Página#12 Libre

La muerte de un bebé de dos meses en la Villa 31, el lunes por la mañana, se sumó a la dramática situación por la que pasan los invisibilizados, los habitantes de villas y asentamientos porteños. El viernes pasado, el juez Roberto Gallardo había ordenado en audiencia pública la inmediata reapertura de todos los centros de salud (Cesac). La medida no se cumplió: ayer, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, se levantó del lecho (supuestamente estaba en reposo hasta el jueves próximo) sólo para interrumpir las decisiones de Gallardo interponiendo un pedido de recusación. Mientras, los centros siguieron cerrados pese a que la medida no es suspensiva, con lo que lo único que logró fue mantener en suspenso la salud de la mayor parte de los vecinos invisibilizados. Hoy, al mediodía, frente a la Cámara de Apelaciones que debe definir si Gallardo se aparta o no, se realizará una concentración para reclamar celeridad en la decisión de los camaristas. Habrá médicos, enfermeras y los invisibilizados de siempre. Ayer, el director del SAME, Salvador Crescenti, se presentó a la Comisión de Salud de la Legislatura y respondió preguntas de los legisladores. “La gran responsable es la ciudad de Buenos Aires –dijo a Página/12 Jorge Selser, titular de la comisión y diputado de Proyecto Sur–. No se entiende por qué no ponen la Metropolitana como custodia.”

“Denle la voz, ella va a hablar”, insistieron en la 31. Denle la voz es a Elena, una jovencita de 25 años, de origen boliviano, lo que es decir discriminada entre discriminados. Alquila una piecita en la manzana 14 del Barrio Güemes. Está sola (ahora más que nunca): su hermana, el familiar más cercano en Argentina, vive en

Ushuaia. Hace dos meses tuvo un bebé por cesárea en el Hospital Rivadavia. El lunes el chiquito murió. Curiosa situación ésta de promover la voz de alguien que habla porque le es más vital ser visible, que la gravedad del dolor que empuja a esquivar la exposición pública.

“A los cuatro días de la cesárea me volvieron a internar –dijo Elena, con la voz recortada por la angustia–. Mi estado de salud se complicó. Yo no podía cuidar a mi bebé porque soy sola y el bebé quedó en neo”, explicó, por neonatología. “Como no tenía a nadie me lo cuidaban los doctores, porque yo no lo podía alimentar. Con todo lo que me hicieron yo no tenía leche para alimentarlo. Después me trajeron a mi casa. Pero yo no me podía levantar. El lunes mi bebé empezó a llorar muy temprano, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda, me costaba mucho levantarme. Le puse unos paños fríos. Y no sirvió porque seguía llorando y levantando fiebre. Yo estoy muy sola y no sabía qué hacer.” Elena hablaba y se desconsolaba y volvía a hablar e irremediablemente dejaba de lado toda posibilidad de silencio.

Aunque no en forma directa, la muerte del bebé de Elena se produjo en el marco de la completa crisis de la atención de salud de los vecinos de villas y asentamientos porteños. La situación se agravó ayer, después de que el ministro de Salud Jorge Lemus presentó el pedido de recusación del juez Roberto Gallardo. El magistrado, del fuero Contencioso Administrativo porteño, presidió una audiencia pública el jueves pasado, tal como informó este diario, a la que concurrieron delegados y vecinos de asentamientos, médicos y trabajadores de la salud, todos querellantes contra el gobierno porteño por el cierre de centros de salud. Gallardo ordenó entre otras medidas la inmediata reapertura de todos los centros vinculados con las villas y citó a una nueva audiencia para el lunes próximo. Citó especialmente a Lemus. El ministro estuvo ausente con parte médico, que diagnosticó “posibles problemas cardíacos” y prescribió “siete días de reposo”. “Nosotros no tenemos médicos ni siquiera para un certificado”, chanceaban los delegados en la audiencia.

Según un informe que el legislador Selser señaló a este diario, “de los 26 centros de salud vinculados con la zona sur, 13 seguían cerrados”, lo que implicaba que la medida de Gallardo estaba incumplida.

Pero ayer, Lemus abandonó su reposo para tomar su primera resolución administrativa: pidió la recusación de Gallardo. El pedido pasó a la Cámara de Apelaciones. Entretanto, las medidas ordenadas por el juez pasaron a la jueza Andrea Dana y siguen vigentes. E incumplidas. Hoy, al mediodía, médicos, trabajadores de la salud, y vecinos se concentrarán en Rodríguez Peña 636, a las puertas de la Cámara, para acompañar una petición urgente de ACIJ, ONG querellante, para que rechace sin más trámite el pedido de recusación interpuesto.

“La responsabilidad es de la Ciudad. No entiendo por qué si tienen 2100 policías de la Metropolitana, dicen que van a contratar 50 vigiladores que no tienen las mismas atribuciones ¿Acaso no tienen 50 policías?”. El martes próximo, a las 13.30, el segundo de Lemus, Néstor Pérez Baliño, informará ante la Comisión de Salud de la Legislatura.

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El conductor, joven, anteojos oscuros y curita de afeitada urgente atravesada al mentón, abrió la puerta del polarizado, extendió sus dos manos, unió la yema de sus dedos indignados (todo él estaba indignado) y en silencio gesticuló ¿y ahora qué quieren? Detrás y alrededor de él toda la masividad vehicular de la avenida Corrientes se concentraba en ese solo punto, al 1400. Tanta bocina hacía sentir su presión de clase media irritada. El motivo: vecinos de las villas porteñas, villeros, o “negros que hacen bardo”, según la perspectiva, médicos y trabajadores de la Salud porteña, se visibilizaban frente al resto de la sociedad con un corte.

Esta vez no fue el reclamo por Sapito Ruiz –el vecino de la Villa 31 que murió porque la ambulancia no entró–, sino el festejo de que por una vez se había hecho justicia: tras una audiencia pública a la que asistieron unos 200 representantes villeros, el juez Roberto Gallardo ordenó intervenir con veedores judiciales la dirección del SAME y de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud de la que dependen los centros de asistencia en las villas.

La audiencia pública había sido citada el martes pasado por Gallardo, luego de la medida cautelar presentada por la Asesoría Tutelar y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en conjunto con vecinos de diferentes villas y médicos y trabajadores de los centros de salud y hospitales involucrados.

Desde temprano, los invisibilizados se hicieron visibles en plena Corrientes, frente al 1441 del Colegio Público de Abogados, desacompasando la neurosis vehicular y tanto traje de minicentro. No porque hubieran cortado (el corte vino después), sino por lo “diferentes”. Es seguro que de cortar, si fueran invisibles, no molestarían. Pero quién va cortar para ser visto si no lo ven.

Pasadas las 12, con unos 220 delegados y representantes de las villas adentro, y el resto de los querellantes: el ACIJ; la Defensoría de la Ciudad; Morgado y Rachid, por el Inadi; los diputados porteños Rocío Sánchez Andía y Jorge Selser, por las comisiones de Vivienda y de Salud; la Asesoría Tutelar; representantes de trabajadores de la salud; curas villeros; y los delegados de las juntas vecinales de la 31/31bis, 21/24, 20, 1-11-14, de la 3/Fátima y Piletones. Del gobierno, el único que aportó fue el procurador, Ramiro Monner Sans. La jerarquía citada por Gallardo, por encima de Monner, pegó el faltazo. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete, y el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, ni siquiera se dieron por enterados. La cabeza visible de Salud, Jorge Lemus, se invisibilizó. Parte de enfermedad. Cuando Gallardo inició la sesión y consultó el motivo de la ausencia de Lemus y Monner Sans respondió que adjuntaba el certificado médico que lo excusaba, desató una risotada general y dio pie a ironías posteriores de los delegados. Más allá, Carlos Russo, uno de los directores del SAME, de imagen desconocida y oportuna mudez.

Siguieron algunas cuestiones procesales que parecían montadas para la ironía en tono jurídico sobre un acto desconocido por una de las partes, la responsable de la salud. El gobierno, en fin, Monner Sans, entregó el plan de atención del SAME, que en realidad era el existente. Evidencias como la muerte de Sapito Ruiz indican que jamás se cumplió. Un documento de dos carillas que acompañaba el plan, firmado por el director Salvador Crescenti, negó que se discriminara la atención en las villas, indicó que en un año habían atendido 4352 casos en esa población y que las ambulancias llegaban en diez minutos, pero aseguró que el retiro de la Federal impidió la continuación del plan.

–¿Quién va a suministrar el patrullero? ¿Cuál es el plan alternativo que preparó el Gobierno de la Ciudad? –preguntó Gallardo.

–La responsabilidad es de la Policía Federal y el Gobierno de la Ciudad no lo puede resolver –dijo insistente Monner Sans, y remitió al juicio iniciado por el gobierno porteño a la ministra de Seguridad Nilda Garré, por el retiro de los adicionales (pese a que no custodiaban ambulancias).

Luego hablaron los querellantes. Todos coincidieron en la ausencia de asistencia. Se escucharon casos recientes e históricos. Los delegados vecinales reafirmaron que los médicos siguen trabajando junto a ellos y que los centros de salud fueron cerrados en el conflicto de los adicionales, aunque no tuvieran custodia policial. “Mi hijo tiene convulsiones –dijo Diosnel Pérez–, igual que Humberto Ruiz. Cuando murió el compañero de la 31 me afectó. Cuatro veces tuvo mi hijo convulsiones en el año y la ambulancia jamás vino.”

“Tengo indignación por tanta mentira organizada –dijo la representante de los trabajadores, Ana Mamianetti–. Hacemos vaquitas con los vecinos para comprar los medicamentos, insulina. No es casualidad que el ministro (Lemus) no esté. Nunca estuvo.”

A las tres menos diez, la decisión de Gallardo fue leída al público. Informadores judiciales en Salud y el SAME; reapertura inmediata de los Centros de Salud. Estalló el aplauso. Los representantes del gobierno ya no estaban, otra vez se habían ausentado.

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“Algunos comisarios pueden representar un problema pero la enorme mayoría de los policías realiza su trabajo con mucho esfuerzo y riesgo”, declaró la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al término del seminario internacional “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina”. El encuentro, convocado por el Acuerdo de Seguridad Democrática, había reunido a expertos nacionales e internacionales y representantes políticos de todo el arco democrático representado en ASD. Durante dos jornadas, el seminario buscó debatir para alcanzar un amplio consenso de base, sobre el modo en que desde la tribuna política se informa la inseguridad a la sociedad, sobre los miedos y su multiplicación geométrica azuzada desde los medios y sobre la presión que genera el reclamo posterior sobre los jueces y las leyes.

“Nos oponemos a que la agenda sea ganada por consignas de orden y seguridad que llevan a más inseguridad y que en el pasado condujeron al terrorismo de Estado”, dijo Garré durante su discurso de clausura, en el que elogió el consenso logrado por la alianza multisectorial Acuerdo de Seguridad Democrática. Unos minutos antes, el auditorio Bioy Casares a pleno, en el Centro Cultural Borges, recibía con un cerrado aplauso la condena a perpetua a Luis Patti.

“Se trata de un personaje emblemático de lo que este Acuerdo busca evitar en materia de seguridad y de conducta policial”, dijo el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS y uno de los integrantes del Acuerdo.

En el auditorio se encontraba, entre otros, León Arslanian, también organizador de la iniciativa y ex ministro de Seguridad bonaerense.

Durante la mesa anterior, referentes del arco político democrático, todos firmantes del ASD, habían debatido sobre los acuerdos básicos a los que se debía llegar para evitar manipulaciones de los discursos punitivistas desde el ámbito político y a través de los medios. En pocas palabras, cómo evitar que un delito sea trasladado a la sociedad multiplicado como una ola de inseguridad, que luego instale la supuesta necesidad de leyes más duras. Estaban en la mesa los diputados nacionales Vilma Ibarra (NE), Felipe Solá (PF), Mónica Fein (PS), María Luisa Storani (UCR), Horacio Alcuaz (GEN) y el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro (FpV), todos firmantes del Acuerdo. En la audiencia se encontraban Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria; Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. El consenso, arduo por tratarse de un año electoral, fue motivo de elogio por la ministra Garré, quien vio con optimismo que se hubiera alcanzado un acuerdo que enfrente “la demagogia punitiva”.

En la mesa de los representantes políticos quedó expuesto principalmente el mensaje mediático de la inseguridad. Solá sostuvo que “el problema es la repetición de la televisión. La letra con sangre entra. Repiten, repiten, repiten y terminan agrandando la información”. Ante esto, Ibarra defendió la importancia de “alcanzar acuerdos fuertes, que permiten pararse frente al miedo” y recordó las presiones que sufrieron los diputados que se enfrentaron a los reclamos en el período de las leyes Blumberg. Fein defendió las mejoras de profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad de su provincia, Santa Fe. Alcuaz se dirigió hacia dentro de los propios partidos, sostuvo una mirada crítica a lo actuado, mencionó las presiones que sufren los diputados para defender una postura no punitivista. Storani sostuvo que “hay que enfrentar estos pedidos y para eso el acuerdo tiene que ser transversal y comprometer a nuestros militantes”. El Chino Navarro volvió sobre los medios y sostuvo que “el negocio de los medios no sólo es el rating. También es tratar de meter miedo, que permite hablar de inseguridad y de presencia policial”.

El caso del jury al juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari fue introducido en el debate. La sola mención de su apellido provoca conmoción en la comunidad judicial, los organismos de derechos humanos y diferentes representantes de la sociedad desde el lunes pasado, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento aceptó iniciarle juicio político. En el debate quedó presente la noción de que el jury a Sal Lari intenta imponer un fuerte mensaje de sujeción de los jueces a la decisión política.

El encuentro de ASD, auspiciado por la oficina regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se desarrolló durante miércoles y jueves y cubrió diferentes aspectos del amplio abanico del concepto de seguridad y las políticas a implementar en una sociedad democrática. Entre los especialistas internacionales participaron Amadeu Recasens i Brunet, ex director de la Escuela de Policía de Cataluña; Gino Costa, ex ministro de Interior de Perú y consultor de la ONU para los Derechos Humanos; Robson Rodrigues, coordinador general de las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro; el periodista Marco Lara Klahr, coordinador del proyecto Violencia y Medios en Insyde. Y una nutrida lista de especialistas argentinos, entre ellos el juez federal Daniel Rafecas; la titular de la Comisión Nacional en materia de drogas, Mónica Cuñarro; Juan Tokatlian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y Gabriel Kessler, sociólogo del Conicet, entre otros.

La información se montó sobre el vacío de información. Allí donde no había ambulancias hasta ayer a la noche, la hubo. Curiosamente la misma 31 que disparó la ausencia de cobertura sanitaria en villas y asentamientos porteños fue el escenario del ingreso de una ambulancia correctamente acompañada por un patrullero y golpeada (pateada) por familiares de un herido visiblemente nerviosos por la situación. La tensión estresó a la médica, que sufrió un ataque de hipertensión y fue internada preventivamente, sin más riesgos. El caso, que habitualmente no saldría en las breves policiales de ningún medio porque se trata de una villa, ahora amenaza con transformarse en titulares de escándalo. Distintos medios televisivos transformaron el caso en una violenta agresión con palos y piedras y una tremenda agresión a la médica. El gobierno porteño salió a respaldar el mensaje de inseguridad. La agresión a la ambulancia se cruza en la realidad dos días antes de que el mismo gobierno quede expuesto ante los delegados de todas las villas de la ciudad, para exponer un plan de atención de emergencias en salud que contemple a los sectores de menores recursos.

Alrededor de las ocho de la noche, sobre la calle 5, en el barrio Güemes y dentro de la Villa 31, un muchacho fue asaltado. Le quisieron robar la mochila. Al intentar defenderse sufrió un corte en el cuello. Los vecinos y familiares llamaron al SAME. La ambulancia llegó acompañada no por uno, sino por dos patrulleros. A partir de allí la historia se bifurca según la relate el gobierno o los vecinos de la villa.

Según informó el subsecretario de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, la ambulancia “sufrió la agresión de al menos 30 personas, que con palos y otros objetos provocaron destrozos en el vehículo. No es un hecho aislado –afirmó Baliño–. El objetivo es atemorizar a quienes asisten las emergencias en la villa”. La versión que Salvador Crescenti, director del SAME, dio a este cronista es que “el patrullero, que es más angosto, pasó por un pasillo y la ambulancia debió retroceder y en ese momento fue rodeada por un grupo de personas, que tenían un herido y se lo subieron a la fuerza. La médica lo atendió, pero entre los tironeos y empujones tuvo un pico de hipertensión”. El herido que subieron a la fuerza a la ambulancia terminó siendo el paciente al que habían ido a buscar.

–¿Roturas de vidrios? ¿Arrojaron piedras, palos? ¿Qué daños sufrió?

–No..., le patearon el paragolpes y habrá que reponerlo –dijo Crescenti.

–¿Pero golpearon a la médica?

–No, sufrió un ataque de nervios, taquicardia paroxística, hipertensión. La internaron y está bien.

La historia de la parte oculta de la sociedad argentina no coincidió, como tantas veces, con la historia oficial.

Delegados de los vecinos aseguraron por su parte a Página/12 que “son todas mentiras. El único herido es el paciente. Nadie atacó a la ambulancia. Los parientes estaban nerviosos y pueden haber querido subir y haber un forcejeo para hacerlo. Pero nadie agredió a nadie. Nosotros conseguimos que hubiera una ambulancia por un fallo judicial, no porque quisieron. Y ahora vienen a inventar una historia de violencia cuando no existió”. Esta curiosa bifurcación de historias surge pantalla mediática de por medio, dos días antes de que el gobierno deba enfrentar a los delegados de todas las villas porteñas para explicar el plan de emergencias sanitarias que aún no existe. Según el mensaje, la culpa de todo la tiene Sapito.

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La ausencia de planes de emergencia de salud en villas y asentamientos paradójicamente sitúa al ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, en una emergencia judicial: el juez Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que pone un plazo de 72 horas al gobierno de Macri para disponer de un protocolo de atención de emergencias del SAME y que organice en ese tiempo un plan de protección de los profesionales, enfermeros, choferes, que prestan servicios de salud en esas áreas. En el fallo consideró el trato recibido por los vecinos de la villa como un ejemplo de “desidia, desorganización, prejuicio, xenofobia, racismo, incoherencia y desprecio”. Gallardo ordenó que Lemus presente ambos planes en una audiencia pública citada para el viernes próximo en el Colegio Público de Abogados y a la que fueron invitados los delegados de todas las villas porteñas. Lemus –que por el momento pareciera suponer que proveyéndolas de ambulancias, dejarán de ser villas de emergencia– deberá presentarse en la audiencia bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública. Aseguran que para el caso, no será solicitada la Metropolitana.

El lunes pasado, un grupo de profesionales de la salud, vecinos de villas y asentamientos y la ONG ACIJ se presentaron ante el juez porteño en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo para solicitar una medida cautelar urgente “en defensa de derechos de incidencia colectiva a la salud y la no discriminación de las comunidades de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires”.

En la cuestión de fondo, solicitaron que “se condene al GCBA a que garantice a profesionales y empleados de hospitales y centros de salud condiciones de trabajo que aseguren su salud e integridad psicofísica de manera adecuada al nivel de conflictividad social agravada existente en las comunidades afectadas”. También que garantice “condiciones dignas ambientales y de infraestructura para los centros de salud”. Y que “asegure un servicio de traslado de emergencia oportuno, suficiente y adecuado”.

Pero para llegar a la cuestión de fondo, plantearon que también fuera condenado a una medida cautelar. Curioso lugar en que quedó situado el gobierno de Macri, al que se lo condena a cumplir su función. En la cautelar se pide que Lemus diseñe “un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas y asentamientos en tiempo oportuno y seguro y con las medidas de contingencia necesarias para que dicho servicio no se vea interrumpido por la falta eventual de recursos humanos de la Policía Federal Argentina”. Da un plazo de 24 horas para “que se restablezcan las garantías de seguridad e integridad psicofísica de los efectores y usuarios de servicios de atención primaria de salud en los centros y hospitales” correspondientes. Por último, porque también es posible que ocurra, solicita que se mantengan las condiciones laborales de los profesionales y empleados firmantes de la medida judicial.

La medida fue solicitada de aplicación sobre “todas las personas que habitan y/o trabajan en las villas y asentamientos de la ciudad, que requieren –por su condición socioeconómica– del servicio público de salud”. Es decir que engloba a todo el universo de villas y asentamientos porteños. En ese sentido, la presentación que el Inadi realizó también el lunes ante la jueza Elena Liberatori, del mismo fuero (porque fue realizada fuera del horario de Tribunales y Liberatori se encontraba de turno), en la que fue ordenado que una ambulancia sea dispuesta de manera inmediata en la Villa 31, fue unificada en el juzgado de Gallardo, quien lleva varios años de citar, sentenciar, condenar, embargar y multar al gobierno porteño por omisiones en la cobertura de la salud de los sectores más desguarnecidos. La muerte de Sapito Ruiz sólo volvió a colocar en evidencia lo que en las villas es moneda corriente.

El pedido de cautelar incluye un pormenorizado fundamento sobre la discriminación de los habitantes de villas y asentamientos (más de 300 mil personas en 2009, según un informe de la Legislatura porteña) y los problemas cotidianos de médicos y profesionales en los centros de salud, “que deben cerrar sus puertas cuando la comunidad los necesita”, no por desidia como ocurrió en el caso de Sapito, sino por “falta de agua, electricidad, teléfono, higiene ambiental, y falta de condiciones de seguridad”.

El juez Gallardo hizo lugar a la medida. En su fallo, al que tuvo acceso Página/12, el magistrado recuerda que interpeló al gobierno porteño por “una decena de casos similares” (al de Humberto Ruiz) y que intimó en “reiteradas oportunidades” al ministro de Salud Jorge Lemus y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, sin resultados.

“Luego de casi dos años de intimaciones judiciales –argumenta Gallardo en su escrito–, la responsabilidad política del señor ministro de Salud resulta incuestionable. Su falta de eficacia y posible desidia alcanzan niveles que lucen desajustados para la función que desempeña, pocas veces acreditados con tanta claridad en sede judicial.”

El juez hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno confeccionar “un plan estructural de Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de villas, asentamientos y complejos habitacionales”. Ordenó que disponga protección a los efectores de salud. Que identifique a los empleados que protagonizaron la atención médica. Que no modifique la situación laboral de los reclamantes. Y citó a Lemus a la audiencia pública a realizarse este viernes, a las 11.30, en el Colegio Público de Abogados, en Corrientes 1441, con la presencia de los delegados de todas las villas y asentamientos porteños.

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La Justicia porteña ordenó al gobierno porteño que destine una ambulancia en el Centro de Salud y Acción Comunitaria de la Villa 31 en forma permanente. La medida cautelar, dispuesta por la jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo, responde a dos presentaciones realizadas ayer por el Inadi y vecinos de las villas 31 y 31 bis. El jueves pasado, los titulares del organismo, Claudio Morgado y María Rachid, mantuvieron una reunión con delegados de la villa, luego de la muerte de Humberto “Sapito” Ruiz, quien no recibió asistencia en una emergencia médica. Al mismo tiempo, los familiares de Sapito se presentaron como querellantes ante la fiscalía 7 contravencional porteña y prestaron declaración. Como soporte para la querella, declaró también un oficial de la Federal que fue testigo de los pedidos de la familia de Ruiz, de la negativa de la ambulancia y de la propia insistencia para acompañar a la médica con escolta.

Representados por el abogado Emiliano Gareca, Patricia Luna, cuñada de Sapito Ruiz, y sus hermanos Manuel Alberto y Rafael Ruiz se presentaron como querellantes ante la fiscalía 7 porteña. Allí dieron testimonio sobre lo ocurrido tal como lo reflejaron a este diario en la crónica publicada el jueves pasado. Detalle más, detalle menos, narraron cómo la médica Marcela Tella se negó a entrar a auxiliar a Ruiz y cómo el chofer incluso se mostró irascible por el pedido, pese a que contaban con escolta policial. También prestó testimonio el oficial Luis Carames, de la comisaría 46ª, quien se encontraba en el lugar coincidió con lo dicho por los familiares de Sapito y afirmó que desde la ambulancia rechazaron su ofrecimiento de escolta.

Durante la tarde, Morgado y Rachid se presentaron con dos pedidos ante el juzgado de Elena Liberatori: una solicitud de amparo para que se mantenga “prestación irrestricta y oportuna del servicio de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias”. El pedido menciona que la ambulancia, con su personal respectivo, deberá estar ubicada en “forma permanente y a disposición de sus habitantes”. También solicitaron la ampliación de la estructura edilicia y de recursos materiales y humanos para la Cesac 21, que no es un centro de salud tal como se conoce en otros sectores de la ciudad, sino una “salita de barrio” que en su horario de oficina no da abasto para atender las más de 30 mil personas que la rodean. Además, se pidió a través del amparo que la Justicia ordene la presentación de un plan de acción en el que se deberá detallar “de qué manera se va a garantizar la prestación irrestricta y oportuna del servicio de ambulancias del SAME en todas las villas y barrios carenciados”. Liberatori dio 72 horas para que el gobierno resuelva la cuestión de fondo y dio un plazo de unas horas para que efectivice la disposición de una ambulancia. Y fijó las 20.30 como hora tope para que se presentara la ambulancia en el lugar.

Luego, la jueza, los representantes del Inadi y los delegados se dirigieron al Cesac 21, sobre Gendarmería Nacional 526, entre 6 y 8. Liberatori aguardó dos horas y ante la ausencia de la ambulancia dispuso multar al gobierno, es decir, las arcas de la Ciudad, por día hasta que se cumpla la orden. Por el momento, el gobierno de Macri ni siquiera tiene trazado en el mapa de su página web el sitio donde se ubica el Cesac.

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El alarido de venganza por justicia, en la puerta del Senado, no alcanzó a tapar el simbolismo absurdo que provocó la situación. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados había dado curso, minutos antes de las nueve de la noche. a la acusación contra el juez Rafael Sal Lari. La única denuncia aceptada fue la demora de varios meses en liberar a un detenido, porque el resto, cuatro denuncias más (otras cinco no tenían siquiera posibilidad de ser presentadas), no tenían el menor fundamento jurídico, pero habían sido tergiversadas ante la opinión pública para presionar y avanzar. El caso del liberado con demora, conocido como caso González, es el único que presentaba algún resquicio de error, pero la propia Corte había intervenido y determinado que Sal Lari había firmado la orden de liberación en forma inmediata y que su secretaria fue quien no controló la demora policial y sancionó a la secretaria. El cuadro, al ser anunciado el resultado, no sólo fue patético por la presencia de Blumberg en el festejo, sino porque la movida llegó al absurdo de que el manodurismo reclamara por la liberación de un preso y denunciara a un juez de Garantías por mantenerlo detenido.

Sal Lari, juez de Garantías 3 de San Isidro, fue acusado inicialmente por el intendente del manodurismo de San Isidro, Gustavo Posse, por el caso conocido como Regis, al que luego se sumaron nueve acusaciones más. De los diez casos presentados, sólo cinco fueron aceptados por la Comisión Bicameral, encargada de la acusación, cuatro auspiciados por la comisión y uno, Regis, sostenida por Posse. La procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, desistió de acusar por ninguno de los hechos. Los cinco casos fueron presentados al Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan. El cuerpo se reunió en dos ocasiones anteriores, el 29 de marzo y el 5 de abril, y pasó en ambas a cuarto intermedio. Ayer, sesionó durante cinco horas hasta que llegó a la conclusión acusatoria al admitir el único caso que le resultó admisible: el caso González.

Se trata de una causa en la que Sal Lari ordenó la prisión preventiva, una de las pocas que se le podrían apuntar al magistrado que, precisamente, siempre estuvo en la lupa de los reclamos punitivistas por no aplicar la medida como norma de prisionalización. Apelada la detención, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro revocó la prisión y ordenó la liberación.

Ese mismo día, Sal Lari firmó el oficio de liberación. Las secretarias de juzgado deben verificar el cumplimiento de la orden. En este caso, la secretaria firmó y despachó la orden a la comisaría, tal como consta en el expediente, y fue recibida en la seccional el mismo día en que la Sala III ordenó la libertad. Pero la secretaria no verificó el cumplimiento y González quedó detenido siete meses más. Cuando la Corte analizó el caso, aplicó 15 días de suspensión a la secretaria. No encontró otro culpable. En el expediente C.J.342/06 el máximo tribunal provincial sostiene que “(...) se advierte la orden del magistrado del 11/11/05 (la misma fecha en que la Sala revocó la preventiva) encomendando a la actuaria la libranza del oficio y el labrado del acta de libertad, lo que implicó dejar en sus manos el trámite administrativo”. Ni la secretaria advirtió el incumplimiento policial, ni la policía se mosqueó en cumplir ni recordar.

Ahora, Sal Lari será suspendido en sus funciones y deberá enfrentar el proceso mismo que decidirá si mantiene su cargo como juez o no.

El caso de Sal Lari reunió el respaldo de cantidad de organismos defensores de derechos humanos. El CELS, APP, la Comisión por la Memoria, la Red de Jueces Penales bonaerenses y otros organismos sociales, además de más de medio millar de firmas dan su apoyo en defensa de Sal Lari, en representación de la independencia de los jueces a las presiones del poder político. El CELS catalogó el juicio a Sal Lari como “el cinismo político que sostiene una acusación infundada” y agregó que “es el resultado de una campaña política y mediática que utilizó la figura de Sal Lari como chivo expiatorio”. “Con la suspensión de Sal Lari, las pasiones se impusieron sobre la fuerza de la razón –sostuvo el juez de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano–. Seguiremos bregando por una sentencia reparadora.”

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Dos días después de la muerte de Humberto Ruiz, Sapito para sus conocidos en la Villa 31, fallecido tras un ataque de epilepsia que hubiera sido subsanable con la simple aplicación por vía inyectable de la medicación correspondiente, fue trasladado al cementerio de Chacarita. Como se había señalado en la edición de ayer, ni la propia muerte interrumpió en Sapito el proceso de discriminación que los marcó a él y a sus pares de piel y pobreza mucho antes de que la ambulancia se negara entrar hasta su casa, incluso con custodia policial: el Gobierno de la Ciudad, que no le había provisto de atención sanitaria, tampoco le ayudó para limpiar su error incluyéndolo como vecino, al menos, en el pago de su féretro, el traslado, o los gastos de velatorio.

Apenas dos acciones “de gobierno” efectuó la administración porteña respecto al caso: la primera, iniciar en el SAME una investigación para determinar si efectivamente ocurrió lo que este diario reveló como negativa a entrar en la villa. La segunda, internarse en una nueva polémica con el gobierno nacional sobre la presencia policial, esta vez, negando que la hubiera. Entretanto, en un galpón de la 31 bis, donde debiera haber un prometido centro de salud que no lo hay, Claudio Morgado, María Rachid, presidente y vice del Inadi, se reunieron con medio centenar de delegados de la 31 y 31 bis, para escuchar sus reclamos y avanzar en un programa que ya lleva tres meses in situ, y que se propone desplegar un abanico de acciones contra la discriminación.

“Nosotros pedimos que hagan algo, que ya estamos cansados de ser los del fondo y que no nos escuchen”, dijo una de las delegadas. “Del fondo” es literal y simbólico. La 31 bis, y especialmente el barrio que rodea la capilla Cristo Obrero donde descansan los restos del padre Mugica, y donde se encuentra la casa donde murió Humberto Ruiz, están en el fondo, en el mapa, y en el fondo en la geografía de valoración vecinal.

Alrededor de cincuenta delegados y consejeros se reunieron con Morgado, Rachid y los especialistas del Inadi que todos los días pisan en el terreno la diferencia entre tener derecho a ser vecino y serlo. El reclamo principal que escucharon se concentró en el ingreso de ambulancias. Según confiaron desde el SAME, “hacemos 210 auxilios por mes en los asentamientos, siete u ocho por día”. “Los vecinos no constataron ninguno”, respondió Morgado. De hecho, en la reunión, el titular del Inadi refirió que los delegados describieron varios casos en los últimos diez días, en los que la ambulancia no entró: una mujer que cayó de un primer piso, un hombre con la muñeca cortada, un chiquito con asma. “La salita no da abasto y el centro prometido nunca se abrió”, dijo Morgado. Los vecinos reclaman plazos cortos. “No vamos a permitir que pase de nuevo lo de Humberto”, dijo la delegada.

Lejos, Mauricio Macri intentaba responder a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que sostenía que “la ambulancia no quiere entrar porque tiene orden del Gobierno de la Ciudad de no entrar a las villas”. “No sé de dónde saca que hay esa orden, sería insólito”, sostuvo Néstor Pérez Baliño, segundo de Salud en la ciudad. Desde el SAME juran y perjuran que nunca existió esa orden. Los vecinos de la villa tienen otra idea.

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Aunque el certificado de defunción diga que Humberto Ruiz, “Sapito”, murió de un paro cardiorrespiratorio luego de un ataque de convulsiones provocado por epilepsia, no fue así. Sapito murió de discriminación. Mejor dicho, lo mató la discriminación. Fue el 5 de abril. Dos días más y hubiera llegado vivo al Día Mundial de la Salud aunque, pensándolo bien, no le hubiera cambiado nada. La ambulancia del SAME no hubiera entrado en el barrio Comunicaciones, en el extremo norte de la Villa 31 de Retiro; la médica se hubiera negado de todos modos a caminar dos cuadras con custodia policial, que la tenía al lado, y atenderlo o trasladarlo a la ambulancia; y el chofer hubiera ladrado de todos modos como le ladró a Patricia, cuñada de Humberto, quien hacía tres horas que corría de una punta a la otra de la villa, que no es poco, buscando ayuda, y luchaba contra el miedo y la mitología encastrados en las neuronas de ese hombre que burlón y despectivo le recomendaba: “Traételo en una carretilla”. Sapito se murió sin atención y ni siquiera ahí terminó su calvario, porque así como estaba de muerto descansó en la morgue hasta que recién al día siguiente su familia supo que Desarrollo Social de la Nación ayudaría para que pudieran trasladarlo a su casa para velarlo porque la familia no quería que sin más y de golpe desapareciera de allí. Por eso, Patricia insiste: “No es que se quería morir. Lo dejaron morir”.

Isabel nos acompaña por la calle 5, desde el Centro de Acceso a la Justicia, en la manzana 16, dando vuelta por la canchita esplendorosa que puso Macri, con ese piso sintético color verde nuevo y rozagante que lastima entre tanta pobreza. Isabel es delegada de una de las manzanas, era amiga personal del Sapito y está ayudando a Patricia en lo que puede, igual que Rafael, marido de Patricia, todos compungidos caminan entre las calles abigarradas de chicos, de mujeres que cruzan de un lado a otro. Humberto murió porque la ambulancia no accedió, pero Isabel cuenta que son muchos los casos de disciminación con delantal del SAME. Llama la atención el camión de gaseosas parado en medio del barrial, junto al almacén. ¿Es de acá? Contesta que no, Isabel. ¿No tiene miedo? No, esa camioneta tampoco es de acá.

Isabel da la vuelta a la calle y voltea por otra, levantada por el medio. Hay una excavación, están abriendo una zanja para colocar cloacas. No es que la cloaca haya sido un acto de gobierno, me aclaran, sino que los vecinos le ganaron en juicio a la ciudad y consiguieron que la Justicia obligara a Macri a colocarla. Allí nomás vive Patricia, Rafael y Alberto, los hermanos de Humberto, los hijos de Patricia y Rafael, Ailén, chiquitita de dos años, en brazos de la jovencita Jaqueline, hijos de Patricia y Rafael. Familia extendida que le dicen. Allí, hasta hace dos días, vivía Humberto.

Y Patricia empieza a hablar, mezcla de indignación, dolor y no querer hablar porque hablar la ubica en ese lugar en el que no hubiera querido estar. “Desde las 6 empecé a llamar al SAME. Le expliqué lo que le pasaba a mi cuñado, que había tenido un ataque de epilepsia y que estaba con convulsiones hacía rato y que los medicamentos no le hacían efecto. Me dijo que en 5 o 10 minutos llegaba la ambulancia.” ¿Sabía que era en la villa 31? “Por supuesto. Le dije y ella me contestó que vaya alguien a esperar la ambulancia a algún punto fuera de la villa. Quedamos en el Correo Viejo.” Es el edificio antiguo del correo, sobre la continuación de la bajada de la autopista que entronca con la Ramón Castillo. Está fuera de la villa.

Desde las 7 menos cuarto, Patricia esperó la ambulancia. Pensó, con la desesperación, que habían ido a la 46ª, la comisaría con jurisdicción en la villa y que está sobre la otra punta, cerca a la entrada de la Terminal de Retiro, esto es, a unas 25 cuadras. Antes llamó al 911. Contó el caso. y a los pocos minutos la llamó la operadora del SAME “que por qué no estaba en el lugar, que hacía veinte minutos que me esperaba, a los gritos”, dice Patricia. “Señora, tiene que llevar al paciente hasta allí”, le grita la operadora. “Pero cómo quiere que lo lleve, está con convulsiones”, dijo Patricia, qué iba a ponerse a discutir su derecho de que vaya a la casa, no había tiempo. “Búsquese algún vecino que la ayude”, escuchó que le decía. Desde allí, se tomó un colectivo a la comisaría donde se encontró con un “por acá nunca vinieron”. Un policía llamó al SAME y a los cinco minutos volvió la operadora a decirle que la ambulancia estaba en el destacamento, esto es, ni el lugar fijado de encuentro, el Correo Viejo, ni la comisaría, sino un destacamento internándose en la villa. Patricia no lo creyó. “¿Por qué se iban a internar en la villa si no querían entrar a dos cuadras por miedo?”

El maltrato siguió. A las dos horas y media, Alberto, el hermano menor de Humberto, que había ido al Correo Viejo con la esperanza de encontrar a la ambulancia, avisó que el SAME finalmente había llegado. “Pero no quería entrar”.

–Mi cuñado se está muriendo –dijo Patricia, que recorrió las dos cuadras desde su casa, en segundos.

–Tengo órdenes de no entrar –respondió Marcela Tella sentada sobre el móvil 296 del SAME.

–¿Para qué hizo el juramento de salvar vidas si lo está deja tirado?

Fue demasiado para el chofer, que indignado desató su versión de la realidad: “Ahí no entro ni con veinte patrulleros –espetó–. ¡Qué te pensás, quiénes se creen que son. Con la inseguridad que hay, ya me pusieron un caño otra vez. Traételo en una carretilla!”. Y concluyó repitiendo lo que años atrás (ver aparte) se lo había escuchado decir al propio Alberto Crescenti, director del SAME: “La gente de acá solamente pide ambulancias para hacer de taxi para llevar a mujeres embarazadas”. “Ahí siguió –dice Patricia – diciéndome que su esposa había tenido no sé cuántos embarazos y nunca había pedido una ambulancia.”

“Aunque sea la camilla”, dijo Patricia y contó con una ayuda inesperada: “Es acá nomás”, acotó el uniformado que veía la situación.

No hubo forma. En esa situación (la ambulancia como montaña y el pobre Humberto como Mahoma) Patricia y Alberto fueron a la casa. Humberto era gordo y pesado. Unos muchachos que estaban cavando la zanja para la cloaca ayudaron, lo colocaron sobre una puerta de madera que usaron como camilla. Ayudamos pero hasta la esquina. Temían que se les muriera en el camino y quedar responsables. En la esquina la familia desesperadamente buscó hasta que un vecino lo subió a su autito y lo llevó una cuadra más hasta donde estaba la ambulancia. Estuvo, porque ya no estaba. Se había ido. Allí, mientras la desesperación avanzaba, Alberto empezó a darle respiración boca a boca, mientras un vecino le hacía masajes. ¿Sabían cómo? “El vecino le iba diciendo.”

Habían pasado más de tres horas cuando el pobre Humberto llegó desfalleciente a un destacamento de Prefectura, donde el médico de la institución intentó resucitarlo. No lo logró. En el ínterin, llegó la ambulancia e intentó a como sea (que no fue) recuperar el cadáver. La familia, desorientada, acudió a la oficina de Acceso a la Justicia, donde recibió una rápida y certera información. Por la tarde estaba presentando denuncia en la 46ª. La causa quedó calificada como “abandono de persona seguido de homicidio” y se inició trámite en el Juzgado Contravencional 7 de Daniela Dupuy.

Al día siguiente, los vecinos y amigos, indignados cortaron la autopista Illia durante siete horas. “Basta de discriminación” fue la consigna. En la autopista, por encima de la 31, la versión era distinta. Bocinas, malhumor, televisión, y titulares anunciando que la ciudad era un caos por un corte en la autopista. El corte se levantó cuando llegó Néstor Pérez Baliño, jefe de Gabinete del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. ¿Qué les dijo? Se comprometió a que las ambulancias entrarán con escolta policial y que si no lo hacían, los vecinos se debían comprometer (de deudor pasó a dar un crédito) a tomar los datos y enviárselos por mail, para lo que les ofreció su propio correo.

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Apenas concluida la conferencia de Nilda Garré en su presentación del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, los movileros presentes se le arrojaron encima en busca de una presunta primicia: confirmar la orden impartida de retirar los federales que cumplieran adicionales en edificios de jurisdicción porteña. Cuestión que Garré no sólo confirmó, sino que explicó como parte del plan de prevención para dar seguridad a la ciudadanía. De inmediato, el gobierno porteño cruzó la información hacia otro discurso para reclamar por el “vacío”, “abandono de edificios, hospitales y parques porteños”, “preocupación por la inseguridad en las escuelas”, la excusa de que “la Metropolitana no da abasto” y la vaga amenaza de iniciar acciones legales contra Nilda Garré, tanto de parte del ministro de Seguridad local, Guillermo Montenegro, como del jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta. No profundizaron en la materia. Hubiera sido inconveniente mencionar que el retiro de los adicionales de federales no fue sorpresivo, sino que se venía conversando entre ambos gobiernos; que la propia presidenta Cristina Fernández ya lo había hecho público dos meses antes. No mencionaron que la Ciudad adeuda a la Federal siete meses de los adicionales que ahora reclama como si los hubiera pagado, en una cifra que ronda los 30 millones de pesos. Y les hubiera sido mediáticamente inadmisible explicar que entre los edificios abandonados a la custodia desbordada de la Metropolitana figuran la quinta personal Los Abrojos que Macri tiene en San Miguel; la casa de su ex mujer en la avenida Las Heras; los playones del servicio tercerizado de grúas por infracciones y la propia custodia personal del ministro Montenegro.

El 3 de febrero pasado, CFK anunció que había instruido a Garré para “articular con el gobierno local y con nuestra Policía Federal las jurisdicciones y competencias que han sido perfectamente delimitadas”. Se refería a convenios firmados entre ambos gobiernos en 2004 y 2007 y que refieren a los traspasos de las competencias de Justicia y policía, convalidados por la ley votada en el Congreso en 2008. Entre esas jurisdicciones y atribuciones traspasadas figuran la Justicia contravencional que es propia de la Ciudad, además de delitos menores del Código Penal que pasaron a ser analizados en los despachos de los jueces porteños: lesiones en riñ, abandono de persona, exhibiciones obscenas, violación de domicilio, usurpación (como el caso del Indoamericano o del edificio de Castañares), ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de asistencia a hijos o familiares bajo responsabilidad (como la cuota alimentaria tras una separación), trato cruel de animales, discriminación y amenazas. “Este tema fue motivo central de la reunión que mantuvieron Garré y Montenegro el 8 de febrero”, señalaron a este diario desde los pasillos del edificio de Gelly y Obes. Es que las amenazas de ex maridos, ex novios y toda la variable de ex conlleva cantidades inusitadas de federales dedicados a custodiar la puerta de la vivienda de una mujer amenazada en lugar de estar recorriendo calles en forma preventiva para bajar los decibeles a las diferentes versiones de inseguridad.

CFK hizo su anuncio no en cualquier contexto, sino el día en que fue recuperado pacíficamente el club Albariño, luego de que Garré sostuviera la presencia de la Federal disuasiva y como cerco, tal como había ordenado el juez federal Daniel Rafecas, en lugar del desalojo violento que reclamaba todo el arco de la oposición empezando por el gobernador metropolitano. Toda una definición de políticas a la vista.

“La Metropolitana no puede, la desborda, si tenemos 2000 efectivos en la calle y podemos ir agregando de a mil al año”, señalaron cerca de Eugenio Burzaco, jefe de la desbordada Metropolitana. “Lo mismo dijeron con el Indoamericano, lo mismo dijeron con el de Castañares, siempre dicen lo mismo. ¿Para qué sirven?”, preguntaron en el mismo pasillo de Seguridad nacional a este cronista, pregunta que no supo responder.

Los edificios públicos involucrados en el retiro de federales son 85 e implica a 1400 federales. Públicos en parte: en la cuenta figuran la quinta privada Los Abrojos, en San Miguel, donde Macri se solaza a su regreso de giras. También la casa de su ex esposa, en la avenida Las Heras. Los playones de los servicios de acarreo por mal estacionamiento, que son servicios tercerizados pero custodiados por federales. Además, cantidad de funcionarios porteños tienen custodia federal en lugar de metropolitana, como por ejemplo el encargado de las políticas de Seguridad de la Ciudad, el ministro Montenegro.

Además, figuran hospitales (no los policías con destino allí sino los que cumplen adicionales), edificios como la sede del gobierno porteño, plazas (que de todos modos seguirán cubiertas por la cantidad de federales que incorporarán a las calles), alguna escuela (Macri al llegar al gobierno dio de baja todos los servicios de vigilancia privada y recontrató nuevos privados y en parte adicionales de la Federal). Quedaron exceptuados el Tribunal Superior de Justicia porteño, la Magistratura y la Legislatura.

“El plan no consiste en anular los adicionales –aseguran alrededor de Garré–, sino los que tienen que ver con la jurisdicción porteña. La Federal tiene alrededor de 800 adicionales y se retira el 10 por ciento. Esto no significa una reducción en el sueldo de los agentes, porque se recargará por el lado de las recorridas en la calle.”

También sostienen que la orden que se cumple a partir de hoy no es unilateral ni inconsulta (fue objeto de reuniones de la más alta jerarquía), sino que se debe ubicar dentro de una serie de pasos dados en dirección a la seguridad preventiva anunciada por CFK.

• Primero anunció la desafectación de uniformados de las tareas administrativas para distribuirlos en las calles.

• Luego incorporó un suplemento de mil pesos en el sueldo al personal que estuviera destinado en la calle.

• En tercer lugar, en un acuerdo resultante en el Comité de Seguridad Bancaria, en la que participaron el Banco Central, la Asociación Bancaria y las restantes representaciones bancarias, se resolvió que los federales asignados a los bancos dejarían la custodia dentro del recinto para cumplirla en la calle, frente a la puerta, lo que equivale a prevenir mediante la visibilidad del uniformado y evitar riesgos a los clientes dentro del local. El acuerdo comenzará a funcionar en unos 20 días.

• En ese marco donde los ejes son el traslado de uniformados en función no preventiva y reasignarlos a las calles en tarea preventiva es que se decidió recuperar a los que estaban asignados a custodias que deberían cumplir los de la Metropolitana.

Hasta ayer, el gobierno nacional subsidiaba la seguridad del gobierno de Macri, de su ex, de su ministro y de sus Abrojos.

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Tres meses y medio le bastaron para que las cúpulas policiales supieran de su presencia en el nuevo Ministerio de Seguridad. Nilda Garré asumió su cargo el 15 de diciembre. Desde entonces, presentó el protocolo de actuación policial que básicamente transforma la tarea represiva en una opción secundaria; ordenó otro protocolo de actuación para desalojos o prevención de tomas; la ubicación policial para evitar salideras; inició una investigación para analizar impensadas cuestiones de género en un ámbito marcadamente machista; apenas asumió cambió al jefe de la Federal y luego pasó a disponibilidad a los superintendentes de Asuntos Internos y de Seguridad Metropolitana. Tuvo una intervención decisiva en el cumplimiento de la orden del juez Rafecas en la toma del Club Albariño. Y anunció que sacudiría cabezas en buena parte de las 53 comisarías. Ayer cumplió su palabra.

Asumió el Ministerio de Seguridad para evitar una crisis que amagaba desatarse a partir de la toma del Indoamericano, iniciada el 7 de diciembre. “La represión no sirve para solucionar los conflictos sociales”, dijo al asumir, como anticipo de su plan de seguridad y de que tomaría por las astas la cuestión del control político sobre la fuerza policial. Un día después de asumir, desplazó al jefe de la Federal, Néstor Valleca, y en su lugar designó a Enrique Capdevila. En ese mismo acto pasó a retiro a trece comisarios generales. Además, antes llevó a su gestión como segunda a Cristina Caamaño, fiscal que investigaba el crimen de Mariano Ferreyra.

Ordenó reorientar los programas de formación para que pierda predominio el aprendizaje del uso de la fuerza para reemplazarlo por la prevención y el conocimiento científico. Decidió incrementar patrullajes, ordenó auditar el Hospital Churruca.

El 20 de diciembre, mientras Macri despotricaba reclamando la represión de los ocupantes del Club Albariño y lanzaba clases de xenofobia a los medios, Garré sostuvo que la Federal cumpliría la ley y las órdenes del juez Rafecas, quien había ordenado el desalojo pacífico del predio. El 28 de diciembre cumplió el objetivo.

En enero pasado, ordenó el pase a disponibilidad preventiva, es decir para investigarlo, a Raúl Timossi, jefe de Asuntos Internos de la Federal a quien ella misma había designado días antes. El 16 de marzo hizo lo mismo con el superintendente de Seguridad Metropolitana, Hugo Lompizano, jefe de las comisarías porteñas. Estaba incluido dentro de las investigaciones por el crimen de Mariano Ferreyra, ya que su celular aparecía en los cruces de llamadas. Pero además, bajo su responsabilidad se editó y recortó el video de la participación de la Federal en el crimen. El desplazamiento de Lompizano auguraba lo que ocurriría ayer. Antes, también desplazó a otros jefes de comisaría: por ejemplo, al jefe de la seccional 11ª de Parque Centenario, Sergio Consentino, luego de dos robos a departamentos de la zona en los que los federales quedaron fuertemente sospechados. Ordenó también, en la faz preventiva para evitar salideras, que los uniformados de guardia en los bancos lo hagan en la vereda y no custodiando el interior.

También inició una investigación para mejorar la situación de las mujeres y anular las diferencias de género en un ámbito de fuerte prevalencia masculina. Entre sus medidas, también quitó la confección de pasaportes a la esfera de la Federal.

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En una polémica decisión, la Cámara de Apelaciones de San Isidro ordenó modificar la calificación del delito en el caso de los dos adolescentes detenidos por el crimen de Santiago Urbani. El fallo sostiene que se debe pasar de homicidio en ocasión de robo a homicidio criminis causae, que en términos jurídicos viene a ser un homicidio cometido para ocultar otro delito, en este caso, el robo. Aunque la Cámara no precisó la condena, la pena que corresponde al criminis causae es la perpetua, una pena que las normas constitucionales y la Corte Suprema rechazan, ya que se trata de adolescentes. La decisión de la Sala I de la Cámara tiene lugar en momentos en que Argentina está acusada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque jueces porteños y mendocinos condenaron a perpetua a cinco adolescentes. De este modo, la Cámara fue favorable a la pretensión del fiscal del juicio, Andrés Zárate, quien pese a ser un funcionario del Fuero de Responsabilidad Juvenil reclamó perpetua como si se tratara de un fiscal de adultos.

En julio del año pasado, los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3 de San Isidro, responsabilizaron a los dos adolescentes, los mantuvieron detenidos y decidieron postergar la condena, de haberla, después de que cumplieran los 18 años. De ese modo, rechazaron el pedido del fiscal Zárate, que insistió en solicitar la perpetua pese a que no está contemplada dentro del Régimen de Responsabilidad Juvenil. Como en casi todos los casos donde adolescentes aparecen acusados de un delito, el de Urbani no fue la excepción: funcionó más hacia afuera del estrado, como bandera de la mano dura apuntando a las cámaras y ventilando hechos que luego no se representaron en el juicio. Ahora, los camaristas Ernesto García Maañón y Duilio Alberto Cámpora, votaron en mayoría el cambio de calificación que deriva en la perpetua.

“Lo más grave en esta causa es que el fiscal haya pedido perpetua –dijo a Página/12 Claudia Cesaroni, abogada, criminóloga e integrante del Cepoc–, cuando el Estado tiene una causa ante la Comisión Interamericana.” Cesaroni recordó que además de los tratados internacionales firmados por Argentina, que ordena que los adolescentes sean tratados en forma progresiva, la propia Corte sostuvo en el fallo Maldonado que a un adolescente no se le puede aplicar una condena propia de adultos como es la perpetua. “Pero los fiscales siguen pidiendo perpetua como si el Estado fuera esquizofrénico –sostuvo Cesaroni–. No entiendo cómo el procurador Righi (federal) y la procuradora Falbo (bonaerense) no instruyen a los fiscales para que no pidan más perpetuas.”

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La causa por la desaparición de Iván Eladio Torres, ocurrida el 2 de octubre de 2003 a manos de la policía de Chubut, con ayuda de su brazo gubernamental y tribunalicio –según acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– sumó un nuevo escabroso hecho: la muerte de Juan Pablo Caba, cuñado de Iván y testigo de la causa, pese a que tenía orden de protección sobre su persona por parte de la CIDH en enero de 2005 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2006. Caba fue baleado en la calle el 7 de marzo pasado, y murió después de 15 días de agonía en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La dudosa fuente policial dijo que fue baleado en un “confuso incidente” y que murió por infección hospitalaria. Caba es el sexto testigo de la desaparición de Iván que sufre muerte violenta en circunstancias “confusas”. Dos de ellos estaban detenidos el día en que Iván fue amasijado a golpes en la comisaría 1ª de Chubut. Y un tercero vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: “Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia”. La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo.

Dos días antes del 24 de marzo, que hace memoria sobre las miles de desapariciones forzadas durante la dictadura, Juan Pablo Caba murió en la terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro. Fue baleado en el estómago el 7 de marzo en un incidente que, según las versiones policiales regadas a diestra y siniestra, fue “confuso”. Caba no pensaba lo mismo. Consciente, cuando lo internaron, dio a entender que lo habían emboscado. Para entender quién y por qué, la memoria siempre trae aire fresco: Caba era cuñado de Iván Torres, desaparecido en democracia el 2 de octubre de 2003. Junto a Iván, indiazo, pobre, de piel oscura, y sostén de los chicos de la calle, eran perseguidos permanentemente por los policías, especialmente de la 1ª. Caba y un grupito de amigos de Iván (Tamara Bolívar, Cristian Gamín, Gerardo Colín, Luis Oliva y Mauricio Agüero) conocían los métodos de persecución policial y habían escuchado del propio Iván el relato de su detención anterior, el 26 de septiembre de 2003, cuando lo llevaron a la comisaría, lo molieron a palos y después lo llevaron a un monte fuera de la ciudad, lo desnudaron y le gatillaron en la cabeza.

De aquella detención quedaron los testimonios de Dante Camaño y Diego Alvarez. Camaño porque estaba detenido y vio cuando lo ingresaban. Y Alvarez porque fue detenido junto con Iván. Camaño, testigo de la metodología de persecución de la policía chubutense, apareció muerto en otro incidente “confuso”. Alvarez, no, pero otro muchacho, Hugo Alvarez, apareció colgado en lo que sostienen que se trató de una “confusión” de identidades. El Alvarez sobreviviente fue intimidado por la propia fiscal Ibáñez, a cargo de la causa, cuando enterada de que el joven sostenía su declaración cayó en su casa a la 1 de la mañana acompañado por Bustos, jefe de la Brigada de Investigaciones, “El, que no entre porque es el que me pegó cuando me detuvieron”, dijo Alvarez. “Es de mi absoluta confianza”, cruzó la fiscal y lo hizo pasar.

Testigos de la segunda detención de Iván fueron Alberto Gajardo, Miguel Sánchez y David Hayes, que estaban alojados en las celdas de la 1ª el 2 de octubre de 2003. Hayes escribió una carta que entregó a María Leontina Millacura Llaipén, madre de Iván, en la que describía cómo, dónde y quiénes habían golpeado a su hijo, y quién lo había retirado del lugar. El 10 de enero de 2005, los familiares de Iván pidieron a la CIDH la protección de los testigos, entre ellos Hayes. La orden de protección llegó el 18 de enero. Un día antes, Hayes fue acuchillado y detenido, en un incidente “confuso”. Gajardo no murió, pero asesinaron a un homónimo. Tras la muerte de Hayes, Sánchez también escribió una carta a la madre, relatando lo que vio. Amenazado y golpeado, le salvaron la vida al trasladarlo a Río Grande por indicación de la Corte Interamericana. Otros dos testigos, Walter Mansilla y Gastón Vara, también murieron en hechos “confusos”, el primero apareció como NN y el segundo, cuya acta de defunción apareció cuando fue citado a declarar.

Habrá que agregar la violación a Tamara con tarjeta policial y las amenazas a familiares y a las abogadas, Verónica Heredia y Silvia de los Santos. Todos, con protección de la CIDH y la Corte. Pero en Chubut, la protección es confusa y policial.

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Después de inscribir dos propiedades como fianza para cumplir la morigeración de su prisión como detención domiciliaria, el viudo José Arce abandonó la Unidad 41 de Campana, donde se encontraba detenido desde el 21 de abril de 2009, acusado por el homicidio de su esposa, Rosana Galliano. Las dos propiedades fueron valuadas entre ambas en medio millón de dólares, y era el requisito que faltaba para que se cumpliera la medida ordenada por la jueza Graciela Cione y confirmada por la Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana. El argumento solicitado por la defensa es el cuidado de sus dos pequeños hijos. La medida resultó, obviamente, urticante para los familiares de la esposa y víctima. Una de las propiedades es donde vivía la mujer con sus hijos y, según sus familiares, “es un bien de los dos, no sé cómo se la aceptan porque están usando el 50 por ciento de los nenes”. Podría decirse que la detención morigerada de Arce es uno de esos casos excepcionales o raros en los anales de la Justicia bonaerense, que mantiene arrumbadas en las cárceles de la provincia al 86,3 por ciento de las mujeres detenidas, con presunción de inocencia pero sin fondos, y casi un centenar de niños menores de 5 años, detenidos para que sus madres puedan criarlos, como Arce a los suyos pero sin morigerada.

“Soy inocente, al final se va a saber la verdad, confío en la Justicia. Ahora seguiré trabajando como siempre lo hice”, dijo Arce, sin sorpresas, casi como una obviedad, a los periodistas que lo aguardaban del otro lado de la barrera. Se mostró confiado en que “nadie” lo señalaría como ideólogo del crimen y que volverá a vivir con su madre, Elsa Aguilar, y sus dos hijos en su casa Las Dulzuras, Villa Astolfi, Pilar. Aguilar, además de madre de Arce y abuela de sus hijos, es coimputada por el crimen de Galliano. La acusación fiscal la ubica como quien facilitó y entregó el dinero para el asesinato por encargo a uno de los hermanos Leguizamón, Gabriel, sospechado como ejecutor del crimen y sin morigerada. Antes que Arce, su madre coimputada también recibió la extraordinaria detención domiciliaria, por su edad (80 años) y para la crianza de los chicos. Según el pedido de la defensa, ahora Arce salió a ayudarla.

La libertad de Arce despertó la indignación de la familia de Galliano, comprensible pero no necesariamente ajustada a los cánones jurídicos. “Le están dando la excarcelación a un asesino. Estoy preocupado por mis sobrinos. Sale y vuelve a matar –advirtió Oscar Galliano, hermano de la víctima, al Canal C5N–. El le dijo a mi hermana que iba a matar a sus hijos y la iba a matar a ella y de hecho ya lo cumplió, a mi hermana la mató.” Pero también cuestionó que la casaquinta de El Remanso, una de las propiedades usadas para pagar la fianza, fuera aceptada por la Justicia. “Es un bien de los dos, no sé cómo se la aceptan porque están usando el 50 por ciento de los nenes”, comentó.

El crimen de Rosana Galliano fue cometido la noche del 16 de enero de 2008, en su casaquinta de El Remanso, en Exaltación de la Cruz, cuando la víctima cenaba con su hermana Mónica. Rosana recibió a las 22.50 un llamado de Arce a su teléfono celular y, por tener poca señal, se vio obligada a salir de la casa, donde el asesino la ejecutó de cuatro balazos con una pistola.

Desde el inicio de la causa, el entonces fiscal Marcelo Pernici –actual titular de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense– consideró que se trató de un crimen por encargo de Arce, con quien la víctima atravesaba un conflictivo proceso de divorcio. El mecánico Gabriel Leguizamón está acusado de haber disparado desde el exterior y su hermano Pablo es investigado y su situación será definida en el juicio oral, ya que sigue siendo investigado pero tiene falta de mérito, es decir, no encontraron pruebas suficientes para imputarlo.

Entre las pruebas hay una vaina y un proyectil que fueron hallados enterrados en el fondo de la casa del mecánico y que coinciden con los proyectiles disparados a Galliano. Arce fue beneficiado con la excarcelación extraordinaria el 26 de noviembre, cuando tras un pedido de la defensa la jueza Cione consideró que el imputado no iba a fugarse ni entorpecer la investigación. La medida fue apelada por la fiscalía y la querella, y la Cámara confirmó la decisión. Después de que su abogado Roberto Hermo registrara las viviendas, a Arce le levantaron la barrera.

La asimetría de la excepcionalidad judicial bonaerense hizo que el caso de Arce, con prisión morigerada para cuidar a sus hijos y ayudar a su madre coimputada a cuidar a los nietos de ella, curiosamente se cruzara al otro extremo del casi centenar de madres que crían a sus hijos menores de 5 entre rejas pero que no tienen prisión morigerada por imposibilidad de establecer cierta complicidad (o cercanía) de clase con quien decide, y por aquello de la peligrosidad a futuro.

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El jefe de la Bonaerense en la Departamental Pergamino, un subcomisario, un jefe de calle, otro de prevención y un oficial fueron procesados y recibieron orden de detención. Los cinco fueron acusados de formar parte de una banda que en conjunto con camioneros descargaban parte del contenido de tanques cargados de combustible o fertilizantes que depositaban en otros tanques y volvían a recargarlos con agua. Además, cobraban seguridad a comerciantes, dueños de hoteles y prostíbulos, bajo la arcaica lógica del “elegí: o te protejo o te robo”. El titular de la Departamental, Miguel Pocovi, había asumido el cargo en diciembre de 2009, para cambiar la cara de la Bonaerense luego del papelón del caso Pomar. El jefe de la DDI de Pergamino, Sergio Aliani, quien también había formado parte en el intento de lavado de cara policial, está procesado por el mismo motivo, pero por encubrimiento. De los cinco pedidos de detención, por el momento sólo se cumplió el obvio, el del perejil de turno. Los otros cuatro están prófugos.

En diciembre de 2009, apenas asumido en el cargo tras el escándalo del caso Pomar, al comisario mayor Miguel Pocovi le tocó presidir la ceremonia por el 129º aniversario de la creación de la Bonaerense. En su discurso, ajustado al oficial, instó a los uniformados que lo escuchaban a “recomponer desde cada uno de sus miembros la claridad sobre la misión que la ciudadanía y el Estado nos encomienda, el sentido de pertenencia, los valores compartidos y la capacidad de brindar un servicio público de calidad ...”. Ayer, Pocovi no había sido visto por el lugar, prófugo luego de la orden de detención del juez 2 de Garantías, Julio Caturla, tras el pedido de la fiscal 5 de Pergamino Patricia Fernández.

Fernández inició la investigación en septiembre pasado, cuando se obtuvieron datos sobre el robo de combustibles y fertilizantes transportados en camiones. Los distribuidores, al recibir el camión, empezaron a detectar que llegaban muy rebajados. Los investigadores detectaron que los choferes ingresaban a dos zonas conocidas como “bajaditas”, descargaban en tanques la mayor parte del líquido que transportaban y luego recargaban la parte vacía con agua. El fertilizante puro era vendido en Pergamino y el resto seguía su viaje.

Primero la hipótesis fue que los choferes trabajaban por su cuenta, pero la realidad llamó a la puerta: el trabajito de descarga y distribución no se podía llevar adelante sin protección policial. En las escuchas telefónicas ordenadas saltaron las líneas y las voces de uniformados. Una de ellas, según la fiscalía, correspondió a Pocovi.

El primer imputado fue el ahora ex jefe de la DDI de Pergamino, el comisario Sergio Aliani, en su momento también aire fresco después de lo de los Pomar, por parte de la fiscalía 7, a cargo de Alejandra Ghiotti, por encubrimiento agravado, pero se le concedió la eximición de prisión.

La fiscal Fernández, por su lado, consideró a Pocovi como jefe de una asociación ilícita a la que le agregó incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales porque, además, el grupo se dedicaba según los datos recogidos en la investigación a “pedir” contribuciones, por llamarlas de alguna manera, a los dueños de boliches, prostíbulos, hoteles de Pergamino y Arrecifes a cambio de seguridad.

En la banda sumó al subcomisario Guillermo Gómez; al jefe de calle de la 2ª de Pergamino, Javier López; a Mauricio Esteban Guareschi, jefe de Prevención de la 1ª, y al oficial Carlos Alberto Ortega, el único que encontró la comisión de Bonaerenses que fue en pos de ellos.

Todos fueron buscados en operativos efectuados en Pergamino, Chacabuco, Mar del Plata y la Capital Federal y la Jefatura Departamental fue allanada en procura de documentación de los antiguos jefes. La banda era mixta: la mitad estaba de licencia y la otra mitad había sido apartada en febrero.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, insistió en su orden de desalojo, a como sea que se cumpla, de los edificios de Castañares y Portela, sobre un número impreciso de familias que oscila entre las 70 y las 160 según de quién sea la voz portante. Armella volvió a advertir a funcionarios nacionales que no cumplan la medida con la aplicación de multas, como la que ya aplicó a la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño. Como contrapartida, la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, presentó un plan de seguridad para prevenir intrusiones en la cuenca Matanza-Riachuelo mediante patrullajes preventivos. Por su lado, los legisladores de Proyecto Sur Laura García Tuñón y Rafael Gentili presentaron ayer un pedido para desafectar al juez federal Luis Armella de la causa por el desalojo y que ésta sea inmediatamente remitida al juez penal, contravencional y de faltas de la Ciudad en turno.

El plan presentado por el Ministerio de Seguridad lleva el título de Plan Integral de Seguridad y consiste en la articulación de acciones entre el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, a través de sus autoridades ejecutivas y fuerzas de seguridad correspondientes, esto es, la Bonaerense, la Metropolitana y la fuerza nacional que corresponda. El plan contempla acciones preventivas y de control sobre la costa ribereña, haciendo hincapié en la detección de nuevos asentamientos en ambas márgenes. Uno de los detalles del plan refiere a lo que hoy pareciera ser la cabecera de un conflicto jurisdiccional, que no es más que la representación de un conflicto de posiciones políticas frente a cómo resolver un problema de clara raíz social: la intrusión de los edificios de Castañares y Portela.

También define que en caso de realizar un desalojo de un predio intrusado, el mismo deberá ser ocupado y asegurado por las fuerzas jurisdiccionales, que vienen a ser la Bonaerense o la Metropolitana, con el apoyo perimetral de las fuerzas de seguridad federales.

El plan, que fue desarrollado por la secretaria Caamaño por orden de Garré, impulsa además la creación de un comité de coordinación operativa entre las tres fuerzas federales de seguridad –Prefectura, Gendarmería y la Federal, en coordinación con la Metropolitana– y la figura del “comandante operativo táctico”, que tendrá a su cargo la supervisión de tareas y la elevación de informes situacionales. El plan fue presentado al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Juan José Mussi, quien es a la vez secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En la reunión participaron representantes de los municipios bonaerenses que integran la Acumar, de la Metropolitana, de las tres fuerzas federales y del juzgado federal de Quilmes, de Armella.

El juez, entretanto, ratificó la orden de desalojo que ya había dado el miércoles pasado y que no se cumplió por diferencias entre los gobiernos nacional y porteño sobre a quién compete la responsabilidad del desalojo y sobre si la solución consiste en palos y a la bolsa, o en resolver los problemas de techo, que son eminentemente sociales. Y de la ciudad, en tanto sea la jurisdicción del problema habitacional.

Macri, por su lado, insistió en que la Nación desaloje el predio ocupado y sostuvo que el kirchnerismo “se dedica a tolerar a aquellos grupos de usurpadores que se apropian de cosas ajenas”, en una rara intrusión de criterios según zona: ni mu sobre el desalojo de los clubes okupas de lo ajeno en los bosques de Palermo.

En comunicación con este diario, Sonia, una de las mujeres ocupantes del predio de Castañares, describió la situación como “calma”, sostuvo que les dejan entrar desayunos y meriendas provistos por un comedor popular de la zona, y agregó que “de acá nos vamos con un techo, no queremos más promesas ni proyectos”. Según su relato, son 160 familias, el 80 por ciento mujeres, y casi un centenar de niños.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, insistió en que no se enviarán fuerzas federales y sostuvo que sólo la Metropolitana debe actuar ante el delito de usurpación, que ya fue traspasado a la Justicia de la ciudad. Precisamente en esa línea, los legisladores de Proyecto Sur García Tuñón y Gentili presentaron el pedido de apartamiento de Armella y la inmediata transferencia a la Justicia porteña. “Pagamos muy buenos sueldos a jueces, fiscales y policía de la Ciudad como para que después se laven las manos para resolver asuntos que están bajo su competencia.” Hoy, Claudio Lozano dará una conferencia exponiendo propuestas de solución del problema, bajo el lema “Para llegar a una salida negociada hay que sacar al juez Armella de la causa”.

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Sostuvo que un país en riesgo sísmico permanente con 50 centrales nucleares, como lo es Japón, es dar un “handicap bastante grande”. También describió que “lo que se vio en las imágenes de TV no es un estallido nuclear, en ninguna central se produce un estallido nuclear, son estallidos por la presión del vapor de agua”. El ingeniero especializado en energía nuclear Hugo Palamidessi, integrante del Grupo Moreno. avanzó sobre las últimas noticias de la emergencia nuclear de Japón, bajando el pánico, que no deja pensar, pero profundizando el alerta y sus significados.

–Para empezar, ¿podría explicar cómo está compuesto el reactor y el proceso de calentamiento?

–El reactor funciona con uranio, que está dentro de unas pastillas de cerámica, a su vez adentro de unas barras en las que están los elementos combustibles, todo dentro del reactor. Este a su vez está dentro de un edificio estanco de paredes de hormigón de un grosor importante.

–¿Qué es el estallido que se ve en la imagen, que la produjo?

–Hubo una falla de refrigeración, la falla llevó a que el núcleo se recaliente.

–¿A qué llama núcleo?

–Es todo el conjunto de los elementos combustibles de las barras, con las pastillas de cerámica dentro, que contienen el uranio. Al fallar el sistema de aprovisionamiento de agua, los elementos combustibles se recalientan, el agua se empieza a vaporizar, baja de nivel, con lo que una parte del combustible queda por encima del agua, con lo que se calienta mucho más, el vapor levanta la presión. El vapor empieza a atacar las barras de elementos combustibles, que están recubiertas con siliconio, un elemento especial, y ahí se produce hidrógeno en este ataque químico. Ese hidrógeno se ha escapado de alguna manera. Esta central es de tipo directo, no tiene generador de vapor. Normalmente, el agua se vaporiza con el calor del reactor y va directo a la turbina, que es la que mueve el generador eléctrico. Pero ahora, el hidrógeno producido en la reacción con el siliconio, pasó a la sala de turbinas y allí se escapa, porque se debe haber producido en tal cantidad que desbordó los filtros que hay para captar el hidrógeno. Si se ha producido un poco más de lo de costumbre por el destape de los elementos combustibles, en determinadas proporciones, el hidrógeno en el aire forma mezclas explosivas. Y la explosión ha volado parte del edificio.

–Es decir, el contacto es en el interior del edificio, y esa explosión es la que rompe parte de la estructura exterior del edificio. ¿El hidrógeno estuvo en contacto con el material radiactivo?

–Puede arrastrar partículas irradiadas. Parte del metal puede haberse ido con la nube de hidrógeno. Esa explosión puede haber emitido fuera del edificio cierta cantidad de radiación, no demasiado alta, por supuesto.

–La información es confusa. Unos dijeron que se había alcanzado un nivel 8 veces por encima de la radiación normal y otros mencionaban mil.

–Lo de mil yo no lo entiendo. Primero hay que saber que dentro del reactor hay una proporción muy grande de radiactividad en relación con la que hay fuera. Lo de mil veces puede ser el elemento combustible, dentro del reactor y en algunos puntos. Pero nada más. Si no, no habría reactor capaz de contener semejante cantidad de potencia y hubiera volado todo.

–¿Cómo es el proceso de enfriamiento?

–Cuando se para el reactor, baja la reactividad, no hay neutrones, no hay reactividad suficiente para mantener la reacción atómica, pero la sigue habiendo, una parte de la potencia sigue generando menos del 5 o del 4 por ciento, pero lo suficiente para necesitar agua para el enfriamiento. Después se va gastando el combustible, y al cabo de un par de días ya se puede quedar el reactor sin circulación y se puede ir enfriando solo. Es como el motor del auto, que si lo para, sigue calentando y el ventilador tiene que seguir funcionando hasta bajar la temperatura a un nivel más normal.

–Se habla de la fusión del núcleo...

–Cuando ya no hay refrigeración suficiente, levanta la temperatura y se empiezan a fundir las barras, se funde la cerámica, la barra de metal, se va derramando y va a parar al fondo del reactor, y a medida que se va desparramando se va parando el reactor, porque se separan los elementos combustibles.

–¿Es comparable con el proceso de Chernobyl?

–Para empezar, en ninguna central nuclear se produce una explosión nuclear. Son de vapor. En Chernobyl también hubo una explosión de vapor. Toda el agua se había convertido en vapor, levantó presión y voló todo por el vapor. Pero el vapor arrastró partículas radiactivas. Aparte, en Chernobyl cometieron el error de intentar apagar el incendio, para lo que echaron agua, que siguió convirtiéndose en vapor.

–¿Por qué se produjo el incendio?

–El núcleo de Chernobyl era grafito, carbón. Cuando tomó temperatura se incendió todo. Al tirarle agua se transformó en vapor que ayudó a desparramar todo, explotó y salió una nube de vapor impresionante que arrastró cantidades de partículas radiactivas.

–Se escucharon voces, especialmente desde Estados Unidos, que dijeron que “si usan agua de mar es que están desesperados”. ¿Qué opina?

–Primero, que el agua de mar en Japón es lo que está disponible como fuente cercana. Es cierto que meter agua de mar en un reactor es arruinarlo, porque la corrosión es muy grande. No pueden hacer otra cosa. Por otra parte, esta central se inauguró en el ’71. Tiene permiso para cuarenta años, y este mes debían cerrarla. Es decir que usar agua de mar pasa a ser un problema secundario.

–¿Es lógico que en un país con tanto riesgo sísmico hayan construido 50 centrales nucleares?

–Evidentemente es un handicap bastante grande. Lo que pasa es que Japón no tiene otra alternativa. No tiene hidroelectricidad, no tiene carbón, no tiene gas, no tiene petróleo, ¿qué hace? Tiene que importar toda la energía que necesita para la inmensa cantidad de población e industria que tiene. Es una elección difícil.