Página#12 Libre

Las recientes acciones gubernamentales en torno del sector automotor constituyen una oportunidad para discutir políticas industriales, un capítulo esencial de las políticas de desarrollo que la Argentina debe identificar, lejos ya de las boutades noventistas (“la mejor política industrial es no tener política industrial”).

En el caso del sector mencionado (integrado por terminales y autopartistas), la noticia disparadora fue la de un déficit comercial de 5800 millones de dólares en 2010, tras una espectacular recuperación en la producción. Aparecieron así renovadas exigencias de nivelar este déficit, un dato que a esta altura es estructural, luego de la violenta de–sustitución de importaciones operada en los años ‘90: si hace 20 años, el 80 por ciento de las autopartes era de producción local, este porcentaje bajó hoy a la mitad. El déficit corriente del sector incluso es algo mayor, por obra de las eventuales remesas de divisas al exterior por parte de las empresas extranjeras del sector.

Estas líneas apuntan a brindar algunos elementos de juicio desde una perspectiva más amplia que la sectorial, como forma de pensar política industrial.

En primer lugar, la eventual importación de la totalidad de los vehículos que se venden hoy en la Argentina demandaría una erogación de unos 15 mil millones de dólares, cifra mayor que el actual déficit comercial. En términos externos, entonces, sigue siendo mejor tener este sector automotor que no tenerlo.

Seguidamente, conviene recordar algo que ya se ha dicho. La Argentina tiene y tendrá un patrón productivo mixto, primario e industrial, por obra de su imponente dotación de recursos naturales; de hecho, es uno de los pocos países del mundo excedentario en alimentos y en energía.

Tendencialmente, esta situación lleva a que el superávit primario se vea compensado por déficit en las transacciones restantes. En otros términos, no está mal que haya sectores industriales deficitarios; eventualmente la pregunta es cuáles de ellos deben serlo.

Por último, no estoy seguro de que todo el énfasis deba ser puesto en el balance sectorial de divisas (una perspectiva habitual en los analistas industriales). Va un ejemplo: el vehículo Nissan Altima, fabricado en Japón, dispone de alta tecnología (una caja de cambios automática con transmisión variable continua, un consumo inferior al litro cada 10 km, para un motor de 2,5 litros y 175 HP de potencia nominal, lleva control automático de velocidad). El dato más impactante es, sin embargo, el costo: el Nissan Altima cuesta en Estados Unidos, al cambio actual, 80 mil pesos argentinos. A título comparativo, un vehículo Citroën C4 Sedan con motor de 2 litros (y carente de las sofisticaciones mencionadas) cuesta 100 mil pesos en el mercado local. Esto, con salarios en dólares en la Argentina equivalentes al 25 por ciento del salario en Japón, aproximadamente.

Cerrar la brecha tecnológica y de costos es entonces lo que debe mandar. La Argentina puede permitirse un sector automotor deficitario; pero la contrapartida debe ser sentar las bases para un desempeño competitivo a futuro. Un compromiso inteligente entre saldo externo y eficiencia: éstos son los términos en los que debería plantearse la política sectorial y la correspondiente negociación con el empresariado

* Economista Cespa-FCE-UBA.

Una nota de Página/12 (7 de enero de 2010) trata del tema de los pasos a nivel en la Región Metropolitana de Buenos Aires, con su secuela de accidentes y demoras. Las personas consultadas (trabajadores ferroviarios y compañías de seguros) sostienen que la única solución al problema es la construcción de cruces en desnivel o el soterramiento.

Es claro que el problema existe, y que ésa sería una solución posible. Sin embargo, este planteo es unilateral y propone soluciones caras e implementables en plazos largos. El artículo contabiliza cerca de 500 pasos a nivel en Capital Federal y Conurbano (aparentemente, se trata solo de pasos vehiculares). Salvar la totalidad de estos pasos mediante cruces en desnivel para todo tipo de vehículos implica una inversión que puede estimarse en 2000 millones de dólares. Además, debe señalarse que no podrían encararse más de 3 o 4 obras por vez en cada línea, por cuanto ellas implican demoras para el tránsito de trenes durante su desarrollo, por un período que puede estimarse en un año por cruce. En términos aproximados, esto implica que las obras se podrían completar en un horizonte de no menos de 20 años. ¿Y mientras tanto?

El soterramiento ferroviario podría ser una solución sin este inconveniente, pero es notablemente más caro: sólo el del Sarmiento está presupuestado en 3700 millones de dólares.

Entendemos que este planteo –además de conducir a soluciones costosas y de largo plazo– obvia el tema de fondo. Los accidentes ocurren básicamente por la imprudencia de los automovilistas y peatones, que no atienden a las señales de peligro. Y los problemas de comportamiento no se corrigen con inversiones.

Debe ajustarse un conjunto de aspectos que hacen a la seguridad. Campañas de prevención, obstáculos en los pasos a nivel para evitar el cruce en zigzag, y solucionar cuestiones puntuales. Por ejemplo, en el caso de la línea Sarmiento, mencionada en la nota como uno de los principales causantes de accidentes, los tiempos de aviso en los cruces peatonales son increíblemente cortos (20 segundos o menos), por un evidente error de diseño.

Los cruces en desnivel son necesarios no tanto por seguridad, sino para solucionar problemas de tránsito; se debe avanzar en tal sentido, priorizando los casos de mayores flujos, tanto vehiculares como de trenes. Y como cierre para reflexionar, anotemos lo siguiente: hay mayores accidentes en las avenidas, sobre todo atropellamiento de peatones, por obra de imprudencias de éstos o de automovilistas; pero nadie sugiere construir cruces en desnivel en las mismas.

* Economista de Cespa, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

En una nota reciente en Página/12, de Julián Bruchstein, se consigna la siguiente afirmación, de un dirigente (no identificado) del Congreso de la Corriente Nacional de la Militancia Política y Social: “Hay que cambiar el Estado y sus instituciones, porque todavía tiene una matriz neoliberal. Más militantes y menos técnicos”.

Si se me permite una nota personal, vengo de ser –por muchos años– precisamente un “técnico”, que entre otros aspectos vio de cerca la reestructuración que se produjo en el Estado de la mano de las reformas neoliberales de la década pasada. Algunas de ellas empujadas por una repartición que tenía esa agenda: desregular (la Subsecretaría de Desregulación y Organización Económica, a cargo de Pablo Rojo).

El clima imperante en el Estado, en esa época, no era precisamente de tolerancia. Aun cuando en mi experiencia no puedo consignar propiamente persecuciones ideológicas, no había espacio para ningún planteo alternativo. Toda excepción a la regla del mercado debía justificarse ante el tribunal de la Santa Razón Neoliberal. Claro que hubo excepciones; algunas técnicamente fundadas, como la regulación en transporte y distribución de gas y electricidad; otras fundadas en armar negocios hiperrentables, como fue el caso paradigmático de la reforma del Sistema Previsional.

Pero es indispensable no incurrir en un error de percepción en cuanto a la naturaleza y función del técnico en el Estado.

El ideario neoliberal se justifica a sí mismo por identificarse con la noción de racionalidad económica. Lo que propugna no sería sino simple sentido común: si cada uno es libre de hacer lo que más le conviene, la sociedad en su conjunto gana. Si logro vender a buen precio lo que produzco –y gano bien– es porque estoy atendiendo una necesidad; por eso es que gano bien. Todo desvío voluntarista de este principio vía injerencia estatal es visto como una irracionalidad, que el saber técnico tiene que venir a corregir. Como el ingeniero con conocimiento “técnico” corrige un error de cálculo del constructor empírico.

Es así como se concluye que el programa neoliberal es asociable a la tecnocracia, al gobierno de los técnicos; un gobierno que por definición aplica el ideario neoliberal. Y de allí entonces la consigna cuando se trata de construir una postura opositora: “Más militantes y menos técnicos”. Hay errores en este razonamiento. Errores que entrañan peligros importantes para el proyecto o modelo que propugna la dirigencia afín a este Gobierno. Y también para cualquier proyecto que pretenda favorecer a las mayorías, lo que seguramente es más grave.

Por lo pronto, no debe creerse que la Argentina de los noventa ha sido gobernada por “tecnócratas”. Fue gobernada por dirigentes políticos, muchas veces ineficaces en sus decisiones, desde un ángulo de racionalidad. El mejor ejemplo de esto es precisamente la reforma previsional, que concluyó con el desfinanciamiento del Estado, disparando así la crisis de 2001. Pero también en otros ámbitos pueden verificarse irracionalidades similares. Un caso poco conocido pero muy ejemplificativo es el del ómnibus interurbano. En 1992 se sancionó una reforma regulatoria, a instancias precisamente del entonces subsecretario de Desregulación y Organización Económica, Pablo Rojo, que se tradujo inicialmente en sobreinversión y luego en un aumento considerable de concentración empresaria. Es así que el sector exhibe hoy tarifas 300 por ciento mayores a las existentes en la década pasada. Otro ejemplo es el del transporte eléctrico troncal, que fue librado a las fuerzas del mercado hasta que se concluyó que debía responder a la iniciativa coordinada por el Estado porque no había inversiones.

En todos los países no gobiernan los técnicos, sino los políticos, cualquiera sea su orientación. El que haya habido un prolongado período en el que la extrema restricción fiscal le dio al político a cargo del Ministerio de Economía un poder mucho mayor al que tendría en otras circunstancias no debe llamar a engaño. Y desde ya celebramos el que la holgura de estos tiempos haya distribuido más equitativamente este poder entre las diferentes áreas del Estado.

Pero esto nada tiene que ver con la presencia de “técnicos”. Las sociedades capitalistas actuales son muy complejas. No pueden ser abandonadas a su funcionamiento automático. Por si quedaran dudas, la propia teoría económica más convencional ha llegado a esta conclusión, hace tiempo ya. Requieren una conducción consciente por parte de la sociedad civil, y esto se realiza únicamente mediante un Estado eficaz y –aunque parezca una mala palabra– técnicamente dotado. Hay técnica para el proyecto neoliberal, pero hay técnica también para un proyecto diferente de éste.

No parece recomendable sustituir técnicos por militantes. Es la sabiduría del conductor político de un área del Estado la que debe saber extraer provecho de los conocimientos albergados en sus estructuras técnicas. Desde ya es un requisito ineludible que el nivel técnico acate la directiva política (o que dé un paso al costado en caso de que alguna “objeción de conciencia” se lo impida). Pero es desde esta base que la dirigencia política deberá desarrollar su proyecto.

Sólo un Estado que actúa con sólido fundamento técnico es eficaz a los propósitos de un proyecto político; máxime si este proyecto pretende involucrar al Estado en un conjunto amplio de acciones.

No hay duda de que hay ingentes tareas pendientes para el Estado. El nuevo patrón económico y social que se pretende impulsar desde el Gobierno ha tenido poco reflejo en el plano legal e institucional. Como muestra: siguen vigentes la Ley de Convertibilidad, la Ley Previsional que creó las AFJP, el marco regulatorio energético de los ’90 y una ley de entidades financieras heredada de la dictadura.

Crear una nueva institucionalidad es indispensable y, a no dudarlo, ella tiene que encontrarse “técnicamente” fundada si el propósito es hacer las cosas bien

* Economista Cespa-FCE-UBA

Recientes noticias han devuelto la primera plana al que fuera un ministro ícono de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz. Más allá de los hechos delictivos que se le imputan, esta figura ha sido objeto de renovadas reflexiones acerca de su desempeño durante cinco años, una permanencia emulada por muy pocos ministros en los últimos 50 años. Este es el caso de un reciente artículo de Daniel Azpiazu y Martín Schorr, publicado en Cash: se reseñan algunos aspectos centrales de esa gestión ministerial. Como común denominador, estas apreciaciones marcan la ruptura de un patrón económico, basado en la sustitución de importaciones, el activismo estatal y la constitución de un modesto Estado del Bienestar. Un proceso que arranca en el primer peronismo y se sostiene, con matices y variantes, en los años posteriores. Esta ruptura se habría producido de la mano de la implantación de un nuevo modelo, basado en la apertura indiscriminada de la economía, la desindustrialización y la financierización, donde la especulación pasa a formar parte como nunca antes del menú de opciones de los inversores. Azpiazu y Schorr señalan específicamente el éxito de este quiebre, en cuanto introdujo nuevas orientaciones en el accionar del Estado en el plano económico. El último y duradero acto de este drama fue el período de la Convertibilidad.

Si existe un infierno para los hombres públicos argentinos, Martínez de Hoz tiene bien ganado su lugar. No sólo por su eventual participación en hechos propios de bandas delictivas. No sólo por su pertenencia al régimen político más nefasto que soportó la Argentina. También por haber sido partícipe de un quiebre en la trayectoria que llevaba la economía argentina, que la llevó por vías nefastas. Sin embargo, es oportuno introducir algunas reflexiones, que cuestionan la alegada continuidad entre lo que Martínez de Hoz perpetró y lo que vino después, y que apuntan además a desentrañar su verdadero “proyecto”. ¿Tuvo realmente Martínez de Hoz un proyecto, o sea, una visión determinada de a dónde quería llegar con su política económica? ¿Fue efectivamente una “doctrina” de la desindustrialización y el retiro del Estado lo que guió sus decisiones? Y si esto fuera verdad, ¿fue exitoso en su intento? Las respuestas a esas tres preguntas son negativas, en contra de opiniones prevalecientes en muchos analistas.

Por lo pronto, un proyecto implica permanencia, y lo que más se vio durante el período 1976-81 fue volatilidad. La inflación –y en esto hay una marcada diferencia con la Convertibilidad– fue siempre superior al 100 por ciento anual. El tipo de cambio transita primero un período de muy fuerte depreciación real, para revaluarse bruscamente de la mano de la devaluación programada (la célebre “tablita”), hasta llegar al punto de comprometer seriamente la rentabilidad de la agroexportación. Pero también hay volatilidad en las orientaciones generales de política. Esto lleva a incoherencias que poco se compadecen con la noción de plan o programa. Por un lado, se avanza tibiamente en privatizaciones de empresas públicas, pero por el otro se estatizan la compañía eléctrica Italo Argentina y la empresa aérea Austral. Por un lado, se reducen aranceles aduaneros, pero por el otro se brinda amplia protección específica o desgravaciones a un conjunto de sectores o empresas.

El único sector que se mantuvo como central en todos esos años fue el de las finanzas, liberalizado ya a partir de 1975. Este sector es sostenido a capa y espada, en un diseño institucional que conlleva crecientes compromisos cuasifiscales, a través de la cuenta de regulación monetaria. Este y otros factores terminan por desembocar en una explosión fiscal y crecimiento vertical del endeudamiento. Es sabido que el “modelo” estalla en 1981, ya en manos del ministro Sigaut, y luego la vertical trepada de la tasa de interés internacional y la fuga de capitales hacen el resto del trabajo.

Ahora bien, no falta quien sostenga que lo de Martínez de Hoz fue un éxito, porque precisamente era la catástrofe lo que buscó con fines disciplinadores hacia los trabajadores, hacia parte del empresariado (identificado con la CGE) y hacia aquella parte de la clase media que no logra “salvarse”. Pero mal puede concluirse que “eso” fue un éxito: inflación galopante, explosión de la deuda, estancamiento económico. Se coincide en que el ciclo de Martínez de Hoz clausura el patrón anteriormente vigente: casi nadie plantea en la década del ‘80 un retorno. En parte, esto responde al cerrojo que impone la deuda, y no solo para la Argentina. Pero hay algo más. La idea instalada en la época es que la crisis de 1975 viene a clausurar un patrón agotado e inviable, centrado en la sustitución de importaciones. Esta idea fue respaldada por gran parte de los economistas con alguna visibilidad, incluyendo a Juan Vital Sourrouille, ministro de Economía del gobierno de Alfonsín. Esto virtualmente “absuelve” a Martínez de Hoz: más allá de si lo suyo fue un éxito o fracaso, el quiebre que éste introduce era inevitable, porque la sustitución de importaciones “ya fue”.

Este es un punto central sobre el que hay que detenerse. La observación del período 1963-74 muestra un desempeño razonablemente satisfactorio en un conjunto de indicadores. El PIB se expande todos los años a una tasa promedio de 5 por ciento anual. No hay crisis relevantes en el sector externo merced a un crecimiento de las exportaciones paralelo al del PIB (esto es, la economía no se cierra). Crecen las exportaciones agrícolas, pero también las exportaciones de manufacturas se expanden vigorosamente, llegando a representar el 25 por ciento del total. La crisis de 1975 no es más que el resultado de un pésimo manejo de la política cambiaria, y no el síntoma de algún agotamiento estructural. Toman cuerpo importantes proyectos de infraestructura (las centrales del Comahue y de Salto Grande; la expansión de la red vial) y de la industria pesada (petroquímica, aluminio), con participación relevante del capital nacional. El propio Martínez de Hoz, en su discurso del 2 de abril de 1976, hace referencia a esta trayectoria como exitosa.

Sin embargo, este patrón no fue explícitamente recogido por ninguna alianza política ya en la década del ‘80. Ello a pesar de que, curiosamente, fue transversal a los más diferentes gobiernos, dado que sus ideas estructurantes se mantuvieron durante 25 años. Quebrar un patrón económico preexistente para su reemplazo por otro no fue un “éxito” de Martínez de Hoz. Fue el resultado de un consenso más amplio y complejo. Pensar que Martínez de Hoz tenía un “modelo” en mente es sobreestimar la envergadura intelectual del entonces ministro y su equipo, que claramente se mostraron volcados a la gestión de corto plazo, con criterios oportunistas, dirigidos a la obtención de ganancias de corto plazo por parte de sectores concentrados. En parte ello respondió a enfrentamientos dentro del propio gobierno, en torno de la política económica. El contraste con la Convertibilidad es profundo, por cuanto allí sí se visualiza una estrategia más coherente; y de hecho, fue mucho más mortífera que el quinquenio regenteado por Martínez de Hoz. Mientras que entre 1976 y 1981 el empleo industrial no parece haber tenido una reducción significativa, la Convertibilidad obró una contracción de un tercio en esta variable.

La pregunta relevante entonces es por qué un patrón económico sostenible y razonablemente exitoso no pudo consolidarse en las mentes de los actores políticos. Quizá se argumente que la política de tierra arrasada que instauró el Proceso barrió con toda manifestación o reflexión que apuntara a alguna alternativa. Si bien algo de esto puede haber ocurrido, lo cierto es que el Proceso duró siete años, y que la fuerte reacción posterior en torno del tema de los derechos humanos fue capaz de exorcizar los peores fantasmas. Pero esto no bastó para replantear el modelo económico y social, tema que recién tras el quiebre de la Convertibilidad está abriéndose paso, y en forma trabajosa. Esta constatación debe ser un punto de partida para analizar las concepciones y comportamientos de las dirigencias económicas y políticas en Argentina, paso indispensable para construir algo duradero, sostenible y deseable

* Economista del Cespa-FCEUBA-Plan Fénix

Lo ocurrido a raíz de la constitución del Fondo del Bicentenario y la (eventual) eyección de Martín Redrado del Banco Central es un claro ejemplo de cómo el accionar político puede oscurecer ante las personas (o el pueblo, como supo decirse alguna vez) la comprensión de cuestiones importantes de orden público. Además de sentar una posición acerca de los acontecimientos en curso, esta nota aspira a aclarar la comprensión de este tema.

La deuda pública argentina –de unos 141.000 millones de dólares– representa hoy día una proporción de cerca de 50 por ciento del PIB. Los compromisos que ella genera en términos de intereses son perfectamente sostenibles. El 46 por ciento de la deuda se encuentra emitido en pesos, por lo que no existe para esta parte riesgo por devaluación.

En condiciones “normales” estos compromisos son sostenibles. En todos los países, la práctica recomendable consiste en mantener un monto razonable de deuda pública, pagando intereses y variando marginalmente el monto adeudado; esta práctica es por otro lado similar a la que realizan las empresas privadas en condiciones de obtener financiamiento. Este es el caso de la Argentina; los recursos requeridos se encuentran en el orden de 2,5 por ciento del Producto, aun considerando la deuda no cancelada (“holdouts” y Club de París).

Pero –huelga decirlo– la Argentina no es un país “normal”. El default de 2001 queda en la memoria de algunos actores (bancos y evaluadoras de riesgo). Además, los permanentes conflictos internos en el ámbito de las dirigencias económicas y políticas agregan un condimento esencial. Así fue como en 2008 una colocación de títulos arrojó una tasa de interés del orden de 15 por ciento en dólares; algo explicable solamente por la conflictiva situación que vivía el país, ante el paro de las patronales agropecuarias y el bloqueo masivo de rutas.

Hay un dato importante aquí. Cuando alguien toma prestados fondos a una tasa de interés de tal magnitud, para los agentes financieros se trata de alguien en situación desesperada, al borde de la bancarrota. Alguien podrá preguntarse por qué entonces este agente obtiene refinanciamiento. La respuesta es muy sencilla: el prestamista le brinda fondos a intereses elevados como una manera de abultar el monto de la deuda, a ejecutarse cuando se produzca la quiebra. Para el prestamista se trata de un deudor con quiebra asegurada.

El Gobierno optó correctamente por no tomar nuevos préstamos, luego del episodio de 2008; desde entonces, el stock de deuda disminuyó un 3 por ciento.

Pero lo cierto es que la deuda debe ser renovada, y a un costo financiero que no signifique dar la señal de que estamos rumbo a la quiebra (o sea, al default). Para este año, los vencimientos de capital a renovar suman 13.700 millones de dólares, casi el 10 por ciento del stock total (además de 5100 millones de intereses). La estrategia gubernamental ha sido la de reabrir negociaciones con los holdouts, y eventualmente con el Club de París. Asimismo, ha decidido utilizar parte de las reservas para garantizar el pago de parte de los vencimientos, con el Fondo del Bicentenario. El objetivo explícito es lograr que la tasa de interés baje sustancialmente, para alejar la perspectiva del default.

El titular (¿saliente?) del Banco Central parece haber tenido precisamente el propósito de dinamitar este objetivo. Más allá del desenlace institucional que tenga este episodio, el impacto obtenido en el ámbito de las finanzas es suficiente como para que probablemente no se produzca la baja en el costo del financiamiento. Dudamos de que Martín Redrado ignore cuáles son las consecuencias de su accionar, máxime cuando –luego de aducir que temía el embargo de las reservas por parte de los fondos buitre– expresó su desacuerdo con la afectación de reservas, “porque son de todos los argentinos”, en sintonía con los voceros de la oposición política.

A esto, estimamos, habría que agregar una eventual vendetta de las finanzas internacionales ante el default y el exitoso canje de 2005. Nunca está de más hacer tronar el escarmiento, para imponer presencia, tras el revés que implicó la profunda crisis económica mundial iniciada en 2007. La Argentina es seguramente un buen candidato, si no el mejor, como país de esos que pueden quebrar.

Antes de pasar a las perspectivas, una breve reflexión sobre la cuestión de la autonomía del Banco Central. El Banco Central no constituye un tabernáculo intocable, cuya violación conmueve las bases de una sociedad. Si determinadas circunstancias aconsejan el uso de parte de las reservas, no vemos por qué el Gobierno no puede hacerlo; si la decisión es mala, será la alternancia política la que deberá juzgarlo. El argumento de que se trata de dinero “de todos los argentinos” es sencillamente risible: todos los recursos que maneja el Estado revisten exactamente el mismo carácter.

¿Qué hacer si el propósito de renovar la deuda a un interés adecuado fracasa? Esta es una cuestión muy delicada. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que no debemos entrar en el círculo vicioso de seguir utilizando reservas para cancelar vencimientos de capital; y tampoco aceptar tasas de interés que anticipen el default. Es preferible ir a una reprogramación forzosa con reservas abundantes, y no sin ellas; ésta es una mala opción, pero quizá sea la única, llegado el caso. Lo más importante será mantener niveles bajos de endeudamiento, como los hay en el presente; este objetivo es innegociable.

Pero por sobre todas las cosas, se debe explicar cómo son las cosas, transmitiendo una persuasión fundada en convicciones. La historia reciente de la Argentina es demasiado rica en ejemplos como para desaprovecharlos. Una vez más, el estilo y la capacidad de comunicación de este gobierno están en gran falta.

Director del Cespa-FCE-UBA.