Página#12 Libre

La etapa crucial de la causa Díaz Bessone comenzó ayer con cuatros testimonios de quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad que se ventilan en el juicio oral y público. Entre los testimonos figuró el de Juan Pablo Bustamante quien denunció que la actual camarista Laura Inés Cosidoy -quien había sido designada su defensora oficial- "amenazó a mi madre con hacerla detener por desacato sino dejaba de molestarla pidiéndole información sobre mi". Otro de los testigos fue Gustavo Mechetti, contó su detención el 26 de marzo de 1976, y su traslado al Servicio de Informaciones (SI) desde la cárcel de Coronda. Mechetti fue llevado en febrero de 1977 y permaneció allí dos meses, convencido de que su destino era ser ejecutado. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando le preguntaron sobre las condiciones de detención en el SI. Otra testigo fue Laura Torresetti, quien tres veces dijo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. La cuarta testigo del día fue Ana Koldorf: "Mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26. La memoria es muy fluida, estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente".

* El Tribunal, presidido esta semana por Jorge Benegas Echagüe, e integrado también por Otmar Paulucci y Beatriz Barabani, escuchó el largo testimonio de Mechetti. "Era una película de terror, era espantoso, espantoso, espantoso", dijo Mechetti cuando la abogada querellante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gabriela Durruty le preguntó sobre las condiciones de detención en el SI. "En Santa Fe al menos estábamos solos todo el día en el calabozo, hasta que venían y nos reclamaban para los interrogatorios. Al menos no veías frecuentemente personal que te fuera acosando todo el tiempo. Acá había la misma mugre, la misma pésima comida y la fricción permanente del personal de guardia, 24 horas todos los días", relató. Recordó también que había tres jefes de guardia. Uno era Managua, al que recuerda como el que generaba mayor fricción, el otro era Sargento y el tercero Darío. "Tenían perfiles distintos, una guardia era más violenta, otra más tranquila, en la otra no pasaba nada", recordó.

En el centro clandestino de detención fue recibido a los golpes, y luego fue interrogado. Recordó que Lofiego, luego de los interrogatorios, cambió de actitud, y mantuvo varias conversaciones con él. Es que Mechetti era oficial principal de Montoneros, y distintos miembros de las fuerzas de seguridad se acercaban para conocerlo políticamente. "Las condiciones de detención de ese momento, que eran muy rigurosas, producían un divorcio entre el prisionero y la estructura que quedaba afuera. A veces el interrogatorio sirve para vengarse o castigar, o para obtener información fresca, que yo no tenía. La organización se había modificado tanto en los meses que yo llevaba detenido. En mi interrogatorio me preguntaban banalidades, tonterías. Yo no tenía información de primera, de manera que saqué la conclusión de que era una venganza de Feced hacia mí", dijo Mechetti.

"¿Recuerda los motivos por los que fue detenido?", le preguntó el abogado defensor de Lo Fiego, Germán Artola. El fiscal Gonzalo Stara cuestionó la pregunta, ya que no es objeto del proceso, pero Benegas Echagüe le dio vía libre. "Empecé a militar cuando tenía 15 años. El hecho que llevó a mi detención fue una casualidad. Esto me lo contó el oficial que me detuvo, porque le resultó rara la patente del auto en el que iba. Lo estricto es eso. Mediando entre las dos circunstancias, otra alternativa que usted no desconoce es que se había producido un golpe de estado", contestó Mechetti. Sobre los interrogatorios, Mechetti puntualizó que "lo normal era la picana". Cuando terminó su testimonio, los aplausos inundaron la sala, que estaba llena de público.

* La segunda testigo de la mañana fue Laura Torresetti, que era militante de la Juventud Comunista y fue secuestrada el 12 de mayo de 1976, junto a Hugo Méndez y el padre de éste. Tres veces dijo la testigo que no quería ahondar sobre su tortura, aunque sí recordó que los compañeros decían que Lofiego quería "divertirse" en la sesión de torturas. Torresetti recordó que en agosto, cuando ya la habían trasladado a la Alcaidía, con otras prisioneras, llegó al lugar una joven que ingresó como NN, pero se identificaba como Dolores Aguirre y sufría amnesia. Estaba en muy malas condiciones. Un día fue llevada a un interrogatorio, y al volver contó que había sido torturada en presencia de sus dos hijas, Josefina -de cinco meses y Mariana, de un año. Las niñas habían recibido golpes también. En septiembre, se produjo el traslado de Ruth González, que fue llevada por Feced, Lofiego y el entonces jefe del SI, Raúl Guzmán Alfaro, en un taxi hacia la muerte. Aunque las otras presas espiaron por una pequeña ventana de la alcaidía, no alcanzaron a distinguir si Feced también subió en el vehículo. Cuando recordó la despedida de Ruth, admitió que la emoción volvía a invadirla, como le ocurrió ese día de septiembre de 1976. "Ella sabía cuál era su destino. Tenía dificultades para caminar, iba como un condenado a muerte, pero ni siquiera tuvo tanta suerte", relató Torresetti. También el final de su testimonio recibió aplausos de los presentes. Cuando la testigo salió de la sala, Josefina González -la niña golpeada por la patota a los cinco meses se le acercó. Las dos se abrazaron durante un rato, emocionadas.

* Por la tarde fue el turno de Bustamante quien narró lo vivido "desde el 24 de mayo de 1976 hasta el 11 de marzo de 1983, que es el tiempo que pasé en el Servicio de Informaciones sufriendo apremios, y en donde reconozco al Ciego Lofiego". El testigo se detuvo en narrar puntualmnte un caso que invoclura a quien hoy es una camarista federal: Laura Inés Cosidoy. "En su momento fui condenado por la justicia militar en 1976 76 y en 1979 el juez federal Guillermo Tschopp me inicia un juicio donde tenía como defensora oficial a Cosidoy, a quien no vi nunca. Sin embargo mis familiares sí la vieron, aunque no tuvieron información a través de ella, e incluso recibieron el maltrato de quien era entonces mi defensora. Mi madre concretamente fue maltratada por Cosidoy quien la amenazó con hacerla arrestar por desacato si seguía hinchándole".

"Reconozco que tal vez mi madre no haya estado con las mejores formas para tratarla -agregó-, pero no era forma de tratar a una madre que venían reclamando justicia desde hacia varios años".

* La cuarta testigo fue Ana Koldorf. "El 29 de mayo de 1976 fui a visitar a un par de amigas a una pensión de Santiago al 1200. Cuando me fui a retirar, se presenta una tormenta importante y las chicas me dicen que me quede. Mis amigas eran Liliana Paz y Elvira Marquez, me quede a dormir. A la madrugada, entre 4 o 5 de la mañana, nos despiertan golpeando y gritando 'requisa'. Entran muchas personas en patota, soldados y policías. Nos llevan a la Jefatura de policía. Me llevan al Servicio de Informaciones, a la rastra. Me llevan a una habitación o pasillo ancho, vendada y atada me ponen contra la pared. En esa situación varios me insultan, incluso uno me pregunta el apellido y al decírselo me insulta peor y me dan varios coscorrones por tener apellido judío. Paso muchísimas horas parada, a la noche, supongo que era la noche, me sacan, me encapuchan, me atan las manos, me bajan las escaleras del mismo modo en que me habían subido y me ponen en el baúl de un vehículo con una manta o frazada encima, me parece que me pusieron unas llantas encima como para que no me pueda mover. Me doy cuenta que era el baúl por las emanaciones de gas. Pasan unos 40, 50 minutos, una hora. Haciendo un paréntesis, mi detención tiene 34 años y el testimonio inicial que hice tiene 26, es muy posible que tenga lagunas en mi memoria. La memoria es muy fluida, lábil, dúctil, por lo tanto estos olvidos que tenemos son bastante sanadores. No se puede cargar con tanto dolor de manera permanente, de alguna manera la memoria nos ayuda a pasar a un lugar más profundo de la mente. Recorremos una hora y no tengo idea a dónde. Me bajan y me meten haciéndome agachar la cabeza como si hubiese una gran persiana a un espacio muy grande que supongo puede ser un depósito o galpón vacío porque retumban las voces. En ese lugar me desnuda, me suben a una mesa, me atan, me tiran agua y empiezan a torturarme con la picana en todas partes del cuerpo. Todos eran varones, uno de ellos estaba sentado en la cabecera de la mesa al lado mío que me iba preguntando mientras los demás me torturan de pie porque no había muebles. Después de una hora se detienen y dicen que tienen hambre".

"El otro episodio que quiero contar fue cuando nos quisieron sacar del pabellón para fusilarnos, no recuerdo si fue en junio o julio del 76. Una noche empezamos a escuchar mucho movimiento, entra una de las celadoras y nos grita que cerremos las ventanas y que nos acostemos. Al rato entra un tipo con uniforme, creo que era de la infantería de policia, gritándonos que preparemos a 15 de nosotras que nos iban a venir a buscar. Vimos cómo iban llegando féretros. Después nos enteramos que había habido un atentado contra Feced luego de un partido de futbol. Que la intención era duplicar el número de esos muertos con lo de las 15".

Al comenzar la audiencia, Ramón Genaro Díaz Bessone, José Lofiego y José Antonio Scortecchini solicitaron seguir la audiencia desde una sala contigua. De este modo, evitaron enfrentarse con los testigos.

Ramón Genaro Díaz Bessone continuó ayer con su interminable exposición en la que se trazó algunos objetivos: desligar su responsabididad sobre el accionar de la policía provincial durante la última dictadura, culpar a las víctimas o sembrar sospechas acerca de su desaparición reviviendo la teoría que al no hallarse el cuerpo de la víctima no se lo puede acusar, finalmente rechazar la existencia del terrorismo de Estado. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el veterano militar, que dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos, como cuando apuntó que no había registros del detención de Cristina Cialcetta Marul, la mujer identificada en Melincué, o la sospecha sobre el destino de Pedro Paulón, "a quien nadie vio que lo secuestraron, tal vez se tomó la pastilla de cianuro, o se fugó al extranjero". Volviendo al planteo que hiciera Jorge Rafael Videla, Díaz Bessone trató de zafar de sus imputaciones argumentando en algunos casos -como el de Paulón- que "no estaba el cuerpo del delito para culparlo de homicidio". "No se sabe si está vivo o está muerto, está desaparecido", esbozó ayer en una payasesca copia de aquel dictador.

El mandamás del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 11 de octubre de 1976 cuestionó las requisitorias de la fiscalía, pero en su larga exposición también argumentó que Miriam Moro, desaparecida el 27 de septiembre de 1976, era integrante de la agrupación Montoneros y por lo tanto debía ser aniquilada. Claro que Miriam fue vista en el Servicio de Informaciones antes de su asesinato. Lo mismo dijo de Ruth y Estrella González, así como de Héctor Vitantonio, y para descalificarlos volvió a sindicarlos como los carceleros del coronel Argentino Larraburu, en 1975.

Por otra parte, admitió que Juan Pablo Bustamante fue capturado por el Ejército, y Marcelo de la Torre, que se presentó espontáneamente, estuvo a disposición de la fuerza que él dirigía. Si bien durante toda su exposición negó que la policía provincial haya estado alguna vez bajo su "control operacional", reconoció que había intercambio de información y de detenidos entre las distintas fuerzas. Además, en dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", argumentó ayer al mediodía, para repetir -por tercera vez desde el comienzo de su declaración, anteayer a la tarde que los hijos de Hebe de Bonafini aparecieron vivos en París.

En ese momento, el abogado de Hijos, Lucas Ciarnello Ibáñez pidió la palabra para pedir que el imputado no fuera ofensivo ni provocador. También Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se pronunció en el mismo sentido, para recordar que los juicios en los que se ventilan delitos de lesa humanidad tienen "como eje rector el respeto de los derechos de las víctimas".

Beatriz Barabani, a cargo de la presidencia, recordó a los querellantes que el Tribunal iba a escuchar la indagatoria sin ninguna restricción, para asegurar el derecho de defensa, pero luego hizo lugar a su reclamo. Casi al final de su exposición, Díaz Bessone quiso incluir como pruebas del juicio documentos diversos: decretos y leyes del gobierno constitucional de Isabel Martínez tanto como partes de guerra y comunicados del ERP y Montoneros. En ese punto, la presidenta del TOF 2

le recordó que para ingresar nueva prueba debía contar con la conformidad de las partes.

Díaz Bessone negó hasta el hartazgo haber sido responsable del accionar policial, como también se apoyó permanentemente en la directiva 1/75 que ordenaba "aniquilar la subversión". Incluso, afirmó que no podría formar una asociación ilícita que tuviera como jefe al ex interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. "Que nada menos que el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército era un súbdito de una organización dirigida por Feced", dijo con espanto para subrayar su propia jerarquía. En esa particular lógica, volvió a negar el concepto de secuestro.

Cuando se refirió puntualmente a los casos que se le imputan, admitió sólo en dos de sobrevivientes la participación del Ejército. En cuanto a Juan Pablo Bustamante, negó que hubiera sido torturado, al menos en el Batallón 121, donde fue llevado en primera instancia. Esa gota colmó la paciencia de Mónica Garbuglia, que estaba sentada en el público. "Lo torturaron", dijo cuando Díaz Bessone habló de interrogatorios. Cuando desmintió las torturas, se retiró de la sala con lágrimas en los ojos. "Esto es más de lo que puedo soportar", expresó.

Mientras el público expresaba en voz baja su desacuerdo con la versión de Díaz Bessone, el militar llegó a negar la existencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Díaz Bessone dijo también que la mitad de los casos que componen la causa ocurrieron durante la gestión de Leopoldo Galtieri como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército.

El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército negó haber formado parte de un plan sistemático de represión ilegal. En su argumentación sobre la guerra vivida en la Argentina, expresó que los cuarteles del Ejército no eran centros clandestinos de detención, sino

L.R.D.: Lugar de Reunión de Detenidos, ubicados en los propios cuarteles, "donde se bañaban, tenian tres comidas diarias y se les entregaba ropa interior, y tenian visitas familiares". Haciendo gala de la ironía Diaz Bessone preguntó "por qué la fiscalía no calificaba de ese modo a las cárceles del pueblo", en otro intento por derivar el eje del juicio.

Una y otra vez, sin embargo, reconoció el intercambio de información y de detenidos. Cuando usó la palabra enfrentamiento, sin embargo, se refirió a personas -como Ruth González que fueron vistas en el Servicio de Informaciones, y que por lo tanto estaban indefensas cuando fueron ultimadas. Ante la pregunta del defensor de Rubén Lofiego, aclaró que "la policía colaboraba ampliamente y sin problema si el Ejército lo requería".

Díaz Bessone fue requerido por Barabani sobre las condiciones de detención en los cuarteles: "Eran condiciones dignas, podían recibir visitas de sus familiares y los prisioneros estaban separados por sexo: no íbamos a permitir allí ninguna promiscuidad". Hizo un esfuerzo por diferenciar el funcionamiento del "Area de Inteligencia, que estuvo a cargo del Coronel Rolón, y luego del coronel Ramírez", del "Destacamento de Inteligencia, que funcionaba en Oroño y Córdoba y estaba a cargo del coronel Juan Pablo Saá". Sobre el secuestro de Sonia Beatriz González replicó que "su madre dijo haber visto a civiles armados, con lo cual no se puede decir que fue le Ejército".

El abogado defensor Gonzalo Miño -quien ayer demostró ser solo una caricatura de su mentor el temido abogado patrocinante de los máximos jefes militares Rafael Sarmiento- le dio pie al anciano general para explayarse sobre temas como la pastilla de cianuro o la voz de un reconocido periodista ordenando cómo editar el video de Marie Monique Robin para inculpar a Diaz Bessone. Negó la existencia de La Calamita así como la Quinta de Fisherton donde estuvo detenido Fernando Brarda.

Pero cayó en una grosera contradicción: ante una pregunta del camarista Otmar Paulucci, negó haber conocido algún caso donde un funcionario de la justicia federal hubiese sido detenido. Pero rato más tarde y ante la pregunta de su letrado, relató con lujo de detalles la forma en que el entonces juez federal Alegría Cáceres, le pidió que intervenga para saber la suerte corrida por su entonces secretario Santiago Harte. "Hablé con un gendarme que estaba a cargo de la Cárcel de Encausados y me dijo 'mi general lo trajeron aquí'. Así que lo trajeron ante mi y lo liberaron", relato Díaz Bessone reconociendo la denuncia en su contra que con el correr de los años presentó Harte, que llegó a ser camarista federal.

"La única batalla que se pierde es la que se abandona". Con esta frase reflexionaba ayer Héctor "Chinche" Medina, en la puerta de los tribunales federales de Rosario, después de conocer la resolución del Tribunal Oral Federal Nº 2 aceptando el ingreso a la sala de audiencias de fotos con los rostros de los desaparecidos en la causa Díaz Bessone. La respuesta llegó por la tarde luego que la sesión de la mañana se interrumpiera por el ingreso de varios familiares con fotografías de víctimas del terrorismo de estado, lo que motivó un planteo del fiscal Gonzalo Stara y de la querellante Gabriela Durruty. La presidenta Beatriz Barabani de Caballero y el camarista Otmar Paulucci votaron favorablemente, "siempre que se actúe con respeto y sin provocaciones" mientras Jorge Venegas Echagüe votó en disidencia, quien adujo que la fiscalía no tenía "autoridad ni legitimación" para pedir que se revea una acordada que estaba firme desde el juicio a Guerrieri-Amelong.

Todo comenzó poco después de las 11, cuando Medina y otros integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron a levantar las fotos de los desaparecidos en la sala donde se realiza el juicio oral y público. Después de unos minutos de consultas con los otros dos miembros del Tribunal Federal Oral número 2, Barabani de Caballero decidió realizar un receso de 10 minutos y les pidió a los presentes que recordaran que estaba prohibido portar las fotos de las víctimas del terrorismo de Estado.

"Hacemos un receso de 10 minutos y cuando entren a la sala nuevamente, no podrán exhibir las fotos que están exhibiendo. Caso contrario no podrán volver a ingresar", dijo la jueza. Al volver, sobre el filo del mediodía, el público volvió a levantar las fotos, y el fiscal Gonzalo Stara pidió una reposición de la decisión del Tribunal, apoyado por la abogada Durruty, una de las querellantes.

El recurso de reposición de Stara ante el pleno del tribunal solicitaba que "se autorice al público a ingresar munidos de las fotografías, dado que dicha acción no se contrapone con las normas de decoro establecidas por la norma de rito para el desarrollo de la audiencia". El fiscal adujo además que "una decisión en contrario se contrapondría con las normas de la ONU para el tratamiento de las victimas de delitos de lesa humanidad, siendo secundado en el planteo por las querellas". El Tribunal decidió suspender la audiencia hasta las 16, para elaborar la respuesta al pedido.

Al salir de la sala, con las fotos de sus familiares desaparecidos en las manos, los integrantes del Espacio Juicio y Castigo subrayaron su reclamo de tener presentes a las víctimas dentro de la sala de audiencias. Héctor llevaba una remera de su hermano, Oscar, mientras Lea, otra de las hermanas, llevaba la foto. Otra de las hermanas, Yoli, llevaba con orgullo el pañuelo blanco de su madre, Elisa, una histórica madre de Plaza 25 de mayo que falleció en mayo de 2009. "Soy testigo, soy familiar y tengo a mi hermano desaparecido. Tener las fotos allí es tener la presencia de nuestros familiares", argumentó Héctor.

También Norma Ríos y Florencia Del Negro, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, participaron de la movida para ingresar las fotos al Tribunal. "Es una reivindicación de la memoria", dijo Ríos. También Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, aportó sus razones: "Nosotros no podemos entrar con la foto de nuestros familiares que no están, y a Díaz Bessone, el máximo responsable de la represión en la zona, lo dejan participar de las audiencias desde una sala contigua". El resto de los imputados, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y el civil Ricardo Chomicki, estaban sentados escuchando la lectura de la secretaria, Silvina Andalaf.

No todos los integrantes del Espacio Juicio y Castigo coincidieron con la decisión de ingresar a la sala de audiencias con fotos. Algunos testigos y querellantes de la causa consideraron que la estrategia era errónea. "Esto ya se hizo el año pasado. En ningún juicio oral del país se permite ingresar con las fotos de los compañeros. Incluso, aquí se permite que las Madres estén con sus pañuelos blancos, algo que no ocurre en otros lugares. No queremos que esto perjudique el desarrollo de un proceso que llevó tantos años de lucha", dijo un querellante que estaba en la puerta cuando ocurrió la movida.

Desde Familiares, Luna retrucó que esta vez, el Tribunal al menos accedió a analizar la posibilidad de permitir las fotos, un símbolo que quieren mantener a la vista de los represores. Por eso cobró sentido la frase de Medina que encabeza esta nota, en referencia a que nunca hay que bajar los brazos en estos reclamos.

Por su parte el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas expresaron que "éste es un paso más para lograr la presencia de los compañeros desaparecidos, que de esta manera estarán más presentes en la audiencia". Tras la decisión del Tribunal, las audiencias continuarán hoy a las 9.30, y se estima que la lectura de las requisitorias llevará al menos dos semanas más.