Página#12 Libre

El politólogo italiano Giovanni Sartori analizó en sus libros el comportamiento habitual de los partidos políticos que saben que nunca llegarán al poder. Según Sartori, sus nulas chances de acceder al gobierno conducen a estos partidos a lo que él llama la “sobreoferta electoral”, es decir, a la multiplicación de promesas grandilocuentes que, de cualquier modo, nunca se verán en la tarea de llevar a la realidad. Estas “oposiciones irresponsables”, como también las llama, no se preocupan por desarrollar programas coherentes ni aplicables; a diferencia de quienes deben conciliar sus palabras con la gestión de gobierno, estas oposiciones pueden prometer alegremente el paraíso terrenal porque nunca deberán rendir cuentas de sus discursos.

El debate del 82 por ciento móvil en el sistema jubilatorio argentino posee características similares a las que describió Sartori. Distintos conglomerados opositores se pelean por ver quién formula las promesas más generosas, sin demasiada preocupación por cómo financiarlas de forma sostenible. Pero lo curioso del caso en cuestión es que muchos de estos opositores no sólo tienen expectativas de llegar algún día al gobierno, sino que ya han ocupado ese rol y nunca intentaron implementar semejantes promesas. Cuando Sartori pensaba en opositores “irresponsables”, se refería a los partidos que nunca habían gobernado y que no planeaban hacerlo; en la Argentina, los opositores irresponsables ya han estado en el gobierno, y eso vuelve aún más llamativas sus promesas: ¿por qué no hicieron nada por aplicarlas cuando tuvieron la posibilidad? Parece que nuestros opositores quieren contribuir al desarrollo de la ciencia política mundial. Son un novedoso objeto de estudio, que ni pensadores de la talla de Sartori habrían podido imaginar.

El monto que implicaría establecer jubilaciones que equivalgan al 82 por ciento móvil del salario significaría debilitar fuertemente las cuentas del Estado argentino, socavando el equilibrio fiscal que nuestro país ha conseguido en estos años. Implicaría volver a las épocas del déficit fiscal y del endeudamiento, que luego concluyeron en default y grave crisis económica y social. Los argentinos conocemos ese modelo y no queremos repetirlo, porque conocemos sus consecuencias.

De todas maneras, es genuino e imprescindible discutir los modos para seguir mejorando la situación de los jubilados. Pero hay que hacerlo con honestidad, reconociendo todo lo que se ha hecho en los últimos años. Con los 17 aumentos otorgados desde el año 2003, la jubilación mínima ha aumentado casi 500 por ciento en este período. A su vez, y gracias a una ley impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la movilidad jubilatoria está garantizada hoy dos veces al año, eliminando toda discrecionalidad o arbitrariedad en su otorgamiento. Si a esto sumamos la incorporación de 2,5 millones de nuevos jubilados, entendemos por qué hemos logrado disminuir a niveles mínimos la pobreza y la indigencia en los adultos mayores. Por lo tanto, hay que celebrar que se debata sobre la situación de los jubilados, pero siendo claros sobre cómo es la situación hoy y cómo era la situación cuando aún gobernaban muchos que hoy formulan promesas fastuosas.

Finalmente, no hay que olvidar que este gobierno recuperó para el sistema previsional público los fondos de la AFJP. En otros países, la crisis financiera internacional produjo una enorme caída de dichos fondos de capitalización, empobreciendo significativamente a los futuros jubilados y quitando sentido a cualquier sistema jubilatorio: el de brindar previsibilidad para los años por venir. Con la decisión de la Presidenta y la aprobación del Congreso, los trabajadores argentinos están seguros de que sus aportes no se arriesgan en los volátiles mercados financieros. Además, esto ha permitido inyectar fondos a la economía real, a los sectores productivos, a la generación de empleo, a la Asignación Universal por Hijo, y todo sin las exorbitantes comisiones que cobraban las AFJP. Si hoy algunos proponen aumentos aún mayores, es porque este gobierno tomó la decisión de volver a un sistema previsional público, solidario y sustentable.

En definitiva, es auspicioso que debatamos cómo mejorar la situación de nuestros mayores. Pero debemos hacerlo con memoria, con responsabilidad y sin prometer lo que se sabe que no se puede cumplir.

* Secretario de la Gestión Pública.

En muchos momentos de la historia, en diferentes países, sectores progresistas, de izquierda y nacional-populares debieron elegir si acompañar los procesos de cambio en curso o apostar por opciones minoritarias, puristas, más expresivas que capaces de influir sobre los acontecimientos. La intelectualidad de izquierda norteamericana, por ejemplo, contribuyó a construir la coalición social de apoyo al New Deal de Franklin Roosevelt, aun sin compartir la totalidad de sus ideas o de sus alianzas, que incluían a los demócratas moderados del sur y a las “maquinarias” urbanas tradicionales. Pero en otros casos, como en el Chile de Salvador Allende, las diferencias al interior de estos sectores se agigantaron y terminaron por abrir las puertas al golpe de la derecha.

Salvando las indudables distancias con estos casos, hoy vivimos en la Argentina un escenario con similitudes a las mencionadas. Sobre todo en la Capital Federal, un grupo de votantes que valora la inclusión social (y que, por ende, podemos considerar de izquierda o nacional-populares) parece dispuesto a optar por las candidaturas de Pino Solanas o de Aníbal Ibarra. Esta es una decisión respetable, sin dudas. Pero la pregunta que debemos hacernos es qué contribución pueden hacer Solanas o Ibarra a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, a partir de un monobloque legislativo, basado en un total personalismo individual. Carlos Heller, en cambio, integra un proyecto nacional que, desde el año 2003, viene trabajando por construir esa sociedad equitativa, soportando las enormes presiones de los sectores concentrados de la economía. La única manera de superar estas presiones, que pugnan por volver a un Estado mínimo, es mediante un proyecto político sólido y con amplios respaldos; no con individualidades dispersas, presentes en un solo distrito.

Puede que estos votantes no compartan todas las acciones o las alianzas del gobierno nacional. Sin embargo, en las disputas de fondo por la redistribución del ingreso y del poder social, ¿qué gobierno ha hecho más que éste por construir un país más incluyente? ¿Qué gobierno ha sido tan firme ante los organismos internacionales, ante las empresas privatizadas, ante los factores tradicionales de poder? Recordemos, además, que en la pelea más dura en tal sentido (al proponer retenciones móviles a la exportación de soja) los sectores que se presentan como “puristas” eligieron una prescindencia que fue funcional a las patronales agropecuarias, o incluso en algunos casos optaron directamente por apoyarlas. Fueron el gobierno, sus legisladores y los representantes de los trabajadores quienes pusieron el cuerpo a la pelea por cobrar más impuestos a los sectores de mayores ingresos, soportando los costos que ello implicó. Por eso, cuando pasamos de los discursos a las prácticas, la opción auténticamente progresista, la que puede incidir realmente a favor de la redistribución de la riqueza y el poder social, es la que encabezan Carlos Heller, en Capital, y obviamente la de Néstor Kirchner, en provincia.

* Vicejefe de Gabinete.