El Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables, que la Universidad de Buenos Aires viene desarrollando desde junio de 2008, recibió el Premio Internacional MacJannet Price a la Ciudadanía Global 2011 (ver aparte) por la labor que viene realizando en los barrios Cildáñez y Fátima, en la Capital Federal. En esos lugares –este año sumarán a una fundación que asiste a chicos en Barracas–, graduados y estudiantes avanzados de la UBA del programa que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, atienden a 2700 vecinos, entre niños, jóvenes y adultos, a los que brindan apoyo escolar, capacitación para el trabajo, talleres de computación, orientación laboral y ocupacional y actividades deportivas. Además, con el aporte de personal del Hospital de Clínicas, dan asistencia gratuita con odontólogos, oftalmólogos, kinesiólogos, nutricionistas y en materia de promoción y prevención de la salud, incluyendo el diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares.

“Es buenísimo que la UBA haya llegado a los barrios. Es bárbaro por la respuesta que se le brinda a la gente. Es una de las mejores cosas que nos pasó a nosotros. Yo siempre pensé que la universidad era sólo para el que tiene plata”, le dijo a Página/12 Mercedes del Valle “Mecha” Medina, presidenta del centro barrial Madres del Cildáñez, de quien depende la guardería infantil La Tortuga Manuelita, en cuyas instalaciones se llevan a cabo las actividades organizadas por la UBA.

“Lo que hacemos nos sirve en lo que respecta a nuestra experiencia profesional, pero también nos sirve la experiencia humana. La idea es hacer un trabajo de campo que tiene metas, como puede ser ‘escuelas libres de piojos’, por ejemplo, pero lo más importante es que nosotros queremos ayudar a cambiar el barrio”, aseguraron Florencia Giúdice, Mauro Russo y Jésica Gersberg, voluntarios que están cursando las carreras de medicina y kinesiología en el Hospital de Clínicas y que se han sumado a la tarea en los barrios vulnerables.

Los postulados del programa son explicados por los coordinadores Matías Palacios y Leticia Azzaretti, en colaboración con los médicos Máximo Soto y Sergio Varela, que también es kinesiólogo. Azzaretti, que es nutricionista, dice que “el 50 por ciento de los chicos de Cildáñez tienen problemas de sobrepeso”, mientras que el porcentaje se eleva “al 60 o al 70 por ciento” en el caso de los adultos. Lo que se trata de cambiar son los hábitos alimentarios e inculcar las actividades deportivas. “Consumen comida que engorda, pero que tiene bajo nivel nutritivo”, afirma.

Se hizo un relevamiento kinesiológico entre chicos de 1 a 5 años. Se detectó un caso de luxación de cadera en un chiquito de un año que ahora será operado en el Hospital de Clínicas, en forma gratuita. Soto precisó que uno de los aspectos más positivos es “la confección de una historia clínica unificada” de todos los pacientes, a fin de detectar los factores de riesgo y seguir trabajando, todo el año, con esos grupos. Esto comprende tanto a los chicos que están resfriados “para evitar factores de riesgo respiratorio” o en adultos a los que se le realizan estudios “para la prevención de enfermedades cardiovasculares”.

También se realizan tests para determinar si hay demoras en el desarrollo de los menores de un año y de ser necesario se aplican técnicas de estimulación temprana. En el primer piso de la guardería La Tortuga Manuelita, que fue inagurada el 25 de junio de 1988, se ha instalado un consultorio de odontología que cuenta con todos los elementos técnicos para dar solución a cualquier problema dental. El servicio de oftalmología, además de atender en forma gratuita, también entrega lentes sin requerir pago alguno. En la terraza del edificio se armó un taller, con maquinaria y refrigeración aportada por la UBA, donde desde abril se darán cursos de marroquinería y diseño de indumentaria.

Se podrán anotar veinte personas por curso. Las clases serán dadas por docentes del Centro Cultural Rojas. En el barrio Cildáñez hay clases de apoyo escolar para chicos de 5 a 12 años, se brinda asistencia psicológica a adultos, bajo la dirección de la licenciada Susana González, y funciona un servicio de asesoría jurídica, todos los sábados de 10 a 12, con el aporte de jóvenes profesionales de la Facultad de Derecho. En el barrio Fátima, donde las comodidades edilicias no son las que tiene Cildáñez, hay apoyo escolar, detección de factores de riesgo cardiovascular y un servicio de salud visual gratuito.

“Llegamos a este momento del programa luego de discutir a fondo el rol que debía tener la extensión universitaria. Lo que se acordó es que tenía que ir más allá de lo deportivo y de lo cultural. La formación de los futuros profesionales de las distintas carreras tenía que hacerse en contacto con la comunidad”, resalta Matías Palacios, quien recuerda que todas las actividades dependen de la Secretaría de Extensión Universitaria, cuyo titular es Oscar García. La inversión actual en el programa ronda hoy entre los tres y cuatro millones de pesos anuales.

Las tareas, que comenzaron en 2008 en los barrios Cildáñez y Fátima, se extenderá desde abril a Barracas. “Vamos a trabajar con la gente de la Fundación por el Arte Hacia la Vida”, informa Palacios. Esa entidad tiene su sede en la calle California, en el cruce con el puente del Ferrocarril Roca. A pesar de que las metas fijadas van “más allá de lo deportivo o cultural”, igual siguen haciéndose las prácticas de fútbol y otras disciplinas, a través del convenio con la Asociación para el Desarrollo del Deporte Social en Argentina (ADSA), que preside Carlos Casachia.

En el marco del programa se ha puesto en marcha un Centro de Formación de Formadores. Son más de 150 las personas que están al frente de las distintas actividades, entre graduados y estudiantes. Hoy los jóvenes se incorporan en forma voluntaria, pero a partir de 2013 se va a establecer como obligatoria la realización de 50 horas de trabajo de extensión universitaria en las áreas de interés de los estudiantes.

Mercedes del Valle “Mecha” Medina nació en Taficillo, en Tafí Viejo, una pequeña localidad tucumana. Desde 1985 hace trabajo social en el barrio. “En ese año hice una convocatoria a las mujeres. A la primera reunión vinieron 60 o 70, pero después quedamos 13. Hubo presión machista de los maridos, que decían ‘éstas me van a avivar a mi mujer’”. En esos años, recuerda Mecha, “la democracia recién empezaba y estaba muy presente el no te metás”. De participación activa en la política, dentro del peronismo, ha mantenido diálogos y se ha peleado con casi todos los intendentes porteños desde 1985 en adelante. El único que nunca la recibió fue Jorge “Topadora” Domínguez.

Su trayectoria está cargada de anécdotas y de críticas hacia funcionarios y también a algunos “punteros” políticos del barrio con los que tuvo diferencias insalvables. Recibió ayuda de artistas plásticos como Marcela Estrada, “una bohemia”, de la actriz Ana María Picchio y hasta de Nina Nosiglia, la hermana de Enrique “Coti” Nosiglia, ex ministro del Interior del radicalismo. “A Nina la hicimos caminar sobre el barro”, comenta con una sonrisa pícara.

El 25 de junio de 1988 coronó su sueño con la guardería y comedor comunitarios La Tortuga Manuelita, cuyas actuales instalaciones fueron construidas durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con fondos públicos, aunque “legalmente” porque “no se podía aprobar un ‘comedor’ si no era de la intendencia”. Para salvar las formas del Instituto de la Vivienda, “figura no como guardería y comedor, sino como Centro Social y Cultural. Social primero y cultural después”, remarca.

Para aprobar el plano de la obra tuvo que lidiar “con algunos arquitectos que estaban más locos que yo. Hasta hubo una que terminó internada en un neuropsiquiátrico”, asegura Mecha. La dirigente barrial sigue empeñada en plantearse nuevas metas: “Quería juntarme con músicos de rock para trabajar con los jóvenes, pero mi hijo me paró y me dijo que terminara con esas ideas locas. No quería que terminara ‘fumando un porrito’ con los chicos en la esquina”, dice entre risas.

Cierra la charla contando que fue hace unos días a una reunión sobre “seguridad ciudadana” convocada por la comisaría 40ª. “Cuando llegué y me senté, un hombre se corrió dos asientos porque me reconoció como alguien que vive en el barrio Cildáñez. Por eso, cuando vino un policía y se sentó al lado mío, me corrí dos asientos también. Le dije: ‘Ese hombre me tiene miedo y a mí y yo le tengo miedo a usted, comisario’. Es justo.” En esa misma reunión recordó una anécdota contada por el sociólogo Alfredo Moffat: “En un libro suyo cuenta que un ratón, cansado de ser perseguido por un gato, va a hacer la denuncia a la comisaría, pero allí se da cuenta de que el comisario es un gato...”.

“Lo que está en marcha es lo que había pedido el gobierno nacional y eso confirma que no se necesita Policía Federal dentro de los hospitales” de la ciudad, puntualizó una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación, frente al anuncio de Mauricio Macri de que “se recurrirá a la seguridad privada” para reemplazar a los agentes federales, tras la decisión de la ministra Nilda Garré de ponerles fin a los “servicios adicionales” en edificios públicos municipales para reforzar la custodia en las calles. Desde hoy el gobierno porteño reforzará las custodias privadas –ya existían antes del conflicto–, en los 13 hospitales grandes, de agudos, que forman parte de los 33 que hay en la ciudad. A su vez, las autoridades nacionales pondrán custodia de la Federal en las veredas de los hospitales, como parte del plan para fortalecer la presencia en las calles para “mejorar la seguridad de los porteños”.

Aunque reiteró su reclamo para que el gobierno nacional disponga el regreso de la Federal a los hospitales, Macri dijo que prometió a la Asociación de Médicos Municipales –con cuyos dirigentes mantiene buenas relaciones– “reemplazar por una seguridad privada la falta” de federales. El jefe de Gobierno aclaró que habrá custodia privada en “hospitales y escuelas, siempre que médicos y docentes lo acepten de común acuerdo”.

De hecho, aunque Macri no lo dijo, ya hay personal de seguridad privada dentro de los hospitales y lo que se hará es reforzar esas guardias en los 13 hospitales de agudos. En tanto, son sólo nueve las escuelas que tenían custodia de la Federal, sobre un total de 720 edificios en los que funcionan más de mil establecimientos educativos.

Macri dijo que la limitación de los vigiladores privados es que “no pueden utilizar armas”. Una fuente del gobierno porteño sostuvo que “los médicos afrontan situaciones de riesgo cuando asisten a personas heridas de bala que pueden haber sido atacadas por asaltantes, pero también haber tenido un enfrentamiento con la policía. Los médicos tienen la obligación de confidencialidad y de atenderlos sin hacer preguntas. En esos casos, el chorro se atiende y se va. Eso es un riesgo para el médico”.

Desde el gobierno nacional se replicó que “no se necesita Policía Federal dentro de los hospitales porque los problemas que ocurren son algún hurto o cosas por el estilo. Hace poco le robaron a un médico el sello y un guardapolvo, y hubo un caso de alguien que en una guardia golpeó a una médica. En todas las clínicas argentinas hay seguridad privada, dentro del lugar, y ahora se van a poner custodias de la Federal en las veredas, como servicio regular y no adicionales, de manera que el gobierno porteño no va a tener que pagar nada por ese servicio”.

Médicos consultados por Página/12 comentaron que “es cierto que estamos para atender pacientes y tratar de salvar vidas, en vez de tener que asumir un rol de policías. Pero también es cierto que no hace falta que haya un policía dentro del hospital, porque ante cualquier situación de emergencia, podemos llamar al 911 o al policía que está en la calle para que intervengan”. En muchos casos, desde el hospital, los médicos hacen la denuncia policial frente a casos de mujeres o niños golpeados o ante la muerte de una persona por causas no naturales.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se cree que se está “en camino a una solución en los términos que se había propuesto al gobierno porteño. Lo van a solucionar con seguridad privada o con la Policía Metropolitana en dos o tres casos que son considerados como más conflictivos”. Alberto Binder, experto en temas de seguridad, cuestionó que el tema de la seguridad en los hospitales forme parte de “la campaña electoral”. También opinó que el gobierno porteño “no sólo está en condiciones de cubrir los lugares vacantes, sino que debe aprovechar la oportunidad para profesionalizar la custodia en los hospitales”.

Binder propuso “poner personal que no sea policial, pero que aprenda a manejar casos como el desborde de un enfermo o de un familiar. También deberían profesionalizarse los que cumplen tareas de seguridad en los estadios deportivos o en los espectáculos artísticos”.

Sobre la presencia de custodia privada en los 13 hospitales de agudos, el vocero del gobierno porteño dijo que “no se necesitará un llamado a licitación, sino que se renegociará la cantidad de personal con las mismas empresas con las que ya se tiene contrato”. Admitió que en los hospitales grandes hay “problemas más graves”, mientras que es prácticamente nula la conflictividad en hospitales como el Santa Lucía o el Lagleyze, entre otros. Luego se analizará qué ocurrirá con la custodia en los 45 centros de salud, “dieciséis de los cuáles están en zonas críticas”. La Metropolitana ya asumió la custodia en el Tornú y el Pirovano, y en unos meses lo hará en los establecimientos que estén en La Boca, Barracas y Parque de los Patricios.

Por su parte, el diputado Aníbal Ibarra, consideró que cerrar los centros de salud “es un desprecio para la salud de la gente de menos recursos”. Le pidió a Macri que cubra las plazas de seguridad con “los hombres de la Metropolitana”.

Una novedad de suma importancia –y también sorprendente– se produjo en la causa en la que se investiga la muerte de dos jóvenes y las lesiones graves que sufrió un tercero en José León Suárez, como consecuencia de una represión policial que incluyó disparos con balas de plomo. Por los hechos ocurridos el jueves 3 de febrero pasado había un solo policía detenido, el oficial subinspector Ezequiel Vega, de la comisaría 2ª de San Martín, quien fue el primero en reconocer que había utilizado postas de guerra –de plomo– para reprimir a un grupo de personas que se había movilizado en torno de un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (CNA), que descarriló en las cercanías del barrio De la Cárcova, donde vivían las dos víctimas fatales y el joven herido. La sorpresa es que, durante un reciente reconocimiento judicial en el lugar de los hechos, un policía citado como testigo de lo ocurrido fue denunciado por vecinos del barrio como otro de los agentes que habían disparado contra los tres chicos. Ahora, luego de que se reunieran una serie de pruebas que se suman al testimonio de los vecinos, el juez de la causa dispuso la detención del policía en cuestión, Gustavo Sebastián Rey, mientras que los fiscales solicitaron que se le dicte la prisión preventiva como presunto autor de las dos muertes.

Tras la confesión y la detención del subinspector Vega, la fiscalía lo había señalado, en principio, como el presunto responsable de las muertes de Franco Almirón, de 16 años, y de Mauricio Arce Ramos, de 17, y también por las heridas graves que sufrió Joaquín Romero, de 19. La presunción surgía del hecho de que, de acuerdo con el testimonio de varios policías, el único que había cargado su arma, una escopeta 12.70, con balas de plomo, había sido Vega. Sin embargo, a partir de la inesperada acusación contra Rey, ahora se sabe que hubo otros uniformados que usaron ese tipo de munición, en lugar de las postas de goma, como marca el reglamento en casos como el ocurrido en José León Suárez.

En consecuencia, y a partir de las primeras pericias realizadas por expertos de Gendarmería Nacional, todo hace suponer que, por la posición que tuvieron en el lugar de los hechos, durante los incidentes, lo más probable es que Rey haya sido quien mató a Almirón y a Ramos, mientras que Vega sería el responsable de las heridas de balas de plomo que recibió Romero. La hipótesis es preliminar porque resta conocer el resultado de otras pericias complementarias. Del mismo modo, se sospecha que otros policías habrían disparado también con balas de plomo.

Al principio, la policía y el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, así como voceros de la empresa CNA, habían asegurado que el descarrilamiento del tren de carga había sido producto de una supuesta “maniobra organizada” por un grupo de jóvenes para robar la mercadería que llevaba la formación. Por esa razón, según Casal, la policía tuvo que reprimir para evitar el saqueo y también como respuesta a los disparos que habrían realizado algunos de los que rodearon el tren.

“Esa versión policial ha sido puesta en serias dudas porque todo parece indicar que el descarrilamiento se produjo por deficiencia de las vías porque, en el sector donde ocurrieron los hechos, los rieles están torcidos, como formando una ‘S’, lo que indicaría que fue un accidente no provocado por nadie. El problema se debió a la ineptitud de los rieles de soportar el paso del tren”, le aseguró a Página/12 el abogado querellante Juan Carlos García Dietze, quien representa a las familias de Ramos y de Romero.

“Está probado que Ramos, Almirón y Romero recibieron impactos de balas de plomo. Lo que ocurre es que ahora, después de la acusación contra Rey, que es integrante de la Policía Bonaerense 2, la sospecha es que los disparos que fueron fatales los hizo este oficial y no Vega.” Las pericias planimétricas que hicieron los expertos de Gendarmería, a cargo de la tarea porque la Policía Bonaerense fue separada de la investigación, establecen “con claridad la posición en las que estaban, durante la represión, los dos policías y la que tuvo Rey es la que coincide con el recorrido de los proyectiles que terminaron con la vida de Ramos y Almirón”.

Como se informó en su momento, Almirón tenía entre cinco y seis impactos de bala, mientras que Ramos sólo presentaba uno que fue igualmente fatal. Las postas de plomo de las escopetas 12.70 que usa la policía tienen nueve perdigones por cada cartucho. “Por la ubicación en la que estaban y en la que cayeron los dos chicos que murieron, es probable que un solo disparo realizado, se cree que por Rey, podría haberlos matado a los dos, ya que estaban en línea recta hacia el lugar desde donde hizo los disparos este policía”, precisó García Dietze. Una fuente cercana a la investigación le había dicho a este diario que cada perdigón de los que dispara la 12.70 puede producir el mismo daño que el proyectil de una pistola 9 milímetros.

El abogado querellante dijo que, a poco de producirse el descarrilamiento, la empresa CNA pidió la intervención policial y comenzaron a llegar al barrio De la Cárcova policías uniformados en motos, los que se internaron en el barrio para alejar a los jóvenes que se habían acercado al tren. Los policías que dispararon, lo hicieron desde las vías, a unos cien metros del lugar donde estaban las tres víctimas, sobre la primera calle del barrio, paralela a las vías.

De hecho, el policía Rey fue señalado como uno de los que disparaban, semioculto tras los vagones descarrilados. En el caso de Rey, se lo reconoció también porque el día de los hechos llevaba puestos unos anteojos oscuros, los mismos con los que fue visto durante el reconocimiento al que se había presentado como testigo. Este hecho ocurrió hace unos quince días y Rey fue identificado por varios vecinos del barrio, que habían sido convocados por la Justicia para hacer una reconstrucción de los hechos, indicando el lugar donde estaban los tres chicos y la zona desde la cual disparaban los policías.

“¡El era uno de los que disparaba ese día!”, exclamó uno de los vecinos, cuyo testimonio fue ratificado por otros. Allí comenzó a complicarse la situación de Rey. El día de los hechos, en la represión participaron unos 50 policías, armados con escopetas y armas cortas. Se cree que al principio dispararon con postas de goma pero, como se acabaron las mismas, siguieron luego con cartuchos con perdigones de plomo. “Hubo un momento en el cual algunos móviles se dirigieron a la comisaría 4ª (con jurisdicción en la zona) para buscar municiones de goma, dado que se les habían acabado.” Se cree que se hicieron cerca de 500 disparos con postas de goma.

Vega, aunque admitió que había disparado con plomo, sostuvo ante la Justicia que se había equivocado. “Eso es imposible –sostuvo García Dietze–, porque Vega admitió que es instructor de tiro y por esa sencilla razón es imposible que se pueda haber equivocado. Nadie puede hacerlo porque los cartuchos de plomo son de color rojo, y los de goma de colores claros, como blanco o amarillo. Tampoco Rey podría alegar que se confundió, porque la diferencia de color es notoria.”

Respecto de si se trató de un “enfrentamiento”, como argumentó al principio Casal y la policía, el abogado consideró que sólo hay “un video en el cual aparecen dos personas disparando supuestamente contra los policías. Lo curioso es que mientras uno dispara, el otro va recogiendo los casquillos que quedaban en el piso. Es algo raro que un civil tome esas precauciones”. Por lo demás, está probado que ninguna de las tres víctimas tenía armas. “Los que estaban rodeando el tren sólo tiraron piedras contra la policía.”

En la causa ahora hay dos detenidos, por decisión del juez Nicolás Schiavo, mientras que el fiscal Marcelo Sendot pidió que se dicte también la prisión preventiva de Rey, por doble homicidio. En el caso de Vega, si bien ahora se cree que sólo habría sido autor de las heridas que sufrió el chico Romero, su situación sigue siendo grave, porque se lo acusa de “tentativa de homicidio” porque, como señaló el abogado querellante, “tenía que haber imaginado el daño que podía hacer disparando con balas de guerra contra personas que estaban a cien metros del lugar desde donde dispararon”.

Un testigo de identidad reservada sostuvo que él estuvo a punto de morir cuando Ramos cayó herido. “El joven dijo que le había gritado a Ramos que se tirara el piso, mientras él hacia lo mismo. Suárez no lo hizo y las balas que podían haber afectado al testigo, mataron al otro chico.” García Dietze sostuvo que las declaraciones de los testigos demostrarían que “es mentira lo que dijeron los policías en cuanto a que disparaban hacia el piso. Todo indica que tiraron al cuerpo, a matar. No fueron disparos al voleo”.

En medio de un fuerte rechazo de profesionales y empleados se hizo ayer, en 33 hospitales, el paro dispuesto por la Asociación de Médicos Municipales –afín al macrismo–, en demanda de “mayor seguridad” frente a la decisión del gobierno nacional de ponerles fin a los “adicionales” de la Policía Federal y retirar la custodia de edificios que dependen de las autoridades porteñas. En los lugares de trabajo se hicieron asambleas y reuniones en las cuales organizaciones y trabajadores de la salud rechazaron la continuidad de la medida “por inconsulta, porque fue decidida por la cúpula de las corporaciones gremiales de la ciudad”. A la vez denunciaron “como falso” que la cuestión de la “inseguridad” sea “el principal problema de la salud pública porteña”. Aseguraron, en cambio, que el gobierno de Mauricio Macri “no puede garantizar el derecho a la salud universal e integral” como establece la Constitución local y denunciaron que la autoridad de la ciudad “todos los días les da la espalda a millones que buscan respuesta y cuidado en un sistema público de salud porteño en profunda crisis”.

Las expresiones de cuestionamiento al paro fueron formuladas por el Foro de Salud y Ambiente, que agrupa a más de 120 organizaciones, y también por un centenar de profesionales del Hospital Piñero –donde comenzó el lunes pasado la medida de fuerza–, de otros establecimientos similares y centros de salud, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear y de la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad –donde muchos profesionales no la acataron–, entre otras entidades. Mientras el titular de la Asociación de Médicos Municipales, Jorge Gilardi, sostuvo que “se quiere desvirtuar la huelga llevándola para el lado político”, desde el Foro de Salud y desde el Piñero, los profesionales le respondieron que hay una “evidente manipulación política” del paro por parte del macrismo.

“La mayor inseguridad en la ciudad de Buenos Aires es social y sanitaria”, aseguró Javier Meritano, pediatra de la Maternidad Sardá y vicepresidente de Médicos del Mundo, una de las entidades que integran el Foro Social de Salud. El médico, en diálogo con Página/12, puntualizó que “el Estado porteño todos los días ignora los reclamos de médicos y de vecinos y ahora viene a plantear la falta de seguridad”. Ayer se hicieron reuniones gremiales en distintos hospitales y el lunes, a las 12, en el Piñero, se hará una asamblea general. En ella se exigirá el levantamiento de la medida y que se discuta “a fondo el problema de la salud, que no pasa por el maquillaje de poner un policía en la puerta de los hospitales”, dijo la médica Alejandra Bozzini, psiquiatra del Piñero que trabaja también en uno de los Centros de Salud de la zona sur porteña. “En las asambleas que se hicieron hoy (por ayer) participaron representantes de organizaciones de la comunidad, porque no queda en claro el objetivo del paro. Nosotros por ahora adherimos, pero desde el lunes vamos a pedir que se levante porque la respuesta de poner un policía en la puerta del hospital no es suficiente. La seguridad tiene que ver también con los insumos que no llegan al hospital, con la gente que tiene que hacer cola para ser atendida, con las vacantes de médicos que nunca se ocupan, con la falta de control de las adicciones en los barrios, con muchos temas que tienen que ver con la salud”, puntualizó Bozzini.

Sebastián Gatti, médico residente en el Piñero, precisó que “todos queremos una mayor seguridad, también los pacientes que esperan cuatro meses por una cirugía y cuya salud se deteriora día a día, por la falta de personal médico y de enfermería. A veces es lógico que todo eso provoque irritabilidad en los vecinos”. Agregó, respecto del paro, que “lo llamativo” es que la Asociación de Médicos Municipales y el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de Buenos Aires (Sutecba) “lo convocaron sin hacer una sola asamblea, mientras que nosotros nunca fuimos escuchados cuando reclamamos medidas de fuerza por cuestiones mucho más graves como el desabastecimiento de insumos después de la decisión de Macri de centralizar, a fines de 2008, la entrega de medicamentos”.

“Nosotros hemos pedido apoyo porque el pago del primer sueldo a los residentes que recién ingresan se demora por lo menos seis meses y hasta hay casos de nueve meses de espera. El año pasado hicimos tres paros y no fuimos acompañados por el gremio al que pertenecemos, el de los médicos municipales”, recordó Gatti. “Ayer se decidió no adherir al paro si se continúa el lunes. Además, ayer, en los 45 centros de salud de la ciudad, hubo quienes intentaron presentarse a trabajar, pero no pudieron hacerlo porque las puertas permanecieron cerradas por decisión del gremio”.

Ayer, en diálogo con Radio 10, el dirigente Jorge Gilardi justificó el paro por la “inseguridad” asegurando que existe “una descomposición social que pone en riesgo la vida de los profesionales y trabajadores de los hospitales” porteños. El Foro Social de Salud y Medio Ambiente denunció, en cambio, que la verdadera “inseguridad” la viven los barrios más humildes de la ciudad. “Desde hace años se nos mueren los más pobres, mientras el SAME pide policías.” Concluyó que el presente es “un plan de lucha del gobierno porteño y las corporaciones gremiales defensoras de ‘los negocios de la enfermedad’.”

La controversia entre el gobierno nacional y el porteño por la decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de rescindir los servicios adicionales que prestaba la Policía Federal, tuvo ayer un nuevo capítulo. Desde la Nación se afirmó anoche que en una comunicación telefónica mantenida durante la tarde, la ministra Garré y su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro, “establecieron las disidencias en torno del mecanismo de refuerzo de la seguridad pública establecido por el gobierno nacional en la jurisdicción”, dado que se ratificó la decisión de sumar dos mil efectivos en las calles para prevención del delito, manteniendo a rajatabla su decisión de suspender los servicios adicionales que brindaba la Policía Federal. Al mismo tiempo, se dijo desde la Nación que los dos funcionarios “coincidieron (...) en que harán todo lo necesario para mejorar la seguridad”. En el comunicado del ministerio nacional, se minimizó el supuesto problema que se plantearía en las escuelas públicas, dado que “de los 833 establecimientos” existentes en la Capital Federal “sólo nueve” tenían custodia de la Federal. Por esa razón, se advirtió que la ciudadanía “no se debe dejar alarmar”.

Antes de la difusión del comunicado del Ministerio de Seguridad, Montenegro había salido a decir públicamente que no hubo “ningún tipo de acuerdo” con Garré, durante una conversación telefónica que habían mantenido ayer por la tarde. Desde la Nación, en el comunicado conocido anoche, se aseguró que “no obstante” las diferencias respecto del tema de los adicionales, “ambos funcionarios coincidieron en que cada uno, en el ámbito de su competencia, hará todo lo necesario para mejorar la seguridad de los vecinos” y se resaltó que ése es el “objetivo del plan integral de seguridad del gobierno nacional”.

En respuesta a declaraciones realizadas por funcionarios porteños, el Ministerio de Seguridad dijo en relación con las escuelas públicas porteñas que la ciudadanía “no debe dejarse alarmar”. Aseguró en tal sentido que “de los 833 establecimientos públicos que dependen” del gobierno porteño “sólo nueve estaban custodiados por el servicio de ‘policía adicional’ contratado con la Policía Federal Argentina, y deberá ser reemplazado por la Policía Metropolitana en lo sucesivo”.

Respecto del sistema de “corredores de seguridad” en el ingreso y egreso de alumnos de todas las escuelas de la ciudad, se informó que “será cubierto como hasta ahora por las comisarías de cada jurisdicción, sin perjuicio de la contribución que pueda hacer la Policía Metropolitana. En esto nada ha cambiado”. En los hospitales “se mantendrá la presencia del servicio de prevención contra incendios (a cargo del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal), ya que la Policía Metropolitana no dispone” de un cuerpo propio en la especialidad. El mismo servicio seguirá vigente en el Teatro Colón y en la Reserva Ecológica.

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional dijeron a Página/12 que el aporte de bomberos no se brindará como adicionales sino como “servicio regular”, de manera que la ciudad no pagaría nada a cambio de la prestación. Por otro lado, se reivindicó la facultad de la ministro Garré de formular las estrategias de la Policía Federal. Por eso se decidió volcar “un total de dos mil efectivos a las calles” para realizar tareas de prevención del delito. Para cumplir con ese objetivo se rescindió el contrato de servicios adicionales con la ciudad.

Como ya informó este diario, la Federal presta adicionales en 800 objetivos de la ciudad de Buenos Aires. El martes dejó de hacerlo en 114 de ellos que involucraban a 1400 efectivos. Una razón adicional de la medida fue que el municipio porteño arrastra una deuda de 20,5 millones de pesos porque adeuda siete meses de servicios. En el ministerio nacional se afirma que los puestos clave de la ciudad se pueden cubrir con apenas 300 efectivos de la Metropolitana. Aunque nadie lo mencionó, al parecer Garré y Montenegro se habrían puesto de acuerdo en algo: en los lugares donde se instalarán más cámaras de seguridad.

Hacia adentro de la fuerza, el ministerio nacional dispuso, para que los efectivos policiales mantengan sus ingresos actuales, abonar un suplemento de mil pesos para todo el que cumpla servicios de calle. Además, se aplicará una asignación extraordinaria para todos los que hacían adicionales. A ellos se les va a pagar lo que cobraban por los adicionales que hacían para la Ciudad y a empresas privadas. Para ello podrán trabajar extras, a razón de seis horas cada 48 horas de servicio. Esto significará una reducción en la cantidad de horas de trabajo. Antes cumplían turnos de diez y doce horas en los adicionales.

Desde la Ciudad, los voceros de Montenegro expresaron su malestar. El ministro Guillermo Montenegro le envió una carta a su par de Nación, por la mañana, solicitando una reunión. Esto fue reforzado por una primera llamada telefónica. Cerca de las cuatro de la tarde de ayer conversaron por esa vía y Montenegro reiteró el pedido de audiencia. “Prometieron una respuesta para la seis o siete de la tarde, pero todavía no llegó.”

El punto en el que insistió Montenegro es que “la responsabilidad primigenia, en la Ciudad de Buenos Aires, es de la Policía Federal”. El vocero informó que desde ayer la Metropolitana asumió la custodia de los hospitales de las comunas 12 y 15. Se trata de los hospitales Tornú y Pirovano. Además, a partir de una orden judicial, pusieron una consigna de la misma fuerza en el Hospital Penna. La función de la custodia en ese lugar es la de “acompañar a las ambulancias que tienen que entrar a la Villa 21”. Los voceros del gobierno porteño confirmaron que el Pirovano tiene custodia de la Metropolitana, pero hoy seguiría el paro convocado por los médicos municipales.

“La respuesta de las organizaciones comunitarias ha superado todas nuestras expectativas y eso nos parece muy positivo, porque el objetivo central era lograr un escenario de diversidad.” La secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Ileana Arduino, se manifestó “muy conforme” con el nivel de convocatoria que tuvo el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad. En diálogo con Página/12, adelantó que en lo inmediato se organizará la realización de mesas de trabajo en distintos barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que estuvieron presentes en las reuniones del lunes y que en “un mes y medio o dos” estarán en marcha las actividades con organizaciones de las otras tres zonas en las que fue dividida –oeste, norte y este–, a fin de seguir avanzando en la propuesta y estar “a la altura de la expectativa de la gente, porque nosotros no estamos planteando políticas cosméticas, sino políticas integrales de seguridad”.

Al ser consultada su opinión sobre el plan anunciado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el ex titular del área de la provincia de Buenos Aires León Arslanian lo consideró “muy alentador y altamente positivo”, dado que “el problema de la seguridad no es un fenómeno policial solamente”, sino que requiere de una intervención “multiactoral y multiagencial, porque es un fenómeno complejo”. En igual sentido se manifestó el diputado nacional Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), quien señaló que “las políticas de seguridad requieren una mirada integral: por un lado, la conducción política civil de las fuerzas de seguridad y, por el otro, la gestión social de la seguridad pública”.

La secretaria Arduino dijo que se seguirá avanzando con las reuniones en los barrios del sur y que luego de las mesas de trabajo por barrio se harán plenarios para ir analizando el trabajo que realizan las comisarías de la zona. La funcionaria, presente en los talleres que se realizaron el lunes, destacó “la claridad de los representantes de las organizaciones comunitarias en la demanda de respuestas integrales, no sólo en términos de presencia policial, sino en una presencia más amplia del Estado”.

Arduino precisó que uno de los temas más planteados fue la situación de los jóvenes, desde un punto de vista que tiene que ver con “el desafío de construir un horizonte de posibilidades distintas, que pasan por pensar en la seguridad de los derechos de esos chicos”. Lo que plantearon las organizaciones fue la necesidad de que se asuma “la responsabilidad del mundo adulto, de la sociedad y del Estado en relación con los derechos de los jóvenes”. La secretaria de Estado aclaró que la participación comunitaria que se busca “no quiere confundir el rol de la ciudadanía, de la que se requiere un diagnóstico sobre la situación en materia de seguridad, sin requerir de ella un rol policial”.

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian consideró que el plan anunciado “es muy alentador y altamente positivo, porque está en línea con la concepción por la que bregamos en la provincia”, durante su gestión. Puntualizó que también está “en línea” con el Acuerdo por la Seguridad Democrática de 2009, suscripto por distintas organizaciones no gubernamentales. “La seguridad no es un fenómeno policial solamente, es un fenómeno complejo. Tiene que ver con la violencia, con la pobreza, con el consumo de drogas y de alcohol. Eso demanda acciones multiagenciales.”

Arslanian afirmó que hoy “no se conciben las políticas públicas en cualquier área si no es con la intervención de la comunidad. Estas políticas reconocen la importancia que tienen los diversos actores sociales en la dirección de las medidas que se adopten. Producir la participación ciudadana es una mirada correcta, moderna y fundamentalmente democrática. Tiene que ver con el gobierno democrático de la seguridad”.

El diputado nacional Martín Sabbatella también apoyó “políticas de seguridad con una mirada integral. Por un lado, la conducción política civil de las fuerzas de seguridad y, por el otro, la gestión social de la seguridad. Un abordaje integral, con un eje en la conducción civil y otro en la gestión social de la seguridad pública”. Luego de expresar su coincidencia con el plan anunciado por Garré, sostuvo que son necesarias “la prevención social del delito y la prevención social de la violencia, mediante la participación comunitaria en los planes de seguridad”.

“Hay que darle intervención a la redes sociales que conocen la problemática, para generar políticas de seguridad que sirvan para evaluar y controlar los servicios que presta la policía. El problema de la seguridad no puede ser abordado sólo desde la lógica policial, tiene que haber un abordaje civil integral, del Estado y de las organizaciones comunitarias”. Sabbatella aprobó “la creación del Ministerio de Seguridad y la designación de Garré y los pasos que está dando el ministerio”. Dijo que son los mismos ejes que él llevó “durante diez años”, mientras fue intendente de Morón, “más allá de las contramarchas en la estrategia provincial, durante la gestión de (Daniel) Scioli”.

Sabbatella insistió en que “luego de la reforma policial de Arslanian hubo una contrarreforma de Scioli, que volvió al autogobierno policial, al discurso de la mano dura y a la demagogia punitiva, con las consecuencias negativas que estamos observando en la provincia, con consecuencias muy graves. La política de seguridad nacional es lo contrario de lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires”.

En los talleres que se realizaron el lunes, sobre formación ciudadana en políticas públicas de seguridad, programas de prevención y control comunitario en seguridad y prevención de la violencia, se advirtió una gran preocupación por los jóvenes de los barrios. Los vecinos no pidieron represión policial sino asistencia y contención. Gabriela Rodríguez, co-autora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, dijo que en los últimos años ha participado “en distintos foros de seguridad, pero nunca vi, hasta hoy, una convocatoria popular semejante. Me pareció muy importante lo que se discutió y espero que se siga en el mismo camino”.

En el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, durante un acto multitudinario que se hizo en la explanada de la Biblioteca Nacional, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó que el Estado nacional se compromete a “promover y consolidar” políticas “donde la participación comunitaria oficie de sostén activo al sistema de seguridad”. La funcionaria fijó como meta que en el “mediano y largo plazo” los hechos de violencia y los delitos se conviertan “en la excepción y no en la regla”. Para ello, admitió, “tienen mucho trabajo por delante la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad”. También impulsó políticas de inclusión “sociales, culturales, laborales y deportivas” para construir “nuevas formas de reconocimiento y significación cultural, sobre todo para nuestros jóvenes”. Luego insistió en la necesidad de que haya una “evaluación comunitaria” del rol de la policía, cuya “credibilidad y prestigio” no será posible “si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto” que conduce “a la impunidad”.

Entre los aplausos de los concurrentes –ministros, legisladores, representantes de organizaciones sociales y público en general–, Garré recalcó que es necesario “recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad”. Ayer, luego del acto de lanzamiento, se hicieron los primeros talleres para fijar un cronograma de trabajo en los barrios del sur de la Capital Federal, aunque con posterioridad se extenderán al conurbano bonaerense y al resto del país, en coordinación con los gobiernos provinciales y las intendencias.

En ese marco se conformarán “escuelas de participación comunitaria en seguridad”, con vecinos, funcionarios y con el aporte de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La ministra informó que la iniciativa fue analizada en la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, del que participaron los ministros del área de las distintas provincias.

En el marco del plan se elaborarán “verdaderas cartografías de prevención que den relevancia a la capacidad de diagnóstico que tiene la comunidad en relación con la violencia y el delito”. Garré aseguró que “no se trata un mapa virtual que no conduce más que a colorear un espacio cibernético del que nadie se hace cargo. Queremos mapear para transformar y para corregir, o si llega el caso para reafirmar, en aquellos lugares donde las cosas se estén haciendo bien”.

Garré propició un plan de trabajo que tiene por objetivo “la construcción de una política de seguridad en consonancia con el proceso de consolidación de la democracia y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía en el ámbito de las políticas de seguridad”. Subrayó que con este plan “la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y no con una retórica pretendidamente inclusiva que luego no hace otra cosa que banalizar el rol de la comunidad”.

Lo que se intenta conseguir es que la afectación de derechos “por distintas formas de violencia, entre las que se encuentran los delitos”, se conviertan en el mediano y largo plazo en “la excepción y no la regla”. Admitió que, para lograrlo, “la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad tiene mucho trabajo por delante”.

La ministra aclaró que no basta con convocar a la ciudadanía, sino que hay que “articular con áreas” como los ministerios de Trabajo y Acción Social, para “responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad”. Habló de políticas “con perspectiva democrática” que plantean “un compromiso con la construcción de ciudadanía, con la reafirmación de la ley y con el Estado de derecho como herramientas de inclusión”.

La idea principal es “promover una mayor seguridad de los derechos de todos y todas, dando así menos chances al enraizamiento de una cultura violenta”. Sostuvo que en los últimos ocho años se ha conseguido “la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, laboral, económica y cultural en el que la igualdad y la dignidad de hombres y mujeres resultan imperativos éticos respaldados con acciones de gobierno cotidianas”.

Garré dijo que el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad es “un punto de partida de un proceso de participación popular progresivo para todo el país, en el cual será central la participación de las provincias y los municipios”. Resaltó que hay que “dejar de tirar la pelota a otro lado y gestionar con responsabilidad una política de reducción de la violencia y del delito”.

Sobre el rol del ministerio a su cargo, dijo que será “especialmente pertinente” la adopción de medidas que “se deriven de la evaluación comunitaria respecto del desempeño policial y la calidad del servicio policial, procurando celeridad en los cambios que eso demande, así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad”.

Lo que se busca es recuperar el sentido “más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo”. Esto “no será posible si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto. La mayor transparencia permitirá que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible”.

Concluyó su mensaje con un párrafo destinado al interior de la fuerza policial: “El principal enemigo de los miles de mujeres y hombres honrados que hacen su trabajo, arriesgan sus vidas y se encuentran envueltos injustamente en la sospecha y la desconfianza no es el pueblo, sino la falta de transparencia que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa de sus compañeros y de la institución”.

“Se sigue trabajando, hay un equipo encargado de la búsqueda, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido infructuosos.” Una fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense le dijo a Página/12 que no hay “ninguna pista firme” sobre el helicóptero Robinson 44, comandado por el ex comisario Alejandro Ferzola, que desapareció hace hoy tres meses, durante un vuelo desde el Aeroclub de Brandsen hacia Santa Teresita. “El operativo de búsqueda quedó ahora en manos de la provincia; la hipótesis es que la máquina fue arrastrada hacia el mar por un viento muy fuerte. Se han hecho todos los esfuerzos por encontrar la aeronave y al piloto, pero hasta ahora no hubo avances”, explicó a su vez un vocero del gobierno nacional. La Prefectura Naval, que ha participado en los rastrillajes que se hicieron en alrededores de la Bahía de Samborombón, ya no está realizando actividades de búsqueda, según le confió a este diario una fuente de esa fuerza de seguridad. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV), para la que estaba trabajando Ferzola al momento de desaparecer, dijo no tener “ninguna novedad, lamentablemente”.

El responsable del equipo que está al frente de la búsqueda, Leopoldo Ornass, director general de Servicios y Operaciones Aéreas del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, no pudo ser ubicado ayer para consultarlo acerca de cuáles son –si las hay– las tareas que se estarían realizando, todavía, para dar con la máquina desaparecida desde el domingo 2 de enero de este año. Las hipótesis son dos: la ya citada de la posible caída en el mar y la que indica que podría haberse precipitado a los humedales de Samborombón, un pantano donde, dicen los baqueanos, han desaparecido caballos e incluso un avión de la Armada, en 1983.

“Ornass, en los informes que brindó al Ministerio, señaló que la zona pantanosa de Samborombón, que tiene una extensión de 100 kilómetros cuadrados, es muy peligrosa porque cada cosa que cae allí desaparece y es prácticamente imposible encontrarla porque es un área llena de cangrejales y pantanos”, recordó una fuente del gobierno bonaerense. Ornass le había dicho a este diario que en 1983, cuando cayó el avión de la Armada, “se sabía el lugar exacto del accidente, pero nunca se lo pudo encontrar”.

Alejandro López Camelo, secretario de Seguridad de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, había aconsejado que la búsqueda se orientara desde las horas previas al despegue del helicóptero, para analizar las condiciones climáticas y el plan de vuelo. López Camelo estimó que el Robinson 44 es “una aeronave de baja intensidad y el día del accidente se registró una fuerte sudestada. A veces, la velocidad que desarrollan esas máquinas es inferior a la del viento que lo toma de frente y de esa forma son arrastradas hacia el río o hacia el mar”.

En los humedales de Samborombón se encontraron rastros de aceite, pero fue la única pista relacionada con el helicóptero. A lo largo de la investigación se recibieron falsas alarmas que llevaron a un infructuoso operativo en General Alvear. Se desecharon también versiones según las cuales en el helicóptero había una fuerte suma de dinero y que podría tratarse de un secuestro. Se llegó incluso a decir que el piloto había aparecido muerto de un disparo en la cabeza. Estela y Beatriz, la esposa y la madre de Ferzola, expresaron dudas respecto de lo ocurrido y criticaron la demora inicial en comenzar la búsqueda. Los hijos del piloto, Andrés y César, de 23 y 25 años, siguen –todavía– buscando a su padre, por su cuenta, con la ayuda de otros pilotos.

El viudo de Ana María Domínguez, asesinada hace once años, luego de ser sometida a sesiones de picana eléctrica, criticó ayer con dureza a la Justicia bonaerense, luego de que se produjera la libertad del autor material del crimen, Carlos Martín Saayavedra, a quien la Cámara de Casación provincial le redujo a 18 años la condena a prisión perpetua que se le había aplicado en el juicio oral. “El asesino está libre porque está preso desde el año 2000 y fue beneficiado por el dos por uno, aunque la reducción de la pena fue apelada hace dos años y todavía duerme en la Suprema Corte bonaerense”, denunciaron a Página/12 el viudo, Roberto Almeida, y su abogado, Roberto Damboriana. “Mi hija Bernarda, que ahora tiene 11 años y fue la única testigo del crimen de su mamá (la chica tenía siete meses), me pregunta: ‘¿Qué hacemos ahora que el asesino no está más preso?’”, comentó Almeida. El abogado Damboriana, por su parte, adelantó que en “cualquier momento” también va a quedar libre el autor intelectual del asesinato, el médico policial Nicolás Chaín, ex concubino de la víctima, que había sido condenado a reclusión perpetua, pero luego fue beneficiado con una reducción de la pena a 16 años.

Chaín está todavía preso porque en junio de 2004, cuando fue condenado a reclusión perpetua, se dio a la fuga y estuvo en esa situación hasta el 23 de agosto de 2005, sin ser hallado por sus compañeros de la Policía Bonaerense. “Casación les redujo la pena a los dos sin tener en cuenta que se trata de un caso aberrante de violencia de género”, le dijo Damboriana a este diario. “Hace dos años que la apelación al fallo de Casación está durmiendo en la Suprema Corte bonaerense. Está nuestra apelación y la que presentó el fiscal del Tribunal de Casación y, en consecuencia, la reducción de la pena no está firme. ¿Qué va a pasar si la Suprema Corte ratifica el fallo de primera instancia?”, se preguntó el querellante.

Damboriana recordó que a Saayavedra le habían dado la excarcelación “pero tuvo que volver a la cárcel porque tenía un informe negativo del Patronato de Liberados. Esto pasó hace un año y medio. Nosotros tuvimos que apelar. El argumento fue que seguía vinculado al delito y a la droga, de manera que significaba un peligro para la sociedad. Nosotros no creemos que haya cambiado mucho y ahora está de nuevo en libertad”. El abogado comentó que “es lógico que sus letrados (los de Saayavedra) hayan pedido la libertad, porque cumplió la pena reducida que le aplicó Casación. Lo que no es lógico es que la Suprema Corte siga sin pronunciarse”.

Damboriana cuestionó el criterio de Casación, que cambió la carátula del caso de “homicidio calificado” a “homicidio simple”. Para el letrado “es absurdo que uno de los argumentos centrales, para reducirle la condena a Chaín como instigador, haya sido que pagó una suma poco significativa (1300 pesos) a Saayavedra. Es como decir que no demostró interés en que cometiera el crimen. ¿Cuánto hay que pagar para que se considere que fue un homicidio calificado?”.

El 10 de abril de 2000, Ana María Domínguez apareció muerta en su casa de Luján, donde vivía con su hija y su nueva pareja, Roberto Almeida. Murió por asfixia y antes había sufrido la picana eléctrica. En junio de 2004, Saayavedra y Chaín fueron condenados a prisión y a reclusión perpetua. En 2008, la Sala II de Casación redujo las penas a 18 y 16 años. “El crimen fue un aberrante caso de violencia de género, en el que se demostró una violencia extrema y que Chaín había pagado para asesinar a su ex mujer. Ahora fallan a favor de los delincuentes y los dejan libres. Con esto están diciendo ‘maten a sus mujeres, préndalas fuego, total, es un tiempito en la cárcel y después se van’. No están respetando el derecho de las mujeres ni el de las víctimas”, denunció Almeida.

El caso ya tuvo otros fallos cuestionados, como cuando el juez subrogante Roberto Bocacci, durante una feria judicial en julio de 2005, le otorgó la excarcelación a Chaín, pese a la condena a reclusión perpetua y al hecho agravante de que estaba prófugo en ese momento.

En seis operativos realizados en Lanús y en Villa Fiorito se comprobó el funcionamiento de otros tantos prostíbulos donde eran explotadas sexualmente más de treinta mujeres, algunas de nacionalidad argentina y otras llegadas al país desde el Paraguay. En los procedimientos se produjo la detención de un hombre, aunque en algunos de los casos, además de las víctimas y de algunos clientes, se encontraban presentes tres mujeres que serían las “encargadas” de otros tantos prostíbulos. En el operativo realizado en Villa Fiorito, en una casa de citas ubicada a menos de cien metros de la comisaría 5a de esa localidad del partido de Lomas de Zamora, se encontraron dos armas de fuego con el número de serie limado, un chaleco antibalas que sería del dueño del local, Juan Carlos Mamani Trujillo, quien fue detenido, además de 400 gramos de cocaína.

Los operativos se realizaron a partir de una denuncia presentada por la Fundación La Alameda, que había solicitado la clausura de seis prostíbulos en la zona de Lanús, uno de los cuales todavía no fue allanado. Gustavo Vera, de La Alameda, le dijo a Página/12 que, en principio, serán denunciados por ellos los delitos de “tenencia de armas de guerra y de estupefacientes, infracción a la Ley de Migraciones, porque ninguna de las extranjeras tenía documentación argentina y el posible delito de trata de personas, además de la presencia de menores de edad”.

El primer procedimiento se hizo en 9 de Julio 1329, de Lanús Este, donde los policías interrogaron a una mujer que dijo ser la “recepcionista” del lugar y que podría ser una de las encargadas. En esa lugar, un primer piso, había un cartel en la pared en el cual se detallaban los “descuentos” que se les hacen a los clientes, según el valor del “servicio” que contraten. Si el costo del mismo es de 30 pesos, no hay ningún descuento, pero a partir de los 35 pesos se les descuenta cinco y si el “consumo” es superior a los 50 pesos, la rebaja es de 30 pesos.

Otro cartel les dice a las “señoritas” esclavas sexuales que no tienen permitido llevar el celular cuando realizan un “pase”, es decir cuando van a las habitaciones con un cliente. Las víctimas, al contrario de los clientes, no tienen premio alguno y deben pagar 30 pesos de “multa” si no realizan las tareas de limpieza. El cartel señala los nombres de las chicas y los días que tienen asignados como responsables de esa tarea.

En el prostíbulo de O’Higgins 1966, en Lanús Este, encontraron a nueve mujeres “en situación de prostitución”. Una de ellas, indocumentada, sería menor de edad. En ese lugar, una mujer adulta era la “encargada”, pero no fue detenida. Fue requisada por la policía una mujer que ingresó en medio del procedimiento y que llevaba consigo seis gramos de cocaína. No fue detenida. En el departamento había siete habitaciones precarias con colchones en los pisos para los “pases”. En el lugar fueron encontrados diez clientes que esperaban turno.

Luego se hizo un operativo en Basavilvaso 733, en Gerli. Allí la policía intentó ingresar a la casa rompiendo un candado, pero no pudo hacerlo. Encontraron un cartel que decía: “Nos mudamos a Madariaga 591, esquina Bouchard”. Hasta se daba el número de teléfono: 4241-7739. Los vecinos de ese barrio conocían y habían denunciado varias veces el funcioamiento del prostíbulo, pero recién ahora se hizo el allanamiento. La zona es patrullada en forma habitual por la policía y por una empresa de seguridad contratada por algunos vecinos.

Después le llegó el turno a un departamento de Piñeyro 14, frente a la estación Lanús. La policía allanó luego otro prostíbulo de Aristóbulo del Valle 314, en Lanús Oeste, donde la encargada era una mujer mayor. Allí también había carteles con los “turnos” de atención de las chicas que estaban en el lugar y con los días de “limpieza” que les correspondía a cada una de ellas.

Las “multas” que se aplicaban a las que no cumplían con esa tarea eran de 50 pesos, de lunes a viernes, y de 100 pesos “los fines de semana”. En este sitio, como en la mayoría de los demás, había un circuito cerrado de televisión y de filmación. Se secuestró un cuaderno donde se asentaban números que harían referencia al costo de los servicios sexuales y al tiempo de cada uno de ellos. También se encontró una agenda de “contactos” en las que figuraban números telefónicos de algunos juzgados y de varios abogados, además de los clientes habituales. Como dato curioso: se encontró una cama en un garaje convertido en habitación para “pases”.

El último procedimiento se hizo en Murature 2173, en Villa Fiorito. En ese lugar, las víctimas de explotación sexual fueron desnudadas y requisadas por mujeres policías, según la información obtenida por este diario. Encontraron allí a una joven de nacionalidad paraguaya que tendría 17 años. Ninguna de las extranjeras –había tres, además de tres argentinas– contaba con documentación local, pese a que estarían desde hace dos años en el país.

Una de las chicas contó que cobran 80 pesos por cada “pase” de media hora. Ellas reciben el 50 por ciento de lo que paga el cliente. Se lo entregan recién a la mañana, cuando dejan de “trabajar”. Por supuesto, como en todos lados, les descuentan las “multas”. La chica que habló dijo que se había venido del Paraguay para trabajar como “mesera”, pero luego le ofrecieron ser “señorita”. Dijo que la hacían trabajar de 19 a 7 de la mañana, de martes a domingos. Este lugar se encuentra a cien metros de la comisaría quinta de Fiorito, que tiene su sede en la calle Necol al 200. En este prostíbulo fue detenido el presunto proxeneta. En varios de los lugares hay puertas que se traban desde afuera y ventanas cerradas con candados, lo que indicaría que las chicas son obligadas al encierro.

Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.

En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.

A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.

Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.

En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.

Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.

Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.

Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.

El testimonio de los amigos de la víctima y el de una persona de identidad reservada, además de las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad de varios comercios de la zona, llevaron ayer a la detención de tres jóvenes que habrían sido los responsables de la muerte de Matías Jano Fernández, de 20 años, ocurrida en la madrugada del domingo pasado en el barrio porteño de Balvanera. Una llamada telefónica permitió encontrar un bate de béisbol que habría sido utilizado para golpear a Fernández. Ese elemento apareció en Don Torcuato, muy lejos de la escena del crimen. Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la calle Sánchez de Loria, entre Rivadavia y Don Bosco, sirvieron para determinar el número de patente del auto en el que iban los agresores y saber que sus ocupantes eran tres. Los amigos de Matías hicieron una descripción de los atacantes y el testigo de identidad reservada reveló que uno de los ahora detenidos habría aportado una frase que, sumada al resto de los indicios, podría llegar a adquirir el carácter de una confesión: “Me mandé una cagada”.

“En la causa se avanzó, pero lo que sigue sin tener explicación es el porqué de tanta violencia: todo indica que los victimarios no conocían a la víctima y que lo atacaron luego de intercambiar insultos, al parecer por un simple incidente de tránsito entre un automovilista y un peatón”, explicó a Página/12 una fuente de la investigación. Jorge Fernández, el padre de Matías, aseguró que los que mataron a su hijo son “asesinos que salieron a jugar con la muerte” (ver aparte), mientras el papá de uno de los detenidos le pidió “perdón” a la familia del chico fallecido.

Matías Fernández había festejado su cumpleaños, el sábado por la noche, en el boliche Fantástico Bailable, en Rivadavia 3475. En la madrugada del domingo salió del lugar junto con sus amigos, caminando por Rivadavia hacia Sánchez de Loria. El chico dobló por esa calle hacia la esquina de Don Bosco, donde se produjo el incidente fatal. Sus amigos se habían retrasado un poco porque se habían quedado conversando en la puerta del boliche, cuando Fernández comenzó a discutir con los tres ocupantes de un Fiat Siena color gris topo, patente JMI 984. “Los chicos afirman que ellos no participaron de la pelea, pero vieron lo que pasó porque venían unos metros más atrás”, explicó la fuente consultada por este diario.

La discusión previa al ataque se desarrolló sobre Loria, en el tramo que va de Rivadavia a Don Bosco. “Los victimarios no habían estado en Fantástico Bailable ni conocían a la víctima. Tal vez discutieron por un problema de tránsito, hasta que dos de ellos se bajaron del auto y golpearon a Matías. Una tercera persona, que iba en el auto, se habría quedado en el interior del mismo o bajó, pero sin intervenir en los hechos de violencia, aunque tendría responsabilidad por haber tratado de encubrir a los autores del ataque”, precisó un vocero policial.

Luego de golpear a Fernández, los ocupantes del Siena huyeron y trataron de hacer desaparecer el bate de béisbol de color gris metalizado con el que habría sido golpeado Fernández. El bate fue hallado en un baldío de Don Torcuato porque un testigo vio cuando lo tiraban desde un auto. Con los datos del Siena se ubicó a su dueño, el padre de uno de los detenidos, Leonel Bufaño, de 23 años. El segundo en caer preso fue Hernán Mendieta, de 25. Se cree que uno de ellos golpeó a Fernández con el bate.

A Bufaño lo detuvieron ayer a mediodía en Carlos Calvo y Yapeyú, en el barrio de Boedo, a metros de su domicilio. Poco después, el padre del joven entregó a la policía el Fiat Siena, que fue sometido a pericias, igual que el bate de béisbol, para encontrar huellas que confirmen la forma en que se produjeron los hechos. El hombre que sería el padre del primer detenido, al ser interrogado por la prensa, se limitó a decir: “Le pido perdón a la familia de la víctima”.

Mendieta fue detenido en Carlos Calvo al 4100, en el mismo barrio de Boedo. Tanto Bufaño como Mendieta trabajaban en un supermercado de la zona, como repositores. Uno de ellos habría dicho, ante compañeros de trabajo, que el domingo se había mandado “una cagada”. Ayer, a las 15.30, se entregó detenido en la comisaría octava el tercer sospechoso, llamado Néstor, de 22 años. Lo acompañaron dos abogados. Se cree que este joven no participó activamente en la agresión, aunque sí en el encubrimiento. El comisario Néstor Rodríguez, vocero de prensa de la Policía Federal, confirmó que la pelea comenzó y terminó en la calle, y que víctima y victimarios “no habrían tenido ninguna relación ni discusión previas”.

Los detenidos serán interrogados, entre hoy y mañana, por la jueza María Fontbona de Pombo, y se espera luego la realización de un reconocimiento en rueda de personas del que participarán los amigos de Fernández, para tratar de identificar a los detenidos como los autores de la agresión.

En una presentación ante la Justicia marplatense, la Fundación La Alameda solicitó a la Justicia local que se hiciera una “investigación a fondo” sobre las circunstancias en que se produjo la muerte, a manos de la policía, del joven Nahuel Moreno, de 23 años. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Moreno murió en el interior de un “privado” marplatense cuando intentaba robar, junto con otros dos jóvenes, la recaudación del día en ese prostíbulo. Sin pretender modificar la versión del robo –por ese delito fue condenado un joven y hubo un prófugo–, que al parecer es cierta, lo que pide La Alameda es que se investigue la denuncia de un amigo de Moreno, cuyo nombre se mantiene en reserva. Según ese testimonio, la principal intención del chico fallecido, al ingresar al “privado”, fue la de rescatar a una joven paraguaya que era sometida allí a explotación sexual y de la cual se había enamorado durante una serie de encuentros que había tenido con ella como “cliente” .

El hecho ocurrió entre las 23.50 del 3 de abril y la cero hora del 4 de abril de 2009, en un “privado” de la calle Salta cuyo “nombre de fantasía” es Le Blank, según consta en la sentencia en la que fue condenado a seis años y nueve meses de prisión, por robo doblemente calificado, el joven Jonathan Canale, de 23 años, uno de los dos que acompañaban a Nahuel Moreno. El otro chico logró escapar por una ventana y habría sido asesinado tiempo después en circunstancias que se desconocen.

El primer dato curioso es que las primeras informaciones difundidas por la prensa, a partir de datos suministrados por la comisaría distrital primera de Mar del Plata, aseguraron que los sucesos habían ocurrido en un “privado” de Salta 1323. Sin embargo, en la sentencia contra Canale, dictada en un juicio abreviado por el tribunal integrado por Alexis Leonel Simaz, Néstor Jesús Conti y Adrián Angulo, se dijo que la dirección correcta era Salta 1393. La Alameda, en su presentación, dijo que “no existe la numeración 1323” de la calle Salta y que sería el número 1337, donde hay denuncias sobre el funcionamiento de otro prostíbulo. Se sospecha que ambos lugares tendrían “cobertura policial” para las actividades ilícitas que allí se realizan.

Ahora, en su presentación para que los hechos se investiguen “a fondo”, la Fundación La Alameda sostuvo que “un amigo de Nahuel Moreno, que circunstancialmente prefiere mantener en reserva su identidad, denunció a nuestra organización que el móvil primero del hecho ocurrido esa noche (se refiere a la del 3 de abril de 2009) fue rescatar a una joven paraguaya de 22 años que le había pedido auxilio a Morales”. Los dos se habían conocido en las habitaciones del “privado”, al que Morales había concurrido “en calidad de cliente durante más de un año”. En ese tiempo, se había establecido entre ambos “una relación afectiva”, según lo dicho por el amigo de Morales que se presentó ante La Alameda.

Desde que tomaron conocimiento de esa versión de los hechos, militantes de La Alameda se contactaron con “una fuente allegada a la causa judicial que confiesa tener conocimiento de que el policía que disparó a Nahuel Morales” sería “el dueño del prostíbulo”. Esa noche había “otros oficiales de calle ‘trabajando’ en el prostíbulo”. De acuerdo con los datos presentados por La Alameda ante la Justicia marplatense “a Morales lo mataron como a un perro y le plantaron un arma”. La misma fuente dijo que “la situación de intento de robo existió, si bien no fue premeditada”.

En la causa en la que fue condenado Jonathan Canale, se afirmó que los autores del robo, luego de amenazar y golpear a cuatro hombres y a dos mujeres, se apoderaron “de los teléfonos celulares” de los presentes “y de dinero existente en la caja registradora del local, mientras exigían al encargado (...) que abriera la caja fuerte para apoderarse de más dinero”. Luego se abrió esa caja fuerte, pero en ella había solamente papeles. Una chica paraguaya, cuyas iniciales son L. C., aprovechó la confusión reinante y se escapó por una ventana. En la causa judicial contra Canale, nada se dice sobre el destino de esa mujer. Tampoco se sabe si se trata o no de la chica a la que Moreno habría ido a “rescatar”.

Uno de los datos que La Alameda aportó a la causa es que, en el parte policial sobre los hechos del 3 de abril de 2009, a Nahuel Moreno se le agrega el apelativo de “El Palomo”. Sin embargo, sus amigos y familiares aseguraron que nadie lo llamaba así. En ese sentido, en el escrito se recordó que “a los clientes que se enamoran de las prostitutas”, en el ambiente de la noche los llaman, en forma irónica, “Palomos”. En su escrito, La Alameda solicitó “que se investigue al policía Pablo Liberti (35 años), ya que figura como quien disparó a Morales en el expediente del hecho y tendría (...) un rol fundamental en la organización de la prostitución ajena y la trata de personas”.

El prostíbulo de Salta 1337, aclaró La Alameda, fue denunciado en agosto de 2002 por dos mujeres dominicanas que se escaparon de allí. El lugar estaba “a cargo de Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, alias Marisa, prófuga de la Justicia y con pedido de captura de Interpol”. En una nota publicada ese año por Página/12, las dos mujeres, Vanesa y Linda, aseguraron que “el entonces jefe de la Delegación local de Migraciones Fernando Rizzi, mantenía transacciones económicas con Pilar de las Mercedes Peralta Zamora”.

Las dudas sobre las circunstancias en las que murió Nahuel Moreno llevaron, meses después del cierre del juicio abreviado, a que se realizara una investigación complementaria –por disposición de la Fiscalía General de Mar del Plata– que estuvo a cargo del fiscal Claudio Kisimoto, pero en ese momento no aparecieron indicios como para avanzar en la nueva hipótesis. Una fuente judicial le dijo a Página/12 que en ese momento “la investigación no se pudo profundizar por falta de pruebas”. El vocero agregó que “si ahora hay nuevos elementos, tal como sostiene en su escrito la gente de La Alameda, es posible que se pueda avanzar para conocer los entretelones del caso”.

Desde Mar del Plata

Todos coinciden en que se trata de la obra de saneamiento ambiental más grande de la historia de Mar del Plata. “En este momento es la más importante de Sudamérica y la primera en su tipo en el país. El propósito es darle una solución permanente al tratamiento de residuos cloacales para los 700 mil habitantes permanentes que tiene la ciudad y las más de tres millones de personas que vienen durante el verano.” Mario Dell’Olio, titular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), es el responsable máximo de la construcción del llamado Emisario Submarino, un conducto de dos metros de diámetro y 3810 metros de longitud por donde serán expulsados al mar los efluentes cloacales de la ciudad, previo tratamiento en la planta de saneamiento instalada en la zona de Parque Camet. La obra, que cuenta con aportes del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, alcanza un costo superior a los 178 millones de pesos y se prevé que será inaugurada antes de fin de año.

“Era preocupante la situación ambiental en Mar del Plata y por eso, en 2008, cuando asumió el actual gobierno (municipal encabezado por Gustavo Pulti), comenzamos la aplicación de un programa de obras sanitarias que se llama Virtual Beach”, explicó Dell’Olio a Página/12. El funcionario comentó que mediante “el conocimiento de las variables atmosféricas, podemos predecir el grado de contaminación en cada una de las playas y se viene aplicando, en consecuencia, un sistema de cloración en los niveles y en los días que resulten necesarios”.

Dell’Olio sostuvo que el problema de los residuos que se arrojan al mar ha crecido en los últimos tiempos “porque tenemos 75 mil nuevos vecinos que hoy se han sumado al sistema cloacal de la ciudad, a la vez que se suma el crecimiento de la industria”. Por eso era necesario buscar “un sistema definitivo para trabajar en conjunto con la planta de tratamiento de Camet. Hoy tenemos un caudal para el tratamiento de 4,5 metros cúbicos por segundo en los días de mayor demanda y vamos a llegar a un nivel de 9 metros cúbicos por segundo. Por eso entendemos que se trata de una respuesta definitiva al problema que se venía planteando”.

Las advertencias sobre la contaminación en las costas marplatenses, desde Santa Clara del Mar hasta el Torreón del Monje, y sobre todo en la zona de Camet, se vienen registrando desde hace varios lustros. A partir del año 2007, primero el Departamento de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y luego la Universidad Nacional de Mar del Plata, realizaron estudios sobre los microorganismos que se desarrollan sobre toda la zona costera, a partir de la descarga, sin el tratamiento adecuado o sin ningún tratamiento, de los efluentes producidos por los habitantes de la ciudad. El problema se hacía más notorio y peligroso durante las temporadas veraniegas.

Dell’Olio insistió en que por esas razones decidieron emprender la construcción del Emisario Submarino, en la búsqueda de “un sistema definitivo para luchar contra la contaminación”. El Emisario Submarino tendrá, como se dijo, una extensión total de 3810 metros de longitud y será conectado a la planta de tratamiento que funciona en Camet. La cañería, de dos metros de diámetro, se internará en el mar sobre la plataforma submarina.

De los 3810 metros de longitud, 3284 estarán conformados por el caño emisario o alimentador, y 526 metros por un caño difusor. Este último tramo producirá la salida de los efluentes a través de un sistema de difusión, mediante 130 tubos de elevación con salidas de 150 milímetros de diámetro. Esto significa que no descarga todo el contenido al final del recorrido, como un caño común, sino que produce la descarga horizontal mediante diferentes válvulas ubicadas, cada una, a una distancia de cuatro metros, a lo largo del difusor.

La construcción del Emisor Submarino comenzó en abril de 2009. El plazo original para la finalización de la obra es de dos años, pero esto “ha sido modificado porque depende mucho de las condiciones climáticas”, aclaró Dell’Olio. “Hubo muchos días de lluvia y de condiciones adversas en el mar, lo que dificulta el traslado de las cañerías. Ya se han terminado diez de los doce tramos que componen la obra.” El peso de cada 200 metros de cañería es de 1100 toneladas, igual que un barco de 200 metros de eslora (largo). El desplazamiento de los caños, para hundirlos en el mar, es un proceso lento para el que se utiliza una estructura similar a la de una plataforma petrolera.

Cada 600 metros los caños son unidos con una máquina de termofusión importada de Chile que alcanza un calor de 200 grados centígrados. Se utilizan grúas para ir conduciendo a los caños, en forma lenta, hasta el lecho del río y en el tramo final se cuenta con la participación de dos buzos. “Digo que el Emisario Submarino es una solución con futuro, porque con el tiempo, se le pueden adosar nuevos tramos. Ahora, por ejemplo, estamos articulando una futura conexión con las obras que se están realizando en Mar Chiquita, en Santa Clara del Mar, a siete kilómetros de Mar del Plata. Tenemos en claro que la calidad de las playas está más allá de las mejoras en el saneamiento y estamos trabajando en todos los sentidos buscando las mejores respuestas”, concluyó Dell’Olio.