Página#12 Libre

Desde Madrid

Nació en Rosario, donde ya desde pequeño comenzó a preocuparse por el destino de los animales maltratados. Llegó a Barcelona hace ocho años y en 2007 puso en marcha, junto a un grupo de defensores de los derechos de los animales, una plataforma con el objetivo de acabar con las corridas de toros en Cataluña. Se llama Leonardo Anselmi, es el vocero de Prou! (Basta!, en catalán), un puesto que ocupa gracias a sus grandes dotes de comunicador y se ha transformado, desde que la pasada semana el Parlamento regional aprobara la prohibición de la tauromaquia, en una especie de pequeña “bestia negra” de la derecha nacional, a la que la medida le sentó muy mal, porque interpretó que se trataba de un ataque del catalanismo nacionalista a una fiesta que, según dicen, forma parte de la identidad hispana.

–¿Cómo fue que llegó a transformarse en la voz cantante del movimiento antitaurino en Cataluña?

–Me sumé a este movimiento animalista hace cuatro años. Como me he formado en marketing estratégico, acabé siendo el coordinador de esta campaña. La plataforma Prou! la formamos un grupo de animalistas sueltos que decidimos pasar de la protesta a la acción legislativa, motivados por la aparición de un estudio de la empresa Demoscopia que decía que el 70 por ciento de los catalanes estarían de acuerdo con prohibir las corridas de toros. Entonces dijimos: si la sociedad está de nuestro lado no tiene sentido seguir protestando y decidimos poner en marcha una estrategia legislativa.

–¿Cuáles fueron los principales pasos que dieron para conseguir el objetivo?

–Empezamos con esta lucha en septiembre de 2007. No conocíamos a nadie en el entorno político. Tuvimos que hacernos los contactos desde cero. Primero intentamos que fueran los partidos políticos los que presentaran la medida, pero no funcionó. Entonces vimos que teníamos otro recurso disponible, que era la llamada Iniciativa Legislativa Popular, previsto en la Constitución española. Para llevarla a la práctica necesitábamos juntar al menos 50 mil firmas, pero no era una tarea sencilla porque las exigencias eran muy altas. No sólo se pedía nombre, DNI y dirección, sino que además esos datos debían coincidir con el padrón electoral. Ante cualquier error, esa firma se impugnaba. Por suerte, superamos con creces el objetivo. Conseguimos 180 mil.

–¿Luego se vieron obligados a hacer algún trabajo de lobby con los partidos políticos o con esta medida resultó suficiente?

–No creíamos que hiciera falta hacer lobby. Ibamos al Parlamento a llevar libros, textos, argumentos, nos sobraban argumentos. Pero además estábamos convencidos de que si no ganábamos esta batalla es porque no era el momento de ganarla.

–Pero se les terminó cruzando en medio del camino el debate independentista y las pujas en torno de la identidad catalana vs la española.

–En 2007, cuando comenzamos a preparar esta batalla, las aguas no estaban tan agitadas como están ahora en torno del debate independentista y nacionalista. Y de repente nos encontramos con que muchos medios de comunicación presentan el tema como si se tratara de una venganza de Cataluña por lo que ha sucedido con el estatuto de autonomía (N. de la R.: El Tribunal Constitucional español consideró recientemente inconstitucional varios artículos del nuevo estatuto autonómico, sobre todo los que proclamaban que Cataluña es “una nación”). ¡Eso es una locura! Nosotros pasamos el primer trámite parlamentario en diciembre, cuando todavía no se había dado este dictamen del Tribunal, y sacamos 67 votos a favor. Y el 28 de julio sacamos 68. ¡Un voto más! Además, las corridas de toros no son una tradición española. Es una tradición mediterránea que aguantó más tiempo en España, y sigue viva también en algunas regiones de Francia y Portugal. De todos modos, al Partido Popular le sienta mal cualquier cosa que haga Cataluña.

–El PP lo tomó como una agresión a los valores culturales españoles...

–Cuando argumentan en esta línea mezclan dos elementos. Por un lado, dicen que no se puede prohibir, que hay que dejar que las cosas se mueran solas. Y eso es muy hipócrita. Seguramente antes de prohibir las peleas de perros y de gallos había aficionados, gente a la que le gustaba. Pero ellos dicen que las corridas de toro son tradición y cultura. Nosotros rebatimos diciendo que no las hemos prohibido, sino que las hemos dejado de permitir. Parece un matiz tonto, pero no lo es. En Cataluña hay una ley que dice que está prohibido matar animales en espectáculos públicos y abajo había un inciso que decía “excepto en las corridas de toros”. Nosotros sólo peleamos para que se eliminara ese inciso de la Ley de Protección Animal. También es importante, para nosotros, el aspecto educativo que tiene un espectáculo con animales. No se puede decir que defendemos la ecología y al mismo tiempo damos estos ejemplos con los toros. Hay gente que nos dice “pero también sufren los animales en la ganadería”. Sí, no tengo dudas. Pero ese es un tema de conciencia individual, no un espectáculo público. Como prudencia ecológica, para las nuevas generaciones, si les queremos enseñar que tienen que respetar el aire y el agua, ¿cómo no vamos a empezar por el respeto al mundo animal, que de última es el reino al que pertenecemos? Teniendo el cambio climático a la vuelta de la esquina tenemos que reflexionar sobre los ataques a la naturaleza y una forma de hacerlo es prohibiendo este tipo de espectáculos que hace sufrir a los animales de forma innecesaria.

Desde Madrid

Era el debate más esperado del verano y no defraudó. El Parlamento autónomo catalán aprobó ayer por mayoría la prohibición de las corridas de toros a partir del 1º de enero de 2012. Se suspende así por primera vez en la historia una fiesta clásica con la que se identifica a España en el mundo entero. La iniciativa partió de una plataforma ciudadana denominada Prou (Basta!), que logró juntar 180 mil firmas a favor de la prohibición, un movimiento social que comenzó a cobrar fuerza en 2006 y que vio ayer coronada su lucha. En el resto del país arrecia el debate sobre lo acertado o no de la medida. Mientras el Partido Popular anuncia que presentará en el Parlamento nacional una propuesta para garantizar “la libertad” y permitir que se sigan haciendo las corridas, otras voces desde la derecha también insinúan que los catalanes han tomado esta medida como un paso más en la escalada de tensión nacionalista que se percibe en la región luego de que el Tribunal Constitucional rechazara gran parte del estatuto de autonomía catalana que se había aprobado en 2006.

Por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, el Parlamento regional puso fin ayer a un debate que ha traspasado las fronteras catalanas desde que el 11 de noviembre de 2008 ese cuerpo aceptó como trámite parlamentario la iniciativa de la plataforma Prou para prohibir la fiesta, obligando a los prohibicionistas a que recogieran como mínimo 50 mil firmas en 120 días. Los defensores de los derechos de los animales, que consideran la fiesta una barbarie antigua que debe ser desterrada del mundo moderno, casi cuatriplicaron esa cifra y los diputados regionales no tuvieron más remedio que abocarse a la votación.

Con la aprobación legislativa, Cataluña se sumó a las Islas Canarias, donde no hay corridas de toros pero sí razones económicas: la actividad se suspendió porque resultaba costoso llevar toros hasta las islas.

Como el tema es delicado y afecta directamente cuestiones identitarias, un debate que en Cataluña ha vuelto a aflorar con fuerza desde que se tratara la reforma del estatuto de autonomía gracias a la iniciativa política del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los partidos decidieron no tomar una decisión institucional y dejaron a sus diputados libres de votar a conciencia.

La votación demostró, dando pie a las críticas de la derecha española, hasta qué punto el debate sobre la identidad catalana estuvo presente a la hora de tomar una decisión sobre la fiesta taurina: la izquierda nacionalista, incluida Izquierda Unida, votó a favor de la prohibición junto a algunos diputados del Partido Socialista y la gran mayoría de los representantes de Convergencia I Unió, la formación nacionalista de centroderecha que se encuentra en estos momentos en la oposición en la región.

Los argumentos que esgrimen los defensores de la fiesta suenan pobres: por un lado, afirman que sólo en Cataluña las corridas mueven cerca de 300 millones de euros al año, una cifra que en la plataforma Prou ponen en duda. De todos modos, algo de realidad hay cuando una entrada de reventa se suele conseguir hasta por 3000 euros, pero no existen cifras oficiales que determinen la importancia económica de la fiesta. Por otra parte, los taurinos afirman que el espectáculo se ha vuelto menos salvaje desde que se introdujeron algunas medidas destinadas a que el toro sufra menos las agresiones a las que es sometido, aunque los protectores de los animales desestiman por completo este argumento.

Desde la vereda contraria, ambientalistas y diputados que ayer votaron a favor de la prohibición piensan que se trata de un espectáculo degradante, extremadamente violento, que causa un sufrimiento innecesario al animal y por lo tanto debe ser prohibido. Los taurinos acusan a los partidarios de la prohibición de haberla aprobado sólo porque ataca un punto neurálgico de la identidad española, pero ellos descartan este argumento y prefieren no entrar en debates de identidad. En esa misma línea se manifestó ayer el gobierno socialista, afirmando que no se debe olvidar que se trata de una fiesta y no se ha votado ni contra España ni contra su constitución.

El Partido Popular no lo ve de esa manera y ayer su máximo dirigente a nivel nacional, Mariano Rajoy, anunció que pretende tratar en el Parlamento una iniciativa para defender “la libertad” de los que quieran disfrutar la fiesta, a la vez que pretende declarar las corridas como un evento de “interés cultural” nacional, algo a lo que se opone la mayoría de la izquierda y los movimientos prohibicionistas. De hecho, el gobierno regional de Madrid, en manos de la derecha, ya ha procedido a otorgarle a las corridas ese status especial.

Por su parte, los prohibicionistas que viven en otras regiones españolas se apresuraron ayer a anunciar que comenzarán con fuerza la lucha política para lograr que la fiesta sea declarada ilegal en todo el territorio. Si lo lograsen, los toros y su parafernalia de mitología machista y feudal que tanto caracterizan a España pasarán a ser sólo un recuerdo, un episodio de una novela de Ernest Hemingway, como recordaba ayer un peatón sorprendido por la polémica en uno de los tantos programas que la televisión española le dedicó a la noticia.

Desde Madrid

“Esto es lo más grave que ha pasado en democracia desde el golpe de Estado del 23-F.” Con estas palabras, la actriz Pilar Bardem manifestó su apoyo al encierro simbólico que protagonizan desde ayer en la Universidad Complutense de Madrid personalidades del mundo artístico español en defensa del juez Baltasar Garzón. El proceso al magistrado de la Audiencia Nacional se está transformando en una tormenta política de enormes magnitudes, capaz de involucrar al mismísimo líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ayer salió al ruedo a criticar a los que usan las aulas universitarias para apoyar al juez, afirmando que el acto llevado a cabo en ese recinto el pasado martes es “antidemocrático”. Desde la derecha, la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también criticó la manifestación que a su juicio “sirvió para coaccionar a los jueces del Tribunal Supremo”. Y para ponerle la frutilla al postre al escándalo, ayer el Tribunal que lleva la causa invitó, en un hecho insólito, a la prensa extranjera a una reunión informativa, preocupados por la trascendencia internacional que está teniendo el caso. Ante las quejas de los periodistas españoles, a media mañana el Supremo amplió la convocatoria también a la prensa española.

Se acaba el tiempo para los defensores del juez Garzón y las actividades que se están organizando crecen con el correr de las horas a un ritmo frenético. Ayer comenzó el encierro en un aula de la Facultad de Relaciones Laborales, al que acudieron las actrices Pilar Bardem y Ana Otero, el actor Juan Diego Botto. hijo de padres desaparecidos en Argentina; la escritora Rosa Regás y algunos diputados socialistas y de Izquierda Unida. La Universidad Complutense alojará durante las próximas semanas este encierro, en el que se harán actos y conciertos a favor del juez y se emitirán películas y documentales sobre la Guerra Civil y la importancia de recuperar la memoria histórica. Familiares de las víctimas del franquismo también se han hecho presentes en el encierro con fotos de sus parientes desaparecidos o fusilados y que en muchos casos aún se encuentran en fosas comunes sin identificación.

Por otra parte, las asociaciones de víctimas han convocado a movilizaciones diarias frente a la Audiencia Nacional a las 20.00, hasta el día 22, en que debe reunirse el Consejo General del Poder Judicial para resolver si suspende temporalmente al juez de sus funciones, lo que de suceder será interpretado como una previsible condena. Mientras tanto, para el día 24 de abril se están organizando movilizaciones masivas en todas las ciudades españolas coordinadas por diferentes formaciones políticas, sindicatos y el apoyo inestimable de las plataformas improvisadas en las redes sociales, como Facebook y Twitter, donde no han dejado de florecer iniciativas a favor del juez.

No está solo Baltasar Garzón en su batalla judicial por haber intentado juzgar a los responsables de la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas del general Franco presentaron ayer una querella contra el juez Luciano Varela –que instruye la causa contra Garzón– y contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el tribunal que lleva la causa y que ha rechazado todos los recursos interpuestos por la defensa del magistrado acusado. Los familiares creen que estos dos jueces están cometiendo el delito de prevaricación, el mismo del que está acusado Garzón, porque actúan a sabiendas de estar violando los tratados internacionales firmados por España que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura española que ensangrentó el país entre 1936 y 1975.

Han sido precisamente dos las organizaciones de víctimas del franquismo las encargadas de presentar las querellas: las asociaciones de Memoria de Mallorca y de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. Y fue la coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, quien se encargó de llevar la documentación ayer al alto tribunal madrileño y leer luego el comunicado a la prensa, en el que se afirma que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados supone “un ataque frontal a las víctimas” de la dictadura. En la presentación judicial, las asociaciones sostienen que el juez Varela cometió delito, ya que comenzó el proceso a Garzón “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”. La querella contra Saavedra está amparada en que denegó a las víctimas presentarse en el juicio contra Garzón y rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa del juez.

Con este episodio recrudece la campaña legal y también política que se está desarrollando en torno del proceso contra Garzón, un escándalo judicial internacional del que no cesa de hablar la prensa mundial, para desconcierto de algunos españoles que parecen sorprendidos por la gran popularidad del juez en el extranjero. Un reflejo de la inquietud que el proceso está despertando en la ciudadanía es el crecimiento exponencial de las páginas que apoyan a Garzón en las redes sociales. Sólo en Facebook, una de ellas, Un millón de firmas para apoyar al juez Garzón, pasó de los 10 mil a los 98 mil adherentes en apenas cuatro días. Desde estas redes ha surgido una convocatoria independiente a manifestarse el próximo 24 de abril en las principales ciudades españolas. En YouTube apareció incluso un emotivo video grabado por un grupo musical llamado Unomasuna que ha registrado una pegadiza canción que dice “Yo estoy con Garzón/ como el mundo entero/ tengo el corazón, mi niña/ con los que perdieron”.

En las webs de los grandes periódicos nacionales las noticias vinculadas con el proceso contra Garzón han sido las más comentadas y leídas durante las últimas semanas y son un verdadero muestrario de las opiniones encontradas que despierta el juez entre los españoles. Mientras una gran mayoría de los lectores se manifiestan sorprendidos por un proceso que huele demasiado a venganza política y a reafirmación de viejos poderes que se creían muertos y enterrados, una parte minoritaria pero significativa de la población sigue creyendo que el magistrado cometió un gran error al intentar juzgar al franquismo y reproduce algunos viejos clichés de la ultraderecha que despiertan verdadero pavor, como los que afirman que “el general Franco impidió que se instalara una dictadura comunista” y que “los rojos bien muertos están”.

De hecho, una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas de la dictadura es la sensación de impunidad a la que han quedado expuestas y el recrudecimiento de los discursos ultraderechistas en la sociedad avalados por el status que el Tribunal Supremo les ha otorgado a Falange, JONS y al sindicato ultra Manos Limpias al reconocerlos como parte principal en la acusación contra Garzón, al tiempo que se les niega a las asociaciones de los represaliados ejercer su defensa. “No entendemos cómo es posible que un seudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange –representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre el 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975–, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, expresaron ayer en el comunicado con el que acompañaron el inicio de las querellas contra los jueces que están sentando a Garzón en el banquillo.

Desde Madrid

Aguantó hasta que pudo Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular implicado en el escándalo Gürtel. Pero la presión sobre su persona se hizo demasiado fuerte luego de que, a comienzos de la semana, el juez que instruye la causa levantó el secreto del sumario y dejó al descubierto su alto grado de implicación en el mayor escándalo de corrupción que sacude al PP desde su fundación. Gracias a estas revelaciones, Bárcenas decidió ayer darse de baja como militante y abandonar su cargo definitivamente –sólo lo habían suspendido temporalmente–, aunque Mariano Rajoy no explicó si el partido le seguirá pagando el abogado o si también perderá su despacho en la calle Génova, donde se encuentra la sede del PP en Madrid. La crisis es tan seria que Rajoy tuvo que echar mano del anciano Manuel Romay Beccaría, ex ministro de José María Aznar, para ocupar la sacudida tesorería. El PP tampoco dejó en claro si Bárcenas seguirá ocupando su banca en el Senado.

Ayer debió haber sido un día de fiesta para los populares, que celebraban el vigésimo aniversario del congreso de Sevilla de 1990 en el que la derecha dejó atrás las posturas fundamentalistas que la vinculaban con la dictadura franquista y se colocó por primera vez en condiciones de disputarle el poder a los socialistas, que habían llegado al gobierno en 1982 de la mano de Felipe González. Pero el caso Gürtel logró estropearles el pastel y se comió todos los titulares. Hasta la intervención de José María Aznar en Sevilla estuvo impregnada por el escándalo, ya que afirmó ante Rajoy que “los españoles no entenderían que el PP dejase de ser incompatible con la corrupción”. Aznar afirmó que el partido fue “impecable” en lo que a honestidad se refiere, sin darse cuenta de que lo estaba diciendo frente a Arturo Moreno, uno de los implicados en el llamado caso Naseiro, el mayor escándalo afrontado por el PP antes de que estallara el pasado año la trama Gürtel.

Que el escándalo produce traspiés entre los líderes del PP no caben dudas. Y el de Aznar no fue ayer el único. El propio Mariano Rajoy aseguró en una conferencia de prensa que “todas las personas implicadas –unas setenta– se han dado de baja en la militancia”, pero los periodistas comprobaron poco después que Jesús Merino, diputado del partido involucrado en el caso, todavía no lo había hecho. La prensa también le recordó al líder del PP que, a pesar de su discurso contra la corrupción, el Partido Popular tampoco ha suspendido a personajes como Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, uno de los dirigentes más sórdidos del PP implicado en varios escándalos, y muy poco ha hecho por limpiar al partido en las islas Baleares, donde el ex gobernador Jaume Matas se encuentra involucrado en otra causa de defraudación millonaria y financiación ilegal y ha tenido que pagar esta semana una fianza de tres millones de euros para no acabar en prisión.

Y como la tormenta Gürtel no deja títere con cabeza, ayer se sumó al show la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ultraconservadora Esperanza Aguirre, que tuvo el tupé de afirmar que se siente “muy satisfecha de haber sido la causante de que Gürtel se destapara” sólo porque impidió en 2005 la venta de una parcela que beneficiaba a Correa, uno de los cerebros de la trama ahora en prisión. Desde Izquierda Unida no tardaron en responderle recordándole que Alfonso Bosh, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, los tres diputados regionales del PP madrileño implicados en el caso, aún se sientan en el Parlamento y “votan a dos manos con el PP y ni siquiera se siente un mal rollo con el resto del grupo parlamentario popular”, según afirmó el portavoz de la agrupación Gregorio Gordo.

Una prueba de la tibieza con la que el PP está reaccionando ante el escándalo es la confusa situación en torno del propio Bárcenas. Ayer Rajoy soportó que los periodistas le preguntaran tres veces si iba a seguir pagándole el abogado y el líder del PP no respondió con claridad. También le preguntaron sobre su situación en el Senado, donde Bárcenas ocupa una banca por Cantabria. Desde el grupo popular en la Cámara alta afirman que no tienen capacidad para expulsarlo de su escaño, pero en realidad sí que podrían apartarlo del grupo y hacer que pase a formar parte del llamado Grupo Mixto, donde se encuentran los senadores de partidos pequeños que no tienen número suficiente para tener su propia bancada.

Rajoy tampoco dejó claro ayer qué va a suceder con esta situación, del mismo modo en que evitó pronunciarse acerca de otro implicado famoso en la trama, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al que ni se le pasa por la cabeza renunciar a su puesto, a pesar de haber recibido regalos de los hombres que hoy están en prisión. Esos regalos, que el presidente valenciano recibía como pago por los contratos que su gobierno otorgaba a las empresas involucradas en el escándalo, han sido justificados por Camps como algo habitual entre los políticos, tan habitual que ni siquiera merece un comentario de censura por parte de su jefe político en Madrid.

La crisis económica que afecta al sur de Europa –Portugal, España y Grecia– está obligando a cambiar las reglas de juego a los países de la zona euro. La rigidez a la que está atado por su carta orgánica el Banco Central Europeo se resquebraja y comienzan a surgir voces que proponen una reforma. Mientras tanto, la receta con la que se está respondiendo a la crisis no se sale de la ortodoxia neoliberal vigente en los años ’90: reducción del gasto público, congelamiento de salarios, liberalización del mercado laboral. Mientras los sindicatos griegos protestan en la calle y los ministros socialistas advierten en Madrid de maniobras conspirativas contra la economía española, entre bambalinas se juega otra partida de grandes dimensiones: ¿cómo bajarle la cotización al euro sin salirse del libreto?

El Banco Central Europeo es, al igual que su homólogo la Reserva Federal de Estados Unidos, un fruto de las circunstancias históricas y económicas que afectaron durante el siglo XX al continente. Ambos son hijos de los traumas que dejó la depresión de 1930, un fantasma muy presente en la actual crisis. En Estados Unidos, la Gran Depresión se cebó sobre todo con el empleo, por lo cual la Reserva Federal tiene entre sus objetivos promover el crecimiento económico y evitar el desempleo. Como en Europa el mayor problema lo generó la hiperinflación, el Banco Central Europeo tiene como objetivo primordial la contención de este fenómeno. La actual crisis económica está obligando a las dos instituciones a replantearse su rol y sus límites.

Así fue como a partir de 2008, cuando quedó claro que la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos iba a contagiar a Europa, el BCE decidió responder a la manera clásica, bajando los tipos de interés e inyectando liquidez en el mercado. Un año y medio más tarde, la receta demuestra sus límites. Con los tipos casi a ras del suelo, la enorme masa de dinero que se puso sobre la mesa para salvar el sistema financiero acabó en la timba de las bolsas de valores, pero no se transformó en crédito ni llegó a las empresas, donde se suponía que tenía que llegar.

Es por esa razón que las bolsas del continente, incluidas las de los países que ahora parecen a punto de naufragar, se revalorizaron durante 2009 cerca de un 70 por ciento, alcanzando los niveles previos a la debacle de 2008, pero eso no significó la salida de la recesión. En medio de este panorama, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, observaba con preocupación que, a pesar de la crisis, la cotización del euro con respecto al dólar no sólo no bajaba sino que crecía, llegando a tocar a finales de 2009 su cota máxima, 1,50 dólar por euro. Mientras muchos analistas económicos advertían que era imposible sacar al continente de la recesión con la moneda común tan sobrevaluada, el BCE veía pasar el fenómeno con impotencia, ya que su carta orgánica le impide hacer lo que hacen otras instituciones gemelas, como el Banco Central argentino: salir a comprar o vender dólares a su antojo para fijar una cotización conveniente.

Cuando a principios de semana el ministro de Fomento español, José Blanco, denunció “maniobras conspirativas” contra la economía de su país y contra el euro llevadas a cabo por “especuladores financieros y algunos medios de comunicación”, tal vez no se equivocaba. Sólo que Blanco no dijo toda la verdad o, al menos, no la supo ubicar en su contexto: le faltó indicar que esa supuesta conspiración no viene de afuera, sino que se está generando dentro de la misma zona euro y que el BCE parece haber encontrado en los problemas de España, Grecia y Portugal su salvación. Gracias a la crisis de los países del sur, el euro comenzó por fin a descender y a finales de semana alcanzaba su nivel más bajo en un año, de 1,36 dólar por unidad.

De hecho, la cumbre sólo anunció medidas vagas y un apoyo político a Grecia, al tiempo que le exigía la puesta en marcha de una receta ultraortodoxa consistente en reducir el déficit público achicando el gasto del Estado, acompañado de una reforma del mercado laboral y un recorte de derechos a los trabajadores. Ante las dudas que surgieron sobre la eventualidad de un default griego, los principales responsables de la política económica europea se limitaron a señalar que no permitirían que el agua llegue tan lejos. En otras palabras: que la crisis siga hasta que provoque los daños necesarios como para bajar el euro. Luego se verá.

Antes de la crisis, la fortaleza del euro le trajo a Europa grandes ventajas. Mientras sus grandes empresas salían a recorrer el mundo –como argentinos en Miami durante la época de la “plata dulce” al grito de “déme dos”–, la zona euro se beneficiaba también de la baja en la factura energética que el euro alto significaba, por el gas y el petróleo importados. Pero la crisis trajo consigo una baja significativa de los precios del crudo, por lo cual ahora las ventajas del euro alto han disminuido y apenas si alcanzan para favorecer a los turistas que eligen un destino fuera de Europa.

Aunque nadie arriesga un pronóstico, porque no existe un consenso sobre cuál debe ser la cotización del euro adecuada para impulsar el crecimiento en la eurozona, cada día parece estar más claro que los problemas de los países del sur terminarán en el momento en que los cerebros del Banco Central Europeo determinen que las cosas han sido puestas en su lugar. Mientras tanto, habrá que seguir oyendo sobre conspiraciones, ataques de especuladores y grandes ajustes.

Los Murdoch contra la BBC

Por Marcelo Justo

Desde Londres

Con elecciones a la vista, recesión económica y caída en las ganancias, el presidente del gigante multimediático News Corporation (dueños de Sky, Fox, The Sun, The Times) lanzó un duro ataque contra la BBC a la que acusó de ser un monopolio estatal “dominante y autoritario” que amenaza la pluralidad e independencia periodística. En el Festival Internacional Televisivo de Edimburgo, James Murdoch, presidente de la corporación e hijo de Ruppert Murdoch, calificó la estrategia de la BBC de “escalofriante” por su presencia en áreas que, según el directivo, debían pertenecer al mercado. Sky perdió casi 4 mil millones de dólares desde junio del año pasado y tiene una batalla histórica contra la BBC a la que acusa de distorsionar el mercado televisivo con el “injusto y regresivo” impuesto que se cobra en el Reino Unido a todos los que tengan un aparato televisivo para financiar a la corporación.

El Festival Internacional Televisivo de Edimburgo fue el escenario perfecto de esta batalla del gigante privado contra el ente público británico. En 1989, el discurso principal del festival estuvo a cargo del padre de James, Ruppert, quien dijo más o menos lo mismo que su hijo menor y virtual heredero del imperio mediático. La BBC recauda más de cuatro mil millones de euros anuales del impuesto público que le permiten ofrecer una programación amplia para cumplir con el objetivo de “educar, informar y entretener” sin los anuncios comerciales que cortan en segmentos todo lo que se ve.

En medio de una creciente presión para que el Parlamento recorte este impuesto público, Murdoch hijo señaló que esta “injusta” ventaja competitiva de la BBC estaba “ahogando” el mercado de las noticias. Según el titular de la News Corporation, la BBC impedía que los operadores privados expandieran sus servicios en otras áreas. Ruppert Murdoch planea introducir pagos para la lectura de los contenidos del The Sun y The Times en Internet, como medio de neutralizar las pérdidas económicas que sufrieron ambos medios. “Con noticias gratis estatales por Internet el periodismo no va a poder florecer. Para que exista un periodismo independiente es esencial que se pueda cobrar por las noticias. Pero parece que hemos decidido dejar que se marchiten la independencia y la pluralidad”, dijo James Murdoch.

News Corporation ha hecho sentir en el pasado todo su poder mediático-político. En los años que precedieron a la llegada del Nuevo Laborismo al poder, tanto Tony Blair como el actual primer ministro, Gordon Brown, se encargaron de cortejar a Ruppert Murdoch convencidos de que el apoyo del grupo era fundamental para que el laborismo recobrara el poder. Con las elecciones en mayo del año próximo y los conservadores con una cómoda ventaja en las encuestas, el conglomerado mediático está volviendo a su aliado natural en su larga batalla con la BBC. Antes y ahora el gigante multimediático tiene el mismo obstáculo: la popularidad de la corporación a nivel público es tan alta que se la llama afectuosamente “auntie” (la tía).

Rodríguez Zapatero pateó el tablero

Por Oscar Guisoni

Desde Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero no necesitó cambiar la ley de radiodifusión para pegar una virulenta patada en el tablero del poder mediático español apenas asumió como primer ministro en marzo de 2004. La concesión de dos licencias de televisión abierta a grupos afines al gobierno despertó las iras de las cadenas tradicionales, al tiempo que desató una guerra feroz entre los nuevos canales que tuvo su máxima expresión en la llamada “guerra del fútbol”, un conflicto que todavía permanece abierto. El apagón analógico que tendrá lugar el próximo año y las características de la nueva Televisión Digital Terrestre han obligado finalmente al gobierno socialista a modificar el marco legal, aunque lo ha hecho recurriendo a un decreto de urgencia para evitarse el mal trago de un largo debate parlamentario.

Al igual que en la mayoría de los países europeos, en España existían hace apenas tres décadas sólo dos canales de TV: la cadena 1 y la 2 de Televisión Española y se trataba de un servicio monopolizado por el Estado. Hubo que esperar a la llegada de la democracia a finales de los setenta para que el monopolio se rompiera. Junto a los principales canales privados, Antena 3, desde 2003 en manos del grupo editorial Planeta-De Agostini y Canal 5, cuyo accionista principal es Silvio Berlusconi, se hicieron un hueco importante en la audiencia las televisiones regionales en manos del sector público. El sistema se mantuvo sin grandes modificaciones hasta la llegada de Zapatero al poder en 2004.

Durante los primeros meses de gobierno de Rodríguez Zapatero utilizó su capital político para abrir el juego concediendo a dos grupos cercanos al socialismo licencias para operar canales de TV abierta. El primer beneficiado fue el Grupo Prisa, el mayor conglomerado mediático español propietario del diario El País y la radio Cadena Ser –que no contaba con una cadena televisiva–, y que puso en el aire el Canal Cuatro. Unos meses más tarde la productora Mediapro, en manos de empresarios catalanes afines al Partido Socialista Catalán (PSC), en el poder en Barcelona, se hizo con la licencia para poner en pie La Sexta.

Como era de prever, las grandes cadenas privadas pusieron el grito en el cielo. Para evitar que la tormenta se transformara en guerra permanente, Zapatero modificó también el estatuto de Televisión Española estableciendo la prohibición de que la cadena pública recibiera publicidad, una medida que entrará en vigor el próximo año y cuyo objetivo es ampliar la torta publicitaria, que se había visto disminuida con la irrupción de los nuevos canales. La televisión estatal verá recortadas sus posibilidades de programación de cine extranjero y de puja por los derechos deportivos más codiciados. A su vez, el gobierno socialista emprendió el llamado “apagón analógico”, para instalar en todo el país la llamada Televisión Digital Terrestre que permitirá a las cadenas comerciales multiplicar su oferta televisiva con la puesta en el aire de nuevos canales temáticos.

Pero los nuevos invitados a compartir el negocio televisivo no se comportaron como el gobierno esperaba. Con el contexto de la crisis económica golpeando en la línea de flotación de los medios de comunicación al disminuirles los ingresos publicitarios, el Grupo Prisa y Mediapro se embarcaron en una guerra abierta por el derechos del fútbol, uno de los territorios más rentables en el que Canal+, la empresa de TV satelital controlada por Prisa, mantenía el monopolio.

Interpretando la ley de un modo rebuscado y actuando con la política de los “hechos consumados”, La Sexta comenzó a televisar partidos que en teoría sólo podía televisar Canal+, provocando una guerra que acabó en los tribunales y que hizo correr ríos de tinta. El conflicto pareció saldarse a comienzo de la temporada liguera del pasado año, cuando los dos canales sellaron un pacto de no agresión en espera de que los tribunales dijeran su palabra. El clima de fraternidad se volvió tan amistoso que comenzó incluso a hablarse de una fusión entre Cuatro y La Sexta, ya que ambos canales pierden dinero. Pero un decreto del gobierno socialista hecho público hace un mes en el que se permite la Televisión Digital de pago y que posibilita en los hechos la aparición de una nueva plataforma, Gol Televisión, propiedad de Mediapro, ha vuelto a encender la polémica hasta el punto de llevar a Juan Luis Cebrián, el consejero delegado del Grupo Prisa, a denunciar una “guerra del gobierno de Zapatero contra los medios independientes”, al tiempo que acusaba a la administración socialista de “intervencionismo descarado, inmoral e inadmisible”.

Muchos adjetivos para decir que en el fondo los medios de comunicación privados alaban el libre mercado y la competencia económica siempre y cuando nadie se meta con los rentables negocios que están acostumbrados a disfrutar. Un argumento que sonará familiar en la Argentina de estos días, mientras se debate la reforma de la Ley de Radiodifusión.

Desde Madrid

Con el Partido Popular sumido en la más grave crisis política que atraviesa la derecha española en muchos años y el Partido Socialista temeroso de ser engullido por una situación económica desastrosa, las elecciones regionales vascas y gallegas del próximo domingo serán un test de primera magnitud para los dos grandes partidos políticos de la península, a la vez que pondrán a prueba la salud de la que gozan los nacionalismos regionales.

Ayer, en el cierre de campaña, quedó claro cómo juega cada cual sus cartas en este tablero. Por parte del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero eligió Galicia para cerrar campaña electoral, en vista de los buenos resultados que auguran los sondeos para su partido en la región y para sus aliados del Bloque Nacionalista Gallego, con quienes gobierna desde hace cuatro años. A pesar de que será seguramente el PP el que obtenga la mayoría de los votos, los resultados de los conservadores en Galicia serán peores al parecer que cuatro años atrás, cuando se quedaron a un diputado de la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.

Si los sondeos están en lo cierto, el resultado en Galicia será una mala noticia para el Partido Popular y una tragedia política para su máximo líder, Mariano Rajoy. Galicia no sólo es uno de los feudos tradicionales de los populares sino que es también la tierra de origen de Rajoy y la región donde comenzó su carrera política. Acosado por los escándalos de corrupción que sacuden a su partido, Rajoy parece tener los días contados al frente del PP. La noticia conocida el miércoles de que el juez Baltasar Garzón había involucrado en la trama de corrupción que investiga su juzgado al tesorero del partido, Luis Bárcenas, un hombre de confianza de Rajoy, terminó por salpicar a la plana mayor de la dirigencia conservadora, llevándose por delante también a las dos personas que dirigen las comunidades en manos del PP más importantes: Esperanza Aguirre en Madrid y Francisco Camps en Valencia. El escándalo comenzó a hacerse notar en los sondeos y, tanto en Galicia como el País Vasco, el PP comenzó a derrumbarse durante los últimos días.

Mientras los conservadores miran Galicia con tanta ansiedad, los socialistas están más preocupados por lo que está sucediendo en el País Vasco. Para el PP no es novedad su magra cosecha electoral en esa región. Históricamente la derecha no ha tenido buena acogida entre los vascos y el voto conservador suele ir a parar a las arcas del Partido Nacionalista Vasco, hegemónico en la zona desde hace un cuarto de siglo. Por lo que el resultado del domingo preocupa más a los socialistas porque desde que comenzó la campaña no ocultan que desean hacerse con el gobierno regional, un resultado que estaba al alcance de la mano desde que le pegaron un duro golpe al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en las elecciones generales de marzo del pasado año.

Pero en esta región industrial donde la economía manda junto a las preocupaciones que tienen que ver con el terrorismo etarra, los socialistas se han visto lastrados por las repercusiones que está teniendo la crisis económica, y los últimos sondeos dan ganador una vez más al PNV, aunque sin obtener la mayoría necesaria para gobernar. Los socialistas se quedarían a un paso de la victoria (5 puntos porcentuales), pero verían muy difícil armar gobierno en Vitoria, ya que para hacerlo deberían pactar con el PP o con otros grupos nacionalistas. Incluso algunos analistas hablan de la posibilidad de un pacto PSOE-PNV, algo que el candidato socialista Patxi López descartó ayer de plano.

El PSOE también atribuye su desinfle a última hora en el País Vasco a la crisis que le costó la cabeza al ministro de Justicia, Fernández Bermejo, hace apenas dos días. “Aunque tuvimos que entregar su cabeza para que no nos comieran crudos”, afirmaba ayer un diputado socialista en Madrid. “Y si la gente entendió el mensaje, tampoco pagaremos tan cara la movida.” Para los socialistas vascos, sin embargo, resultó muy difícil de digerir que Zapatero soltara la mano de su ministro días antes de las elecciones. “Si perdemos por esto, las culpas serán de Madrid”, afirmaban ayer en Bilbao algunos de sus referentes. Con tanta crisis nacional dando vueltas, nadie parece recordar que éstas son las primeras elecciones vascas a las que no concurre el entorno político de ETA. Un síntoma más de la decadencia de los independentistas que no han podido hacerse presentes en esta campaña, ni siquiera con el uso de la fuerza.