Página#12 Libre

Dos años después de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de 2009, no hay imputados, pese a que hace más de un año que la propia fiscal de la investigación sostenía que “la hipótesis más firme es la de la responsabilidad policial”. La causa no sumó ninguna prueba en ese sentido. Sin embargo, “en el expediente figura una cantidad de irregularidades por parte de la policía que se relacionan con la desaparición de Luciano”, aseguró Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga. Entre las pocas medidas que se ordenaron en 2010 hubo una en la que se pidió a Mónica Alegre, mamá de Luciano, “recorrer las morgues judiciales para identificar cuerpos de jóvenes de entre 18 a 20 años”, indicó Combi. “Se investiga el más alto delito contra los derechos humanos, mientras el gobierno bonaerense trata de invisibilizarlo”, denunció Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se incorporó a la causa en noviembre. El organismo y la APDH participaron la semana pasada de la primera serie de peritajes solicitados en conjunto.

La hipótesis que recae sobre los ocho policías que estaban en funciones en la madrugada del 31 de enero en el destacamento policial de Lomas del Mirador –dependiente de la comisaría 8ª y donde los registros indican que Luciano estuvo ilegalmente detenido en 2008– fue reacreditada por la fiscal 1 de La Matanza, Celia Cejas. La familia pidió que se cite a indagatoria, por la prueba surgida de los peritajes y los cruces de testimonios, a los policías responsables por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público y apremios ilegales.

En cambio, en marzo de 2010, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal. Entonces, el juez consideró que no había prueba suficiente. Mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.

Dos meses después, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, entregó su informe a la Argentina y exhortó al Estado a “concluir la investigación” por “desaparición forzada”. “Es una investigación compleja, con fuertes sospechas sobre la Bonaerense y en la que se muestran problemas de compromiso por parte de la Justicia y el gobierno provincial. El cambio de carátula puede ser simbólico pero indica que la causa no está considerada con la importancia que debería tener la desaparición de una persona”, sentenció Litvachky, directora del Programa de Justicia democrática del CELS.

Desde el rechazo del juez, se sucedieron pocas medidas entre las que estuvo el pedido de que la madre de Luciano busque a su hijo en las morgues, algo a lo que la querella familiar se negó. Y la citación de Mónica a declarar varias veces. Medidas más, medidas menos, Pablo Pimentel, titular de la Asociación por los Derechos Humanos de La Matanza, reflexionó: “Los primeros doce meses de la fiscal Cejas hubo movimiento, líneas de investigación, pero a partir de abril de 2010 notamos un cambio de actitud”.

Desde que Luciano fue visto por última vez a una cuadra de donde vivía en el barrio 12 de Octubre, la investigación comenzó torcida. La fiscal Roxana Castelli, la primera del caso, entregó los primeros 45 días de investigación a la Policía Bonaerense, violando la resolución 1390 de la Procuración General provincial, por lo que fue sumariada.

En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló el rastro de Luciano en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento –apostado en una casa, donde cualquier detención es irregular– y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro rastrillaje indicó que allí había estado el cuerpo de Arruga. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa. Los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.

La última medida tomada ese año fue el peritaje sobre los libros policiales. Las grandes irregularidades encontradas en esos documentos son el basamento de las denuncias de supresión de documento público e incumplimiento del deber de funcionario público realizadas por la familia. “En estos dos años, el gobierno bonaerense no mostró voluntad política y los mensajes en relación con el funcionamiento de la Bonaerense fueron siempre los de darle más autonomía y no más control”, resaltó Litvachky. En agosto de 2009, el gobernador Daniel Scioli iba a recibir a la familia Arruga, pero la reunión la mantuvieron con el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, y de Seguridad, Carlos Stornelli.

Entonces, uno de los ministros se enfureció por el reclamo de responsabilidad de la familia. Dos meses después, los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador que habían sido puestos a disponibilidad por Stornelli fueron reincorporados a sus actividades y reasignados en otros distritos, donde aún continúan al servicio de la comunidad.

El anuncio de otorgamientos de créditos blandos y el financiamiento del gobierno nacional en materia de vivienda anunciado por los jefes de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y nacional, Aníbal Fernández, no es algo nuevo para los porteños. La ley 341 tiene diez años de vigencia en la Ciudad y otorga créditos a largo plazo a cooperativas, además de contar con financiamiento del Plan Federal. Pero en una década sólo se finalizaron once obras y las 400 cooperativas de vivienda inscriptas en el programa de la ley, que funciona dentro del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), denuncian que durante el gobierno de Mauricio Macri el presupuesto se subejecutó –sólo se gastó un 27 por ciento de lo previsto para 2010– y se interrumpieron los pagos para más de 40 obras en construcción. Por eso, varios de esos colectivos enfrentaron intimaciones judiciales de las empresas contratadas y los trabajos quedaron paralizados. Mientras, otro medio centenar espera el inicio de obra y 300 aguardan con las manos vacías.

“El Gobierno de la Ciudad tiene en las cooperativas de la ley 341 una herramienta para atacar el déficit habitacional, pero toma la decisión política de no usarla”, lamentó la presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, Rocío Sánchez Andía. Durante las reuniones de debate del presupuesto 2011, el titular del IVC, Omar Abboud, advirtió que, a pesar del aumento presupuestario, esos fondos servirán para terminar sólo obras de diez cooperativas y comenzar otras diez.

Según denuncian los cooperativistas, durante la gestión PRO no se compraron terrenos, se cerró el ingreso de proyectos de obra para 300 cooperativas y no hay información sobre la situación del Banco de Tierras e Inmuebles del IVC, que mantuvo una política de cesión y venta de terrenos, que cuenta con un intento de vender terrenos del IVC en Villa Soldati. “Dentro de la perversión de la política de Macri en el manejo con las cooperativas está la falta de información”, advirtió Sánchez Andía.

Página/12 se encontró en la calle con los que no tienen un terreno y recorrió las obras paralizadas para conocer las historias que muestran que de la ley al hecho hay un largo trecho.

“Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad los inmuebles sitos en las calles Pringles 340, Pringles 342 y las avenidas Rivadavia 1545 y Córdoba 1556.”

“Innecesarios”, repitió César Maidana, referente de la Cooperativa de Vivienda Congreso, al recordar la ley 3397, sancionada en 2009, y promulgada por Macri. “Estamos esperando un terreno para construir nuestra vivienda con el crédito que ofrece la ley 341. Pero desde 2007, el IVC mantiene cerrada la entrada de nuevos proyectos de vivienda. El terreno en Rivadavia fue el último que presentamos. Nunca tuvimos respuesta”, explicó Maidana.

El y las 25 familias que forman la cooperativa inscripta en el IVC desde 2003 presentaron cuatro propuestas al instituto hasta 2007. Todas fueron rechazadas, después de un largo proceso burocrático. Dos informes, uno de la Auditoría y otro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad citados en el informe Buenos Aires sin techo, del período 2009-2010 de la Comisión de Vivienda, resaltan la falta de participación del IVC en la búsqueda de terrenos y los excesivos tiempos de tramitación, por lo que un 33 por ciento de las cooperativas perdieron las señas de los terrenos.

En agosto, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y el Movimiento de Vivienda y Trabajo (MVT) presentaron un documento al gobierno porteño en el que denunciaban “el no acceso a terrenos por parte de familias que, hace años, intentan construir cooperativamente sus viviendas” y la falta de operatividad del Banco de Inmuebles, cuya creación consta en la ley madre del IVC, sancionada en 2003.

“Durante el gobierno de Macri no se compró suelo, se cerró la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CCESS, conformada por las cooperativas) y el IVC presenta como Banco de Inmuebles los cien terrenos adquiridos durante la gestión de Ibarra, que ya están asignados a cooperativas”, sentenció Maidana.

No hay política de hábitat sin un banco de tierras, es la consigna de las cooperativas. Sin embargo, el IVC, en los tres años de gestión macrista, en lugar de adquirir suelo mantuvo una política de cesión a otros ministerios, como el decreto 723/2010, por el cual un terreno del instituto pasó a manos del Ministerio de Desarrollo Económico.

Dentro de esa cartera funciona la Corporación Buenos Aires Sur, de la que Abboud fue director antes de ingresar al IVC, y a la que se le transfirieron cantidad de terrenos, como el Parque Indoamericano. En agosto, la legisladora Laura García Tuñón solicitó un informe de los terrenos transferidos pero no obtuvo respuesta: “Ni siquiera contestaron que estaban estudiándolo”, apuntó Tuñón, integrante de la Comisión de Vivienda.

“No existen datos sobre el banco de tierras e inmuebles. Pensar una política de vivienda en la que el Estado cede tierras sin poder concretar una política pública que resuelva el déficit habitacional es hablar de un Estado negador”, sentenció Andía.

Además, según indica un informe de la Comisión de Vivienda, se mantuvo una política de financiamiento del IVC a través de la venta de tierras destinadas a construcción de vivienda social. El intento más resonante fue el de la venta de 36 terrenos del banco de tierras del IVC, ubicados en Villa Soldati, donde por estos días miles de familias reclaman un terreno, y en Casa Amarilla, en la Boca, preadjudicados a cuatro mil familias que esperaban conseguir un techo digno.

En El Molino los cooperativistas van de un lado a otro, no parecen estar preocupados, aunque hace seis meses el IVC incumple con los pagos para la finalización de la primera etapa del proyecto, que busca transformar una antigua fábrica de harina en más de cien viviendas, jardín de infantes y una escuela.

El Molino es una de las cooperativas del MOI que, una semana antes de que las tomas del Parque Indoamericano pusieran en evidencia la insuficiente política habitacional, acamparon en el IVC para denunciar: ¿dónde está la plata?

Graciela Cuello es una de las fundadoras de la cooperativa, fue desalojada de su departamento en 2001 por no poder mantener el alquiler y hasta 2007 vivió con subsidio en un hotel de Parque Patricios. Mientras terminan de construir su casa, trabaja, lleva a su hija a la escuela y cumple sus 18 horas semana de ayuda mutua, que suma fuerzas a los cooperativistas capacitados para trabajar en construcción.

Ella corre con una ventaja fundamental producto de la lucha del MOI. En 2006, consiguieron que la Procuración General de la ciudad ordenara al IVC entregar a 28 familias del movimiento un edificio como vivienda transitoria, un lujo conseguido a fuerza de lucha, pero que debería ser política de gobierno.

“Para las familias pobres es difícil llevar adelante el proceso cooperativo sin vivienda transitoria. Los pasos burocráticos, las reuniones, no son compatibles con el trabajo. Cuando no están preocupados por ser desalojadas y quedar en la calle”, resaltó Jorge Leyendo, integrante de la cooperativa 10 de Noviembre, que espera que el IVC cumpla con un recurso de amparo para que las 40 familias cooperativistas, desalojadas de un edificio en 2009, tengan una solución definitiva.

A pesar de la existencia de una Ley de Emergencia Habitacional, que los gobiernos de Ibarra, Telerman y Macri vetaron parcialmente, los desalojos en la ciudad fueron en aumento. Por eso, la legisladora Tuñón presentó un proyecto de ley para la creación del Programa de Vivienda Transitoria en el que indicaba que la Dirección General de Administración de Bienes porteña cuenta con 1280 viviendas que no tienen un destino manifiesto. “La emergencia habitacional puede intentar emparcharse con subsidios, pero la solución definitiva es pelear por la solución definitiva. ¿Quién va a suspender los desalojos? Macri, nunca. Que existan recursos para vivienda transitoria es indispensable para el proceso cooperativo. Construir cooperativa es construir una historia nueva”, aseguró Néstor Jeifetz, del MOI.

“¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano?” Por primera vez, un censo nacional contará con la pregunta que permitirá dar cuenta de la tercera raíz identitaria de los argentinos, además de los pueblos originarios y de los europeos, que los trajeron como esclavos. Los censos de 1869, 1887 y 1895 contemplaron consultas por etnia, pero nunca de manera específica para los africanos o afrodescendientes y, desde entonces, se dio lugar a la invisibilización. “Desconocer a los afrodescendientes en el país es no reconocer nuestra identidad, es negarnos”, sentenció Dina Picotti, doctora en Filosofía, autora del libro La Presencia Africana en Nuestra Identidad y creadora de las especializaciones en Estudios Afroamericanos e Indoamericanos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Las guerras internas posteriores a la Revolución de Mayo, la del Paraguay, entre 1865 y 1870, y la epidemia de fiebre amarilla en 1871 son argumentos históricos para sostener la supuesta ausencia de afrodescendientes en el país. “Aunque muchos negros murieron con las pestes y las guerras, porque vivían en las peores condiciones, muchos otros se mestizaron y están presentes. Esas afirmaciones simplistas pretenden ocultar la presencia `afro’ en nuestra población y nuestra cultura”, aseguró la directora de la Especialización en Filosofía Política y docente de Filosofía Política de la Cultura de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Una prueba piloto censal de captación de afrodescendientes realizada por el Indec y la Untref, con el apoyo del Banco Mundial, en 2005 en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe estimó que en la Argentina alrededor de dos millones de personas tienen ascendencia africana. “En el país, se utiliza el término ‘criollo’ para designar a los mestizos de europeos y pueblos originarios, pero hay muchos ‘zambos’ del mestizaje con el negro, con rasgos muy visibles todavía como la tez más oscura, el cabello rizado, ciertos rasgos en el rostro, por ejemplo los labios anchos, y el cuerpo”, resaltó la filósofa, de activa participación en el Movimiento de la Diáspora Africana en Argentina.

–¿Fue el modelo educativo del “ser nacional” impuesto en la década de 1880 el camino hacia la invisibilización de esas culturas presentes en nuestra identidad?

–Al conformarse los estados nación en el continente, intentaron a través de la educación alcanzar una homogenización ciudadana, haciéndolo sobre el modelo “civilizatorio”. Si bien no se justificaba era, en cierto modo, comprensible en ese momento. Lo que no es compresible es, como pedía Juan Bautista Alberdi, que no hayamos sabido adecuar luego nuestras instituciones a las exigencias de la población. Esa tarea requiere conocer y reconocer todos los factores que constituyen nuestra identidad, pero tenemos interiorizados modelos normativos que impiden o al menos obstaculizan percibir y valorar esa diversidad, ver “lo otro”.

–¿Cómo se traduce la invisibilización de lo “afro” en los estudios universitarios?

–Los programas de estudio de las universidades argentinas no son muy diversos a los programas de estudios europeos. No suele pensarse desde aquí, al menos en la dimensión en que debiera hacerse. En algunas universidades aparecen programas de estudios latinoamericanos, pero sea en grado como en posgrado los estudios africanos o afroamericanos no existen o sólo se dan en escasa medida. En Argentina, la historia africana está ingresando como novedad, pero aún no forma parte constitutiva de los estudios.

–¿Qué significaría continuar el camino del no reconocimiento?

–Cuando una persona no se reconoce en su propia identidad no podrá ser nunca nadie, será “copia de”. Cuando las personas y los pueblos no se reconocen a sí mismos, se niegan los propios recursos. Con respecto a la invisibilización de la presencia africana entre nosotros, además de falta de verdad, se trata de autonegación, con referencia a culturas como las negras que son muy fuertes, muy interesantes y valiosas y que, a pesar de todo lo sufrido, siguen vivas. No sólo es necesario registrarlas sino valorarlas.

–Una de las cosas que se le reconocen a la cultura “afro” es la influencia musical.

–Su influencia musical no se da sólo en el tango, el malambo o el candombe, sino que todo nuestro folklore tiene el ritmo básico de 2 por 3, que caracteriza a la música negra. Además, candombe, zamba, tango son palabras de origen bantú, una familia de lenguas que se extiende desde el centro al sur de Africa, de la que eran portadores los esclavos africanos que en mayor cantidad llegaron al país. Para las culturas negras el ritmo musical es el ritmo de la vida, se danza como se vive.

–¿Y cómo eran los africanos que llegaron como esclavos al país?

–Ellos traían de sus lugares de origen una concepción comunitaria muy fuerte. Se nuclearon en cofradías, naciones y sociedades de ayuda mutua, tuvieron sus propios diarios. El sentido comunitario africano se diferencia mucho de la noción individualista moderna europea, para la que se hace necesario un pacto a fin de alcanzar la organización política. Tal sentido aportaría un elemento muy importante en una época en la que hay que repensar lo político en crisis.

–¿Otra enseñanza a rescatar?

–La concepción de vida en las culturas negroafricanas es la de formar parte de la naturaleza y convivir en armonía. Una concepción que aportaría mucho a la preocupación ecológica contemporánea y tanto más relacionada con el modo de pensar de los pueblos originarios que con las ideas adoptadas de la modernidad europea. Los africanos en sus panteones religiosos incluían deidades indígenas porque reconocían que no estaban en su propia tierra, sino que habían sido traídos aquí. Son pueblos que más fácilmente se comunicaban entre sí. El politeísmo que se les atribuía procedió en realidad del malentendido de una antropología eurocéntrica, dado que lo sagrado es único para todo pueblo, aunque se simbolice a través de diversas formas.

–Entonces, ¿qué importancia tendrá el registro de los afrodescendientes durante el censo?

–Significará una mayor igualdad ciudadana, un reconocimiento de los afrodescendientes como ciudadanos, una vía de apertura para superar una negación que se practicó hasta la actualidad. El registro de los argentinos afrodescendientes y la situación social y económica en la que viven pondrá atención sobre los problemas de documentación, de trabajo y de discriminación que aún sufren. La población negra continúa viviendo en las peores condiciones en todo el mundo.

–¿Y en lo simbólico?

–En los primeros censos no se preguntaba por el origen étnico de la persona y si las personas negras estaban en una buena posición económica se las anotaba como blancos o pardos. Esta inclusión permitirá que los que tengan procedencia “afro” comiencen a reconocerse y que la población argentina pueda valorar esa parte de su identidad.

–¿En qué se observa que la discriminación continúa presente?

–En el lenguaje, por ejemplo, se mantiene una forma, a menudo inconsciente, de discriminación. Se continúa diciendo “morocho” y no negro, lo que es un eufemismo. También hay expresiones del tipo “trabajé como un negro”. Esos clichés están presentes porque en algún momento se formaron para rebajar al negro y justificar lo injustificable: ningún ser humano puede ser reducido a servidumbre.

–¿Puede haber falencias en el autorreconocimiento de las personas como afrodescendientes?

–El modelo de hombre blanco europeo es el que se impuso hasta el momento, y lo que no obedece a ese modelo está desvalorizado. Ese tipo de colonización, presente en la sociedad, influye en que muchas personas no quieran reconocer lo que son. Por eso, son muy importantes las campañas de concientización y las conferencias de prensa previas al censo que realizaron las agrupaciones de afrodescendientes, en conjunto con el Indec y el Inadi, para sensibilizar a la población. Hay que resaltar el valor de percibir la propia identidad.

El 7 de septiembre un grupo de familias integrantes del Encuentro por el Derecho a Vivir en la Ciudad –que nuclea a 30 hoteles e inquilinatos que alojan a alrededor de 500 familias en peligro de desalojo– se concentraron en Pavón y Entre Ríos frente a la Subsecretaría de Desarrollo Social para reclamar el incumplimiento y las demoras en la asignación y el pago de los subsidios habitacionales a cargo de la Dirección General de Asistencia Inmediata. Un día más tarde, como ya informó este diario, la respuesta fue el cierre del edificio. Sin saber con precisión cuándo volverá a atender.

“Ya es sistemático, cuando a la ministra (de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal) no le alcanza la plata, baja la ventanilla. Esta es una cuestión de interés político, no puede ser que dejen a la gente en la calle y que sea una odisea conseguir el subsidio cuando el presupuesto está subejecutado”, sentenció Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Este diario intentó comunicarse con el titular de Asistencia Inmediata, Pablo Díaz, pero no encontró respuesta.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Vivienda, con datos de la cartera social, en los dos primeros años del gobierno PRO, fueron desalojadas diez familias por día.

Página/12 se acercó a los hoteles –que funcionan como viviendas– e inquilinatos, donde los contratos de alquiler son una excepción, para conocer de cerca las historias de tres mujeres que duermen con la amenaza del desalojo y el sueño de la solución habitacional definitiva.

Lejos de casa

Hasta hace unos meses, Gilda vivía junto a su hija, sus dos nietos, y su yerno en una pieza de dos por tres, con un sobrepiso que habilitaba un espacio más, a un metro del techo, para que durmieran sus nietos, nacidos lejos del Perú natal de la familia. Por estos días, está sola: “Mi hija se fue de la ciudad porque tenía miedo por los niños”.

En realidad, tiene una compañía que hacina. En Lavalle al 3300, Abasto, una puerta pesada de chapa es el ingreso para 25 familias al complejo de piezas que funcionan como comedor-habitación-cocina, armadas con divisiones de durlock sobre la estructura de un antigua casa chorizo. El patio es un largo pasillo que comunica las entradas de las “casas”, hechas de sábanas. En el medio, un cuartito esconde dos duchas para todos los inquilinos y la única canilla de donde sacar agua.

Hasta julio, cuando llegó una carta documento del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 98 con la fecha de desalojo, los vecinos pagaban hasta 350 pesos por habitación, sin contrato que lo avalara. Frente a la amenaza del desalojo, Gilda se acercó a Pavón y Entre Ríos.

La mujer había viajado a Perú durante el verano para visitar a su padre enfermo y, según ella, “no le podían dar el subsidio por haberse ido del país”. La única cláusula del Programa de Emergencia Habitacional cercano al argumento por el que le negaron el subsidio es el que obliga a los beneficiarios a tener dos años de residencia en la ciudad. La condición era de un año hasta que el macrismo la modificó en 2008.

Gilda vive hace 15 años en la ciudad. Llegó para trabajar acá y enviar dinero a sus dos hijos para que terminen su educación. “En el Perú no había trabajo, lavaba ropa en la calle y el sol (la moneda peruana) se había devaluado. No podía comprar ni una mazamorra”, recuerda. Para cumplir su objetivo se metió en una “agencia de trabajo” en la que la enviaban a limpiar casas en el día y por la noche le daban una cucheta para dormir por 300 pesos al mes. Como era mucho compartía la cama con otras mujeres.

Después alquiló una casilla y tuvo que aceptar que su hija dejara los estudios para trabajar con ella en una fábrica de almohadas. “Espero que nos permitan acceder a una casa digna. Acá todos trabajamos”, asegura como si tuviera que justificarse. Volvió a cocinar para ganarse la vida. A la noche, entre las ollas, las hornallas y la cocina hará lugar para el colchón.

Por las malas

Estela Urquiza permaneció varios minutos abrazada a su hija, de 11 años, mientras un integrante del Grupo Especial de Operativos Federales (GEOF) le apuntaba con un arma a la cabeza. Las dos estaban sobre la cama matrimonial que apenas cabe en la habitación de dos por cuatro en la que viven junto al papá. Los tres llegaron hace cinco años al Hotel El Cid, de Constitución, “en plan transitorio”, después de que la crisis de 2001 achicara las posibilidades de trabajo y anulara las de pagar el alquiler del departamento.

Allí sobreviven 40 familias, algunas desde hace 20 años. Hasta el año pasado, pagaban hasta 600 pesos por una pieza donde la mesita de luz se usa para comer y donde la humedad es la reina del hogar. Sin embargo, desde entonces enfrentan una causa por “usurpación”. Según los vecinos, los problemas comenzaron cuando la antigua dueña se fue y la reemplazó Carmelo, un hombre que en las reuniones de conciliación en la Justicia aseguró regentear varios hoteles. “Las cosas van a cambiar, vamos a desalojar a todos”, fue la carta de presentación del nuevo encargado, aseguran los vecinos.

Los encargados del operativo del GEOF no presentaron ninguna orden de expulsión aquella noche. “Los chicos quedaron con miedo y los más grandes tememos salir a la calle y no encontrar nada al volver”, cuenta Estela, mientras camina por el patio central del hotel de tres pisos, donde en la noche de la represión “los adolescentes fueron acostados boca abajo y los palos de escoba fotografiados como armas”, recuerda.

En la causa registrada en el Juzgado N° 7 en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad, el fiscal había solicitado el “desalojo preventivo” o de “restitución anticipada” contra los inquilinos, sin permitir su legítima defensa. La medida fue apelada y los vecinos continúan resguardados con el respaldo de organizaciones como el Serpaj.

“No podemos permitir que nos saquen a la calle. El fiscal me recomendó que me vaya por mi nena: ‘¿Voy a agarrar todas mis cosas y me llevás a tu casa?’ le respondí. Se creen que es un capricho nuestro, no se dan cuenta que no tenemos dónde ir”, se desquita Estela.

En un año de negociaciones, la causa pasó por tres juzgados de la ciudad, y no hubo acuerdo en la mesa de diálogo con el gobierno porteño. Los inquilinos no quieren recibir el subsidio habitacional de 700 pesos, ni el monto de los diez meses contemplados por el programa, en un solo pago. “No alcanza para pagar una habitación de hotel y, además, cuando se termina el subsidio estás de nuevo en la calle. Queremos que nos permitan entrar en un plan de pago para tener un techo digno y definitivo”, reclama Estela.

Eterno retorno

“¡Apurate, no tenemos todo el día para vos!” Con esa invitación, un policía de la Federal le daba el ultimátum a Angela Chavarry para irse del hotel Carlos Gardel, en Tucumán al 2200. Junto con ella, 50 familias más fueron expulsadas a la calle, y allí recién se les entregó la orden de desalojo. “Ponían mis cosas en bolsas y las arrojaban por las escaleras. Los muebles se los llevaron en un flete a un depósito judicial y no los pude recuperar”, rememora Angela.

Antes del 8 de julio pasado, las familias habían presentado un amparo ante el juzgado competente para que el gobierno porteño los asistiera. El Ministerio de Desarrollo Social pidió una prórroga de 15 días para responder a la solicitud, con el repetido argumento “no hay plata”. Con la prórroga cumplida llegaron los palos y los fletes. “El gobierno no nos ayudó. Al final del día, un asistente social me ofreció ir a dormir a un parador separándome de mi esposo. Lo rechacé y me ofreció un subsidio que todavía no pude cobrar”, denuncia Angela.

Las primeras semanas durmieron en el local de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), amontonados con otras doce familias desalojadas. Mientras tanto el CIBA le consiguió una pieza en otro inquilinato de Caballito. “Si no fuera por la ayuda que recibí de la organización, estaría durmiendo debajo de un puente”, agradece. Otras diez familias viven en las habitaciones del inquilinato, una antigua casa que en el fondo alberga otras construcciones precarias de madera de pino. Hace tiempo que el antiguo dueño dejó de cobrar los alquileres y vendió el terreno con los habitantes adentro. Ahora, una empresa constructura espera el desalojo que tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil 96.

Hoy Angela cuida a su niña, que sufre del corazón, y pasa el día sola con los perros que impregnan de olor el inquilinato, mientras los vecinos van y vuelven de sus changas y su marido de una obra en la que le pagan 50 pesos por día en La Plata. “Otra vez esperando un desalojo. Si nos echan de acá, ¿dónde vamos a ir? En las noches me levanto, miro la puerta y me vuelvo a acostar. No sé cuándo van a llegar.”

“¿Por qué no podemos tener un barrio ordenado con calles, luz, gas y agua?” Entre los vecinos de Villa Palito, San Justo, partido de La Matanza, la inquietud se convirtió en acción y en símbolo de la organización barrial para exigir al Estado el derecho a la vivienda de diez mil habitantes: cooperativas integradas por los propios vecinos levantaron gran parte de las 800 casas de una o dos plantas, financiadas por el Estado, y van por más. A unos kilómetros de allí, en la Villa Carlos Gardel, detrás del Hospital Posadas, a media hora del centro porteño, la pregunta surgió durante cincuenta años entre promesas incumplidas y vecinos descreídos. La iniciativa del municipio de Morón de articular los programas de vivienda de Nación y provincia, con las 480 familias del lugar permitió levantar casas propias, con asfalto y servicios, y dejar atrás los días de barro y casillas de chapa.

De los vecinos al Estado o del Estado a los vecinos, Villa Palito y Carlos Gardel, según los especialistas, son la mejor muestra de la aplicación de los programas de urbanización de villas y asentamientos lanzados por el gobierno nacional en 2005. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, el programa abarca a unos cien barrios del conurbano y planea invertir 8218 millones de pesos en los próximos cinco años. Así se comienza a saldar una deuda pendiente desde mediados del siglo pasado para miles de personas que llegaron al conurbano en busca de trabajo y un lugar donde vivir y fueron expulsadas y movilizadas por capricho de las dictaduras de turno y abandonadas por los gobiernos democráticos en asentamientos precarios.

Cantarle a Gardel

Neuquén 1933. Un par de años atrás, nadie podría haber llegado a esa dirección. La calle existía en la localidad de El Palomar, partido de Morón, pero después del 1800 se cortaba en la Villa Carlos Gardel, que le debía su nombre a la única vía de acceso al asentamiento. Allí, 2500 personas vivían amontonadas en ocho cuadras de pasillos y casas sin numeración ni servicios básicos. “Antes no podía invitar a nadie a mi casa porque me decían ‘no, vos sos de la villa’. Entonces, mentía porque me daba vergüenza ser rechazado”, cuenta Luis Gómez, de 19 años, sentado en el comedor que estrenó hace meses con sus padres en Neuquén 1933.

Para llegar a la casa de Luis se puede bajar del Acceso Oeste. Atrás del hospital, el barrio comienza a crecer con casas en tonos crema, amarillo, verde y rosa. Dos pisos, parque al frente y un tanque de agua como corona. Los tractores, los camiones cementeros y las topadoras que derriban las últimas casillas trabajan para levantar las últimas 31 viviendas y pavimentar el único rincón que queda con barro. Los últimos esperan con ansiedad en sus casillas y otros pocos aguardan alojados en containers.

El proyecto comenzó en 2004, cuando la Municipalidad de Morón, durante la intendencia de Martín Sabbatella, consiguió la cesión de los terrenos del Posadas para avanzar en la primera etapa sobre terreno limpio. Pero las casas de la segunda etapa debían levantarse en el lugar que ocupan casillas, donde los vecinos formaron una “gran familia” a fuerza de falta de divisiones entre casa y casa y puertas hechas de retazos de tela.

Cuando el municipio comenzó a enviar a trabajadores sociales para censar a los vecinos comenzaron las preguntas: “¿Nos van a mudar? ¿Nos van a construir casas?”, cuenta Adelina López, Piruni, como todo el barrio conoce a la fundadora del comedor Los Gardelitos. En el barrio, la desconfianza tenía una historia justificada.

El primer camión que había llegado a la zona, cuando todo era campo, fue un vehículo militar del Plan Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia, impulsado por el dictador Juan Carlos Onganía. A las familias arrastradas hasta allí se les otorgaron casas transitorias con la promesa de una vivienda definitiva en uno de los edificios del complejo de monoblocks Barrio Parque Sarmiento, que en la actualidad convive, descascarado, frente a la Carlos Gardel. La entrega de viviendas no cumplió el plan original y no alcanzó a alojar a todas las familias; las casas transitorias se transformaron en precarias viviendas permanentes.

Para hacer frente al déficit, la organización barrial tuvo poco espacio para pelear por una vivienda digna en un barrio golpeado por la dictadura y por la democracia. “Por ser de la villa te pateaban la puerta y te decían que te tenías que ir”, cuenta Carolina Gómez, que llegó al barrio en 1975. Las botas que pateaban puertas también intervinieron el Posadas y convirtieron la escuela de enfermería en El Chalet, un centro clandestino de detención donde estuvieron vecinos de la Carlos Gardel que hoy están desaparecidos. En democracia, el municipio cedió los terrenos a una mutual evangélica que estafó a los vecinos y después el menemista Juan Carlos Rousselot propuso levantar un paredón para encerrar al barrio.

“El Carlos Gardel y el Sarmiento se transformaron en una isla separada del tejido urbano”, resume Ernesto Gorbacz, director de Producción Social de Hábitat de Morón. La estrategia planteada desde el municipio –con trabajadores sociales, psicólogos y tutores de mudanza– estuvo en instalar una Mesa de Trabajo para coordinar la urbanización con los vecinos.

“Hubo muchas promesas de cambiar el barrio, construir viviendas y darnos los servicios básicos, pero nunca un gobierno tuvo la voluntad política de cambiar la villa”, asegura Piruni. Entre las calles Perdriel y Marconi, que contenían el ancho del barrio, se abrieron ocho nuevas calles, con arbolado y alumbrado: tres respetaron la continuación de los barrios lindantes y otras cinco fueron nominadas por los vecinos. “Padre José María”, fue una de las que eligió Carolina en honor al recordado cura de la parroquia.

Mientras revolea los ojos intentando repasar su nueva casa, Carolina explica que para la segunda etapa de construcción fueron los vecinos los que decidieron los cambios en el diseño: “Hay más intimidad. Aprendimos a darles privacidad a las familias. Antes entrábamos directamente a la casa de un vecino, ahora le toco la puerta”, dice mientras deja asomar la nostalgia por la comunión de los mates en el pasillo. Pero no reniega: “En la villa éramos una gran familia, no teníamos obligaciones de pagar impuestos luz, gas; pero tampoco teníamos beneficios ni derechos. Ahora, tenés formas de hacer respetarlos legalmente”, explica, mientras afuera se escuchaba la cortadora de pasto de un vecino.

Hacer el propio barrio

“El monstruo del conurbano”, así le dicen los vecinos al barrio en el que nacieron y al que en cinco años transformaron casi por completo. Un monstruo perfumado, entre las pocas cloacas aún abiertas que traen el agua sucia de entre los pasillos y la lindante fábrica de la ex Jabón Federal. La bestia muestra en su fachada de 400 metros sobre la Ruta 4, a pocas cuadras de la Rotonda de San Justo, cómo está cambiando de piel: el tendido eléctrico improvisado se sigue cruzando entre las casas que combinan paredes y techos de cartón, chapa y ladrillo, pero entre esas construcciones precarias aparecen casas nuevas, bien paradas sobre sus cimientos, con colores vivos y servicios de luz, gas y agua.

A Villa Palito puede ingresarse por la calle Derqui, un antiguo aglomerado de cien casillas que cruza el barrio y une el “casco viejo” –20 hectáreas en las que hasta 2008 vivieron hacinadas diez mil personas– y el “casco nuevo”, donde nació la nueva historia del barrio, la de la urbanización.

Según los vecinos, ese proceso comenzó el 2 de octubre de 1999 cuando unos 200 integrantes de familias jóvenes de la villa se instalaron sobre 20 hectáreas de tierra libre que se extendían detrás del “casco viejo”. Con el Plan Arraigo, en los primeros años del menemismo, se había creado la Cooperativa del Barrio Almafuerte-Villa Palito Limitada para escriturar esos terrenos a nombre de los vecinos, pero no hubo un plan de vivienda.

“Trazamos calles y manzanas con palos e hilo (haciendo honor al nombre del barrio). Soñábamos con un barrio en el que la calle llegue a la puerta de casa”, resume Julián Ruiz junto a Juan Enríquez, Gabriel Díaz y Gladys Enríquez. Desde entonces, ellos y otros 70 delegados no se detuvieron. Caminaron el barrio, golpearon puertas en despachos oficiales y generaron emprendimientos productivos. “Si no hubiésemos creído en la organización, la villa sólo se hubiera agrandado”, asegura Juan, mientras por detrás pasa un camión que reparte soda y, más lejos, un joven arregla el parque de su casa.

Tras las elecciones de 1999, el entonces intendente Alberto Balestrini entregó los materiales para las primeras doce casas. En 2002, el Programa de Mejoramiento de Barrios con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegó al barrio, los vecinos ya habían elaborado los planos.

Con las obras de servicios aprobadas, el trabajo fue convencer a los vecinos para que desalojaran las tierras ocupadas para comenzar la obra. “Mientras íbamos con las mujeres a comprar al Mercado Central, las convencía para que se afilien a la cooperativa, que el barrio se podía construir”, explica Gladys, que hoy se desempeña en el Centro Integrador Comunitario.

En 2004, el descampado fue el helipuerto del helicóptero presidencial. Néstor Kirchner aprobó subsidios para 420 viviendas y en 2005 se lanzó el plan de urbanización de villas. Gabriel camina con Página/12 por esas hectáreas donde hoy se levantan casi 800 casas, una escuela, dos jardines, un polideportivo, un salón de usos múltiples y el club de fútbol Almafuerte.

El sabe cómo se levantaron esas casas, lo hizo con sus propias manos. Fueron siete cooperativas de trabajo (hoy llegan a 15) formadas por los vecinos que tenían un Plan Trabajar. Julián también fue parte de esas cooperativas: “Nos dimos cuenta de que eran una oportunidad de trabajo. Al principio, era un esfuerzo convencer a los vecinos porque el país se había reactivado y afuera se encontraba trabajo por más plata, pero... ¡Estábamos levantando nuestras casas!”.

“Hola, Nacho”, saluda Gabriel. Nacho está arriba de una de las nuevas casas que se construyen dentro del “casco viejo”. Gabriel, que empezó como peón, hoy es presidente de la cooperativa El Gauchito y recorre el barrio consultando a los albañiles-vecinos cómo va la construcción y señalando los espacios donde antes vivía toda una familia y por estos días se levantan casas de un piso o dos, con habitaciones acordes con el censo de familias. “Es como un ajedrez. Hay que consensuar manzana por manzana con los vecinos para acordar qué grupo de familia puede, por tres o cuatro meses, mudarse a lo de un familiar, alquilar o vivir en una casilla deshabitada.”

“Hola, Eduardo ¿así que te fuiste con el Polaco?”, bromea Julián con un joven que se cambió de cooperativa porque por falta de documentos él no lo pudo llevar a trabajar en obras en la ciudad de Buenos Aires y San Isidro. “Nosotros no teníamos oficio y ahora podemos construir fuera del barrio. Los jóvenes también adquieren su oficio y comienzan a recuperar sus derechos y a salir de la calle”, explica Julián.

Juan, Gabriel, Julián o Gladys caminan el barrio y no paran de saludar a sus vecinos. Se mueven del club a la escuela, de casa en casa. El barrio que levantaron es su trabajo y su vida. “El barrio que se transforma desde sus vecinos busca sus propias estrategias, a partir de sus necesidades y de sus capacidades”, concluye Juan.

Con caporales, con kimonos, con tiroleses, con túnicas blancas, con armaduras, con tambores, cada una de las 80 colectividades que volcaron sobre la 9 de Julio a unos 4 mil representantes de las naciones que conviven en la Argentina, enfrentaron a la lluvia y les dieron un día más de color a los festejos de los 200 años de la Revolución de Mayo. A pesar del mal tiempo, las personas que cantaron, bailaron, aplaudieron y se emocionaron en el Paseo del Bicentenario transformaron a la celebración en la más popular desde los actos por el retorno de la democracia. Los que tienen la sangre originaria, los que llegaron como esclavos, los que bajaron de los barcos, los que vinieron en avión, el crisol de razas que forma la gran colectividad argentina, estuvieron presentes ayer en el “Desfile de la Integración”, y la tonada latinoamericana fue la que fusionó a los espectadores.

La colectividad de los países árabes es la tercera en cantidad en la Argentina, pero de la A a la Z es la primera en aportar su cultura y costumbres al suelo del Bicentenario. Por eso, escoltando a la marplatense Guardia Nacional del Mar, la delegación de la danza del vientre abrió el “Desfile de la Integración” dispuesta a recorrer las seis cuadras del Paseo del Bicentenario para terminar abrazados al Obelisco. Con el cielo gris amenazador. Los alemanes y los armenios siguieron el orden del desfile sin mojarse sus trajes típicos.

La Pachamama fue la que abrió el cielo y trajo el agua sobre el asfalto. Para los más bajitos, que no alcanzaban a pasar la mirada entre la gente agolpada contra las vallas, la Pachamama volaba por el Paseo del Bicentenario. Para los más altos llegaba el desencanto al ver las cuatro ruedas que la hacían levitar. Sin embargo, Leonor y Juan, que hace diez años llegaron al país, desde su Cochabamba natal seguían “como en casa” la celebración de los caporales –hombreras y cascabeles para los hombres, vestidos de campana y gorras para las mujeres; explosión de colores para todos lados– que parecían agradecer a la lluvia por el carnaval. “Jallalla Argentina”, el saludo aymara, se escuchaba por segunda vez en la semana, la Whipala volvía a flamear sobre la 9 de Julio, después de la movilización de los pueblos originarios del jueves.

“De esto no me olvido más”, aseguró Silvia Pozzani, debajo de su paraguas y sosteniendo la bandera argentina, pero no se refería a la delegación italiana retrasada en el abecedario del desfile sino a la “felicidad por participar de una celebración de encuentro, debate y respeto”. Sobre Avenida de Mayo la descendencia quedaba de lado, todos pasaban por el puesto del Paseo donde se entregaban escarapelas gratis. Mónica no paraba de repartir la insignia patria, en forma de sticker, y volteaba los ojos y suspiraba cuando pensaba en las miles que ya había despachado. “¿Me das cinco?”, la apuró una chica.

De vuelta al desfile, una réplica inflable del Cristo Redentor de Río de Janeiro avanzaba junto a las bahianas de túnicas blancas o “mamá vieja” y el axé (fuerza vital) cortaba la lluvia, marcando la raíz de la religión colonizadora y su fusión con las raíces afroamericanas, presente en el país por los 34 mil brasileños que eligieron la alegría argentina y por los cerca de 2 millones de afrodescendientes argentinos. “Tudo bem. Termina o desfile e te ligo”, dijo, breve, un turista brasileño mientras seguía, entre charcos, al Cristo.

Mientras el monumento del cerro Corcovado avanzaba para ubicarse detrás del Obelisco, los búlgaros –son unos 40 mil descendientes en el país– también lucían su cultura y detrás de ellos, los coreanos. Desde el palco oficial, el canciller Jorge Taiana aplaudía junto a otros embajadores con las palmas rojas, por tanto despliegue, y frías gracias a una llovizna que no se detuvo.

Entonces, los colombianos llegaron para ponerle calor con cumbia y un poquito de café. “100 por ciento colombiano”, decía el poncho amarillo, azul y rojo de Willian, que seguía el desfile junto a su familia, radicada hace cinco años en el país. “Ya extraño poco, uno va echando raíces y se acostumbra al vivir de aquí, que es muy bonito”, aseguró el “pelado”, como le diría un amigo en su país.

Antes los chinos habían arremetido con sus dragones, en la delegación más nutrida, que provocó un comentario clásico desde el público: “Son muchos los chinos”. La llovizna empezaba a molestar, los paraguas de Mayo eran una tapa de Billiken y los Bomberos Voluntarios de La Boca montados en antiguas autobombas eran un mal presagio para el chaparrón que se venía. Después del desfile bombero, algunos friolentos conformes con la batalla de hachas y espadas recreados por los guerreros dinamarqueses, las castañuelas de los niños y niñas españoles y las polleras y gaitas escocesas empezaron a volver a casa.

Pero el desfile no había terminado: llegarían los kimonos japoneses, los exóticos atuendos nigerianos y los mariachis mexicanos. “Hay que aprovechar, ahorita, a festejar aquí. Pronto llega nuestro bicentenario”, adelantó Luis, un mexicano residente en la Argentina desde hace dos años, que no podrá estar en septiembre en tierra azteca. “¡Renato! Ahí va un equipo de nuestro álbum”, señaló un pequeño desde los hombros de su papá a su hermano, recordando su colección de figuritas con banderas: el desfile ya tenía el título de Mundial. Pero por si faltaba integración, la delegación de Uruguay salía, a pura murga, a demostrar cuánto se pueden parecer dos naciones más allá de las banderas.

Desde esta mañana la Procuración General de la Nación y la Fiscalía General de Mar del Plata tendrán en su poder una investigación que denuncia que esa ciudad no sólo está repleta de hoteles sino también de prostíbulos. Que no sólo se ven miles de mujeres descansando en bikini y ojotas sino que unas cuatro mil –algunas menores de edad y provenientes de otros países–, en portaligas y tacos altos, son explotadas sexualmente, muchas durante las 24 horas. Y que no sólo los restaurantes ofrecen “atención personalizada” y “nivel vip” sino que hay “clubes nocturnos” que también lo hacen con “nuevo staff”, como lo anuncian con volantes en la calle y en los clasificados de algunos diarios. La denuncia presentada por la organización La Alameda evidencia el modus operandi de los prostíbulos (unos 400 en total) a través de un video hecho con cámara oculta –al que Página/12 tuvo acceso exclusivo– donde presenta testimonios de las mujeres explotadas y de los mismos proxenetas. La presentación judicial pide que se investigue si existe complicidad de la policía y de autoridades locales para no detener “el funcionamiento público y notorio” de la red de trata.

La denuncia que hoy será presentada ante el procurador de la Nación, Esteban Righi, y el fiscal general marplatense, Daniel Adler, detalla 94 direcciones en las que se ubican varios prostíbulos, especifica si es un local a la calle o un departamento y ofrece teléfonos de contacto. El video realizado con cámara oculta aporta pruebas sobre la situación de encierro y esclavitud de las mujeres, la presencia de chicas menores de edad y extranjeras y sobre el modus operandi de los proxenetas.

Según se desprende de la investigación realizada por dos voluntarios de La Alameda que entre noviembre y enero recorrieron la zona del barrio La Perla –donde se concentra la mayor cantidad de locales– con una cámara oculta, la primera diferencia que se puede hacer es la de “wisquería” o “privado”, nombres detrás de los que se ocultan dos tipos de prostíbulos.

Las wisquerías aparentan una actividad comercial lícita donde los clientes pueden entrar a tomar tragos y allí dialogar con las mujeres antes de acceder a algún servicio sexual. Mientras que los “privados” son locales que funcionan en casas o departamentos y a los que se llega por los volantes que se reparten en la calle y los avisos en los diarios. En cualquiera de ellos, los precios de los servicios sexuales son similares, “lo que muestra la articulación de una red de prostíbulos”, resaltó Gustavo Vera, representante de La Alameda.

Luces flourescentes rojas, amarillas, verdes, son una característica en la mayoría de los lugares y hasta les dan nombre, como “La casita verde”. El modus operandi también se repite: el proxeneta ordena a las chicas que se “alisten” y ellas aparecen en ropa interior a desfilar frente a los clientes. “Ella no, ella. Es como cuando vas al supermercado”, grafica una de las mujeres que es explotada en una wisquería. Luego el cliente que desea tener relaciones sexuales “acuerda con el encargado del local el precio y lo abona a dicha persona, nunca a la mujer”, resalta la denuncia.

Sin embargo, los testimonios prueban que en los “privados” las mujeres esperan a los clientes en las piezas y pocas veces pueden realizar “salidas”, es decir que un cliente se lleve a una de las mujeres fuera del local.

–¿Trece, 14 horas trabajás? –se oye preguntar en el video a uno de los hombres que hizo la investigación de La Alameda.

–Yo trabajo 13 horas, las chicas están las 24 horas –responde una de las chicas.

–¿Cómo 24 horas?

–Viven acá adentro.

–¿Viven acá adentro? ¿Qué chicas, las que vienen de afuera?

–Claro, ellas dos son paraguayas.

–Si se quedan las 24 horas, ¿hay gente todo el tiempo?

–Sí, y más en temporada.

–¿Las chicas no duermen?

-Claro, duermen. Se despiertan cuando viene gente.

Como surge de otro de los diálogos del video, las chicas son una “plaza” no estable y rotan entre los locales de la red de prostíbulos, en la que varios locales pueden pertenecer a un mismo dueño. “Mar del Plata es un lugar de tránsito. Llegan chicas del norte del país, de Paraguay, de República Dominicana. Las explotan una temporada y después siguen hacia el sur del país o las venden”, advirtió Vera.

Y no sólo de mujeres extranjeras están nutridos los prostíbulos marplatenses: “Menores de 14, 16 y 17 años trabajando encerradas con retención de documentos hay en Mar del Plata y en todos lados”, afirma la mujer de la wisquería “La casita verde”.

A partir de los testimonios obtenidos, La Alameda apunta a que se investigue la supuesta responsabilidad de las autoridades policiales que actúan en Mar del Plata. Los dueños y encargados de los prostíbulos, señala la denuncia, “habrían contado con la aquiescencia de las autoridades policiales”.

En un tramo del video, un diálogo con otra chica en un local evidencia esa presunta relación:

–¿Pasó que cayó la cana? –quiere saber el investigador que tiene la cámara oculta.

–Acá vení las veces que quieras. Nunca pasó nada, la dueña atiende a los comisarios de todos lados.

Pero la denuncia no sólo se detiene en la complicidad sino que avanza sobre las leyes que la policía incumpliría “teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas” y por lo que podría investigarse a los uniformados “por omisión”. Entre esas leyes incumplidas estarían la de profilaxis, la de migraciones, la de reducción a la servidumbre y la ley contra la trata, sancionada en 2008.

Por ejemplo, la ley 12.331 de profilaxis prohíbe las “casas de tolerancia” y prevé multas o condenas penales contra los proxenetas. En la denuncia de La Alameda se señala, por ejemplo, que el prostíbulo “La Casita Azul” “continúa funcionando a pesar de los procesos penales” sobre su responsable.

Además, la denuncia adjunta un listado de 240 acciones policiales –entregados a Gustavo Vera por el jefe de la Distrital Centro, Gustavo Salvá– en las que se repiten acciones contravencionales contra las meretrices. “La ley establece la impunidad de la mujer que ejerce la prostitución y castiga el proxenestismo. Sin embargo, hay una suerte de distorsión por parte de la policía que lo que hace es imputar a las mujeres y no lleva adelante la clausura de los locales conforme a la ley”, explicó el abogado de La Alameda, Mario Ganora.

Con la denuncia también se solicita la investigación de las autoridades municipales y en particular al personal de la Inspección General por “las obligaciones que les caben en virtud del deber de tutelar la seguridad, la moralidad y la higiene de los locales”.

La Justicia porteña tiene nuevos elementos para avanzar en la causa contra el grupo de choque del gobierno macrista denominado UCEP, que se encarga de “ordenar el espacio público” expulsando “indigentes” de la vía pública. Ayer, el juez Roberto Gallardo accedió a dos CD que contienen información de una de las computadoras de las oficinas que el organismo tiene en el Edificio del Plata y que había logrado ocultar en el allanamiento realizado el jueves por orden del magistrado. Los documentos a los que tuvo acceso Página/12 reafirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra la unidad de control que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra “asentamientos de indigentes”, y contiene un informe en el que se resaltan los “grandes hitos” realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor “eficiencia”. También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras.

La prueba presentada ayer en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 se suma a la causa del amparo presentado por el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno ante el gobierno de la ciudad por el caso de Carla Baptista, la mujer embarazada que fue golpeado por integrantes de la Ucep el 2 de octubre. Según figura en el acta judicial, quien presentó las pruebas fue Miguel Varela, presidente de la Asociación Civil Manos Emprendedores y vecino de Baptista, a quien ayudó para que fuera la primera víctima en denunciar penalmente el accionar de la Ucep.

Los CD tienen gran cantidad de documentos internos sobre los operativos realizados por la unidad de control, incluso las resonantes de-salojos de la Huerta Orgamizka, en Caballito, y el desalojo del edificio de Paseo Colón, donde se expulsaron a 103 familias. Además, contienen planillas donde figuran las denuncias realizadas por funcionarios, directores de CGP y vecinos, a las que se le otorga orden de prioridad según quien solicite la intervención, en su mayoría contra “asentamientos de indigentes” (ver aparte).

“Informe de la Ucep” es una de las decenas de carpetas que contienen los CD entregados a la Justicia. Con fecha de julio, el informe de trece hojas tiene uno de sus puntos más llamativos en los “Grandes Hitos 2008-2009”.

En el apartado se puede encontrar una acción de enero de 2008 –cuando aún no había denuncias públicas del accionar de la Ucep– identificada como “Larrazábal” y que indica que “se desintrusó la zona. Había un total de 20 familias asentadas en la vía pública. Poseían frazadas, chozas, etc”. Y agrega que “intervino también la Policía Federal”. El segundo “gran hito” está fechado el 22 de febrero de 2008 y –paradójicamente– se realizó en La Pampa y Vías del Ferrocarril. Aquel día, los logros y el operativo fueron los mismos y también intervino la Policía Federal.

El informe continúa detallando los objetivos del organismo “a corto y mediano plazo”. A la brevedad, la Ucep –que está en la órbita del ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo– busca lograr “mayor exposición y comunicación de los operativos”. De todas manera, entre otro de los objetivos está el de “tener sensibilidad y precaución en cada operativo” y “cambiar la imagen de la unidad, refiriéndose al aspecto dado por los medios”.

Aunque en los CD se pueden observar varias listas en las que se registra el “stock de denuncias” realizadas por vecinos, directores de CGP y funcionarios –de los cuales muchos quedaron resueltos como “exitosos”–, los objetivos a mediano plazo del informe apuntan a “tramitar una mesa de entradas” y “atender con mayor agilidad y eficiencia a los reclamos ingresados”.

Como informó Página/12 la semana pasada, desde enero y hasta septiembre de 2009 la Ucep realizó 444 procedimientos, de los cuales sólo nueve no fueron contra indigentes. Aunque entre los documentos aparecen fotos de remoción de carteles, como había indicado Piccardo sobre las tareas de la Ucep, las acciones contra indigentes continuaron. También aparecen fotos donde hay niños en los procedimientos.

De la lectura de los documentos se pueden encontrar 27 operativos realizados en octubre. En todos los casos se dispuso la intervención de 25 agentes acompañados por un camión compactador (número de patente HIC 414). De ellos, sólo seis se realizaron entre las 21 y 00 para “observar el desempeño de los recicladores y cartoneros” en la zona del microcentro. El resto de los operativos se realizó en horas de la madrugada y en busca de “personas asentadas sobre la vía pública”. Sólo en tres casos se informó que “no se encontró asentamiento”.

En el resto de los casos, “se los instó (a los indigentes) a desocupar dicho espacio público y se procedió a restituir a su estado original”. Ese “estado original” toma mayor significado con frases como “poseían colchones, frazadas y carros tipo supermercado” junto a la presencia del camión compactador.

La información a la que accedió Gallardo también cuenta con la nómina de todos los agentes pertenecientes a la Ucep, entre los que se nombra a Luis Savoiardo como agente coordinador de operativos y en uno de los documentos se lo identifica como “Tano”. Además, en otro documento con el membrete del gobierno porteño se comunica la autorización de algunos de esos agentes para utilizar algunas de las camionetas identificadas en otros operativos.