Página#12 Libre

“Pido justicia para mi mamá y Mariano, quiero que esos hijos de puta sean condenados.” Los ojos negros de Vanesa González se encienden a medida que relata la historia de su madre: Elsa Rodríguez, la militante del Partido Obrero que el 20 de octubre recibió un disparo en la cabeza, en Barracas –durante el ataque orquestado por la patota de la Unión Ferroviaria–, para aleccionar a los trabajadores tercerizados de la Línea Roca que pedían el pase a planta permanente. Ese día asesinaron a Mariano Ferreyra e hirieron a Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Durante el encuentro con Página/12 en el local porteño del PO, Vanesa rescata el compromiso de su madre en el comedor de Berazategui: el barrio que la vio nacer a la militancia política.

Sus compañeros y vecinos coinciden en que la organización del barrio “no es la misma sin Elsa” y destacan que “es una compañera muy valiosa”. Para solventar el tratamiento y la construcción de la casa, lanzaron una campaña solidaria. “Cuando mi mamá se mejore, sus hijos van a acompañarla a Plaza de Mayo”, promete Vanesa González.

–¿Cómo era la vida de tu mamá antes del 20 de octubre?

–Todo pasaba por el partido, andaba siempre de reunión en reunión. Me enojaba mucho con ella porque no la encontraba cuando iba a visitarla. A ella le gustaba eso, y le sigue gustando, nadie la obligaba a nada. El año pasado fuimos a comer a su casa por el Día de la Madre. Llamaba a sus compañeros para recordarles que no se olvidaran de la marcha por los tercerizados. Ese día me enojé, y ella empezó con su sermón.

–Más allá de su militancia, ¿cómo era la relación con vos y con tus hermanos?

–Luchó por nosotros siete en un país que no era el de ella. No me olvido de esas cosas ni del primer día que entramos a terapia, cuando le dispararon. Todos le cerraban la puerta en la cara cuando llegamos desde Uruguay. No teníamos para comer, no teníamos zapatillas, no teníamos nada. Todos los días hacíamos fuego. Pedíamos azúcar a los vecinos. Lo que vivió mi mamá no se lo deseo a nadie. Siempre luchando, limpiando casas por dos pesos con cincuenta. A mi papá se le ocurrió traernos para acá y nos dejó tirados.

Elsa Magalí Rodríguez llegó a Buenos Aires, desde su Montevideo natal, hace veintisiete años. Su compañero la abandonaría, tiempo después, con un puñado de hijos a cuestas. Hasta que fue herida en el brutal ataque, en octubre pasado, se ganaba la vida trabajando en casas de familia. Hoy vive en el barrio Bustillo, en Hudson. El disparo que recibió en la cabeza le dejó el costado derecho del cuerpo paralizado por una hemiplejía y una afasia mixta severa que le impide hablar. Elsa espera que le entreguen el documento nacional de identidad argentino para tramitar una pensión por discapacidad.

–¿Cómo era su situación en el Partido Obrero?

–Nunca le pidió nada al Partido Obrero. Luchaba más por los otros que por ella misma. Cuando se enteraron de que mi mamá estaba en el partido, todos se le acercaron para ofrecerle chapas. Su casa siempre fue muy precaria. Cuando mi hermana mayor le preguntó por qué no se iba con ellos, mi mamá no le habló por un mes. Llegó hasta el 20 de octubre. Ahora hay que luchar. Le agradezco a la persona que la llevó al hospital y a todo el Argerich porque hoy tengo a mi mamá.

–¿Habló con vos sobre aquella movilización a Avellaneda en apoyo a los tercerizados?

–Siempre me invitaba al acto en Avellaneda por (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán. Me habló de la marcha (de los tercerizados) y le avisé que iba con mi nene, pero me advirtió que no se podía ir con chicos. Me pareció extraño que me dijera que no fuera a la marcha. Me pidió que la llamara a la noche. “Vanesa te quiero mucho, te amo, cuidate”, fue lo último que me dijo.

–¿Cómo supiste que estaba herida?

–Mi hermana mayor me llamó por teléfono para decirme que a mi mamá le habían disparado, que tenía una bala en la cabeza. Le dije que no podía ser. Prendí la tele. En Crónica pasaban la foto de mi mamá y decían: “Falleció Elsa Rodríguez”. No lo podía creer. Quería llegar al (hospital) Argerich y no sabía cómo. Aunque somos grandes, mi mamá sigue siendo el sostén de todos mis hermanos. Es el pilar de la casa.

–¿Cómo afronta tu madre este momento?

–Con altas y bajas. Tenemos que entenderla, no es fácil. Era una mujer que no dependía de nadie, muy activa. Mientras hago trámites, mi hermana Estefanía la cuida. A veces llora y llora, pero como no puede hablar no sabemos qué le pasa. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Aunque hay días que quiere ir a rehabilitación y otros que no, demuestra que tiene mucha fuerza y quiere salir de esa silla de ruedas.

–Poco antes del ataque de Barracas, tu mamá había participado en un Encuentro de Mujeres que se organizó en Entre Ríos. ¿Cómo fue eso?

–Ese viaje le hizo muy bien, vino muy cambiada. Dijo que iba a reunirse con sus compañeras muy pronto. Físicamente estaba renovada, muy contenta por todo lo que había vivido en el encuentro. Recuerdo que nos decía: “Yo no tengo marido. Si quiero comer, como. Voy y regreso a la hora que quiero, no tengo que rendirle cuentas a nadie”.

–¿En qué consiste la campaña solidaria que comenzaron?

–Se abrió una cuenta bancaria en el Banco Credicoop (Número 191.001.050914.2) para solventar el tratamiento y la construcción de una vivienda. Además de una casa que le permita desplazarse en silla de ruedas, necesita termotanque y estufa. También frazadas, un colchón y albañiles que nos ayuden en la construcción de la casa.

–¿Tu mamá y Mariano se conocían?

–Sí. El había ido a Berazategui, hace dos años, para hacer una pintada y colaborar con el comedor donde trabajaba mi mamá. Estefanía, que también lo conoció, me decía que Mariano no tenía maldad y que iba a la facultad, que era un muy buen pibe.

La responsabilidad de jueces y fiscales que actuaron durante la última dictadura militar en Córdoba comenzó a ventilarse después de las condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros represores por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1. En la primera audiencia oral y pública, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia escuchó los fundamentos de los abogados defensores de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. Todos están bajo la lupa de la Justicia por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos treinta presos políticos detenidos en la UP1, asesinados entre abril y octubre de 1976.

En la audiencia de ayer, los abogados defensores solicitaron la prescripción de la causa por considerar que los hechos por los que se acusa a sus clientes prescribieron y “no configuran un tipo penal susceptible de ser calificado como delito de lesa humanidad”. El fiscal general Carlos Gonella rechazó esos argumentos y citó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad, como instrumento judicial que aborda la responsabilidad de los funcionarios estatales que “toleren” o “colaboren de cualquier modo” en la ejecución de estos delitos. El pedido fue avalado por los abogados querellantes Juan Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

“Estamos hablando del mismo fenómeno que se dio en los crímenes cometidos en la Unidad 9 de La Plata o en Margarita Belén”, dijo Gonella, en diálogo con Página/12, y agregó que se trata de fusilamientos de presos políticos que estaban “en blanco, bajo un sistema de represión que se había institucionalizado” antes del golpe de Estado. La responsabilidad de los magistrados tomó relevancia, el año pasado, en el juicio por la causa de la UP1. En ese momento, algunos testigos declararon que habían denunciado oportunamente –en indagatorias ante los jueces federales– una serie de apremios, amenazas de muerte y violaciones ocurridos en la D2 de Córdoba. “Todos los procesos genocidas, incluso el nuestro, jamás pudieron haberse cometido sin la complicidad de estos sectores”, afirmó el fiscal. La participación de los ex magistrados se investiga en la causa Juan Miguel Ceballos, tramitada ante el Juzgado Federal 2 de Córdoba. Ese expediente pasó a manos del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, luego de que los fiscales federales Graciela López de Filoñuk, Enrique Senestrari y la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano se apartaran por “amistad íntima” con los acusados. Vidal Lascano promovió la acción penal contra Alí, Cornejo y Puga, pero desestimó las denuncias contra el ex secretario penal Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Gonella criticó esa medida y recordó que los testigos de la UP1 eran indagados en la cárcel por jueces, secretarios y defensores oficiales, “mientras un militar les apuntaba con un FAL en la nuca”. Por último, destacó la importancia de la causa porque “acá los jueces están sumamente comprometidos”.

A pocos meses de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que había ordenado al Estado indemnizar a Laura Ginsberg, la compañera de José Enrique “Kuki” Ginsberg, quien murió en la mañana del 18 de julio de 1994 por la explosión provocada por un coche bomba. Con esta definición, la Corte Suprema confirma y deja asentado el fallo dictado el 23 de octubre de 2008 por la Sala II de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal, donde se había reconocido al Estado nacional como el “principal encubridor” del atentado contra la mutual judía.

El máximo tribunal de Justicia rechazó los recursos de apelación que habían sido presentados por Ginsberg y el Estado nacional: el primero por el monto del resarcimiento y el segundo pidiendo “la revocación de la sentencia apelada” y “el rechazo íntegro de la demanda”. Así, quedó firme el fallo que habían firmado los jueces Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco.

“Yo acuso al gobierno de (Carlos) Menem y (Eduardo) Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan”, fueron las palabras pronunciadas por Laura Ginsberg durante el tercer aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Aquel mensaje había sido un claro señalamiento al gobierno nacional de entonces como encubridor de la conexión local que participó en el ataque a la mutual judía. Ayer, en diálogo con Página/12, Ginsberg analizó la resolución adoptada por la Corte Suprema. “La Corte se tomó dos años para no resolver nada, porque, en principio, lo que queda en pie es la resolución que había tomado la Cámara dos años atrás”, dijo, y agregó que todavía debe resolverse la cuestión de fondo. Ginsberg consideró que es “muy poco serio” tomarse dos años para expedirse sobre una situación que “tiene una mora de quince años. Me parece que es grave”, dijo. “Mientras los asesinos y encubridores siguen sueltos –señaló–, hay una condena al Estado argentino, por lo menos, por su rol de encubridor hasta el día de hoy.”

En la demanda que presentó oportunamente, Ginsberg había manifestado que el Estado argentino era el “principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina”. En su momento, la Cámara reconoció –y ahora la Corte lo avaló implícitamente– que “si bien los dichos vertidos” podían “resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar a ello”. Con ese decreto, firmado el 12 de julio de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció el acta rubricada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado argentino “reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado”, recordaba el fallo.

A cuatro años de su asesinato a manos de la policía de Neuquén, las marchas para recordar al maestro Carlos Fuentealba se multiplicaron en todo el país y renovaron el reclamo de justicia. En el acto central, organizado en la capital neuquina, dirigentes sindicales, miembros de pueblos originarios, docentes, familiares y amigos recordaron al docente y exigieron que la investigación avanzara sobre los autores intelectuales del crimen. Tanto la CTA como el gremio docente Ctera pidieron “juicio y castigo” para el ex gobernador Jorge Sobisch, que estaba al frente del gobierno provincial el 4 de abril de 2007, cuando Fuentealba fue herido de muerte por el cabo Darío Poblete durante una manifestación sindical. En Buenos Aires hubo actos y movilizaciones a la casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en democracia”, dijo Hugo Yasky, titular de la CTA. Todas las actividades se enmarcaron en la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad, organizada por la Ctera. Mientras Ignacio Copani cerraba el acto en Neuquén, Sandra Rodríguez, compañera de Fuentealba, atendía el llamado de Página/12, conmovida por la masiva convocatoria de la movilización. En el escenario la acompañaron Tati Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y representantes de la Confederación Mapuche. “Todos mencionaron la importancia de hacer justicia”, dijo Rodríguez y cargó sobre la inacción del Poder Judicial de la provincia. “Fue colonizado por el Movimiento Popular Neuquino, el partido de Sobisch”, dijo.

El 8 de julio de 2008, el cabo Poblete fue condenado a cadena perpetua por el crimen del maestro. Poco más de un año antes, el policía había disparado su escopeta lanzagases sobre el auto donde se trasladaba Fuentealba, ocasionándole la muerte. A partir de esa condena, la pesquisa se dividió: la investigación para determinar la responsabilidad política por la represión continuó en la llamada causa Fuentealba II. El juicio que llevó a la condena de Poblete dejó en evidencia que el ataque en el que asesinaron al maestro había sido parte de una emboscada, según Rodríguez, “como las que se realizaban en la época de la dictadura”. A Fuentealba le dispararon a seis kilómetros del lugar donde se había planeado el corte de ruta. La columna de manifestantes regresaba a la capital provincial cuando fueron interceptados por el cerrojo policial.

Rodríguez reconoció que fue “dolorosísimo y cruel” escuchar en el juicio el relato en que se reconstruyeron los hechos. Y no le quedaron dudas de que Poblete ejecutó el disparo “por orden de la jerarquía”, porque “se organizó una barrera, una especie de tenaza para encerrar” a los manifestantes. “Hubo momentos en los que se disparó hacia los autos”, dijo. “Para muchos fue un día milagroso, porque no hubo más muertos, pero no lo fue para nosotros, ni para Carlos.” La mujer espera que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén se expida sobre la responsabilidad política en la muerte de su compañero. “Estamos en la última instancia, pero si no nos habilitan a seguir investigando vamos a recurrir a la Corte Suprema. El Ministerio Público de Neuquén reconoció el exceso, pero no quiere investigar, hizo desprocesar a los 15 policías (que actuaron durante la represión) y no llamó a Sobisch a indagatoria.”

Desde la plaza del monumento, frente a la Municipalidad de Neuquén, Tati Almeida –quien viajó en representación de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora– dijo que fue “conmovedor ver a tanta gente joven” y estimó que la convocatoria fue “multitudinaria, con cuadras y cuadras de gente”. En diálogo con este diario, destacó la fuerza de Rodríguez: “Esta chica es como el Ave Fénix, que resucitó con más fuerza”. Y dijo que “se está impidiendo investigar a fondo a Sobisch y a los quince policías”. En Buenos Aires, la CTA y los gremios docentes se manifestaron frente a la Casa de Neuquén. “Es un asesinato que no tendría que haber sucedido nunca en la democracia”, dijo Hugo Yasky, secretario general de la CTA. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó la amplitud de la convocatoria a todos los sectores para “construir las condiciones” y que “no haya impunidad en ningún lugar de Argentina”. Asimismo, remarcó la importancia de avanzar sobre los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Fuentealba “de la misma forma que se hizo con la causa por el crimen de Mariano Ferreyra”. Junto a Pablo Ferreyra, Sandra Rodríguez ofrecerá hoy al mediodía una conferencia de prensa en la sede porteña de la CTA.

Lucía se asoma a la ventana del Jardín de Infantes Nº 8, en Boedo 650. La auxiliar del colegio explica con paciencia que la elección se trasladó a la Escuela Martina Silva de Gurruchaga, enfrente del jardín. En el corazón de Boedo, esa escuela fue uno de los quince establecimientos donde Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde midieron fuerzas en el primer escalón de la interna del peronismo disidente. Del frente del colegio cuelga una bandera de la Juventud Universitaria Peronista, con el mensaje “Universidad por Duhalde Presidente”; también una gigantografía con la imagen del precandidato y su slogan de campaña: “compromiso y participación”.

Los porteños que votaron en Almagro y en Boedo marcaron el ritmo que se vivía en la Comuna 5, durante la primera escala del Peronismo Federal en su búsqueda por definir quién será su candidato. Con mucho optimismo, fiscales y autoridades de mesa definían como muy importante la participación en las urnas. Sin embargo, a las 17.30, habían votado 1600 personas de un padrón de 177.537. El perfil del elector promedio respondía a hombres y mujeres de entre 50 y 60 años. Los jóvenes, por su parte, tuvieron una escasa presencia, al menos en la Escuela 22, en Boedo 657. Eso sí: la jornada fue tranquila y no hubo necesidad de la custodia policial que le había pedido Duhalde, formalmente, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

En una mesa de informes, Alejandra despotrica contra la organización. “Quiero votar, pero esto no es nada práctico, me mandaron a Alberdi 163”, se queja la mujer, mientras sostiene a su caniche toy, ante la mirada impávida de un militante que sólo atina a preguntarle el apellido. Lilia Díaz, fiscal suplente de los Rodríguez Saá, observa la escena y asegura que los militantes de Duhalde llevaron gente a votar en taxis y remises. “Nosotros no contamos con esa estructura”, afirma, resignada, y sostiene que el día es “muy tranquilo, en armonía y paz”. A diferencia de los del dirigente lomense, los carteles del puntano brillan por su ausencia en la entrada del colegio.

No bien el umbral de la escuela queda atrás, dos mesas aparecen en un patio cubierto y otras ocho se desparraman en una galería a cielo abierto. En sus notebooks, los fiscales puntanos llevan el control de las personas que ya votaron. Los partidarios de Duhalde puntean a mano el padrón. Alberto Mateo, delegado general de la Junta Electoral del PJ Federal, sostiene que la mañana fue movida, pero reconoce que la participación de la juventud, hasta ese momento, fue muy baja. Para Mateo, los comicios se desarrollaron con “total normalidad”, lo que provocó que no hiciera falta la presencia de seguridad. “Hubo muchos independientes, gente que no está de acuerdo con el modelo actual de país, muchos trajeron sus boletas desde la casa.”

Daniela, 40 años, se afilió al PJ en 1992: “Duhalde es el único que puso en orden el país”, dice, y asegura que en la calle “toda la gente dice que va a votar por Duhalde”. A las 16.30, cuarenta y cinco jóvenes de entre 18 y 22 años habían votado en la mesa 60, donde Federico fiscaliza: “Los que votan por Rodríguez Saá se autoconvocan, mientras que la gente que elige la otra lista fue movida por punteros”, susurra. Claudio milita en la Lista Verde de Duhalde y en la Comuna 5, en el espacio de Jorge Todesca. Dice que los mayores fueron los que más se movilizaron porque son los que vivieron el primer peronismo y sienten “un profundo rechazo por los métodos del kirchnerismo. La gente grande se queja de la inseguridad, de los precios y la inflación, de 6, 7, 8 y del canal público”, advierte. Y recuerda un acto que el ex presidente organizó días atrás en Parque Saavedra, donde una fan le gritaba: “Doctor, doctor, tiene que sacar a esta mujer porque está loca”. “Hay gente más reaccionaria que otra”, reconoce el militante.

Después de pasar por el cuarto oscuro, Dora, 73 años, protesta por la poca publicidad de la elección interna y señala que Rodríguez Saá “resulta poco creíble”. “Que los puntanos se queden en su provincia”, exige. Mientras se forma una cola de siete personas en la mesa 52, Juan Bautista, comerciante, 33 años, señala que se acercó a votar “para que se vayan estos zurdos mugrientos del gobierno”. En la ciudad lo seduce la política de Mauricio Macri y en la provincia de Buenos Aires, la gestión de Duhalde. “Vine por el Cabezón”, agrega.

Todos los fiscales de la comuna coinciden que la “urna record” de la tarde estaba en la mesa 51. A las 17, aseguran, habían pasado unas 270 personas. Mirta fiscaliza la Lista Verde. Mientras muestra su padrón en papel y observa el punteo que César lleva en su notebook, sostiene: “Ese es el futuro, éste es el pasado”. Enfundada en sus gafas oscuras y en la resaca de la noche anterior, Natalia, 24 años, atina a decir que la interna le parece “justa” porque “el candidato tiene que salir de la decisión de la gente”.

María Elizabeth, 75 años, quiere evadir el diálogo con Página/12, pero termina diciendo que conoce a Duhalde y cuenta una anécdota: “Llevé gente a votar en mi camioneta, en 1983, cuando fue electo intendente de Lomas de Zamora. Ese día llovía a cántaros. El PJ dio troqueles para cargar nafta, no solamente a mí sino a otras personas que acercaron autos y colectivos”. Oscar, 57 años, es afiliado al PJ desde 1972 y también recuerda al precandidato del Peronismo Federal, pero algunos años más atrás, en 1975, cuando ocupó la intendencia de Lomas de Zamora después. “Duhalde no estaba primero en la sucesión, ni en la lista, y no llegó a la intendencia por la elección de la gente, eso está clarísimo.” Oscar fue a votar porque los antiguos compañeros se lo pidieron.

Afuera de la escuela está Aldana, 27 años; ya votó por el mismo candidato que apoya desde hace tiempo. Sus expectativas se fundan en “la educación y seguridad de San Luis”. “La ciudad se está viniendo abajo, está superpoblada por gente de las provincias y de los países limítrofes –explica–. Quiero que los manden a su lugar de origen, por eso me gusta Macri.”

“Volví para recuperar el cuerpo y la memoria de mi viejo, es como si nunca hubiera existido en Lomas, nunca se habló sobre su desaparición, estaba prohibido nombrarlo.” Después de veintiséis años de exilio, Pablo Federico Turner regresó a Argentina para recobrar la historia de su padre: Pedro Pablo Turner fue elegido intendente de Lomas de Zamora en 1973, lo destituyeron en 1975 y fue desaparecido en 1976 por la dictadura militar. Luego de haber sido baleado en 1982 durante una interna del partido Intransigencia y Movilización Peronista, Pablo se radicó en Suecia. “Este gobierno y el de (Néstor) Kirchner me dieron la posibilidad de venir a investigar qué fue lo que pasó con él”, sostiene en diálogo con Página/12. La historia de su padre está atravesada por un fuerte compromiso con los sectores populares. En 1968 comenzó a militar en el Peronismo de Base de Ingeniero Budge y, por intermedio de Raimundo Ongaro, accedió a las cintas que Perón había grabado en Puerta de Hierro. En ese entonces, el delegado gráfico buscaba casa por casa a sus compañeros de la Juventud Peronista (JP) para compartir los mensajes del líder en el exilio. También colaboró con Carlos Mugica en su trabajo con el movimiento villero.

Manuel Núñez se inició en la política de la mano de Turner, a los 17 años. “Reunió a todos los dirigentes barriales del peronismo de Lomas, era un gran compañero, todo el mundo lo quería”, recuerda. Durante una interna del Frejuli, el Consejo Superior eligió a Turner para encabezar una lista de unidad como candidato a intendente. Ese armado exceptuaba a una persona. “Eduardo Duhalde (ver aparte) no podía entrar por ningún lado porque no era peronista, venía de la Democracia Cristiana creada por el dictador (Alejandro) Lanusse y los curas que atentaron en el ’55 contra el gobierno de Perón.”

Una artimaña política reemplazó a Turner, como candidato a intendente, por Roberto Ortiz, encargado de presentar la lista del Frejuli ante la Junta Electoral bonaerense. Al conocerse la maniobra, Ortiz fue destituido y Turner encabezó la propuesta. Lo acompañaban Héctor Lencina (primer candidato a concejal), Irma Santa Cruz (segunda candidata a concejal) y Eduardo Duhalde. En las elecciones en que Héctor Cámpora accedió a la presidencia y Oscar Bidegain a la gobernación de la provincia, Turner ganó el distrito de Lomas. Asumió la intendencia en mayo de 1973.

“Su gestión fue de las mejores –destaca Núñez–. Tenía políticas para (Ingeniero) Budge, el cuartel noveno y los sectores medios.” Dirigentes metalúrgicos donaban material para mejorar las calles de tierra, en los barrios del sur, mientras jóvenes de la JP y del movimiento villero trabajaban codo a codo en la construcción de zanjas. “Llevó la intendencia adelante sin plata y dejó un superávit de 500 millones de pesos”, destaca. Pero un sector lo acusó de no informar sobre la donación de ladrillos a una asociación civil. “Duhalde fogoneó esa denuncia, la presentó ante el Concejo Deliberante y, con ayuda de algunos muchachos, lograron suspenderlo”, explica Núñez. A principios de 1975 fue destituido, apeló la medida y la Justicia falló en su favor en dos ocasiones. Núñez señala que Duhalde asumió como intendente de Lomas después del asesinato de Lencina en la Masacre de Pasco –a manos de la Triple A– y de la renuncia de Santa Cruz, que fue intimidada para que no se presentara.

Cinco días antes de ser separado del cargo, la familia de Turner fue secuestrada. Dos hombres fueron a su casa en Ingeniero Budge con la excusa de que el intendente los llamaba. Después de tres horas de viaje, llegaron a un pueblo de cuatro casas. “A nosotros nos dejaban salir, pero a mi vieja no –evoca Pablo–. Nos pedía que nos fijáramos si había un teléfono cerca.” Al tercer día de cautiverio, fueron liberados. Habían sido raptados en un Torino, coche que utilizaron las patotas de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar.

El 24 de marzo de 1976, Turner se refugió con sus hijos Oscar, Pablo y Eduardo en Libertador General San Martín, Chaco. Una semana después, una patota fue a buscarlo a Ingeniero Budge. Su compañera llegaba a la casa cuando torturaban a su hija. “No sabemos dónde está”, respondieron las mujeres ante el acoso. “Igual lo vamos a encontrar”, retrucaron los represores.

Un mes más tarde, un grupo de tareas del Ejército ubicó al intendente en la localidad chaqueña y lo llevó a la comisaría del pueblo. Tenían órdenes de trasladarlo a la Alcaidía de Resistencia. Esa noche, su compañera pudo visitarlo en la cárcel, pero al día siguiente, cuando quiso verlo, supo que había sido trasladado a Buenos Aires. “Mi mamá viajó para buscarlo, pero no encontró rastros suyos”, afirma Pablo.

Tras dos meses sin noticias de su compañero, la mujer recibió un telegrama donde le informaban que había fallecido por un ataque cardíaco y le pedían que fuera a reconocerlo al cementerio de Avellaneda. El cuerpo estaba en la morgue. Sus amigos y compañeros regresaron a la casa familiar, después de identificarlo, para organizar el funeral. Según el certificado de defunción, había fallecido el 16 de mayo de 1976. “Nunca más supimos nada, no nos entregaron el cajón ni el cuerpo”, asegura Pablo. Si bien no se conoce cuál fue su destino final, no se descarta que el cuerpo del intendente haya sido enterrado en el cementerio de Avellaneda.

A Pablo no le quedan dudas de que “algunos que hoy se candidatean para distintos puestos” y la Triple A incentivaron la persecución hacia su padre. Dice que sintió alivio cuando vio por televisión a Néstor Kirchner ordenando retirar los cuadros de Videla y Bignone de las paredes del Colegio Militar. Y confiesa, con mirada profunda y voz pausada, que aquel gesto del ex presidente le dio el coraje necesario para regresar al país y reconstruir su historia.

“Con cuatro chicos, mi vieja no conseguía laburo, toda la familia estaba hecha mierda”, recuerda. A 35 años de haber sido secuestrado, Pablo se aferra a la esperanza de descubrir qué pasó con su padre. “Tengo fe en la Justicia y en el Gobierno, sé que tarde o temprano todo se va a aclarar”, agrega. Turner tenía 33 años al momento de su desaparición.

“La dictadura fue el resultado de un largo proceso donde nos habían enseñado a marchar, a tomar distancia, y así lo hicimos hasta que llegamos hasta la catástrofe”, destacó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en el acto que la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA organizó ayer para recordar a los desaparecidos de esa casa de estudios durante la última dictadura. Al finalizar el homenaje, antes de la presentación de León Gieco, Guillermo Wierzba, integrante de la cátedra Poder Económico y Derechos Humanos, leyó un documento que destacaba, entre otros puntos, la importancia de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida –también de los indultos– para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Unas mil personas colmaron las instalaciones del salón de actos en el nuevo edificio de Económicas, donde el recuerdo a los desaparecidos no soslayó el pedido de justicia y pronto esclarecimiento de las muertes en la represión a la comunidad qom de Formosa y en el desalojo al Parque Indoamericano, la desaparición de Luciano Arruga, el crimen de Sebastián Bordón, las torturas en las comisarías de Mendoza y los asesinatos en José León Suárez. Hubo aplausos para recordar a Mariano Ferreyra.

La apertura del acto estuvo a cargo de Alberto Segal, miembro de la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria. El docente mencionó que se eligió a Nora Cortiñas como profesora honoraria de la cátedra Poder Económico y Derechos Humanos no sólo por la desaparición de su hijo, sino porque su persona condensa un espíritu luchador. “Fueron los Martínez de Hoz y su padrino Rockefeller quienes diseñaron el poder económico de la dictadura”, apuntó Segal para señalar la complicidad civil. “Hay muchos que tienen que pasar por la Justicia”, agregó e incorporó a ese grupo a Juan y Roberto Alemann, Walter Klein y Alvaro Alsogaray.

Jóvenes de la JP Descamisados, la corriente universitaria SOS y la Juventud Carta Abierta vivaron a Segal cuando le pidió a Cortiñas que presentara al ministro de la Corte Suprema. “Ustedes saben que soy peleadora, varias veces discutimos con él, pero Zaffaroni fue el único que siempre nos recibió con respeto y afecto”, dijo la Madre de Plaza de Mayo. A su turno, el magistrado sostuvo que tanto las Madres como las Abuelas pusieron en relieve “el enorme poder de la lucha no violenta”. Zaffaroni, además, aseguró que en el actual contexto mundial “hay una fuerte tendencia regresiva de los derechos humanos”. Y dio algunas cifras de la situación carcelaria en Estados Unidos: 2 millones y medio de presos, de los cuales más del 50 por ciento son afrodescendientes.

“En todo genocidio hay un discurso de legitimación”, dijo para referirse al rol de los medios de comunicación durante el terrorismo de Estado y pidió aprender de Madres y Abuelas a evadir la trampa de la venganza. “Ustedes van a ser viejos y les van a decir a sus hijos ‘Yo estuve esa noche’”, le dijo a este cronista el sociólogo Rubén Villasante, sentado en la octava fila, con la emoción reflejada en la mirada. Por último, Cortiñas exigió celeridad en los juicios porque “en un mes hemos perdido a tres Madres”. Y pidió que se abran los archivos clasificados, donde están los nombres de los mismos que hoy torturan a los jóvenes en las cárceles.

Lejos de detenerse en una fecha específica, las reflexiones sobre la herencia que dejó el golpe de Estado de 1976 se multiplican en distintos espacios, más allá del peso simbólico de las marchas del 24 de marzo. Para estimular el debate, la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) hará hoy un acto para recordar a los miembros de esa comunidad académica desaparecidos durante la dictadura. En el salón de actos de Económicas, a las 19, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni hablará de las consecuencias del golpe. El cierre estará a cargo de León Gieco. “Todos los años se recuerda a los detenidos desaparecidos y es muy emotivo siempre porque se convoca a todos los familiares de los chicos”, dijo a Página/12 Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Como continuación de los actos de la semana pasada, Ciencias Económicas homenajeará a las víctimas del terrorismo de Estado con la exposición fotográfica Recorrido por la memoria, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la facultad señaló que la jornada de reflexión busca promover el pensamiento crítico en las aulas y contribuir a la democratización en un contexto de permanente discusión entre docentes y estudiantes.

A partir de la creación de la cátedra libre Poder Económico y Derechos Humanos, en 2004, las acciones vinculadas con la memoria se reforzaron en Ciencias Económicas: primero la cátedra se dispuso como materia optativa para la carrera de contador; luego se extendió, como electiva, a las carreras de Economía, Administración y Actuario. Hace tres años, la facultad publicó La rotonda de la memoria, donde se analiza la situación del movimiento estudiantil en los ’60 y ’70, y narra las historias de vida de setenta estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos. Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Cortiñas, Silvio Frondizi, Raymundo Gleyzer y Carlos Ramus son algunos de los nombres que aparecen en una placa ubicada en la facultad. La rotonda, recuerdan en Económicas, fue un sector de la facultad que en los ’70 concentraba las discusiones y las asambleas.

Dentro del cronograma de actividades por los 35 años del golpe, el artista plástico Miguel Rep realizará un mural alegórico sobre la ausencia de los desaparecidos. Guillermo Wierzba, de la cátedra Poder Económico y Derechos Humanos, vincula el espíritu del encuentro con “un clima de reactivación” en la participación de los jóvenes. “Es muy importante contribuir a promover la movilización de la militancia y crear un ámbito de debate creciente en la universidad”, dice.

“Los estudiantes llegan con muchas expectativas y nosotros tratamos que comprendan que se puede ser economista sin dejar de valorar los derechos humanos”, analiza Cortiñas. Su hijo Carlos había superado la mitad de la carrera de Economía cuando fue secuestrado, en 1977: “Lo sigo extrañando como el primer día, y sigo pensando que los 30 mil nos siguen haciendo falta”, confiesa. “Si ellos estuvieran vivos, quizá no estaríamos luchando contra la herencia que dejaron las políticas neoliberales de la dictadura.”

Raúl Castells, referente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD), acaba de sellar una alianza con el partido Es Posible, encabezado por el precandidato del Peronismo Federal Alberto Rodríguez Saá. En diálogo con Página/12, explicó las razones de ese acercamiento y de su rechazo a Eduardo Duhalde.

–¿Por qué decidió apoyar a Rodríguez Saá?

–Porque nos parece que la política del kirchnerismo de concentrar la riqueza en no más de cincuenta grupos económicos hace que muchos sectores de la sociedad queden marginados. Esto se suma a que ni el radicalismo ni (Mauricio) Macri son una verdadera alternativa.

–¿Qué lo sedujo para concretar el acercamiento?

–San Luis tiene el uno por ciento de desocupación. A diferencia de lo que pasa en el resto del país, la empresa estatal de minería y recursos del subsuelo tiene prohibida la minería a cielo abierto. La instalación de wi fi y la entrega de computadoras a los chicos se masificó en la provincia.

–El Ministerio de Educación nacional lanzó el Programa Conectar Igualdad.

–Los sectores que lo reciben son una minoría. En San Luis se hizo en forma gratuita, como la entrega de medicamentos. Tienen un laboratorio estatal de medicamentos con producción y entrega para todos los que se acercan a los centros de salud.

–Usted habló de semejanzas entre el MIJD y Es Posible. ¿Cuáles son?

–Si fuéramos gobierno haríamos lo mismo que hacen ellos en vivienda, educación y desocupación y eliminaríamos los laboratorios privados. También les entregaron a los ranqueles y huarpes 60 mil hectáreas que declararon territorio soberano e inalienable a perpetuidad. Es el único caso donde una provincia reconoce a un pueblo originario.

–Usted dijo, además, que iba a ayudar a que el ganador de la interna del PJ disidente no sea Eduardo Duhalde.

–Duhalde carga con las muertes de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán. Y llevó a (Néstor) Kirchner a la presidencia.

–Y consideró que para las elecciones nacionales “hay un armado maquiavélico”.

–La reforma electoral se armó para que el PJ y la UCR sean los únicos partidos con opciones de presentarse a elecciones. Con esa reforma toda la izquierda termina proscripta.

–¿No le parece desmedido hablar de proscripción en democracia?

–Nuestro movimiento tiene votado salir armado a defender el gobierno de Cristina (Fernández) en contra de cualquier intento de golpe. Una cosa es que le discutamos política y otra que la echen como hicieron con el gobierno de Isabel Perón.

–También aseguró que, en caso de que la Presidenta sea candidata, y si la elección se define en el ballottage, “gana el segundo, así sea el Pato Donald, por la bronca del pueblo con los Kirchner”.

–Si hay ballottage, cualquiera que salga segundo va a ganar porque el rechazo a los Moreno y los Kunkel es enorme en todo el país. Lo del Pato Donald es una forma de decir, cualquiera que salga segundo gana.

El golpe seco sobre una máquina de escribir convive con la voz en off que reconstruye, en un audiovisual, el entramado de responsabilidades y funciones que los represores pergeñaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y extendieron hasta el mismísimo corazón de la diplomacia argentina. Ayer, el Palacio San Martín fue el escenario elegido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para recordar y homenajear a los detenidos desaparecidos que pasaron por Cancillería y fueron obligados a trabajar, como mano de obra esclava, en la confección de documentos destinados a una campaña de ocultamiento de las atrocidades cometidas por la dictadura militar. “Este es un gobierno que ha hecho suyas las consignas históricas del movimiento de derechos humanos”, aseguró el canciller Héctor Timerman, durante su exposición en el Salón Libertador.

A partir de los testimonios y denuncias de los sobrevivientes se supo que el grupo de tareas 3.3.2 había creado una verdadera maquinaria de difusión destinada a maquillar la alicaída imagen que la dictadura construía en el exterior. Timerman dijo que desde la dirección de prensa montada en Cancillería se planificaron acciones represivas en España, Venezuela, México y Francia, desde donde se lanzó el Centro Piloto de París. El canciller aseguró que los detenidos alojados en Capucha (una zona del centro clandestino que funcionó en la ESMA) fueron trasladados al Palacio San Martín para poder llevar a cabo ese plan.

“No alcanza con condenar a los militares, hay que condenar también a los civiles que fueron cómplices y usufructuaron al terrorismo de Estado en beneficio propio”, enfatizó Timerman. Al acto asistieron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; representantes de organismos de derechos humanos y detenidos que pasaron por la ESMA. El canciller señaló en un tramo de su discurso que las políticas de Estado del Gobierno se definen por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

Por último, las voces de Arturo Bonín y Jorge Paccini recrearon los testimonios de los desaparecidos en un texto que se leyó durante el acto y se dividió en “Terrorismo de Estado”, “ESMA: centro clandestino de detención”, “Plan represivo internacional”, “ESMA y Cancillería” y “Mano de obra esclava en la Cancillería”.

En un fragmento del texto, Graciela Daleo, una de las detenidas, comenta: “El material de información obtenido a través de esta estructura clandestina era enviado al capitán de corbeta Jorge ‘El Tigre’ Acosta y a las oficinas de prensa de la Cancillería argentina, donde estaban destinados algunos oficiales de la Armada miembros del GT 3.3/2: tenientes de navío Benazzi y Damario, tenientes de fragata González, Menotti, capitán de corbeta retirado Francis William Whamond, teniente de navío retirado Spinelli”.

El informe presentado por los representantes nacionales, provinciales y porteños sobre lo actuado en la cuenca Matanza-Riachuelo no convenció a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que no disimularon su disconformidad durante la audiencia pública realizada ayer para interiorizarse sobre los avances en el saneamiento en ese río. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay siguieron atentamente cada una de las intervenciones y consultaron a las autoridades en reiteradas ocasiones sobre el estado actual de los trabajos en materia de relocalización de los asentamientos cercanos al Riachuelo, el monitoreo sanitario de las personas que viven en esa zona (especialmente de los niños) y el control sobre los desechos que vierten las industrias. Después de tres horas, el tribunal llamó a un cuarto intermedio para continuar el análisis en un próximo encuentro.

El hall del cuarto piso de Tribunales se vio desbordado por los asistentes que siguieron el desarrollo de la audiencia en pantalla gigante. El primer orador fue el secretario de Medio Ambiente y titular de Acumar, Juan José Mussi, destacó el acuerdo de partes entre los Estados nacional, provincial y de la Ciudad, al que calificó de trascendente para el futuro, y señaló que “todos los sectores de la cuenca pueden consensuar soluciones” a los problemas que afectan al sector. Mussi destacó el trabajo del juez federal Luis Armella, a quien la Corte le encomendó supervisar las tareas de saneamiento. “Fue el motor impulsor de esto y lo ha hecho con compromiso, idoneidad y honestidad.” El magistrado ratificó ayer la orden de desalojo de las viviendas ocupadas en el predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, en Flores (ver aparte).

Mussi justificó la multiplicación de basurales por dos factores: el aumento de la producción y el derrotero que deben recorrer los camiones recolectores de residuos hasta llegar a la Ceamse. “La distancia siempre fue la misma”, respondió Lorenzetti. Por diversas causas, reconoció uno de los expositores de Acumar, los sistemas de recolección actualmente no recogen el ciento por ciento de los residuos y por eso se generan los basurales a cielo abierto.

“Desde hace dos años y medio no debería haber más basurales, pero de los 141 que había en 2008 (en la cuenca del Riachuelo) pasaron a 348 en diciembre de 2010”, señaló Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo.

Argibay, por su parte, advirtió que “no hay un orden en las acciones previstas” y dijo que en Villa Inflamable el suministro de agua no llega en buenas condiciones. El polo petroquímico de Dock Sud fue otro de los ejes tratados en la audiencia. Sobre el traslado de las industrias, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires argumentaron que el plan de relocalización no fue cumplido porque “las empresas presentaron diversos recursos jurídicos”.

Si bien la situación por la toma de viviendas en el Bajo Flores no fue considerada dentro de la agenda del máximo tribunal, Sella destacó la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la ribera, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que durante los desplazamientos se les debe garantizar “todos los derechos, como lo establecen los tratados internacionales”.

“Pasaron dos años y medio desde la sentencia de la Corte y prácticamente todos los plazos están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los ítem que fijó”, remarcó.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró que el atraso en las obras comprometidas “no se debe a una falta de recursos sino de problemas de gestión” y afirmó que el 92 por ciento del plan de saneamiento “no pudo ser auditado” por “falta de identificación de las partidas presupuestarias”.

El último informe presentado por Acumar el martes contabiliza 14 mil fábricas en el curso de la cuenca; 8.357 fueron fiscalizadas; 2070 tienen emanaciones gaseosas y 4627 manejan residuos peligrosos.

“Me pregunto por qué con todas estas historias de gratuidad y enseñanza pública, desde los claustros universitarios se vio al movimiento social como un enemigo”, dijo ayer la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de un nuevo edificio que amplía las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ante un auditorio colmado de estudiantes, docentes y personal no docente que pidió una vez más por su reelección. “Para Cristina, ya veremos”, respondió ella con una salida rápida que mantuvo en suspenso las expectativas de sectores militantes, como La Cámpora, que se acercaron hasta el edificio de Córdoba y Uriburu para manifestarle su apoyo incondicional. Durante cuarenta y cinco minutos, la Presidenta resaltó la importancia de articular el conocimiento con el sector productivo, brindó cifras sobre la inversión en educación y afirmó que “la universidad pública y gratuita es igualadora social”. También hizo referencia a la construcción de “pisos de debate” para que, a partir de “lo que logramos construir, identifiquemos cómo hacemos para que eso pueda llegar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”.

La Presidenta hizo foco en un sector que, desde la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, fue tomando cada vez mayor protagonismo y participación dentro del proyecto lanzado desde el oficialismo. “Tengo una gran esperanza en los jóvenes”, dijo, mientras el auditorio, compuesto en su mayoría por pibes y pibas sub 30, le devolvió el ya clásico “borombon bon, borombon bon, para Cristina, la reelección”. “Esta generación –continuó– tiene oportunidades que otros jóvenes que vivieron en la lucha o el exilio no tuvieron.” Remarcó, además, que es “la primera generación” que en democracia “vive en un país donde se genera empleo, valor agregado y los científicos son repatriados”, lanzando un reconocimiento por elevación al ministro de Economía, Amado Boudou, y al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que la escoltaban en el escenario principal.

Ubicadas estratégicamente a ambos lados del escenario, dos pantallas gigantes transmitieron la llegada de Fernández y de otros integrantes de su gabinete. Entre ellos estuvo el ministro del Interior, Florencio Randazzo; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Además, se proyectó un video institucional que recorrió la historia del edificio de Económicas. Más tarde Fernández habló en videoconferencia con autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes –donde se inauguró un sector de aulas– y con el intendente de ese partido. La gratuidad de la enseñanza también formó parte de la columna vertebral de su discurso, al recordar que ese modelo se instituyó en 1949, durante el gobierno de Perón. Asimismo, recordó que desde 2007 se crearon nueve universidades nacionales y que eso se vincula con un modelo que tiende a “la construcción de federalización y redistribución del ingreso”.

“Cuántos argentinos no habrán podido estudiar porque sus padres no estaban en condiciones de costear los gastos”, se preguntó la Presidenta. Enseguida, se refirió a la recientemente creada Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencia Varela, donde hay tres mil inscriptos para el comienzo del ciclo 2011. Habituada al uso de estadísticas, la Presidenta señaló que el 78 por ciento de sus alumnos proviene de ese distrito; el 41 por ciento vive en casas ubicadas en calles de tierra; y que sólo el 5 por ciento de los jóvenes tiene padres que llegaron a completar sus estudios universitarios. “Estos chicos no hubieran podido acceder a ese gran igualador social que es la educación pública, si no se hubiera creado la universidad”, dijo Fernández. Inmediatamente, recordó que “hay alguien que anda por ahí que quería achicar el gasto en educación”, expresión que motivó la silbatina de los asistentes. “No es para silbar –respondió–, alcanza con recordar y tener memoria.”

La última gran inauguración de la UBA fue en 1972, cuando Ciudad Universitaria se terminó de construir. Las obras en Ciencias Económicas, una de las facultades más numerosa, con más de 45 mil alumnos, fueron financiadas por el Ministerio de Planificación Federal, con una inversión que asciende a 43,9 millones de pesos. La ampliación de Ciencias Económicas implicó la construcción de un nuevo edificio, paralelo a la sede central, que permitirá incrementar en un 50 por ciento la oferta de aulas. El nuevo edificio funcionará de forma integrada con la sede central y abarca una superficie total de 10.600 metros cuadrados distribuidos en subsuelo, planta baja y siete pisos, e incluye 46 aulas nuevas, que se suman a las 96 ubicadas en la sede central.

Las Madres de Plaza de Mayo caminaron ayer, como en tantas otras jornadas, alrededor de la Pirámide, pero esta vez lo hicieron para homenajear a la presidenta Cristina Fernández. “Te decimos, Cristina, que todo el pueblo te necesita. Sabemos que te estamos pidiendo un esfuerzo muy grande, pero todos te necesitamos y estamos dispuestas a ayudarte y apoyarte”, sostiene Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, después de descubrir una gigantografía sobre las rejas de la Casa Rosada que reúne en su histórico balcón imágenes de la Presidenta y de Eva Duarte saludando a una multitud en la plaza.

Cerca de las 10.30, un puñado de curiosos se acerca tímidamente a la explanada de ingreso a Gobierno. Junto a Bonafini se encuentran otras madres que soportan estoicamente los casi 30 grados de un martes donde se recuerdan las largas luchas de las mujeres. Minutos antes de desplegar el plotter de cinco metros por dos, la titular de Madres devela el interrogante. “Pusimos las imágenes de Eva y Cristina juntas en el balcón, ése es nuestro regalo.”

A medida que se acerca el momento de descubrir la foto, la curiosidad se refleja en la expresión de los circunstanciales paseantes y asistentes. Es el caso de Jorge y Carina, una pareja de treintañeros que llegaron desde Villa Bosch, con su hija María de los Angeles, para participar del acto-homenaje. Después de tomarse una foto con Bonafini, Jorge exclama: “¡Qué emoción saber lo que es sacarse una foto con Hebe!”.La idea de Bonafini surgió después de compartir un encuentro con Cristina Fernández y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, en el balcón de la Rosada. Sobre las razones y la elección del obsequio, explica que “es un regalo que le quisimos hacer (a la Presidenta) porque este es el mejor balcón, el de Eva y el de Cristina. Quisimos juntarla con Eva porque nos parecen las dos mujeres más grandes que tuvo el país”. “Eva dio su vida y Cristina la está dando, porque está viviendo un momento muy duro”, agrega. También se refiere a la ministra de Seguridad y sostiene que “la Presidenta es como Nilda Garré, y hacen una pareja increíble”. “Para todo lo que hacen hay que tener muchos huevos, muchas pelotas, muchos ovarios y muchas ganas de darle todo al pueblo”, insiste.

Mientras la combi se pierde en el microcentro porteño, llevando a Bonafini y al resto de las madres, y las Cristinas regresan para sacarse la última foto junto a la gigantografía, Norma Nicora, militante peronista “desde la panza de mi vieja”, confiesa que pudo renacer “gracias a Néstor y Cristina” y cuenta: “Milito como ama de casa, desde mi lugar”. Viajó desde Avellaneda y se acercó porque escuchó la convocatoria en la radio de las Madres.

“Néstor nos devolvió la patria el día que bajó el cuadro de Videla, y ella nos la devuelve todos los días, porque nos habíamos quedado sin patria”, dijo Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, desde el salón de actos del Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) que funciona en la ex ESMA, en la previa de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. A partir de las 11 el festejo se trasladará a la Casa de Gobierno, donde las madres van a homenajear a la presidenta Cristina Fernández con la entrega de un regalo sorpresa. “Aunque tengo más años que el magiclik, igual sigo encendiendo fuego”, sostuvo Bonafini, en diálogo con Página/12. Y como síntesis del encuentro, donde no faltó música y poesía, destacó que “cada mujer se representa a sí misma”.

–¿Tiene un significado especial este homenaje a la Presidenta?

–Sí, porque desde hace muchos años a esta parte ella ha sido la mujer más importante que dio el país. Nuestro regalo es visual, pero todavía no puedo adelantarte nada porque es una sorpresa. No importa que ella no esté para recibirlo. Lo que nos importa es dejarle el regalo en la Casa de Gobierno.

–¿Qué balance hace del discurso de Cristina Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso?

–Fue impecable porque habló de todo y bien, como suele hacerlo. Se preparó, estudió cifras. Anuncios como la Asignación universal para las mujeres embarazadas a partir de los tres meses son sumamente importantes. Néstor nos devolvió la patria el día que bajó el cuadro de Videla (en el Colegio Militar de la Nación) y ella nos la devuelve todos los días, porque, con los milicos, nos habíamos quedado sin patria. Con todos los anuncios y las cosas concretas que Cristina lleva adelante nos sentimos dueños de esta patria. Y no hay muchos pueblos que se sientan dueños de su patria.

–Si bien no se oficializó su candidatura, el colectivo Las Cristinas, que usted encabeza, salió a apoyar a Cristina Fernández.

–Esto de haber formado Las Cristinas fue para apoyarla, para difundir los discursos y defenderla frente a los ataques del enemigo. En este sentido, lo tomamos como un medio de formación política.

–¿Habló con ella sobre su candidatura?

–No. Y tampoco le pregunto nada porque no quiero presionarla. Sí hablamos mucho sobre lo que hacemos las madres, sobre la vida misma.

–Usted le dijo a la Presidenta: “No solamente te necesitan tus hijos, también te necesitamos nosotros”.

–Es un poco egoísta, pero en realidad es así porque la necesitamos todos. Ella está llevando muy bien este barco, y eso es muy difícil. Es importante que esté apoyada por Nilda Garré, una mujer decidida.

–A propósito, ¿cómo evalúa la decisión política de designar a Nilda Garré al frente del flamante Ministerio de Seguridad?

–Me pareció genial, porque, además de ser muy decidida, Nilda es una persona con muchas agallas. La quiero, la amo. Se necesita mucha valentía para materializar las transformaciones que impulsó desde el Ministerio de Defensa. Creo que como hizo con el Ejército, donde cambió los planes de estudio, va a poder llevar adelante las modificaciones que quiere implementar en el Ministerio de Seguridad. No va a echar a cualquiera, porque sí. Lo está haciendo muy bien. Si bien esto es un poco más difícil, confío mucho en ella y en Cristina Caamaño.

–¿Qué otras iniciativas pensaron, desde Las Cristinas, más allá de difundir y apoyar el proyecto que encarna el actual gobierno?

–Vamos a ver si podemos presentarnos como fiscales en las próximas elecciones presidenciales.

–En las habituales marchas de las Madres, usted aseguró el jueves pasado que la Plaza de Mayo “nos mantiene vivas, fuertes y coherentes”.

–Tenés que vernos cuando subimos a las combis, con bastón. Nos agarran de las manos. Pero cuando llegamos a la plaza, cuando bajamos, todas largan los bastones y se aferran al cartel, parecen nuevas. Yo soy la que tengo que decir basta, por el sol y el calor. Entonces nos sentamos un ratito a la sombra. Pero si fuera por ellas siguen caminando.

–Días atrás amenazaron a la directora de una escuela, donde los maestros hablan con sus alumnos sobre lo que pasó durante la dictadura.

–Tendrían que haber salido a la calle para demostrarle a esa gente que no le tienen miedo. El miedo es peor que una cárcel, no tiene rejas pero te aprisiona. A esa mujer hay que acompañarla. Hay que responder con marchas, reuniones y una adhesión popular. Habría que premiar a esa directora, que a pesar de todo siguió enseñando sobre lo que pasó en la dictadura.

“Terrorista”, “extremista”, “dejen de lavar los cerebros de los chicos”, “dejen de enseñar temas de terrorismo”, son las frases y descalificaciones del repertorio de anónimos que Silvia Avagnina, directora de la escuela “Dr. Antonio Dellepiane”, recibe desde septiembre en la escuela, en su casa y en su teléfono celular. Los molestos llamados aluden a contenidos que se enseñan en esa escuela vinculados con la recuperación de la memoria y los derechos humanos, en el marco de una iniciativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, programa incluido en la currícula de otros colegios. Edgardo Berón, subsecretario de Derechos Humanos porteño, manifestó que a la docente se le brindó “todo el apoyo y contención necesario” desde la Dirección de Atención y Asistencia a la Víctima. Y aseguró que, más allá de este episodio, las políticas de derechos humanos se van a intensificar en todas las escuelas. Por las amenazas se abrió una causa en la que interviene la fiscal nacional en lo criminal de instrucción Betina Vota.

Del otro lado del teléfono su voz se percibe débil, temblorosa. A la maestra le cuesta hablar del tema cuando atiende la consulta de Página/12. Los últimos mensajes incluyeron amenazas de muerte hacia ella y sus hijos. En los primeros contactos “había mucho insulto, me decían subversiva, hija de puta, te vamos a matar”. Avagnina reconoce las voces de un hombre mayor y de otro más joven. La segunda vez le dijeron que iban a lastimarla y que tenía que alejarse de la escuela. Desde el 4 de febrero, el tono de las intimidaciones aumentó en proporción a su periodicidad: dos llamados por semana. En una ocasión le hicieron escuchar el sonido de un arma que se percutaba. El miércoles por la noche recibió la última advertencia.

A pesar de las amenazas, la docente asegura que está decidida a continuar con el proyecto educativo. “Los derechos humanos nos atraviesan en todos los actos de nuestra vida –sostiene–. Aquí estoy y voy a seguir trabajando por lo que sé hacer que es ser maestra, siempre luché con mucho amor para que los chicos salieran adelante.”

Hace 31 años que Avagnina es docente. Fue maestra en escuelas de la villa 20 de Lugano y la 21-24 de Barracas, en una experiencia que recuerda como de las mejores. En estos momentos, trabaja en la recuperación de la historia institucional del colegio Dellepiane. Está realizando un documental, junto a sus alumnos, utilizando herramientas del periodismo de investigación. “Buscamos saber por qué el vínculo de la escuela con la comunidad ha sido tan fuerte en estos años”, señala. Sobre la currícula aclara que la escuela no se ha movido de lo que prescribe la ley. Y destaca la respuesta de los alumnos a partir del aprendizaje de temas vinculados con los derechos humanos.

“En una excursión que hicimos al Parque de la Memoria, los alumnos se acercaron a las placas con los nombres de los desaparecidos y las acariciaban”, recuerda. En el marco de los festejos por el Bicentenario, la escuela organizó una muestra donde los chicos hablaban con sus padres sobre un documental basado en la historia de un joven que quería conocer su historia. Esa experiencia, según la docente, buscaba que la comunidad conociera cuáles eran los pasos a seguir para aquellas personas con edad para ser hijos de desaparecidos y con dudas sobre su identidad.

Eduardo López, titular de UTE-Ctera, repudió las amenazas y afirmó que “continuaremos impulsando el debate sobre derechos humanos en todas las escuelas”. Fuentes consultadas por este diario advirtieron que las amenazas podrían vincularse con un antiguo director de tono reaccionario, o con controles en la cooperadora que comenzaron cuando la docente asumió la dirección del colegio. La maestra sostiene que puede elaborar una hipótesis sobre el origen de los llamados y que se siente acompañada por la comunidad. “Pienso que si ven a la escuela trabajando como siempre se van a cansar –agrega–. Están sirviendo a un amo que hace que se equivoquen. Vamos a responder a las agresiones con una escuela unida y con trabajo.”

Juan Alemann sufrió un revés judicial después de que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmara un fallo en su contra y rechazara un planteo de nulidad sobre su procesamiento, sin prisión preventiva, en el marco de una causa por coacción. Se lo acusa de visitar en 1980 a un prisionero en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para que le diera detalles sobre el atentado que había sufrido en noviembre de 1979, en su domicilio, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda. Orlando Ruiz fue trasladado, para “reunirse” con Alemann, hasta una sala de torturas y partos conocida como la Huevera, encapuchado, esposado y engrillado. El abogado querellante de la megacausa ESMA, Rodolfo Yanzón, estimó que es probable que el juicio oral se realice el próximo año.

En el fallo al que tuvo acceso Página/12, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun resaltaron que no puede obviarse que la presencia en el lugar del entonces secretario de Hacienda, y las circunstancias de modo y lugar en que se produjo la “reunión” resultaron “condicionantes en el ánimo de Orlando Ruiz” (señalado como supuesto integrante del grupo que llevó adelante el atentado), “a partir de la amenaza a su integridad corporal y a su vida”. Los camaristas confirmaron que Alemann “había brindado su acuerdo” al concurrir al centro clandestino “donde ‘entrevistara’ a la víctima, siendo el principal interesado en conocer la versión que bajo coacción se le exigía”. Yanzón afirmó, por su parte, que a Alemann “se le está imputando el hecho de ingresar a la ESMA y haber tomado contacto con Ruiz”, y que “en el marco de condiciones inhumanas en las que se encontraba se lo obligó a ofrecer información”.

El ex secretario de Hacienda está acusado del delito de coacción, que la Justicia tipifica como amenaza individualizada por el propósito del autor, que no debe hacerse únicamente para alarmar o amedrentar, sino para “obligar al sujeto activo a que actúe o no actúe o sufra algo, atacando la libertad de determinación de las personas, en el cual el sujeto activo debe actuar consciente de la exigencia, y de la voluntad contraria a la víctima, que se consuma en el momento en que el sujeto pasivo conoce la amenaza del autor”.

Asimismo, Yanzón destacó que el fallo de la Cámara Federal fue “muy importante” porque “deja bien en claro que (Juan) Alemann, como civil y secretario de Estado, formó parte de la dictadura y no sólo conocía claramente lo que estaba sucediendo, sino que también compartía la masacre que se estaba llevando adelante y fue parte de esa planificación”.

En 2005 durante una entrevista, Alemann sostuvo que “en la Argentina sólo hubo un golpe militar que no tuvo acompañamiento civil: el de junio del ’43 liderado por Juan Domingo Perón. Todos los demás tuvieron un amplísimo apoyo civil”. También reflexionó sobre la apropiación de bebés. “Eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban, tenían hijos. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”, dijo Alemann.

Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, recordó que “en un momento se cerraron las puertas y quedamos encerrados en el laboratorio. Pensamos que habían chupado gente, pero era este hijo de puta que andaba por ahí”.

“Mariano logró transmitir su calidez a un sector militante, tanto de organizaciones ligadas al Gobierno como a la izquierda, que está muy conmovido por lo que pasó.” A medida que Pablo Ferreyra reflexiona sobre el asesinato de su hermano, su rostro desnuda las marcas del cansancio provocado por las pocas horas de sueño. Es que su teléfono celular no para de sonar desde muy temprano, cuando se conoció la noticia de que él y su familia esperaban con ansiedad: la detención de José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF); Juan Carlos “Gallego” Fernández, su segundo en el sindicato, y Gustavo Alcorcel, un ferroviario que fue señalado por militantes de la agrupación Causa Ferroviaria como reclutador de la patota que el 20 de octubre asesinó al militante del Partido Obrero. Mientras un grupo de ferroviarios de la UF realiza un lockout en Constitución y se moviliza a Tribunales para pedir la libertad de su líder, el hermano de Mariano Ferreyra recibe a Página/12 en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para hablar sobre las detenciones.

–¿En qué pensó cuando se enteró de que habían detenido a Pedraza?

–En algún punto me puse contento. Tuve una sensación de alivio. Entiendo que la causa se desarrolla hacia la idea de que Pedraza y la cúpula de la Unión Ferroviaria están involucrados en el asesinato de Mariano. Enseguida hablé con mis viejos, con quien compartimos cierta alegría, aunque en un marco más bien trágico.

–Ahora que Pedraza está preso, ¿cuáles son sus expectativas?

–Que se avance en las responsabilidades y se llegue al punto más alto. El horizonte es la responsabilidad intelectual y el encubrimiento policial. No nos vamos a conformar con otra cosa que juicio y castigo a los asesinos de Mariano.

–¿Cómo evalúa la labor de la jueza Wilma López y la investigación que inició Cristina Caamaño, actualmente, en manos de Fernando Fiszer?

–El trabajo de Caamaño fue impecable. Sentó las bases de las líneas de investigación. El trabajo de la jueza también fue muy bueno. En algún momento temí que se dilatara la investigación sobre los autores intelectuales. Pero, en un giro magistral, la jueza salió con estas detenciones, que ya había pedido Caamaño. Y el fiscal actual (Fernando Fiszer) ratifica la misma línea de investigación que trazó Caamaño. Tengo muchas expectativas sobre su trabajo. Todos se mostraron dispuestos a escuchar y comprometerse.

–¿Qué impresión le dejó el encuentro con la Presidenta?

–Fue importante la contención que le dio a mi vieja, en un encuentro íntimo entre madres. Mi hermana Rocío lo definió como una reunión familiar. Fue un encuentro sin especulaciones, se habló de lo que nosotros queríamos y la Presidenta respondió a ese reclamo. Tuvimos un respaldo político muy fuerte. Eso a mis viejos los dejó tranquilos. Nos dijo que la Justicia estaba trabajando bien y lo iba a seguir haciendo.

–Hoy (por ayer) hubo un lockout de trabajadores de la Unión Ferroviaria que se movilizaron a Tribunales para pedir la liberación de Pedraza.

–La huelga fue impresentable, injusta. Que Pedraza esté preso es una decisión de la Justicia tomada sobre cuatro meses de investigación. Frente a la decisión de la Unión Ferroviaria de ir a Tribunales, le decimos a la sociedad que vamos camino a esclarecer un asesinato.

–La muerte de su hermano desnudó lo peor del sindicalismo: las patotas. ¿Es posible terminar con ese modelo de violencia gremial?

–Que las discusiones se terminen con una bala me parece ridículo. Espero que la muerte de Mariano sirva para sensibilizar a la gente de que esa forma mafiosa y patotera de hacer sindicalismo tiene que desaparecer, que se respire un clima de más libertad dentro de los sindicatos. Sé que hay voluntad de acabar con las tercerizaciones, pero deben hacerse más esfuerzos. Debe acabarse con los negociados y toda política que no favorezca al trabajador.

–¿Qué le diría a los ferroviarios de Escalada que fueron convocados por sus delegados para participar del ataque y no se presentaron a declarar?

–Que si están en contra de lo que pasó, si se sienten afectados o arrepentidos, si piensan que fueron un ariete más en la estructura que los presionó para enfrentarse a otros trabajadores, acudan a la Justicia. Me parece que la detención de Pedraza puede funcionar como un paraguas para frenar las amenazas. Este es el momento de declarar.

–¿Cómo analiza la posición del Partido Obrero frente al asesinato de su hermano?

–Más allá de las diferencias que tengo con ellos desde hace muchos años, pienso que su postura fue buena porque acompañaron desde la lucha en las calles cada movimiento de la Justicia y funcionaron como una presión.

–Al mediodía subió una foto a Twitter con un mensaje: “Nunca nos olvidamos de Elsa, que la está peleando”. ¿Por qué lo hizo?

–Recibí un mensaje de la hija donde me dice que quiere conocerme y que su mamá está luchando, peleándola, pero está mejorando. Junto a mi familia siempre estuvimos interesados en su salud. Espero que cuando tengamos sentados en el banquillo a Pedraza, Fernández, los siete imputados por el asesinato de Mariano y la Policía Federal, Elsa esté presente y sepa que estamos ahí por Mariano y por ella. Si Pedraza va a la cárcel, que también vaya por lo que le hizo. Ojalá le lleguen estas palabras.

El fiscal de instrucción Sandro Abraldes volvió a poner el acento sobre la actuación de la Policía Federal al pedir que las cúpulas de dos comisarías que participaron en el desalojo al Parque Indoamericano sean investigadas por haber omitido informar en tiempo y forma sobre las dos muertes que se produjeron en Villa Soldati durante la represión desatada en diciembre. El fiscal presentó una denuncia penal donde señala que los efectivos de la comisaría 52 tardaron dos horas en informarle que Bernardo Salgueiro había fallecido, mientras desde la comisaría 36 no lo llamaron para comunicarle que había muerto Rossemary Chura Puña. La fiscalía a cargo de Abraldes había notificado oportunamente por escrito a los comisarios de ambas dependencias, con instrucciones precisas, en caso de llevar adelante cualquier investigación: “Deberá proceder, en los sumarios que se labren con intervención de esta fiscalía y el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 9, a efectuar consulta de forma inmediata con la señora actuaria, en los casos de urgencia, trascendencia, gravedad o con personas privadas de su libertad”.

Según consta en la presentación judicial a la que accedió Página/12, el 7 de enero, a las 21.40, Abraldes recibió un llamado de María Andrea Fernández, secretaria de la Fiscalía 24, quien le informó que cerca de las 21.30 había recibido una consulta telefónica de personal de calle de la seccional 52 para decirle que en el Centro de Asistencia y Salud Nº 3, en Lugano, “se hallaba una persona fallecida, individualizada bajo el nombre de Bernardo Salgueiro, quien había sido llevado por particulares, con motivo de haber recibido un disparo en el estómago, en ocasión del desalojo del Parque Indoamericano”. Si bien el efectivo reconoció que se había tomado conocimiento de esa muerte a las 19.30, dijo que había sido “muy dificultoso” llegar hasta el centro de salud, lo que provocó que la consulta se demorara. Luego, Fernández llamó a la seccional 36, donde se enteró de que Rossemary Chura Puña había fallecido en el Hospital Piñero a raíz de una herida de bala.

El escrito destaca, además, que la directiva a los jefes policiales fue “simple, directa y fácilmente asequible para su entendimiento: provocar la consulta inmediata a la fiscalía”. Para eso los policías contaban, de antemano, con los números de teléfono de Abraldes y de la fiscalía. La denuncia hace hincapié en la consulta y su inmediatez. También afirma que de la investigación surge que “se ha incumplido claramente” con ese pedido desde ambas seccionales. Los testimonios de dos médicos apoyan el pedido del fiscal. El que atendió a Salgueiro en el centro de salud de Lugano declaró que “tipo siete de la tarde estaba en la sala de médicos en el primer piso” cuando “escuchó gritos, se asomó por la ventana y vio que estaban sacando a una persona de un auto”. El especialista reconoció que otra persona ingresó con una herida de bala en el hombro izquierdo y en la oreja, y que “en la salita siempre hay consigna policial”.

“El móvil de la seccional 52 llegó bastante rápido. Eran un par de móviles, en uno de ellos había un subcomisario que hablaba y llamaba por teléfono”, dijo el médico, que informó al policía que el herido ya estaba muerto cuando ingresó al centro de salud y que tenía una herida de bala compatible con un calibre 22. Una doctora a cargo del móvil del SAME respaldó su testimonio. “Cuando estaban en el lugar, se escucha por el radio de la base que había que concurrir al Cesac Nº 3 porque a las 19.35 había ingresado un herido de bala a ese centro.” La doctora hizo una observación más: “La policía de la 52 llegó rápido. Uno se presentó como subcomisario, y dos o tres policías más –y agregó–. El subcomisario estaba muy acelerado, nervioso y hablaba por teléfono con algún jefe. El subcomisario le dijo a Ricardo que tomara todos los datos y se retiró. Quedó un patrullero en el lugar con personal policial”.

A partir de la denuncia del fiscal, el juez Rodolfo Cresseri, subrogante del Juzgado de Instrucción porteño Nº 15, deberá analizar la actitud de los policías que intervinieron en el procedimiento y si incurrieron en delito o no. Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar, fuentes judiciales adelantaron que los funcionarios policiales podrían ser investigados por desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionarios y encubrimiento por omisión de inicio de la persecución penal. En la causa existen numerosas pruebas que comprometen a los efectivos de la Federal, que actuaron junto a los de la Policía Metropolitana durante el violento desalojo.

“No es casualidad que recibo una nueva amenaza en el teléfono de mi casa justo el día que nos movilizamos a Comodoro Py para pedir que no se excarcelara a Pablo Díaz y compañía.” Damián Reynoso, militante de la Unión de Jóvenes por el Socialismo (UJS), responsabiliza “a la patota armada por la burocracia sindical” por las intimidaciones. Un día después del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras conversaba con una radio sobre el ataque perpetrado en Barracas por la patota de la Unión Ferroviaria (UF), Reynoso recibió un llamado que sus familiares identifican como una “voz grabada” y que decía: “Zurdito, callate la boca”. En noviembre y diciembre las amenazas tuvieron una frecuencia de día y medio. Si bien la última fue el 25 de enero, cuando la Cámara de Casación trató las excarcelaciones de los detenidos, los llamados se repiten el 20 de cada mes, cuando se recuerda un nuevo aniversario del crimen del militante del Partido Obrero.

El del estudiante de la UTN no fue un caso aislado. José Eduardo Sotelo, Gonzalo Damián Fernández, Alberto Mariano Esteche y José Luis García –testigos en la causa por el asesinato de Mariano– también recibieron mensajes similares. Esos actos intimidatorios fueron tomados en cuenta por la Cámara del Crimen porteña para denegar las excarcelaciones de al menos dos de los detenidos: Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño.

Mientras se desempeñaba como fiscal de la causa, a Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad, le pusieron custodia policial, a fines de octubre, por llamados intimidatorios y movimientos extraños cerca de su oficina de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, ahora a cargo de Fernando Fiszer. En los primeros días que siguieron al ataque en Barracas, por miedo a que se filtrara información trabajadores del Taller de Remedios de Escalada reclutados por la patota de la UF también fueron amedrentados. “Si hablás, te prendemos fuego la casa”, le dijeron a uno de los ferroviarios.

En Escalada señalan que las amenazas comenzaron para cerrar un pacto de silencio en el taller, donde al menos 120 ferroviarios fueron licenciados para participar del ataque a los tercerizados. En la madrugada del 21 de octubre, un grupo de desconocidos baleó la casa de Aldo Severo, ex gerente de Ferrobaires. A fines de noviembre, a José Luis García le cruzaron una camioneta EcoSport negra con cuatro hombres en su interior cuando se dirigía a su trabajo. En ese momento, el mensaje llegó sin ambigüedades: “¡Dejate de joder con Ugofe, la próxima vez no te avisamos!”.

En su resolución judicial, la jueza Wilma López consideró que “se torna sumamente importante valorar en contra de los encausados el temor de los testigos a prestar declaración testimonial” y destacó las intimidaciones sufridas por Severo, la fiscal de la causa, la periodista que se encontraba en el lugar (Gabriela Carchak, de C5N) y Sotelo. Y mencionó que la testigo Rocío Anahí Cardozo afirmó que mientras se encontraba en la casa de su novio, Damián Reynoso, atendió una llamada telefónica en la que le anunciaron: “Que se deje de decir pavadas y que deje de salir en la tele”.