Página#12 Libre

Desde Nueva York

Aplastado debajo de un cuarto de millón de secretos, resulta imposible apartar la mirada de la computadora y la mano del mouse. Como para preguntarse algo al menos. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho la Unión Democrática si, la semana antes de las elecciones de 1946, hubiera leído en los diarios el cable del diplomático norteamericano John Cabot evaluando que “el ascenso de Perón va a ser un gran paso hacia una revolución social en Argentina, que, con extremos de riqueza y pobreza, quizá no sea malo en sí mismo”? ¿Cómo habría salido la elección si La Prensa publicaba la sorpresa de Cabot frente al conservadurismo local, evaluando que “al lado de las viejas familias argentinas, los banqueros de Nueva York se parecen (al líder del Partido Comunista norteamericano), William Z. Foster”?

Quizá Perón hubiera ganado por un margen menos estrecho y los funcionarios norteamericanos hubieran pasado unas semanas de vergüenza, pero poco más hubiera cambiado. Estados Unidos, Cabot incluido, hubiera seguido apoyando a esas mismas familias y aquella revolución social habría seguido el mismo curso errático que tuvo. Cuando se apaga la luz del escándalo bajo la cual los medios alimentan su razón de ser, lo que se le presenta al mundo desde el domingo es la chance de leer en tiempo real lo que en general deberían ver sólo los historiadores varias décadas más tarde.

La mayor parte de lo que se ha publicado en estos días es el trabajo normal de los analistas de cualquier misión diplomática del mundo, basado en la defensa de los intereses del país que representan, una definición lo suficientemente vaga como para abarcar demasiado. Muchos cables revelan un esfuerzo no menor de los diplomáticos en impulsar los intereses de Estados Unidos, como en las conversaciones acerca de la relación entre China y Corea, los posibles acuerdos tácitos del Estado brasileño con organizaciones terroristas islámicas o los regateos para derivar a los presos de Guantánamo a algún otro lugar. Muestran también una cierta dedicación profesional por proveer al Estado y sus funcionarios de información clara y contundente. Y exhiben, además de las miserias ajenas, varios achaques propios: los cables no dejan dudas sobre el costo innecesario que tuvo el destrato al que se sometió a Arturo Valenzuela durante su paso por Buenos Aires, un funcionario menor y en descenso dentro del mundillo liberal norteamericano, que terminó por realzar voces internas y cohesionar una narrativa dispersa sobre el estado de las instituciones argentinas.

Las preguntas sobre la salud de los Kirchner son cualquier cosa menos alarmantes o inapropiadas. Lo interesante sería que el Estado argentino también pudiera contar con cables de su embajada en Washington dilucidando cómo lidiar con la pasmosa calma de Obama, cuál es la mejor manera de conversar telefónicamente y sacar algo al final de la charla, si le gusta recibir consejos o si prefiere diálogos cortos, o qué es lo mejor para lograr algo de una reunión con Hillary Clinton.

Pero eso difícilmente suceda. Así como los norteamericanos evidencian en sus cables un escaso acceso a los Kirchner, los funcionarios de la Cancillería argentina tampoco tendrían acceso a la Casa Blanca. Un Wikileaks de la Cancillería revelaría algo mucho peor que secretos de Estado: mostraría la descomunal cantidad de horas que a viejos embajadores con sueldos de más de 300 mil dólares al año se les van en criticar el arreglo floral de una recepción o en negociaciones transoceánicas que involucran a funcionarios en varios continentes sobre el pago de las sábanas para la residencia oficial. Lo cual es relevante cuando los gustos del embajador elevan el precio por arriba de los cuatro dígitos, lo que lleva directamente a otro tema, y es el extremo aislamiento en el que viven muchos de los diplomáticos de todo el mundo. Embajadores y funcionarios circulan por corredores cada vez más estrechos, sobreleyendo por las tapas de los diarios y los contactos con la decena de economistas y otros profesionales que en cada país dedican su vida a (y obtienen su salario y prestigio de) recibir a funcionarios de otros países, sobre todo de Estados Unidos, para decirles aquello que quieren oír. La negligencia con la que los diplomáticos norteamericanos parecen desconocer los mil datos y matices de las sociedades en las que viven no deja de sorprender: cuando describen a José Luis Rodríguez Zapatero como miembro de una izquierda trasnochada, cuando excluyen de toda evaluación el impacto político que podría tener en cualquier país de Europa el traslado de presos de Guantánamo, cuando indagan por el pasado de Jorge Taiana, cuando analizan el rol de las organizaciones radicales islámicas en los países de Medio Oriente, intoxicados de información subterránea en proporción directa a la incapacidad para interpretar el país que los acoge.

Nobleza obliga, no todo es así. Más allá de pifias antológicas, las evaluaciones de las agencias de inteligencia suelen ser mucho más precisas e informadas que las del Departamento de Estado, del mismo modo que algunos funcionarios de la Cancillería elaboran informes que son de enorme utilidad para la política exterior argentina.

Con el ventilador de Wikileaks prendido a toda velocidad, puede que esta vez las consecuencias sean más importantes para los Estados Unidos que medio siglo atrás. La difusión puede torcer el rumbo de la política hacia Irak, o de las estrategias más o menos conjuntas con China sobre Corea del Norte, sino por la difusión en sí, al menos porque enfatiza la influencia declinante de la diplomacia norteamericana. “Con su inmediatez desmemoriada y su exageración profesional”, los medios de comunicación tienen una creciente capacidad para erosionar el accionar del Estado o las corporaciones en ciertas áreas, al mismo tiempo que impactan poco y nada en alterar las relaciones de poder sobre las que esas acciones se sustentan. “El lado oscuro del poder” que Wikileaks parece revelar difícilmente se vuelva más transparente, aunque es posible que los diplomáticos tomen nuevos recaudos a la hora de hablar del mismo.

Desde Nueva York

Al mediodía de ayer, la totalidad de Prospect Park en Brooklyn estaba cubierta de parrillas portátiles y de miles de personas desplegando todo tipo de comidas y banderas, como cada 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Allí no había barbijos a la vista, ni en los ferries que acarreaban turistas hacia la Estatua de la Libertad, que ayer abrió su cúpula por primera vez desde el 11 de septiembre del 2001, ni en la cancha de los Mets en Queens el domingo pasado, donde 60 mil personas vieron el clásico de béisbol de la ciudad entre los locales y los Yankees. Para una ciudad constituida sobre la paranoia, la reacción no pudo haber sido más calma.

En verdad, los barbijos y el alcohol se acabaron en Brooklyn para principios de mayo, cuando la ciudad llevaba reportados dos muertos por la gripe A y dos escuelas en Queens habían cerrado sus puertas, luego de que un grupo de estudiantes regresara de México con síntomas de la enfermedad. En la farmacia de la esquina de Court y Wyckoff, el dueño había pegado junto al cartel de “No hay más barbijos”, una copia de la página oficial del gobierno de la ciudad en internet con las principales recomendaciones para prevenir el contagio. Evitar los viajes a México figuraba entre las primeras. El 15 de mayo, el New York Post informaba que el 80 por ciento de las reservas para las playas de México había sido cancelado. Un día después, el alcalde Michael Bloomberg brindaba una pedagógica e infinita conferencia de prensa llamando a la calma, pero anunciando un decálogo de medidas que dibujaban una ciudad en cuarentena. El 20, el Daily News titulaba “El pánico en la ciudad se acelera”: el secretario de Educación anunciaba el cierre de nuevas escuelas.

La escalada de atención pública llegó hasta estos días sin los síntomas habituales de la paranoia. La ciudad, bajo muchos parámetros, se ve como en cualquier otro día, aun cuando hasta el viernes había registrado 44 muertos y 2499 casos de gripe A, la mayor parte en las zonas más pobres de la ciudad. Se trata de los números más grandes de todo Estados Unidos (a nivel nacional, los muertos son 170, los infectados 33.902). Sin que este sea necesariamente un síntoma de salud mental, los habitantes de Nueva York parecen acostumbrados a administrar una variedad de amenazas y alarmas, y políticas públicas para prevenirlas, que generan tanta seguridad y acostumbramiento como disciplina. Los medios explicaron a fines de junio que el código 6 de la Organización Mundial de la Salud sobre la gripe A es similar al nivel de alarma roja del departamento de Homeland Security para las amenazas terroristas. Aun por didáctica, la analogía no deja de provocar un cierto malestar.

De ahí que, en breve, el todopoderoso Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) avanzará con una campaña de vacunación universal y obligatoria para consolidar la declinación de la actividad del virus antes de que llegue el invierno (el hecho de que el virus haya llegado a Nueva York en la fase más baja del año de gripe fue sin duda una gran ayuda para que la propagación de la gripe A no haya sido mayor). La autoridad del CDC para tomar estas medidas deriva de una ley aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, que lo autoriza a ordenar la producción y compra de medicamentos en tiempo record sin los controles presupuestarios del Congreso ni sanitarios de la Food and Drug Administration (FDA). El Congreso aprobó a fines de abril una partida de mil millones de dólares para que un grupo de laboratorios produzca la vacuna, casi al mismo tiempo que el departamento de Homeland Security reafirmaba que “una crisis de salud pública es considerada una amenaza a la seguridad nacional”, y el Post comenzar a llamarla the Mexican fever, en un país en donde habitualmente el fantasma de un México invasor y penetrante es parte del imaginario colectivo. Aun ante tanto despliegue, resulta difícil encontrar datos consistentes de una paranoia generalizada y de una reacción racista sostenida.

En todo caso, y aun antes de que esta parte de la parafernalia se pusiera en marcha, la política preventiva disparada frente a la gripe A evidenció el enorme despliegue que en verdad tiene el Estado, aun en un área como la salud, donde su descuartizamiento ha sido un tanto cruento.

En Nueva York al menos, la Corporación de Hospitales Públicos y el sistema de escuelas públicas y privadas fueron razonablemente eficientes en establecer un mecanismo de circulación de datos que le permitió al gobierno mantener las clases en marcha y cerrar escuelas de forma selectiva a medida que se detectaran casos de gripe A. Claro que eso también depende del ojo con que se lo mire, la paciencia que se tenga y la disposición a confiar en una autoridad tan sospechable como cualquier otra. Como con cualquier epidemia, la chance de pensar que las muertes se podrían haber evitado es por completo opinable. Y para una ciudad de ocho millones de habitantes, la cifra oficial de 44 muertos no deja de ser alta, y en algún otro lugar los mismos números hubieran despertado una reacción mucho más airada. Aquí y ahora, son pocas las voces que se oyen cuestionando la política preventiva oficial; si no es porque no las haya, al menos porque el alcalde de la ciudad es también el hombre más rico de la ciudad, el mayor donante privado de fondos a las organizaciones no gubernamentales de la ciudad y el que por lejos tiene más influencia en los medios de comunicación. A veces, la disposición a confiar en las indicaciones generales y el buen tino de las autoridades parece a toda prueba. Apenas una exhibición obscena del maltrato, la falta de juicio y las flaquezas estructurales como la que se desplegó durante el huracán Katrina logró despertar una reacción casi unánime de repudio frente a las políticas del gobierno de Bush. El gobierno federal reconoce la muerte de 1224 personas como víctimas directas del huracán, pero aún, cuatro años después, no hay ni siquiera una versión remota de las miles de víctimas fatales que se produjeron en las semanas posteriores a la tormenta.

Desde Nueva York

A quien quisiera verlo, Dios le envió dos claras señales a la puerta de su casa alertando sobre la crisis que se iba armando en los Estados Unidos. La primera fue cuando la oferta de flamantes tarjetas de crédito saturó los buzones de consumidores que a duras penas podrían cumplir las condiciones que aceptaban de inmediato a lo largo y ancho del país. La segunda fue cuando, súbitamente, esas invitaciones para sumarse sin costo alguno al mundo del consumo desapareció de la correspondencia de cada día. Pocas historias expresan la sobreexpansión del consumo de los últimos 15 años tan bien como el círculo perfecto del auge y colapso del consumo con tarjeta, antesala de la crisis más importante desde la Depresión. De ahí que el presidente Barack Obama haya hecho de la regulación de las tarjetas de crédito su primera ley importante por fuera del paquete de estímulo. Y de ahí que valga la pena preguntarse si la misma ley que firmó la última semana aliviando las presiones financieras para millones de trabajadores, al mismo tiempo no está generando las mejores condiciones para repetir los mismos pasos que condujeron al colapso.

Obama presentó la ley (“declaración de derechos de los consumidores con tarjetas de crédito) el viernes último, montado sobre un apoyo casi unánime del Congreso y las asociaciones de consumidores. No es poca cosa para un gobierno cuyo vicepresidente, Joe Biden, ha sido el más férreo defensor de las compañías de tarjetas de crédito (en su mayoría con sede legal en su estado, Delaware). Hasta la cadena Fox, quizás el enemigo más articulado al gobierno de Obama, dio a entender su apoyo a la ley, “porque al fin y al cabo, el populismo es como las agujas de un reloj descompuesto, que aunque no funcione da la hora exacta dos veces al día.” Tanta unanimidad y tan poca resistencia deberían servir para despertar sospechas sobre sus alcances. En verdad, la ley sólo es imaginable en el clima del último año, más simpático a la intervención directa del Estado y a la mayor regulación de la vida económica, pero tiende a controlar una variedad de abusos difíciles de defender. A Obama le permite arrancar con un gol de ventaja para encarar en el verano norteño reformas que serán infinitamente más difíciles, sobre todo las referidas al sistema de salud.

La ley, que entra en vigencia a lo largo de este año, limita los tiempos y montos en los que las compañías pueden incrementar los intereses sobre las deudas con tarjeta, extiende y facilita las formas de pago de las mismas, pone condiciones a las penalidades contra los morosos y permite a éstos agrupar sus deudas de la forma más económica (es decir, en función de las tasas más bajas). Más allá de las deudas, también obliga a las empresas a una mayor información sobre sus costos y establece más límites para el otorgamiento indiscriminado de tarjetas a menores de 21 años, un nicho privilegiado del mercado de tarjeta, justamente por su propensión a endeudarse.

La nueva ley mejora la estructura de gastos de millones de endeudados, en su enorme mayoría trabajadores. Esta semana, el gobierno difundió hasta el hartazgo el dato de que el 80 por ciento de los norteamericanos tienen tarjetas de crédito, y cerca de la mitad acarrea deudas de distinto tipo. Mirado de cerca, el mapa es un poco menos catastrófico. Las tarjetas con deuda llegan al 45 por ciento del total de tarjetas, y aunque la deuda promedio es de 9000 dólares, la media ubica al 50 por ciento de esas deudas cerca de los 2000 dólares. En blanco sobre negro, sólo un 15 por ciento de los norteamericanos tienen tarjetas con deudas superiores a los 2000 dólares, algo que difícilmente pueda ser descripto como una catástrofe nacional. Para esos 45 millones de norteamericanos, los beneficios de esta ley son inmediatos. Y también lo serán para otros tantos millones que destinan parte de sus ingresos a pagar tasas y adicionales que las compañías incluyen en la ya famosa letra chica del contrato. Pero para la economía norteamericana en general, el impacto del endeudamiento para adquirir propiedades, autos y educación es muchísimo mayor.

La regulación de las tarjetas, más bien, puede ser una oportunidad para revisar en el largo plazo las pautas de consumo generales que mueven a los Estados Unidos, marcadas por un sistema de ofertas que no invita a ahorrar en las compras sino a gastar más de lo previsto. No es casual que la otra papelería que satura los buzones y que ha sobrevivido a la desaparición de las tarjetas son los cupones, un mundo de talonarios que permiten comprar con descuentos en negocios de todo tipo. En cualquier casa norteamericana que se precie, la conversación sobre un nuevo televisor, un juego de platos o una cena afuera sólo prospera cuando se despliegan sobre la mesa una multitud de cuponcitos que en su conjunto pueden reducir hasta un 30 por ciento del precio del producto en cuestión.

El funcionamiento de los cupones en la economía doméstica es similar al de los incentivos que ofrecen las tarjetas: empieza por incrementar la capacidad de compra del salario real con descuentos y ofertas y termina por destruirlo mediante un incremento del consumo y una disminución de la capacidad de ahorro. En una perversión intrínseca al calvinismo norteamericano, lo que inicialmente aparece como una forma de consumo prudente y ahorrativa, sigue con un foco en cuidar la capacidad de compra de los ingresos y termina por erosionar la prudencia inicial en favor de una expansión del consumo por arriba de lo originalmente previsto. No por nada la empresa Valpak (una de las grandes distribuidoras de cupones en Nueva York) se vanagloria de que el término “coupons” registre más búsquedas en Google que “Britney Spears,” el nombre propio que reina entre los buscadores de Internet.

La verdad es que para Obama lidiar con la voracidad del consumo puede resultar mucho más difícil que regular las tarjetas. En el acto del viernes, el presidente dijo que la nueva ley “no significa un apoyo” a aquellos que “han incurrido en un gasto imprudente” al “comprar más que lo que pueden pagar... Quiero ser claro en esto: no perdonamos ni condonamos a aquellos que han actuado irresponsablemente”. Es decir, a los beneficiarios inmediatos de la ley. La muletilla obamiana se monta sobre una idea que difícilmente él comparta, según la cual todos ingresan al mercado y toman sus decisiones de consumo con igual grado de libertad e información. Y se hace eco, de paso, de una gran cantidad de voces que predicen que el colapso de este año cambiará por sí mismo los patrones de consumo norteamericanos a favor de mayor prudencia y menor despilfarro.

La ilusión de que el efecto disciplinador de una crisis es más poderoso que la imponente tendencia a reproducir las mismas conductas es común en estos casos. Lamentablemente, países expertos en crisis recurrentes como la Argentina muestran un futuro menos esperanzador. Bajo una variedad de regímenes en los ‘80, los ‘90 y el 2005, siempre alcanzaron unos pocos meses de estabilidad y recuperación del salarial real para descubrir súbitamente una necesidad casi física de reequipar el living familiar, incorporar la filmadora al blog del joven emprendedor o adquirir el iphone aun antes de que en la Argentina funcione. Lo que en Estados Unidos se llama “coupons” en Argentina se llama comprar en el exterior: al amparo de la apertura promovida por el Estado, o eludiendo las regulaciones que el mismo procure imponer, centenares de miles se vuelcan periódicamente a adquirir en Miami o Nueva York bienes más baratos que en Buenos Aires, a fin de poder expandir el consumo más allá del cálculo original. Si de algo sirve la experiencia de reincidir rutinariamente en crisis económicas, es para saber que no importa cuán mal se vean las cosas, siempre se puede estar peor.