó y pidió la absolución de su cliente. El fiscal Terraf lo acusó de haber tenido expresiones “atrevidas y temerarias”.

Avila Gallo continuó: “Había un temor reverencial generalizado, sea en la esfera privada o dentro de la estructura administrativa de la provincia. En ese contexto, nadie hacía nada sin que lo haya ordenado Bussi”, dijo para graficar el clima de temor que paralizaba a la sociedad y que, según él, incluía a su defendido. “Ni (Alberto) Cattáneo tomaba las decisiones DF (Disposición Final, era la sigla que indicaba la muerte) sin consultarle a Bussi”, agregó para tratar de despegar a su defendido, quien fuera jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía tucumana.

Esta causa incluye a 22 víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en pleno barrio norte de la capital tucumana. Los represores recibirán hoy una condena por los delitos que cometieron. Resta saber si el tribunal enviará a los represores a la cárcel o si volverán a repetirse las escenas del 2008, cuando esa decisión quedó en manos de la Cámara de Casación y, así, Bussi, siguió “detenido” en un coqueto country en Yerba Buena, al pie de los cerros tucumanos.

Desde Tucumán

El Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán (TOF) ordenó realizar una serie de pericias caligráficas sobre las firmas del represor Roberto Heriberto “el Tuerto” Albornoz, ya que, en un intento de deslindar su responsabilidad dentro del centro clandestino “Jefatura de Policía”, sostuvo frente a los jueces que las firmas de los documentos secretos difundidos por el testigo Juan Carlos “el Perro” Clemente no eran suyas. También había declarado que en el caso de que se tratara de su firma, “al sello se lo pusieron después de que las firmé”. Los peritos de Gendarmería Nacional con asiento en la provincia concluyeron que “todas las muestras” corresponden a la rúbrica del represor, quien está acusado junto con el dictador Luciano Benjamín Menéndez y los ex policías Luis y Carlos De Cándido por la muerte y la desaparición de 22 personas en el centro clandestino tucumano durante la dictadura.

La decisión de los magistrados de pedir una pericia caligráfica se produjo luego de que el represor Albornoz –quien durante la dictadura militar no sólo fue jefe del Departamento de Inteligencia Policial (D2) sino que también estuvo a cargo del Servicio de Información Confidencial (SIC)– sostuvo que él era “un perejil de cuarta” que “no manejaba nada dentro de la ex Jefatura. Todo estaba a cargo del Ejército”, había dicho, según publicó este diario.

Más allá de la estrategia de Albornoz y su abogado Exequiel Avila Gallo, ya no hay dudas de que las firmas que aparecen en la documentación histórica de la ex Jefatura de Policía le pertenecen a su puño y letra. Esta fue la conclusión de la pericia que ordenó el Tribunal Oral Federal sobre la rúbrica del imputado, quien figura en esas páginas amarillas como jefe del Departamento Inteligencia (D2) durante los años ’76 y ’77.

En su declaración, Albornoz había negado haber sido jefe del D2, cuando el fiscal federal Alfredo Terraf se refirió justamente a la documentación en la que figura que ocupó ese cargo. “Me da la impresión de que esos sellos los colocaron después de mi firma”, dijo sin ponerse colorado. Esta actitud provocó la reacción de familiares de desaparecidos presentes en la sala de audiencias, en el marco del juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese ex centro clandestino de detención.

En esas listas, el Tuerto Albornoz también figura como jefe de Servicios Confidenciales (SIC), que tenía a cargo un grupo llamado por varios testigos como “la patota” que se encargaba de los operativos de secuestros y tortura. El imputado también lo negó y hasta llegó a decir que de manera “ficticia” y por “una maniobra” interna lo pusieron en ese cargo.

Las pericias, que fueron realizadas por Sergio Ibarrola Alferez (jefe del Grupo Policía del Escuadrón 55 Tucumán), también se hicieron sobre la firma del ex policía Luis De Cándido, que aparece en una sola foja de la documentación histórica, pero en este caso tuvieron resultado negativo. Estas pericias se realizaron comparando las firmas que figuran las fojas de la documentación histórica con las registradas recientemente por el Tribunal Oral Federal.

Se trata de las rúbricas que aparecen en las listas que revelan los nombres de 293 detenidos que estuvieron en la ex Jefatura y los informes policiales y militares que circulaban como parte de un plan sistemático de represión, y que fueron entregadas el mes pasado por el testigo Juan Carlos “el Perro” Clemente. Este aseguró que pudo acceder a ellas porque cumplía tareas en una oficina de archivos de la ex Jefatura y las escondió cuando a fines de 1977 se desmanteló el lugar. Detalló que las mantuvo en secreto, escondidas entre los escombros de una cama de ladrillos que fabricó en su casa.

Desde Tucumán

El represor Roberto “El Tuerto” Albornoz pidió la palabra. Dijo que no vio si los policías torturaban en las celdas durante la dictadura y que no conocía a ninguno de los detenidos. Argumentó que no sabía que había sido designado jefe del Departamento de Inteligencia (D2) y que por una “maniobra de desprestigio” se difundió desde dentro de la estructura policial que él era el encargado del Servicio de Información Confidencial. Después fue careado con el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación secreta de la represión tucumana. Albornoz buscó intimidarlo, lo trató de manera despectiva y casi siempre a los gritos.

Albornoz pidió hablar en la audiencia de ayer del juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino Jefatura de Policía de Tucumán. Allí está imputado junto con Luciano Benjamín Menéndez y dos policías por la muerte y desaparición de 22 personas. Ingresó a la sala acompañado por su abogado defensor, Exequiel Avila Gallo. Con un abrigo color verde estuvo frente a los jueces por más de dos horas y respondió preguntas. Hizo gestos con su mano derecha de manera constante y en varias oportunidades gritó frente al micrófono para enfatizar su declaración, como si todavía fuera un jefe policial de la dictadura.

Cuando le preguntaron quién era el responsable de los tormentos dentro de la ex Jefatura y quiénes eran los que pedían informes de personas a ser investigadas, le subió la presión y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta que se recuperó para seguir contando lo que su memoria débil le aconsejaba.

A la vuelta, durante la siesta tucumana, trató de elaborar una teoría que responsabilizara sólo a los militares. “El control operativo estaba a cargo del Ejército. Nosotros (por la policía) sólo colaborábamos. Nos llegaban las órdenes y las cumplíamos. Y yo nunca participé de secuestros”, sostuvo. Dijo que los uniformados que tenía a cargo “siempre trataron de asistir a las personas que estaban en los calabozos, con comida, etc.”. Ante la consulta del fiscal Alfredo Terraf sobre si presenció detenciones y traslados, respondió como si hubiera estado de visita guiada dentro del centro clandestino: “Vi cómo cargaban a las personas. Era en vehículos del Ejército. Y ellos (por los militares) hacían los traslados”. Según su relato, cuando llegaban las órdenes de “eliminar” a un detenido (lo que en la lista aparece con las letras “DF” o sea “disposición final”) nunca fueron ejecutadas dentro de la ex Jefatura. “Nunca se mató a nadie dentro de la Jefatura. No lo vi. Los cargaban. Y creo, por lo que se dice, que se los llevaban a Arsenales.”

“Yo hablo con sinceridad, señor. Yo no manejaba nada. Era un perejil y de cuarta. Fui usado por los militares. No manejaba nada. Quien era el verdadero amo y señor de ese lugar era Clemente”, dijo el represor, al intentar culpar del manejo del centro clandestino al testigo que fue secuestrado y luego trabajó para la policía. Según relató Clemente, mientras estaba cautivo, un día le tiraron una credencial y le dijeron que iba a empezar a trabajar como policía administrativo.

Pese a lo que intentó hacer creer Albornoz, él no sólo era uno de los jerarcas de la represión ilegal en Tucumán, sino que los documentos rescatados de la jefatura policial por Clemente demuestran que se le comunicaba casi todo lo inherente al accionar de la tortura y las personas que se debían secuestrar.

Durante el careo entre Clemente y Albornoz, el imputado trató de intimidar al testigo. Le dijo “entregador”, “mentiroso”, que “nunca estuvo detenido”, que “venía desde Salta con el carnet de policía en el bolsillo”, que “entraba y salía cuando se le daba la gana” y que “hasta un vehículo le dieron”. Clemente no lo miraba. Como el represor veía que el testigo no reaccionaba ante sus palabras, lo comenzó a “tutear”: “Sos un lobo con manta de cordero”, “rendí cuentas de la muerte de tu mujer”, “tu padre fue un excelente soldado del Ejército y vos estabas en medio de la basura (por haber militado en Montoneros)”, “sos un personaje siniestro”. “¡Mentís!”. Hasta lo acusó de haber “entregado” a su compañera de entonces. “Fue una muestra de amor para el teniente general Félix González Nayar”, gritó.

Nayar fue el coordinador militar del centro de detención y sobre este personaje cargó las tintas el ex policía. Reiteró que no sabía que existían las torturas dentro de la ex Jefatura y que los encargados de realizar los interrogatorios en los calabozos eran “equipos de interrogación” integrados por militares que “en su mayoría eran de Capital Federal”. Dijo que el dictador Antonio Domingo Bussi era un ejemplo, ya que “se puso al frente de todo el accionar llevado a cabo en Tucumán”, lo mismo dijo del genocida Menéndez, “al igual que ese comandante que está arriba (señalando con la mano izquierda en alto el lugar donde se instaló la sala para el represor), quien también se hizo cargo”, sostuvo. Albornoz descalificó varios de los testimonios que se escucharon durante el proceso judicial que comenzó el 16 de febrero. También trató de “mentirosos” y “locos” a otros sobrevivientes del centro clandestino. Antes de retirarse de la sala, siguió destilando veneno sobre Clemente, quien está bajo el régimen de testigo protegido debido a que recibió amenazas. “Esta persona no puede irse así nomás. Es un cobarde”, se quejó. El tribunal levantó las audiencias hasta la semana entrante, cuando se leerán los alegatos. El represor dejó la sala custodiado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mientas los familiares de desaparecidos le gritaban “¡asesino!”.

Desde Tucumán

Durante una hora de preguntas y repreguntas de parte de los abogados querellantes y los defensores, el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente declaró frente a los jueces tucumanos en el marco de la megacausa sobre el centro clandestino Jefatura de Policía de Tucumán. Clemente aportó datos nuevos y reiteró la autenticidad de los dos biblioratos que él mismo entregó al tribunal la semana pasada, que incluían una lista en la que figuraban 293 personas que fueron secuestradas (195 de ellas siguen desaparecidas). También confirmó que los represores detuvieron e hicieron desaparecer a personal de sus propias filas. Entre los presentes en la sala de audiencias, se presentó la hija de un policía del que no se tenían datos precisos de su paradero desde la década del ’70. “Creo que sí lo conozco. Era el guardia de la Jefatura de Policía”, dijo Clemente. Su nombre figura en la nómina de víctimas con la sigla DF, es decir, “disposición final”.

El testigo entró a la sala de audiencias con un chaleco oscuro, barba de varios días y anteojos de marcos grandes. Sin mirar a nadie –sólo a los miembros del tribunal– comenzó a responder el cuestionario de los abogados de los represores primero y de la querella después. La estrategia de los primeros fue forzar a Clemente para que dijera que la documentación que aportó era la única que existía. Los querellantes trataron de ayudar a Clemente a que recordara procesos de tormento, lugares, nombres y situaciones propias vividas dentro de uno de los centros clandestinos más grandes del norte argentino.

Clemente relató cómo “policías paseadores” lo llevaron en varias oportunidades en autos para “marcar” conocidos. “Más de una vez”, se quejó. Respondía de manera muy pausada y casi siempre mirando al piso de la sala. “Un día vinieron y me tiraron la credencial de policía y me dijeron dónde iba a comenzar a trabajar”, contó cuando el presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, lo consultó sobre cómo fue que terminó trabajando como policía administrativo después de haber sido jefe montonero.

Lloró cuando recordó el accionar criminal de uno de los acusados, Roberto “El Tuerto” Albornoz: “Era el amo y señor de la vida y la muerte del que se le antojara”. Mientras Clemente lloraba, en la sala reinaba el silencio.

Al reconocer los documentos que aportó al proceso, no pudo dar precisiones sobre lo que significaban cada una de las fojas. “Yo sólo guardaba las hojas que me entregaban en las carpetas que correspondían, no me ponía a leer”, dijo más de una vez. Recalcó que nunca leyó el contenido de los textos que guardó de manera secreta durante más de treinta años. Señaló que la primera vez que abrió esas carpetas fue hace dos años, cuando sacó copias de la primera hoja que contiene la lista de las 293 personas que estuvieron secuestradas en la ex Jefatura de Policía y la envió en forma anónima a la Procuración General de la Nación.

Tanto los querellantes como los abogados de los represores le preguntaron cómo hizo para guardar en muy buen estado las dos carpetas. El Perro sostuvo que construyó una cama de mampostería. “Primero puse escombros, luego los biblioratos en bolsas plásticas con papeles y después cerámicos. Y los conservé con bolitas antihumedad”, sostuvo Clemente.

Cuando le consultaron cómo hizo para sacar los documentos desde adentro de un centro de detención, Clemente fue claro: “Recuerdo que sacaba las listas y las ponía en mi pierna, como se pone la canillera para jugar al fútbol, y las agarraba con la media”, precisó. Volvió a decir que los biblioratos son de fines de 1977, cuando se había ordenado el desmantelamiento de las oficinas del archivo del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) y se quemaban los papeles. También reiteró que recibió “amenazas constantes” en su casa y que le pedían información sobre otro testigo.

En un momento de la declaración, la abogada Laura Figueroa interrumpió a Clemente para preguntarle si conocía a un policía que había trabajado en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía. “Se llama Silvestre Máximo García. ¿Tiene conocimiento de haberlo conocido, de haberlo visto?”, interrogó la letrada. Clemente hizo un gesto pensativo y contestó: “Sí, lo conocí. Era el guardia de la puerta de entrada a la Jefatura. Trabajaba con Albornoz”. Figueroa repreguntó: “¿Tiene conocimiento de qué pasó con él?”. Clemente dudó, pero al cabo de unos segundos respondió: “Lo que sé es que alguna vez lo tuvieron detenido en los calabozos del fondo”. La hija del policía de-saparecido, cuyo caso no estaba registrado por los organismos de derechos humanos, rompió en llanto. Una de las psicólogas que trabajan dentro de la sala para asistir a los familiares de las víctimas se acercó a consolarla.

Hoy, a partir de las 9.30, el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación sobre el registro burocrático del terrorismo de Estado, deberá sentarse frente a los jueces tucumanos en el marco de la megacausa “Jefatura de Policía”. En este proceso judicial están acusados por veintidós muertes y desapariciones Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC), y los hermanos Luis “El Cordobés” y Carlos De Cándido, policías retirados. El relato de Clemente será el último antes de empezar con el tramo final del juicio (lectura de pruebas documentales y alegatos) que terminará el 8 de julio.

Clemente se convirtió en una pieza clave del juicio cuando el pasado martes no sólo dio su testimonio frente al Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sino que aportó dos biblioratos, de 250 páginas en total, que contienen información valiosa del destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino de detención tucumano. Con el aporte de Clemente, se pudieron conocer detalles de la sistematización de secuestros, torturas y desapariciones en la década del ’70, durante el gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi, quien fue excluido de este juicio por razones de salud.

Clemente, quien en su juventud fue jefe montonero y terminó cumpliendo funciones como policía hasta 1984, contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos en momentos en que la mayoría de los papeles eran arrojados a una fogata.

“El Perro” Clemente, quien permanece bajo la custodia del programa Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, deberá responder las preguntas del fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, de los querellantes y de los defensores respecto de los dos biblioratos que entregó el martes pasado. Los jueces pretenden que el testimonio de Clemente sirva para reconstruir el funcionamiento interno del centro clandestino que funcionó frente al Episcopado tucumano, ya que por los relatos de los sobrevivientes dentro de la ex jefatura había diversas salas de torturas. Los represores y sus abogados negaron la existencia de las mismas.

Por otra parte, el martes 29 de junio comenzarán los alegatos de los abogados que representan las seis querellas, Laura Figueroa, Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (Andhes), Emilio Guagnini y Julia Vitar (Fadetuc), Daniel Mendivil, y Bernardo Lobo Bugeau (por el caso Eduardo Ramos y por la Secretaría de Derechos Humanos) y de los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo hijo (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (a Menéndez).

La megacausa, comenzó el pasado 16 de febrero con siete imputados en el banquillo de los acusados, pero por la muerte de los represores Mario Albino Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo (quien es citado en los documentos secretos de la represión difundidos por este diario) sumadas a la enfermedad de Bussi, que quedó fuera del juicio, sólo cuatro genocidas escucharán la sentencia del tribunal tucumano.

Desde Tucumán

Los documentos secretos de la Jefatura de Policía de Tucumán entregados a la Justicia por el testigo Juan Carlos Clemente describen cómo los represores se dedicaron a perseguir militantes de partidos políticos, de organizaciones sociales, profesores universitarios y estudiantes. Pero también muestran que los integrantes de la patota policial y militar no trabajaron solos. Recibieron la ayuda de sectores empresarios. En Tucumán, algunas empresas azucareras se encargaron de entregar las listas de su personal “revoltoso”. Como la leyenda rural de “El Familiar”, ese perro con ojos rojos y pelo negro que se devoraba a un jornalero de la caña de azúcar para que el patrón tuviera una buena cosecha, durante la década del ’70 los perros fueron los miembros de las fuerzas de seguridad locales, y tenían un sistema aceitado de secuestro, tortura y posterior desaparición. En la foja 207 de los libros de la Jefatura de Policía se deja constancia de un informe “confidencial”, fechado el 23 de julio de 1976, de la empresa de consultores en seguridad Ecos. S.A. El texto fue enviado al departamento de inteligencia (más conocido como D2) “a sus efectos”, según se informa en el papel.

“Cúmpleme comunicar que telefónicamente, a las 9.30, me informó el vigilador afectado al servicio de vigilancia del portón principal del Ingenio Concepción, manifestándome que momentos antes se había hecho presente en su puesto un ciudadano que solicitó autorización para penetrar al interior de dicha fábrica y al no concederle, por cuanto no estaba autorizado y aprovechando que el portón estaba abierto, entró al ingenio... se le exigió que se identifique, éste le exhibió (cédula de identidad) a nombre de José Luis Suárez. A su retirada hizo algunas murmuraciones y al parecer ofuscado por el control... El vigilador que intervenía en esos casos, manifestándole que este vehículo había sido visto en la finca El Chical donde hace pocos días se han incendiado algunas máquinas integrales propiedad de la Compañía Azucarera Concepción S.A. Hago constar que este informe es confidencial”, dice parte del texto que lleva la firma de dos integrantes de la empresa que cuidaban el ingenio del sur tucumano.

En otro memo, se comunica a los represores de trabajadores que “mantenían reuniones en sus lugares de trabajo”. “Según datos recibidos, el día 13 de abril del corriente mes, siendo horas 19.45, aproximadamente, el químico práctico José Antonio Acuña que debía trabajar en el turno de las 21.00 a 4.00 entró a la fábrica en compañía de una persona no identificada y que no sabe si pertenece o no al establecimiento, habiendo realizado un reunión en la zona del decantador con los siguientes obreros” (y da una lista de ocho personas con sus cargos). Es de suponer que hay elementos de conexión extremistas, ya que se habló de tomar represalias contra ejecutivos de la empresa, haciendo contacto con una tal Páez de Lastenia”, dice el documento también confidencial que tiene una curiosa aclaración al final, escrito a máquina de escribir, “Roberto: esto me entregaron hoy en el ingenio Cruz Alta. Toda la situación la conoce el ingeniero Carbonell. Tiene el hombre (cuyo nombre está en reserva por si lo quieres conversar) que oyó toda la conversación. Este ingenio está bajo nuestra vigilancia, pero la portería no. Creo que desde el lunes queda bajo nuestro control la portería. Según me dijo el doctor Nougués esta mañana, esta situación la conoce ya el teniente coronel Cattáneo. Estimo que la sabrás vos también. Algo se cuece...”, dice el apartado en el que se menciona a uno de los represores que estaba imputado en la causa Jefatura de Policía, Alberto Luis Cattáneo, que murió sin condena mientras era juzgado y a la familia Nougués, dueños del ingenio y miembros de la alta sociedad tucumana.

En otro de los papeles se hace constar una averiguación de antecedentes y seguimiento de un militante de izquierda desde abril de 1968. Según el documento, Heraldo Milcíades Salvatierra vivía en Bella Vista y era trabajador azucarero y militaba en la combativa Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). Ya por esos años era seguido por los represores policiales que resumían su actividad en su casa: “en un domicilio de la ciudad de Bella Vista, realizaban en horas de la noche y al que el mismo concurrían personas de reconocida militancia dentro del Partido Comunista, pudiéndose notar entre los asistentes a Samuel Kauffman, esta reunión, según versiones, obedecía a que los trabajadores de la mencionada ciudad estaban en conflicto”. Salvatierra está desaparecido hasta el día de hoy.

Los trabajadores azucareros venían con una serie de conflictos sindicales desde el masivo cierre de los ingenios que llevó a cabo Juan Carlos Onganía en 1966. Uno de los dirigentes mencionados en dicho escrito es Atilio Santillán, uno de los sindicalistas con mayor apoyo popular en el interior tucumano, que fue asesinado a balazos en Capital Federal el 22 de marzo de 1976, 48 horas antes del golpe militar.

También los efectivos de las fuerzas de seguridad participaron como asistentes de una asamblea de la Fotia en 1969, donde informaron que se reivindicó como mártir a Ernesto “Che” Guevara. “Salvatierra usó la palabra en una asamblea de la Fotia. Habló en representación del Movimiento de Liberación Nacional, y en parte de su discurso dijo: ‘Este acto es un paso más de la lucha iniciada para recuperar nuestras conquistas sociales que el gobierno cipayo del monopolio yanqui que más que un gobierno son unos vende patria, para lograr que esto no suceda debemos imitar el ejemplo de las revoluciones de China, Francia, Alemania y Santo Domingo y al mártir de la revolución cubana el Che Guevara’”, detallaron los genocidas.

Entre los documentos entregados por Clemente a la Justicia tucumana figura la lista que documenta los nombres de 293 personas que estuvieron secuestradas y señala que 195 de ellas tuvieron “disposición final”, es decir, fueron asesinadas.

La empresa de seguridad ECOS,
que custodiaba en Ingenio Concepción,
entregó su informe al Departamento de
Inteligencia.

Desde Tucumán

Los documentos entregados por el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana muestran cómo la estructura policial de tortura y seguimiento de personas se infiltraba en conocidos colegios secundarios de San Miguel de Tucumán, en la búsqueda de “terroristas subversivos”. El espionaje también abarcaba a los profesores y personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán. “Con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según información que nos ha llegado está en la conducción nacional del partido trotskista”, dice de un profesor un memo sellado como confidencial con membrete de la Universidad Nacional de Tucumán. “Marxista, líder del grupo, usa su puesto para difundir sus ideas, muy peligrosa”, señala sobre una docente.

“Este expediente CONFIDENCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN. Cumplo en informar lo siguiente: Instituto Técnico de U.N.T. Personal Docente del Mismo de actividad conocida; Cisneros de Cuenya, Imelda: Filomarxista, madre de un activista. Imhoff, de Rodríguez, María: Marxista Anticatólica”, asegura el informante en una comunicación fechada el 19 de abril de 1976.

En otra hoja se habla del Gymnasium Universitario (colegio secundario del que el pianista Miguel Angel Estrella es uno de sus alumnos más reconocidos) y se acusa a un profesor de que “con la mayor sutileza está abocado a la tarea de adoctrinamiento, según informaciones que nos a (sic) llegado está en la conducción nacional de partido trotskista, y se pudo establecer que viaja continuamente fuera de la provincia”.

Sobre la Facultad de Derecho, el informante dice que “Giménez, Elva Graciela Dra; estrechamente ligada a la Prieto de Herrera (actualmente es jueza provincial), a quien cobijó en diversas oportunidades en su casa de calle Lamadrid al 300, se pudo detectar como activista, es afiliada al FIP” y “Zulema Peralta; empleada no docente de la facultad, en la sección de alumnos, mantiene correspondencia en forma muy reservada con una persona, empleado en una gomería de la ciudad de Monteros, de propiedad de su cuñado el Negro Elías, en cuya casa vive, creo que está avispada de que se la vigilaba, es necesario que lo haga personal no conocido”.

También se observa entre el material elaborado por los represores, en los que habría datos obtenidos en las mesas de torturas tucumanas, alusiones a las personas que podían ser secuestradas o no. “Te molesto por lo siguiente que mandas los antecedentes de las siguientes personas que vos conoces detallado y un poco amplio” –se decían por escrito entre los propios represores–. “Decime si se lo puede levantar.”

Entre los expedientes confidenciales que se confeccionaban en el centro clandestino Jefatura de Policía se destaca uno, de abril de 1976, en el que se cuenta que “por información recibida se realizó una visita de inspección a la facultad de Ciencias Exactas por cuento se tenía conocimiento de que había una caja con literatura marxista”. En otro memo reservado, dirigido al “gobernador Antonio Domingo Bussi”, se habla de un grupo de estudiantes “que distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”.

Con estos datos, se espera que los abogados querellantes aprovechen la declaración de Clemente, que se realizará el próximo martes, para poder analizar los documentos y así, junto con los testimonios escuchados desde el 16 de febrero pasado, cuando comenzó la megacausa en Tucumán, se conviertan en una herramienta para condenar a los genocidas responsables de los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía de la provincia.

Los documentos en los que se da cuenta de la Inteligencia sobre estudiantes y docentes tienen el membrete de la Universidad Nacional de Tucumán.

Desde Tucumán

Los documentos en dos biblioratos que entregó el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente a la Justicia tucumana contienen información clave para el proceso de la megacausa “Jefatura de Policía”, que tiene como principal responsable al genocida Luciano Benjamín Menéndez, ya que el represor Antonio Domingo Bussi fue excluido por problemas de salud. Los papeles no son sólo los nombres, apellidos y destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino tucumano (195 desaparecidas), sino que también hay memos en donde se detallan seguimientos a militantes y nombres de agentes del Departamento de Inteligencia.

En las dos carpetas aportadas por Clemente, a las que Página/12 tuvo acceso, hay una “nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria” y fotos “carnet” de personas que luego serían detenidas en el centro de tortura que funcionó en Barrio Norte de San Miguel de Tucumán durante el terrorismo de Estado. En las carpetas que Clemente –que fue militante, secuestrado y luego colaborador de la policía– dijo haber rescatado del fuego hay un listado de “cadáveres identificados entre 1975 a 1978” en donde se detalla el lugar en donde fallecieron, “Centro de Salud, Hospital Padilla, Seccional 11, Unidad Regional Capital, Río Seco, Río Colorado, Yerba Buena, Hospital Militar, Cementerio Norte”, entre otros. También se adjunta “el acta de reconocimiento” que se les hacía a los cuerpos. “Se practica el reconocimiento correspondiente del cadáver que identificado resultó pertenecer a Margarita Susana Azize Weiss que el día 12 del actual (1976) fuera abatida por fuerzas conjuntas de seguridad en un enfrentamiento llevado a cabo en su domicilio”, dice parte del escrito.

Se destacan los informes “de zona”, con las conclusiones de los agentes de inteligencia que realizaban seguimientos de militantes de las diversas organizaciones. “El lunes 30/08/76, inesperadamente llegó a la casa de la señora Gutiérrez una pareja, él de cabellos largos, anteojos oscuros y campera negra. Iba con una mujer... ésta es quien da todos los informes...” resalta el escrito. Se encuentran entre los papeles presentados notas que recibía el finado Mario Albino Zimmerman, cuando cumplía la función de jefe de la policía, en donde se le pedía autorización para que se realicen “averiguaciones de actividades subversivas”.

El material que fue incorporado como prueba dentro de la megacausa “Jefatura de Policía” en Tucumán tiene una relevancia que llevó a los magistrados a citar nuevamente a Clemente el próximo martes para que dé más detalles de los escritos. Si bien son claros y esquemáticos los procesos represivos y la manera en que se comunicaba cada acción, lo que pretende el tribunal es determinar el funcionamiento que tenía ese centro clandestino de detención.

Hugo Lindor Barrionuevo, alias “El Cabo Savino”, declaró ayer en Tucumán por el Sistema de Teleconferencias. Relató que llegó a Tucumán en los años ’70, enviado por el entonces presidente Juan Domingo Perón. “El coronel (José Fossa) me llamó porque el General (Perón) necesitaba un hombre de confianza para meter en la UNT (Universidad Nacional de Tucumán)”, dijo en su testimonio. Dijo que, como venía de “dirigir” un canal televisivo en Paraguay, lo enviaron como “jefe de seguridad” de Canal 10, de la universidad. “Mi desempeño profesional dentro de la Universidad estaba relacionado en armar la estructura administrativa del servicio de seguridad”, aseguró al tratar de justificar su rol.

Dentro de esa misión, señaló que era miembro de la Oficina de Seguridad de la UNT, que estaba a cargo de un teniente primero de apellido Medina. “Cuando algún organismo necesitaba saber algo de la Universidad, iban y averiguaban ahí”, precisó. Sin embargo, dijo no conocer lo que pasaba con los movimientos estudiantiles y sociales que eran perseguidos por los militares, tampoco con los detenidos en los centros clandestinos.

“Había una sección que se llamaba Comunidad Informativa que concentraba toda la información de todo lo que se hacía. Los servicios de seguridad intercambiaban noticias en relación con hechos ocurridos dentro del ámbito de la provincia. Tenían una tarea de información de tipo administrativa”, se limitó a recordar.

A su llegada a Tucumán, en 1974 también trabajó con la seguridad del general Adel Vilas y en 1976 se transformó en el “escolta” de Antonio Domingo Bussi. “Había un particular interés del presidente de la Nación de tener información fidedigna acerca de lo que sucedía. Después del ’76 me hice cargo de la seguridad de Bussi. Estuve al lado de él, desde que empezaba a trabajar hasta que se retiraba”, terminó.

El subcomisario Ricardo Oscar Sánchez pide “mayores antecedentes” de algunas personas “para levantarla” y solicita “si fuera posible cómo se puede conseguir un auto operativo, porque aquí no hay ninguno, ni la fuerza de tareas tiene”.

En las carpetas aportadas por Juan Carlos Clemente también hay datos de represores. Como ejemplo, hay planillas con nombres y apellidos de personal del Departamento de Inteligencia D2. Luis Armando De Cándido, uno de los represores que está siendo juzgado en la causa por la Jefatura de Policía tucumana, figura como “apto para el ascenso” junto con varios compañeros suyos. La hoja está firmada por Arturo Félix González Naya, capitán del D2, y Roberto Albornoz, jefe del Departamento de Inteligencia.

Un memorándum reservado dirigido al gobernador Antonio Domingo Bussi, firmado por el jefe de policía, Mario Zimmermann, sobre una huelga ferroviaria y un grupo de estudiantes que “distribuirían panfletos de las organizaciones subversivas ERP y Montoneros en las distintas facultades”. Consta que el informe fue distribuido al Ministerio de Gobierno, al comandante de la V Brigada, al jefe de Policía de la provincia, al subjefe interino G2, al jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 142 y a otras reparticiones. “Es la prueba de que existió la ‘comunidad informativa’ que denunciamos”, dijo a Página/12 la abogada Julia Vitar, querellante en esta causa.

Un informe confidencial con membrete y sello de la Universidad de Tucumán, fechado el 19 de abril de 1976. Detalla que el personal del centro de orientación vocacional y profesional “es marxista; son sumamente peligrosas (todas mujeres, psicólogas o pedagogas) no sólo por sus ideas marxistas muy radicalizadas y de avanzada (enseñanza de Paulo Freyre, Bohoslavski, etc.), sino por el contacto que tienen con los grupos de jóvenes que acuden para ser orientados”.

Mabel Montero es presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán Línea Fundadora y su esposo y compañero, Juan Manuel Olivera, fue secuestrado y desapareció cuando tenía 22 años. Nunca más se supo de él hasta que apareció en la lista que el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente entregó al tribunal que está juzgando a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornoz, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra. En la página 5 del listado de 293 personas ingresadas en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía está el nombre de Olivera, bajo el “nombre de guerra” de “El chino”, y con la observación, “disposición final (DF)”.

“Juan Manuel era mi compañero, un militante. Desde hace mucho tiempo habíamos pedido que se levante el secreto de los archivos del Ejército y se desclasifiquen para saber dónde estaban los compañeros desaparecidos, y no lo habíamos conseguido”, dijo a Página/12. Montero aseveró que a pesar de que Clemente entregó información de “suma relevancia para el juicio”, sigue siendo “un traidor. Clemente es nuestro Astiz. Era conocido por todos los montoneros de Tucumán, ocupó lugares importantes de la organización. Llegó a ser muy querido, porque lo recuerdan como un tipo entregado a los compañeros, siempre estaba atento de todo, pero en el fondo fue un traidor, un entregador. El se encargó de desmembrar a nuestra organización”, agregó.

Montero recuerda que Olivera fue un incansable militante peronista (llegó a tener el grado de oficial montonero) que tenía a cargo la “Sección V”, que comprendía la zona sur de San Miguel de Tucumán y del Barrio San Cayetano, uno de los más humildes (hasta el día de hoy) de la capital.

La esposa de Olivera recordó que antes de ser secuestrado su esposo, en 1976, se encontraron por las calles tucumanas con Clemente, de quien se había publicado en los diarios de la época que “había caído en Salta”. “Encima mi marido estaba mal por esos días porque recordaba constantemente al Perro Clemente que había muerto, y después apareció supuestamente detenido en la Jefatura de Policía. Es un descarado de aparecer hoy.” Montero hizo la aclaración de que la compañera del ex uniformado era “la verdadera militante, María del Carmen, y su nombre de guerra era ‘Mafalda’; fue una luchadora. Una gran mujer”, aseveró.

Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dijeron que a partir del martes próximo, cuando vuelva a declarar Clemente, llevarán a cabo una campaña en contra del ex policía para que sea retirado del Programa de Protección de Testigos, a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. “No puede estar protegido ese nefasto personaje”, sentenció Montero.

Desde Tucumán

Una de las mujeres que aparecieron en las nóminas presentadas por el testigo Juan Carlos Clemente, Marta Rondeletto, es hoy abogada querellante en el juicio contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornoz y miembros de la patota de la Jefatura de Policía de Tucumán. Rondoletto dijo a Página/12 estar “pasmada” por el contenido de los textos, que detallan aspectos de su vida y de su casa cuando era una joven militante. En los documentos elaborados por los organismos de inteligencia de la última dictadura militar se menciona su accionar como parte de la organización Montoneros. “Su casa aguantadero y lugar de reunión, donde se planifican los operativos. Entre ellos el atentado al avión ‘Hércules’”, dice parte del texto incluido en el apartado bajo el título “Nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria”.

“En mi caso estaba todo detallado, todo lo que hacía. Cuando vi los papeles no lo podía creer, es de una perversidad burocrática terrible. Que se plasme en esos papeles es la marca real de cómo trabajaron sobre nosotros. Yo no tengo ninguna duda de que los biblioratos presentados son verdaderos y originales, no tengo dudas porque muchos de los datos son ciertos”, aseguró Rondoletto a Página/12.

Rondoletto es sobreviviente de una familia diezmada por el terrorismo de Estado. Su papá Pedro, su mamá, María Cenador, su hermana Silvia, su hermano Jorge y su cuñada Azucena Bermejo, embarazada de cuatro meses, fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976. Todos ellos están en la lista de Clemente y, según se detalla, su destino fue “disposición final”. La mujer dio su versión sobre el rol del “Perro” Clemente, el testigo que fue militante, secuestrado, luego trabajó para la policía provincial y entregó dos carpetas con documentación a la Justicia el martes. “Cómo alguien puede vivir con esas fojas por más de treinta años teniendo eso, cuando pasamos tantos años de democracia. Haberlos guardados fue un error. Sacó estos datos porque no le quedaba otra alternativa, de eso estoy segura”, resaltó.

Por otra parte, Rondoletto dijo que hay dos planos de análisis de los escritos que están en manos de los jueces tucumanos: “Hay dos planos, en todo esto. Primero porque nosotros como abogados teníamos conocimiento de estas listas que habían llegado de manera anónima en otras oportunidades. Es más, se habían presentado en la Procuraduría General de la Nación, pero sin que nadie las haya dejado. Ahora sabiendo que la documentación que presenta este hombre (por Clemente) es esa lista, ahora adquiere una dimensión diferente porque tiene un peso real muy formidable que obviamente pone blanco sobre negro. Es la primera vez que se tiene algo producido por los genocidas y que sale de la propia estructura militar y policial. Para mi es realmente impactante. La documentación, verla así, es increíble. Cómo se practicaba la represión y la tortura y sobre todo el seguimiento de los que consideraban enemigos como en mi caso”, terminó.

Desde Tucumán

Son 293 nombres. Escritos prolijamente con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los apellidos están en mayúscula. En la segunda columna están los alias, varios casilleros están en blanco. La tercera se titula observaciones y allí figuran DF, Libertad o Disp. PEN. Así es la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron asesinados.

Clemente entregó a los jueces dos biblioratos. Allí no sólo está la lista en la que se detallan los nombres de los secuestrados y qué pasó con ellos (libertad, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Disposición Final), sino también fotos con los seudónimos de cada detenido. Hay fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución”, que contiene los nombres de 28 personas, y otra titulada “Nómina de DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.

El testigo también aportó una nota firmada por uno de los represores acusado en este juicio de la muerte y desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio Orlando Villafañe. “Era amo y señor de las personas”, dijo Clemente sobre Albornoz, cuya firma figura en los documentos. En otra foja, bajo el título, “nómina de delincuentes subversivos que se encuentran en la clandestinidad”, se observan anotaciones manuscritas. Y en otra se detallan las personas “cuya captura se hace necesaria”. También hay escritos en donde se resalta “nómina de cadáveres identificados por la sección dactilografía durante el año 1975” y un acta de “entrega del cuerpo de Susana Inés Strelzik (cuatro fojas)” y la entrega del cuerpo de un joven dirigente tucumano “Juan Carlos Suter (dos fojas)”.

Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por la defensa de los represores en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. El represor Antonio Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud. Clemente era acusado de ser “doble agente”, porque fue secuestrado pero después de ser liberado entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Por estos días atiende un quiosco de golosinas dentro de un colegio privado. Finalmente fue uno de los abogados de los represores quien pidió que se presentara a declarar. Nadie sabía lo que iba relatar frente a los jueces y mucho menos que iba a entregar memos de la represión. 20 de las 22 víctimas incluidas en la megacausa de la Jefatura de Policía en Tucumán figuran en los libros de la represión tucumana a los que tuvo acceso Página/12.

Clemente contó ante los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976, llevado a Nueva Baviera, donde estuvo una semana, y después a la ex Jefatura, donde fue interrogado bajo torturas. Meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial tucumana (SIC), donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.

El testigo confirmó que en la época de su juventud, cuando era militante barrial de la Juventud Peronista y estudiante de Medicina de la UNT, le decían El Perro Clemente. Las frases más impactantes de su testimonio fueron: “arrojaban los papeles que no servían a una fogata y el resto no sé adónde iba”, “tenerlos (por los libros) era pena de muerte, por eso los envolví en plástico y los escondí bajo un entrepiso”.

Clemente volverá a sentarse frente a los jueces el próximo martes, cuando responda las preguntas de las partes. Los abogados de las víctimas y el fiscal general Alfredo Terraf pidieron una pericia caligráfica del represor Albornoz, ya que, según la declaración del testigo, muchos de los documentos tenían su firma.

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Click en la imagen para ampliar

Desde Tucumán

El represor Antonio Domingo Bussi fue internado nuevamente ayer por la tarde en un instituto privado de cardiología en la capital tucumana. Según lo informado por las autoridades judiciales a este diario, Bussi ingresó a la guardia con una “descompensación cardíaca”. De acuerdo con los profesionales que lo atendieron, el represor deberá guardar tres días de reposo, por lo que dispondría también del jueves y el viernes de Semana Santa. De esta manera, las audiencias del juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura en Jefatura de Policía recién podrían comenzar el 5 de abril, dilatando aun más el proceso judicial que lleva 34 días suspendido por enfermedades varias de sus imputados.

Cabe destacar que, durante la jornada de hoy, el médico forense del Poder Judicial de la Nación, Cristian Rando, revisará al detenido Bussi en el centro médico, y deberá ser el funcionario judicial quien determine la cantidad de días de reposo por parte del represor.

Las audiencias por la megacausa Jefatura de Policía debían reanudarse mañana a partir de las 9. Es más: tal como informó este diario, el Tribunal Oral en lo Criminal, presidido por Carlos Jiménez Montilla, accedió al pedido de los abogados del represor para que se instale un sistema de teleconferencia, entre la sala de audiencias y la casa del coqueto country de Yerba Buena donde cumple prisión domiciliaria. Así, Bussi participaría de las audiencias a distancia.

El secretario ante el tribunal, Mariano García Zavalía, confirmó ayer a Página/12 la internación del represor. “Según nos informaron, el imputado ingresó con una severa descompensación. De todas maneras deberemos esperar a que el doctor Rando revise a Bussi, para que recién ahí el tribunal decida qué ocurrirá con las audiencias. Además estamos esperando el informe final de parte de los médicos del Sistema Provincial de Salud para que se adjunte al expediente”, explicó el funcionario.

El dictador Bussi estuvo internado desde el 16 de marzo y fue dado de alta el pasado 23, con acuerdo de sus médicos y los peritos de parte. Ayer, pasadas las 17, volvió a ser internado con parte de enfermo, acompañado por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo custodian durante todo el día.

De acuerdo con la decisión médica, los jueces podrán tomar dos caminos. Uno consiste en esperar que el represor acusado de la desaparición de 22 personas en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía se recupere, con lo que los tiempos se seguirán dilatando y se postergarán otros juicios en contra de los represores, como los de Córdoba y Santiago del Estero, donde también son responsables de delitos de lesa humanidad Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. El otro camino consiste en excluir al dictador tucumano de 84 años de la megacausa, lo que originaría una serie de planteos por parte de los organismos de derechos humanos y de parte de los abogados de las querellas, ya que Bussi es el principal responsable de la represión ilegal en Tucumán desde mediados de los ’70.

Desde el sábado pasado, técnicos del Poder Judicial de la Nación trabajaban en el country donde se encontraba Bussi detenido, instalando todos los equipos para la realización de la transmisión de la teleconferencia hacia la sala de audiencias. Se instalaron dos antenas parabólicas, una en cada lugar, para que se realice la transmisión de los diferentes momentos de las audiencias. A pesar de la internación de Bussi, los jueces dispusieron que continuara la instalación de los equipos en su domicilio.

Desde Tucumán

El represor Antonio Domingo Bussi fue dado de alta ayer al mediodía, luego de que los médicos de parte y los peritos dictaminaran que está en condiciones de regresar al coqueto country de Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria. Los jueces de la megacausa “Jefatura de Policía”, que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán, accedieron al pedido de los médicos de Bussi para que no sea trasladado a la sala de audiencias el próximo 30 de marzo. Sostienen que, si bien fue dado de alta, la recuperación total deberá realizarla en el domicilio, por lo que se pidió que se instale un circuito cerrado de TV para que el genocida pueda seguir las instancias de manera remota, acompañado por su abogado defensor, para intervenir las veces que sea necesario.

El perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema Cristian Rando avaló desde Capital Federal lo actuado por el profesional, Raúl Antonio Acial, que examinó al represor en su lugar de detención y señaló a los magistrados que “en base a los antecedentes de salud expuestos en la audiencia y a los que surgen de autos (...) disponga lo conducente para asegurar la continuidad del juicio oral y la preservación de la salud del acusado. Para ello, sin perjuicio de lo que en concreto pudiera surgir de la evaluación médica pericial, se entiende razonable establecer previamente que de producirse un informe favorable respecto a las condiciones de salud del imputado mencionado para estar en juicio, se disponga que en lo sucesivo el mismo participe de la audiencia de debate a través del sistema de teleconferencia que deberá instalarse en el lugar donde cumple la prisión preventiva domiciliaria”. El escrito fue enviado al Poder Judicial de la Nación, ayer por la tarde, para que se instale el sistema de cámaras en los lugares requeridos.

De esta manera, el tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla pretende que la megacausa “Jefatura de Policía” siga su curso a pesar de las interrupciones constantes desde su inicio, primero cuando se agravó la salud del represor Luciano Benjamín Menéndez, luego con la primera internación de Bussi, sumado esto a la muerte de otro genocida, Mario Albino Zimermann, por una infección intestinal.

En la acordada, los jueces fundamentaron que “Bussi estará en forma permanente y directa en conexión con la sala de audiencias. Para ello se dispone, para el caso de resultar necesario y a los fines tanto de la instalación de los instrumentos y equipos pertinentes para la comunicación en directo, como para su efectiva transmisión los días y en los horarios en que se desarrolle la audiencia de debate, facultar a utilizar la fuerza pública y el allanamiento del domicilio donde cumple prisión domiciliaria el imputado”, que descansa en la calle número 8, Los Aromos, Lote 155 y 156 del Country Yerba Buena Golf Club.

Las audiencias en Tucumán deberán comenzar el próximo martes 30, a pesar de que el represor Bussi trató de dilatar el proceso que lo tiene como su “principalísimo” acusado por la desaparición y muerte de 22 víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino tucumano.

Desde Tucumán

Las audiencias por la megacausa “Jefatura de Policía” se suspendieron hasta el 16 de marzo. El Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, presidido por Carlos Jiménez Montilla, tomó la decisión en base al informe del médico forense Cristian Rando, quien aseguró que Antonio Domingo Bussi deberá permanecer en su lugar de detención, el country de Yerba Buena, diez días hábiles hasta su recuperación por padecer un “síndrome coronario agudo”. Por otra parte, durante la madrugada de ayer internaron de urgencia a otro represor: Mario Albino Zimermann, por una hemorragia intestinal, quien se encuentra en terapia intensiva de un sanatorio privado tucumano.

Pasadas las 9.30, todos esperaban en la sala de audiencias del Tribunal que se difunda cuál era el real estado de salud de Bussi, ya que, como informó Página/12, el forense del Poder Judicial de la Nación había llegado durante la noche del lunes para realizar un chequeo por pedido de los jueces tucumanos. Como los estudios se demoraron, sobre todo los resultados de la extracción de sangre, la decisión se tomó ayer. Bussi estuvo acompañado por su médico de cabecera, Ramiro Castellanos, y los médicos de la querella, Jorge Luis Barrionuevo y Jorge Lacroix. Las tres partes coincidieron en el cuadro clínico del represor pero discreparon en la cantidad de días de reposo; los médicos Barrionuevo y Lacroix sostienen que con siete días corridos de reposo estará en condiciones de volver a la sala de audiencias.

Los jueces tenían dos caminos: suspender el debate (tal como ocurrió) hasta la recuperación de los represores o excluir de la megacausa a Bussi y Zimermann y seguir adelante con el cronograma de testigos. Por las dudas, los abogados querellantes advirtieron a los jueces que no iban a permitir que Bussi no sea juzgado por una causa de trascendencia para la provincia y el norte como lo es “Jefatura de Policía”.

Frente al público, los jueces, los abogados de los represores y los querellantes, Rando expuso detalladamente el mal funcionamiento del corazón de Bussi. “En base al cuadro sufrido el 25 de febrero pasado y a los antecedentes con patologías múltiples, uno está obligado a sospechar que Bussi presenta un síndrome coronario agudo, con lo cual el músculo cardíaco ha sufrido un deterioro por falta de un aporte sanguíneo apropiado. Esto somete al paciente a un aumento de riesgo de vida. Por eso es conveniente que Bussi guarde reposo por 10 días hábiles, por lo que se aconseja que no sea sometido al juicio, ya que podría incidir peor que en situaciones normales. Me pareció prudente resguardarlo al paciente, por el momento de este proceso”, sostuvo Rando, quien tenía en su mano derecha el informe escrito con una copia para el tribunal.

“¿Qué tiempo de reposo necesita el imputado?”, le preguntó el juez Jiménez Montilla, por lo que Rando sostuvo que lo óptimo sería diez días y una nueva evaluación de parte del forense. La abogada querellante Laura Figueroa también le consultó si se hizo tratamiento adecuado en el momento en que fue internado por solo tres horas el jueves pasado en el centro de salud. “Es difícil juzgar la conducta médica retrospectivamente”, declaró de manera tajante. Con este tipo de preguntas los querellantes trataban de demostrar, sin éxito, que Bussi fue dado de alta la semana pasada de manera inapropiada, lo que habría agravado el cuadro hasta llegar a la internación domiciliaria.

Al reprogramarse el listado de testigos, el 16 de marzo declarará Carlos Soldati, que fue interrumpido por el médico del Sistema Provincial de Salud, que alertó sobre el malestar de Bussi. Luego serán llamados el ex policía Antonio Cerasuolo, Carlos Mena, Juan Fote (hermano de un dirigente de la Federación de Obreros Tucumana de la Industria Azucarera), Luis Ortiz, los ex militares Augusto Neme, Roberto Lapegue y Pedro Caballero.

En el marco de la megacausa Jefatura de Policía, que se lleva adelante en Tucumán desde el pasado 16 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal dispuso el domingo a la noche que el represor Antonio Domingo Bussi fuera revisado por un médico forense del Poder Judicial de la Nación, con el fin de determinar su real estado de salud. El médico llegó a la provincia pasadas las 19.30 y revisó al ex interventor de facto para ver si está en condiciones de estar presente en la sala durante las audiencias que se reanudan hoy desde las 9.00. La medida se tomó luego de que el represor fuera trasladado en camilla desde la sala de audiencias la semana pasada por haber sentido un fuerte dolor en el pecho. Luego de firmar la acordada, los jueces enviaron un oficio dirigido al decano del cuerpo médico forense, Luis Alberto Bosio.

Bussi, junto a Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco imputados, son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra veintidós víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, durante los años la última dictadura militar.

“Atento a lo ocurrido durante la audiencia de debate del día jueves 25 de febrero del corriente año en relación a la salud del imputado Antonio Domingo Bussi, quien debió ser internado en el Hospital Centro de Salud de esta ciudad por una dolencia cardíaca para ser monitoreado, y sin perjuicio de que el médico particular le diera el alta hospitalaria ese mismo día en horas de la tarde, requiérase con carácter de urgente al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de un facultativo especializado a los fines de determinar si el imputado mencionado se encuentra en condiciones de concurrir a la audiencia de debate que se reinicia el día martes 2 de marzo del corriente año”, dice parte del escrito que firmó el juez de Cámara Gabriel Casas.

El médico forense fue acompañado por funcionarios judiciales, desde el aeropuerto internacional y hasta el coqueto country de Yerba Buena, en donde se encuentra alojado el represor. A Bussi se le realizó un chequeo de más de tres horas, que incluía hasta exámenes de sangre para ver la cantidad de oxígeno. Al cierre de esta edición, todavía no se conocía si Bussi presenciaría los testimonios previstos para la séptima fecha de audiencias.

La agrupación HIJOS, una vez conocida la medida, difundió un extenso comunicado en el que resaltan que la salud del represor local no es la que sus médicos diagnostican. “Esta imagen que intenta instalar Bussi a través de sus declaraciones y la de sus hijos candidatos en campaña está alejadísima de la realidad que día a día se ve en el debate oral y público. Allí se lo puede observar charlando con su antiguo ‘camarada’ Ca-ttaneo; escuchando atentamente el desarrollo de los testimonios; tomando nota de ellos; hasta hace pocos días interrogando directamente a los testigos y el pasado jueves dictando preguntas a sus abogados defensores. Bastante alejado de la imagen de una persona mayor y senil que intenta mostrar ante la opinión pública”, dijeron.

La jornada de hoy, que comenzará pasadas las 9.00, continuará con el relato del testigo Carlos Soldati, que fue interrumpido por el médico del Sistema Provincial de Salud, que alertó sobre el malestar de Bussi, el jueves pasado. Luego serán llamados el ex policía Antonio Cerasuolo, Carlos Mena, Juan Fote (hermano de un dirigente de la Federación de Obreros Tucumana de la Industria Azucarera), Luis Ortiz, los ex militares Augusto Neme, Roberto Lapegue y Pedro Caballero. Hasta el viernes pasado, no se había encontrado a Rodolfo Fernández, el otro testigo que figura citado para hoy.

Desde Tucumán

El represor Antonio Domingo Bussi fue internado ayer por la tarde en un centro asistencial provincial, al término de la sexta jornada de audiencias por la megacausa Jefatura de Policía que lo tiene como principal responsable, junto con otros seis represores, por la comisión de delitos de lesa humanidad en contra de veintidós personas. Bussi fue transportado en camilla desde el interior de la sala de audiencias, con su saco sobre su pecho y la corbata desprendida. En la puerta del tribunal lo esperaban una ambulancia y un equipo médico de apoyo. Avanzada la tarde fue dado de alta y se trasladó al country donde cumple prisión domiciliaria.

“Me duele el pecho”, dijo el represor a uno de los médicos del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), cuando terminaba de escuchar uno de los testimonios más esperados del juicio, el de Juan Martín Martín, quien estuvo detenido en Tucumán entre agosto de 1976 y septiembre de 1978, cuando fue liberado y se exilió en España. Bussi, de 84 años, escuchó toda la declaración de Martín, quien relató con lujo de detalles, durante casi cuatro horas, cómo el genocida disponía de la vida y la muerte en la provincia mientras duró su intervención militar. Al final, el represor se descompensó y se quejó: “Estoy exhausto”.

Los médicos que lo asisten desde el comienzo de las audiencias lo trasladaron en ambulancia y un móvil del Servicio Penitenciario Federal, a la unidad coronaria del Centro de Salud local, en donde fue asistido de inmediato. Se le extrajo sangre y fue acompañado por su esposa y sus hijos. El represor permaneció en observación dentro del nosocomio cerca de cuatro horas, hasta que fue dado de alta por los profesionales del lugar y su médico personal. Ahora, el condenado a perpetua tendrá hasta el martes próximo para recuperarse, cuando se reanudarán las audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán.

“Lo que nos informó el Servicio Penitenciario Federal es que el imputado (por Bussi) estaba fuera de peligro y que fue su médico personal quien le dio el alta hospitalaria para llevarlo de nuevo al country donde se encuentra detenido”, aseguró a Página/12 Mariano García Zavalía, secretario del tribunal. El funcionario judicial dejó en claro que, al ser el propio médico de Bussi quien le dio el alta, las audiencias no corren peligro de ser suspendidas la semana entrante.

El testigo Juan Martín Martín, ex militante de Montoneros, comenzó su declaración después de las 9 y continuó durante la tarde, tras un cuarto intermedio dispuesto por el presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla. “Cuando Bussi visitaba los campos de concentración era como el ogro. No tenía demasiado contacto con los prisioneros, pero cuando lo tenía era para golpearlos y torturarlos.” Con estas palabras, Martín relató cómo el represor actuaba en los diversos campos de detenidos que existieron en Tucumán durante la última dictadura.

También recordó que en un solo caso pudo ver al represor torturar a un prisionero, conocido como el Bombo Avalos. “A Bussi lo vi puntualmente meterse donde lo tenían a un joven que trajeron de Buenos Aires al campo de concentración de Nueva Baviera. Allí lo torturaron y Bussi ordenó que le pusieran una chapa metálica encima para que sienta más la tortura con picana”, relató Martín, que pasó por varios centros clandestinos de detención y confirmó que vio a varias víctimas que fueron torturadas y asesinadas en esos lugares.

Mientras el testigo hablaba, el represor nunca acusó recibo de lo que se contaba en la sala. Hablaba por lo bajo con sus abogados defensores, miraba hacia el techo de la sala o simplemente apoyaba su mentón sobre el bastón que tenía entre las manos.

Los abogados defensores de Bussi intentaron por todos los medios que el testigo se contradijera, pero no lo consiguieron. Durante el cuarto intermedio, Bussi lloró ante sus letrados y cuestionó la falta de profundidad en la interpelación al testigo.

Desde Tucumán

“Bussi siempre andaba por los centros clandestinos y una vez lo vi matar a dos hombres a garrotazos en Timbó Viejo (localidad del interior tucumano)”. Domingo Jerez, ex conscripto y chofer de Antonio Domingo Bussi, provocó un escalofrío en la sala de audiencias del juicio por la represión en la Jefatura de Policía de Tucumán. Apoyado en su bastón, el ex interventor de facto de la provincia miraba impávido. Ni se inmutó cuando Jerez siguió contando cómo les ordenaban prender fuego a los cadáveres para borrar toda huella. En las afueras del edificio del tribunal, a pesar de la fuerte tormenta, los organismos de derechos humanos apoyaban con pancartas el trabajo de los abogados querellantes.

Ni Bussi ni el resto de los imputados: Luciano Benjamín Menéndez, Albino Mario Zimmermann, Alberto Luis Cattáneo, Roberto Heriberto Albornoz y los hermanos Luis Armando y Carlos de Cándido se imaginaron el contenido de la declaración de Jerez. El ex conscripto, quien se desempeñó como chofer de los comandantes de entonces, dijo con tono firme y mirando al Tribunal que su tarea era la de mezclar la nafta y el gasoil en un bidón para quemar los cuerpos de las víctimas de la última dictadura en el monte tucumano.

“A mí me hacían sacar la nafta y el gasoil en bidones para la quema de los ‘fiambres’, así les llamaban a los cuerpos”, dijo Jerez, mientras la sala se quedó en silencio y entre el público afloraron lágrimas.

“Si no lo hacíamos, nos mataban y pasábamos por guerrilleros”, reveló ayer, cerca del mediodía, el testigo frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi,

En el relato más escalofriante de la jornada, aseguró que vio al ex gobernador de facto mientras asesinaba a dos secuestrados. “Bussi siempre andaba por los centros clandestinos y una vez lo vi matar a dos hombres a garrotazos en Timbó Viejo (localidad del interior tucumano)”, aseguró.

“Para ellos era más fácil matarlos, torturarlos, hacerlos sufrir y desaparecer que llevarlos a la Justicia, pese a que existían la cárcel y los jueces para que se juzgue a las personas como se debía. Hay mucha otra gente que sabe, pero tiene miedo de venir”, señaló Jerez.

El testigo, propuesto por la abogada querellante Laura Figueroa, precisó en parte de su relato que ingresó al Servicio Militar Obligatorio en 1976 en el Regimiento 19 de Infantería y allí permaneció durante 16 meses.

El vocero de los represores

En respuesta a un planteo del represor Antonio Domingo Bussi, el Tribunal Oral Federal dispuso ayer, antes de que comenzara la ronda de testigos, el cambio del horario de las audiencias del debate oral y público. A partir de hoy se iniciarán a las 9 y finalizarán a las 16. “Dos sesiones en el mismo día pueden agravar mi salud y no sé en qué medida, a pesar de mi esfuerzo y vocación de servir a esta investigación, puedan permitirme seguir estando presente”, alertó el represor de 84 años, dirigiéndose al presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla. En calidad de vocero de la mayoría de los imputados, Bussi aseguró que son afectados por los dos traslados que deben hacer durante las jornadas para estar presentes en las dos partes de las audiencias. “Para los imputados, la mayoría octogenarios y cargados de enfermedades, los intervalos son usados para traslados a domicilios en Yerba Buena y prácticamente insumen las dos horas y nos impiden cualquier tipo de recomposición física”, señaló Bussi al comienzo de la jornada de ayer.

“Estoy proclive a sufrir graves consecuencias a poco de ser sometido a exigencias fuera de las normales. En estos cuatro días no he logrado superarme totalmente de las primeras jornadas, algunas de las cuales llevaron 16 horas ininterrumpidas”, agregó.

En tanto, el abogado de Alberto Mario Zimmermann, Eduardo Brandán, pidió al Tribunal Oral que su defendido fuera asistido orgánica y psíquicamente. “No comprende la realidad del proceso”, aseguró.