Página#12 Libre

Primero citó una frase de Néstor Kirchner: “A la Unasur le falta la batalla de Ayacucho”. Y explicó así la victoria decisiva sobre los españoles el 9 de diciembre de 1824: “Era un verdadero ejército sudamericano”. Rafael Follonier, coordinador de la Unidad Presidenta y ex asesor a Kirchner en la Unasur, dijo que “hoy las Fuerzas Armadas tienen la misión de custodiar la nueva forma de soberanía sudamericana basada en la democracia, la paz y el cuidado de los recursos propios”.

Follonier fue uno de los encargados de cerrar el Primer Foro de Legisladores de la Triple Frontera, que abrió en Puerto Iguazú la organizadora, la diputada nacional por Misiones Julia Perié, con una advertencia: “Tenemos el derecho de sospechar que estamos frente a la construcción previa necesaria para la legitimación social de la intromisión de actores externos bajo el absurdo pretexto de que la Triple Frontera es, hoy, un antro de maquinación de infinidad de crímenes, de los cuales los actores de los Estados implicados no quieren o no supieron ocuparse”.

La Triple Frontera es una categoría convencional que alude al punto de contacto entre la Argentina, Paraguay y Brasil, en la zona de Iguazú, donde en realidad se conecta físicamente la convivencia de 450 mil personas. Cuando habló de recursos, Follonier mencionó el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo ubicada, justamente, debajo de la superficie de los miembros del Mercosur y motivo de un compromiso de estudio por parte de los cuatro Estados firmado en 2010.

“No somos un club de amigos ideológicos”, dijo Follonier, que suele ser mencionado entre otros funcionarios del Gobierno como uno de los candidatos a parlamentarios del Mercosur si se aprueba el método de elección popular. Y agregó: “Queremos ser una unión de naciones, como lo entendieron los pueblos y, sobre todo, los jóvenes, quizá porque la perspectiva sudamericana les agrega un sueño mayor. Hoy estamos hablando de democracia, no de guerra. Pero en Ayacucho también los jóvenes fueron protagonistas. Antonio José de Sucre tenía 23 años según algunos, o 25 según otros. Para el comienzo del combate le delegó el mando a José María de Córdoba, 25 años, que se bajó del caballo, sacó su espada y pidió fuego a discreción y a paso de vencedores. Hoy sería democracia a discreción y a paso de vencedores”.

En la apertura del Foro, del que también participaron el secretario del Mercosur Agustín Colombo y el subsecretario de la Cancillería José Vitar, Perié pidió “políticas públicas coordinadas”.

Diego Segovia, docente universitario y asesor del senador Nicolás Fernández, dijo que exacerbar la idea de la amenaza terrorista “es una excusa para intervenir en una zona clave de acceso al Acuífero Guaraní”.

Alberto Cimadamore, investigador del Conicet, recordó que la región cuenta con “un tercio de la tierra arable y un cuarto del agua superficial del mundo”. Añadió que eso en sí mismo no significa nada, “porque es conocida la paradoja de que los países más ricos en recursos suelen terminar siendo los países más pobres”. Sin embargo, dijo que la integración “permite empezar a pensar la problemática de los recursos naturales desde otro enfoque, y teniendo en cuenta un dato: para que China, India y los países subdesarrollados alcancen el consumo medio actual de los desarrollados necesitaremos los recursos naturales de cinco planetas”.

María Elena Chieno, diputada nacional y correntina de Monte Caseros, le puso un toque bien terrenal al encuentro de parlamentarios: “Mi ciudad es conocida porque una vez allí se levantó Aldo Rico, pero no porque es otra triple frontera, entre la Argentina, Uruguay y Brasil. Soy médica. Cuando me llevaban del otro lado de Monte Caseros, a Bella Unión, en Uruguay, a practicar una cesárea de urgencia, nunca me hice un planteo legal. Tenía que ayudar al parto. Pero estaba haciendo ejercicio ilegal de la medicina. Eso era lo típico de la frontera-objeto, la de la seguridad y el documento por encima de todo. Me parece que ahora tenemos que consolidar la frontera-sujeto, donde los habitantes sean sujetos de Derecho y no objeto de obstáculos”.

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La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.

En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.

Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:

n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.

n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.

Contradicciones

Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.

“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”

“Sin datos”

En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.

Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.

–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.

El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.

En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.

Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.

Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.

Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.

A la Justicia

La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.

El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.

Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.

La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.

Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.

La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.

Corporaciones

El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.

El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.

“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”

Los castigados

Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.

El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.

Katherine Bigelow está obsesionada con el tema. El año pasado ganó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección con Vivir al límite, ambientada entre los explosivos de la guerra de Irak. Entonada, la californiana quiere filmar otra de bombas. La protagonizaría Tom Hanks y el escenario sería, esta vez, la Triple Frontera, ese punto misterioso que conecta al mismo tiempo a la Argentina, Paraguay y Brasil.

El cine, como toda ficción, puede darse los derechos que quiera. Y los espectadores se darán luego el derecho de opinar. El problema no surge cuando el arte imita a la realidad sino, como diría Oscar Wilde, cuando la realidad imita al arte.

Al revisar los cables de Wikileaks, la Triple Frontera aparece como una de las grandes preocupaciones de la diplomacia y la inteligencia de los Estados Unidos. El temor está centrado no tanto en la argentina Puerto Iguazú y la brasileña Foz do Iguaçú, sino en la paraguaya Ciudad del Este, la antigua Puerto Stroessner. El estereotipo suma factores. Un factor es que hay contrabandistas. Otro factor es la existencia de una gran comunidad de origen palestino. Los dos datos son ciertos. A partir de estas premisas verdaderas, la falacia convertirá luego a las coincidencias en causas. O sea: la presencia de una comunidad árabe sería un hecho suficiente para suponer peligrosidad, a tal punto que, en esta visión, la Triple Frontera sería una de las patas internacionales de Al Qaida. ¿Puede ser? Todo es posible. Aunque, con el mismo criterio, también sería un centro internacional de Al Qaida la ciudad alemana de Hamburgo, porque allí funcionó la célula dormida del egipcio Mohamed El Amir Awad Al Sajjid Atta, que terminó atacando Nueva York.

¿Algo posible es algo seguro? Por prevención, la Argentina, Paraguay y Brasil resolvieron prestarle atención especial a las tres ciudades, sobre todo después del atentado a la AMIA de 1994 y el atentado a las Torres Gemelas del 2001. Wikileaks revela que cada país realiza intercambio de datos de inteligencia de manera bilateral con los Estados Unidos. En términos diplomáticos, los tres vecinos acordaron con Washington la formación del Tres Más Uno, un foro de discusión de políticas públicas.

En el Tres Más Uno suele repetirse un estado de tensión. Por un lado, los delegados norteamericanos parten de la base de que el terrorismo efectivamente existe y que, por eso, la cooperación en seguridad debe ser global y no bilateral. Por otro, los tres países sudamericanos admiten la observación preventiva pero no la demonización de la zona. Una película de ficción tiene derecho a imaginar el reino del demonio. Un país serio debe verificarlo.

Para poner la zona en un contexto más amplio la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur, una de las instituciones en formación, organizó el Primer Foro de Legisladores de la Triple Frontera, que arranca hoy en Puerto Iguazú. Convocados por la diputada argentina Julia Perié abrirán las sesiones, entre otros, la ministra de Seguridad Nilda Garré, el subsecretario de la Cancillería José Vitar, el secretario de Comunicación Pública Juan Manuel Abal Medina, el coordinador de la Unidad Presidenta Rafael Follonier y el presidente del Parlamento del Mercosur, Florisvaldo Fier, un médico del PT que actúa en política con el nombre de Doctor Rosinha.

Perié organizó el Foro para discutir integración y recursos naturales. Dijo a Página/12 que la relación entre los tres países (junto con Uruguay son los miembros plenos del Mercosur) excede en mucho la dimensión del misterio y los fantasmas.

No es lo mismo vivir al límite que vivir en el límite. Unos pocos se dedican, quizás, a lo primero. Millones de paraguayos, brasileños y argentinos hacen, todos los días, lo segundo.

martin.granovsky@gmail.com

Con más espíritu práctico que el dirigente ruralista Mario Llambías, quien acaba de advertir que un “trapo rojo” puede reemplazar a la bandera argentina, el presidente de Cargill Argentina confió al embajador estadounidense su impresión de que “todo el sector exportador de commodities” estaba “bajo ataque” del Gobierno. El directivo mencionó su preocupación por “limitaciones para cargar el grano” y por lo que definió como “derechos de exportación retroactivos” por 1700 millones de dólares que debía cobrar la Oncca.

La inquietud de Cristian Sicardi, de Cargill, figura en un cable escrito el 16 de septiembre de 2008 por el entonces embajador Earl Anthony Wayne, filtrado por Wikileaks y al que tuvo acceso Página/12.

Consultado sobre la supuesta intención de cobrar impuestos de manera retroactiva, otro directivo de Cargill, Hugo Kranjk, dio su opinión a Wayne con algunas precisiones:

- Dijo que el objetivo del cobro estaba basado en una ley, la 26.397, promulgada el 9 de septiembre de 2008, es decir sólo una semana antes de la redacción del cable para el Departamento de Estado por parte de Wayne.

- Recordó que esa ley creó “una comisión bicameral investigadora para determinar las irregularidades en el negocio por parte de los exportadores” de granos.

- Apuntó que “todavía no fueron designados los miembros de la comisión” bicameral.

- Señaló, según relata Wayne, que “Cargill cree que los miembros que integrarán la comisión no son ‘amigos de la industria’ y que el tema se publicitará más entre mediados de septiembre y mediados de octubre, después de que se traten los temas prioritarios para el Congreso como el presupuesto y los ‘superpoderes’, entre otros”.

Como se informa aparte en esta edición, la comisión bicameral investigadora fue integrada recién a fines de 2010 pero todavía no fue formalizada y por eso no puede trabajar.

Tal como ocurre siempre que hay de por medio negocios de grandes empresas transnacionales con matriz norteamericana, el cable firmado por Wayne es muy detallado. Describe así lo que pasó: “La ley 26.351 (“Martínez Raymonda”, por su autor) estableció que, si se produjera un aumento de los derechos de exportación entre la fecha de registro y la fecha de la exportación, un exportador debe pagar el derecho más alto a menos que ese exportador pueda probar que ya tenía los granos en sus manos en el momento en que registró la operación”. Y continúa el texto: “Basándose en esa ley, en julio la Oncca anunció que 57 firmas (incluyendo a las norteamericanas Cargill y Bunge) debían (retroactivamente) un estimado de 1700 millones de dólares en derechos de exportación sobre 24 millones de toneladas de granos que habían sido registradas para ser exportadas en los días anteriores en que se anunciara el aumento de los derechos de exportación, el 7 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008”.

Los derechos a los que alude el cable son las retenciones.

El régimen reformado por la ley que preocupa a Cargill, la 26.351, ya es conocido de los lectores de Página/12. El 31 de marzo de 2002 una investigación reveló la clave de una operatoria que venía de la dictadura militar. Las ventas son supuestas, o sea que el Estado consideraba venta a la operación que el exportador hubiese dicho que había realizado. Valía la simple declaración y no hacía falta certificación alguna de que los granos ya estaban en poder de la empresa exportadora.

Tanto en aquel momento como en 2007 y 2008, los exportadores ejercieron su rentable picardía ante el inminente aumento de las retenciones.

Además de las empresas que menciona el cable de Wayne, Cargill y Bunge, el grueso del comercio exterior de granos lo canalizan ADM, Nidera y Aceitera General Deheza, del entonces senador justicialista cordobés Roberto Urquía.

En 2002 el tema llegó a manos de quien era director general de Aduanas, pero el funcionario no avanzó hasta el punto en que lo hizo el Congreso en 2008 con la ley que molesta a Cargill. El funcionario era un peronista chubutense llamado Mario Das Neves.

“Ineficiencia”

El despacho de Wayne al Departamento de Estado dice que las regulaciones de la ley “crearon mucha incertidumbre, costos e ineficiencia para los exportadores”. En la jerga de los cables filtrados por Wikileaks, cuando un diplomático escribe la palabra “ineficiencia” debe leerse “caída de la rentabilidad”. De todas maneras esa ineficiencia no supondría la quiebra de las empresas, un futuro catastrófico ausente en el despacho diplomático.

Wayne pidió una entrevista con Ricardo Echegaray, actual jefe de la Administración General de Ingresos Públicos y en 2008 flamante encargado de la Oncca, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Reza el cable: “Cuando el embajador le preguntó qué pasaría en los tribunales con una decisión de la Oncca de recaudar retroactivamente tasas de exportación, Echegaray indicó que, sobre la base de sus conversaciones con Ciara y Cec, confiaba en que los exportadores terminarían pagando. Agregó que ‘lo que hicieron fue ilegal’, lo cual en su opinión queda claro en la Ley 26.351, y que la Oncca ‘debe cumplir la ley’”.

Las conclusiones del despacho de Wayne no dejan dudas.

Por un lado, sostenía que el Gobierno y en particular la Oncca presionarían sobre el sector de exportación de materias primas con más regulaciones y derechos que afectarían “la eficiencia del sector”. La Oncca, además, tenía, según la embajada, “un staff pequeño y falta de expertise en las prácticas del negocio de exportación de commodities”.

Por otro lado, esas presiones se combinarían con lo que la embajada insiste en llamar “cobro retroactivo de derechos de exportación”. La combinación daría lugar a un plan oficial “de continuar con la estrategia de CFK de divide y reinarás, ya sea castigando a los grandes exportadores de granos en favor de los pequeños chacareros, que son muy críticos de los grandes exportadores y creen que éstos están cartelizados, ya sea como parte de un plan más amplio de control del sector”.

Una idea final de Wayne en sus comentarios de 2008: “Hay pocas dudas de que el gobierno argentino necesita el ingreso fiscal generado por los derechos de exportación de commodity. Las acciones y regulaciones de la Oncca reducen ingresos potenciales porque generan ineficiencias que hacen bajar los precios pagados a los exportadores argentinos. Esos precios más bajos ahora son trasladados a los chacareros. Así, los chacareros quedan comprometidos a hacer lobbying sobre el Congreso para lograr cambios en las políticas de largo plazo y limitar el poder del Ejecutivo”.

Parece claro que para Wayne ése era el The End ideal de la película. En un final cerrado, prefería el enfrentamiento entre chacareros y Gobierno antes que el temido cuestionamiento de los chacareros a las grandes empresas exportadoras de granos.

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El cable filtrado por Wikileaks, que Página/12 publica hoy por primera vez, revela la preocupación de Cargill por el funcionamiento de la comisión bicameral investigadora sobre la exportación de granos y productos oleaginosos.

El organismo todavía no fue formalizado, por lo cual no corren todavía los 90 días de plazo para investigar, prorrogables por otros 90.

Un senador y un diputado, que pidieron reserva de su identidad, dijeron a Página/12 que impulsarán la puesta en marcha de la comisión.

Aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en 2008, a fines de 2010 las autoridades de ambos cuerpos acordaron los nombres de quienes integran la comisión.

Por el Senado figuran Miguel Pichetto (presidente del bloque del oficialista Frente para la Victoria), Daniel Filmus (FpV), Roxana Latorre (Santa Fe Federal), José María Roldán (Frente de Todos, Corrientes), Josefina Meabe (de la misma agrupación que Roldán) y Juan Carlos Marino (Frente Pampeano Cívico y Social).

Los diputados son Héctor Recalde (FpV), Alex Ziegler (FpV), Fernando Yarade (FpV), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Estela Garnero (Córdoba Federal) y Jorge Montoya (Núcleo Unidad Peronista de Córdoba).

El cable de la embajada norteamericana critica a Ricardo Echegaray, ex jefe de la Oncca y actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque defendió una ley que, a su juicio, repondría 1700 millones de dólares al Estado. Según el texto, Echegaray dijo que los grandes exportadores incurrieron en maniobras ilegales. La Oncca fue disuelta, pero no existe constancia alguna de que Echegaray haya cambiado de opinión.

Si el jefe de la AFIP u otro funcionario refrendara la cifra de 1700 millones de dólares ante la comisión bicameral, podrían hacerse algunas cuentas.

La Asignación Universal por Hijo permite hoy que por cada hijo o hija perciban 220 pesos los desocupados, los trabajadores no registrados que ganen igual o menos que el salario mínimo, vital y móvil, los empleados y empleadas del servicio doméstico también por debajo del mínimo y los monotributistas sociales.

Redondeando a una paridad de 4 pesos por dólar, esos 220 pesos representan 55 dólares.

En un año, si no hay aumento de la asignación, esos 55 dólares sumarán 660 dólares.

Con 1700 millones de dólares pueden pagarse anualmente asignaciones a 2.575.757 hijos. O aumentar las asignaciones en el valor correspondiente. O financiar un nuevo plan de viviendas populares, regularización de tierras incluida. O abrir nuevas líneas de investigación tecnológica.

Las cifras definitivas sobre la megaelusión fiscal estarán en manos de la comisión bicameral, no bien se constituya formalmente. Hasta comprometieron públicamente su testimonio la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales, cuyos técnicos elaboraron para José Alfredo Martínez de Hoz el régimen de declaraciones juradas en favor de las grandes empresas.

Una comisión para alquilar balcones. O silos.

martin.granovsky@gmail.com

Washington tiene tanto interés en contener el terrorismo como en no perder peso en Sudamérica. Así se desprende de un cable filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12. Dice que la cuestión de la Triple Frontera entre Paraguay, la Argentina y Brasil es “el único pie” que pueden interponer los Estados Unidos para que no se les termine de cerrar la puerta de los asuntos de seguridad en la región.

El despacho diplomático tiene sólo dos años. Es del 6 de febrero de 2009 y lo firmó el entonces embajador en Brasil, Clifford Sobel. Barack Obama acababa de asumir la presidencia unos días antes, el 20 de enero.

El extenso análisis está centrado en el Mecanismo de Seguridad Tres Más Uno, que se inició en el 2003 para combinar los esfuerzos de Paraguay, Brasil y la Argentina, tres por un lado, y por otro lado el uno, los Estados Unidos. El objeto de supervisión es la Triple Frontera que conecta Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz do Iguaçú. La zona pasó a estar bajo observación luego de los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 y aumentó su importancia tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Para Sobel, el Tres Más Uno es “el único instrumento disponible para conversar sobre contraterrorismo con los socios regionales a nivel de formulación de políticas”.

Su diagnóstico es el siguiente: “Es probable que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) rechace nuevas propuestas a nivel de políticas para la cooperación regional en seguridad”. Y sigue así: “Puesto que el gobierno brasileño está empeñado en construir una arquitectura regional de seguridad en Sudamérica que no incluye a los Estados Unidos (por ejemplo los grupos de trabajo de Mercosur en temas de seguridad y el Consejo Sudamericano de Defensa de Unasur), hay que revitalizar el Tres Más Uno por dos motivos: como un modo de conseguir un compromiso de Brasil al más alto nivel político en esta cuestión y como una forma de mantener un pie dentro de las discusiones de seguridad regional”.

El despacho de Sobel está escrito dos años después del que firmó en 2007 el número dos de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Michael J. Fitzpatrick, publicado por Página/12 el 7 de marzo último. “La entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización”, dice el texto escrito por Fitzpatrick, que resume un encuentro de embajadores estadounidenses del Cono Sur americano. “El Mercosur fue transformándose gradualmente de una unión aduanera imperfecta en una organización más restrictiva y antinorteamericana”, agrega. La Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron con Venezuela un acuerdo de incorporación, pero Caracas sólo será miembro pleno de Mercosur cuando se apruebe la última ratificación parlamentaria pendiente, la del Senado paraguayo.

Si se suman los dos despachos, la conclusión es que Washington diagnostica la existencia de un antinorteamericanismo real, o sea no en el plano de los discursos, y a la vez teme quedar fuera de la región. Quizás ambos cables sirvan para explicar, por contraste, por qué ayer el presidente Barack Obama admitió un párrafo específico en el comunicado conjunto que firmó en Brasilia con su colega Dilma Rousseff. El párrafo dice así: “Los líderes subrayaron las valiosas contribuciones en favor de la democracia, la paz, la cooperación, la seguridad y el desarrollo realizadas por los esfuerzos y los acuerdos de integración regional y subregional, incluyendo la Unasur y el Mercosur, y señalaron el valor del diálogo entre la Unasur y los Estados Unidos”.

El actual embajador en Brasil es Thomas Shannon, un realista duro que fue subsecretario de Asuntos Interamericanos durante la administración Bush.

En el cable, Sobel proponía un objetivo de mínima y un objetivo de máxima. El de mínima era continuar con un mecanismo activo de Tres Más Uno. El de máxima, ampliarlo hasta llegar a “un diálogo regional más efectivo” en términos de sustancia y geografía.

El obstáculo que mencionaba Sobel era la pertinacia con que Brasil “limita las discusiones de temas que no estén incluidos en los marcos estrechos del Tres Más Uno”, es decir el intercambio de información contra el terrorismo internacional y las acciones del terrorismo en la Triple Frontera.

“El gobierno brasileño sabe que el Tres Más Uno no es un foro para compartir datos de inteligencia”, dice el cable de Sobel. “Como resultado de eso, es poco lo que los Estados Unidos pueden informar en ese marco. Brasil usa nuestra reticencia a compartir información para asegurar que no hay evidencia de acciones terroristas en la Triple Frontera y que, si hubiera evidencias, los Estados Unidos se rehúsan a mostrarlas. Esto pone en duda la existencia de actividad terrorista en la Triple Frontera y cierra muchas de las conversaciones que apuntan a analizar explícitamente actividades relacionadas con el terrorismo.”

Sobel aclaró en su escrito que no sabe hasta qué punto los diplomáticos de Itamaraty que participan de las reuniones del Tres Más Uno están al tanto del intercambio de informaciones de inteligencia entre los servicios secretos de ambos países.

Otros cables filtrados por Wikileaks a los que tuvo acceso Página/12 confirman que exis-te la misma relación bilateral entre organismos de inteligen-cia de los Estados Unidos y de la Argentina.

La preocupación del Departamento de Estado parece ser, entonces, cómo salir de lo que Washington ve como una trampa: mientras sus servicios secretos comparten información de manera bilateral, lo cual es aceptado tanto por Brasil como por la Argentina, su diplomacia no consigue avanzar en la ampliación de mecanismos regionales que incluyan a los Estados Unidos. “La cooperación con Brasil fue siempre fluida a nivel operativo”, admitió Sobel. “Pero el Tres Más Uno es el único foro de discusión subregional del que participamos a nivel político. En la medida en que Brasil cobra mayor confianza en su liderazgo regional, Itamaraty se siente más cómodo cuando dice a los Estados Unidos que no necesita de nuestra presencia.”

El cable habla de Catch 22, Trampa 22, en alusión a la novela y la película del mismo nombre. En diplomacia, la expresión alude a una impasse en la que una burocracia impide la solución. La culpable sería, en este caso, Itamaraty.

Volvió del exilio en 1983 y, tanto en el sector privado como en el público, se concentró en los temas regionales. Agustín Colombo Sierra fue subsecretario de Política Latinoamericana del canciller Jorge Taiana y hoy es secretario del Mercosur.

–Para el Mercosur –comentó ayer Colombo a Página/12 mientras se desarrollaba el encuentro entre Barack Obama y Dilma Rousseff– el hecho de que Brasil esté viviendo un decenio de esplendor político y económico es positivo. Es el socio más grande de los cuatro miembros plenos, acompañado por un país mediano como la Argentina y dos más chicos como Uruguay y Paraguay. Es natural y razonable que Obama visite Brasil.

–¿También le parece razonable que el comunicado conjunto de Obama y Dilma Rousseff hable de Mercosur y Unasur?

–Me parece positivo. Se trata de un reconocimiento de la realidad tal cual es. Todavía como subsecretario de América Latina tuve el gusto de participar en una reunión de Obama con buena parte de los presidentes de América latina en Trinidad y Tobago. Escuché a un Obama muy respetuoso de los procesos subregionales de integración. O sea que veo coherencia en la posición de Obama. Ignoro si otros funcionarios del gobierno norteamericano querrán debilitar los procesos de integración regional porque tal vez piensen que si estos procesos se hacen más sólidos Sudamérica ganaría espacios de negociación en la discusión de sus diferencias con los Estados Unidos.

–Un cable de 2007 filtrado por Wikileaks decía que el Mercosur es “antinorteamericano”.

–Corre por cuenta de quien lo escribió. Pero es mejor no perder el tiempo. Con los Estados Unidos podemos cooperar en los espacios de coincidencia, como el judicial y el penal, el combate a la trata de personas y la preservación de Sudamérica como zona de paz en el mundo.

–El Mercosur está a punto de cumplir 20 años.

–Sí, el 26. A mí me gustaría que los próximos cumpleaños podamos celebrarlos con una participación mayor de la sociedad. Es lo que quieren nuestros presidentes. Marco Aurelio García, el consejero internacional de Lula y ahora consejero de Dilma Rousseff, dijo que la institucionalidad del Mercosur no es mala: es escasa.

–No parece un elogio.

–Lo interesante es que, bien leída, la definición suena a proyecto. Si la institucionalidad es escasa, hay que desarrollarla. Y este desarrollo no podemos concebirlo sólo limitado a un grupo de ministerios de cada país. No quiero ser antipático con nadie. Solamente pido que todos sean coherentes con lo que acostumbran acordar nuestros presidentes cuando dicen que la integración no debe limitarse a las elites de negociadores o expertos en intercambio comercial. Eso importa, naturalmente, pero también importan la educación y la sociedad en su conjunto. El Foro económico y Social del Mercosur, por ejemplo, contempla la participación de sindicatos, empresas y organizaciones diversas de la sociedad civil. Lo mismo sucede con el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Ya no es sólo comercial. Ya no es sólo un tema de fondos. Abarca temas tan amplios y a la vez tan palpables que llegan a la construcción de escuelas, las cumbres sociales, la ciudadanía Mercosur, que se pueda vivir dos años en el país socio, la homologación sencilla de títulos educacionales, la convalidación de las jubilaciones... El Fondo de Convergencia tiene en su portafolio proyectos por mil millones de dólares.

–Pero usted mismo forma parte de la burocracia del Mercosur, que es otra burocracia además de las correspondientes a cada país.

–Sí, y lo que digo me incluye. Tampoco tengo derecho de trabar burocráticamente, así sea con la mayor buena fe, las iniciativas de los presidentes. ¿Qué derecho tengo yo a guardar en la carpeta, por ejemplo, la decisión de implementar con frecuencia un foro económico y social? Lo decidieron los presidentes. Tienen legitimidad popular para decidirlo porque representan a los pueblos por el voto democrático. No sólo la presidenta argentina da una enorme importancia a la participación dentro del Mercosur. También lo hizo Lula y lo mantuvo Dilma cuando Brasil propuso, y los socios aceptaron, a un diplomático del nivel de Samuel Pinheiro Guimaraes como Alto Representante del Mercosur. Fue vicecaniller y ministro de Asuntos Estratégicos. Y estuvo ligado a la suerte de la integración regional en los últimos 25 años. El embajador Pinheiro Guimaraes tiene funciones en la negociación y en el diseño de estrategias. Su designación por parte de los países miembros y las atribuciones que recibió son una indicación más de que el Mercosur debe transitar su próxima etapa cada vez más cerca de la sociedad. Y la burocracia está para ayudar en ese proceso, no para trabarlo. El Mercosur es el fruto de un proceso político que completa lo que, a comienzos de los procesos democráticos de la Argentina y Brasil, fue una alianza política sólida. Hoy, también, el clima personal y de colaboración entre los presidentes es extraordinario. Se visitan, se hablan, se tienen confianza. Expresan la sintonía de unos pueblos con otros.

–Para el ingreso de Venezuela como miembro pleno falta sóo la ratificación del Senado paraguayo.

–Como dijo la Presidenta, espero que los hermanos paraguayos lo resuelvan. Será bueno para todos. También para ellos.

–Y no se le escapa que hay conversaciones informales para incorporar a Colombia. ¿Qué opina?

–Que también sería muy bueno. Colombia ya tiene firmados acuerdos de complementación económica y adhirió a muchos convenios del Mercosur. Todo lo que consolide el Mercosur como realidad concreta es positivo. Puede ser en desarrollo tecnológico, como sucedió con la norma digital elegida en común, al revés de lo que sucedió en 1978 cuando gobernaban las dictaduras militares. Justamente acabamos de celebrar en Montevideo un seminario de televisión abierta en el que Osvaldo Nemirovci, coordinador del Sistema Digital de Televisión de la Argentina, explicó cómo funciona el sistema. O, si quiere otro ejemplo, tiene el de la colaboración del Mercosur en las causas abiertas por el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde eran recluidos y torturados los secuestrados uruguayos. Las dictaduras se ayudaban para matar. Nosotros nos ayudamos para esclarecer el pasado y construir una región cada vez más justa.

Nicholas Kristof, el periodista de The New York Times que fue jefe de la corresponsalía en Tokio, dice que los japoneses tienen una palabra intraducible, gaman. Significaría algo así como sobreponerse a la dificultad. Kristof relaciona gaman con el estoicismo y con un tejido social sólido que aparece en las peores situaciones. Dice haber visto extraordinarios gestos de solidaridad y respeto por el otro después del terremoto de Kobe, el último gran desastre sísmico que soportó Japón antes de la catástrofe de Sendai, con seis mil muertos y 300 mil personas sin techo. Pero más allá del indecible sufrimiento de millones de japoneses estos días, y lejos de todo pronóstico fácil, ¿cuáles son los datos duros que convendría considerar? Aquí van diez claves.

Comercio argentino. La exposición directa de la Argentina frente a la crisis japonesa es baja. En 2010 Japón representó el 1,2 por ciento del total de las exportaciones argentinas. Vendió el 2,1 por ciento de las importaciones. Como destino, los Estados Unidos representan el 5,2 de las exportaciones; China, el 8,6 y Brasil, el 21,3 por ciento. En importaciones, los Estados Unidos ocupan el 10,7 por ciento; China, el 13,5 y Brasil, el 31,2 por ciento.

Impacto económico. La Bolsa de Tokio cayó ayer un 6 por ciento a pesar de que el Banco Central inyectó 183 mil millones de dólares en el sistema financiero. Sheila Smith, especialista en Japón del Council on Foreign Relations de los Estados Unidos, escribió que en 1995 el costo del terremoto de Kobe fue de 132 mil millones de dólares en daños y fue “el desastre natural más caro del mundo”. El pronóstico de Smith después del tsunami de Sendai es que “el impacto será devastador”. Y agrega: “Será significativo el perjuicio a largo plazo para un país que ya estaba peleando para bajar su déficit fiscal, situado en el 10 por ciento del Producto Bruto Interno”. También señala Smith que el actual gobierno japonés reaccionó con mayor fuerza y velocidad que el de 1995.

Parate industrial. Toyota y Nissan ya anunciaron que detendrían la producción en 20 fábricas ubicadas en Japón. Toyota incluso evacuó a los trabajadores de dos plantas en las regiones más perjudicadas por el sismo. Las plantas producen 420 mil autos chicos por año, sobre todo con destino a la exportación. El diario inglés The Guardian informa que están cerradas dos de las tres plantas de Honda. También interrumpieron sus operaciones, por daños, Kirin Holdings, Fuji Heavy Industries, Glaxo y Nestlé. Sony suspendió la producción en ocho plantas.

Recesión. Japón es una economía exportadora. El desafío para el Estado consiste en reabrir las plantas industriales con la mayor velocidad posible. El banco japonés Daiwa Capital Markets, que aguardaba un leve crecimiento del 0,3 por ciento para este trimestre, ahora pronostica recesión.

Petróleo. El parate en un gran importador de petróleo como Japón, el tercero del mundo, hizo que el precio del barril medido por el índice europeo Brent se ubicara ayer en 111,64 dólares, con un descenso de 2,3 dólares. La caída revierte parcialmente un alza anterior producida por estímulo de las crisis de Egipto y Libia.

Deuda. La deuda pública de Japón ya equivalía, antes de la tragedia, al 200 por ciento del PBI.

Energía nuclear. Las plantas nucleares producen un tercio de la electricidad que consume Japón.

Discusión atómica. El mundo vuelve a la discusión sobre los riesgos y ventajas de la energía nuclear. Christian Parenti entrevistó, para el semanario norteamericano The Nation, a Peter Bradford, ex jefe de la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos. Hay 23 reactores diseñados por General Electric como el de Fukushima número uno. También existen plantas nucleares en líneas de falla geológica, por ejemplo en el Cañón del Diablo, en Santa Barbara, y en las afueras de San Clemente. Según Bradford, lo peor no es el estado de los reactores sino el exceso de autoconfianza de los reguladores y gerentes. “La frase Acá no puede pasar es una invitación al desastre”, dice el ex funcionario. El periodista escribe que la combinación de arrogancia tecnológica y espíritu de lucro lleva a “mala administración y mentiras”. Recuerda que en su campaña electoral Barack Obama dijo que el organismo regulador RNC “está moribundo y cautivo de las industrias que debe controlar”. Pero añade que luego Obama no hizo nada concreto para mejorar la RNC desde la presidencia.

Poderío chino. El 13 de febrero China superó a Japón en magnitud económica y quedó como la segunda economía mundial detrás de los Estados Unidos. Resignado, el primer ministro japonés Naoto Kan había celebrado el sorpasso. La política exterior japonesa venía oscilando entre la continuidad de su alianza de posguerra con los Estados Unidos y una diplomacia compensada por visiones más “nacionalistas” o de compromiso con la situación de Asia. El gobernante Partido Democrático, que en 2009 reemplazó el predominio de 55 años del Partido Liberal Democrático, no es ciertamente antinorteamericano, pero tampoco pregona el alineamiento automático con Washington.

Política interna. En abril habrá elecciones locales en Japón. Será un test para el Partido Democrático.

martin.granovsky@gmail.com

El canciller Héctor Timerman y su par colombiana María Angela Holguín volverán a reunirse.

El canciller Héctor Timerman llegará hoy a Colombia con la intención de “trabajar en temas bilaterales” y “aumentar el comercio entre ambos países”, según anunció ayer en Twitter. La visita se produce justo después de la jugada diplomática que puso en la Secretaría General de Unasur a una colombiana y a un venezolano.

La contraparte de Timerman será María Angela Holguín, la canciller de Juan Manuel Santos, encargada de instrumentar el giro de Colombia hacia Sudamérica y de garantizar la buena relación con Venezuela, país donde fue embajadora. Holguín fue vicecanciller del ex presidente Ernesto Samper. La canciller era María Emma Mejía, que el viernes fue designada para ser durante un año secretaria general de la Unión Sudamericana de Naciones. El otro año le corresponderá al ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Alí Rodríguez. Colombia y Venezuela normalizaron sus relaciones diplomáticas el 10 de agosto último, por mediación del entonces secretario general de Unasur, Néstor Kirchner. “Hay un cambio de tono y de clima en la participación de Colombia en la política de la región, pues antes miraba con recelo y desconfianza el mecanismo”, declaró ayer a Semana, de Colombia, el experto en Relaciones internacionales Andrés Molano, de la Universidad del Rosario. “Con la presencia de María Emma, Unasur se podría convertir en un escenario de proyección de la política exterior colombiana”, explicó.

Según los hechos que reconstruyó Página/12, la dupla Mejía-Rodríguez surgió tras una historia que comenzó en la reunión de Guyana de Unasur, cuando los otros países del bloque propusieron a la Argentina que el país designara al reemplazante de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner repuso que era conveniente retirar la condición de que el secretario general debiera ser un ex presidente. Por otra parte, Lula había dejado claro que no quería un cargo formal luego de sus dos mandatos presidenciales y que Tabaré Vázquez se concentraría en buscar otra vez la presidencia en las elecciones de 2014. Michelle Bachelet, otra candidata posible, ya ocupaba la responsabilidad del área de la mujer en la cúpula de las Naciones Unidas.

En la cumbre de diciembre último en Mar del Plata, Venezuela y Colombia presentaron, por separado, dos candidaturas a la Secretaría General.

“Había una parte positiva”, dijo a este diario un diplomático latinoamericano, que pidió reserva de su nombre. “Al proponer una candidatura en Unasur, Colombia se sentía incluida. Tenía razón Kirchner cuando intuyó que Santos marcaría una diferencia con el gobierno de Alvaro Uribe que él mismo había integrado como ministro de Defensa. Y Unasur demostraba que es un bloque de Estados capaces de articularse, más allá de la orientación política de cada uno.”

En Mar del Plata, Timerman dijo que no había que buscar el reemplazo de Kirchner con una figura de su mismo peso político y a la vez insistió en que la Secretaría General no debía quedar vacante. Planteó entonces la posibilidad de una alternancia de un año para Colombia y un año para Venezuela. Cuando la presidenta brasileña Dilma Rousseff visitó Buenos Aires, el 31 de enero, coincidió con Cristina en que trabajaran juntos Timerman y su colega brasileño, Antonio Patriota. “Estamos de acuerdo en que María Emma Mejía y Alí Rodríguez se alternen un año cada uno en la Secretaría General”, dijo Patriota. “Hay que hablar con todos los cancilleres y buscar el consenso.”

Timerman y Patriota fueron haciendo la ronda de consultas en persona y por teléfono hasta conseguir que no hubiera ninguna bolilla negra. Los ayudó una decisión de Venezuela: Hugo Chávez le hizo saber a Santos en su última cumbre bilateral que estaba dispuesto a resignar el primer turno y postular a Rodríguez para el segundo. Fue un gesto de buena voluntad que terminó de persuadir primero a Perú y después a Chile, los dos gobiernos que junto con el colombiano no integran la mayoría centroizquierdista de Sudamérica.

Así llegó, el viernes último, la decisión de Unasur de formalizar una Secretaría General con alternancia para los próximos dos años que hizo comentar a Rafael Follonier, ex asesor de Kirchner en Unasur: “A Néstor esta solución le hubiera gustado”.

“El reemplazo de Kirchner en la Unasur supone un reto en la medida en que el ex mandatario de la Argentina aprovechó su estatura política para darle peso a un cargo que aparentemente es meramente administrativo”, dijo a Semana el especialista Jairo Libreros. “Muestra de ello fue que Kirchner, mientras estaba en ese cargo, fungió de mediador entre Santos y los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, para la restauración de las relaciones diplomáticas.”

Al comentar el papel de Mejía, Molano dijo que “el rol de los secretarios de organismos multilaterales es administrativo”. Agregó que, “sin embargo, su capacidad de liderazgo lo puede convertir en un pivote de la organización”.

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El delegado de la Presidencia argentina, Rafael Follonier, lo resumió con una frase: “Néstor Kirchner estaría contento”. Fue su comentario a Página/12 tras la decisión de los Estados de Unasur sobre la Secretaría General. La ejercerán, un año cada uno, Colombia y Venezuela.

Los gobiernos acordaron por consenso que ahora asumirá la ex canciller colombiana María Emma Mejía, propuesta por el presidente Juan Manuel Santos, y en 2012 el ministro venezolano Alí Rodríguez, sugerido por Hugo Chávez.

El arreglo fue realizado en Quito en coincidencia con la firma del tratado constitutivo, que oficializa la personería jurídica internacional de Unasur. El bloque representa a 317 millones de personas y está integrado por Surinam (hoy en la presidencia), la Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Guyana.

“Hace pocos meses Venezuela y Colombia estaban enfrentados”, dijo Follonier. “Y ahora no sólo tienen buenas relaciones sino que hasta compartirán la Secretaría General de Unasur por turnos”, explicó.

A cargo de la Unidad Presidenta de la Casa Rosada, Follonier tiene rango de secretario de Estado. En 2009 y 2010 fue uno de los negociadores argentinos para que Kirchner llegara a ocupar la Secretaría General de Unasur. Luego trabajó como uno de los colaboradores de Kirchner en el organismo. En agosto del año pasado Follonier y el actual secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, integraron el equipo que acompañó a Kirchner en la mediación para que Venezuela y Colombia reanudaran el vínculo diplomático que habían roto en julio.

La normalización de relaciones se produjo el 10 de agosto, tres días después de la asunción de la Presidencia de Santos. Tanto la canciller de Santos, María Angela Holguín, como el canciller de Chávez, Nicolás Maduro, participaron de aquellas complejas negociaciones. Ayer, los dos comentaron el episodio en Quito y recordaron la participación activa de Kirchner en la solución. La mediación fue también un resultado de la sintonía fina entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Lula, así como la Secretaría General consecutiva de Colombia y Venezuela es un producto de la sintonía entre Cristina y Dilma Rousseff, jefas de los Estados más grandes del bloque.

Mejía y Rodríguez son del norte de la región, igual que Surinam. Compensarán ahora ese sesgo designando un gabinete asesor que incluirá funcionarios de Sudamérica. Follonier podría integrarlo, dijo a este diario un miembro de la comitiva argentina que formaron también el vicecanciller Alberto D’Alotto y el subsecretario de América latina, Diego Tettamanti.

De 57 años, graduada en Comunicación Social, con experiencia en la BBC y actual conductora del programa de tevé Entérate con María Emma, Mejía no pertenece al Partido Conservador de Santos sino al centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, donde llegó después de abandonar el Partido Liberal de los presidentes César Gaviria y Ernesto Samper. Fue canciller de Samper entre 1996 y 1998.

Alí Rodríguez, de 73 años, es actualmente ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y uno de los principales cuadros políticos del gobierno de Chávez desde su primera victoria electoral en 1998. Fue ministro de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, canciller, embajador en Cuba y secretario general de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

“La designación de Mejía y de Rodríguez para alternarse en la Secretaría General de Unasur demuestra que Kirchner no sólo era imaginativo”, dijo anoche Follonier a Página/12. “También tenía razón cuando se comprometió de lleno en la normalización de los dos países con la idea de que, en Sudamérica, pueden convivir Estados con orientaciones políticas diferentes.”

La vuelta a la normalidad se firmó en Santa Marta, la ciudad del Caribe venezolano donde murió Simón Bolívar, reivindicado como Libertador por Venezuela y Colombia. Desde ese momento, Chávez y Santos intercambiaron embajadores y firmaron 15 acuerdos más. Pero el punto que terminó con las fricciones fue la construcción de confianza mutua basada en dos objetivos paralelos que un gobierno le creyó al otro. Por un lado, Colombia se comprometería más con el resto de Sudamérica y no sólo con Washington. Por otro, Venezuela dejaría de ser sospechada por su presunta connivencia con los guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por primera vez sale a la luz un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica al Mercosur como un organismo “antinorteamericano”. No consta en los archivos públicos ninguna mención en ese sentido por parte de una autoridad del Departamento de Estado. El documento al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el contenido de una reunión de embajadores estadounidenses en el Cono Sur realizada en Río de Janeiro.

Según el texto final del encuentro, la clave que según los Estados Unidos cambia la naturaleza del Mercosur es la decisión de incorporar a Venezuela a los cuatro miembros originales: la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“La entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización”, dice el texto. “Mercosur gradualmente fue transformándose de una unión aduanera imperfecta en una organización más restrictiva y antinorteamericana.”

La reunión se realizó durante dos días, el 8 y el 9 de mayo de 2007 en Río de Janeiro. El cable con el resumen fue clasificado como secreto el 17 de mayo por el número dos de la embajada en Paraguay, Michael J. Fitzpatrick. Su título original es “Conferencia: una perspectiva del Cono Sur sobre la influencia de Chávez”. Participaron los embajadores norteamericanos en Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y el cable agradece los aportes de la embajada en Bolivia.

Casi cuatro años después del encuentro cobra aún más importancia que haya sido un diplomático destinado en Paraguay el encargado de calificar el grado de confidencialidad de la reunión. El protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado en marzo de 2006. Pero hasta hoy no entró en pleno vigor porque un país solo pasa de ser asociado a miembro pleno cuando los Parlamentos de los países que ya son miembros ratifican la decisión de los poderes ejecutivos. Lo único que falta para la entrada de Venezuela es, hoy, la ratificación del Senado paraguayo.

En la última reunión de Mercosur (Foz do Iguaçú en 2010) la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “la incorporación de Venezuela al Mercosur, además de aportar su generosidad, va a ayudar estratégicamente a consolidarnos en uno de los frentes más importantes de este siglo, el energético”. Cristina dijo confiar “en los hermanos de Paraguay”, destacó el Mercosur como un bloque que permitió dejar “atrás una hipótesis absurda como el enfrentamiento entre la Argentina y Brasil” y añadió que el peso de los mercados internos de los países permitió “superar la crisis global más importante desde 1930”.

El atractivo de Chávez

La conclusión final de los embajadores es que “la campaña de Chávez para expandir su influencia en el Cono Sur es multifacética, y descansa en buena medida pero no totalmente en una generosa asistencia energética y en acuerdos de inversión”. Concede que la figura de Chávez puede ser “atractiva para muchos de los desposeídos de la región, que todavía esperan que la globalización les aporte los beneficios del libre comercio y el gobierno verdaderamente democrático”.

Según el cable, “al integrar a Venezuela a las instituciones existentes y al crear nuevos organismos regionales, Chávez busca que el Cono Sur siga esa idea”. ¿Qué resultados habría producido la supuesta campaña del presidente venezolano? “Pocos países han probado ser capaces de resistir el atractivo de la ayuda venezolana y de sus paquetes de inversión.” Para fortuna de los críticos de la integración venezolana, “a la vez que la influencia de Chávez en la región se expandió significativamente, los líderes regionales sospechan de sus motivos y objetivos”. Muchos de esos líderes “coinciden con su mensaje de que el Cono Sur, y sobre todo Sudamérica, deben establecer una identidad separada respecto de la hegemonía norteamericana, pero no se sienten cómodos si son usados”.

Una frase de los embajadores indica el estado del diagnóstico estadounidense: “Los Estados Unidos no pueden esperar que los líderes de la región acudan en nuestra defensa”.

Y después del diagnóstico viene la recomendación: “Necesitamos convencernos de la necesidad de implementar una estrategia transparente para la región”. Sigue así el texto: “Nuestra idea de comunidad de naciones democrática e inclusiva que asegura la perspectiva de un futuro más próspero para sus ciudadanos es la respuesta correcta a Chávez”. Los participantes también pidieron “más herramientas y recursos” para contrarrestar lo que define como “esfuerzos políticos de fisurar la democracia, diseñar estrategias económicas para estrangular el comercio libre, la politización del Mercosur, la expansión de lazos en el área de Defensa y la campaña en los medios de comunicación masivos”.

País por país

Los diplomáticos congregados en Río de Janeiro se manifestaron convencidos de que existe una campaña pública de Chávez y otra clandestina, de suministro de fondos, y analizaron la posición de los gobiernos de Sudamérica en detalle.

En el caso argentino, un dato clave es el hecho de que, según los participantes, “una encuesta realizada en diciembre de 2006 arrojaba que Chávez era popular para el 52 por ciento de los argentinos” y que la imagen de los Estados Unidos no era popular. Al mencionar a Néstor Kirchner, presidente de la Argentina al momento de la reunión, el cable dice que “Kirchner intentó distanciarse públicamente de la posición antinorteamericana de Chávez y trató de mantener la percepción de una línea más independiente para resultar potable al votante medio, pero su estrategia económica claramente busca lazos más estrechos con Chávez en comercio y finanzas y procura posicionarse a sí mismo entre Lula y Chávez en el espectro regional”. En la visión estadounidense, Kirchner intentaba balancear la relación con Chávez. “Esto es evidente en el apoyo de Kirchner y su esposa hacia la comunidad judía de Venezuela y, simultáneamente, que se hayan abstenido de cualquier llamado en favor de la libertad de prensa en el caso de RCTV, por ejemplo.”

“Aunque Kirchner comparte alguna de las posturas izquierdistas de Chávez, es más bien un pragmático”, dice el texto. Y nombra los préstamos por 4200 millones de dólares concedidos a la Argentina.

El cable consigna que “lo que llevó a Brasil a apoyar la admisión de Venezuela en el Mercosur fue la creencia de que Chávez podría ser controlado más fácilmente si estaba dentro del organismo que si se lo dejaba a su propia inspiración fuera de él”. El documento pone en cuestión esa idea con dos ejemplos. Uno, que Chávez alentó a Evo Morales a nacionalizar Petrobras en Bolivia. Otro, que Chávez le disputa protagonismo a Lula en las reuniones de Mercosur.

“Esa fricción brinda una oportunidad”, analiza (y parece esperanzarse) el texto que clasificó Fitzpatrick en 2007. Obviamente se refiere a una oportunidad para los Estados Unidos de erosionar las relaciones del bloque sudamericano.

Sin embargo, cuando Morales nacionalizó el petróleo, nacionalizó también Petrobras, y no solo Petrobras. Brasil se irritó por la ocupación militar de las plantas pero un diálogo entre los dos países solucionó el diferendo.

Tampoco hubo, finalmente, una disputa de protagonismo entre Lula y Chávez, a tal punto que el entonces presidente brasileño siguió impulsando la entrada de Venezuela al Mercosur. El Senado brasileño la ratificó en 2009, con Lula presidente. Y su sucesora, Dilma Rousseff, dijo en enero último en una entrevista con medios argentinos, entre ellos Página/12, que “Venezuela es un gran productor de petróleo y gas”. Opinó que “tiene mucho que ganar entrando al Mercosur, y nosotros con su presencia”. También tocó la cuestión del liderazgo, pero la despersonalizó mientras ponía la cabeza de la región en un plano binacional argentino-brasileño por tamaño y desarrollo económico. “Hasta para los otros países es absolutamente importante que Brasil y la Argentina estén juntos porque no es una relación de hegemonía la que Brasil y la Argentina se proponen en relación con el resto de América latina”, declaró.

En la visión norteamericana de aquel momento, otro tema a seguir de cerca eran los contactos militares venezolanos, y en el caso de Bolivia, los presuntos contactos en el área de Inteligencia.

Incluso Uruguay aparece sospechado, porque según el cable los temas de Seguridad del entonces presidente Tabaré Vázquez los llevaba día a día su hermano Jorge, “un ex miembro de la guerrilla OPR-33”. Vázquez, subsecretario del Interior, habría trabajado según los Estados Unidos con “agentes del servicio secreto reclutados bajo el paraguas de la (central sindical) PIT-CNT, dominada por el Partido Comunista, y entrenados en Caracas y La Habana”.

En verdad, la OPR-33 fue más libertaria que comunista y en la PIT-CNT hay también peso de socialistas y del Movimiento de Participación Popular del ex tupamaro Pepe Mujica. Jorge Vázquez es el mismo que denunció en Uruguay una campaña en su contra. Dijo que había sido falsamente acusado de almacenar armas para Irán en combinación con Venezuela.

Si el Departamento de Estado confiaba en una fisura cada vez más importante entre Venezuela y Brasil para recuperar posiciones en Sudamérica, las posiciones brasileñas parecen desmentir esa ilusión en los hechos y en las ideas. Junto con la caída de las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos se desvaneció la posibilidad de una amenaza norteamericana. “Saben que si quisieran implementarlas, esas sanciones serían ineficaces”, acaba de escribir el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimaraes. Y agrega: “Nuestros verdaderos aliados son los vecinos”.

Pinheiro Guimaraes apunta que hoy Brasil solo exporta el 17 por ciento de su producción a los Estados Unidos. Esa cifra es la que tornaría de cumplimiento imposible una eventual represalia como la que, recuerda el diplomático, Washington empleó en 1987 con las patentes farmacéuticas. Cuando Fernando Collor de Mello asumió como presidente, en 1989, satisfizo en cascada los reclamos norteamericanos, que cuestionaban la Ley de Informática.

El diplomático acaba de escribir unas reflexiones en el prólogo al libro Relaciones BrasilEstados Unidos en el contexto de la globalización: rivalidad emergente, del investigador Luiz Alberto Moniz Bandeira.

Pinheiro Guimaraes fue vicecanciller de Luiz Inácio Lula da Silva y ministro-secretario de Asuntos Estratégicos. A propuesta de Lula, el Mercosur –que el cable publicado en estas páginas define como un organismo “antinorteamericano”– lo designó en diciembre pasado como su Alto Representante con atribuciones de negociar en nombre del bloque, proponer la formulación de estrategias y articular políticas comunes. El secretario del organismo es el argentino Agustín Colombo Sierra.

A continuación, algunos tramos del texto escrito por Pinheiro Guimaraes:

- “Un indicador de la creciente hegemonía política norteamericana es la resurrección del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luego de la asunción de Boris Yeltsin y Alexandre Kozirev, que alinearon la política rusa a la política exterior norteamericana. En la práctica, este alineamiento redundó en la desaparición de los vetos rusos, que pasaron de un total de 118 en el período 1945-1991 a 4 en el período 1992-2009. Como resultado, los Estados Unidos obtuvieron, inclusive sin la oposición de China, apoyo para sus acciones de castigo político, comercial o militar”.

- “En 1988 los gastos militares norteamericanos eran de 533 mil millones de dólares. Entre 1988 y 2009 registraron un aumento acumulado de 10.376 billones de dólares, contra 1683 billones del segundo país en gastos militares, Rusia”.

- “En 1988, la renta per cápita de los ocho principales países desarrollados (los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Australia) era de 18.000 dólares, y la renta media per cápita de los ocho principales países subdesarrollados (China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México, Argentina y Africa del Sur), de 1300 dólares. La diferencia era, en 1988, de 16.700 dólares. En 2008, la renta per cápita media de los ocho países desarrollados alcanzó los 43.000 dólares y la renta media de los ocho principales subdesarrollados llegó a 6000. La diferencia aumentó de 16.700 a 37.000”.

- “Los Estados Unidos detentan la moneda de reserva y de curso internacional, el dólar, y son, sin duda, para los grandes capitalistas, se trate de megaempresas, megabancos, megafondos o individuos de altos intereses, el centro del sistema capitalista internacional y su baluarte. Estos hechos norteamericanos se encuentran, en realidad, entrelazados. La elite norteamericana está absolutamente convencida de que todo lo que pasa en todos los países que integran el sistema internacional es de interés para su sociedad y para su supervivencia”.

- “Brasil atraviesa un momento de su historia en el que las clases populares, conducidas por el Partido de los Trabajadores y por los partidos progresistas bajo el liderazgo del Presidente Lula, iniciaron un proceso de transformación económica, política y social para construir una sociedad democrática de masas. Todavía, a diferencia de los Estados Unidos, Brasil es un país subdesarrollado y está en la periferia del sistema internacional”.

- “Brasil vive un momento de transformación en la naturaleza de la inserción de su sociedad y de su Estado en el sistema internacional. La estructura del comercio exterior se alteró, reduciendo muchísimo la dependencia de la economía brasileña no solo en relación a terceros mercados como en relación a productos específicos. Los flujos de inversión directa extranjera se diversificaron, con un aumento significativo de la participación de capitales de nuevos orígenes. Brasil pasó de deudor a acreedor internacional, acumulando reservas por casi 300 mil millones de dólares, mayores que las de Francia, Inglaterra y Alemania. Brasil pasó a exportar capitales a través de empréstitos e inversiones directas de empresas brasileñas en el exterior”.

- “El presidente José Sarney asumió la Presidencia en un momento delicado de la política brasileña, y fue capaz de conducir la transición de un régimen autoritario hacia un régimen democrático en medio de una pertinaz crisis económica. Garantizó la libertad de prensa, inició un proceso de firme aproximación con la Argentina, base del futuro Mercosur, resistió las presiones para adoptar medidas arbitrarias, convocó la asamblea constituyente, promulgó la Constitución de 1988 y enfrentó, con serenidad, una campaña electoral de gran violencia verbal contra él y su familia. Desempeñó un papel fundamental en transición democrática y apoyó programas estratégicos vitales para Brasil, como los programas nuclear, espacial y cibernético. Al resistir las presiones norteamericanas para desmantelar esos programas contrarió a poderosos intereses, económicos y políticos, nacionales y alienígenos. Tal vez sea ésa la razón del antagonismo sistemático que volcaría contra su persona a sectores de los grandes medios”. (Sarney es presidente provisional del Senado por acuerdo con el PT).

- “Vivimos el momento en que se desarrolla la estrategia de transformar la inserción –política, económica, tecnológica– en el mundo a través de una nueva acción de Brasil en América del Sur, en Africa, en el Cercano Oriente y en los organismos internacionales, frente a las grandes potencias y en la conquista de la autonomía respecto del Fondo Monetario Internacional”.

- “Es necesario, prudente y provechoso mantener las mejores relaciones con las grandes potencias, debido a su importancia en el mundo en general y para Brasil en particular, pero fundándonos en los principios de igualdad soberana, reciprocidad, no intervención y autodeterminación, sin perder de vista que los intereses nacionales brasileños, que son los de un país subdesarrollado a pesar de su extraordinario potencial, no son idénticos a los intereses nacionales de cada una de las grandes potencias en general y, mucho menos, a los intereses la mayor potencia mundial, los Estados Unidos”.

- “(Desarrollamos) Una política altiva, activa, soberana, no intervencionista, no impositiva, no hegemónica, que luche por la paz y por la cooperación política, económica y social, en especial con los países vecinos y hermanos sudamericanos, comenzando por los países socios de Brasil en el Mercosur, a los que nos une un destino común. Con los países de la costa occidental de Africa, también nuestros vecinos. Y con países semejantes: megapoblacionales, megaterritoriales, megadiversos, megaambientales, megaenergéticos, megasubdesarrollados, megadesiguales. Nuestros verdaderos aliados son nuestros vecinos, de aquí y de ultramar, con los que está definitivamente entrelazado nuestro destino político y económico. Nuestros semejantes son los grandes Estados de la periferia”.

De vez en cuando la Argentina consigue una primavera política. Puedo citar el comienzo de tres: la democracia en 1983, la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y el Bicentenario el 25 de mayo de 2010. A Manolo, como le decíamos los amigos a Juan José Canals, lo conocí en la primavera que arrancó en el ‘83. El trabajaba en el Senado con Adolfo Gass y yo escribía en La Razón con Jacobo Timerman. Manolo se murió el miércoles a la noche, a los 61. Ahora, entonces, puedo confesarlo: además de un amigo, fue una gran fuente. O, para decirlo sin jerga de redacción, un tipo confiable al que consulté muchísimo.

Nacido en San Nicolás, Manolo era empleado y dirigente sindical combativo en Villa Constitución, el corazón metalúrgico de Santa Fe, cuando entre marzo y mayo de 1975 la ciudad entera sufrió la represión articulada por grupos de choque de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, el lopezreguismo, el Ejército, las fuerzas de seguridad y la empresa Acindar, que a fines de ese año llegaría a montar un campo de concentración en la planta. Manolo quedó preso a disposición del Poder Ejecutivo y después pudo salir del país. En Venezuela conoció a Gass, que en 1983 fue electo senador y lo llevó a trabajar al Senado. Empezó de asesor y terminó ocupando la Secretaría y la Prosecretaría parlamentarias. Un rango equivalente al de viceministro que requiere arte y paciencia, dos cualidades que compartía con un amigo entrañable de los dos, el Gordo Simón Lázara.

Manolo tuvo arte, paciencia y un rigor extremo. Era absolutamente leal al trabajo bien hecho. No importaba quién era el jefe. Si radical o peronista. Pero no trabajaba para el jefe como un soldado, sino como un funcionario con enorme vocación pública. Con devoción por Raúl Alfonsín y respeto por Cristina Kirchner, que lo conoció bien, Manolo era un tipo políticamente fino, que leía con sutileza las fuerzas en pugna en cada momento, conocía como nadie el reflejo de esa pugna en el Senado, manejaba la mecánica parlamentaria y sabía cómo funcionaba un monstruo invisible: el aparato. Como, además de no ser soldado, tampoco era mafioso, en 1999 la Alianza lo desplazó para consagrar a Mario Pontaquarto, un hombre de la Dirección de Asistencia Social, la poderosa DAS del Congreso. Es decir, del aparato. Pontaquarto terminaría siendo el puente de plata entre el radical José Genoud y el peronista Augusto Alasino cuando el gobierno de Fernando de la Rúa coimeó senadores para aprobar la flexibilización laboral. El puente, como se sabe, confesó haberlo sido, y la gran intriga ahora es si cuando se sustancie el juicio oral será el chivo expiatorio o habrá pruebas suficientes contra los senadores involucrados.

Esos días consulté mucho a Manolo para las notas de Página/12 y para el libro que publiqué en caliente, El divorcio, que llevaba como subtítulo “La historia secreta de la ruptura entre Chacho y De la Rúa, las coimas en el Senado y la crisis en la Alianza”. Nunca se aprovechó de nuestra confianza para inducirme a crucificar a nadie con datos falsos. Ni tonto ni cruzado: en el 2000 ya llevaba 17 años entre zorros y a la vez tenía muy claro que las coimas en el Senado eran la coronación de un feudo que había arrancado con la DAS. Y otra cosa: estaba convencido de que los sobornos indicaban un límite que la democracia no debía pasar.

Con su estilo didáctico y su sonrisa de siempre, Manolo le había pintado el cuadro del poder real en el Senado a Chacho Alvarez antes de que éste asumiera, como vicepresidente de la Nación, la jefatura del cuerpo. Alvarez le caía bien, pero Manolo opinaba que no le había dado suficiente importancia al tema y pensaba que, en política, no se puede subestimar el peso de ninguna estructura, sobre todo cuando tiene capacidad de supervivencia y daño.

Cuando murió Alfonsín, el 31 de marzo de 2009, fue Manolo el encargado de organizar el velatorio del ex presidente en el Congreso. Tuvo el equilibrio suficiente como para respetar los deseos de la familia y los pedidos del radicalismo y, al mismo tiempo, estar atento por si la Presidenta, en ese momento fuera del país, lograba adelantar su vuelta.

Dos años después, ayer, fue Manolo el homenajeado. Acaso en la mayor coincidencia parlamentaria de los últimos tiempos, lo despidieron el jefe del bloque radical Gerardo Morales, el jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, y el presidente del Senado, Julio Cobos. “Era una institución”, dijo Morales. “Un hombre de la democracia y, fundamentalmente, de la República.” También rescató “el oficio, la experiencia y las convicciones” de Manolo. Pichetto lo definió como “un hombre que siempre hizo importantes aportes en la búsqueda del entendimiento y de las soluciones”. Y agregó, poniendo un matiz que no suele formar parte de la frase hecha, que “era un hombre con códigos, con buenos códigos, que irradiaba respeto”. Cobos le elogió “la preparación, la buena voluntad y la total transparencia”.

Cualquiera diría, por esas coincidencias, que se murió un moderado. Error. Manolo distaba de serlo. Sólo era un político consciente de lo que tenía entre manos, sabía que no era propiedad privada y administraba ese poder de manera muy responsable.

Pero, más allá de las instituciones, es difícil olvidar su voz juguetona empezando siempre una conversación con la misma frase: “¿Cómo estás, querido?”. Y también qué me contestó el día que le pregunté cómo le gustaría figurar en el libro. “Con un apodo”, me dijo. “Vos poné Morpión.” Busqué la palabra. Descubrí que era del francés. Así se llaman un islote del Caribe y un juego. Y la traducción al castellano es “ladilla”. Cuando le pregunté a Manolo por qué Morpión, el turro se mató de risa.

La ILEA, sigla en inglés de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley sobre la que polemizaron en los últimos días el canciller Héctor Timerman y altos funcionarios del gobierno porteño, se instaló en El Salvador en 2005 luego del rechazo de Costa Rica a que operase en su territorio e incluso legisladores norteamericanos propusieron quitarle los fondos. Al ser consultado por Página/12, el canciller Héctor Timerman dijo que “la Cancillería quiere revisar y evaluar de acuerdo con la Constitución qué convenios fueron firmados, quiénes participan en los cursos de entrenamiento y en qué consisten esos cursos”.

Impulsada por el ex presidente Bill Clinton y puesta en funcionamiento por su sucesor, George Bush hijo, la ILEA recaló en El Salvador luego de una gran polémica en Costa Rica. Aún no había llegado al gobierno el actual presidente, el periodista Carlos Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El primer mandatario que pactó con George W. Bush fue Antonio Saca González, de la Arena, Alianza Republicana Nacionalista, ubicada en la extrema derecha del espectro político. Varios de los cuadros de Arena habían surgido de la represión en la guerra civil. Walter Navarro, director general de la Fuerza Pública, había sido directivo durante dos años de la Escuela de las Américas, que ya no existe más y fue conocida como un centro de entrenamiento de futuros dictadores y violadores a los derechos humanos en América latina. A esa vieja escuela que ya no existe se refirió el canciller argentino cuando habló de torturas en la polémica de la semana pasada.

Dentro de los Estados Unidos también hubo una discusión importante incluso cuando la academia ya estaba en funcionamiento. El demócrata James McGovern, de Massachusetts, consiguió el apoyo de un nutrido grupo de representantes (diputados) para cortar el financiamiento de la ILEA. McGovern es un legislador habitualmente preocupado por temas de derechos humanos y en estos días se muestra muy activo en la defensa de la reforma al sistema de salud impulsada por el presidente Barack Obama el año pasado y rechazada por los republicanos.

En la polémica costarricense que terminó con la negativa del gobierno fue clave la posición del Colegio de Abogados de ese país, que se preocupó porque los planes de estudio, la designación de profesores, de los directores y de los estudiantes “no van a estar en manos de autoridades” de Costa Rica.

En el documento más extenso sobre el tema, el Colegio de Abogados de Costa Rica señaló en 2003 estos puntos:

• “Es inconveniente dotar de status diplomático, inmunidades y exoneración de impuestos a grupos que, como castas militares, residirán y se entrenarán en nuestro país”.

• “Son inadmisibles acuerdos bilaterales con impacto regional en momentos en que el mundo procura el fortalecimiento de la institucionalidad y de la legalidad internacionales (seriamente dañadas en los últimos tiempos), así como fortalecer las iniciativas para una justicia universal a través de instancias y tribunales multinacionales”.

• “Existen evidentes riesgos de colocar a Costa Rica en el centro de cruzadas o guerras declaradas, bajo el pretexto de combatir ciertas formas de criminalidad que pueden llevarnos a una total inseguridad y desestabilización institucional e incluso a convertirnos en objeto de atentados terroristas”.

• “Se hace un llamado a las señoras y señores diputados para mantener la esencia pacífica, democrática y civilista de nuestro país. El prestigio de que gozamos en el concierto de naciones se debe a la instalación en nuestro territorio de instituciones internacionales que cultivan la paz universal, la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos o el desarrollo económico y social”.

Ante la consulta de Página/12 sobre qué criterio se propone tomar el Poder Ejecutivo frente a acuerdos o convenios de provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, el canciller dijo que se atendría al artículo 124 de la Constitución nacional.

El artículo 124 reza textualmente que las provincias “podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación”. Agrega que esos convenios deben contar con el conocimiento del Congreso Nacional y que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto”.

“Está en la lógica de las facultades del Poder Ejecutivo, y por ende de la Cancillería, saber quién va, conocer en detalle qué cursos se dictan y determinar si cada una de esas acciones es compatible con la política exterior del Estado argentino y con la Constitución y los tratados internacionales vigentes”, dijo Timerman. Y agregó: “De todos modos, mi opinión es que si al estudiar cada ítem de los que mencionó la conclusión es positiva, a la Argentina le conviene pagar por un curso”. Añadió que “no se trata de una simple cuestión presupuestaria sino de criterio a seguir por el Estado”.

Cuando Costa Rica rechazó la instalación de ILEA en su territorio, Katherine Tarker, del Consejo de Asuntos Hemisféricos, una organización no gubernamental que estudia las relaciones entre los Estados Unidos y América latina, dijo: “Washington decidió juntar las bolitas y volverse a su casa antes de aceptar los criterios para que hubiera transparencia”. En rigor, al final no fue así. El juego se trasladó a El Salvador por acuerdo entre Bush y los gobernantes de Arena, el Congreso salvadoreño aprobó la instalación de la academia por un voto dividido de 48 a 40 y en 2005 la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice pudo anunciar la apertura de ILEA a los delegados ante la Organización de los Estados Americanos.

Bush había conseguido en El Salvador una ventaja que los Estados Unidos suelen reclamar para sus movimientos internacionales: inmunidad de sus funcionarios ante eventuales acusaciones internacionales que operen, por ejemplo, dentro del marco de la Justicia universal, es decir la que surge de las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas y establecen que investigar la verdad y juzgar no es sólo un derecho sino una obligación de los Estados aun con ciudadanos de otros Estados.