Página#12 Libre

En un fallo con inevitable polémica, Martín Ríos, que pasó a la historia del crimen como “el tirador serial de Belgrano”, fue declarado inimputable y absuelto por cuatro ataques a balazos que protagonizó, en uno de los cuales murió Alfredo Marcenac, de 18 años. Los jueces del Tribunal Oral Nº 12 se apoyaron en el dictamen de 12 peritos –sobre un total de 17– que señalaron que su enfermedad mental lo hace inimputable porque “no comprendió la criminalidad de sus actos ni pudo dirigir sus acciones” durante los hechos de violencia de su autoría. Ríos seguirá detenido, con tratamiento psiquiátrico, en la Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que funciona en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, hasta que los médicos determinen que ha cesado “el estado de peligrosidad” que representa para sí mismo y para terceros. “El Estado nos vuelve a victimizar. Primero permitió, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), que este asesino pudiera tener un arma y ahora, a través de sus jueces, dicta un fallo inadmisible”, se quejó Adrián Marcenac, padre del joven asesinado el 6 de julio de 2006, cuando Ríos atacó a balazos a numerosas personas, en Cabildo al 1700, en el barrio porteño de Belgrano.

Consultado por Página/12 acerca de la desazón de la familia Marcenac frente al fallo, Angel Ramallo, uno de los defensores de Ríos, dijo que se solidariza “con el dolor de la familia”, pero a la vez recordó que su representado “está en una cárcel, con la seguridad que tiene una cárcel que además es un loquero. Allí va a tener contención porque va a estar medicado. En una cárcel común podría llegar a matar a otras personas. Además, por el cuadro que él tiene, yo creo que va a estar allí de por vida porque es una persona muy peligrosa que no maneja sus actos”. Las palabras de Ramallo estuvieron referidas a las expresiones de la familia Marcenac, en el sentido de que Ríos podría salir en libertad “en unos meses o en cuatro o cinco años”, si los médicos le dan el alta.

Ríos, presente cuando leyeron la sentencia, estuvo hamacándose en forma permanente en su silla fija como si estuviera en una mecedora. Tenía la mirada ausente y actuó con indiferencia, como si no hubiera escuchado la sentencia. Antes había respondido con un “no”, cuando los jueces Ana Dieta de Herrero, Carlos Bruno y Alfredo Rizzo Romano le ofrecieron la posibilidad de pronunciar su alegato final, antes de escuchar el veredicto. Adrián Marcenac, el padre del joven asesinado por Ríos, consideró que el fallo absolutorio “es vergonzoso”.

“Estos señores del tribunal oral no supieron leer el expediente. No sabían lo que estaba escrito allí y ahora serán responsables de las próximas muertes de este asesino”, insistió el papá de la víctima. La madre, Mónica Bouyssede, también repudió la decisión: “Estos son los jueces que tenemos, hay que recordar bien los nombres, porque deberán hacerse responsables de las próximas muertes de este asesino”. En la sala estuvieron presentes muchos amigos de Alfredo Marcenac, que llegaron a la Capital Federal desde Necochea, donde vivía con su familia, para presenciar el cierre del juicio.

Los dos hermanos mayores del joven asesinado, Lucía y Juan Enrique, lloraron cuando escucharon la sentencia. Su reacción inmediata fue tomarse de las manos y poner sobre su pecho una fotografía de Alfredo que debajo tenía la palabra “justicia”. El fiscal del juicio, Carlos Giménez Bauer, que había pedido cadena perpetua para Ríos, confirmó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación.

Luego de escuchar las palabras dolidas y las duras críticas de los padres de Marcenac, el abogado Angel Ramallo, defensor de Ríos, recordó que el imputado “está preso desde octubre de 2006 en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, donde recibe cuatro medicaciones diarias que lo mantienen como en las nubes. Toma medicina para su psicosis y pastillas para dormir. Yo creo que va a estar allí de por vida y está bien que eso ocurra, porque es una persona peligrosa. En este caso, con el fallo, no hubo ni vencedores ni vencidos. Yo lamento lo que le pasó a la familia Marcenac, porque la pérdida de un hijo es irreparable, pero ahora se hizo lo mejor posible: que el loco esté en un loquero, porque es peligroso y no podía estar en una cárcel común”. Sin embargo, el fallo coincide con el pedido de la defensa de Ríos, que pidió que se lo declare inimputable.

Ramallo coincidió en un punto con los padres de Marcenac, en la responsabilidad del Estado. “El Renar es el responsable de haberle entregado un arma a una persona que no podía ser habilitada porque estaba loca”, insistió el defensor. Uno de los peritos de la defensa sostuvo en el juicio que Ríos “no distingue entre jugar con la PlayStation o estar en la calle matando gente” y que debe estar internado “de por vida”. Doce peritos dijeron que era inimputable y otros cinco que era un “simulador” y que debía ser imputado. Ahora, un juez de Ejecución Penal, junto con un juez en lo civil, serán los encargados de custodiar que Ríos cumpla con el tratamiento psiquiátrico que no seguía cuando estaba en libertad.

Por disposición de los jueces, la pistola Bersa Thunder calibre 380 con la que Ríos asesinó a Marcenac y cometió otras once tentativas de homicidio deberá quedar en depósito en el Renar, el organismo que le permitió tener un arma a pesar de sus antecedentes psiquiátricos. El fallo también fue rechazado por Mariano García Tejera, de 26 años, y su ex novia Sabrina Sangiao, atacados por Ríos en marzo de 2006 en una confitería de Cramer y Juramento. “Siento mucha bronca. Este asesino casi me mata y ahora, si lo dan por curado, tiene la posibilidad de salir”, dijo Sabrina.

Los fiscales del juicio en el cual el cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por “abuso sexual y corrupción de menores” agravados apelaron la decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de mantener el régimen de “libertad vigilada” en la que se encuentra el sacerdote y pidieron que se decrete su “inmediata detención y prisión preventiva”. Entre los argumentos expuestos por los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez figura en primer término “la existencia del peligro de fuga”, teniendo en cuenta que Grassi dispone “de importantes sumas de dinero para lograr escapar y de inescrupulosos individuos dispuestos a ayudarlo en todo momento”. Como ejemplo se cita lo ocurrido el 23 de octubre de 2002, en el Canal 9, cuando recién se hacía pública la denuncia contra Grassi y el cura “era alertado por comunicadores sociales que debía huir del citado canal de televisión porque la Justicia lo buscaba”.

En su apelación ante la Cámara de Garantías de Morón, los fiscales apuntaron que, con anterioridad, Grassi ya “se había fugado de la Fundación Felices los Niños”. Varela y Rodríguez recalcaron que “el condenado por sentencia no firme huyó dos veces para no ser atrapado y se presentó cuando él quiso”. En la apelación, se puso en duda la disposición del imputado a someterse al proceso. “Si se pudo llegar a la conclusión del juicio, no fue ‘gracias a’ sino ‘pese a’ la actitud asumida por el imputado y su defensa, que plantearon cuanta cuestión dilatoria se les ocurrió (...) durante el proceso (...) y durante el debate”.

Mencionaron, como ejemplos, las recusaciones “de todos, contra todos y sin fundamentos”, la pretensión de lograr “un juicio por jurados pero sin jueces, para que nadie pueda luego dictar una resolución” o “solicitudes de nulidad rechazadas y nuevamente intentadas para demorar el trámite”. Recordaron la aceptación inicial de algunas diligencias, como las pericias psiquiátricas de Grassi, para luego “obstaculizarlas obscenamente” por parte de la defensa y del imputado “llegando a un histeriqueo procesal” como se denunció en el alegato final de la fiscalía.

También se mencionaron otras “maniobras”, como la de “perseguir a las víctimas para establecer sus domicilios (...) vaya a saberse con qué intenciones”, como ocurrió en el caso del chico conocido como “Gabriel”, por cuya denuncia se condenó a Grassi. En el mismo sentido “se fraguó una denuncia imputando falsamente la comisión del delito de extorsión” al mismo “Gabriel”, a través de una supuesta cámara oculta en la que aparecía otro chico al que se pretendía hacer pasar por el denunciante, por su parecido físico, pero ocultándole el rostro.

Otra de las presiones señaladas es la que sufrió el obispo emérito de Morón, monseñor Justo Laguna, visitado en su casa por Grassi y su amigo Fabián Amarilla, días antes de la fecha en la que debía presentarse a declarar. Esa visita fue presenciada por los fiscales, que habían montado guardia frente a la casa de Laguna, alertados por lo que ya había pasado con otros testigos que iban a declarar en contra del imputado.

Mencionaron, además, el “injustificado agravio” del que fue víctima “Gabriel”, en el alegato de la defensa, que se refirió a su “estado de huérfano”, en forma despectiva. Los fiscales temen que sigan las presiones sobre “Gabriel”, dado que Grassi “permanecerá libre y con restricciones controladas sólo por una persona de su confianza”. Afirmaron que “nadie puede sostener que Grassi dejará la persecución contra ‘Gabriel’”.

“Pero lo más inaudito –recalcaron– es que pese a haber dado por probados los hechos por los que se lo condenó, cometidos todos dentro de la sede Hurlingham” de la Fundación, ahora se le permita a Grassi “presentarse en la misma” cualquier día, de lunes a domingo, “bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe”. Los fiscales pidieron la detención de Grassi para que no siga haciendo “lo que quiera, con quien quiera y sin control alguno”.

Un grupo de trabajadores de Radio Provincia de Buenos Aires comenzó una campaña para declarar “persona no grata y exigir la renuncia” al programa que conduce en esa emisora el conductor televisivo y radial Raúl Portal, en razón del apoyo incondicional que viene manifestando a favor de la inocencia del cura Julio César Gra-ssi, condenado a 15 años de prisión por “abuso sexual y corrupción” de menores. Portal es cuestionado por muchos de sus colegas en la radio, donde tiene un programa, El portal de la tarde, que sale al aire todos los sábados, de 14 a 17, por la emisora estatal. “La radio pública debe defender, difundir y garantizar no sólo los derechos humanos sino también los valores esenciales que deben regir en la sociedad”, expresa el texto de un comunicado, al que tuvo acceso Página/12, que está circulando desde hace más de una semana entre los trabajadores de la emisora que depende del gobierno bonaerense.

“La iniciativa partió de un grupo que trabaja en la radio, algunos de ellos vinculados con la agrupación Libres del Sur, a la que se le han ido sumando otras personas”, confirmó una fuente oficial consultada por este diario. Los que impulsan la iniciativa están analizando, incluso, la posibilidad de hacer un “escrache” a Portal, quien sale en vivo todos los sábados por la emisora platense. “Lo que están buscando es que el directorio de la radio le pida la renuncia a Portal o que él mismo decida dar un paso al costado. Lo que se cuestiona es la adhesión que ha manifestado, en forma permanente, a la inocencia del padre Grassi.”

Portal, quien dice ser el “amigo del alma” del sacerdote condenado en primera instancia, está mencionado reiteradas veces a lo largo del fallo emitido el 10 de junio pasado por el Tribunal Oral 1 de Morón, por el cual fue condenado Grassi por dos hechos de “abuso sexual y corrupción de menores” en perjuicio de un chico conocido por el nombre supuesto de “Gabriel”. Distintos testigos citados en la sentencia aseguraron que Portal hizo fuertes gestiones ante periodistas de Canal 13 de Buenos Aires para tratar de impedir la puesta en pantalla del programa de Telenoche Investiga que hizo públicas las denuncias contra el cura.

El texto que está circulando entre los empleados de Radio Provincia propicia que los trabajadores de la emisora declaren “persona no grata a Raúl Portal” y que el directorio le pida la renuncia por su apoyo a Grassi. “Creemos necesario hacer público nuestro desagrado al saber que una persona que defiende a un abusador esté al frente de un programa en la radio pública de la provincia de Buenos Aires.” Por esa razón, el núcleo convocante propicia “el repudio a la posición pública del conductor, convertido en el principal defensor del sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso de menores”.

Los promotores de la iniciativa expresaron que les preocupa “pensar en lo que deben sentir los menores que han brindado su testimonio y las pruebas para que Grassi sea condenado”. Por todo lo dicho, recalcaron que “la radio pública debe defender, difundir y garantizar no sólo los derechos humanos, sino también los valores esenciales que deben regir en la sociedad”. La defensa de Grassi por parte de Portal viene de lejos, desde antes de la puesta en el aire del programa en el que se lo denunció públicamente, en octubre de 2002.

Carlos Antonio D’Elia, productor ejecutivo de Telenoche Investiga cuando se hizo el programa sobre Grassi, recordó una entrevista personal que tuvo con Portal, una semana antes de la puesta en el aire de la denuncia. “¿Qué tienen de Julio?”, fue la pregunta inicial de Portal, quien se hizo presente en las oficinas del Canal 13. Ante el silencio de D’Elia, el amigo de Grassi se manifestó preocupado por las consecuencias económicas que podría ocasionar una denuncia: “Se me van a caer los sponsors, se me van a caer los sponsors”, repetía Portal, según D’Elia, en alusión a las empresas y particulares que aportaban importantes sumas de dinero a la Fundación Felices los Niños.

Portal, incluso, llegó a ofrecer que uno de los sponsors “pagara una auditoría (contable) de la (consultora) Price Waterhouse”, admitiendo la posibilidad de que Grassi no fuera “muy ordenado” en el manejo de las millonarias sumas de dinero que ingresaban a la Fundación. Luego de tratar de conocer, sin éxito, el tenor de las denuncias que iban a ser difundidas, Portal, según lo declarado por D’Elia, le comentó al productor televisivo: “Mirá, todas las personas tienen debilidades”. Ante los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón, D’Elia sostuvo que luego de escuchar la frase comprendió que “esa ‘debilidad’ (de la que habló Portal) era el tema en cuestión”, el del abuso sexual, que iba a ocupar el centro del programa y de la denuncia que iba a llevar siete años después a la condena de Grassi por “abuso sexual y corrupción de menores”.

En el único lugar donde Portal no defendió a Grassi fue ante la Justicia, cuando declaró frente a los miembros del Tribunal Oral 1, tal vez para no quedar al borde del “falso testimonio”, como les ocurrió a algunos colaboradores del sacerdote, como Juan Domingo Pérez, Flavio Móndolo, Carlos Carvallo o Alicia Melgarejo. Portal dijo que desconocía los hábitos privados del cura y cuáles eran sus “preferidos” entre los chicos alojados en la Fundación. “Yo no sé con quién ni dónde duerme Grassi. Ni conozco a los chicos (denunciantes). Yo soy el que manguea (dinero para la Fundación), nada más.”