Página#12 Libre

El año político que acaba de concluir comenzó prematuramente, con una decisión desafiante e imprescindible, la de asumir el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central. Hubo que despedir a Martín Redrado y reemplazarlo por Mercedes Marcó del Pont, designación tenazmente resistida por la oposición legislativa, para devolverle a esa entidad su papel en la preservación de la estabilidad macroeconómica, la promoción de la industria y la generación de empleo. En ese enero se crispó la derecha económica y política, cuyas vacaciones se vieron turbadas por un gesto considerado inaudito: el año que se suponía decisivo para postrar al Gobierno comenzaba con una administración que se negaba a aceptar derrota alguna y resistía las exigencias de los grupos de poder.

Las elecciones de junio de 2009, teñidas por los resultados bonaerenses, habían disminuido significativamente la representación parlamentaria oficialista y alentaban la ilusión de que 2010 sería la apoteosis de la oposición. De hecho, la circunstancial mayoría opositora loteó y se repartió las comisiones decisivas de ambas Cámaras sin respetar la tradición parlamentaria que privilegia a la primera minoría. Esa usurpación, que vivieron como un triunfo, inundó a sus protagonistas de prematuras ilusiones.

Mientras los medios oligopólicos, eufóricos, le dictaban la agenda sin disimulos, se descontaba que la suma de la derecha justicialista, el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica lograría maniatar a un gobierno que los había desconcertado con su intrépida iniciativa política. Esos voceros insistían tanto con que el oficialismo había sido aplastado electoralmente –lo que ni siquiera era cierto a nivel nacional– como con que el Gobierno carecía de consenso para sostenerse hasta el fin de su mandato, que hasta creyeron que podían voltear las retenciones agropecuarias, impedir el desendeudamiento y desfinanciar al Estado con medidas como el 82 por ciento móvil, lo que obligaría al Gobierno a gastar más y recaudar menos, imponiéndole una política de ajuste con costos sociales altísimos.

Si algún sector imaginó que con todo eso podía acceder al Gobierno este año y ver después qué hacer con el desastre, para los grandes grupos de poder no había duda: apropiarse del poder político implicaba acabar con el modelo productivo basado en la expansión del empleo y el consumo y volver al modelo rentístico financiero que comenzó con la dictadura, se profundizó con Menem y se mantuvo incólume hasta la llegada de Néstor Kirchner.

Las patronales del campo brindaron anticipadamente por el fin de las retenciones y de los fastidiosos controles de organismos como la Oncca y supusieron que si no se podía eliminar al menos se votaría un supuesto contralor parlamentario destinado a paralizarlos. En los hechos se intentó imponer un sistema de cogobierno con el Congreso, no importa lo inviable que fuera, ya que el propósito era paralizar al Ejecutivo y quebrar al Estado.

Así, la oposición esterilizó al Congreso, convirtiéndolo en mero ámbito denegatorio donde el debate se trocó en diatriba y, sin propuestas, anuló su fecundidad política. Puesto que toda iniciativa oficialista era mala (o, al menos, de motivación inconfesable), la oposición se libró de formular alternativas y, con ello, se convirtió en políticamente mediocre, limitándose a repetir los clichés allegados por los conglomerados de prensa.

Bajo la invocación de que el Parlamento dejaría de ser una simple escribanía, la oposición transformó su heterogéneo caudal en brazo legislativo de quienes creen que la política y sus instituciones no deben perturbar a los mercados y, a poco andar, ni siquiera pudo ponerse de acuerdo sobre ningún tema. Ello descerrajó el enojo de los medios que comenzaron a descalificar a los líderes opositores llamándolos incompetentes, sectarios y mezquinos, ya que fracasaban una y otra vez, mientras el kirchnerismo y sus aliados desbarataban sus ilusiones de un asalto final, mortal para el Gobierno.

Así llegó el final de un año parlamentario olvidable, con la trabajosa aprobación de apenas 69 leyes y un solo y módico “éxito” opositor: forzar el veto presidencial al proyecto del 82 por ciento móvil, iniciativa que, estimaban, iba a movilizar a multitudes de jubilados, épico suceso que nunca ocurrió, ya que la mendacidad de la iniciativa (y, sobre todo, la política previsional del Gobierno) no logró entusiasmar a sus presuntos beneficiarios.

Es destacable, en cambio, que con impulso o apoyo oficialista, se aprobaran importantes normas de ampliación de derechos de ciudadanía como la de matrimonio igualitario y la de Salud Mental, que se propone evitar los procesos de cronificación y deterioro producidos por las internaciones psiquiatritas prolongadas.

Acostumbrados al mero ritual y a perorar sobre los méritos intrínsecos del ceremonial republicano, los contradictores del Gobierno optaron por el espectáculo, ignorando el proceso de transformaciones profundas y creciente protagonismo popular que asomó como recomposición positiva de conciencia emancipatoria en el Bicentenario y se consolidó después tras la infausta desaparición de Néstor Kirchner, al desatarse ese enorme y multitudinario dolor colectivo que hizo visible un nuevo movimiento político, social y generacional que refleja hasta qué punto el pueblo ha asumido como propio el proceso de reformas iniciado en 2003.

* Dirigente socialista, secretario de Relaciones Parlamentarias.

Las fuerzas de la oposición redoblan, con suerte despareja, sus esfuerzos para erigirse en alternativas capaces de polarizar el electorado en contra del Gobierno y sus eventuales candidatos. Así, las tres grandes constelaciones que describen los consultores políticos, el peronismo de derecha (con o sin el vapuleado Macri); el panradicalismo, esa opción pretendidamente socialdemócrata, y la convergencia nacional, popular y progresista que representa la continuidad del proyecto reformista en curso, disputarán en 2011 la conducción política de un país en plena recuperación.

Más allá de los plazos legales, la campaña política comenzó hace rato en el Congreso, donde la liga opositora ha logrado una rara unidad de acción en torno de proyectos que buscan, ante todo, paralizar las políticas públicas que ganan un considerable consenso popular y se tornan en derechos de ciudadanía. Es este accionar común, puramente denegatorio, lo que más allá de los enunciados, caracteriza la acción del Grupo A y de sus laderos ocasionales.

En ese marco, sectores del radicalismo y la cúpula del PS anuncian una nueva alianza, que llaman “progresista”, y convocan a sumarse a la Coalición Cívica, haciendo caso omiso de las impiadosas arremetidas de la diputada Carrió. La noticia sorprende porque entraña una curiosa formulación electoral, consistente en forjar una alianza de centroderecha encabezada por dos figuras que se muestran como de centroizquierda, el diputado Ricardo Alfonsín y el gobernador Hermes Binner.

Sin analizar ese formidable equívoco, lo cierto es que el rol que objetivamente puede llegar a desempeñar ese enlace, sobre todo si la CC resuelve ser parte de la combinación electoral, no es otro que el de competir por el respaldo de quienes descreen de la orientación del gobierno nacional y su programa de transformaciones.

Es obvio que quienes apoyan las innovaciones iniciadas por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 –Corte Suprema, derechos humanos, autonomía del FMI, convenciones colectivas, integración sudamericana– y, más aun, quienes respaldan las más audaces iniciativas de la Presidenta –recuperación de fondos provisionales y de Aerolíneas, Asignación por Hijo, democratización informativa– van a ratificar ese paradigma en 2011.

De modo que el universo electoral al que pueden dirigirse la nueva alianza panradical, más allá de la retórica, es el mismo en el que van a incursionar las demás opciones, sea Duhalde, Solá, Macri, Das Neves o quien fuere. Caso aparte el de Proyecto Sur que, de colocar a Solanas en la disputa presidencial, podrá beneficiarse de la proverbial iracundia cívica de cierto sector medio y urbano, el que acompañó en su momento a Luis Zamora.

Es por eso que los socialistas que nos identificamos con la tradición programática que privilegia sobre todo la preservación y ampliación de las libertades individuales y la conquista de cada vez más derechos sociales, no entendemos el sentido de reinventar una Alianza que ya fracasó en 2001 y de la cual nos autocriticamos entonces, incluso antes de la convulsión final.

Aquella participación en el gobierno de De la Rúa, ese conservador políticamente correcto que supimos apoyar “para evitar males mayores”, solo sirvió para que alguno de los que ahora propician reeditar aquella alianza contradijera los más sagrados principios del socialismo votando la flexibilización laboral. Por eso no asombró que ese mismo sector acompañara más tarde el alzamiento ruralista y hoy propicie un imaginario 82 por ciento móvil, iniciativa que, sin recursos, acabaría por fulminar el sistema previsional solidario.

Hoy, muchas decisiones del Gobierno –como las mencionadas– son propias de una agenda socialista. Simultáneamente, las corporaciones dictan estrategias y buscan una opción electoral subordinada que las represente para preservar privilegios que están siendo cuestionados en un proceso de recuperación la autonomía de la política respecto de los poderes de facto. Por eso contrariar las medidas reformistas del Gobierno sólo puede ser un simulacro de progresismo y, por el contrario, exigir la profundización del sentido innovador y justiciero de las políticas públicas en marcha es lo que evidencia a quienes son partidarios de la evolución social.

* Ex diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Tal como se vino pronosticando durante semanas en los medios de prensa y como se denunciara por escrito a la Justicia electoral en su momento, la camarilla que maneja el Partido Socialista consumó finalmente un proceso electoral interno fraudulento.

Es ocioso enumerar las múltiples maniobras urdidas para obtener un resultado predeterminado, una sobreactuación innecesaria porque nada hacía pensar que la oposición pudiera birlarle el resultado final, toda vez que el oficialismo partidario controla el aparato, el sello y, sobre todo, los recursos humanos y de los otros que significan administrar una ciudad importante y una provincia muy rica.

Pero aunque sea para refrescar lo que se estuvo previniendo últimamente, vale recordar:

• Que la junta electoral, que debiera organizar imparcialmente la justa interna, fue integrada en su totalidad por representantes de la lista oficialista.

• Que los padrones utilizados eran meros listados de personas sin datos identificatorios completos que permitieran comunicarse con los afiliados con propósitos proselitistas (caso Catamarca, Chaco, Santa Fe).

• Que los listados de votantes enviados en las urnas el día del comicio fueron “depurados” en relación con los originales previamente conocidos (caso Tandil, La Rioja).

• Que se impidieron los comicios en aquellos distritos considerados adversos no enviándose las urnas o directamente no abriendo los locales comiciales (caso Tres Arroyos, San Nicolás, Villa Ballester).

• Que se incumplieron órdenes emanadas de la Justicia electoral sobre apertura de nuevos centros en distritos discriminados (resolución de la jueza sobre equivalencia de mesas en Buenos Aires y Santa Fe).

• Que el propio día del comicio se desagregaron padrones para desplazar cientos de afiliados hacia otras localidades desalentando su participación (caso Florencio Varela, La Matanza).

• n Que, increíblemente, no se requirió la firma de ninguno de los afiliados para registrar la emisión del voto a fin de ocultar constancia de su participación.

Todas las irregularidades mencionadas –y hay más– ratifican la naturaleza moral de la facción que pontifica sobre los buenos republicanos mientras trapichea principios y usa una sigla histórica para cimentar el proyecto de restauración conservadora de la derecha cívico-ruralista.

Los verdaderos socialistas, algunos dentro y muchos fuera de la estructura partidaria, sortearán estas dificultades y seguirán aportando a una alternativa de cambio progresista como lo expresan muchas de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional.

Es un socialismo coherente que no olvida sus raíces y apuesta a que en las nuevas condiciones de la Argentina y la región, aquellas medidas se profundicen en una perspectiva de inclusión social, autonomía nacional y unidad latinoamericana.

Ex secretario general del Partido Socialista.

En apenas 35 minutos, un conglomerado opositor protagonizó un episodio de arrebato en el Senado de la Nación y, con ello, se mofó de su propio discurso, sustentado en el continuo reclamo de mayor calidad institucional.

Sin otro acuerdo que su inocultable voluntad común de paralizar la gestión del gobierno nacional, esta entente destructiva violó la ley y el propio reglamento de la Cámara alta para hacerse de la mayoría en comisiones parlamentarias que son decisivas para la gobernabilidad democrática.

Ya deslizándose irresponsablemente por un tobogán desquiciado, un grupo de legisladores presentó una increíble denuncia penal contra la presidenta de la Nación, su gabinete de ministros y el directorio del Banco Central.

Así, una oposición que, sin programa alternativo alguno, abruma con una monotemática demanda de diálogo, consenso y respeto a la institucionalidad, acabó promoviendo un escenario político de tal nivel de confrontación que torna imposible el debate de proyectos y la búsqueda de acuerdos.

Rara conjunción ésta, que arrastra a fuerzas de trayectoria diversa, agrupada ahora en un promiscuo accionar que, si fuera exitoso, tendría costos irreversibles, en especial para los sectores sociales más vulnerables. La evidente ambición de debilitar al Gobierno para mejorar las propias chances electorales no justifica la voluntad de empujar a la nación al mismo abismo al que muchos de ellos condujeron al país, con la aciaga secuencia de endeudamiento, ajuste y represión.

Ahora se caen todas las máscaras y ya no es posible disfrazar de legitimidad esta ofensiva que lidera la derecha. Ninguna de las fuerzas políticas que la acompañan puede ignorar que lo que acaba de nacer es el frente del ajuste, que desde la caída y derrota de la coalición que sustentó las reformas neoliberales del ’90 no encontraba una representación política acorde con sus intereses.

* Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Fue secretario general y diputado nacional del Partido Socialista.

Fruto de la ineptitud de un gobierno que no supo ni quiso asumir el desafío de afrontar la crisis, hace exactamente ocho años implosionaba un Estado que había abandonado su rol institucional de contenedor –y componedor– de las tensiones sociales desatadas por el modelo especulativo y de exclusión que se había iniciado en 1976 y que, con variantes, se prolongó hasta consolidarse hacia los años ‘90.

En esos doce días, del 20 de diciembre de 2001 al 2 de enero de 2002, cinco presidentes se sucedieron con la función de mero ornato, sin capacidad ni autoridad para hacer cumplir orden alguna ni dar respuesta a ninguna de las múltiples demandas de entonces las que, además, partían de una básica: “Que se vayan todos”. Esta consigna totalizante no sólo expresaba la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales, sino de la política misma como instrumento para resolver las más acuciantes necesidades sociales.

En ese convulsionado período, que culminaría con el retiro anticipado de Eduardo Duhalde, se sucedían las movilizaciones sociales al tiempo que la fragmentación de la coalición de poder que había sostenido al menemismo no hallaba una salida a la crisis. Las fracciones neoconservadoras más recalcitrantes insistían con dos ideas primarias: ajustar y reprimir. Se persistía en la misma línea que había derrumbado a De la Rúa con su aciago costo en vidas. Por fin, la masacre de Avellaneda y la furia que despertaron los asesinatos de los militantes sociales Kosteki y Santillán demostró la inviabilidad de ese proyecto.

Hoy, ocho años después, se ha recuperado el rol del Estado y la política ha sido rehabilitada como elemento aglutinador del dispositivo institucional y, sobre todo, como herramienta de cambios progresistas. El debate, el conflicto y los consensos encuentran su procesamiento en un Parlamento que cumple con su rol dentro del sistema institucional. No es el único ámbito, ya que la política excede los despachos y a los políticos profesionales y, luego de años de pensamiento único, ha reencontrado su lugar entre los trabajadores, la intelectualidad y las organizaciones de base de la sociedad.

La recuperación del Estado y el cumplimiento de sus deberes sociales básicos implicó abandonar aquel aparato inerme o cómplice de las corporaciones que contribuyó a profundizar la desigualdad. La intervención en la regulación de los mercados, la priorización de una economía basada en el trabajo y la producción, así como el cambio de enfoque del presupuesto social, que pasó de ser considerado un gasto para elevarse a la categoría de inversión, marcan hasta qué punto el país ha cambiado, retomando gradualmente parámetros de solidaridad e igualdad perdidos hace mucho tiempo.

Sin ajustes, sin represión, con conflictos que expresan los diversos intereses que confrontan al interior de una sociedad democrática y plural –tensiones que no hay que tratar de anular sino de resolver desde la política y el debate público– Argentina es ahora, simplemente, un país normal.

* Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

Hace cien años, el 1º de mayo de 1909, algunos miles de manifestantes obreros, sobre todo anarquistas, se concentraron en la plaza Lorea para conmemorar el Día del Trabajo. Era una soleada tarde de sábado. Cuando la multitud se retiraba, la policía montada cargó contra ella y disparó a la espalda de aquellos hombres y mujeres. Hubo ocho muertos y 40 heridos, algunos muy graves, que murieron en los días siguientes. El coronel Ramón Falcón, jefe de policía, estaba a pocos metros de allí y dio personalmente la orden de la masacre.

Ninguno de los asesinos sufrió ninguna sanción, a pesar de que el Partido Socialista, en otro acto celebrado ese mismo día, pocas horas después, lanzó una huelga general en repudio a “la masacre proletaria, exigiendo la renuncia del jefe de policía, coronel Falcón, reclamando la instrucción de un sumario y el castigo de los culpables”. Durante ocho días, 300.000 trabajadores mantuvieron la huelga. El gobierno de José Figueroa Alcorta, consecuente con su política represiva, declaró el estado de sitio, mandó ocupar la ciudad con 5000 efectivos del Ejército y mantuvo a sus esbirros en la más completa impunidad. Esa era la Argentina del Centenario para la clase trabajadora.

Para la oligarquía que entonces gobernaba, y que ya ensayaba los fastos con que se autocelebraría en 1910, en cambio, era el país “de los ganados y las mieses”, el paraíso agrario de los terratenientes que cantó Leopoldo Lugones, y que muchos proponen aún hoy como la imagen de la Patria misma, de los rentistas rurales, empeñados en resistir cualquier redistribución de la riqueza a favor de los pobres y de los marginados.

Mucha sangre de trabajadores ha corrido desde entonces en la Argentina. Tal vez baste con citar, en una nómina incompleta, la Semana Trágica de 1919, las huelgas de la Patagonia en 1921 y 1922, el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, la matanza sistemática de la última dictadura, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán, ejecutados hace apenas siete años. En todos los casos, detrás de los que hacían fuego estaban los nostálgicos de esa época en la que los herederos de las familias privilegiadas tiraban manteca al techo en París y se acuñaba en el mundo la frase “rico como un argentino”, mientras los hijos de la clase obrera eran fusilados en una plaza de Buenos Aires.

Hoy, a un año de que se celebre el Bicentenario, con cada mínimo avance hacia una sociedad que no tolere la impunidad de los terroristas de Estado, que haga de la igualdad el más preciado de sus valores, que enfrente los abusos del poder económico, que proteja el trabajo, aumenta el odio de clase de los que no están dispuestos a admitir la menor limitación de sus privilegios. El centésimo aniversario de la masacre de plaza Lorea es un buen motivo para que cada uno reflexione acerca de qué país quiere que en 2010 festeje los doscientos años que habrán transcurrido desde la Revolución de Mayo.

* Ex secretario general del Partido Socialista (PS) y ex diputado socialista. Actual secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.