Página#12 Libre

La ley nacional de bosques (formalmente Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial –por ley– en sus zonas boscosas. Otorgaba un año, hasta el 28 de noviembre de 2008, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma nacional, que establece el piso mínimo de protección de bosques, destaca que el mapeo debe contar con la imprescindible participación de organizaciones sociales (ambientales, campesinas e indígenas).

En Córdoba la ley estuvo muy demorada. Recién un año después de la norma nacional, la Secretaría de Ambiente convocó a la conformación del espacio encargado de proponer, debatir y consensuar la ley provincia: la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por universidades, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez-CRA), actor fuerte de la Mesa de Enlace en Córdoba, abandonó la Cotbn al poco tiempo, cuando confirmó que no podría imponer su mirada productivista, y comenzó a gestar un proyecto junto al Ministerio de Agricultura y legisladores afines a los agronegocios.

La Cotbn realizó siete talleres participativos en diferentes regiones de la provincia, presentó el proyecto de ley en audiencia pública (como solicita la legislación nacional) y lo elevó a la Secretaría de Ambiente, que demoró cuatro meses en enviarlo a la legislatura provincial. “Ambiente espero, de manera arbitraria, tanto tiempo para que Cartez presentara su proyecto, y elevar a la Comisión de Asuntos Ecológicos ambos proyectos”, explicó Fernando Barri, biólogo miembro de la Cotbn.

La Comisión de Asuntos Ecológicos convocó a rondas de consultas, donde participaron campesinos e investigadores, donde se hizo hincapié en los argumentos técnicos, sociales y jurídicos de ambos proyectos. Dejó de lado el proyecto del sector ruralista (no se explicó el motivo, pero dejaron trascender que era contrario a la ley nacional) y tomaron como base el proyecto de la comisión oficial. Luego de ocho meses de debate en la Legislatura, y casi tres años de sancionada la ley nacional, los legisladores presentaron el proyecto en la cámara provincial. Un día antes del tratamiento legislativo, el 3 de agosto, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto que nunca había pasado por la Cotbn ni la Comisión de Asuntos Ecológicos. Fue votado en la madrugada del 5 de agosto por el oficialismo (peronismo bajo el paraguas de Unión por Córdoba) y UCR. Los bloques que no votaron la ley fueron Concertación Plural, Frente para la Victoria, ARI, Izquierda Unida. El Frente Cívico, que comanda Luis Juez, votó dividido ambas posturas. Fueron 57 votos contra once.

Mario Barcena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), resumió: “Gran parte de la clase política y el gobierno provincial fueron permeables a la Mesa de Enlace, sojeros y ganaderos, grandes terratenientes. Se impidió contar con una ley que defienda el bosque y el ambiente de la provincia”.

Ese mismo día la Ley 9814 fue bautizada “ley del desmonte”.

Córdoba es una de las provincias pilares del modelo sojero. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre territorios que se destinaban a la ganadería. Consecuencia: los ganaderos comenzaron a buscar nuevas parcelas. La olvidada región norte de la provincia, zona de sequías y población campesina ancestral, comenzó a ser preciada por los empresarios. Lo reconocieron a este diario todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Ambiente hasta ruralistas. El eslabón más débil, la familia campesina que vivió y trabajó por generaciones en la misma tierra, comenzó a conocer de desalojos, cada vez más seguidos y violentos.

El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), referente en denunciar los efectos sociales y ambientales del modelo de agronegocios, llama la atención. “Con esta ley de bosques se multiplicarán los conflictos. Las corporaciones agrarias Cartez-CRA y Federación Agraria, junto a sus amigos de los agronegocios transnacionales, redoblaran las presiones sobre los últimos bosques y sobre las comunidades campesinas ancestrales”, afirmó Mario Barcena del MCC.

La familia Olivera, en el paraje norteño de La Penca, vive desde hace cien años en la misma tierra. En 2004 fueron sorprendidos por topadoras que arrasaban la chacra familiar. Las dos mujeres de la familia, Lucía y Verónica, frenaron la máquina. Luego se sumaron los hombres, que expulsaron a empresarios sojeros que pretendían el territorio ancestral. Se repitió la historia del monte campesino: familias con posesión veinteañal, protegidas por ley, frente a privados que dicen comprar tierras con personas dentro.

El caso llegó a la Justicia. Y la Cámara Penal de Deán Funes (integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz) culpó a la familia Olivera de usurpar el campo en el que vivió por cien años. En junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo. El desalojo es inminente. La Unión Campesina del Norte (UCAN-MCC) promete resistir.

Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Estudiaron el avance del cultivo de soja sobre el norte provincial y confirmaron la concentración de la tierra. El relevamiento sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demuestra que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas, como la de la familia campesina Olivera, fueron absorbidas por grandes propietarios.

Desde Esquel, Chubut

Empresas mineras, compañías de hidrocarburos, negocios inmobiliarios que avanzan sobre bosques nativos, monocultivo de árboles, estancieros que cierran los caminos a los lagos, intentos de instalar represas con desalojos a cuestas y, como novedad, agrocombustibles. Todas las actividades, cada una con diversos cuestionamientos socioambientales, están presentes en las provincias del sur del país. “Se logró una mayor articulación entre las distintas luchas que damos en la Patagonia, se planificaron acciones conjuntas y más que nunca sabemos que la lucha es una sola”, explicaron desde la organización del XII Encuentro Unión Asambleas Ciudadanas (UAC), que durante tres días reunió a organizaciones sociales y activistas de todo el país. Entre las conclusiones se destacaron la mayor articulación entre las asambleas de todo país y la visibilidad de un cuestionado proyecto minero en el centro de Chubut. El próximo encuentro, espacio que reúne a buena parte de las luchas del país, será en Santiago del Estero.

Ayer fue momento del plenario de cierre, donde el debate giró sobre la organización interna de la UAC, las estrategias de lucha y los pasos a seguir. Además de las acciones de cada región, las asambleas de todo el país participarán, junto a pueblos indígenas, de un acampe frente al Congreso nacional, repudiando los actos oficiales que celebran el Bicentenario. “Habrá independencia real cuando empresas como Barrick, Monsanto o Repsol, sólo por nombrar a algunas, dejen de saquear el país”, graficó Juan Nicastro, de la Comisión de Comunicación de la UAC.

En el plenario de cierre también se explicitó el apoyo y acompañamiento al plebiscito de mayo en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, donde la población decidirá si acepta o rechaza un megaemprendimiento minero. En el mismo sentido, durante todo el encuentro se tomó a Andalgalá como “modelo del saqueo y la contaminación”, en referencia a Minera Alumbrera, el yacimiento de cobre y oro más antiguo del país. Y también se tomó como caso emblemático, en este caso de violación de derechos humanos y represión del Estado, a lo que padece la comunidad mapuche Paichil Antriao, de Villa La Angostura. En 1902 había recibido tierras de manos del propio Estado nacional, pero políticas estatales permitieron que los privados avanzaran sobre su territorio hasta el límite actual de querer echarlos de las últimas parcelas que poseen, además del hostigamiento y represión policial constante.

Las AC también avanzaron en acciones para replicar la creciente judicialización de la protesta y se alertó sobre las diferentes estrategias de las empresas, que –según se denunció– están estudiando el accionar de las asambleas para así poder contrarrestar los focos de resistencia.

“Sin duda es un paso más en el fortalecimiento de la UAC a nivel nacional; con nuevos integrantes, podemos afirmar que nos vamos de Esquel con más fuerza. En lo particular, es impresionante cómo tomó fuerza lo que sucede en la meseta de Chubut, donde las comunidades están de pie frente al avance de la minería”, explicó Alejandro Yanniello, integrante de la Asociación Piuké e integrante de la UAC.

El proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Pan American Silver, estuvo presente en diversos momentos del encuentro. Se trata de un yacimiento acusado de avanzar sobre territorio indígena y violar leyes nacionales y tratados internacionales, y que cuenta con uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar. Implicará un gigantesco uso de agua en una zona desértica donde el líquido es el bien más escaso.

Entre los numerosos pobladores originarios estuvo presente la comunidad mapuche Lefimi, que vivió por más de cien años en Taquetrén, pleno desierto de Chubut, zona cercana al cuestionado proyecto minero. La comunidad fue estafada en la década del ’80 por un empresario local, que se quedó con sus 10 mil hectáreas. El diciembre de 2009, la comunidad volvió a su tierra ancestral, recuperó 6 mil hectáreas, desoyó al mismo empresario que había desalojado a sus ancestros y enfrentó a Pan American Silver.

“Hace años que queríamos volver a nuestra tierra. Intentamos hablar con el gobierno, pero nadie nos atendió. Todos los abogados decían que la estafa había sido hace mucho tiempo. Nos cansamos de mendigar y decidimos volver”, explica paciente Germán Lefimi, respaldado por tratados internacionales (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas. “Cuando usted ya conoció la pobreza, el hambre y la explotación de peón de estancia, ya no tiene miedo ni al juez ni a las mineras; no los dejaremos pasar, primero está la vida, luego los negocios”, reflexiona con voz firme.

“Vivimos por generaciones en el mismo lugar, sin hacer mal a nadie. Nunca necesitamos oro o plata para vivir dignamente, ¿por qué vamos a querer ahora que una empresa arruine nuestra tierra, nos arruine la poca agua que hay? No la dejaremos”, advierte y, a pesar del gesto adusto, sonríe: “Recuperar nuestra tierra en las narices de la minera es un puñadito de justicia”.

“Agua Rica es la mina de la muerte porque matará los ríos y sabemos que sin agua no hay vida. De funcionar Agua Rica, morirá el pueblo, podrán hacer Pilciao 16 y todo lo que quieran”, explicó Graciela Chayle, de la Asamblea Vecinos por la Vida. El yacimiento se encuentra momentáneamente detenido (luego de la dura represión de febrero pasado), pero cuenta con la aprobación de la provincia. El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el próximo 25 de mayo, si acepta o rechaza el emprendimiento. Los gobiernos provincial y municipal ya adelantaron su rechazo a la medida y la declararon inconstitucional. Desde Yamana Gold (a cargo de Agua Rica), coincidieron con la postura de la provincia, advirtieron que la compañía se sujetará a la ley y rechazó las acusaciones sobre el uso masivo de agua.

En diciembre pasado, los Vecinos por la Vida resolvieron cortar el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo (tomaron el nombre del árbol que les daba cobijo en las noches), que fue duramente reprimida el 15 de febrero pasado por la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica.

A la represión le siguieron la movilización, el reclamo y el escrache. Al día siguiente, y motivado por “la alteración de la paz social y porque se han visto comprometida la seguridad de las personas y bienes”, el juez de Minas Guillermo Cerda suspendió la actividad de Agua Rica “hasta que esta situación se encarrile dentro de la normalidad”.

El titular de Yamana Gold, Hernán Vera, señaló a Página/12 que no puede “ni afirmar ni negar que hubo represión” y sí resaltó que “destruyeron las oficinas de la empresa, la Municipalidad y los empleados de la compañía tuvieron que huir de la ciudad con sus familias por temor a la violencia desatada”.

El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante el 25 de mayo para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica. El intendente José Perea –que rechazó hablar con este diario– debe promulgar o vetar la medida. En caso de vetarla, los concejales pueden tratarla nuevamente. “Si no hace nada, vencido los diez días, se autopromulga”, explicó el concejal Alejandro Páez.

El secretario de Minería, José Sinner, salió al cruce. Denunció que el referéndum “es ilegal” porque “el municipio no tiene competencia para poner en el debate el tema” y recordó que los recursos mineros son de la provincia. Vera consideró “inconstitucional” la medida y resaltó que Agua Rica ya fue aprobada.

Tampoco se mantuvo al margen la Secretaría de Minería de Nación. El lunes 15 de marzo fueron convocados los siete concejales por el secretario Jorge Mayoral. Tres de ellos –Alejandro Páez, Edgardo Bernal y Jorge Ramos–- propusieron concurrir con un vecino como asesor, pero se les denegó la propuesta. “Desde Nación nos advirtieron que la explotación de Agua Rica es un hecho. Nosotros creemos que el pueblo debe decidir”, explicó Páez. Este diario llamó a la Secretaría de Minería de Nación, no quisieron hablar sobre el tema pero confirmaron que cuatro concejales de Andalgalá estuvieron reunidos en esa dependencia.

La Asamblea Vecinos por la Vida no rechaza el plebiscito, pero tampoco lo considera su mejor carta. “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”, afirman. En el sitio de Internet de la Secretaría de Minería de Catamarca aún hoy puede leerse: “Agua Rica: La gran esperanza”.

La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.

El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.

En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.

Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.

Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.

Alexis Cabral, de 8 años, padecía alergias constantes y era dependiente de un inhalador para poder sobreponerse de los ahogos. Vivía frente al campo de soja denunciado. Desde hace un año, coincidentemente con el cese de las fumigaciones, Alexis no padece ningún síntoma y dejó el inhalador. No hay estudios científicos que demuestren la directa relación, pero los vecinos del barrio Urquiza de San Jorge no creen que sea una casualidad. El reciente fallo de la Justicia de Santa Fe también es innovador en ese sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.

“En casos controvertidos científicamente, se torna muy relevante considerar las ‘historias de vida’, las ‘experiencias’, los ‘saberes y conocimientos’ de quienes viven cotidianamente expuestos al riesgo de que se trate, en este caso los agroquímicos. Es necesario revalorizar ‘el sentido común’ debido a que la ciencia no puede responder a todos los interrogantes”, reclama la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial (Sala II).

El fallo resalta también la importancia de los médicos rurales: “(Son) un grupo de personas que no integran el llamado ‘sistema científico oficial’ y han efectuado estudios relevantes desde hace años”.

En cuanto a los miembros de la comunidad científica que estudiaron los efectos de los agroquímicos y alertaron sobre su uso, señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-Conicet), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-Conicet), que el año pasado detectó malformación en embriones anfibios, alertó a la opinión pública y fue duramente atacado por las cámaras empresarias del sector.

Los jueces santafesinos recuerdan como antecedente el decreto presidencial que creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, donde intervenieron los ministerios de Ciencia, Salud, Agricultura, el INTA y el Conicet. “El informe recibió multiplicadas críticas por parte de especialistas (...) Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes”, afirmó el reciente fallo.

La Justicia señaló que los principales sostenedores de la inocuidad de los agroquímicos son las cámaras empresarias y la Asociación Productora de Siembra Directa. Reconoce que la OMS y la FAO clasifican al glifosato dentro de una categoría de bajo riesgo, pero cita a la bióloga de la UBA Lilian Joensen: “Las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes sino que se trata de revisiones de estudios hechos por las empresas mismas”.

San Jorge está ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial y se la conoce como la “capital de la industria alimenticia”, por su pasado con gran variedad de cultivos. El barrio Urquiza está en las afueras de la ciudad, de casas aún sin terminar y frente a campos de monocultivo. “La incapacidad práctica del Estado para evitar que los plaguicidas lleguen hasta las personas sólo puede morigerarse con la fijación de prohibiciones totales de todo tipo de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas”, afirmó en su presentación la abogada Gabriela Ferrer, patrocinadora de la denuncia inicial en marzo de 2009. “Estamos felices. Los nenes ya no se enferman. No hay más problemas respiratorios, sólo un poco de moco cuando los nenes toman frío”, explicó Viviana Peralta, la impulsora de la demanda que acabar de quedar firme.

A inicios de 2009 Ailén tenía sólo dos años pero ya conocía los efectos de las fumigaciones sojeras. Cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agroquímicos. Desde ese momento, cada fumigación era un camino directo al hospital, y todos los días recibía un cóctel de medicamentos para poder respirar. Su casa estaba a diez metros de campos de soja. Fue entonces cuando el juez Tristán Martínez prohibió las fumigaciones con glifosato, en marzo de 2009, en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio se hicieran eco de la Ley 11.273 y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agrotóxicos. La medida privilegiaba la salud por sobre la actividad económica, y cargaba las responsabilidades sobre los productores, a la Municipalidad de San Jorge y el Ministerio de Producción provincial.

La Ley 11.273 regula el uso de agroquímicos, pero no fija límites para las fumigaciones. Otorga esa facultad a los intendentes y presidentes comunales. Aunque la ley fue sancionada en 1995, la gran mayoría de los municipios aún no establecieron las áreas fumigables.

La presión de los pobladores afectados, y el avance de la frontera agropecuaria, impuso que la legislatura provincial modificara la norma, y fijara límites claros. La Comisión de Medio Ambiente determinó un piso de 300 metros, pero –cuando ya estaba vigente el fallo de primera instancia, en octubre pasado– la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados provincial votó un dictamen en el que se habilitan fumigaciones terrestres con glifosato a sólo 100 metros de las viviendas. El dictamen se encuentra en Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo tiene mayoría.

“Diputados provinciales en contra de la salud de la población”, fue el título del comunicado de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), que denunció que en la Cámara de Diputados “se comprueba la incidencia notable de los grupos empresariales asociados a los pooles de siembra. Las decisiones gubermantales se rigen con un criterio exclusivamente productivista por sobre la salud y el ambiente de los santafesinos”.

Con la sentencia ya firme, las organizaciones sociales piden la adecuación de la ley a lo dictado por la Justicia.

“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.” Fue la inverosímil y aplaudida acusación del empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), referente de la Sociedad Rural, el viernes 4 de septiembre, ante un auditorio de estancieros, empresarios y familias tradicionales. Una semana antes, cien policías habían reprimido ferozmente a la comunidad mapuche Currumil–Quillén, quemado sus rucas (casas) y destruido sus herramientas. El “crimen” de la comunidad había sido recuperar un campo de invernada. La Sociedad Rural, insatisfecha por lo que entendió un endeble accionar policial, exigió una reacción más enérgica. En la misma sintonía, tres reconocidos abogados de Buenos Aires pidieron a la Justicia de Neuquén que accione contra el pueblo mapuche, que leyó el pedido como la antesala de “represión y mano dura”. Los letrados cuentan con un currículum acorde: defensor de represores de la dictadura, planificador del desguace del Estado durante el menemismo y ministro de Justicia durante la Masacre de Puente Pueyrredón.

Las relaciones entre el pueblo mapuche y las corporaciones empresarias nunca fueron buenas. Y el último año tuvieron una escalada. Las comunidades indígenas de Neuquén comprobaron que sus tradicionales campos de veranada habían sido alambrados por estancieros y alertaron que el gobierno provincial, mediante la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), había avanzado con monocultivo de pino sobre territorio indígena.

En ese contexto, la Confederación Mapuche explicó en un comunicado que las recuperaciones son “actos de estricta justicia” en el marco de décadas de ser testigos pasivos y donde padecieron robos de tierras ancestrales. “Un sector privilegiado de la región y ligado al poder político se apropió de tierras, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia”, denunció la organización.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la provincia desde hace 47 años (1962), donde siempre tuvo como protagonismo el clan Sapag. El MPN es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales, todas industrias que chocan de lleno con el desarrollo de pueblos indígenas.

“Son 32 las causas penales en proceso en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del pueblo mapuche. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos”, denuncia una carta de la Confederación Mapuche al relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas, James Anaya, en agosto de 2009.

Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y, por sobre todo, es un referente internacional en jurisprudencia aborigen. Expolio del pueblo mapuche en el Neuquén es el título de su reciente trabajo, donde repasa el accionar político, policial y judicial en la provincia. “Existen evidencias de políticas provinciales sistemáticamente lesivas de los derechos reconocidos a las comunidades indígenas. El acoso se acentúa y el despojo prolifera”, afirmó el catedrático y fue más allá: “El gobernador Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una verdadera retorsión del Derecho. En los antípodas de los reconocimientos constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.

“Se está ignorando la legislación internacional de los derechos humanos en general y el Derecho internacional de los pueblos indígenas en particular. El Movimiento Popular Neuquino y el gobernador de Neuquén encabezan políticas verdaderamente genocidas, respaldadas en diverso modo por la Legislatura y la Justicia de la provincia”, denuncia el reconocido especialista de la ONU. En el gobierno neuquino no respondieron los llamados de este diario para referirse a esas acusaciones.

El 4 de septiembre, la Sociedad Rural convocó a una reunión para trazar una estrategia frente a los pueblos indígenas. “Unidos en la defensa de la Constitución y la soberanía nacional”, rezaba la convocatoria, que también invitaba a concurrir con una bandera argentina y contó con la adhesión de empresas mineras.

“Quienes encabezan este tipo de maniobras (las recuperaciones) son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Carlos Sapag, sin aportar evidencia alguna. En diálogo con Página/12, el jefe de Prensa de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Pablo Thourte, respaldó los dichos de Sapag, aportó como prueba un artículo del diario chileno El Mercurio (reconocido sustento mediático del dictador Augusto Pinochet), denunció que al menos 50 miembros de la tradicional entidad mantienen conflictos con comunidades originarias y complementó con una reciente presentación al el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En esa presentación de 35 carillas se denomina “delincuencia rural” al accionar indígena, se solicita terminar con “la pasividad policial” y pide juzgar a los autores de las recuperaciones. También denuncia que el Estado tiene “renuencia a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima”. No se oficializó quiénes son los denunciantes, pero se confirmó que adhirieron numerosos integrantes de la Sociedad Rural.

Los abogados patrocinantes son Juan Carlos Cassagne (el ideólogo, junto con Roberto Dromi, de las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez Herrera (defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, general retirado y procesado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Sánchez Herrera fue acusado de ser uno de los lobbystas del Ejército que diseñaron la estrategia de los militares al finalizar la dictadura militar) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, denunciado como el ideólogo de la Masacre de Avellaneda, con un centenar de heridos y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki).

“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (...) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, aborda la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

Gustavo Macayo vive en Esquel y trabaja junto a comunidades indígenas. “A través de la Constitución y los tratados internacionales, los pueblos originarios cuentan con un marco legal que los protege especialmente. Esas legislaciones, que son producto de la lucha incansable de los pueblos originarios, muchas veces no se aplican de manera efectiva por parte del Estado y del Poder Judicial, que pretende hacer valer, erróneamente, el Código Civil o Penal. Eso motiva que las poblaciones originarias ya no estén esperando acciones del Estado, y estén ejerciendo cada vez más sus derechos en forma directa a través de lo que se ha dado en llamar recuperaciones”.

La Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares, fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 2007 y por amplia mayoría en Senadores, en octubre de 2008. “El 70 por ciento de la Tierra está cubierta por agua, pero sólo el 2,5 por ciento es dulce y está en condiciones de ser usada para el consumo humano. Y el 70 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. Voy a dar cifras que llaman la atención y duelen, pero es bueno que las tengamos en consideración: todavía hay más de 1100 millones de personas que no poseen agua, el 18 por ciento de la población mundial”, argumentaba el senador Daniel Filmus (presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable), el 22 de octubre de 2008 –según la versión taquigráfica–, minutos antes a la aprobación de la ley. Tres semanas después, el 10 de noviembre, la Presidenta vetó la flamante norma.

El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas después, el 30 de abril, los gobiernos de Chile y Argentina dieron luz verde a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo tributario para definir las regalías de cada país, la última traba que tenía el proyecto.

“Este es un gran paso, así que esperamos que muy pronto podamos tomar una decisión sobre la construcción. Hemos estado trabajando intensamente en el último par de meses, particularmente en las últimas dos semanas”, afirmó el presidente ejecutivo de Barrick Gold, Aaron Regent. Una semana después, el 7 de mayo, desde la misma Casa Rosada, el Gobierno y la compañía canadiense anunciaron la puesta en marcha de la polémica mina de oro y plata.

Pascua-Lama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. “No existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas”, denunció el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei firmaron en 1997 el Tratado de Integración y Complementación Minera para “facilitar las inversiones privadas en la frontera de ambos países”. La legislación, que crea una zona franca minera entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó Barrick Gold. Luego del veto a la Ley de Glaciares, Pascua-Lama se comienza a construir, es el primer yacimiento mundial entre dos países y también es el puntapié para que una decena de compañías explote montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera que comparten ambos países.

Los impulsores del actual modelo agropecuario niegan la toxicidad de los agrotóxicos. A pesar de los graves cuadros clínicos de familias campesinas e indígenas –o incluso de barrios afectados por fumigaciones–, empresas y productores de soja reclaman estudios científicos para comenzar a creer en los efectos nocivos de los herbicidas. Desde el mundo académico reconocen que no es sencillo investigar el tema. Se entremezclan la presión ejercida por las empresas para silenciar las críticas, la permeabilidad de los investigadores para no cuestionar y el rol de los organismos estatales que trabajan junto a las compañías del sector. Pero hay excepciones:

- Letal en células: Gilles-Eric Seralini es investigador, docente de biología molecular en la Universidad de Caen (Francia) y se transformó en un dolor de cabeza para Monsanto. En 2005 descubrió que células de la placenta humana son muy sensibles al Roundup, incluso en dosis inferiores a las utilizadas en agricultura. Fue duramente cuestionado por las empresas del sector y acusado de “verde”, entendido como fundamentalismo ecológico. En diciembre pasado volvió a la carga. La revista científica Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó su nuevo estudio, en el que constató que el Roundup es letal para las células humanas. Según el trabajo, dosis muy por debajo de las utilizadas en campos de soja provocan la muerte celular en pocas horas.

- Factor de riesgo: Robert Belle es el director de la Estación Biológica del Centro Nacional de Investigación Social de Roscoff (Francia). En 2002 probó el Roundup en células de erizo de mar (un modelo científico clásico para el estudio de división celular). El experimento probó que el agrotóxico deteriora los puntos de control del ciclo celular. En el documental El mundo según Monsanto, el científico explica que, por la acción del Roundup, se altera la etapa de división celular, la vuelve de un grado de inestabilidad que es propia de las primeras etapas del cáncer. “Hemos demostrado que es un factor de riesgo definido, pero no hemos evaluado el número de cánceres potencialmente inducidos, ni el plazo dentro del cual se declararían”, explicó Belle en diciembre de 2004 en la revista Ciencia Toxicológica.

- Relaciones causales: Malformaciones, cáncer y problemas reproductivos tienen vinculación directa con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmó Alejandro Oliva, médico y coordinador de una investigación que abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y que confirmó, en esas localidades, la existencia de diferentes tipos de cáncer –de próstata, testículo, ovario, hígado, páncreas, pulmón y mamas– muy por encima de la media nacional. El estudio también detalló que cuatro de cada diez hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a químicos agropecuarios y alertó que el efecto sanitario de los agrotóxicos puede manifestarse en las generaciones futuras.

- Letal: La Universidad de Pittsburg (Estados Unidos) comprobó que el Roundup es altamente tóxico en anfibios. La investigación El impacto de insecticidas y herbicidas en la biodiversidad y productividad de las comunidades acuáticas, coordinada por el profesor en biología Rick Relyea en 2005, reveló que el agrotóxico mató el 70 por ciento de la biodiversidad anfibia de un ecosistema experimental. “Es altamente letal”, afirmó la investigación.

La Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) –foro de organizaciones a nivel regional– suscribe a las denuncias que recaen sobre el glifosato, pero advierte que el problema de los agrotóxicos es mucho más amplio, vinculado con las casi 500 formulaciones de plaguicidas que se utilizan en el país. “Insecticidas como el peligroso Endosulfán, el Carbofuran, el bromuro de metilo. Herbicidas como el 2, 4 D y Paraquat. Todos agrotóxicos que poseen una toxicidad específica y una clasificación toxicológica más alta que el glifosato. Todos son extremadamente tóxicos con capacidad de producir daños en la salud tanto de nivel agudo (a corto plazo) como crónico (enfermedades que aparecen luego de años del contacto con el plaguicida)”, explica el referente de Rapal en Argentina e ingeniero agrónomo, Javier Souza Casadinho.

Rapal advierte sobre el geométrico crecimiento de plaguicidas en Argentina. Según la organización, en 1996 se utilizaron en el país 30 millones de litros de agrotóxicos. En 2007 se aplicaron 270 millones de litros. Las razones: la expansión de la frontera agropecuaria (a costa de la deforestación o reemplazo de otras actividades) y la aparición de insectos y malezas cada vez más resistentes. Lo sucedido con el glifosato es un caso testigo. “De una sola aplicación de tres litros por hectárea, llevada a cabo a fines de los años ’90, en la actualidad se realizan más de tres aplicaciones, por más de doce litros por hectárea y por año”, denuncia Souza Casadinho, que también es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Rapal sostiene que la legislación argentina relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es “incompleta, permisiva y obsoleta”. Apunta a las escasas restricción en la comercialización (los plaguicidas se venden en ferreterías, forrajerías, semillerías, casa de venta de artículos de limpieza y hasta en hipermercados) y señala como momentos de peligro (además de la aplicación) el almacenaje, la preparación (dilución) y el desecho de envases. “Es necesario redactar leyes efectivas, adaptadas a la realidad. Se requiere sensibilidad, atención y valentía para prohibir los productos más tóxicos, restringir el uso de los que posen menos impacto y controlar todas las etapas, desde la fabricación pasando por la comercialización, el uso hasta el desecho de envases de estos tóxicos”, afirma el investigador.

–Los impulsores del actual modelo agropecuario aseguran que el uso de agroquímicos implica mayor producción. Suelen argumentar que sin plaguicidas y herbicidas, habrá más hambre en el mundo –observó Página/12.

–Con la enorme cantidad de plaguicidas que se utilizan en el mundo, el problema del hambre hoy es una realidad tangible y comprobable. El problema del hambre tiene raíces políticas y no se resuelve sólo con aplicar tecnologías. Un caso testigo es la Argentina, con sus 270 millones de plaguicidas utilizados año tras año y su producción agrícola cercana a las 90 millones de toneladas, posee cerca de un 30 por ciento de su población bajo la línea de pobreza. Esto es porque se producen alimentos para animales y máquinas –los agrocombustibles– y no se producen alimentos para seres humanos.

Monsanto es la empresa de agronegocios más grande del mundo, presente en 46 países, controla el 20 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas y es líder en la venta de agrotóxicos. En sus 108 años de existencia impulsó el uso del PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos), fue proveedor en la guerra de Vietnam del químico “agente naranja” (utilizado por las tropas estadounidense para arrasar el territorio enemigo) y cuenta con centenares de denuncias por afectar el ambiente y la salud de campesinos e indígenas. Con su sede central en Estados Unidos, fue fundada en el 1901 por John Francis Queeny, empleado de la industria farmacéutica que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento: en la década del ’20 ya había convertido a la compañía en una de las principales químicas del país. En 1976 comenzó su escalada mundial, cuando fue autorizada a comercializar el agrotóxico –a base de glifosato– Roundup, “que pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, se ufana la publicidad corporativa. En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnología, pero recién en la década del ’90 fue aprobada una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”. Marie-Monique Robin es periodista y documentalista. En 2004 realizó un documental en el que explica de qué manera los militares franceses influyeron en sus pares argentinos durante la dictadura militar (Escuadrones de la Muerte: lLa Escuela Francesa). Y en 2005 realizó un trabajo específico sobre el monocultivo (Argentina, la soja del hambre). Fue su primer acercamiento a las multinacionales del sector y, luego de tres años de investigar el rol global de las empresas, escribió El mundo según Monsanto –un libro de 528 páginas que se acaba de presentar en Argentina–, donde explicita basándose en pruebas el accionar silenciado de Monsanto, la empresa pilar del actual modelo de agronegocios.