Página#12 Libre

El escenario político cultural de la Argentina actual permite pensar en la obsolescencia de la definición de lo que hasta hoy entendemos como “medios masivos de comunicación”. O, al menos, de la pertinencia de este nombre para algunos de estos actores clave de la dinámica de las sociedades mediatizadas en las que vivimos. En textos anteriores pensamos a los “medios” como organizaciones complejas, que trabajan con una mercancía de doble valor: material y simbólico. Y los definimos como actores políticos y económicos, concepción que se volvió mucho más efectiva en el país luego de la representación que algunos de ellos (los más importantes y concentrados) hicieron del conflicto por la Resolución 125.

Un debate sobre esta concepción se vuelve tan necesario como urgente y relevante, dada la estructura del sistema político, del sistema de comunicación y de sus dinámicas. En un trabajo contemporáneo, Rossana Reguillo (2004) le advierte a Marcos “sobre la existencia de al menos tres temporalidades distintas con las cuales el movimiento zapatista tendrá que lidiar: la interna del propio movimiento (asamblearia, reflexiva, de toma de decisiones); la externa de la sociedad civil (que regresa a su cotidianidad luego de ver, nuevamente, frustradas sus esperanzas de cambio); y la velocísima temporalidad de las agendas mediáticas (que corren detrás de noticias espectaculares y cuyas primicias son tan fugaces como efectistas)”.

Si se parte de esta idea y se sostiene (como planteamos con C. Dodaro y M. G. Rodríguez en un texto reciente) que la agenda de los medios es distinta de la del Estado y la del gobierno, que es dinamizada por los tiempos específicos de los juegos políticos, se puede avanzar sobre dos ideas. La primera de ellas refiere a la necesidad de proponer un nuevo modo de definir (algunos de) los medios masivos de comunicación, por al menos tres razones: a) no son vehículos de intermediación, ya no están en medio de algo, sino en el lugar de sus propios intereses; b) no son herramientas al alcance de todos los ciudadanos en condiciones igualitarias; y c) su función central es la de formar/informar sentidos y representaciones de acontecimientos, y no la de comunicación en sentido amplio. La segunda idea es que –en términos estructurales– los medios masivos han puesto en discusión el rol del Estado en la producción de sentidos, y también de la política. En esta línea, como ejemplo, una mirada sobre la coyuntura permite plantear que hasta ahora, los gobiernos kirchneristas buscaron –con mayor o menor intensidad, según el momento y el actor enfrentado– poner en discusión la construcción de sentidos y discursos de los principales medios, con la constante apelación a las editoriales de La Nación de Néstor Kirchner o a “los títulos en letras de molde” de Cristina Fernández como ejemplos más claros.

Así, propongo concebir a los “medios masivos de comunicación” como “agentes corporativos de información”, para entender a esos actores que cuentan con capacidad económica y política para afectar (si no definir) en grado importante el escenario de discusión y acción cotidiana. Las noticias y asuntos cotidianos (los resultados de las elecciones, la pandemia de gripe A o el golpe de Estado en Honduras, por poner tres temas actuales) funcionan como estudios de caso que se aplican a esta propuesta y permiten repensar también el vínculo entre estos agentes corporativos de información, la sociedad y la vida cotidiana, un juego del que todos participamos, aunque con armas y posibilidades diferentes.

Esta idea de una nueva nomenclatura excluye a los medios comunitarios, alternativos, populares, críticos, alterativos (y un “otros” amplio), de cualquier soporte posible (digitales, impresos y de radiodifusión) y de gestión no comercial, por varias razones, entre las que se destacan: su rol central para la construcción de discursos no homogéneos, la posibilidad de democratizar la palabra, y –sobre todo– que los medios de este tipo no ocultan su carácter político/cultural, porque su objetivo suele ser la participación en el espacio público, la disputa por el sentido en ese espacio, que siempre es político.

Esta propuesta intenta abrir el debate acerca del modo en que concebimos desde la teoría, pero también desde la práctica, a los actores centrales de nuestra contemporaneidad, el rol que ocupan y el modo en que afectan la vida cotidiana de las personas. La intención es abrir una discusión que no está cerrada en modo alguno. Y que al ser una definición en constante proceso de construcción muestre su mayor virtud: politizar de modo constante la comunicación desde sus cimientos y núcleos.

* Docente-investigador UBA.

El Gobierno enviará el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales luego de una serie de consultas y debates en la ciudadanía sobre el tema. Resulta una iniciativa muy valiosa, dado que nuestro país tiene un sistema de medios fuertemente concentrado, extranjerizado y poco democrático, con vastos sectores excluidos del derecho a la información. A partir del conflicto por el lockout agropecuario (que recibió un férreo apoyo de los grupos multimedios, algunos con intereses en ese sector de la economía) se reactivó el debate y el PEN generó el proyecto “para pagar una vieja deuda de la democracia”, en palabras de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

El modelo de democracia de una sociedad se juega –entre otros aspectos– en la norma que regula los medios de comunicación y que decide quién puede acceder a licencias y quiénes quedan fuera de ese derecho. La clave está en cómo se concibe a la información: si es un derecho humano y se intenta garantizar el acceso y la participación o si sólo es una mercancía con la que algunos pocos pueden hacer negocios y generar valor económico y también político.

Es verdad que una ley de la democracia es una deuda histórica. Tanto como que (casi) todas las acciones que modificaron la norma durante los últimos veinticinco años generaron condiciones menos democráticas, como permitir la concentración, el crecimiento de los multimedios o la suspensión de los plazos de las licencias.

El proyecto de ley es una norma comentada, que da cuenta de los argumentos y de la legislación comparada (fundamentalmente la de EE.UU. y Europa) para sostener la normativa. Además, sus objetivos y argumentos proponen avances para democratizar los medios, tales como: asegurar espacios equitativos del espectro para medios estatales, privados comerciales y sin fines de lucro; reducir el máximo de licencias por persona o empresa de 24 a 10; crear un organismo de control con participación de minorías políticas con representación del Congreso; prohibir el control de operadores de TV por cable y canales de TV abierta en una misma zona, permitiendo así que nuevos actores se sumen al mercado. El proyecto busca asegurar el acceso y la participación, además de estimular la competencia para los medios comerciales. Y ya sufre críticas por parte de los empresarios de medios y de las fuerzas políticas de oposición, aunque será interesante ver qué argumentos utilizan para defender la actual concentración de propiedad de medios. Su tratamiento y sanción parece difícil, aunque es tan necesario como urgente. Claro que luego de que se sancione –si esto sucede–, únicamente la aplicación de la ley democratizará las comunicaciones.

Es importante tener en cuenta que la sanción de un marco normativo democrático es condición necesaria pero no suficiente. La acción no se agota con la ley, así como su sanción durante un gobierno democrático no alcanza para convertirla en democrática. Complementarias a la ley son las gestiones de control y la militancia social. Sin embargo, parece evidente que una normativa como ésta puede mejorar la cultura y la comunicación del país. Resulta indispensable la sanción para consolidar la idea que exige, para sociedades democráticas, comunicaciones democráticas.

* Magister en Comunicación y Cultura. Docente UBA.