Página#12 Libre

Una vez más los ciudadanos/as nos vemos envueltos en una situación de desconcierto. Por una lado tenemos la Policía Metropolitana que tuvo la oportunidad de ser creada bajo nuevos paradigmas, pero que fue puesta bajo una conducción viciada que la llevó a repetir las prácticas de las viejas estructuras policiales y, por otro lado, bandas criminales que en connivencia con estas mismas fuerzas, que se autogobiernan desde hace años, acechan a pudientes o humildes por igual. El trillado pero no por eso menos acuciante tema de la inseguridad es puesto sobre la mesa en estos días, y es uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

Cómo puede un ciudadano sentirse seguro y confiar en las instituciones democráticas si el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, está preso. Como si eso fuera poco, a los pocos días sale a luz la vinculación de Mauricio Macri con el espía Ciro James y sus escuchas ilegales a políticos, familiares y ciudadanos en general, en provecho propio. El panorama se oscurece cuando nos enteramos de que la flamante Policía Metropolitana cuenta con ex miembros de la Policía Federal que fueron exonerados de esa fuerza por haber participado en la represión durante la última dictadura militar, y otros por dedicarse a encubrir prostíbulos en plena democracia. Lo que resulta más grave es que se pretenda dar una solución reduccionista a los problemas de inseguridad sólo a través del fortalecimiento de esta “nueva” fuerza.

La seguridad es un derecho social fundamental que engloba una multiplicidad de otros derechos que hacen a tener una vida digna por el solo hecho de ser personas y sujetos de derecho, y así debe considerarse a todos en pos de construir una sociedad con una seguridad ciudadana que se oriente a garantizar la convivencia pacífica, pluralista, y por lo tanto democrática. Por eso, la prestación del servicio público de la seguridad debe estar a cargo de organismos democráticos en su configuración y accionar.

Para pensar esa seguridad que necesitamos debemos constituir una policía civil protectora de los ciudadanos/as, altamente capacitada principalmente en tareas de prevención y desactivación de organizaciones delictivas complejas. Esto no va a suceder si dicha institución no sufre un proceso de democratización profunda y deslinde total con esas mismas organizaciones criminales. Por otro lado, la Justicia no sólo debe ser un poder fuerte e incorruptible, sino también eficaz para que los ciudadanos/as recuperen la confianza en las instituciones de derecho, respetando las garantías procesales. Por último, también necesitamos un sistema penitenciario con procedimientos precisos y personal capacitado para lograr la reinserción social de los detenidos.

La seguridad que necesitamos es la construcción de un ambiente propicio para garantizarnos una convivencia pacífica, por eso es importante no perder el norte en esta situación de congoja y tener la claridad acerca de que lo más importante son las políticas públicas de seguridad con carácter preventivo y no reactivo (ante el hecho consumado).

Las autoridades legítimamente elegidas debemos tomar el tema, construir consensos a mediano y largo plazo, y poner en marcha las herramientas que hemos constituido para el control civil de todas las fuerzas de seguridad. Un dato de la realidad es que el Congreso de la Nación, teniendo desde 1992 una Ley de Seguridad Interior que habilita la constitución de una comisión bicameral de seguimiento y control, jamás la ha constituido. Esto demuestra que desde estos órganos de gobierno no sólo no se han dado respuestas efectivas, sino que manifiestan una permisividad institucional al uso abusivo de la fuerza por estas corporaciones policiales y a su autocontrol, junto con el desinterés de los poderes del Estado por reformar las fuerzas de seguridad bajo nuevos paradigmas de la democracia.

En relación con esto es alarmante que la gestión macrista haya convertido en reservada la información que produzca el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de acuerdo con la reglamentación anunciada la semana pasada, cuando dicho Comité se creó justamente para evaluar y mostrar ante la sociedad el avance en las políticas de seguridad.

La seguridad resulta un problema complejo y que necesita soluciones integrales: inserción social, una fuerza de seguridad y una Justicia eficientes, participación ciudadana y decisión política de los gobernantes para generar políticas públicas adecuadas. Desde el espacio del Acuerdo por la Seguridad Democrática estamos debatiendo iniciativas en ese sentido, y desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en particular, estamos comprometidos con este tema, tendiendo puentes de trabajo con distintos actores de la sociedad civil, otras instituciones e incluso otras comisiones del Congreso. Este es un llamado a la sociedad para que en su conjunto participe, ocupe los lugares de debate y no pierda las expectativas de que una seguridad democrática para una convivencia pacífica y plural es posible.

* Diputada Movimiento Libres del Sur, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Debido a las noticias que han circulado últimamente con respecto a la causa Noble Herrera, donde se trata desde hace ocho años de identificar a quienes han sido inscriptos como Marcela y Felipe, estoy convencida de que habiendo padecido una situación similar siento la necesidad de intervenir en el debate: Marcela y Felipe se han negado a que se les sustraiga sangre para que la misma sea comparada en el Banco de Datos Genéticos a fin de determinar si son o no hijos de desaparecidos.

En la resolución dictada el viernes 28/05, la jueza Arroyo Salgado ordenó la requisa personal de Marcela y Felipe Noble Herrera a los fines de recabar prendas u objetos personales de los jóvenes que pudieran contener su ADN.

Por lo tanto y después de incontables chicanas y dilaciones, por parte de los abogados defensores de la Señora Ernestina Herrera de Noble y de los abogados que representan a los dos jóvenes, la jueza que interviene en la causa dispuso al mismo tiempo el allanamiento de los domicilios en que se encontraban los jóvenes autorizando al personal policial a interceptarlos en la vía pública. Así consiguieron elementos personales de los cuales se puedan obtener células desprendidas del cuerpo a fin de llevar adelante el análisis que determine su filiación.

No voy a juzgar si está bien o mal que Marcela y Felipe se nieguen a hacerse el análisis, a mí me llevó ocho meses y muchas lágrimas decidir hacerlo. Es tal vez una de las cosas más difíciles que me tocaron enfrentar en mi vida y lo pude hacer gracias a mis amigos y compañeros. Cada uno hace lo que puede en esta historia. Por eso estoy convencida de que es el Estado el que debe perseguir este delito que se continúa cometiendo: la sustracción de menores es un delito continuo hasta que ese menor (aunque hoy sea adulto) no aparezca.

No es que un día nos robaron la identidad, nos dieron otra y se acabó. Fue un delito que pasó hace tanto tiempo que parece parte del pasado. Les pido que nos miren a los 101 nietos restituidos (a los que quisieron saber y a los que tomaron otra decisión en la vida) y piensen realmente si nosotros somos parte del pasado.

Ninguno de nosotros es parte del pasado, como no lo son nuestras Abuelas, esas mujeres para las que no tenemos más que palabras de agradecimiento; gracias por habernos buscado, porque gracias a ellas, ciento y un personas adultas podemos decirles nuestros nombres, por qué los elegimos. Nos regalaron eso, la posibilidad de elegir, y para elegir no hay otro camino que el doloroso recorrido de conocer la verdad.

Creo que en nuestro país tenemos que pelear para que se terminen todos los delitos, no solo éste, sino todos, pero también éste, porque el secuestro y sustracción de menores es un delito. De hecho, de los últimos nietos encontrados muchos lo fueron por esta aplicación del método de análisis de ADN. Absolutamente ninguno de esos nietos y nietas que se negaron a realizarse el ADN impugnó el allanamiento. ¿Saben por qué? Porque te sacás una mochila de plomo de encima. ¿Saben la tortura que significa no saber quién es uno? ¿Conocen la tortura que significa estar esperando que se muera la gente que uno quiere como sus padres para conocer realmente quién es tu padre? ¿Saben la tortura que significa pensar que mientras uno espera que se mueran sus “padres” se va a morir la abuela o el abuelo, y uno no va a saber quiénes fueron sus papás, porque no se lo van a poder contar? Yo sí.

Por eso también estoy segura de que lamentablemente la forma de terminar con este delito no es la mejor; se debe exponer a las víctimas a situaciones desagradables, no voy a discutir tampoco con Marcela y Felipe si estuvo bien o mal el operativo en el cual se les solicitó prendas personales para llevar adelante el ADN, y no lo voy a hacer porque aunque haya sido con el mayor de los cuidados no me cabe duda de que lo vivieron así como lo contaron, así como si fueran perseguidos, como si fueran víctimas de una causa judicial que empezó hace ocho años. Lamentablemente no es así, son víctimas desde que fueron secuestrados. Lamentablemente no fue en ese operativo donde se les violó el derecho a la intimidad. La primera vez que se les violó ese derecho fue cuando los arrancaron de la teta de su mamá. Fue cuando les robaron la posibilidad de conocer la tibieza de la mano de su papá. Esos fueron los primeros momentos en que nos violaron el derecho a la intimidad.

No se me ocurre la ridícula idea de juzgar el amor que sienten por quien sienten como una madre, pero quien te ama te quiere ver feliz y la única forma de ser feliz es siendo libres para poder elegir lo que quieran, quien no conoce no es libre.

Marcela y Felipe: uno no elige el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar su huella en este tiempo, no es fácil, es un camino doloroso, pero la única forma de empezar a caminar por otro camino es cerrando éste.

Le pido a la Justicia argentina que terminen con el dolor de estas dos personas. Que cerremos esta causa con los nombres biológicos de Marcela y Felipe, así ellos y todos podremos mirar al futuro con la libertad que sólo da la verdad.

* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. Diputada nacional Movimiento Libres del Sur.

La polémica entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en la que se debate qué poder del Estado es el responsable de la impunidad respecto del terrorismo de Estado, tiene como aspecto positivo que se presente la posibilidad de descifrar por qué estos hechos –que se debían haber juzgado hace más de treinta años– encuentran a la gran mayoría de los genocidas sin condena, a pesar de que en su totalidad ya fueron identificados por sus delitos.

La realidad indica que el Estado en su conjunto fue el encargado de implementar el terrorismo. Y fueron el Estado mismo y sus tres poderes los que hasta hace sólo unos pocos años, y con rarísimas excepciones, los que han garantizado la impunidad para esos delitos y sus autores.

Esto no quiere decir que la responsabilidad deba caer sobre quienes hoy son jueces de la Corte Suprema o el Poder Ejecutivo de turno. Existen causales estructurales y superestructurales en los poderes del Estado que afectan en forma directa el avance de estos procesos.

Entre las causas estructurales a la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de acabar con la impunidad debería haber seguido una verdadera política integral de cada uno de los poderes del Estado para que adecuen sus estructuras a la cantidad y variedad de nuevas tareas que ello significaba (creación de secretarías ad hoc en los diferentes tribunales, comisiones de seguimiento parlamentarias, infraestructura humana y tecnológica, entre otros), con la consecuente asignación presupuestaria para hacerlo posible.

Si bien los avances son innegables, las readecuaciones no resultaron suficientes. Sólo se crearon algunas unidades específicas en el ámbito del Poder Ejecutivo (Programa Verdad y Justicia, por ejemplo); la Corte Suprema ha creado la Unidad de Asistencia y Seguimiento de delitos de lesa humanidad con escasos resultados y sólo algunos tribunales poseen secretarias ad hoc (por ejemplo en la causa “Campo de Mayo”). En el ámbito del Ministerio Público Fiscal fue implementada la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. Pero la coordinación y la articulación entre las diferentes instancias resulta bastante difícil.

Tomando el ejemplo de la Justicia, la gestión administrativa y presupuestaria deja mucho que desear. Mientras que el Poder Judicial vio disminuido su presupuesto, la Corte Suprema de Justicia subejecuta el presupuesto asignado.

En el caso del Poder Ejecutivo, el actual programa de protección de testigos fue creado principalmente para casos relacionados con el narcotráfico, por lo tanto no satisface las necesidades específicas de los testigos. Por otro lado, cientos de víctimas, testigos y querellantes de las causas por los crímenes de la dictadura continúan siendo amenazados y, transcurridos más de dos años de la desaparición de Julio López, nada sabemos aún de su paradero ni de quiénes fueron sus captores, como tampoco de quiénes ordenaron su desaparición.

Asimismo, no es cierto que el Congreso ya haya dictado todas las normas necesarias. A casi 33 años del golpe genocida y en pleno año electoral, todavía no tenemos una norma que inhabilite a ocupar cargos públicos a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o fueron cómplices del terrorismo de Estado para luego ampararse en las instituciones democráticas, garantizando de esta forma su impunidad. El ejemplo del vocero del vicegobernador tucumano, Francisco Sassi Colombres, ex ministro de la dictadura de Domingo Bussi, es un claro y nefasto ejemplo. También es necesario crear por ley nuevos tribunales orales, para que las causas no se estanquen, ni se empantanen por decenas de años, lesionando una vez más el derecho de las victimas a la justicia.

Estos son sólo algunos ejemplos de que no todo está dicho y que todavía nos queda un largo camino por recorrer y por hacer para terminar con la impunidad. En momentos en que en nuestra sociedad el principal debate es el de la seguridad, escuchamos de muchos sectores políticos recetas mágicas en las cuales se deja de lado que, para tener un sistema judicial creíble y unas fuerzas de seguridad confiables, necesitamos inexorablemente el fin de la impunidad. Mientras que jóvenes excluidos por un modelo injusto son condenados a 8 años de prisión por robar 15 pesos y aquellos que llevaron adelante el exterminio de toda una generación siguen impunes, se hace realidad aquello que alguien dijo alguna vez de que la justicia la escriben los ricos y poderosos para que la cumplan los pobres.

* Diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur. Nieta recuperada.