Página#12 Libre

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) prevé flexibilizar el nuevo marco regulatorio para las reaseguradoras, que entrará en vigencia el 1º de septiembre próximo. De acuerdo con la resolución original, las firmas que otorguen cobertura a las compañías de seguro locales deben abrir sucursales en el país y suscribir un capital mínimo de cinco millones de dólares. Esta última obligación es la que más rechazo genera entre las grandes firmas extranjeras. La SSN, en conjunto con el Ministerio de Justicia, estudia la manera de adecuar la letra chica de la norma para permitirles a las compañías que acrediten esos fondos con cuentas en el exterior, según explicó a este diario el titular de la Superintendencia, Francisco Durañona. La norma general apunta a evitar la salida de capitales bajo el concepto de comisiones. “Sólo con la publicación de la iniciativa, este flujo se redujo un 40 por ciento en el primer trimestre de este año respecto de igual período de 2010”, adelantó el funcionario.

El titular de la SSN y el ministro de Justicia, Julio Alak, se reunieron ayer para analizar las implicancias de la modificación en el marco regulatorio de las operaciones entre las aseguradoras locales y las compañías extranjeras de reaseguros. “Se dispuso una resolución marco y ahora estamos definiendo las reglamentaciones particulares. Hay varias ideas en carpeta”, explicó Durañona. La resolución obliga a las reaseguradoras a radicarse en el país para seguir operando. La medida, según aclaró, contempla excepciones para el caso de “operaciones de reaseguro determinadas y debidamente individualizadas cuando, por la magnitud y las características de los riesgos cedidos, no puedan ser cubiertas en el mercado reasegurador nacional”. “Eso está en el artículo 19 de la medida”, recordó.

Durañona sostuvo que mantuvo encuentros con representantes de casi todas las reaseguradoras extranjeras que operan en la Argentina para interiorizarse de los cambios, y que genera mucha resistencia la obligatoriedad de acreditar un capital mínimo de cinco millones de dólares. Como resultado de estas conversaciones se contemplaron alternativas en las resoluciones particulares que precisan la norma. “El deber de instalar sucursales no se modificará”, confirmó. No obstante, la metodología para la conformación de los fondos todavía se discute.

Una posibilidad que barajan en la Superintendencia es habilitar que una parte del monto se constituya en una cuenta o filial de la compañía en algún país dentro del Mercosur. Esta flexibilización podría entrar en contradicción con la idea de que las empresas tengan un capital vinculado con sus operaciones en el país. Por ello, aseguran desde la SSN, se definirá el marco adecuado para evitar incumplimientos. Otra opción es que las reaseguradoras acrediten una parte del capital con activos en el exterior, “constituyendo reservas vinculadas”. “En este último caso, ese depósito quedaría disponible como garantía”, explicó Durañona. Con estas posibles modificaciones hubo varios interesados.

La resolución busca ser un control efectivo sobre la fuga de capitales que podría encubrir la actividad. Existe una divergencia cada vez más marcada entre las primas contratadas por reaseguros en el exterior y los pagos de siniestros. En 2002 esa brecha no llegaba a 70 millones de dólares, se incrementó a 255 millones en 2005 y continuó en ascenso hasta llegar a casi 610 millones en 2010. “Esa situación parece revertirse. Solamente con la salida de la medida, aun cuando todavía no fue implementada, en el primer trimestre del año se redujo en 40 por ciento la salida de capitales producto del pago de primas de estas compañías”, concluyó Durañona.

El enorme déficit fiscal en que debió incurrir la economía estadounidense para salvar a su sector bancario fue recién ayer considerado como “riesgoso” por la calificadora Standard and Poor’s, que decidió llevar a “negativa” la perspectiva de nota de la deuda norteamericana. Es la primera vez en la historia que se pone en duda la capacidad de pago de la economía más grande del planeta. Las emisiones de deuda en los Estados Unidos detentan la calificación AAA, la más alta que otorga una agencia de rating, incluso después de la debacle de las hipotecas subprime. La baja ahora en las perspectivas fue entendida por algunos analistas como un mensaje político, mientras demócratas y republicanos llevan adelante una dura pelea en el Congreso por imponer sus soluciones para reducir ese déficit. El Tesoro dijo que la medida “subestima la capacidad de los dirigentes de los Estados Unidos para reunirse y solucionar” esta clase de problemas.

“Puesto que Estados Unidos tiene lo que nosotros consideramos déficit presupuestales muy importantes y un nivel de endeudamiento gubernamental en alza, y que el camino para tratar –estos problemas– no está claro, revisamos nuestra perspectiva sobre la calificación a largo plazo de estable a negativa”, señala el comunicado de una de las tres calificadoras reconocidas mundialmente. Las otras dos son Fitch y Moody’s. Estas agencias son el centro de las críticas por su incapacidad para anticipar las últimas crisis que se sucedieron en varios países. De hecho, muchas de las emisiones de bancos, empresas y países mantenían una nota AAA antes de que se declararan en quiebra y/o cesación de pagos.

La crisis internacional, cuyo epicentro fue las hipotecas de alto riesgo y baja calidad en los Estados Unidos, derivó en la necesidad de que el gobierno estadounidense dispusiera de megamillonarios rescates para evitar más bancarrotas en su sector bancario. También hizo costosas inyecciones de liquidez para incentivar su alicaída economía. Ahora, el Parlamento estadounidense debate la forma de reducir el rojo fiscal que dejaron esos salvavidas. “Hay un riesgo creciente” de que no logren un acuerdo antes de la elección presidencial y parlamentaria, en noviembre de 2012, afirmó el analista de S&P, Nicola Swann. La Casa Blanca aprovechó la situación para declarar que la rebaja en las perspectivas muestra la necesidad de “una reforma fiscal”, según el portavoz de Barack Obama.

“La economía estadounidense enfrentará un segundo semestre muy complicado si no logra algún tipo de acuerdo, dado que se vencen los estímulos fiscales y monetarios”, explicó a este diario Eugenio Díaz Bonilla, representante por la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los republicanos rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los impuestos, mientras que los demócratas no están dispuestos a un recorte de gastos. La administración Obama insiste en la necesidad de que se invierta en infraestructura, Salud y Educación, junto con una mayor regulación de los mercados. Para los republicanos todo esto es riesgoso para las cuentas públicas.

Los principales mercados bursátiles operaron en negativo. En Wall Street, el Dow Jones cedió 1,15 por ciento. La tendencia se trasladó a las bolsas de la región, donde el índice MerVal perdió 2,4 por ciento. “El temor que existe no es acerca de un problema de solvencia, sino de una devaluación de la moneda”, explicó Díaz Bonilla. El último episodio de pérdida de credibilidad de la deuda estadounidense fue a mediados de los setenta, cuando ese país debió emitir papeles en otras monedas (en francos suizos y marcos alemanes). “Ahora pensamos que hay al menos una chance sobre tres de que bajemos la nota a largo plazo de Estados Unidos en los próximos dos años”, concluyó Swann.

La decisión del Gobierno de hacer efectivo el derecho que tiene el Estado de ser representado en los directorios de las empresas privadas en la cuales tiene participación accionaria no tuvo un impacto directo en las cotizaciones de las firmas involucradas. Hubo papeles que evidenciaron leves retrocesos, pero respondió al contexto externo que arrastró a varias plazas bursátiles de la región. El establishment alertó sobre una posible caída bursátil. El mercado local es pequeño, y con compras o ventas de poca envergadura se definen tendencias. Por ese motivo, operadores no descartan que algunos de esos holdings aprovechen para pulsear con el Gobierno en la Bolsa, como lo hicieron cuando se estatizaron los activos de las AFJP.

“Es probable que algunos utilicen esto como una usina en medio de un año electoral, para introducir algún ruido”, dijo a Cash el analista de una importante consultora extranjera, en cuyos informes enviados a sus clientes no da mayor trascendencia al tema. La reticencia del sector empresario desde su perspectiva se explica porque los empresarios estaban acostumbrados al “libre hacer”. La ley que creó las AFJP establecía un tope de cinco por ciento para la representación en los directorios, norma que fue reformulada por el decreto de necesidad y urgencia.

Ese esquema, copiado del sistema previsional que instauró la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, permitió que las AFJP adquirieran con el aporte previsional de los trabajadores toda emisión de nuevas acciones, sin que esto representara mayor injerencia en las firmas. En el caso de administradoras privadas tenía sentido, debido a que, de lo contrario, sus casas matrices –grandes grupos bancarios– tendrían peso político en aquellas empresas en las que invertían, aun cuando lo hiciesen con fondos de futuros jubilados. Las AFJP sólo buscaban rentabilidad, y en muchos casos sus inversiones no cumplieron tampoco con ese requisito.

“La Anses tiene que poner el foco en la asociación entre vinculados. Los grupos de control pueden aprobar transacciones que no sean beneficiosas para una empresa particular, pero que sí beneficien al grupo económico. Esas decisiones pueden ser monitoreadas o prevenidas cuando uno está en el directorio y no cuando se está afuera”, señaló a Cash el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. La presencia de directores en representación del Estado permitirá monitorear otras decisiones de estas empresas, como la distribución o reinversión de utilidades. “En muchos casos se utilizan los dividendos para fugar capitales”, denunció Vanoli.

En los últimos años los balances de esas compañías cotizantes informaron a la Bolsa ganancias record, pero eso no redundó en una distribución acorde de dividendos. Otras transferían sus ganancias a sus casas matrices en perjuicio de los socios minoritarios. YPF, Aluar y Boldt fueron las únicas tres que pagaron dividendos cada año en la última década. Esto es precisamente lo que provocó la respuesta airada de los directivos de las cámaras que aglutinan a las empresas más poderosas del país. Estos alertan que la medida ahuyentará a los inversores, y que la consecuencia será una desvalorización de las acciones en Bolsa. La presencia del Estado en todos los casos es minoritaria, por lo que ningún accionista podría pensar en un cambio de rumbo de alguna de estas firmas.

“Ya pasaron tres días desde que se conoció el decreto de necesidad y urgencia y no hubo bajas significativas. Tampoco debería haberlas, más allá de reacciones que representen el malestar ideológico de algunos grandes grupos empresarios”, agregó Vanoli. De hecho, la presencia de los actuales directores estatales en las empresas no parece haber entorpecido sus negocios. Siderar, donde el Estado posee un 25,9 por ciento de participación, más que duplicó su resultado operativo el año pasado respecto del anterior.

Más allá de la actual tranquilidad que muestra hoy el mercado, no se descarta “alguna picardía”, advierte Vanoli

ccarrillo@pagina12.com.ar

La nueva conducción de la Unión Industrial, con el textil José Ignacio de Mendiguren al frente de la entidad, no traerá aires de recambio en su relación con el denominado Grupo de los Seis (G-6). Un nuevo almuerzo de este grupo de presión, que integran cámaras de comercio, construcción, bancos, entidades agropecuarias y la Bolsa, contó con la presencia de tres representantes por la UIA. Junto a De Mendiguren, estuvo presente el presidente provisorio de la entidad fabril, Miguel Acevedo, y el ex titular, Héctor Méndez. El motivo formal del convite fue despedir a Méndez y recibir a la nueva conducción. Por la mañana, el grupo Industriales había terminado de definir los cargos vacantes en el directorio de la UIA. Durante el almuerzo, los empresarios coincidieron en que el 24 por ciento que pactó el gremio de camioneros debe ser el techo de las futuras negociaciones. También destacaron la estabilidad macroeconómica que se vive a pesar de la cercanía de las elecciones presidenciales, según afirma un comunicado conjunto.

El nucleamiento empresario había contado, fugazmente, con la participación de Confederaciones Rurales Argentinas, cuando se la reconoció consecuentemente con el sello del G-7. Fue en pleno conflicto de las corporaciones agropecuarias contra el Gobierno, que derivó en una confrontación que involucró a todo el bloque empresario y generó malestar en la UIA. CRA y Sociedad Rural rápidamente se distanciaron, argumentando que en el G-7 no defendían los intereses del campo. El nucleamiento quedó reducido y renombrado, entonces, como G-5.

El propio De Mendiguren se había mostrado crítico por el tono que se dio a esos encuentros, lo que derivó en una ruptura con el Gobierno. Pero el mayor cortocircuito lo provocó el acercamiento de las entidades, en particular la UIA, a la Asociación de Empresarios Argentina (AEA), con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, incluido. Esto se dio en el medio de la discusión por Papel Prensa.

Sin embargo, la esperanza de pequeños y medianos empresarios por despegar de la dureza con que las corporaciones agropecuarias criticaban al Ejecutivo se diluyó con la primera declaración de De Mendiguren no bien se conoció su candidatura. El textil exhortó a una unidad entre el campo y la industria durante su visita a la Exposición Rural. En esa oportunidad también sostuvo que la Unión Industrial debía convertirse en la voz de los que no tienen voz. Ayer, a días de asumir, su primera reunión es con el G–6, la representación del establishment.

La reunión de ayer giró en torno de los pedidos salariales de este año. El G-6 definió el porcentaje del 24 por ciento de aumento conseguido por el gremio de Hugo Moyano “como límite máximo” en futuras negociaciones salariales. Incluso, los representantes patronales argumentaron que ese guarismo sería difícil de “solventar” por muchos sectores. En el almuerzo también estuvieron presentes Carlos de la Vega, por la Cámara Argentina de Comercio; Carlos Wagner, por la Construcción; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio; y Jorge Brito y Norberto Peruzzotti, por Adeba. Los directivos ofrecieron un agasajo a Méndez, quien renunció en medio de una lucha interna por las candidaturas para ocupar las sillas en el directorio de la UIA, y le dieron la bienvenida a De Mendiguren.

Según un comunicado difundido al término del encuentro, los empresarios manifestaron coincidencias en su percepción acerca de la situación económica del país. “Se destacó como un hecho muy alentador que la situación de la economía no se está viendo afectada por la proximidad de las elecciones.” La UIA presentó en paralelo el informe de actualidad industrial, que dio una mejora de la actividad en febrero de 7,5 por ciento respecto de igual mes de 2010. “Es de esperar que esto se mantenga a lo largo de este proceso”, agrega el documento del G-6.

Los directivos insistieron además en que se discutan las “modificaciones normativas en materia laboral” de manera consensuada entre los trabajadores y los empresarios. Un reflejo del temor del empresariado porque se apruebe el reparto de ganancias con sus empleados, una iniciativa que impulsa el abogado de la CGT y diputado (FpV) Héctor Recalde.

Europa elevó esta semana su tasa de interés de referencia al 1,25 por ciento anual. Es la primera vez desde que se desató la crisis financiera internacional que el Banco Central Europeo endurece su política monetaria. La Reserva Federal está estudiando la posibilidad de tomar una decisión similar. La medida pretende ser un ancla a la suba de precios pero se encuentra lejos de colaborar en el actual contexto recesivo que se vive en varios países de la Eurozona. Desde el BCE insisten en que mantendrán los estímulos fiscales. Sin embargo, los efectos sobre el euro, a partir del ingreso de capitales que provocaría la suba de tasas, complicará la situación de los países más frágiles.

Los mercados reflejaron el entusiasmo de los inversores por esa decisión con alzas generalizadas en sus principales indicadores. Para algunos analistas, la región se encuentra los suficientemente sólida como para iniciar una política contractiva. Unos pocos advierten el riesgo que implica para los países de la periferia de la zona, donde se requiere de medidas anticíclicas. La preocupación de la ortodoxia por controlar la inflación vía ajuste en las tasas de interés conllevará a una pérdida de la ya golpeada competitividad europea. Esta realidad es todavía más dura si se toma en cuenta la rigidez cambiaria y monetaria que rige para los países que adoptaron al euro como moneda. Existen pocos mecanismos que disponen de transferencias fiscales para compensar la pérdida de producción asociada con la menor competitividad en los países con costos más altos.

Los desequilibrios regionales en la Unión Europea son muy claros. Con la excepción de Italia y Portugal –que detentaba previamente un déficit en cuenta corriente de más de 6 por ciento–, todos los demás países vieron deteriorarse significativamente su situación externa con el estallido de la crisis. En cambio, la posición externa de Alemania salió fortalecida, según el propio Bundesbank (banca central alemán). La mejora alemana se sustentó en un fuerte incremento de las exportaciones y del consumo interno. “Parece bastante razonable creer que los costos laborales impactaron en el desempeño exterior de las economías europeas, y que la moneda común fue fundamental para ese resultado”, explica Matías Vernengo, profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Entre los posibles candidatos a profundizar la crisis por la suba de tasas se encuentra la economía española. “Es demasiado grande para caer, y también lo es para ser rescatada”, publicó el economista Nouriel Roubini en su página web. Los rescates para evitar el contagio hacia esos países van acompañados de recetas de ajuste. Las cartas de intención de Irlanda y Grecia que negociaron con autoridades de la Unión Europea y el Fondo Monetario adoptan la idea de que el recorte fiscal es esencial, incluso para enfrentar la actual recesión.

Esas instituciones pretenden avanzar aún más y centralizar los controles supranacionales de las cuentas públicas como un paso necesario para imponer la disciplina fiscal. “Esta alternativa no es útil para reducir los problemas relacionados con la moneda común, como la promoción de las transferencias fiscales a las economías en dificultades”, asegura Vernengo. La alternativa que plantea este economista heterodoxo es una reforma de las instituciones europeas que permitan cierta flexibilización de sus políticas económicas para adaptarlas a sus necesidades de crecimiento. El anuncio de Trichet parece ir en esa dirección apostando a que la deflación pueda hacer el trabajo de aumentar la competitividad externa

ccarrillo@pagina12.com.ar

A pesar de la minuciosidad con la que operan, los organismos reguladores lograron identificar a cerca de 6 mil coleros. Son personas físicas, generalmente de bajos recursos, que por una pequeña suma de dinero realizan compras de dólares en casas de cambio por escaso monto –pero de manera recurrente– para un mismo interesado. El objetivo es ocultar la identidad de este último por tener poca o nula capacidad para justificar el dinero con el que se hacen las transacciones o simplemente porque quiere evitar ser investigado por la Justicia. La AFIP elevó el listado de esos coleros al Banco Central para que los inhabilite en la compra de dólares en el circuito formal. También informó la situación de otros contribuyentes que en marzo último realizaron operaciones mayores a los 250.000 dólares y presentaron inconsistencias.

El entrecruzamiento de datos se inició en 2008, en pleno enfrentamiento entre el Gobierno y las corporaciones agropecuarias. Habían proliferado los “coleros”, en respuesta a la incertidumbre cambiaria que algunos medios buscaron instalar. Ese año, una investigación de la jueza federal María Servini de Cubría había detectado a 1800 habitantes de barrios carenciados –principalmente de la Villa 31 de Retiro– que adquirían dólares por montos inferiores a 10 mil y que por esa intermediación recibían 20 pesos por operación.

El Central y la AFIP iniciaron el año pasado un nuevo seguimiento. El BC envió la información de cada una de las entidades con las respectivas compras de dólares y desde la AFIP cruzaron los datos con la capacidad contributiva de cada uno. Las alertas que llevaron a interpretar a algunas operaciones como sospechosas tenían que ver con el monto de compra y con la “recurrencia” de las mismas, explicaron desde el Central. Ya sea por uno u otro canal, el stock acumulado de compra debe guardar cierta consistencia con las declaraciones juradas que se presentan ante el órgano recaudador; suelos, ventas de inmuebles o utilidades por su actividad comercial.

“Lo que se encontró fue sujetos con serios problemas para justificar ese nivel de compras, de los cuales muchos ni siquiera tenían un domicilio para contactarlos”, relató a Página/12 una fuente de la AFIP. A quienes pudieron ser localizados la AFIP les envió una carta para que aclaren su situación, mientras que cuando se trató de maniobras por montos elevados el organismo envió inspecciones. En total, la entidad que conduce Ricardo Echegaray confeccionó una nómina de 5946 números de CUIT de contribuyentes, que fue elevada al Central. Esta lista responde a personas sospechadas de prestar sus documentos para comprar legalmente dólares para un tercero o su reventa en el mercado paralelo. También identificó a 226 contribuyentes que el mes pasado compraron más de 250.000 dólares, los que se suman a los 1300 que la AFIP notificó en 2010.

El Central deberá ahora “circularizar” esa nómina y enviarla a todos los bancos y agencias de cambio del país para que se prohíba a los coleros operar en el mercado formal, para evitar que pasen las divisas al circuito en negro. La lupa seguirá además sobre las entidades financieras y cambiarias, que podrían haber vulnerado la resolución del Central sobre prevención del lavado de dinero. Esta norma las obliga a poner en práctica la política institucional llamada “conozca a su cliente”. La investigación busca establecer si no fueron diligentes para descifrar el perfil de negocios del cliente y la procedencia lícita de los fondos de la operación. Las sanciones van desde un llamado de atención hasta la revocación para seguir funcionando, dependiendo de si la investigación determina que sólo fue una falla o que actuaron conscientemente.

Inversores institucionales vuelven a golpear las puertas de los despachos del Ministerio de Economía. Lejos de la foto que se viera en 2001 con el default que anunció el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá, los pedidos de audiencia de estos grandes inversores son ahora para que el país vuelva a emitir deuda. La mejora en el perfil de los títulos públicos –con un rendimiento en torno del 8,5 por ciento– impulsa a grandes bancos y fondos de inversión a insistir en esa idea, ofreciendo condiciones favorables y mercados seguros para que la Argentina coloque deuda. Según reconocieron a este diario desde el Palacio de Hacienda, las reuniones son constantes y la respuesta es siempre la misma: “Si quieren bonos, que vayan al mercado secundario”. La baja en las tasas continuará en la medida en que cierre el capítulo del default con un acuerdo con el Club de París.

En la segunda etapa del canje, que tuvo lugar el año pasado, se planteó el objetivo de reducir el costo de endeudamiento a tasas de un dígito. De hecho, previo a esa operación, dos bancos de inversión habían tentado al Gobierno para colocar –con su mediación– deuda en el mercado internacional. El ministro de Economía, Amado Boudou, rechazó la propuesta asegurando que el país no pagaría tasas de dos dígitos. En la reestructuración de 2010 se había pactado una emisión corta, por mil millones de dólares, de Globales con vencimiento en 2017 (Global 17), cuya tasa tampoco fue convalidada por el Gobierno. Al momento de la operación se emitió esta serie a una tasa del 12,5 por ciento. Actualmente, rinden ocho por ciento.

A los valores actuales del Global 17, tomado como referencia para futuras emisiones, los grandes inversores volvieron a la carga para que el Gobierno amplíe las series existentes o emita nuevos instrumentos. Representantes de bancos extranjeros y fondos de inversión mantuvieron en las últimas semanas reuniones con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, para acercarle sus propuestas. La apuesta de Economía es que los fondos ávidos por deuda local vayan al mercado secundario a adquirir los papeles, haciendo retroceder todavía más su rendimiento, que fluctúan inversamente a sus precios. Los fondos aseguran que no existe una oferta acorde con la demanda.

La segunda apuesta de Economía es a un pronto arreglo con los acreedores del Club de París, lo que permitiría un recorte adicional de la tasa. Las negociaciones se mantienen algo estancadas en el ida y vuelta con los representantes de los países que integran ese grupo. Todavía no hubo ninguna oferta formal que haya partido desde Economía, aunque insisten en que se mantienen los habituales canales de diálogo. Luego de que acordara el monto que, sostienen en el entorno de Boudou, estará en el orden de los nueve mil millones de dólares, la discusión se centra en los plazos.

En Economía reconocen que la negociación de los plazos de repago con el Club trasciende el tema financiero, dado que tiene implicancias políticas y diplomáticas. “A países como Alemania, recibir menos de tres mil millones de dólares, ya sea en uno, dos y cinco años no le mueve la aguja”, señalan. La preocupación de este tipo de países es, en cambio, generar un mal precedente para futuras negociaciones. Por ello se muestran tan duros con la Argentina.

Una opción que fue estudiada, pero que no llegó a elevarse al Club, fue la de pagos incrementables, con algún tipo de vinculación con el crecimiento de la economía. Se trataría de un mecanismo similar al utilizado en la reestructuración de la deuda a partir de ofrecerse como incentivo cupones de PIB. Si bien estos papeles se convirtieron en un excelente negocio para sus tenedores, tienen ciertas limitaciones para su uso en una negociación entre países. Los cupones están atados a un indicador que mide el Indec, organismo cuyas estadísticas están cuestionadas. Si los países que integran el Club aceptaran estos papeles como incentivo, estarían además convalidando esas estadísticas. Es por eso que estiman en Hacienda que ofrecerlos no logrará despejar el camino de la negociación. El diálogo se mantiene abierto, entre ofertas y contraofertas informales, y todo pareciera indicar que llevará algunos meses más el cierre de un acuerdo.

Las concesionarias de autos vendieron en marzo 66.608 unidades nuevas, con lo que completaron el mejor trimestre en su historia. Los patentamientos acumulados alcanzaron la marca record de 230.185 vehículos, 27,5 por ciento más que en igual lapso de 2010, según informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Ese desempeño se logró a partir de un fuerte aumento en el ritmo de ventas diario del sector. “Con las cifras de marzo superamos en un 15 por ciento el objetivo trimestral de 200.000 unidades que teníamos como parámetro”, aseguró el titular de Acara, Dante Alvarez. La estimación que maneja ahora el sector es cerrar 2011 con 770.000 unidades vendidas.

El mes pasado había iniciado su actividad con buen ritmo, pero en la última semana se verificó una aceleración en los patentamientos, según relató Alvarez a este diario. De un promedio diario de 3506 unidades que arrojó marzo, en la última semana se vendieron a un ritmo de 6000 vehículos. Esa situación se debió al arribo de una partida de autos importados desde Brasil, que fueron despachados de inmediato. La particularidad es que marzo, debido a los feriados, tuvo 19 días hábiles, contra 22 del año pasado. Si la comparación se hiciera sobre la base del promedio diario, el crecimiento hubiese sido de 35 por ciento interanual.

Aun con menos días hábiles que lo habitual, marzo se convirtió en el mejor mes en la historia del sector, excluyendo los enero, que son atípicamente altos porque también se computan parte de las ventas de diciembre. Las concesionarias registraron 60.608 patentamientos, un 16,3 por ciento más que en marzo de 2010 y 11,4 superior a febrero previo. Se completan así 17 meses consecutivos de crecimiento en la venta de unidades nuevas. En marzo se especulaba con que las restricciones a la importación de autos desacelerarían el ritmo de operaciones. “No pasó nada de eso porque la demanda creciente de autos pequeños y medianos compensó y diluyó cierta demora en esa disponibilidad de vehículos premium”, explicó Alvarez.

Los patentamientos acumulados en estos tres meses alcanzan a 230.185 unidades, que representan un 27 por ciento de incremento comparado con el mismo período de 2010, un año record que hasta ese momento había registrado 180.513 unidades patentadas. “El hecho preponderante es que el mercado sigue empujando hacia adelante”, opinó Alvarez. Con las cifras de marzo los concesionarios superaron en un 15 por ciento el objetivo trimestral que se habían planteado en 200.000 unidades, que ya abría las puertas a otro año de marcas históricas. Consultado por Página/12 acerca de cuál es el número final que proyectan para 2011, Alvarez no dudó en hablar de 770.000 unidades, contra las 720.000 que se plantearon antes de iniciar el año.

El informe de Acara presenta los datos desglosados por marca y modelo. El podio por terminales en lo que va del año se conforma con Volkswagen (42.881 automotores), Chevrolet (33.855) y Ford (28.770). El desempeño de estas marcas estuvo sustentado en su mayoría por patentamientos de autos y vehículos livianos. En este segmento, Renault desplaza a Ford en el tercer puesto, con 28.147 unidades. En camiones y buses se destacan Mercedes Benz (2262), Iveco (1062) y Ford (893). El modelo de autos estrella continuó siendo el Chevrolet Corsa (con 13.981 unidades en lo que va del año), seguido por el VW Gol (13.149) y el Peugeot 207 (10.460).

En marzo volvieron a lucirse los títulos públicos con alzas generalizadas en todos los papeles. Ese comportamiento se registró a partir de que se estabilizara el sector financiero internacional, aun con la irrupción de la crisis en Medio Oriente y los interrogantes que dejó la catástrofe natural en Japón. Subieron las cotizaciones y aumentaron los montos operados. Los cupones atados a la marcha de la economía lideraron con un alza del 9 por ciento, tendencia que se consolidó luego de que se confirmara un crecimiento de la actividad de 9,2 por ciento el año pasado.

La escalada de violencia en países árabes y el terremoto y tsunami en Japón sumaron incertidumbre al castigado contexto financiero internacional. En ese escenario los inversores se refugiaron en activos “seguros”, como el oro o los bonos del Tesoro estadounidense, y en derivados de materias primas. Este comportamiento inverso prestó negocios a los mercados emergentes y las bolsas de la región sufrieron una impasse en la intensidad de su actividad. Superados los primeros cimbronazos del año, los inversores regresaron para apostar por activos de emergentes en busca de mejores rendimientos.

En el mercado local la opción preferida fueron los títulos públicos. Sólo hubo dos papeles, Discount y Cuasipar, que tuvieron una tendencia opuesta: retrocedieron 10 y 6 por ciento, respectivamente. Ese resultado se explica en la city por el cambio de cartera de inversores institucionales. En cambio, los cupones de PIB se mostraron estables en los momentos de turbulencia y retornaron al sendero alcista cuando aminoró la tensión internacional. El 23 de marzo último registró su máximo histórico al cerrar en 16,60 pesos.

Esa mejora mensual fue impulsada por los datos de crecimiento económico. El mes pasado se confirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) cerró el 2010 con un incremento de 9,2 por ciento, y en enero último el EMAE, indicador aproximada del PIB, arrojó un avance de 9,5 por ciento en términos interanuales. Esa cifra derivó en una revisión en las expectativas de crecimiento para este año, tanto en estimaciones oficiales como privadas, que coinciden en un piso del 6 por ciento. La banca de inversión Goldman Sachs elevó el pronóstico a un 6,8 por ciento.

Los cupones de PIB fueron resistidos por inversores cuando se crearon en 2005 con la primera reestructuración de la deuda. Estos bonos sirvieron como incentivo para que los tenedores de títulos en default ingresaran en la operación. El Gobierno abona cupón cuando el PIB nominal se encuentra por encima del PIB base fijado para este año en 3,25 por ciento. El 15 de diciembre pagará conjuntamente todas las series de las unidades atadas al PIB –pesos, dólares, euros y yenes– utilizando el tipo de cambio promedio de la última quincena del año.

Con las cifras de crecimiento conocidas consultoras privadas estiman que el tenedor de estos cupones recibirá hasta un 40 por ciento de la inversión inicial en pesos y de 27 por ciento en dólares. Esto se explica en que el inversor que adquiera el cupón hoy pagará 16,50 pesos en el mercado, y a fin de año recibe 6 pesos por unidad y en 2012 se espera que cobre otros 8 pesos.

Este compromiso tiene un techo para el stock acumulado que no puede superar el 48 por ciento del valor nominal de la deuda, de aproximadamente 40 mil millones de dólares desde su creación en 2005. El Estado efectuó pagos por 389 millones en 2006, 821,1 millones en 2007, 1302,6 millones en 2008 y 1417,5 millones en 2009. En 2010 no pagó cupón debido al ciclo recesivo por la crisis internacional, con un aumento de la actividad de apenas el 0,9 por ciento. Este año pagará 2316,5 millones de pesos, por el crecimiento de 2010

ccarrillo@pagina12.com.ar

El gobierno de Brasil reforzó los controles al ingreso especulativo de divisas. A partir de ayer la entrada de capitales, cuyo destino sea préstamos de corto plazo o para adquisición de acciones de empresas, deberá pagar un gravamen del 6 por ciento de ese monto. De la medida quedan exceptuadas las inversiones extranjeras directas, según detalló el ministro de Hacienda, Guido Mantega. Hasta el momento existía un tributo del 4 por ciento para la inversión en títulos públicos locales. La iniciativa busca detener la presión alcista que existe sobre el real, dado el fuerte ingreso de divisas que sufre el país, lo que hace perder competitividad externa al sector industrial. El empresariado argentino sigue de cerca estos movimientos, ya que se trata del principal socio comercial, y en cierta manera, se favorece de la apreciación del real.

La crisis financiera internacional inició lo que algunos analistas y hasta el propio Fondo Monetario definió como una guerra de monedas. En esa carrera bélica, los países emergentes que no se debilitaron con el desplome global exhibieron luego de que se calmó la situación un fuerte ingreso de capitales. En un principio, estos gobiernos no adoptaron medidas contundentes porque esperaban que el ingreso sirviera para compensar la salida que sufrieron en plena crisis, cuando los inversores se deshacían de activos bursátiles de emergentes para adquirir materias primas o bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, ese ingreso se mantuvo constante en muchos de estos países encendiendo luces de alerta en cuanto al deterioro de su balanza comercial por la apreciación de sus monedas.

Brasil es el que más sufre esta situación dentro de la región. Los industriales de San Pablo vienen presionando hace tiempo al gobierno –primero a Lula da Silva y ahora a Dilma Rousseff– para que intervenga en el mercado cambiario y detenga la apreciación de la moneda. El Banco (Central) de Brasil amplió su margen de acción dentro de la plaza cambiaria, adquiriendo fuertes volúmenes de divisas, sin demasiado éxito. En octubre de 2009 el Directorio del Central brasileño dispuso una tasa de 2 por ciento para el ingreso de capitales con destino a la compra de bonos. En noviembre del año pasado duplicó esa tasa.

La tensión cambiaria se mantuvo y las cuentas externas se siguieron deteriorando. En los últimos dos años el dólar se devaluó en ese país un 50 por ciento, impulsando las importaciones y reduciendo la competitividad de los exportadores brasileños. Un ejemplo de eso fue la leve caída en el superávit que históricamente mantiene alto en el intercambio con la Argentina. El peso exhibe en lo que va del año una depreciación en términos reales –teniendo en cuenta el nivel de precios internos– de 1,3 por ciento con respecto de la moneda brasileña. Actualmente se cotiza a 2,45 pesos. El real explica el 34,7 por ciento de la canasta de monedas con que se compara el tipo de cambio multilateral argentino.

Finalmente, los rumores que se venían manejando en Brasil en los últimos días fueron confirmados con la suba del impuesto a la emisiones de deuda off-shore y préstamos externos de las empresas. El gravamen se llevó al 6 por ciento para operaciones con madurez de hasta un año. Hasta el momento, los fondos obtenidos por menos de 90 días pagaban un impuesto de 5,38 por ciento, mientras que los demás no tributaban en absoluto. Mantega explicó que las restricciones recaen sobre “préstamos externos que realizan las empresas y los bancos en el exterior”, debido a que venían creciendo mucho y aumentando la presión sobre el cambio.

El ministro de Hacienda brasileño descartó que la medida alcance a la inversión extranjera directa. La iniciativa fue bien recibida por el mercado paulista, que operó en positivo (0,5 por ciento). A fines del año pasado, el titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, reclamó una eliminación de los controles de capitales que aplica el país, lo contrario a lo que está haciendo ahora Brasil.

El negocio de las aseguradoras se duplicó en los últimos cinco años. Tras la salida de la convertibilidad, el sector gozó de importantes avances, a través de la ampliación de los productos y el arribo de mayor cantidad de consumidores. El crecimiento no solo acompañó el nivel de actividad global sino que tuvo su propia lógica de avance local, se explica en un informe de la consultora abeceb.com. La recuperación de la economía luego de la crisis de 2001, con el sector automotor e inmobiliario como sus pilares principales, explica el desempeño de una actividad que el año pasado evidenció un aumento de 15 por ciento. En ese contexto, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) implementó un nuevo marco regulatorio para controlar el funcionamiento de estas firmas.

“El incremento de la profundidad financiera en el país, con más clientes de entidades bancarias y un mayor poder adquisitivo del público, facilitó el proceso”, señala la consultora que conduce el economista Dante Sica. De todos modos, la matriz estructural del sector sigue siendo similar a la que se evidenciaba en 2001, ya que la mayor parte de su negocio se centra en los seguros sobre vehículos automotores. El año pasado casi tres de cada cuatro autos fue asegurado. Se trata de una cifra históricamente alta, teniendo en cuenta que en 2002 se verificaba un nivel por debajo del 60 por ciento.

No sólo creció el rubro como consecuencia de mayores ventas de unidades cero kilómetro –el promedio de patentamientos del último lustro se ubicó por encima del medio millón de unidades por año–, sino también por una mayor penetración de las compañías de seguro dentro del mercado automotriz. La concentración que registra el mercado para automotores es relativamente baja. La principal compañía explica menos del 15 por ciento del total de pólizas producidas el año pasado. Las cinco empresas más grandes se llevan el 41,6 por ciento del mercado. Este nivel de concentración es inclusive menor si se toma la totalidad del rubro asegurador. Si se coteja la porción del mercado total que abarcan estas cinco compañías, no llega a superar el 26 por ciento de participación dentro de este rubro.

Este segmento presenta irregularidades. Mientras las compañías se quejan por ser víctimas de supuestas maniobras fraudulentas de parte de sus asegurados, los usuarios lo son muchas veces de pólizas en negro. La SSN creó un registro online para establecer pautas comunes en los contratos que ofrecen las compañías. El organismo exige a las empresas que ofrecen estos servicios que hagan públicos los contratos de seguros. Este registro les permitirá a los consumidores un mayor control sobre los seguros y las compañías que cuentan con autorización necesaria para comercializar esos productos.

Otro rubro con un fuerte crecimiento es el que componen los seguros de incendio y combinados familiares. Esto encuentra su explicación en el crecimiento de la cantidad de clientes con tarjetas de crédito que les aportan a los bancos una plataforma desde la cual ofrecer más productos financieros. “En la medida en que se registra un mayor acceso de los consumidores al sistema bancario, mayor es la probabilidad de que se contraten seguros, debido a que se amplía su universo de clientes potenciales”, señala el informe de abeceb.com. También los seguros sobre riesgos de trabajo se expandieron. Este fenómeno va de la mano de la recuperación del mercado laboral en general –vía mejora de la actividad económica– y, en particular, de un incremento de los puestos de trabajo registrados.

En el último tiempo se consolidaron además los seguros agrícolas, de la mano del exponencial crecimiento del sector agroexportador. Los trabajos realizados por las empresas de seguros y los proveedores de insumos y de servicios permitieron que, en la última campaña, el 36 por ciento del área sembrada se encontrara cubierto con pólizas de granizo y adicionales. En el sector apuntan como desafío elevar el área cubierta al 60 por ciento como primera meta y brindar el servicio a pequeños productores, zonas de mayor riesgo y economías regionales

ccarrillo@pagina12.com.ar

La crisis financiera internacional, producto de años de desregulación del mercado, puso en tela de juicio el papel de los bancos, los fondos de inversión, las agencias de calificación y hasta los bancos centrales. Sin embargo, no se prestó atención a las posibilidades de mejora en la función de las auditorías. Ese segmento detenta una estructura concentrada donde sólo cuatro firmas (Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG) manejan el 80 por ciento del mercado y carecen de una regulación eficaz. Los reportes de estas firmas sirven para analizar la estructura de una empresa, y esta información es demandada desde inversores hasta organismos públicos de recaudación. La Comisión Europea inició una amplia investigación sobre el de-sempeño de estas firmas durante el desplome de 2008, dado que entre sus clientes están bancos que generaron ese colapso.

“Numerosos bancos registraron pérdidas astronómicas entre 2007 y 2009 en sus posiciones, tanto en el balance como fuera del balance, lo que no sólo plantea la cuestión de cómo los autores pudieron redactar para sus clientes informes de auditoría sin expresar reservas en ese período, sino también las suficientes del marco legislativo actual”, señala el Libro Verde que difundió la Comisión Europea y que se discutirá este mes. El documento acerca como primera medida la necesidad de salir del actual oligopolio de auditoras y desregular la actividad con nuevos criterios de selección.

El debate es acerca de las medidas que debieran adoptarse para garantizar que tanto las auditorías de los estados financieros como los informes se adecuen para contribuir a la estabilidad financiera de los mercados. La Comisión propone que se discuta entonces la función del auditor, el gobierno y la independencia de las firmas de auditoría; la supervisión de estas firmas; la configuración del sector; la creación en Europa de un mercado único que preste esos servicios, la simplificación de las normas para las pymes y la cooperación internacional para la supervisión de las redes internacionales.

La capacidad de lobby de las denominadas Big Four (cuatro grandes) complicará la tarea. “La idea es que se avance en un proceso de mayor regulación, ya que el tamaño actual de estas firmas genera un gran riesgo desde el punto de vista del flujo de información. Por eso no veo que este debate prospere fuera de Europa. Particularmente, me refiero a los Estados Unidos, donde estas compañías tienen mucho poder”, explicó a este diario el director de la auditora BDO, Eduardo Becher.

La actividad también reconoce limitaciones similares a las que muestran las agencias de calificación: las auditoras deben emitir juicios respecto de la salud financiera de las empresas que las contratan. En este caso, existen limitaciones. Por ejemplo, las empresas no pueden tener un cliente cuyo peso en la estructura de la firma sea desequilibrante. Sin embargo, con el tamaño de la Big Four esa limitación se diluye. “Es un hecho que cuanto más dependa un auditor de una empresa en particular en lo que hace a sus ingresos, más alta es la amenaza a su independencia”, explicó a este diario el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. La función de las auditoras es revisar los estados financieros preparados para la administración de la empresa y emitir una opinión, destinada a hacerse fe pública. La CE insiste al respecto en que los auditores deben ofrecer un grado elevado de garantía a las partes interesadas con respecto a los rubros del balance y a la valoración de dichos rubros. Además, considera que deberían usar la información privilegiada con la que cuentan para hacer proyecciones. El titular de la CNV difiere con esa iniciativa. “La intervención del auditor en prospecciones hacia el futuro es un tema delicado por las subjetividades que toda proyección trae aparejada. Su participación, si es requerida, debería limitarse a señalar si las bases de tal proyección son consistentes o no”, expresó Vanoli.

En la Argentina estas empresas replican su estructura mundial de negocios, a la que se suma la falta de control que existe sobre ellas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la única entidad que las regula, y está compuesto con representantes de este tipo de firmas. Si bien el riesgo de una crisis por la concentración es acotado, dado el tamaño de los mercados locales, es llamativo que no se las regule, ya que entre los usuarios de esa información se encuentra la AFIP. El titular de la CNV asegura que “toda concentración es mala y por ello toda medida que contribuya a incorporar nuevas firmas al mercado con certificación de calidad es positiva”.

La Superintendencia de Seguros limitará los costos asociados con la financiación de los saldos impagos de las tarjetas de crédito. La iniciativa prohibirá a los emisores de los plásticos cobrar comisiones y gastos extras. También delimita la cobertura en los seguros de vida, eliminado clausuras abusivas. “Con esto se cierra la discusión acerca de si corresponde o no que se aplique la normativa de defensa al consumidor al mercado de seguros”, explicó a este diario el superintendente de Seguros, Francisco Durañona. Los usuarios que reclamaron ante la Justicia obtuvieron fallos favorables y lograron recuperar su dinero. Fuentes del Banco Central confirmaron que los técnicos de ese organismo analizan si es necesario una resolución general para facilitar a los consumidores el reintegro de lo que les fue mal cobrado.

Es habitual ver en distintos medios de comunicación campañas de compras en cuotas a tasa cero con tarjetas de crédito. Sin embargo, existen intereses encubiertos que elevan el costo financiero total (CFT). El seguro de vida sobre los saldos financiados y los gastos administrativos por confección y envío de resumen son algunos de ellos. A esto se suma la tasa de interés compensatorios sobre los saldos impagos entre la fecha de vencimiento y la de pago. Ese costo de financiación promedia el 35, según informó el Central. Para evitar abusos en los gastos de sobrefacturación que cobran las aseguradoras, bancos y emisoras de las tarjetas de crédito, la Superintendencia de Seguros ajustará la regulación sobre ese sector.

La medida será firmada hoy por Durañona y publicada en el Boletín Oficial la semana próxima, según confirmó el propio funcionario. Durañona sostuvo que se trata de una decisión sobre la que vienen trabajando desde que asumió al frente del organismo. “Es la segunda pata de la homogeneización del sector”, agregó el superintendente de Seguros. La anterior medida había sido una resolución que crea un registro on-line con pautas comunes para los contratos de seguro automotor que ofrecen las compañías. El Central le acercó además cifras que mostraban la disparidad que existía en el cobro de los saldos de tarjetas para plazos y montos similares de acuerdo con los criterios de cada banco. Por el lado de los costos, se marcan límites en cuanto a la tasa de interés técnica, los recargos de seguridad y fraccionamiento, gastos de adquisición y prima de los adicionales y se determinó el tipo de tabla de mortalidad que deberán utilizar.

La nueva resolución establece que sólo se podrá cobrar el seguro de vida sobre los saldos y cuotas pendientes. Además, éstos se harán de acuerdo con criterios y límites máximos que se fijarán por norma. También existen diferencias metodológicas entre los bancos que la medida intentará subsanar: por ejemplo, algunas entidades aplican el costo de vida sobre la deuda total y otros sobre el remanente de pago.

En la resolución, a cuyo borrador accedió Página/12, también delimita el seguro de vida. Se establece así una cobertura básica –por fallecimientos–, la cual puede ampliarse a invalidez total o permanente a opción del banco. En tanto, a pedido del asegurado, se puede ampliar la cobertura en caso de de-sempleo e invalidez total y temporaria. La medida excluye coberturas que se superponen estas últimas, como enfermedades graves, terminales y hospitalización. También se eliminarán otras cláusulas “abusivas”, por desempleo masivo o sida.

Bajo el nuevo marco se limita el plazo de carencia –sin cobertura– y queda sólo para los casos que no tengan una evaluación previa de la salud del consumidor. Se limitó a 30 y 60 días respectivamente. También se elevan los requisitos informativos y los datos que deben incluir los resúmenes de cuenta. Por último, se prohibió a los bancos actuar en carácter de productores de seguros. “Cualquier discrepancia con respecto al saldo deudor a cubrir nunca deberá perjudicar al asegurado”, afirma la medida.

El devastador escenario que se presenta en Japón a partir del terremoto y posterior tsunami continúa generando interrogantes en el mercado respecto del impacto que tendrá para el resto del mundo. El peso de la economía nipona en el Producto global plantea una serie de desafíos para amortiguar la inevitable caída que exhibirá en el corto plazo la demanda de bienes. Los ministros de Finanzas de los países más poderosos del planeta (G-7) anunciaron una “intervención coordinada” para trasmitir tranquilidad a los inversores. A esto se suman las inyecciones de yenes en el sistema financiero que realizó el Banco de Japón por el equivalente de 602.000 millones de dólares. El objetivo oficial es mantener su moneda depreciada para no perder competitividad.

La primera respuesta de los inversores ante las noticias que llegaban del país asiático fue vender sus tenencias en activos bursátiles y de contratos a futuro en materias primas. Unos pocos fondos adquirieron bonos del Tesoro estadounidense y otros activos denominados refugio, como el oro, que el viernes cerró en 1419,60 dólares la onza troy. El volumen global operado se redujo en varios miles de millones de dólares. Como consecuencia de este comportamiento preventivo se desplomaron los precios de los commodities y luego las cotizaciones de las acciones de las empresas vinculadas con ese segmento.

En el caso del petróleo, que también sufrió un ajuste bajista, intervinieron otros factores geopolíticos. La decisión de las Naciones Unidas de dar vía libre a una acción militar en Libia revitalizó las negociaciones del crudo. Su precio había caído ante especulaciones de una menor demanda por parte de Japón y el anuncio de que Khadafi paralizaría sus acciones militares. “Fueron todos movimientos especulativos. Ni se justificó la suba cuando comenzaron esos problemas en Medio Oriente ni la baja ahora”, manifestó a Cash el economista José Siaba Serrate.

Los commodities agrícolas también iniciaron en un principio una fase descendente de precios. Las bajas intradiarias llegaron a más de 10 por ciento. Si bien el desastre natural –y nuclear– obliga al gobierno japonés a administrar la escasez de alimentos, agua y combustibles, la recuperación de ese país conllevará un significativo aumento posterior en la demanda. En particular, el mercado de granos enfrenta un panorama complejo. La industria forrajera nipona registra severos daños, dado que este terremoto afectó a gran parte del territorio de ese país.

Las dudas también apuntan al tiempo que le llevará la recuperación de su infraestructura. Esa incertidumbre se refleja en los principales índices accionarios del mundo. El mayor interrogante es si esta situación revitalizará la alicaída economía mundial o, por el contrario, se convertirá en un lastre para su recuperación. Para evitar que el impacto negativo de corto plazo complique al resto de los países, los líderes de Finanzas del G-7 dispusieron un paquete de ayuda que permitirá garantizar el suministro energético y de alimentos para la reconstrucción de Japón.

Este selecto grupo de naciones acordó además una acción conjunta para actuar en los mercados financieros e impedir una suba excesiva del yen. En ese sentido, el Banco de Japón inyectó el viernes cuatro billones de yenes (unos 48.000 millones de dólares) para contribuir a la estabilización de su moneda. Tras conocerse estas medidas, el yen descendió algunos centavos para cerrar en 81,73 unidades contra el dólar y 114,95 ante el euro. El índice accionario Nikkei, en Tokio, también mostró una recuperación de casi cinco puntos en las últimas 48 horas hábiles de operaciones.

ccarrillo@pagina12.com.ar

La acción coordinada de los líderes de Finanzas del G-7 para detener la apreciación del yen permitió ayer un respiro en los mercados internacionales. La economía japonesa tiene un importante sesgo exportador y el aumento en la cotización de su moneda amenazaba con entorpecer su recuperación. Es la primera vez en más de una década que este grupo de países interviene en un mercado cambiario. Tras el anuncio, el tipo de cambio descendió de los 79 yenes por dólar a los que había cerrado el jueves a 81 unidades. Más allá de lo financiero, el gobierno nipón desplegó un plan para aliviar la situación de escasez de alimentos, energía, combustible y agua en el país. Sobre el fin de semana algunas empresas emblemáticas del sector automotor y electrónico reiniciarán paulatinamente su actividad.

Los representantes de los bancos centrales del G-7 discutirán este fin de semana el impacto del terremoto, tsunami y consecuente desastre nuclear en la economía japonesa y mundial. Sobre este punto hay distintas visiones. Por un lado, se ubican los que opinan que los esfuerzos de reconstrucción reactivarán la economía japonesa –aunque en términos de riqueza se tratará de reposición de stocks– y, por otro, los que consideran que éste es un nuevo golpe que debilitará todavía más el crecimiento global. En ese sentido, mientras las grandes potencias debaten la forma en que la economía japonesa debe encarar su reconstrucción, se siguen sumando limitaciones a ese proceso.

- Financiero: Pasadas las primeras horas desde el sismo, la demanda de liquidez para iniciar las primeras obras de reconstrucción generó un rápido proceso de apreciación del yen. Ese exceso en la demanda de yenes amenazaba con impulsar al alza la tasa de interés e incrementar el costo crediticio al cual podrían acceder el gobierno, las compañías y las familias. De esta manera, el escenario monetario se había transformado en una amenaza y las inyecciones de fondos que realizaba diariamente el Banco de Japón no detenían la apreciación de la moneda.

Las autoridades del Banco Central de ese país pidieron ayuda a sus pares del G-7, quienes anteayer llevaron a cabo una política de intervención coordinada en el mercado de cambios, que logró detener la apreciación. Los representantes del G-7 se comprometieron también a vigilar de cerca los mercados cambiarios y “cooperar según lo exijan las circunstancias”. Se trató de la primera vez desde 2000 que los bancos centrales del G-7 coordinan una acción en el mercado de divisas.

- Energético: La economía nipona tiene una alta dependencia de la energía nuclear. Tiene 54 plantas nucleares, que proveen el 30 por ciento de su electricidad. Con el objetivo de administrar los escasos recursos energéticos que quedaron tras el sismo, el gobierno alertó acerca del riesgo de que se produjera un gran apagón en el área de Tokio. Les reclamó además a las empresas que reduzcan el consumo. La situación se complicó además por el aumento del consumo familiar debido a la fuerte caída de las temperaturas desde el miércoles pasado, que hace temer que la demanda supere la oferta.

A dos operadores de electricidad japoneses se los obligó a aplicar cortes de luz de entre tres y seis horas en parte del territorio. Como resultado, algunas empresas, a pesar de estar en condiciones de retomar sus funciones, prefirieron mantenerse inactivas hasta que se fortaleciera la matriz energética.

- Industria: El sector se prepara para una posible interrupción prolongada a nivel mundial de sus cadenas de suministro, dado que muchas multinacionales se proveen de piezas en ese país. En ese sentido, la industria automotriz es una de las principales afectadas, junto con los fabricantes electrónicos. Toyota, número uno del mundo, reanudó su producción el jueves en algunas de sus plantas de autopartes. Anunció además que desde este lunes comenzará a producir autopartes en sus plantas ubicadas fuera de Japón y retomará los envíos a sus mercados de destino. El parate de tres días que llevó adelante Toyota implicó que se dejaran de producir 40 mil vehículos.

Por su parte, Canon dijo que podría suspender la producción en una de sus plantas principales en Oita, al sur de Japón, atribuyendo la decisión a problemas con el abastecimiento y la distribución de algunos componentes. Si la cadena de suministro se interrumpe, aunque sea unas pocas semanas, el impacto podría sentirse en los precios o en la falta de aparatos como Tablets PC, teléfonos inteligentes y computadoras. Nikon dijo que la suspensión de sus plantas de equipos de precisión en el norte de Japón podría eventualmente trastornar la producción en las plantas más cercanas a la capital, que podrían quedarse sin componentes.

- Bolsas: La compañía encargada de la construcción y gestión de la mayoría de las centrales nucleares es Tokio Electric Power Company (Tepco). Desde que se produjo el tsunami, la firma inició un desplome escalonado en los precios de sus acciones: perdió 1,5, 23,6, 24,7, 24,6 y 13,4 por ciento en la semana. Analistas hablan de la desaparición de la compañía, que ya perdió el 63 por ciento de su valor bursátil.

En cambio, en la Bolsa de Tokio se registró una fuerte recuperación del índice industrial Nikkei, que avanzó ayer 2,7 por ciento. El Topix, un índicador más general, subió 2,4 por ciento. La mejora se inició luego de que se conociera el plan coordinado del G-7 y el volumen total de inyecciones de liquidez –unos 602 mil millones de dólares– que el Banco de Japón realizó para detener la apreciación de su moneda. De todos modos, ambos índices cierran la semana con un retroceso del 10,2 y 9,3 por ciento respectivamente.

El Senado aprobó ayer un proyecto que elimina las sumas no remunerativas dentro de los salarios del sector privado. La iniciativa pretende que a partir del 1º de enero del año próximo toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores surja de convenios colectivos tenga carácter remunerativo. El proyecto, con media sanción, fue girado a Diputados. El diputado Héctor Recalde aseguró a este diario que ya hay acuerdo en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja y estimó que podría sancionarse en las próximas sesiones. La iniciativa reúne la propuesta de Recalde (FpV) y la del senador Eugenio “Nito” Artaza (UCR). Los representantes del bloque Peronismo Federal solicitaron que se incluya a los empleados públicos, pero el pedido no prosperó.

Es una práctica habitual de algunas empresas otorgar aumentos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas. Esta figura implica que no se realizan los aportes y contribuciones pertinentes por esa parte del salario. En muchos casos, las sumas por este concepto se extienden un año y en otros se convierten en una manera de pagar una parte de los salarios en negro por un tiempo indefinido. En la primera sesión del año, el Senado avanzó sobre este problema, aprobando la eliminación gradual de las sumas no remunerativas. “Esto beneficia al trabajador, pero también a los jubilados, porque aumenta la masa crítica de aportes, y a las empresas, porque otorga seguridad jurídica”, expresó Recalde.

El senador Artaza subrayó que la iniciativa “significa el desarrollo de beneficios para el trabajador argentino” y coincidió en que con la puesta en marcha del esquema, la Anses y el PAMI recibirán miles de millones de pesos en concepto de nuevos aportes “que servirán para solventar el sistema jubilatorio y quitarle algo de litigiosidad”. Aseguró que, de obtenerse la media sanción que falta de Diputados, los trabajadores privados irán incorporando el 20 por ciento de esos valores en forma trimestral.

El proyecto contempla que los aumentos no remunerativos producto de las negociaciones colectivas que se desarrollen este año sólo podrán mantener esa condición durante un plazo máximo de seis meses. Después deberán sumarse al salario básico, convirtiéndose “en remuneratorias a todos los efectos legales y convencionales a partir del mes subsiguiente”. Además, las sumas con carácter no remunerativo pactadas en 2011 no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación colectiva. En el caso de los aumentos fijados con anterioridad, adquirirán carácter remunerativo de manera escalonada y progresiva, “a razón de un 20 por ciento de su valor pecuniario por cada trimestre calendario, contados a partir de los noventa días de publicación de esta ley”.

“El próximo paso será trabajar desde la comisión para avanzar eliminando las sumas no remunerativas en los empleados públicos nacionales y de las provincias”, agregó el legislador radical. La aclaración buscó responder a los planteos de algunos senadores que se quejaron por no incluirse a los estatales dentro del beneficio. El debate se inició cuando la senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal) preguntó si la iniciativa también estaba destinada al sector público. El radicalismo y el oficialismo coincidieron en que no podía sumarse al proyecto original. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, señaló que el Senado “no puede entrometerse en las decisiones de los estados provinciales”.

A la salteña se le sumaron su compañera de bancada Liliana Negre de Alonso y el justicialista pampeano Carlos Verna. Por su parte, la legisladora porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) pidió abstenerse en un artículo porque se debía “respetar la igualdad ante la ley”, y sugirió una “discriminación entre el sector público y privado”. A pesar de las salvedades presentadas durante el debate, los senadores del Peronismo Federal votaron a favor de la norma en general, que recibió el aval unánime. No obstante, votaron en contra del artículo 7, que excluye implícitamente a los trabajadores estatales.

Además de la acción legislativa, la Corte Suprema viene dictando fallos en el mismo sentido, que rechazan los mecanismos de pagos no remunerativos.

La fuga de capitales se incrementó en las últimas semanas, lo que elevó la brecha entre la cotización promedio del dólar en bancos y agencias de cambio y la de las denominadas “cuevas” de la city. Si bien el monto de esas operaciones informales es marginal, los organismos reguladores ajustaron controles. Esas transacciones de fuga son realizadas para eludir obligaciones fiscales y cambiarias. La investigación oficial apunta a movimientos con la compra de títulos públicos para su liquidación en el exterior, y en triangulaciones que realizan empresas con paraísos fiscales.

Los períodos preelectorales son aprovechados por especuladores para generar incertidumbre. Por los comicios presidenciales de octubre próximo se lanzó una nueva ola de alertas respecto del valor que alcanzará el dólar a fin de año. A esto se suma la difusión que realizan algunos medios de indicadores financieros de escaso rigor técnico para “medir” el humor de los ahorristas. Por ejemplo comparan la prima que se paga por el dólar en el circuito informal con la cotización de la divisa para así presentar la idea del resurgimiento de un mercado paralelo.

Las cifras publicadas en los últimos días dan cuenta de un dólar entre diez y quince centavos por encima del promedio oficial. Para algunos gurúes de la city, esta diferencia indica que se incrementó la fuga de capitales y, por ende, aumentaron las expectativas de devaluación y de inflación. Sin embargo, las operaciones informales, ya sean compras en “cuevas” o a los “arbolitos” o sofisticadas operaciones con activos bursátiles, no responden a esas expectativas. Sólo buscan eludir los controles oficiales.

Los organismos reguladores dispusieron una serie medidas –muchas fueron ajustes de las existentes– e iniciaron un seguimiento sobre algunas operaciones. La AFIP pondrá en marcha en los próximos días un nuevo mecanismo para que las empresas confeccionen la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. La medida los obliga a informar sobre el motivo y destino de las compras de dólares: pago de importaciones, alquileres, comisiones al exterior o tenencia.

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central se encuentran enfocados en las operaciones conocidas en la jerga financiera “contado con liquidación”. Esta práctica consiste en adquirir bonos o acciones en pesos en la plaza local y venderlos en Wall Street depositando los dólares obtenidos en una cuenta bancaria en el exterior. En este caso existe la imposición de retener esos activos bursátiles un mínimo de 72 horas en cartera antes de venderlas en el exterior. Esto le suma incertidumbre a la operación, dificultando la fuga de divisas. El precio derivado de la operación también es utilizado por algunos analistas como una medida del valor del dólar, a pesar de que en ese costo se incluye primas por liquidez y riesgo.

Desde la CNV apuntan que la utilización de este mecanismo se redujo fuertemente –96 por ciento– del pico registrado durante el lockout de las corporaciones agropecuarias. Este mes el Gobierno deberá abonar 1500 millones de dólares en vencimientos del Bonar V, el primer bono voluntario emitido en moneda extranjera después del canje de deuda. En las últimas semanas tuvo una fuerte demanda, lo que encendió luces de alerta entre los reguladores. El Bonar se compra con pesos, pero Economía entregará dólares al vencimiento. Tal como sucedió el año pasado con el Boden 2012, la investigación se realizará sobre grandes volúmenes de compras que se detectaron en estos días.

El cerco lo cierra la prohibición del Central para operar con paraísos fiscales. En los últimos días se registró un volumen importante de remesas de dinero enviadas al estado de Delaware. Se trata de un paraíso fiscal ubicado en Estados Unidos. Dado que ese país no engruesa la lista de territorios off-shore, no existen controles sobre esta jurisdicción. El costo de triangular es elevado y sólo se justifica en la necesidad de fugar divisas sin pasar por los controles oficiales

ccarrillo@pagina12.com.ar

El desastre natural que sufrió ayer Japón traerá para ese país un desequilibrio económico de magnitud equivalente, con impactos variados para los mercados internacionales. Las pérdidas económicas hasta el momento son incalculables, pero puede tomarse como parámetro la reconstrucción que encaró el país tras el terremoto de 1995 –de menor magnitud que el de ayer–, que demandó 100 mil millones de dólares. A esto se suma la situación previa de deflación y alto endeudamiento del gobierno nipón, que hará todavía más difícil su recuperación. A nivel mundial los primeros efectos pudieron sentirse en el precio del petróleo, que se ubicó por primera vez en varias semanas por debajo de los 100 dólares el barril. Esto se debe a que Japón es el tercer consumidor de combustibles del mundo, detrás de China y Estados Unidos. En las Bolsas mundiales los papeles más afectados fueron los vinculados con firmas aseguradoras, ante las primeras especulacones sobre los desembolsos que deberán afrontar por los daños. En Argentina no se espera una repercusión negativa directa. Incluso podría beneficiarse de la exportación de alimentos durante el lapso que lleve la reconstrucción.

Japón aporta más del 8 por ciento al producto interno bruto mundial, con lo que se mantuvo durante una década como la segunda economía más grande del planeta. Recién el año pasado fue desplazada por China. Es además la segunda economía más poderosa en términos de tecnología, después de Estados Unidos. Sin embargo, la crisis financiera internacional de 2008 inició una etapa recesiva en el país, siendo uno de los desarrollados más afectados por la caída de las inversiones y la demanda mundial de sus exportaciones. Esto último hizo peligrar su superávit comercial. Para salir de esa situación anunció en abril de 2009 un plan trienal de estímulo por 150 mil millones de dólares. Las últimas cifras difundidas daban cuenta de que esa crisis comenzaba a quedar a atrás.

El terremoto de ayer arrasó con todo. “Es un episodio catastrófico tanto desde lo humano como desde lo material. La destrucción de riqueza que produjo este hecho es inmensurable. Esto plantea una dura paradoja, dado que en términos de flujo del producto interno bruto Japón mostrará un alto nivel de crecimiento, pero sólo estará recomponiendo stock”, explicó a Página/12 el economista José Siaba Serrate. El analista especuló con que la recuperación será mucho más costosa que la encarada luego del terremoto de 1995, a lo que se suman las difíciles condiciones previas a este último desastre. “El alto endeudamiento es uno de los principales problemas que tiene Japón, debido a que mucho de lo que se destruyó era colateral (garantía) de parte de la deuda estatal y privada”, agregó Siaba Serrate.

Por ejemplo, desde viviendas hipotecadas hasta empresas que perdieron sus instalaciones pero conservan las obligaciones crediticias. Seguramente el Estado se deberá hacer cargo de saldar esos compromisos. La deuda nipona equivale a dos veces su producto interno bruto (aproximadamente 4,5 billones de dólares).

El impacto internacional también es difícil de determinar. “La situación abre un abanico de efectos, dependiendo del sector de que se trate”, opinó el especialista. “Esto es seguramente lo peor que le pudo pasar a Japón en el peor momento económico”, publicó en su sitio web el economista Nouriel Roubini, de la Escuela de Negocios Stern de Nueva York, famoso por haber pronosticado la crisis financiera de 2008. “Cuando hay un shock como este tiende a producir un debilitamiento de la actividad económica en el corto plazo”, agregó. Por ejemplo, desde el lado de la oferta, el sector automotor podría verse sacudido. Toyota, la automotriz número uno del mundo, tuvo que cerrar sus plantas de producción por daños en varias de ellas. Una situación similar sucede con Nissan y Honda. Japón también es uno de los líderes en el sector tecnológico. Sony cerró sus centros de ensamblaje. Por el lado de las demanda, la industria japonesa es sumamente dependiente de las importaciones de materias primas y combustibles. Además, importa el 60 por ciento de los alimentos que consume su población.

La primera repercusión internacional vino por el canal de la demanda. El precio del petróleo se retrotrajo en Nueva York a 99,36 dólares el barril de crudo WTI. Es la primera vez que evidencia una caída tan marcada y además se ubica por debajo de los 100 dólares luego de varias semanas de alzas producto de la inestabilidad política en Medio Oriente. La caída en el combustible estuvo vinculada con una menor demanda esperada, dado el peso de las compras niponas a nivel mundial. Se prevé que la recuperación de su parque automotor lleve algunos años, lo que derivará en un menor consumo de combustible en el corto plazo. En el sector financiero los índices accionarios de las principales plazas bursátiles evidenciaron caídas leves, aunque se desplomaron los activos del sector asegurador. Papeles de las compañías de seguros en todo el mundo sufrieron recortes en cotizaciones de entre 2,5 y 7 por ciento. De todos modos, Wall Street subió 0,5 por ciento y la Bolsa de Buenos Aires bajó apenas 0,07 por ciento, mientras que el dólar siguió sin cambios a 4,06 pesos.

Por el lado comercial, Argentina, Brasil y Perú son los principales referentes de Japón en la región. En particular, la Argentina le exporta concentrados de cobre, aluminio, granos, camarones y langostinos y mosto de uva concentrado, entre otros. Por su parte, de Japón se importan principalmente automóviles y autopartes, medicamentos y mecanismos de impresoras láser. Ese comercio bilateral arrojó el año pasado un déficit para la Argentina de 379 millones de dólares. El país importó de Japón 1191 millones de dólares y exportó 813 millones, en su mayoría (61 por ciento) en productos primarios.

El superintendente de Seguros, Francisco Durañona, reconoció ayer que la implementación de un nuevo marco regulatorio para las compañías aseguradoras responde a sospechas sobre fuga de capitales por parte de estas empresas. La Superintendencia dictó hace quince días una resolución que introduce cambios en el negocio, entre los que se destaca la obligatoriedad de que las firmas, en su mayoría extranjeras, se reaseguren y abran sucursales en el país. Según adelantó Durañona, ya existe una decena de empresas que manifestó su intención formal de ingresar al mercado bajo el nuevo esquema. Además, desestimó los rumores sobre la intención del Gobierno de crear una aseguradora estatal.

La Superintendencia, a partir de la resolución 35.615, obligará desde septiembre próximo a las compañías del segmento a contar con un porcentaje de su capital en el país. “A través de la experiencia acumulada, se ha determinado que resulta necesario adecuar los mecanismos de control para garantizar la solvencia de aseguradores y reaseguradores que operan en el país”, señala la norma.

Durañona admitió, no obstante, que la decisión de prohibir a las operadoras a reasegurarse en el exterior, como ocurre hasta ahora, tiene como uno de los motivos la sospecha de que había fuga de capitales. El funcionario consideró que era “llamativa” la divergencia cada vez más amplia entre las primas contratadas por reaseguros en el exterior y los pagos de siniestros. En 2002 esa brecha no llegaba a 70 millones de dólares, se incrementó a 255 millones en 2005 y continuó en ascenso hasta llegar a casi 610 millones en 2010. De acuerdo con datos de la Superintendencia, el año pasado se contrataron primas en el exterior por 1200 millones de dólares. Alemania, Estados Unidos, España, Reino Unido y Suiza eran los principales destinos. “Eso podría tratarse de fuga de capitales”, reiteró Durañona.

No bien se conocieron esas medidas, varias firmas extranjeras alertaron sobre la desaparición del negocio. Sin embargo, el superintendente de Seguros adelantó que para septiembre –fecha límite para cumplir con el nuevo esquema– se sumarán diez nuevas compañías reaseguradoras al segmento. El funcionario explicó que el organismo tiene registradas seis compañías extranjeras interesadas y autorizadas para brindar el servicio de reaseguros, pero que no están operando. A esto se sumarían cuatro firmas locales, que están iniciando los trámites.

Luego de que se ponga en marcha el nuevo sistema de reaseguros comienzan las tareas de armonización de la legislación local con la brasileña. “La idea es crear un mercado regional”, dijo el superintendente, quien supuso que en los próximos 50 años “la región será líder en el crecimiento mundial”. Con esto, Durañona descartó la posibilidad de que exista en carpeta del Ejecutivo nacional la intención de crear una firma estatal o que las medidas deriven en la conformación de monopolios. Por último, el funcionario señaló que estos cambios responden también a las observaciones que recibió el país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que vigila el lavado de dinero.

En las últimas semanas comenzó a instalarse desde algunos medios la idea de un mercado de dólares paralelo, y publican los precios que se ofrecen en las denominadas cuevas como la “correcta” cotización de la divisa. Este precio suele estar entre diez y quince centavos por encima del que las agencias del microcentro publican diariamente. El dólar paralelo cobró protagonismo en la décadas del ochenta, parte de los noventa y durante la crisis del 2001. En esos períodos no existía para quien no fuese un importador la posibilidad de comprar dólares. La única opción era por la vía informal. Actualmente un ahorrista puede adquirir hasta dos millones al año. Los canales informales continúan abiertos, pero se utilizan para eludir controles fiscales. Se negocian en promedio cerca de 20 millones de dólares diarios en el circuito informal, contra 600 millones que mueve diariamente el mercado regular.

Los interlocutores del establishment financiero apuntan a las operaciones de contado con liquidación como referencia del tipo de cambio. El contado con “liqui” –como se lo denomina en la jerga financiera– o “dólar cable” consiste en comprar un bono o acción en el país que tenga cotización en el exterior y venderlo en Nueva York. La compra es en pesos y la venta en dólares. En el caso de las acciones se utilizan afuera los ADR (American Depositary Receipt). Es un instrumento financiero creado para que las acciones de las compañías extranjeras se negocien en las Bolsas estadounidenses. El costo de la transacción es la que se utiliza de manera errónea para establecer un tipo de cambio paralelo. Su aumento o disminución, según algunos medios autodenominados especializados, permite medir el grado de insatisfacción sobre el Gobierno.

El contado “con liqui” reaparece, como forma de fuga de divisas, a partir del lockout de las corporaciones agropecuarias, en 2008, alcanzando su máximo en octubre (2927 millones de dólares) con la debacle financiera internacional. En ese momento el Gobierno dispuso una serie de medidas para detener esa sangría. Desde ese momento a la fecha el volumen de operaciones de contado “con liqui” se redujo en casi el ciento por ciento, pero no se eliminó su práctica. Los inversores continúan usando el mecanismo para evitar controles cambiarios o fiscales.

En la negociación de títulos públicos operados en dólar cable se observa un comportamiento similar a la operatoria en pesos. El mes pasado se registró una caída de aproximadamente 50 por ciento del volumen negociado respecto del promedio de enero previo, según un informe interno que elaboró la Comisión Nacional de Valores (CNV). En contado “con liqui” se operan 5 millones de dólares diarios promedio, con rangos de entre 100 mil y 15 millones, menos de un uno por ciento de los 600 millones diarios que se negocia en el Forex (del mercado abierto electrónico).

Independientemente de los volúmenes, los precios tampoco son indicativos. El tipo de cambio formal registró un aumento del 1,4 por ciento en lo que va del año, mientras que el implícito registró una suba de 2,7. “Es esperable que su incremento sea mayor al registrado para el tipo de cambio formal, fundamentalmente por los costos que implica para el operador la negociación de un título en diferentes monedas”, señaló a este diario el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Estos riesgos se materializan en costos de transacción que se sumarían al valor del dólar formal y que surge de la negociación en el mercado de cambios.

Otro canal informal son los conocidos “arbolitos” de la city. El negocio surge mediante la compra de los dólares en el circuito formal y luego es ofrecido en el microcentro hasta diez centavos más que el precio al que lo adquirieron. Las operaciones son insignificantes y generalmente responden a personas que no quieren tener ningún tipo de exposición. “Algunos tienen la paranoia de que la AFIP les va a mandar una carta. Todavía quedaron resabios de la publicación de la lista de grandes compradores de dólares que realizó (el ex titular del Central, Martín) Redrado, a modo de chantaje antes de que dejase su puesto”, manifestó a este diario el jefe de operaciones de una casa de cambio.

De esta manera, los grandes inversores que buscan saltar las barreras al ingreso o salida de divisas utilizan el contado “con liqui”, mientras que aquellos ahorristas que no pueden justificar sus ingresos tienen a su disposición a los arbolitos. Para el resto están los bancos y las agencias de cambio del microcentro, que los venden más barato.