Página#12 Libre

Doble discurso

Por Gonzalo Ruanova *

Hace unos días, el Mauricio Macri que sueña ser estadista, tras fomentar el documento de defensa de la democracia, llamó a la oposición a unirse tras los principios republicanos e institucionales.

Hace unas horas, el Mauricio Macri que nombró al Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana firmó un decreto de necesidad y urgencia para sancionar con hasta penas privativas de la libertad los derechos a manifestarse y a peticionar.

Mauricio Macri ha demostrado que su discurso elegante de las formas republicanas y el respeto institucional es la máscara con la que esconde su verdadera vocación de poder: defender los intereses de los sectores más poderosos y concentrados. Apelar a las formas es una vieja estrategia del conservadurismo, cuando se trata de mantener el statu quo. Sin embargo, a lo que Macri nos tiene acostumbrados es al doble discurso. Mientras firma cuanto documento anda dando vuelta en pro de la defensa de la república y la democracia –para él en su peor momento desde 1983– utiliza una herramienta que no se ha cansado de criticar como los decretos de necesidad y urgencia.

La apelación a las formas es una cáscara vacía cuando su gobierno ha vetado en poco más de tres años 76 leyes aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, la mayoría de ellas aprobadas incluso con los votos de su propio bloque.

Es cierto que la política es defender intereses y derechos. Es legítimo que Macri prefiera defender, como lo ha hecho hasta ahora, los intereses de los más poderosos, en detrimento de los derechos de la ciudadanía. También es legítimo que ante ciertas circunstancias utilice el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. Pero lo que también es cierto es que una medida que atenta contra los derechos más básicos, que crea figuras penales con penas privativas de la libertad mediante una herramienta creada para ser utilizada en casos excepcionales, es inconstitucional, viola normas internacionales, pasa por encima de la jurisprudencia.

La imposición de sanciones tan graves de manera arbitraria, mediante un decreto, es la muestra más fehaciente de que el discurso de la defensa institucional sólo sirve, en sus manos, para construir una sociedad más injusta, más autoritaria y en la que los derechos de los ciudadanos se ven seriamente afectados.

* Legislador porteño. Nuevo Encuentro.

El caso de las escuchas ilegales en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha llegado a instancias judiciales decisivas. Pese a que no es una situación normal que un jefe de Gobierno sea llamado a presentarse ante la Justicia, la cuestión no debe reducirse a las instancias judiciales.

La responsabilidad política de Mauricio Macri es consecuencia de una serie de desaciertos que comenzaron cuando decidió dejar en manos del cuestionado Fino Palacios la Policía Metropolitana. Pese a las denuncias que lo llevaron a la cárcel, el gobierno de la ciudad ha mantenido en sus cargos a toda la plana mayor de la Policía Metropolitana que nombró Palacios. Y esto es consecuencia, al menos, de la falta de reacción de un gobierno que no ha actuado de conformidad con la gravedad de la situación. Que dentro de las estructuras del Estado de la ciudad se arme un equipo de espías no es responsabilidad de Ciro James ni del Fino Palacios. Si Mauricio Macri no tiene nada que ver, quedará demostrada su incapacidad y la debilidad del Estado que comanda para combatir la corrupción interna.

Un Estado que se construye, insiste y funciona, de manera adaptada, con estructuras cuyos responsables son personas comprometidas con el tipo de delitos por los que están siendo juzgados Palacios, James o Miguel Angel Colombo, deja de ser un Estado democratizado y corre serios riesgos de dejar a quienes debe proteger a merced del peligro y la inseguridad que él mismo genera.

El rol de víctima que ha adoptado Macri no ayuda a esclarecer los hechos y es un tímido intento de defensa que resulta poco creíble.

Desde la Legislatura de la ciudad tenemos la responsabilidad de realizar un seguimiento de la cuestión, con la prudencia necesaria, pero con la firmeza para que no se transforme en impunidad.

* Legislador porteño de Nuevo Encuentro.

Si algo veníamos advirtiendo respecto del armado de la Policía Metropolitana desde la sanción de la ley que la creara, y el enfoque por parte del gobierno de Macri de la problemática de la seguridad, es un tríptico de situaciones capaces, no sólo de malograr iniciativas al respecto, necesarias frente a una demanda insoslayable sino, también, de preanunciar un final de la historia poco feliz.

La improvisación en la gestión; la puja por el poder en la futura policía, de espaldas a la sociedad, y el error de análisis sobre el problema (¿ingenuo o intencionado?) se combinan en un cóctel carente de respuestas y peligroso.

Si bien el disparador por estos días, que abrirá el cuestionamiento a Macri sobre su política de seguridad, será el controvertido nombramiento cuatro días después de los comicios del ex comisario federal Jorge “Fino” Palacios, el mismo se conjuga, con la reiterada declaración de su ministro Montenegro en la que expresa que los 750 nuevos policías que la ciudad tendría hacia fin de año (ya se ha postergado este lanzamiento en reiteradas oportunidades) “trabajarán en lo que refiere al tránsito en zonas complejas como asentamientos o villas precarias, y... en cuestiones como desalojos”.

Es cierto que nos ha sido difícil vislumbrar durante la reciente campaña electoral las propuestas que tenían los candidatos (Michetti a la cabeza), y el gobierno del PRO en materia de seguridad ciudadana, pero por lo menos la puesta sobre la mesa de discusión de algunas de estas ideas, que alternan entre la “mala fotocopia” de una fracasada fuerza policial y la dubitativa planificación que se queda en el cuidado del tránsito y la intervención en desalojos, habrían desnudado lo lejos que están las mismas de las expectativas que el ciudadano de Buenos Aires tiene respecto de las políticas de seguridad a adoptar por un Estado presente.

El nombramiento del Fino Palacios, sin dejar de preocupar, forma parte de un entramado de pelea por los espacios de poder, que la nueva policía abre. En este caso, la posibilidad histórica y fundacional de armar una fuerza policial lejana de los viejos paradigmas de sus antecedentes locales, integrada al poder político civil, eficiente y de cercanía barrial será de antemano abortada.

Pero, al mismo tiempo, la incapacidad para generar herramientas que la acompañen en la prevención del delito, el menosprecio del análisis científico de la información para combatirlo, y el definitivo archivo de la participación y el control ciudadano, en las políticas de seguridad llevadas a cabo por el gobierno de Macri, profundizan aún más el problema, y el acierto en las respuestas complejas y adecuadas para un problema complejo resulta una quimera.

Será difícil llevarlo a cabo con esta policía que se está creando, pero la agenda que deberá restaurarse en materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires deberá incluir, de manera más seria y sostenida, el control del espacio público, la prevención del delito, el fortalecimiento de la Justicia, la promoción de la inclusión social, sin que todo esto sea vaciado de contenido y tapado por los nombres propios que hoy nos avergüenzan.

* Legislador porteño, bloque Espacio Plural.