Página#12 Libre

Y sí, las comparaciones son odiosas. El desarrollo de la ciencia y tecnología permite producir bienes de alto valor agregado generando empleo de alta calidad y bien remunerado. La ciudad de Buenos Aires cuenta con una Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en el año 2009 que impulsa la inversión pública y privada en la búsqueda de la profundización de estas áreas en la ciudad. La misma apunta, en resumidas cuentas, a armar y potenciar un desarrollo que permita un crecimiento cualitativo y cuantitativo en términos de intercambio económico a la producción que se desarrolla en su ámbito. Para lo cual destina, como mínimo, el uno por ciento del presupuesto total de la Ciudad que, a valores de 2011, representa 270 millones de pesos, aproximadamente. Además, la ley estipula la creación de polos, parques y corredores tecnológicos, algo que debería beneficiar a las empresas que allí se instalen, en términos de desgravaciones fiscales.

El Estado nacional, por su parte, no se conformó con una ley y el Gobierno anunció, para beneplácito de los que venimos de las universidades, en el mismo momento en que asumía la presidencia Cristina Fernández, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta fuerte política en ciencia y técnica ha logrado, entre otros ejemplos, repatriar a más de 800 científicos; ha permitido la exportación de material del Invap (reactores nucleares de alta seguridad, por caso) y ha garantizado las vacunas contra la gripe, con producción nacional, para toda la población del país.

En cambio, desde la sanción de la ley porteña se ha decretado la “muerte” del laboratorio de genéricos (que debía abaratar los costos de la salud pública); se ha creado, desde el discurso, el Polo tecnológico de Parque Patricios, que tuvo dos “grandes” logros: el primero fue aumentar artificialmente, entre un 15 y 20 por ciento, el valor de las propiedades de la zona, y el segundo, ser una propuesta más que el macrismo no lleva adelante.

La única ejecución presupuestaria que se le ha contabilizado en este proyecto de ciencia y técnica de la Ciudad han sido unos 130 mil pesos que se destinaron a consultoras privadas, para que éstas le dijeran al gobierno porteño qué debía hacer. Ese dinero gastado bien podría haberse ahorrado si se hubiera convocado a la Universidad de Buenos Aires a preparar un plan para la ciudad autónoma. El distrito cuenta con una de las mejores universidades de Latinoamérica en su área, y no la incluye en sus proyectos de gestión ni la convoca para propuestas de envergadura.

A pesar de la vasta experiencia académica, científica y tecnológica, la Universidad de Buenos Aires no participa como proveedor de conocimiento en el ámbito de la ciudad autónoma. ¡Macri y sus gerenciadores no creen en lo público! Esta decisión de la Ciudad de no convocar a la universidad pública es, como mínimo, un error. Pero, fundamentalmente, es una posibilidad más que se desperdicia para lograr la ciudad que queremos.

* Secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba).

La Facultad de Ciencias Sociales (UBA) puso en marcha un programa para relevar los juicios donde se juzga a los represores que actuaron durante la última dictadura en Argentina y acompañar a testigos y familiares que se presentan a dar su testimonio. Como práctica de intervención pedagógica, dentro de las actividades curriculares, los docentes y los estudiantes de Sociales fueron convocados para elaborar material de difusión y realizar coberturas de las audiencias en diferentes soportes, escritos y audiovisuales. Los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de la ESMA, Orletti y Vesubio, además del proceso al ex policía Luis Patti, fueron los que comenzaron a registrarse este año. “La iniciativa le da sentido a nuestra tarea como universidad pública y su compromiso con los derechos humanos”, expresó María Rosa Gómez, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde los alumnos trabajan sobre crónicas, notas de color o entrevistas en profundidad.

El proyecto fue impulsado por todos los claustros de la facultad desde abril pasado y la idea de las autoridades es repetir la experiencia el año que viene. La resolución que creó el programa, firmada por el decano Sergio Caletti y votada por el consejo directivo, resaltó la importancia en la construcción de la memoria y la transmisión de la verdad y la necesidad de acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las audiencias.

La secretaria de Gestión Institucional de Sociales, Mercedes Depino, consideró que, con esta iniciativa, la facultad se preocupó por construir memoria y profundizar el pedido de verdad y justicia. “Por un lado está la cuestión del acompañamiento a los testigos en los juicios y, por el otro, difundir el cronograma de juicios y las audiencias en el sitio de la facultad” (www.sociales.uba.ar).

María Rosa Gómez, que da clases en el Taller de Expresión III de Comunicación, sostuvo que se decidió incorporar distintos géneros periodísticos como “una práctica que sirve tanto al relevamiento de datos como a la participación concreta en un acontecimiento de una importancia y dimensión históricas”. Pensar los juicios como una práctica académica fue, precisamente, uno de los objetivos del proyecto. “Queremos cumplir nuestra función académica, como universidad pública, para que los estudiantes conozcan los hechos recientes trascendentales de la historia argentina”, dijo la docente. Se espera difundir las producciones radiales en distintos circuitos, entre ellos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). En gráfica se está trabajando para subir las producciones a un blog y, además, se pretende armar un periódico impreso de cuatro páginas, con financiamiento de la facultad, donde se dará difusión a las coberturas, crónicas, entrevistas y columnas de opinión realizadas por los estudiantes. El fiscal Félix Crous, Blanca Santucho y Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, son algunos de los testimonios recogidos hasta el momento.

A su vez, Gómez reconoció que durante la cobertura de las audiencias los estudiantes “recibieron un fuerte impacto” y quedaron “muy sensibilizados”. Pero también “lograron materializar” los testimonios que fueron presenciando. Muchos de esos estudiantes, que no habían nacido durante la dictadura, comenzaron a familiarizarse con las atrocidades cometidas bajo el régimen militar a partir de la cobertura. “Ellos conocían ese pasado a través de sus familias o artículos periodísticos, pero fue a partir de los juicios –señaló la docente– que pudieron comprender que ese horror había sido vivido por esa persona que daba su testimonio.”

Una arista aún pendiente del proyecto es la posibilidad de elaborar material de difusión, en soporte informático, sobre los juicios que se están realizando en la ciudad. “Tenemos una propuesta de Hijos para armar una publicación junto con el IUNA”, adelantó Depino. Además de esta publicación, a partir del año próximo se espera darles mayor impulso a la cobertura de los juicios para que se sumen más cátedras y estudiantes. “Creemos que recién estamos comenzando a caminar este tema, la facultad está involucrada en la problemática de derechos humanos”, concluyó. Además del Taller de Expresión III, también participaron de las audiencias las cátedras Historia social argentina y Análisis de las prácticas sociales genocidas, así como alumnos de Trabajo social.

El Gobierno redujo por decreto los aportes patronales de las universidades nacionales que al 31 de diciembre de 2009 registraban deudas por contribuciones patronales y, a la vez, dispuso un plan de pagos para que las cancelen. Publicado ayer en el Boletín Oficial, el decreto 1571 fijó en el 10,17 por ciento la alícuota que las casas de estudios deberán aportar desde el 1º de diciembre y durante veinte años –o hasta que cancelen sus deudas–.

La resolución del Poder Ejecutivo busca poner fin a una larga disputa entre diversas universidades públicas y la AFIP. Si bien ya había habido un conflicto anterior relacionado con los aportes patronales, éste comenzó en 2001, con el decreto 814, que eliminó todas las reducciones y exenciones a las contribuciones y estableció en el 16 por ciento la alícuota para el sector privado. Según argumenta el decreto publicado ayer, aquella decisión generó “diferentes interpretaciones por parte del conjunto de las instituciones universitarias nacionales”, de ahí la deuda acumulada durante los años posteriores, así como los juicios cruzados entre las casas de estudios y la AFIP.

Las universidades podrán optar por planes de hasta 240 cuotas, con un interés del 6 por ciento anual, y deberán renunciar a los procesos judiciales que hayan iniciado. La Secretaría de Políticas Universitarias, desde el Ministerio de Educación, se ocupará de retener –de las transferencias que realice a las instituciones educativas– los fondos para pagar las cuotas y los aportes patronales destinados a la seguridad social.

De los 1692 alumnos que ingresaron al Ciclo Básico Común para cursar carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), sólo un 20 por ciento logró sortear esa instancia el año pasado. Mientras el 47 por ciento seguía cursando materias del CBC durante el actual ciclo lectivo, el 33 por ciento quedó en el camino, y, por distintas razones, no continuó sus estudios. La estadística, un tanto desalentadora, fue elaborada por la misma facultad. Y el déficit llevó a que las autoridades de la casa pusieran en marcha el Programa de Ingresantes CBC-Exactas para enfrentar la pérdida de alumnos inscriptos. Apoyada por el Ministerio de Educación y coordinada por la Dirección de Orientación Vocacional de la facultad, la iniciativa pretende favorecer la retención de alumnos y generar un fuerte vínculo entre el ciclo básico y Exactas, con el propósito final de fortalecer las carreras de grado científicas y tecnológicas.

El secretario adjunto de Extensión Universitaria y Bienestar de la facultad, Leonardo Zayat, revela que el Programa de Ingresantes fue creado por un diagnóstico que “elaboramos a lo largo del tiempo”, que indica “la pérdida de una importante cantidad de alumnos desde que se inscriben en el CBC hasta que ingresan a la facultad”. El objetivo es “revertir ese grado de deserción, que trepa al 50 por ciento, aproximadamente”, como promedio de todas las carreras de la facultad. Según datos aportados por Exactas y tomados por un período de tres años, un 46 por ciento de los estudiantes inscriptos entre 2006 y 2008 entró a esa facultad entre 2007 y 2009.

Si bien existe una multiplicidad de factores que produce el abandono en el CBC –o que su cursada se prolongue más allá del año previsto–, Zayat admite que hasta el año pasado no los conocían. Por eso pone el foco en el programa de ingresantes para que aporte información y contribuya a la comprensión de las motivaciones que pesan entre los estudiantes. Según el secretario de Extensión, el alejamiento responde, además, a causas socioeconómicas, tal como ocurre hace tiempo en otras facultades y universidades. “Sabemos que hay chicos que abandonan la facultad porque no logran congeniar el trabajo con los estudios”, reconoce.

Para mejorar los índices de permanencia de los alumnos, la estructura del programa implementado por Exactas fue diseñada en tres instancias. La primera etapa incluye una charla de bienvenida, durante el mes de diciembre, para que los ingresantes accedan a información sobre la modalidad de gobierno en la UBA y Exactas, las características de las cursadas en una facultad abocada a la ciencia, instancias de participación estudiantil y el acceso a becas. Las características de cada carrera, sus orientaciones, el campo de aplicación y la salida laboral son otros de los ejes de ese encuentro. Sobre un total de 2029 aspirantes al CBC el año pasado, participaron 550 estudiantes. La iniciativa se apoya, además, en un curso previo y optativo de matemática –donde se introduce a los ingresantes en contenidos relacionados con álgebra, análisis matemático y física–, con una duración de un mes y una frecuencia de tres encuentros semanales, que se ofrece en febrero, antes de que comiencen las clases del Ciclo Básico Común. Zayat observa, justamente, que es en esas materias donde encontraron más dificultades entre los alumnos. Por último, en la tercera etapa, a los estudiantes se les asignan tutores que son seleccionados tomando en cuenta la carrera que seguirá cada estudiante, y cuyo objetivo será personalizar el vínculo entre los ingresantes al CBC y la facultad, de modo tal de mejorar su adaptación. Los tutores se designan cada cuarenta estudiantes y por esa tarea reciben 300 pesos por mes, durante diez meses al año.

“¿Cuáles fueron los principales problemas que encontraron en los inscriptos al CBC?”, preguntó Página/12. “Partimos del supuesto de que los chicos que salen de la escuela secundaria” y van a ingresar a la UBA, y en particular a Exactas, “llegan con dificultades tanto académicas como de cultura universitaria”, sostuvo Zayat. “Desde la facultad brindamos herramientas para sortear ambas dificultades”, agregó. Para eso hacemos hincapié en “un acompañamiento a lo largo de todo el año por parte de tutores, que son docentes de la facultad, están en contacto permanente con los chicos y los motivan a que no se den por vencidos.”

La proporción de alumnos que aprueban el CBC en un año es del 20 por ciento, pondera el secretario adjunto. Sobre la implementación del programa y su alcance, considera que “sería prudente esperar al menos tres años para arribar a conclusiones importantes” y “evaluar los primeros resultados en términos de retención de matrícula”. Entre algunos objetivos alcanzados durante el primer año de instrumentación del programa, un informe elaborado por la facultad destaca el “importante salto pedagógico entre la escuela media y la universidad”, sumado a “la dificultad que presenta la cursada de las primeras materias (en la mayoría de los casos) de matemáticas”, generando en el alumnado “una situación inicial de gran vulnerabilidad, proclive al desánimo, a la frustración y con altos riesgos de abandono”.

Exactas implementó una serie de encuestas para evaluar la participación de los jóvenes en el programa. En un universo de 1692 alumnos, 784 ingresantes al CBC de 2009 completaron esas encuestas y respondieron las preguntas que les hicieron en la facultad. Para el CBC 2010, 649 estudiantes hicieron lo propio, pero, esta vez, el universo fue de 1845 jóvenes. “Por las encuestas que hicimos tanto a tutores como a ingresantes, sabemos que la experiencia resultó satisfactoria para ambos”, remarca Zayat.

Dentro de las dificultades y limitaciones, el informe difundido por la Facultad de Ciencias Exactas señala que, durante las tutorías, los estudiantes manifestaron la necesidad de “mejorar o implementar un sistema organizado de clases de apoyo o de consulta previas a los exámenes para las materias de matemática”. Entre las fortalezas, el documento señala la apertura de un “importante canal de comunicación” y la “vinculación de los ingresantes con el ámbito universitario”. Hubo encuentros entre autoridades del programa y autoridades del CBC para tratar esas inquietudes, aunque hasta el momento “no se lograron avances” en ese sentido.

Mientras continúa la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, en Filosofía y Letras se levantó provisoriamente la ocupación estudiantil para intentar hoy superar el conflicto. A partir de las 16 se realizará una sesión extraordinaria del consejo directivo, en la sede de Puán. Las autoridades se reunirán con los estudiantes y analizarán un proyecto de nuevo edificio, con el fin de buscar destrabar un conflicto que comenzó hace más de un mes y que mantiene a esa facultad sin actividad normal. La casa de estudios difundió un comunicado donde confirmó la firma de un acuerdo “unánime” entre los consejeros directivos, en relación con el tratamiento esta tarde del proyecto de resolución consensuado.

La reprogramación del turno de exámenes de septiembre; un compromiso de iniciar “todas las acciones necesarias” para construir un nuevo edificio en el predio que actualmente ocupa el estacionamiento, en la calle José Bonifacio 1347; y un debate integral de la cuestión edilicia que considere la construcción de “la mayor cantidad de metros cuadrados para uso académico, prioritariamente para aulas de grado, teniendo en cuenta además los institutos de investigación, las bibliotecas y la construcción de un jardín maternal y un comedor universitario”, son los puntos que dominan la agenda del proyecto de resolución a debatir.

Para mostrar su ánimo de “destrabar el conflicto”, el centro de estudiantes resolvió el viernes levantar la toma para votar, en la sesión del consejo directivo, los artículos acordados en la mesa de negociación organizada el pasado miércoles 6. Una nueva asamblea estudiantil tendrá lugar a las 19, después de la sesión. Seguramente, los estudiantes discutirán allí el resultado de la negociación con las autoridades –encabezadas por el decano, Hugo Trinchero– y decidirán los pasos a seguir. En Sociales, mientras tanto, se espera que ocurra algo similar y se levante la toma para que continúen las negociaciones entre el decano, Sergio Caletti, y los estudiantes que mantienen la toma de las tres sedes.

Para avanzar en la generación de contenidos audiovisuales, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvió crear un Centro de Promoción y Producción Audiovisual (CPPA). Se trata de una iniciativa conjunta con los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC y dependerá de la Prosecretaría de Comunicación Institucional. El CPPA producirá y coproducirá con terceros materiales audiovisuales que reflejen la diversidad cultural y donde puedan participar los diversos actores sociales, con la finalidad de informar, entretener y educar al público.

Son los años que celebra esta semana la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Entre las actividades previstas se incluye un acto de reconocimiento a egresados, científicos, investigadores, docentes y alumnos de la casa. El decano de la facultad, Carlos Crisci, destacó que “la construcción de conocimientos es parte del compromiso público asumido por esta facultad para con el bienestar de su comunidad”.

Aunque todos señalan que existe voluntad para discutirla en el Congreso, representantes de diferentes sectores políticos aseguraron que el tratamiento de una nueva Ley de Educación Superior encuentra su principal obstáculo en el ajustado calendario parlamentario y las ocho sesiones ordinarias que restan hasta fin de año, lo que haría improbable su aprobación en el transcurso de 2010. Algunos de los principales actores políticos en educación consultados por este diario coincidieron en remarcar que se necesita “consenso” para votar un proyecto que reemplace a la LES surgida en 1995, bajo una impronta neoliberal, resistida antes de su promulgación con una serie de movilizaciones y medidas de fuerza. Página/12 conversó sobre el tema con el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus; la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós; el diputado Rubén Lanceta, secretario general del bloque de la UCR, y Alberto Dibbern, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

“El comienzo de su tratamiento debiera realizarse a partir de la elevación de una propuesta del Ejecutivo, previo acuerdo con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)”, afirmó Filmus, y reconoció que esa presentación puede funcionar “como base para una discusión que podría alcanzar un debate federal, porque se necesita de un alto nivel de consenso”. Por la agenda parlamentaria, “no creo que pueda aprobarse este año”, reconoció el legislador. Antes de viajar a México para participar del Congreso anual de Investigación Educativa de la UNAM, Puiggrós dijo que hay una subcomisión de la Comisión de Educación que “está revisando la LES punto por punto”. “Calculo que en pocos meses se va a girar a la Comisión de Educación de Diputados para su tratamiento –adelantó–. El debate está muy avanzado porque existen muchos puntos de acuerdo entre casi todos los bloques y realmente creo que en unos meses vamos a poder ubicar la LES en agenda.”

“Aunque es difícil vamos a tratar de que se trate este año”, remarcó el diputado radical Rubén Lanceta. “Estamos tratando de consensuar una ley de educación superior con el Senado para incorporar a los terciarios en un mismo contexto”, expresó el secretario general del bloque de la UCR y confió que aspira a que en Diputados “podamos ponernos de acuerdo para darle media sanción antes de fin de año”. “Si no somos capaces de darles a los argentinos una ley de educación superior por consenso, estaríamos enviando un mensaje negativo a la sociedad”, agregó.

En este mismo sentido, Alberto Dibbern, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, admitió que hoy por hoy, “la LES está en un período donde se están construyendo los consensos necesarios” para construir un proyecto de ley, y para eso se necesita de “una visión global de la comunidad universitaria”. “Es una ley que debe ser muy debatida en el Congreso, no es una ley que pueda salir solamente con una mayoría simple”, porque “tenemos antecedentes de leyes que fueron promulgadas de ese modo y luego tuvieron problemas para su implementación”.

Por último, Dibbern reconoció que si bien hay muchos proyectos en el Congreso para su tratamiento, “veremos el momento oportuno para presentar una iniciativa desde el Poder Ejecutivo”. Mientras tanto, hay que trabajar con una línea que tenga “fuertes coincidencias en los temas centrales que hacen a la LES”, vinculados con “financiamiento, función social de la universidad, gratuidad y autonomía”.

Con un perfil dirigido a la formación docente, la primera Universidad Pedagógica del país será presentada hoy al mediodía, en el marco del Congreso Iberoamericano de Educación. La nueva casa de estudios tiene tres sedes en territorio bonaerense y una oferta educativa de grado y posgrado en la que convergen la modalidad presencial y a distancia; además cuenta con una editorial propia.

La Universidad Pedagógica (Unipe) fue creada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en 2006, por iniciativa de la Dirección General de Escuelas. Su oferta académica incluye dos carreras de grado, ya en curso, la Licenciatura en Enseñanza Primaria y la Licenciatura en Didáctica de la Lengua y Literatura para el nivel primario. También comprende tecnicaturas y carreras de posgrado, así como varios seminarios de actualización académica en áreas como Políticas socioeducativas, Pedagogía social y educación popular, Derechos humanos, Pedagogía universitaria, entre otras.

La propuesta de la universidad hace foco en la reflexión y el debate sobre la tarea cotidiana del docente, con la práctica en el aula como punto de partida y de llegada en la formación. El objetivo es atender las necesidades del principal distrito escolar del país, donde se desempeñan casi 250 mil docentes, con una matrícula de 4.662.000 alumnos. Para alcanzar ese vasto universo, la Unipe combina el dictado presencial y a distancia de sus cursos, a través de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Las sedes de la institución funcionan en las ciudades de La Plata, Del Viso y Adrogué, además de subsedes o extensiones áulicas en la localidad de Las Armas y en las ciudades de Chivilcoy, Bragado y San Fernando.

La presentación se hará hoy a las 12, en Parque Norte, y estará a cargo del rector del nuevo centro universitario, Adrián Cannelloto.

Los 1400 docentes auxiliares de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), así como los que se incorporen en el futuro, podrán concursar sus cargos, una antigua deuda de la casa de estudios. El consejo directivo de la facultad aprobó un nuevo reglamento de concursos y ya realizó el primer llamado para cubrir 192 cargos. El reglamento se venía discutiendo desde hace dos años y la comunidad de Filo había acordado incorporar a los alumnos como jurados, pero la participación estudiantil fue objetada por el rectorado de la universidad.

La facultad realizó los cambios propuestos por el rectorado y eso generó el descontento de las agrupaciones estudiantiles. “Teníamos que reacomodar la conformación de los jurados para no demorar los concursos y para que en el futuro no fueran invalidados”, explicó a Página/12 el decano Hugo Trinchero. Por su parte, el consejero estudiantil Julián Dercoli (La Mella, izquierda independiente) cuestionó que se hayan “dejado afuera del jurado a los estudiantes, cuando habíamos acordado otra cosa. El decano no defendió a la comunidad educativa lo suficiente”.

“O cambiamos la resolución del Consejo Superior o cambiamos el estatuto de la UBA, pero lo que no podemos hacer es dejar que se realicen concursos que después no tendrían validez”, aseguró el decano Trinchero. El debate sobre el reglamento de concursos para los cargos auxiliares viene ya de la gestión anterior, que tenía al propio Trinchero a la cabeza. A fines de 2008 los claustros comenzaron a debatir la nueva normativa, que culminó con el acuerdo de incluir tres representantes de profesores, tres de graduados y tres de alumnos en la mesa de evaluación de los auxiliares docentes. Luego se envió al rectorado para que examinara la propuesta a la luz de las normativas generales de la universidad. Fue allí cuando el área de legales del rectorado objetó la participación estudiantil en los jurados, invocando su incompatibilidad con la resolución 2036/87 del Consejo Superior.

Para los alumnos, esa norma “no prohíbe explícitamente la participación de los estudiantes ni de los graduados. Entendemos que el decano no peleó lo suficiente por el reglamento que acordó la comunidad académica de Filo”, afirmó el consejero Dercoli. En su artículo 4º, la norma en cuestión dice que “los jurados estarán compuestos por al menos tres docentes regulares con mayoría de profesores del área respectiva” e indica que los graduados y estudiantes podrán “enviar a los veedores que participarán de las reuniones del jurado”.

En Filosofía y Letras hay más de 1400 auxiliares docentes con cargos interinos, distribuidos en las nueve carreras de grado que se dictan en la facultad, que esperan para participar de los concursos. En la próxima sesión del consejo directivo, prevista para el martes que viene, los claustros tratarán un nuevo conjunto de cargos a concursar. Las autoridades de la facultad estiman que en cuatro años estaría “regularizada la planta de auxiliares”.

Con el propósito de convocar lo antes posible a los nuevos concursos, el decano propuso una salida alternativa. “Para no retrasar el llamado planteamos la participación de los estudiantes en la comisión evaluadora para no quedar en contraposición con la resolución y, también, para no romper el espíritu de participación que tenía el reglamento discutido y aprobado por la comunidad de la facultad”, explicó Trinchero. Así, los estudiantes participarán de la comisión que analizará la renovación de los cargos docentes, pero no de los jurados. “En otros estatutos que fueron modificados, como el de la Universidad Nacional de La Plata, se incorporó a los estudiantes en los jurados, pero la UBA todavía no lo hizo”, agregó el antropólogo.

Pese a que la discusión no había sido zanjada, los llamados a concursos para auxiliares docentes se aprobaron en la última sesión del consejo directivo de Filo. “Los estudiantes tampoco nos opusimos al llamado a concursos, porque es la esencia de lo que venimos discutiendo: laburo estable para los docentes. Aún así presentamos un proyecto para que el consejo se pronuncie y, además, solicite al Consejo Superior la modificación de la resolución 2036/87”, detalló el consejero Dercoli y agregó: “El reglamento tal y como estaba significaba romper con la tradición conservadora de la UBA”.

El campo de la sociología en la Argentina actual, los roles que asumen sus profesionales y los cambios que atravesó la disciplina en las últimas décadas son los temas centrales que abordan los artículos reunidos por Lucas Rubinich y Gastón Beltrán en ¿Qué hacen los sociólogos?, recién publicado por Aurelia Rivera (aurelialibros.com.ar). El libro será presentado el martes 6, a las 19, en la sala Abuelas del Centro Cultural Rojas (UBA), en Corrientes 2038.

Más de veinte instituciones, entre las que se encuentran universidades nacionales de todo el país, presentaron ayer un documento que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante un tribunal de Salta. Allí habían fallado a favor de una medida cautelar para suspender seis artículos de la nueva norma.

La presentación del dictamen jurídico para reforzar la constitucionalidad de la ley de medios fundamenta que “los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión y que la Constitución reconoce tales facultades al Congreso”. Además “recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios”.

Luego de la sanción de la ley en el Congreso la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor solicitó una medida cautelar para suspender la vigencia de algunos de sus artículos. El juez federal Miguel Medina le concedió el recurso a la organización. Las facultades de Ciencias Sociales de las universidades de Buenos Aires, La Plata y de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de sindicatos y organizaciones sociales, fundamentaron ante la Justicia el rechazo a la decisión del magistrado para que se garantice el cumplimiento de la ley.

El escrito fue presentando ante el juzgado bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal) que permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado de un litigio. También se intervendrán en causas similares donde se discuta la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.