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En su discurso de asunción del 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner afirmó que “al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión”, y más adelante: “No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos...” Dos definiciones centrales que contenían una palabra clave: “ajuste”. Esta definía una etapa extensa de la política económica argentina de transferencia de ingresos de los sectores populares al poder económico concentrado. Néstor Kirchner fundó un nuevo proyecto, cuyos contornos están todavía lejos de su delimitación precisa, pero su esencia significa el cierre de la época del ajuste y la apertura de otra de inclusión.

Para no pagar más la deuda a costa del hambre y la exclusión, Kirchner condujo y llevó al éxito la renegociación de la deuda con una quita histórica, cometido indispensable para haber arribado hoy a una modificación sustantiva respecto de la era neoliberal inaugurada por la dictadura: el nivel de endeudamiento actual y su relación con el producto ha dejado de ser un condicionante de la política económica. Decidió cancelar toda la deuda con el FMI y no aceptar nunca más sus recetas ortodoxas de regresión social y sumisión nacional. Posteriormente, durante el gobierno de Cristina las políticas de deuda se completarían con el uso de reservas sin contrapartida fiscal, para asegurar que los pagos no perjudicaran la expansión económica. Asumió una política de desestímulo de los flujos de capitales golondrina –oponiéndose al paradigma de los centros financieros que la critican– para evitar los ataques especulativos sobre la economía nacional. Lideró la desarticulación del proyecto del ALCA, que significaba una subordinación de la economía de América latina a la estadounidense a través de un acuerdo comercial que congelaba las asimetrías. Este conjunto de políticas están atravesadas por un sentido inverso al de la inserción pasiva en la globalización financiera. Néstor Kirchner inauguró, así, una época de autonomía nacional.

La construcción de un proyecto autónomo permitió mayores grados de libertad de la política económica. Se avanzó en la recuperación salarial, empezando con aumentos de suma fija y reabriendo los ámbitos de negociación colectiva, que permitieron su mejora en términos reales. Esas convenciones colectivas significan un modo desmercantilizado de negociación salarial que requiere de una institucionalidad más compleja y abona la reconstitución del tejido social destruido por la dictadura y el neoliberalismo. Se recuperó el instrumento de intervención en el sistema de precios, desafiando los mandamientos de la ortodoxia. Estas políticas fueron el comienzo necesario para la redistribución del ingreso, acompañadas con las mejoras sustantivas en los haberes de los jubilados y la inclusión en el régimen previsional de una masiva cantidad de personas que quedaron fuera del mismo por la política precarizadora de la reforma de los ’90. A su vez, la política tarifaria de los servicios esenciales permitió el acceso de los sectores más humildes. Néstor Kirchner abrió una época de ciudadanización, en el sentido profundo del concepto. En la dirección opuesta a las políticas que construyeron una economía de consumidores y excluidos, avanzó en el reconocimiento y jerarquización de los derechos económicos y sociales, a la vez que recuperó la centralidad del trabajo y la producción. Es la impronta del signo popular que tiñe la nueva era.

Posteriormente, durante el gobierno de Cristina, con la nacionalización de las AFJP se refundó un régimen jubilatorio de reparto y solidaridad intergeneracional. A su vez, con la Asignación Universal por Hijo se estableció el régimen más avanzado de América latina para atender a los sectores más carecientes de la sociedad y con el plan “Argentina trabaja” se promueve una mayor inclusión.

El discurso de mayo de 2003 refería al consumo interno como eje de la dinámica económica, lo que se corresponde con el signo popular del proyecto. El modelo productivo asentado en esa lógica también propició la transferencia de rentas de los sectores con ventajas naturales en pos de la industrialización –que conlleva la mejora del empleo– instrumentada mediante retenciones. La inversión pública comenzó a tener una dinámica que fue creciente y decisiva –durante el gobierno de Cristina Fernández– para enfrentar los efectos de la crisis y profundizar la estrategia de expansión productiva.

En la nueva época se desplegó un cambio radical en la política internacional. En lo económico, significó la participación activa en la creación del Banco del Sur, el discurso crítico frente al rol del FMI, un nuevo papel en el G-20 –que luego Cristina, durante la crisis, lo desplegaría para cuestionar el ideario neoliberal– y la propuesta de iniciativas para una mayor autonomía monetaria de la región frente al dólar. A su vez, modificó la política frente al Mercosur, cambiando el monoobjetivo de la unión arancelaria por una estrategia de integración ambiciosa que agrega a lo comercial, lo productivo y lo social. Construyó, junto a otros líderes de un nuevo momento de la región, las bases para el despliegue de la unidad de América latina.

La clave de la nueva era fue la recuperación de la unidad entre política y economía. Fue central sustraer de la exclusividad mercantil el proceso de decisiones económicas. La separación entre política y economía había sido antes el eje del debilitamiento del rol público en ésta y del predominio de la voluntad del poder económico concentrado mediante el mecanismo indirecto del mercado, donde ese poder impone sus intereses y condiciones. La unión o la separación entre economía y política constituyen el antagonismo que separa el pensamiento transformador del conservador.

Un cambio de época que hiere intereses concentrados, que implica una modificación en los términos de la toma de decisiones económicas, que desafía las lógicas del poder financiero supone conflictos. Néstor Kirchner comprendía esa dinámica. Cuando concurrió a una Asamblea de Carta Abierta en el momento más agudo del conflicto con el empresariado rural, intervino reflexionando sobre la hipótesis de una derrota parlamentaria, opinó que igual quedaría como balance positivo ir definiendo una divisoria de aguas para avanzar en la construcción del bloque que quería profundizar las transformaciones.

En Argentina persiste una economía concentrada, con agrupamientos empresarios que desafían el proyecto transformador y corporaciones empeñadas en interrumpirlo. Esa concentración es una generadora constante de desigualdad estructural. La política iniciada por Néstor Kirchner con signo nacional, democrático, popular y latinoamericanista sólo atravesó su momento fundacional clave, el comienzo de una época. El despliegue implicará el sostenimiento y profundización del rumbo que signó el nacimiento.

* Economista, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR).


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/155992-50078-2010-10-31.html


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En estos días, y luego de una persistente resistencia del gran empresariado, comenzará el debate del proyecto de ley respecto de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Pese a la alarma de las corporaciones patronales existe una copiosa experiencia internacional de regímenes de diversa raigambre, originados en diferentes momentos y en el marco de distintos paradigmas económicos.

América latina es la región que provee la mayor cantidad de experiencias previas. México es el país con más historia en el tema. Ya en el año 1917 la Constitución, que plasmó las ideas del constitucionalismo social, disponía la participación de los trabajadores en las ganancias y el régimen vigente es de orden obligatorio de acuerdo a la ley federal de trabajo y se basa en la distribución del 10 por ciento de las ganancias netas, estableciendo que la mitad se distribuya uniformemente entre todos los trabajadores y la otra lo haga en relación al salario. Existe un techo salarial para limitar el universo de los que participan de este beneficio. En Chile toda la distribución es proporcional al salario de los trabajadores, se establece la tasa de participación en el 30 por ciento. El Código de Trabajo chileno determina una alternativa de pago del 25 por ciento de los ingresos totales anuales con un límite máximo de 4,75 salarios mínimos. Este régimen alternativo le resta potencia a la obligación de distribuir utilidades, optando por hacerlo genuinamente sólo el 10 por ciento de las empresas.

En Perú las tasas de participación en las utilidades son diferenciales en relación a los sectores económicos oscilando entre el 5 y el 10 por ciento con un techo equivalente a 18 remuneraciones mensuales. Las pérdidas de los ejercicios anteriores son compensables, a diferencia de la tendencia general. La distribución es en partes iguales, como en México, una uniforme y otra proporcional al salario. Se exceptúan las cooperativas, instituciones sin fines de lucro y las empresas con menos de 20 trabajadores.

En Ecuador la tasa es del 15 por ciento. La base de cálculo son las utilidades líquidas y no se fijan topes a los montos a percibir por los trabajadores. Se prevé que los asalariados de las empresas contratistas vinculadas al proceso de producción participen también de los beneficios de la empresa mandante. De ese 15 por ciento, el 10 se distribuye uniformemente y el 5 restante se cancela en relación a las cargas familiares.

En Venezuela la tasa también es del 15 por ciento. El sistema establece, al efecto de la participación de los trabajadores, ganancias mínimas presuntas y prevé topes mínimo (el sueldo equivalente a 15 días) y máximo (4 salarios mensuales).

Brasil tiene características distintas. La normativa data de la neoliberal década del noventa. Fue establecida constitucionalmente en 1994 y la actual ley vigente es del 2000. Estipula la obligación de negociación entre las empresas y sus empleados, habiéndose desarrollado tres modalidades, distribución de ganancias por porcentaje, retribuciones a la productividad o un monto fijo anual.

En Europa también existen numerosas experiencias. En Francia es obligatorio para las compañías que tienen más de 50 trabajadores y optativo para las demás. La definición del monto a repartir se establece en la negociación colectiva. En Gran Bretaña es optativo y las empresas que lo adoptan resultan ser las más rentables. En Alemania, es voluntario y utilizado en grandes firmas como en la Opel. En este país la legislación prevé la participación de los trabajadores en la gestión empresaria, siempre que sus organizaciones lo prefieran.

En Canadá y Estados Unidos es optativa con alícuotas variables y los montos a percibir por los trabajadores se depositan en los fondos previsionales. En Asia, en la mayoría de los casos es de aplicación voluntaria, pero la práctica resulta extendida. Japón, Corea, Singapur, Honk Kong, Malasia, Indonesia, Taiwan y Tailandia tienen una vasta cultura al respecto.

Existiendo esta vasta experiencia internacional, ¿cuál es la razón para tanta resistencia empresaria al proyecto presentado por Recalde? En Argentina hubo, también, experiencias de cogestión, como en Segba en la década del ‘60 y en La Cantábrica en la del ‘70.

Las experiencias expuestas reflejan una variedad de situaciones que se resumen en una oposición polar: un caso es cuando se lo asume como parte de procesos de flexibilización laboral, sustituyendo salarios e ingresos fijos por remuneraciones variables, enfatizando su utilización como parte del incentivo a la productividad y estableciéndola como ingrediente de estrategias precarizadoras; el otro cuando se la reconoce como un derecho, siendo el trabajo fuente de la riqueza y garantizando la equidad entre la remuneración de los asalariados y los bienes producidos. El objetivo es reducir las brechas entre el sueldo percibido por el trabajador y la riqueza generada por el mismo. Sintéticamente: resulta un instrumento de redistribución de la riqueza.

La actual política económica redujo drásticamente la desocupación, restableció los organismos y mecanismos de negociación colectiva y encaró reformas legales desprecarizadoras del empleo. Avanza hacia el objetivo de redistribución del ingreso y la riqueza, proponiéndose la meta del 50 y 50. A su vez, reconoce en la conflictividad laboral encausada, un síntoma de progresividad social y no de ingobernabilidad. Así, el escenario en el que el proyecto de Recalde se discute responde al segundo paradigma de la polaridad expuesta. Frente a la experiencia de los noventa en la que la modalidad de propiedad participada se implementó en un clima de desarticulación sindical, despliegue de un sindicalismo proempresarial y caída estrepitosa del nivel de empleo. Hoy el proyecto de participación en las ganancias nace cuando la economía crece junto al empleo y las organizaciones gremiales se fortalecen. Este es el tópico clave, ya que será la organización de los trabajadores la garantía del cumplimiento de la ley y del control de las cuentas empresarias sobre las que se determinarán sus ingresos.

La razón de la oposición empresaria no radica en el instrumento, sino que reacciona frente a la voluntad de profundización de un programa de justicia social, con una enérgica recuperación del protagonismo popular. La Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece la participación en las ganancias, el control de la producción y la colaboración en la dirección de las empresas por parte de los trabajadores. Transitamos una época política de rejerarquización del respeto por los derechos humanos. El proyecto en discusión promueve su afirmación y el cumplimiento de la Constitución, mientras agrupamientos del empresariado anteponen sus intereses a la Ley Fundamental. Una instancia más en la que reaparecen las tensiones entre el poder económico concentrado y la democracia y las normas republicanas

* Director del Cefid-Ar


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4721-2010-10-24.html

  OPINION


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La teoría neoclásica, nacida a fines del siglo XIX en la primera fase de concentración y globalización económica, se construyó sobre un modelo en el que la distribución del ingreso es endógena al funcionamiento económico. El enfoque supone que los mercados de factores (trabajo, capital y tierra) determinan en su libre funcionamiento los precios de equilibrio de los mismos, arribando a una optimización social de cantidades y precios. Esta concepción de la vida económica implica que las intervenciones públicas para redistribuir ingresos y riquezas provocan distorsiones que perjudican el bienestar, de lo que se deduce que el Estado no debe intervenir a tal fin, por ejemplo, con impuestos progresivos para menguar la pobreza ni con controles de precios para reducir ganancias empresarias. La presentación neoclásica, hecha con un estilo académico, conlleva a una propuesta permanente de retirar al Estado de la economía y extender el mecanismo mercantil para la resolución de todas las cuestiones de la vida económica y social de la población. El punto de vista neoclásico surgió como una novedad que reaccionaba respecto de la Economía Política, disciplina que había surgido enclavada en la disputa de intereses entre distintas clases y sectores sociales en los albores del capitalismo. El nuevo enfoque perseguía la separación entre Economía y Política, tanto que cercenó a esa ciencia social su mismo nombre, amputándole la política y llamándola Economía a secas. La mutación no era inocente, contribuía a un paradigma que intentaba detraer ese campo de conocimiento de su uso fértil en la lucha social, como instrumento para el progreso, y replegarla sobre enclaustrados ámbitos académicos para insuflarle un espíritu conservador. La separación de lo económico con lo político y el enfoque de “autoridad científica” que revelaba los males de la intervención estatal, propendía a un predominio del mercado sobre el Estado en las definiciones del modo de vida de las ciudadanías.

El predominio del mercado sobre la Intervención Estatal tiene un carácter desdemocratizador de las sociedades capitalistas, porque la esfera en la que la ciudadanía expresa su voluntad es la de la política, la del voto, la de la participación activa, la de la igualdad. En cambio, el ámbito económico, y más en las economías concentradas, es el de las de-

sigualdades, de las diferencias económicas. Contradictoriamente con estas realidades, los economistas y politólogos del establishment internacional valoran como virtud democrática fundamental la expansión del mercado, como también lo hacen con la vigencia irrestricta de los derechos de propiedad, sin distinguir –deliberadamente– entre la propiedad de un bien personal y la del derecho de propiedad empresaria, oponiéndose a cualquier limitación sobre ésta. Conciben a ambos, mercado y propiedad empresaria irrestricta, como símbolos de los derechos individuales frente al Estado. Producen así una mutación de los derechos civiles, cuya sustancia es la defensa de los ciudadanos frente al abuso de los poderosos, para metamorfosearlos a conveniencia de los grandes poderes, a fin de proteger a grandes intereses respecto de la política pública dirigida a la modificación del statu quo social.

El enfoque neoclásico predominó como sustento académico del neoliberalismo, una vez que se precipitó el fin del mundo bipolar y la hegemonía keynesiana en las economías del bienestar (1936-1970). Este predominio surgió de modo coincidente con el inicio de la segunda fase de concentración y globalización. Durante esta etapa de “financiarización” se impuso la autonomía de los entes públicos que intervienen en el campo de las finanzas y otros ámbitos de la vida política y económica con un claro objetivo: la protección del poder económico (el “mercado”), sitiando cualquier posibilidad de profundización democrática. Así, la trinchera de la “independencia” del Banco Central intenta hoy ser utilizada para defender las finanzas de las decisiones que los ciudadanos, a través de sus autoridades electas, adopten. Los bancos centrales “independientes” han constituido, en la mayoría de los casos, enclaves de un poder financiero internacional en ascenso durante toda la fase de auge del neoliberalismo. Fueron un reducto de homogenización legal y normativa de los distintos países en el molde de lo prescripto por los organismos financieros. En un nutrido número de casos se constituyeron situaciones típicas de “captura del ente” por parte de estos organismos y de la banca transnacional. El debilitamiento de las atribuciones de las autoridades electas devino en la “profesionalización” de la política monetaria y en la cooptación de las estructuras técnicas de esas entidades por parte de las burocracias financieras globales. La defensa de la “independencia” del Banco Central abreva en el espíritu de sustracción de la economía de la intromisión popular. Conduce a la negación de la ciudadanía y a la reducción de la democracia a sus lógicas exclusivamente formales. La Ley de Entidades Financieras sancionada por la dictadura y la Carta Orgánica del Banco Central originada en la gestión Menem-Cavallo, que conforman una legislación financiera cuya modificación es clave y aún está pendiente, pertenecen a este paradigma.

Tributaria de la misma lógica es la concepción que pretende amordazar al gobierno nacional respecto del uso de las reservas para la atención de la deuda. El concepto de la regla fiscal “dura” que persigue obligar a que cualquier uso de las divisas de las reservas se efectúe con su respectiva contracción monetaria responde al mismo enfoque: restringir la capacidad de acción política de las autoridades democráticas. El lenguaje, nunca ingenuo, revela la capciosidad de los neoliberales que denominan, de modo peyorativo, discrecionalidad a los grados de autonomía gubernamental para intervenir en la economía.

Argentina transita un andarivel distinto desde 2003. Las políticas de ingresos, la intervención pública activa, el tipo de cambio competitivo, diferencial y administrado, la estatización del manejo de los fondos jubilatorios, son ejemplos de recuperación para la esfera ciudadana de espacios de decisión que habían sido entregados a los espacios mercantiles por las gestiones ortodoxas. La facultad del Gobierno para utilizar las reservas y la articulación de la política monetaria en la política económica general de éste, son necesarios para solidificar, profundizar y dotar de coherencia a la renovada direccionalidad de fusión entre política y economía.

* Economista, Director del Cefid-AR y Profesor de la UBA.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-138432-2010-01-13.html

  TEMAS DE DEBATE: MONEDA DE RESERVA Y MEDIO DE PAGO A ESCALA GLOBAL

La crisis internacional con epicentro en Estados Unidos motivó propuestas en torno de la necesidad de reemplazar a la divisa estadounidense como moneda mundial. Los especialistas evalúan la viabilidad de cambiar por euros, yuanes o DEG.

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Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar


Expresión del poder

Por Alejandro Fiorito *

Con la crisis económica actual se ha instalado el debate sobre la posibilidad de que el dólar pierda su posición de moneda mundial, en la “sencilla” idea de su reemplazo por otra moneda como el euro o el yuan en virtud de supuestas “debilidades económicas” de Estados Unidos. El dólar es desde hace más de tres décadas dinero mundial, no convertible sin respaldo en mercancía metálica alguna. Su vigencia como tal no reside principalmente en un intuitivo “éter económico” que mejor facilite las transacciones mundiales, sino en un conjunto de condiciones referidas al poder del Estado norteamericano ampliamente considerado. Referencias a desarrollo tecnológico, cultural, comercial y militar son datos imposibles de soslayar sin caer en un economicismo redundante en una limitada teoría cuantitativa del dinero. Pero aun considerando sólo aspectos meramente comerciales, Estados Unidos sigue siendo el principal importador del mundo, con un volumen de comercio de aproximadamente el 20 por ciento del total mundial.

Estados Unidos emite sus dólares y, como un “gran estómago” mundial, financia la producción del resto del mundo. China, no siendo una excepción, aprovechó esto como ningún otro país, creciendo a tasas del 10 por ciento y ampliando su mercado interno con políticas expansivas de su gasto público. Su crecimiento acelerado le permitió la acumulación de reservas en dólares vía exportaciones e inversiones externas directas de las multinacionales norteamericanas y administrando un tipo de cambio afín a ese objetivo. Dicha estrategia de crecimiento de China cambiaría mucho si hipotéticamente se viera en la responsabilidad de reconocer al yuan con un status similar al dólar. No parece ser lo que sucede. Aunque todo lo anterior no obsta para que existan “tires y aflojes” entre China y Estados Unidos, donde a la salida de esta crisis probablemente China verá incrementado su poder de negociación con la primera potencia.

Los swaps de monedas corresponden a la misma estrategia de defensa de su inserción comercial, donde China fortalece su posición exportadora, financiando con su moneda las importaciones de origen chino del otro país. El arreglo entre los bancos centrales de la Argentina y China, por 10.000 millones de dólares y otros acuerdos en la región como con Brasil, permitirá aliviar la restricción externa de nuestro país, dando así señal de que no se devaluará de manera abrupta en punto a defender la balanza comercial –que en dos meses cayó un 10 por ciento respecto de 2008– como piden los industriales. Cabe recordar que históricamente las devaluaciones vinieron de la mano de gobiernos conservadores y militares y no en gobiernos populares. Sin embargo, el anticipo de las elecciones abre interrogantes y diversas posibilidades no excluyentes sobre el curso futuro de la economía.

1) Si se sigue el actual camino de facto del Banco Central “goteando” el tipo de cambio, que no convence ni a “tirios ni a troyanos” puesto que no logra reconstituir un tipo de cambio competitivo, sino que acentúa la tendencia especulativa contra el peso y sin modificar el tipo de cambio real, si el dólar llega a 4 pesos a fin de año junto con una inflación del 15 por ciento, no habría cambio real. Por esta vía el Banco Central parece desandar parcialmente la vía de “ahorrar” dólares con swaps, no cuidando las divisas en medio de una depresión.

2) Si se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, no está claro que los 2500 millones de dólares por los DEG que nos corresponden vengan sin condicionamientos neoclásicos recesivos e inviables, con ajustes que amplían saldos en dólares para pagar la deuda y que terminan “matando al paciente” que los recibe.

3) Si, en cambio, se devaluara, es muy probable que también se dé un resultado contractivo, puesto que las devaluaciones en la Argentina deprimen el consumo y con éste, las inversiones. Para evitarlo se debería compensar la pérdida de los sectores que tienen ingresos en pesos, lo que implica subas y no bajas de los derechos de exportación a la renta del agro, a contramano de lo que se hizo en los últimos meses.

El modelo iniciado en el 2003 fue “deslizándose” hacia otro distinto en el que, con tipo de cambio “retrasado” (¡y nadie sabe cuánto!) junto a la “obsesión del superávit fiscal”, la producción interna y el empleo sólo pueden mermar: en dos meses de 2009, cayeron un 38 por ciento las importaciones. La restricción externa fue y es un límite histórico específico a nuestro crecimiento, pero no quita que la restricción por falta de demanda “keynesiana” se vuelva igual o más importante en esta coyuntura.

Si se mira afuera, el comercio mundial cayó en nueve meses más que en la crisis del ‘29. Es necesaria entonces una política que oriente el gasto expansivamente hacia la sustitución de importaciones, subvención de exportaciones y control de capitales para minimizar los efectos de la depresión económica mundial. Por acá los escollos siguen siendo políticos y muchos “bailan en la cubierta”.

* Grupo Luján – UNLU - UBA.


Discutir la estructura financiera

Por Guillermo Wierzba *

La crisis global en curso reconoce dos planos en sus causalidades. Uno más coyuntural, en el nivel del síntoma, expresado en el default generalizado del mercado hipotecario norteamericano y su expansión a otras esferas de esa economía y al ámbito mundial. El otro, de carácter estructural, involucra el largo plazo e incluye los “desbalances globales” que caracterizaron todo el período precrisis. Estos consistían en los superávit comerciales permanentes de países periféricos que financiaban los constantes déficit externos de los Estados Unidos. Así, el exceso de ahorro de esas naciones “emergentes” sustentaba el creciente endeudamiento público y privado estadounidense. Aquéllos exportaban una parte sustantiva de su producción e invertían en dólares, o títulos de deuda de la superpotencia, las divisas que acumulaban.

Este modo estructural de la economía mundial se asociaba a un insuficiente despliegue de los mercados internos de los países en desarrollo para absorber la producción de sus economías, cuyos ritmos de crecimiento en esa etapa fueron muy robustos. La condición de realización de las mercancías producidas mundialmente reservaba a los norteamericanos el rol de consumidor de última instancia a nivel internacional. Así, un régimen de regresividad distributiva se construía entre las naciones en las que se producía con bajos costos salariales, y contaban con mercados internos estrechos por la misma razón, y el país que poseía el atributo para asumir el rol deficitario permanente y creciente.

Estados Unidos no tiene restricción externa de divisas, pues emite la moneda universalmente aceptada como medio de pago y reserva de valor. Este grado de libertad de su economía adquirió otra calidad una vez que ese país se de-sembarazara de la convertibilidad dólar-oro desencadenando la ruptura del sistema internacional de paridades cambiarias cuasifijas. Cuenta con la facultad –el poder– para imprimir la magnitud de dólares que sostenga condiciones de consumo en su economía inviables para cualquier otro país, y para regular el volumen y la tasa de interés de su propia deuda pública en moneda dura. Esta característica clave de la economía global, por la que una nación emite la moneda mundial, subyace como condición central de la desigualdad distributiva entre países ya expuesta.

El neoliberalismo ha sido la forma del capitalismo que permitió este nivel de despliegue inédito de una moneda mundial sólo referida al poder en general, poder en sí mismo, de la superpotencia hegemónica de la etapa. Poder económico, poder político, poder militar. El manejo del presupuesto sin restricciones de divisas ha sido una vital herramienta utilizada por los gobiernos norteamericanos para emprender las ofensivas militares imperiales, mientras que el mismo instrumento cebaba la demanda mitigando fluctuaciones de la economía.

Una lectura economicista de la coyuntura llevaría a presagiar un debilitamiento del dólar. Estados Unidos es hoy el epicentro de la crisis internacional, su producto bruto neto está cayendo, tiene déficit fiscal y externo estructurales. Sin embargo, su moneda no se ha debilitado ni ha perdido su reconocimiento de moneda mundial mientras intensos flujos de capital se dirigen desde la periferia a refugiarse en títulos del tesoro norteamericano.

Las claves de la reflexión de la postcrisis deben adentrarse en lo político. Enfoque con el cual Estados Unidos defiende y defenderá su atribución hegemónica de único emisor de la moneda mundial. Por eso los debates y propuestas sobre los DEG (derechos especiales de giro) tienen una importancia significativa. Los DEG, creados en 1969, son una divisa estructurada de acuerdo con una canasta de monedas. La ampliación de su stock relativo respecto de la circulación del dólar se abre camino. Existen propuestas más radicalizadas en torno de convertirlos en la divisa internacional. Pero la cuestión central sobre la moneda mundial estriba en quién tiene el poder de emisión. Hoy es el FMI el que posee la atribución de crear DEG. Un organismo que continúa con hegemonía decisoria de los países centrales e impulsando políticas de ajuste en la periferia, aun en la aguda recesión global en curso. Así, las disputas políticas para cambiar la moneda mundial deben acompañarse con el activismo para modificar la arquitectura financiera internacional, garantizando su democratización y apuntando a recuperar el rol de la comunidad internacional y su institucionalidad, las Naciones Unidas.

Los cambios requieren de una correlación de fuerzas que los haga posibles. El fortalecimiento de los regionalismos la favorece. La construcción en América latina de un fondo de estabilización regional que acumule divisas para afrontar desequilibrios financieros de corto plazo, el comercio compensado en monedas nacionales, los acuerdos que avancen hacia una moneda común y el fortalecimiento de la unidad política en Unasur abren una perspectiva de viabilidad en la dirección transformadora.

* Economista, director del Cefid-AR.


Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-123971-2009-04-27.html