Página#12 Libre

Es indiscutible que la inesperada y prematura desaparición de Néstor Kirchner tendrá un enorme impacto sobre la vida política argentina. Sucintamente podría decirse, primero, que con él desaparece el político más influyente de la Argentina, el que marcaba la agenda de la discusión pública y el ritmo de la vida política nacional.

Segundo, que durante su gestión como presidente cambió el rumbo por el que venía transitando la Argentina: muy especialmente en materia de derechos humanos y política internacional, pero también con una ejemplar renovación de la Corte Suprema –reparando las vejaciones que en este rubro, como en tantos otros, había cometido el menemismo– y con algunas iniciativas trascendentes en materia económica, principalmente la quita en los bonos de la deuda.

Tercero: desaparece con su muerte el único que reunía las condiciones requeridas para contener, como ningún otro, la compleja y turbulenta realidad del peronismo, cuyas pugnas internas en épocas pasadas sumieron al país en gravísimas crisis institucionales. Este tal vez sea el más serio desafío con el que tendrá que lidiar la Presidenta.

Cuarto, su muerte la priva de una compañía irreemplazable: durante décadas, Néstor Kirchner no sólo militó codo a codo con ella, sino que también fue su consejero, aliado y confidente. Su de-saparición deja un vacío muy grande en la Casa Rosada. Pero, contrariamente a muchas malintencionadas especulaciones expresadas en estas horas, la Presidenta es una política hecha y derecha y, además, una mujer de mucho temple y carácter y que seguramente sabrá sobreponerse a su inmenso dolor y honrar la memoria del ex presidente manteniendo con firmeza en sus manos el timón del Estado y evitando que al interior del PJ se desencadene una feroz pelea por la sucesión.

Nada autoriza a pensar en un paralelismo entre su situación y la de Isabel Martínez de Perón ante la muerte de su esposo, en 1974, argumento éste que ha comenzado a deslizar una derecha interesada en instalar el fantasma de la ingobernabilidad. La viuda de Perón no reunía las menores condiciones para gobernar la Argentina, no tenía trayectoria política alguna y el país se hallaba en una situación incomparablemente distinta de la actual, donde la presencia de militares fascistas era el dato más significativo de aquella coyuntura. La de hoy es completamente distinta en todas y cada una de aquellas dimensiones. De todos modos, para responder a los desafíos del momento, Cristina Fernández tendrá que contar con mucho apoyo, reforzar su articulación con las clases y capas populares mediante la rápida implementación de políticas sociales y económicas más efectivas (y, en algunos casos, largamente demoradas) y, sobre todo, mantener a raya a los aparatos que se arrogan una representación popular que en realidad no tienen y que pueden interferir negativamente en el crucial último año de su mandato y en sus perspectivas electorales.

No es un dato menor comprobar que la formidable movilización espontánea de la ciudadanía hacia Plaza de Mayo, a pocas horas del fallecimiento de Néstor Kirchner, fue incomparablemente superior, en cantidad y también en calidad, al acto del Día de la Lealtad en River organizado por el aparato cegetista. Argentina se asoma a una nueva etapa, signada por la larga sombra del ex presidente: el asesinato de Mariano Ferreyra ya había iniciado este proceso; la muerte de Néstor Kirchner lo acelera y profundiza aún más.

* Politólogo, director del PLED.

La Cumbre de la Unasur en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación con lo primero, la Unasur deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades, este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y política estadounidense.

Fracasada la negociación de la OEA, Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. “Es irónico –dijo en esa ocasión– que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente.”

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el pretexto de salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí.

Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y, por lo tanto, debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación con el segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treinta alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la Unasur debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que éste no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas militares que sólo podrán traer destrucción a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó Alemania, los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores de que el paso siguiente sería la guerra. No se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. El sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los paramilitares. En 2004, el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Alvaro Uribe Vélez de ser uno de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado, cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf, asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición”.

Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989, luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá, y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones con el cartel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio, pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

* Politólogo.

¿Qué pretende Uribe con su frenética gira por América? Nada menos que vender una iniciativa tóxica, para utilizar el lenguaje impuesto por la crisis capitalista: justificar la escalada de la ofensiva militar del imperio con el propósito de revertir los cambios que en los últimos años alteraron la fisonomía sociopolítica de la región. Ante esta desconcertante realidad, la táctica de la Casa Blanca ha sido abandonar la retórica belicista de Bush y ensayar un discurso igualitarista y respetuoso de la soberanía de los países del área, pero desplegando nuevas bases militares, manteniendo la Cuarta Flota y fortaleciendo sin pausa al Comando Sur.

En este sentido, Barack Obama, a quien los perpetuamente desorientados “progres” europeos y latinoamericanos continúan confundiendo con Malcolm X, está siguiendo al pie de la letra los consejos de Theodore Roosevelt, el padre de la gran expansión imperialista norteamericana en el Caribe y Centroamérica, cuando dijera “speak softly and carry a big stick”, es decir, “habla bajito pero lleva un gran garrote”. Roosevelt fue un maestro consumado en aplicar esa máxima a la hora de construir el canal de Panamá y lograr, con la infame Enmienda Platt, la práctica anexión de Cuba a los Estados Unidos. Con su política de remilitarización forzada de la política exterior hacia América latina y el Caribe Obama se interna por el camino trazado por su predecesor.

La justificación que Uribe esgrime en apoyo de su decisión de conceder a las fuerzas armadas de Estados Unidos siete bases militares es que de esa manera se amplía la cooperación con el país del Norte para librar un eficaz combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Excusa insostenible a la luz de la experiencia: según una agencia especializada de las Naciones Unidas los dos países donde más creció la producción y exportación de amapola y coca son Afganistán y Colombia, ambos bajo una suerte de ocupación militar norteamericana. Y si algo enseña la historia del último medio siglo de Colombia es la incapacidad para resolver el desafío planteado por las FARC por la vía militar. Pese a ello el general Freddy Padilla de León –quien gusta decir que morir en combate “es un honor sublime”– anunció días pasados en Bogotá que las siete bases estarían localizadas en Larandia y en Apiay (ambas en el Oriente colombiano); en Tolemaida y en Palanquero (en el centro de Colombia); en Malambo (sobre el Atlántico, en la costa norte); en Cartagena, sobre el Caribe colombiano y la séptima en un lugar aún no determinado de la costa del Pacífico. El Congreso de Estados Unidos ya aprobó la suma de 46 millones de dólares para instalar su personal y sus equipos bélicos y de monitoreo en estas nuevas bases con el objeto de reemplazar las instalaciones que tenía en Manta. En la actualidad ya hay en Colombia 800 hombres de las fuerzas armadas de Estados Unidos y 600 “contratistas civiles” (en realidad, mercenarios) pero los analistas coinciden en señalar que la cifra real es mucho más elevada que la oficialmente reconocida.

No hace falta ser un experto militar para comprobar que con la entrega de estas bases Venezuela queda completamente rodeada, sometida al acoso permanente de las tropas del imperio estacionadas en Colombia, amén de las nativas y los “paramilitares”. A ello habría que agregar el apoyo que aportan en esta ofensiva en contra de la Revolución Bolivariana las bases norteamericanas en Aruba, Curaçao y Guantánamo; la de Palmerolas, en Honduras; y la Cuarta Flota que dispone de suficientes recursos para patrullar efectivamente todo el litoral venezolano. Pero no sólo Chávez está amenazado: también Correa y Evo Morales quedan en la mira del imperio si se tiene en cuenta que Alan García en Perú arde en deseos de ofrecer “una prueba de amor” al ocupante de la Casa Blanca otorgándole facilidades para sus tropas. En Paraguay, Estados Unidos se aseguró el control de la estratégica base de Mariscal Estigarribia –situada a menos de cien kilómetros de la frontera con Bolivia– y que cuenta con una de las pistas de aviación más extensas y resistentes de Sudamérica, apta para recibir los gigantescos aviones de transporte de tanques, aviones y armamento pesado de todo tipo que utiliza el Pentágono. También en ese país dispone de una enorme base en Pedro Juan Caballero, ¡localizada a 200 metros de la frontera con Brasil!, pero según Washington pertenece a la DEA y tiene como finalidad luchar contra el narcotráfico. La amenaza que representa esta expansión sin precedentes del poder militar norteamericano en Sudamérica no pasó desapercibida para Brasil, que sabe de las ambiciones que Estados Unidos guarda en relación a la Amazonía, región que “puertas adentro” los estrategas imperiales consideran como un territorio vacío, de libre acceso, y que será ocupado por quien tecnológicamente tenga la capacidad de hacerlo.

Ante estas amenazas los países sudamericanos tienen que reaccionar con mucha firmeza, exigiéndole a Estados Unidos archivar sus planes belicistas en Colombia, desmilitarizar América latina y el Caribe y desactivar la Cuarta Flota. La retórica “dialoguista” de Obama es incongruente con la existencia de semejantes amenazas, y si quiere lograr un mínimo de credibilidad internacional debería ya mismo dar instrucciones para dar marcha atrás con estas iniciativas. Por su parte, los gobiernos de la región nucleados en la Unasur y el Consejo Sudamericano de Defensa deberían hacer oídos sordos ante las falacias de Uribe y pasar del plano de la retórica y la indignación moral al más concreto de la política, impulsando algunos gestos bien efectivos: por ejemplo, ordenando el inmediato retiro de las misiones militares y los uniformados estacionados en nuestros países mientras no se reviertan aquellas políticas. De ese modo el mensaje de rechazo y repudio al “militarismo pentagonista” –como precozmente lo bautizara un gran latinoamericano, Juan Bosch– llegaría claro y potente a los oídos de sus destinatarios en Washington. Las súplicas y exhortaciones, en cambio, no harían sino exacerbar las ambiciones del imperialismo.