Página#12 Libre

Para el gobernador Daniel Scioli, la policía de la provincia de Buenos Aires constituye una herramienta de gestión política formidable. La reivindicación de la conducción política sobre las instituciones policiales sustentada por el gobierno nacional se desvanece en el enclave bonaerense cuando su gobernador insiste en delegarle, sin inhibiciones ni controles, el gobierno de la seguridad pública a la policía provincial, en la que despuntan deficiencias estructurales, prácticas corruptivas, acciones ilegales y abusivas en el uso de la fuerza y connivencia y asociaciones con organizaciones delictivas que le aportan a la corporación inimaginables fondos espurios.

Pero, aún así, constituye un instrumento de gestión política que les permite tener a raya a “los que sobran” en la sociedad deseada por la derecha criolla mediante el disciplinamiento punitivo de los sectores urbanos altamente marginalizados para los cuales, en el ámbito provincial, no se han llevado a cabo políticas sociales de inclusión de ninguna índole.

Es en torno de estas cuestiones que los asuntos de la seguridad pública tienen una fuerte connotación social. En el primer semestre del 2003, en el Gran Buenos Aires, el 51,1 por ciento de los de los hogares y el 31,6 de las personas se encontraban en situación de pobreza, mientras que el 24,5 por ciento de los hogares y el 31,8 de las personas se encontraban en situación de indigencia. Desde entonces, como consecuencia de las políticas sociales y económicas encaradas por el gobierno nacional, la Argentina atravesó por un período de elevado crecimiento económico y de reducción de la desocupación y la subocupación. Ello generó una importante disminución de los niveles de pobreza e indigencia en los centros urbanos del país y, en particular, en el Gran Buenos Aires. En el primer semestre de 2010, sólo el 9,2 por ciento de los hogares y el 13,5 por ciento de las personas de este conglomerado urbano se hallaban en situación de pobreza y sólo el 2,4 por ciento de los hogares y el 2,5 de las personas en situación de indigencia.

No obstante, pese al descenso de la pobreza e indigencia producido en estos años, en el Gran Buenos Aires se produjo un significativo crecimiento de las villas y los asentamientos precarios. En 2001, en esta región existían 376 villas y asentamientos habitados por 594.781 personas, mientras que, en el 2006, totalizaban 796 villas y asentamientos habitados por 936.855 personas, esto es, casi el doble. Nada parece indicar que ello se redujo en estos años. En suma, pese a la significativa reducción de la pobreza y la indigencia –especialmente, mediante la Asignación Universal por Hijo–, los sectores altamente marginalizados que no pudieron ser incluidos en las regulaciones sociales formales –empleo formal aún precario– o informal –empleo precario de la economía informal y de sobrevivencia– vieron ponderada su condición de marginalidad.

Estas villas y asentamientos precarios configuran espacios altamente marginalizados resultantes de tres procesos simultáneos: La expansión del desempleo estructural, es decir, el desempleo masivo y permanente de la mayoría de los habitantes de estos conglomerados, generando una suerte de alta vulnerabilización y precarización socio-laboral de los mismos. La relegación de esos habitantes a lugares y barrios desposeídos de recursos públicos y privados básicos y altamente expoliados desde el punto de vista medioambiental. Y, finalmente, la expansión de la estigmatización negativa creciente de esos habitantes y espacios en la vida cotidiana y en el discurso público, proyectándolos como clases y espacios peligrosos, violentos y pasibles, en consecuencia, de un disciplinamiento punitivo severo.

En muchos de esos espacios, la violencia y el dominio coactivo de las redes criminales signan la cotidianidad de los mismos. El temor corriente de sus habitantes a aquella violencia que los tiene como principales víctimas, a la estigmatización negativa frente al resto de la sociedad y a la alta conflictividad existente en los planos individual y grupal, marca a fuego sus vidas precarias. A su vez, la presencia estatal en estos ámbitos es ocasional y parcial. Supone un doble juego de distribución esporádica de recursos materiales escasos y de intervenciones policiales meramente represivas, regularmente abusivas y hasta conniventes y regulatorias de las actividades delictivas allí desarrolladas. Los lugareños son, así, víctimas de la marginalidad social y económica, de la violencia delictiva y, casi siempre, del accionar policial que no discrimina al delincuente del vecino honesto y que en numerosas ocasiones alienta al delito.

Para el gobernador, aquí habitan “los molestos”. Para ellos, la única política provincial ha sido el disciplinamiento compulsivo desarrollado por la policía provincial mediante acciones reiteradas de represión indiscriminada a toda manifestación pública y a todo reclamo llevado a cabo por estos sectores; las “razzias” violentas y generalizadas sobre barrios y asentamientos precarios; la comisión sistemática de torturas y apremios contra los detenidos; y los fusilamientos y las desapariciones de personas, todas ellas estigmatizadas como “peligrosas” o “criminales” por la propia policía y la comparsa de medios de comunicación orgánicos a los uniformados.

La desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009 y los asesinatos de los adolescentes Mauricio Ramos y Franco Raúl Almirón perpetrados por efectivos policiales el 3 de febrero pasado en José León Suárez son una expresión elocuente de ello.

Este dispositivo institucional y estas formas de intervención son la traducción material del relato punitivo tan fogoneados por los “políticos del orden”. La policía de la provincia de Buenos Aires es el brazo armado de esa proclama. Y si alguien tiene dudas de esto debería preguntarse por qué no se llevan a cabo razzias policiales ni se emprenden intervenciones a los tiros en los barrios ricos de la zona norte del conurbano bonaerense donde viven Eduardo y Gustavo Juliá, narcotraficantes de fuste que, desde hace un tiempo, pernoctan en una cárcel de Barcelona.

* Especialista en seguridad. Dirigente de Nuevo Encuentro.

En octubre de 2008, la sanción por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Ley 2894, mediante la cual se establecieron las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública porteño, fue el resultado de la construcción de un consenso político y legislativo que entusiasmó al oficialismo y a la oposición. Con ello, además, se creó la Policía Metropolitana y, así, se abría la posibilidad de conformar una institución policial asentada en nuevas formas de organización y nuevas modalidades de funcionamiento.

El consenso institucional plasmado en la mencionada norma era claro respecto de quién debía ejercer la dirección superior de la Policía Metropolitana: ello recaía de manera indelegable en el ministro de Justicia y Seguridad. El modelo adoptado era el de una policía con conducción civil, en el que se atribuía al ministro del ramo el ejercicio de las dos funciones rectoras fundamentales de la Policía Metropolitana. Por un lado, la dirección superior mediante la planificación estratégica, el diseño y formulación de las estrategias policiales de control de la violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y organizativa de las diferentes instancias y componentes de la misma, la dirección del accionar específico, así como también de las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. Y, por otro lado, la gestión administrativa general en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal. Y el mando civil se reforzaba atribuyéndole al Ministerio de Justicia y Seguridad una facultad importantísima: la designación y remoción del personal de la Policía Metropolitana.

En este marco, a la Jefatura de la Policía Metropolitana se le asignó la conducción operacional de la misma, es decir, una conducción de segundo escalón. Así se expresa en la Ley 2894 cuando se establece que corresponde a esa jefatura la conducción orgánica y funcional de la institución mediante la organización, prestación y supervisión de los servicios policiales.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, violó este conjunto de trazos institucionales desde el mismo momento en que inició el proceso de conformación de la Policía Metropolitana. La designación del comisario general (R) Jorge Palacios al frente de esta nueva organización y, con ello, la concesión del mando real de la misma a la troupe de comisarios y agentes de informaciones importados desde la Policía Federal Argentina que lo acompañaron quebró aquel consenso político y dejó claro que para Macri la seguridad pública es una cuestión policial que debe ser gestionada exclusivamente por un comisariato bravo. A contramarcha del diseño institucional logrado entre los funcionarios y legisladores oficialistas y la oposición parlamentaria, el núcleo duro del poder macrista optó por reproducir la tendencia tradicional que caracterizó a casi todos los gobiernos nacionales y provinciales que se sucedieron en nuestro país desde 1983 hasta la actualidad: la delegación, sin frenos inhibitorios, del gobierno de la seguridad pública a las cúpulas policiales.

Se trató de una picardía política de poca monta. Mientras sus funcionarios y legisladores negociaban un nuevo marco legal con la oposición, Macri ya había decidido colocar a Palacios y sus secuaces al mando de la novel institución policial, con la premeditada intención de montar una estructura de seguridad propia que le permitiera competir en la trastienda del poder con el kirchnerismo y arrebatarle a la Policía Federal Argentina el dominio de las calles. Una ingenuidad propia de un bon vivant que nunca trajinó los duros adoquines sobre los que se dirimen los asuntos de seguridad en este país.

Antes que un suspiro de monja, todo estalló por el aire. No obstante, cuando Palacios ya estaba entrando en la cárcel de Marcos Paz, se abría la posibilidad de que el macrismo comprendiera la inviabilidad de la policiarquía y se allanara a la necesidad de retomar aquel vilipendiado consenso institucional a favor de una policía con conducción civil. La designación de Eugenio Burzaco al frente de la Policía Metropolitana se orientó en ese sentido. Burzaco, como diputado nacional, en 2006, había respaldado activamente la sanción de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, mediante la cual se creó la primera institución policial federal con mando civil. Y en numerosos seminarios y eventos públicos se manifestó partidario de ese modelo de gestión policial.

Pese a ello, desde entonces, inexplicablemente, no se intentó desde la esfera oficial tender un puente de diálogo y de acuerdo con la oposición. Ese vacío deja a los sectores de la oposición reformista dispuesta a la concertación institucional en la mira de la oposición maximalista, que cree insulsa y perversamente que hay que hacer una profunda transformación social e institucional para que todo esto cambie. Ello convierte a estos mujaidines políticos en una oposición conservadora y legitimante de todo lo existente porque, de no darse el cambio de las estructuras sociales y políticas, todo se perpetúa como está, pero su crítica histriónica tiene resonancia mediática y eso vulnera la posibilidad de retomar el consenso originario.

Asimismo, el procesamiento del comisario (R) Miguel Angel Fausto Colombo –designado en mayo de 2009 como Comisionado de la Policía Metropolitana– acusado de proteger la prostitución en la zona de Retiro cuando laboraba en la Policía Federal, dejó al descubierto que la cúpula de la Policía Metropolitana sigue en manos de los “federales” del equipo de Palacios. Ello pone en entredicho el amague oficial de enderezar la situación y coloca un manto de duda sobre la verdadera intención del macrismo al respecto.

La perpetuación del comisariato federal en la Policía Metropolitana es incomprensible, a no ser que los “compromisos” asumidos por el núcleo duro del macrismo con dicho grupo lo constriñen y le impiden prescindir de ellos. Si es así habrá que esperar al 2011 para volver a abordar el tema. Pero si no es así, o no lo es del todo, no debería perderse de vista que es posible y necesario que la Policía Metropolitana sea conducida por cuadros civiles especializados en seguridad pública, prescindiendo de aquel comisariato anticuado y vetusto que sólo sabe dar muestras de modalidades de organización y de trabajo policial deficientes y hasta con tonos delincuenciales. En efecto, ejercer la dirección superior y la administración general de la Policía Metropolitana y entender en la conducción operacional de la misma no constituyen labores que no puedan ser llevadas a cabo por un equipo de gestión no-policial que sea competente en la materia. El comisariato viejo y sus voceros políticos –ministro, legisladores y/o dirigentes partidarios– son los encargados de difundir que el mando civil de la policía no es posible ni viable. Sin embargo, en el ámbito porteño, ello es necesario en función, entre otros menesteres, de reformular el modelo de policía militarizada, centralista y belicista pergeñado e impuesto por las mesnadas palacistas y avalado por el macrismo duro.

En fin, si no se saldan estas cuestiones, difícilmente se pueda avanzar significativamente en el único camino viable para conformar la Policía Metropolitana: el traspaso de algunos servicios y dependencias de la Policía Federal Argentina a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Sin este proceso, durante la próxima década, o más, la Policía Metropolitana no será más que un grupo de paseantes urbanos de poca monta. Y la Policía Federal Argentina seguirá con su condición de intocables, para el agrado de los conservadores de derecha y de los conservadores de izquierda.

* Ex interventor de la PSA.

La designación y posterior renuncia del comisario general (R) Jorge Palacios como jefe de la Policía Metropolitana constituye un hecho normal en el marco de una tendencia tradicional que ha caracterizado, con algunas acotadas excepciones, el desarrollo institucional de la democracia argentina instaurada en 1983: la entrega por parte de las autoridades políticas del gobierno de la seguridad pública a las cúpulas policiales y la apropiación de éstas de las modalidades de interpretación y de gestión de los conflictos y los delitos, y de hacerlo de manera selectiva conforme sus propios criterios y sin interferencias políticas ni sociales. La continuidad del comisario mayor (R) Osvaldo Horacio Chamorro al frente de esta novel institución policial no es más que una ratificación del clásico precepto de la política argentina: la seguridad es un asunto de policías y debe ser conducida por comisarios.

Por cierto, estos avatares han colocado una sutil cortina de humo sobre algunos finos aspectos que no han salido a la luz en el debate público y que bien vale la pena tener en cuenta.

En primer lugar, la administración PRO, que llegó con ínfulas de inaugurar una nueva forma de gestión pública en la ciudad de Buenos Aires, ha mostrado su verdadera impronta conservadora al delegar en un comisario el gobierno de la seguridad porteña. Con ello, han reiterado lo que hizo la mayoría de las gestiones políticas de este país, incluidas las que se dicen progresistas. Nada nuevo, todo viejo. Y ese impulso conservador no es atenuado por la indicación de que es el ministro de Seguridad el verdadero jefe de la Policía Metropolitana. La sacrificada peregrinación del ministro Guillermo Montenegro –cuya designación como tal no fue cuestionada por ningún sector político e institucional nacional o porteño–- por todos los medios de comunicación para defender a su “subordinado” lo sometió a un desgaste político de tal magnitud que diluyó indeclinablemente su autoridad y licuó cualquier posibilidad de proyectarse como la autoridad máxima de la seguridad local. Otra vez lo mismo: un ministro débil ante comisarios fuertes. Demasiados conflictos políticos para una gestión que aún no arrancó y en medio de un escenario en el que el centro del debate es el jefe de la Policía Metropolitana, no el ministro, ya convertido en un servidor de aquéllos. De este modo, la administración PRO ha perdido la oportunidad de otorgarle un tono moderno, innovador y democrático a su gestión en materia de seguridad pública.

Otro aspecto destacable es la falta de valentía del gobierno porteño en designar a un civil como titular de la nueva policía. Su repudio al gobierno político –y no policial– de la seguridad pública cercenó la posibilidad de establecer puentes de diálogo con la oposición en función de conformar un nuevo sistema de seguridad pública porteño. La sanción y promulgación de la Ley 2894, mediante la cual se establecieron las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el resultado de un trabajoso consenso legislativo que entusiasmó a propios y ajenos. No obstante, con la designación de Palacios y luego de Chamorro al frente de la policía creada mediante esa ley, aquel consenso porteño se deshizo y, con ello, se extinguieron las posibilidades de llevar a cabo un diálogo institucional serio y de alcanzar entre el oficialismo y la oposición acuerdos de fondo en materia de seguridad pública. Los que brindaron apoyo a aquella iniciativa –entre los que me encuentro–, no lo hicieron en función de otorgar la conducción de la Policía Metropolitana a comisarios que, vistas sus primeras intervenciones institucionales, reivindican el arcaico modelo de una policía decimonónica, militarizada, centralista, brava y, principalmente, sumisa a sus propias cúpulas y al poder político pero no a la ciudadanía. Es decir, una policía que, aunque la disfracen con uniformes y patrullas con tecnología de última generación, no deja de ser un refrito grandilocuente de una fuerza doctrinaria, orgánica y funcionalmente antigua y vetusta. Así, la administración PRO se volcó a favor de un modelo de policía generalista que en la Argentina se halla en crisis y casi colapsado. Toda una innovación.

Pero todo puede ser más lúgubre aún. Nada indica que cuando la Policía Metropolitana entre en acción no entable una competencia franca contra las huestes de la Policía Federal por el control del territorio y de los intersticios en los que se desenvuelven los conflictos propios del campo de la seguridad. Una competencia que bien puede estar tallada por enfrentamientos soterrados o por disputas abiertas que casi nunca tienen un final feliz. En 2004, los comisarios Palacios y Chamorro, que hicieron su carrera profesional en el área de investigaciones de la Policía Federal, fueron pasados a retiro luego de perder la “interna” con el núcleo duro de esa fuerza: el sector que controla las comisarías y que aún gobierna esa institución. No se trataba de una disputa menor sino de una pelea por el control de la única corporación policial de fuste que existe en la Argentina, la que, además, se proyectaba sin miramientos como una verdadera guardia pretoriana del poder de turno y que detentaba un presupuesto sideral y un servicio de informaciones autónomo de todo tipo de control institucional. Y también una puja por el manejo de los dilatados circuitos de recaudación ilegal de fondos mediante la protección de actividades prohibidas.

En este marco, ¿alguien podría asegurar con un dejo de credibilidad que la nueva Policía Metropolitana dirigida por viejos policías bravos con ganas de dirimir antiguas disputas no se tomará alguna revancha a costa de la seguridad de los porteños? ¿Podría sostenerse con convicción que la verdadera pelea es por mejorar la seguridad de la gente y no por otras prebendas innombrables o, lisa y llanamente, por el control de la “caja”? Los porteños, quizá, no sólo están perdiendo la oportunidad de construir una nueva policía democrática sino que, además, están ganando la posibilidad de una gobernabilidad de la seguridad local con signos pandilleros. Y todo por el fracaso de la política en gobernar la seguridad.

De todos modos, no es tan mala la continuidad de Chamorro en su cargo. Que no sea cosa que el jefe de Gobierno PRO se enoje y lo destituya por el Rafa Di Zeo. ¡Va a estar bueno Buenos Aires!

* Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.