Página#12 Libre

Desde Lima

Fue el día de Ollanta Humala. El candidato de la izquierda peruana ratificó en las urnas su favoritismo. Ganó las elecciones de ayer, pero todavía debe enfrentar una segunda vuelta en su intento de llegar a la presidencia al no alcanzar el 50 por ciento más uno de los votos que necesitaba para una victoria definitiva. Según las cifras oficiales dadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 44 por ciento del total de votos, Humala obtuvo el 26,9 por ciento. Sin embargo, el conteo rápido de tres empresas encuestadoras y de la organización de observación electoral Transparencia coincidieron en darle el 31 por ciento. Humala repite su triunfo en primera vuelta del año 2006, pero como entonces deberá ir a un ballottage. En esa ocasión lo perdió con el actual presidente Alan García. En esta ocasión su rival sería Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Sin embargo, el economista de la derecha Pedro Pablo Kuczynski, tercero en todos los conteos rápidos al cien por ciento pero segundo en un resultado oficial no resignaba su derrota. De cara a la segunda vuelta, Humala anunció, en sus primeras declaraciones luego de conocida su victoria, que estaba dispuesto a hacer concesiones “por la unidad nacional”.

A pesar que su triunfo estuvo claro desde los resultados a boca de urna divulgados inmediatamente después de cerradas las mesas electorales a las cuatro de la tarde (seis de la tarde hora argentina) que le daban una amplia ventaja, Humala esperó hasta la divulgación, a las ocho de la noche, de los primeros resultados oficiales parciales, para proclamar su victoria. “Hoy día estamos de fiesta. Ha habido un pronunciamiento claro del pueblo peruano que quiere una gran transformación”, inició su discurso de victoria ante la multitud de sus seguidores reunidos frente a su local partidario. Apareció en el estrado levantado para el mitin de celebración junto con su esposa y sus dos candidatos a la vicepresidencia. La multitud se había ido reuniendo desde temprano. Llevaban banderas peruanas y coreaban “Se siente, se siente, Ollanta presidente”.

El júbilo era desbordante. No habló de alianzas para la segunda vuelta. “Nuestro compromiso es con el pueblo peruano, con los más humildes. Queremos hacer una convocatoria a la unidad de todos los que quieren la gran transformación”, dijo y anunció que convocará “a todas las fuerzas sociales y laborales”, pero no habló de las fuerzas políticas. “necesitamos formar una mayoría social”, remató. Terminó pidiendo a sus seguidores que sigan trabajando para lograr el triunfo definitivo en la segunda vuelta. “Se necesita todavía un gran esfuerzo, pido a toda la militancia que se mantenga movilizada, no podemos descansar hasta ganar las elecciones”, exclamó el candidato de la izquierda, que ayer celebró, pero sabe que no fue una celebración definitiva.

Keiko Fujimori también celebró y Pedro Pablo Kuczynski se aferraba al resultado oficial al 44 por ciento (la mayoría de las actas eran de Lima, su bastión) que lo colocaba en segundo lugar para no admitir su derrota. Este resultado le daba a Kuczynski el 23,6 por ciento y a Keiko Fujimori el 21,8 por ciento. Sin embargo, el conteo rápido al cien por ciento de tres empresas encuestadoras que hicieron esta medición y de la organización electoral Transparencia Keiko se ubicaba en segundo con entre 22,5 y 23,3 por ciento, mientras Kuczynski tenía entre 18,7 y 19,7. Alfredo torres director de Ipsos Apoyo, una de las empresas que hizo el conteo rápido fue claro: “El segundo lugar ya está definido (a favor de Keiko Fujimori). Las cifras son irreversibles”.

Con estas cifras, Keiko Fujimori se proclamó como la rival de Humala en el ballottage. Lo hizo en un mitin ante sus partidarios, que celebraban el segundo lugar como una victoria. “El resultado es contundente. Estamos en segunda vuelta”, dijo. Keiko agradeció a su padre, el ex dictador Fujimori que purga condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La acompañaban los más importantes colaboradores del gobierno autoritario de su padre.

Los partidarios de Kuczynski no se resignaban a la derrota. Cuando salió el resultado parcial de la ONPE celebraron que hubieran ganado. Kuczynski apareció ante sus seguidores para proclamar que iban segundos y el júbilo estalló. Pero inmediatamente pidió a sus seguidores “prudencia” para esperar los resultados. La celebración de los partidarios de Kuczynski hizo recordar al festejo de otra candidata de la derecha, Lourdes Flores, ahora aliada de Kuczynski, que en 2006 celebró por todo lo alto su pase a segunda vuelta y quedó fuera de ella desplazada por el actual presidente Alan García.

El ex presidente Alejandro Toledo, que hasta hace un mes era el gran favorito de esta elección, fue el gran derrotado. Quedó lejos del segundo lugar, con el 15 por ciento. Admitió temprano su derrota, y puso tres condiciones para apoyar a un candidato en la segunda vuelta: respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia y la libertad de prensa y mantener el rumbo económico, pero dándole un mayor contenido social. Con esas condiciones y los antecedentes del fujimorismo en derechos humanos, democracia y libertad de prensa, resulta difícil un apoyo de Toledo a Keiko Fujimori. Pero con Humala lo separa el tema económico. El candidato de la izquierda propone cambiar el modelo neoliberal que Toledo defiende. Luis Castañeda, quinto con 10 por ciento, no ocultó su mayor cercanía con Keiko Fujimori. Marisol Pérez Tello, candidata a la vicepresidencia con Kuczynski, anunció que “si se confirma que Keiko pasa a segunda vuelta” apoyaría al fujimorismo, pero aclaró que era una opinión a título personal. Sin embargo, más allá de las decisiones de las dirigencias partidarias, ha quedado demostrado en varios procesos electorales que en Perú los partidos políticos no tienen capacidad de endosar sus votos. La elección también dejó un Congreso sin mayoría. Quien sea el próximo presidente tendrá que hacer alianzas en el Parlamento para gobernar.

Desde Lima

Aunque ha comenzado a bajar en las encuestas, el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) sigue encabezando todos los sondeos. La encuestadora Ipsos Apoyo le otorga 23 por ciento de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori, la hija congresista del ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos, con 19 por ciento; el ex comandante Ollanta Humala, apoyado por la izquierda, con 17 por ciento; el derechista ex alcalde de Lima Luis Castañeda, y el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, muy vinculado con la banca internacional y con los grandes grupos de poder económico, igualados con 14 por ciento. Cuando faltan dos semanas para las elecciones del 10 de abril, la tendencia indica que las diferencias entre los cinco candidatos con posibilidades de ganar –en total son diez– se van estrechando. Los analistas coinciden que la única certeza es que habrá segunda vuelta.

“Seguimos primeros, aunque es cierto que la distancia se ha achicado. Voy a tratar de remontar esto (su baja en las encuestas). Estamos trabajando fuerte para eso”, señaló Toledo, que recibió a Página/12 en su oficina de campaña en una amplia residencia de San Isidro, el tradicional barrio limeño de clase alta en el que conviven las sobrevivientes casonas de la vieja oligarquía, modernos edificios y el nuevo centro financiero de la ciudad. El ex presidente ha hecho un alto en su intensa actividad de viajes, mítines y recorridos a bordo del llamado “cholobus” por los barrios pobres que rodean Lima, para conversar con este diario sobre la campaña electoral y sus propuestas de gobierno. Alejandro Toledo, que asegura estar confiado de pasar a la segunda vuelta, se queja de una guerra sucia en su contra y apunta al presidente Alan García. “Hay una guerra sucia contra no- sotros que viene del gobierno. El presidente García se ha convertido en un gran elector y está perturbando el proceso electoral”, dijo Toledo.

–La intromisión del presidente García en las elecciones, que usted ha denunciado, ¿puede poner en riesgo el proceso electoral?

–No creo que esté en riesgo la democracia, pero sí creo que esa intromisión puede manchar el proceso electoral. Es democráticamente irresponsable que el presidente García meta las manos en el proceso electoral como lo está haciendo y eso emite una señal contraproducente al mundo. Se entromete en torcer la voluntad de los votantes haciendo uso del poder del Estado. Está todos los días en campaña para favorecer a los candidatos que prefiere y simultáneamente está en su campaña propia para las elecciones de 2016.

–Sin un candidato del oficialismo al cual apoyar, ¿cuál es el candidato al que García busca favorecer?

–Alan García quiere que gane cualquiera menos Toledo o Humala. El presidente García ha dicho que no puede poner al presidente que quiera, pero que sí puede impedir que sea presidente alguien que él no quiera que sea presidente. Y está tratando de cumplir eso. García no quiere ni a Toledo ni a Humala.

–¿Por qué García no quiere que usted sea nuevamente presidente?

–Porque tiene una concepción errónea de que Toledo lo va a perseguir. La verdad es que yo no tengo espacio para el rencor y la revancha y no voy a perseguir al presidente García.

–¿Un eventual gobierno suyo impulsaría una investigación a los hechos de corrupción en el gobierno de García?

–En mi gobierno no habrá persecución contra nadie, pero tampoco habrá borrón y cuenta nueva.

–En esta campaña usted ha criticado el actual modelo económico por ser primario exportador y excluyente, y ofrece cambiarlo. Pero ese modelo económico que ahora cuestiona es el mismo que usted aplicó en su gobierno.

–Lo que pasa es que nosotros recibimos una economía en recesión y la prioridad era reactivarla. Eso significaba que funcionen todos los sectores, como el primario exportador y el extractivo. Ahora que la economía está floreciendo y los precios de los minerales son altos, necesitamos utilizar esos ingresos para cambiar la estructura productiva. Hay que invertir más en conocimiento, salud, educación, ciencia, tecnología, innovación, para hacer que la producción tenga mayor valor agregado y seamos menos vulnerables.

–Eso sería un cambio de lo que fue la política económica en su gobierno.

–Sí, absolutamente. Son dos tiempos distintos.

–Ahora también ofrece mejorar la redistribución de los ingresos del crecimiento económico, pero una crítica a su gobierno fue precisamente la falta de redistribución.

–No se puede redistribuir pobreza y nosotros veníamos de una recesión y no teníamos ingresos. Hoy la caja fiscal es boyante. No me interesa que la economía crezca si los beneficios no se sienten en el bolsillo de la gente.

–En su gobierno hubo crecimiento económico, pero los beneficios de ese crecimiento no se sintieron en el bolsillo de la gente.

–En la segunda etapa de mi gobierno, cuando ya teníamos ingresos, comenzamos con importantes programas sociales, creamos el Seguro Integral de Salud para los más pobres, duplicamos el sueldo a los maestros, a los jueces, a los fiscales. Si somos elegidos, en este segundo gobierno la prioridad será redibujar el rostro social del Perú, dándole la primera importancia a las políticas sociales, como agua potable, salud, desagüe, educación, caminos rurales, Internet gratuita en las zonas rurales. Ahora le puedo decir que crecer no es suficiente. El crecimiento es un medio, no es un fin. El fin es mejorar las condiciones de vida de la población y eso se hace con una redistribución de los beneficios del crecimiento.

–¿Esa política de redistribución incluiría aumentar los impuestos a las empresas mineras, que en los últimos años han tenido altas sobreganancias pero pagan bajos impuestos debido a los contratos de estabilidad tributaria que tienen, y utilizar esos recursos para financiar programas sociales y las políticas de educación y de salud?

–El incremento de impuestos a las empresas mineras es una propuesta que estamos explorando, todavía no hay una definición en este tema. Es una posibilidad, pero le aseguro que nosotros nunca vamos a violar los contratos de estabilidad tributaria que existen. No vamos a cambiar las reglas del juego a la mitad del partido por la mala señal que eso emite a los inversionistas. Pero ya se vencen varios contratos de estabilidad tributaria y lo del aumento del impuesto a las mineras es una posibilidad para los nuevos contratos. Pero eso siempre lo haríamos hablando con las empresas.

–¿Una segunda vuelta entre usted y Keiko Fujimori sería como una repetición de su enfrentamiento con Alberto Fujimori en las elecciones de 2000?

–Aunque el terreno es distinto y hay muchos elementos diferentes, de alguna manera sería la réplica de lo ocurrido hace diez años. Una segunda vuelta con Keiko Fujimori sería una lucha entre la democracia y el autoritarismo...

–¿Un eventual triunfo de Keiko Fujimori pondría en riesgo la democracia peruana?

–Sí, podría poner en riesgo la democracia, que todavía es frágil. Keiko Fujimori representa el espíritu de su padre. Ella cree que la mano dura significa inclusive la violación de los derechos humanos. Su triunfo no sería una buena señal para el mundo. En el fujimorismo se concentra una gran vocación autoritaria, una carencia de respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la independencia de poderes.

–¿Coincide con quienes señalan que hay un pacto entre el presidente García y Fujimori?

–No tengo que especular, las evidencias empíricas de eso son muy fuertes. Le doy un ejemplo: en estos cinco años todas las presidencias del (oficialista) Partido Aprista del Congreso han sido elegidas con los votos de Fujimori.

–En caso de que llegue a la presidencia, ¿descarta la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori?

–Sí. Yo no trastrocaría el trabajo del Poder Judicial. Yo respeto la independencia de los poderes y el Poder Judicial ya ha dicho su palabra. La violación de los derechos humanos es un tema muy fuerte. Yo no visualizo ahora un indulto a Fujimori.

Desde Lima

“Con mi familia hemos decido evacuar temprano. Hay que estar alertas. El tsunami podría venir en cualquier momento”, dice Ernesto Dioses, con rostro preocupado, mientras abandona su modesta casa junto a su esposa y sus hijos, cargando las pocas cosas que puede llevar para ir a uno de los refugios dispuestos por las autoridades. Todavía no son las cuatro de la tarde, hora marcada para iniciar la evacuación ante la alarma de un posible tsunami en el país como consecuencia del terremoto en Japón, pero Ernesto Dioses prefiere no correr riesgos y ha decidido adelantar la evacuación. Ernesto y su familia viven en el puerto de El Callao, al norte de Lima, una de las zonas más afectadas por un posible tsunami.

El alerta de tsunami en las costas peruanas se comenzó a transmitir desde temprano. Las autoridades marcaron entre las 19.30 y las 21.30 como la hora en que el posible tsunami tocaría costas peruanas.

“En este momento no podemos determinar la altura del tsunami, pero hay posibilidades que sea baja”, dijo al comenzar la tarde Atilio Aste, capitán de fragata de la Marina de Guerra, encargada de monitorear el fenómeno. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Palomino, apareció en los medios para desdramatizar la alarma: “Pido calma a la población. Esta es una alarma preventiva”, dijo Palomino. El presidente Alan García también se sumó a los pedidos de calma: “Que no haya pánico, estamos preparados”, señaló.

Desde las cuatro de la tarde comenzó la evacuación de todas las zonas costeras del país. Se ordenó el cierre de todos los puertos y se suspendió el tránsito por la carretera Panamericana, que corre paralela a la costa. Las clases escolares fueron suspendidas en las poblaciones costeras y el gobierno ordenó la suspensión, a partir de esa hora, de las actividades laborales.

Lima se encuentra protegida de un posible tsunami por los acantilados, de cerca de cien metros de altura, que separan la costa de la ciudad. La avenida Costa Verde, una de las más importantes, que atraviesa la ciudad de Sur a Norte hasta llegar a El Callao y que corre entre el mar y los acantilados, fue cerrada desde las cuatro de la tarde. Todas las playas, restaurantes y clubes cercanos a la playa fueron evacuados. La Costa Verde, que suele estar atiborrada de automóviles y gente, especialmente en el verano, lucía desierta. Un espectáculo que no se había visto antes. En El Callao, que tiene unos 800 mil habitantes, la evacuación de las zonas más cercanas al mar fue masiva. Los balnearios ubicados al sur de Lima fueron evacuados y todas las playas cerradas. Lo mismo sucedió en toda la costa del país, de unos tres mil kilómetros de longitud.

Susana Villarán, 61 años, juramentó ayer como la primera mujer elegida por el voto popular que asume la alcaldía de Lima, una ciudad de más de ocho millones de habitantes y con más del 15 por ciento de su población en situación de pobreza. El presidente Alan García, un viejo rival político de Villarán y que durante la campaña electoral no ocultó sus preferencias por la derrotada candidata de la derecha Lourdes Flores, estuvo presente en la juramentación de la nueva alcaldesa de Lima. En su discurso de toma de mando, Villarán dijo que esperaba tener una “relación muy provechosa” con García, que culmina su gestión en julio de este año.

Con la toma de posesión de Villarán se inició el segundo gobierno de izquierda en la historia de la capital peruana. El primero fue el de Alfonso Barrantes, el fallecido líder de la desaparecida Izquierda Unida, que gobernó Lima entre enero de 1983 y diciembre de 1985.

Sin embargo, la nueva alcaldesa de Lima asume el cargo distanciada de los diversos sectores de la izquierda, que la acusan de haber adoptado una postura que se aleja de ellos para acercarse a una posición de centro que propone mayor inversión social, pero manteniendo las líneas centrales del modelo económico neoliberal. Ese resquebrajamiento de la relación de Villarán con la izquierda ha llegado incluso al interior de la alianza que la llevó al triunfo electoral. Fuerza Social (FS), el partido de Susana Villarán, ratificó, para las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril su alianza con el Movimiento Nueva Izquierda (MNI) y Tierra y Libertad. Pero Villarán cuestionó públicamente ese acuerdo y exigió su cancelación, lo que finalmente ocurrió, dejando al MNI y a Tierra y Libertad fuera de la contienda electoral de abril y a la alianza que la llevó al triunfo electoral rota.

En su intento de presentarse como una “izquierda moderna”, Villarán y otros dirigentes de FS han moderado su discurso y marcado distancias de sus aliados, acusados por la prensa y la derecha de extremistas. Luego de la ruptura con FS, propiciada por la propia Susana Villarán, dirigentes del MNI y de Tierra y Libertad han dicho que sus representantes en el Concejo de la ciudad asumirán una postura vigilante de la gestión de Villarán para que cumpla sus promesas electorales. De esta forma, Villarán juramentó como alcaldesa de Lima en medio de la división de la alianza que la llevó al gobierno de la capital y distanciada del resto de la izquierda que no participó en esa alianza, y de las críticas de la derecha, las que han bajado de tono luego de que rompiera la convergencia con sus aliados de izquierda.

El distanciamiento entre Villarán y la izquierda se ha agudizado en las últimas semanas, después de que la alcaldesa de Lima se negara a apoyar una candidatura única de la izquierda para las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril, y apostara por una candidatura propia, la del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Los dirigentes de FS han centrado sus críticas contra la candidatura de Ollanta Humala, apoyada por la mayor parte de la izquierda. Una razón más para el distanciamiento de Villarán con la izquierda. Las encuestas no le dan ninguna opción a Rodríguez Cuadros, que aparece con menos del dos por ciento. La decisión de romper con sus socios y de bloquear un acuerdo para una candidatura única de la izquierda le puede costar caro a FS y a la flamante alcaldesa, que se enfrentan al riesgo de una debacle en las elecciones de abril, lo que debilitaría su gestión al frente del gobierno de Lima, que culminará en diciembre de 2014.

En su primer discurso como alcaldesa de Lima, Susana Villarán aseguró que su gestión estará marcada por cinco elementos centrales: concertación, eficacia y eficiencia, autoridad, inclusión y transparencia. “Este gobierno municipal no es mío, es de ustedes, del pueblo, de los vecinos y vecinas”, dijo y ofreció rendir cuentas diariamente de su gestión y realizar cabildos abiertos todos los sábados. Aseguró que tiene como objetivo que “Lima vuelva a ser la gran ciudad del Pacífico”. Habló de recuperar los espacios públicos, de construir una ciudad “sin exclusiones de ningún tipo”, de priorizar la educación y ratificó sus ofertas electorales de ordenar el caótico transporte público y de enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. “Este año nuevo es hermoso, me siento profundamente feliz”, señaló la nueva alcaldesa de Lima ante los aplausos de sus seguidores.

La atención de los sectores políticos y de la prensa peruana alrededor de la visita de Cristina Kirchner estaba centrada en lo que la Presidenta diría sobre la venta de armas a Ecuador durante el conflicto bélico en 1995. Ese episodio enfrió unas relaciones históricamente estrechas y se mantenía como una herida abierta. El rechazo público de Cristina Kirchner a esa venta de armas ocurrida durante el gobierno de Carlos Menem y el desagravio que hizo al Perú por ese hecho resonaron fuerte en los corrillos diplomáticos y políticos de Lima.

En diálogo con Página/12, el congresista del oficialista partido aprista y canciller durante el primer gobierno de Alan García (1985-90), Luis Gonzales Posada, calificó estas declaraciones de la presidenta argentina como “valientes, honorables y muy emotivas para los peruanos”. “Nos alegramos de que la presidenta Kirchner, en un gesto de generosidad que reconocemos, haya expresado su desagravio por un acto que evidentemente ella no comparte y que fue un acto delincuencial, un maltrato al Perú por parte del gobierno de Menem. A partir de este desagravio hay que cerrar este capítulo y recomenzar una relación que estaba congelada a raíz de ese hecho desleal y avanzar, recuperando el tiempo perdido, en una línea positiva de una relación que siempre fue de primerísimo nivel. En ese sentido, esta visita ha sido muy positiva”, señaló Gonzales Posada.

Por su parte, el analista en política internacional y catedrático de la Universidad Católica, Farid Kahhat, declaró que el desagravio expresado por Cristina Kirchner “era un gesto necesario para voltear la página y normalizar la relación entre ambos países”. “La relación con la Argentina –continúa Kahhat– sin duda se resintió a raíz de la venta de armas a Ecuador, aunque venía mejorando en el plano económico: a partir de 2003 se ha triplicado el comercio bilateral. Este desagravio era el toque final que faltaba para consolidar una reconciliación.” Sin embargo, Kahhat estima que la relación bilateral entre Argentina y Perú, siendo histórica y cordial, no es prioritaria para ninguno de los dos países.

Gonzales Posada discrepa: considera la relación con Argentina como “absolutamente prioritaria” para el Perú. “Argentina –precisa el ex canciller– es importante porque es un gigante latinoamericano. Con Argentina hemos tenido una relación emocional muy fuerte. Durante la guerra de las Malvinas, independientemente del apoyo que dio el gobierno peruano en aviones y armas, miles de peruanos hacían colas en la embajada de Argentina para ir a combatir contra Inglaterra.”

Justamente, en opinión de Kahhat un objetivo central de la presidenta Kirchner en esta visita ha sido asegurar el apoyo del Perú a la demanda argentina a Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas. “El gesto de la Presidenta para restañar heridas con el Perú se da en momentos en que la Argentina ha vuelto a plantear el asunto de la soberanía de las Malvinas y espera obtener el respaldo de los países sudamericanos.”

“Esta premiación es un reconocimiento a los trabajos de esta comisión a favor de los derechos humanos, la no discriminación, el pluralismo, el respeto a la dignidad de la persona, la reducción de la violencia”, destacó Mónica Cuñarro, fiscal y coordinadora de la comisión científica sobre políticas públicas de prevención y control del tráfico de drogas, integrada por magistrados y diversas personalidades. En el país de la coca, esa comisión asesora fue premiada por su contribución a una reforma en la política de drogas, que incluye la despenalización de la tenencia para consumo (ver nota). El reconocimiento lo recibió Cuñarro, que en esta entrevista explica los alcances de los cambios previstos y el significado de la premiación.

El acto se produjo en el marco de la Conferencia “Las Reformas en América Latina en la Legislación sobre Drogas”, organizada en Lima por el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y el Transnacional Institute de los Países Bajos.

–¿Esta premiación es un reconocimiento a la reciente despenalización del consumo de drogas en Argentina? –le preguntó Página/12 a la fiscal Cuñarro.

–Es muy importante que este premio haya sido otorgado por organizaciones civiles con una reconocida trayectoria en la región en la defensa de los derechos humanos. Esta premiación es un reconocimiento a los trabajos de esta comisión a favor de los derechos humanos, la no discriminación, el pluralismo, el respeto a la dignidad de la persona, la reducción de la violencia. Se está premiando una reforma integral, que incluye la despenalización de la tenencia de drogas para consumo, pero también los aspectos jurídicos y sociosanitarios para defender los derechos de las personas. Se está reconociendo el trabajo en materia de cambios de políticas públicas de drogas impulsados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fallo de la Corte Suprema de Argentina que despenaliza el consumo de drogas “es una decisión que va en sintonía con lo que venía diciendo esta comisión asesora de la presidenta”, dijo Cuñarro, al comentar la decisión de la Justicia argentina que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. “El consumo de drogas debe ser abordado como un problema social y sanitario, no penal. Los sectores de salud y de desarrollo son los que deberían tomar en sus manos el manejo del problema de consumo de drogas”, precisó.

–¿Hay una tendencia en la región para avanzar en la despenalización de las drogas?

–En la región hay dos modelos. Uno es el del presidente Uribe de Colombia, de criminalizar al usuario de drogas y que habla de una guerra absoluta a las drogas. Del otro lado, están los países que están en la línea de despenalizar el consumo de drogas, entre ellos Argentina. Criminalizar el consumo de drogas es violatorio de los derechos humanos. Hace tres años, Argentina llevó esta propuesta de no criminalizar el consumo de drogas a Viena, que ahora otros gobiernos están siguiendo. En esta conferencia de Lima se ha puesto a la Argentina y a Ecuador como modelos de esta política de despenalizar el consumo de drogas. Y se ha decidido premiar la experiencia argentina, porque está a la vanguardia en la región en este tema y otros países están imitando nuestra experiencia.

–¿Qué países están siguiendo el modelo argentino?

–El gobierno argentino fue el primero en nombrar, hace dos años, una comisión de independientes ad honorem para asesorar a la Presidencia en materia de drogas. En Brasil, Lula ha creado una comisión asesora copiando el modelo argentino. Esta comisión le acaba de entregar a Lula un proyecto que pide la legalización de las drogas, lo que convertiría a Brasil en el país más abierto de la región. En Ecuador, Correa también ha creado una comisión para ver el tema de la legislación en materia de drogas y está llevando adelante gestiones avanzadas para despenalizar el consumo de drogas. En Estados Unidos, Obama ha presentado un proyecto de ley al Congreso para crear una comisión asesora del presidente en materia de drogas, que estaría integrada por cuatro republicanos y cuatro demócratas. En este tema, colegas de distintos países señalan a la Argentina como un referente. Pero si bien estamos a la vanguardia en la región, nuestra posición de despenalizar la tenencia de drogas para consumo es conservadora si la comparamos con aquellas posturas que proponen la legalización de las drogas, como ha hecho The Economist, que incluso propone que el Estado cobre impuestos por esta actividad.

Desde Lima

El nuevo gabinete ministerial que juramentó el sábado –el tercero en los tres primeros años de gobierno de Alan García– despertó más críticas que entusiasmo. La designación de Javier Velásquez Quesquén, alto dirigente del oficialista partido aprista que hasta ahora era presidente del Congreso, anuncia, según los analistas, el reforzamiento del sector más duro y autoritario del gobierno de García.

Velásquez reemplaza a Yehude Simon, un independiente que renunció el último miércoles en medio de una grave crisis política, crecientes protestas sociales y huelgas que la última semana paralizaron buena parte del interior del país. El nuevo gabinete que encabeza Velásquez incluye a seis nuevos ministros, otros diez que han sido ratificados en sus cargos y a la ex ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz, la principal promotora de los cuestionados tratados de libre comercio, que dejó esa cartera para pasar a la de Producción. Uno de los ratificados es el ministro de Economía, Luis Carranza, lo que no deja dudas de la continuidad del modelo económico neoliberal, causa de las crecientes protestas sociales y las huelgas que afectan al país.

La oposición, los movimientos sociales y los analistas políticos habían coincidido en exigir un gabinete que introduzca modificaciones en la política económica y que promueva un diálogo con los movimientos sociales para superar la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, el nombramiento de Velásquez Quesquén y su equipo ministerial va en el sentido contrario a esas expectativas. El nuevo primer ministro representa al sector del partido aprista más cercano al presidente García y su conducción del Congreso ha sido duramente criticada por su manejo autoritario. Velásquez ha acusado reiteradamente al presidente venezolano, Hugo Chávez, de promover las protestas sociales en el Perú. Además de dirigentes del oficialismo, el nuevo gabinete está formado por políticos vinculados con el fujimorismo y la derecha y por empresarios ligados a grandes grupos de poder económico, lo que ratifica las alianzas que han sustentado García desde su inicio.

“Estamos frente a una crisis del modelo económico y de la representación política, y las protestas sociales revelan que la gente quiere un cambio global. Pero el nuevo gabinete representa la ratificación del modelo económico y del comportamiento político de este gobierno, lo que agudizará la crisis. Vamos a una mayor polarización, a un incremento de la confrontación social y a un endurecimiento de la política represiva del gobierno”, le señaló a Páginal12 Alberto Adrianzén, analista político.

Entre quienes dejan el gabinete está la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, señalada como la principal responsable de la violenta represión contra las protestas indígenas que hace un mes dejaron 34 muertos, según las cifras oficiales. La reemplaza el general en retiro Octavio Salazar, ex director de la Policía, separado hace unos meses de ese cargo por el gobierno en medio de acusaciones de ineficacia. En el Ministerio de Defensa ingresa Rafael Rey, connotado miembro del Opus Dei y muy cercano al fujimorismo. Cuando era congresista durante el régimen fujimorista, Rey promovió una ley de amnistía para los violadores de derechos humanos, la que fue anulada luego de la caída de Fujimori. En Justicia ha ingresado el congresista oficialista Aurelio Pastor, otro duro de derecha. El nuevo gabinete anuncia tiempos complicados.

Desde Bagua

Para llegar a la comunidad aguaruna de Yamayaca, un poblado de 300 personas, hay que viajar tres horas en camioneta por una pista de tierra mal afirmada que parte de la ciudad de Bagua y se interna en la selva y luego cruzar el río Marañón, afluente del Amazonas, en una canoa o en un pequeño bote de madera, llamado “peque peque” por el ruido que hace su lento motor. Los aguarunas pertenecen a la familia étnica de los jíbaros. Su territorio tiene 22,700 kilómetros cuadrados y 60 mil pobladores. Las comunidades más alejadas están a cinco días de viaje desde Bagua, ciudad de 75 mil habitantes que está a mil kilómetros al noroeste de Lima. En la calle de tierra que cruza Yamayaca, donde dos niños juegan al fútbol pateando una lata, encontramos a Bacilio Dekentai. Nos dice que tiene 40 años y cuatro hijos y que vive de su chacra. Como en todas las comunidades aguarunas, lo que se siembra ahí es plátano y yuca, los dos alimentos básicos de la dieta de los nativos, y un poco de cacao y café. La lluvia ha convertido la calle en un lodazal. Los niños que jugaban han desaparecido.

Después de muchas dudas, Bacilio accede a contarnos lo que vio durante el cruento operativo policial para desalojar a los indígenas que bloqueaban una carretera en las afueras de Bagua, en la zona llamada la Curva del Diablo, exigiendo se derogue una serie de leyes que facilitan el ingreso de las transnacionales a su territorio. “Nos atacaron como si estuviéramos en la guerra. El ataque comenzó antes de las seis de la mañana. Los primeros disparos vinieron de un cerro. Como mil subimos al cerro pidiendo que no disparen, pero no nos hicieron caso. Estábamos desarmados porque nuestro paro era pacífico. Disparaban a matar. Había muchos muertos. Yo vi cuando mataron a dos heridos que estaban en el suelo.” En medio de la balacera, Bacilio se escondió en la parte alta del cerro. Asegura que desde ahí vio a un helicóptero recogiendo cadáveres. “Vi dos viajes del helicóptero. En cada viaje recogió como treinta muertos. Nadie sabe dónde los han llevado. Con mis propios ojos lo he visto.” Las cifras oficiales registran diez civiles y veinticuatro policías muertos.

A una hora de Yamayaca está la comunidad de Wawas. Mientras camina entre las pequeñas casas de caña, madera y techo de hojas de palmera en las que viven los 600 pobladores de Wawas, el apu (jefe) de la comunidad, Heriberto Tiwijan, nos relata su historia sobre lo ocurrido en la Curva del Diablo. “Yo estaba dirigiendo un grupo de 50 pobladores de mi comunidad. En total, éramos como tres mil. Nos atacaron por tierra y aire. Desde un helicóptero disparaban bombas lacrimógenas y balas. En la pista la policía avanzaba hacia nosotros disparando al cuerpo. También nos atacaban desde un cerro. Yo vi tres cuerpos quemados. Esos no están entre los diez cadáveres que hemos recuperado.”

Tiwijan nos lleva hasta la casa de uno de los heridos. Grimaniel César, que tiene 26 años y un hijo, está echado sobre el piso de tierra de su casa. Recibió un balazo en la pierna y no se puede parar. Apenas puede hablar por el dolor. “La bala me cayó en la parte de arriba de la pierna. Me entró por delante y salió por atrás. El dolor es muy fuerte. Siento que me quema por dentro. No tengo ninguna medicina para tomar.” Grimaniel respira profundo, hace un esfuerzo para aguantar el dolor, que se refleja con intensidad en su rostro, y continúa: “Subí al cerro cuando nos comenzaron a disparar desde ahí para pedir que no disparen. Los policías disparaban al cuerpo, a matar. Nunca pensamos que eso podía pasar. Las balas volaban por todos lados. Vi a diez hermanos caer muertos ahí en el cerro (el gobierno asegura que en el cerro murieron tres nativos). Los heridos en el cerro eran tantos que no se podían contar. Todos corrían para salvar su vida. Me impactó una bala en la pierna y caí al suelo. Un amigo tuvo valor y me cargó hasta la pista, donde había una ambulancia. Si la policía me encontraba herido seguro me mataba”.

Sekut Díaz, una mujer aguaruna de 36 años, también estuvo en la Curva del Diablo. Con el dolor marcado en el rostro y sacándose el temor de encima –“Tenemos mucho miedo de hablar y decir la verdad de lo que pasó porque después vienen las represalias, pero alguien debe hablar porque si nadie hace oír su voz nunca se sabrá la verdad”– denuncia que ella vio a la policía rematar a los heridos que habían quedado atrás porque nadie pudo ayudarlos a escapar. “Nos atacaron sin compasión, como si fuéramos el peor enemigo. Yo me escondí cerca de la pista y desde ahí he visto cómo la policía mataba a unos hermanos que estaban heridos; les dispararon cuando estaban en el piso. También vi cómo quemaron a otro hermano. Vi cómo ardía su cuerpo; movía los brazos y sus piernas.”

Huyendo de la Curva del Diablo los nativos llegaron hasta Bagua. Ahí la población mestiza de la ciudad se había levantado al escuchar de la represión contra los indígenas y la policía los estaba reprimiendo. “En Bagua vi a una mujer y a una niña heridas de bala, no sé qué pasó después con ellas, y también vi dos muertos: un mestizo gordo que tenía un balazo en el pecho y un hermano awajún (aguaruna), Felipe Sabio, al que la policía le disparó desde un techo. El hermano cayó por un balazo en la pierna y cuando estaba en el suelo los francotiradores lo remataron”, revela Salomón Awananch, apu de la comunidad de Nazareth.

En su casa de un ambiente en Wawas, la joven viuda de Felipe Sabio llora la muerte de su esposo con su pequeño hijo de pocos días de nacido en brazos. Es el cuarto de sus hijos y nació el 11 de junio, seis días después de que mataron a su padre. “Mis hijos se han quedado sin padre, sin nadie que vea por ellos. Dicen que las esposas y los hijos de los policías muertos están sufriendo y por eso el gobierno les va a dar una indemnización, pero a nosotros no nos reconocen nada. También exigimos una indemnización... ¿o acaso nosotros no estamos sufriendo, acaso mi esposo es un perro que ha muerto, acaso nosotros no somos también seres humanos?”, reclama, con la voz entrecortada y lágrimas de dolor, pero también de indignación y rabia por la manera como mataron a su esposo, y por la forma como el gobierno le hace sentir el olvido y marginación en que viven los pueblos indígenas.

Desde Lima

La historia de la ciudadana argentina Alejandrina Coche, de 27 años, que llegó a Lima la noche del martes 28 desde México supuestamente contagiada de gripe A, se convirtió en una telenovela que terminó en un papelón para el gobierno peruano. Un día después de haber señalado que la argentina tenía gripe A –lo que la convertía en el primer caso de esta enfermedad en el Perú y en Sudamérica– y desatado el pánico entre la población, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, se retractó y negó que Coche padeciera de esa enfermedad.

Entre el miércoles y el jueves, el ministro Ugarte cambió tres veces su versión sobre el diagnóstico de la argentina. El miércoles por la mañana aseguró que los primeros exámenes practicados a Alejandrina Coche habían dado negativo a la gripe porcina. En la noche el diagnóstico cambió radicalmente: en conferencia de prensa Ugarte dijo que la ciudadana argentina padecía de la enfermedad y que se podía convertir en el inicio de la expansión de la gripe porcina en el país. La afirmación prendió todas las alarmas y despertó los peores temores de la población, que salió a las calles a comprar mascarillas y antivirales. Pero un día después el diagnóstico volvió a cambiar. En la tarde del jueves, el ministro rectificó lo que había dicho la noche anterior. Aseguró que la argentina no tenía la enfermedad, sino otro tipo de influenza, que así lo había determinado un examen más preciso. Y agregó, como para que sus declaraciones del día anterior no sonaran a un alarmismo innecesario, que la influenza que padecía Coche “es tan agresiva como la gripe porcina” y que por eso la paciente permanecía internada en aislamiento “para evitar que esta influenza se propague” y que continuaría así durante los próximos días. Sin embargo, Página/12 pudo confirmar de buena fuente que Alejandrina Coche fue dada de alta el jueves, el mismo día que el ministro de Salud aseguraba que seguiría internada por varios días más.

Esta historia de contradicciones, de diagnósticos que cambiaban en cuestión de horas y luego volvían a cambiar, de marchas y contramarchas, de mensajes confusos a la población dados por la principal autoridad de salud del país han sembrado serias dudas sobre la capacidad del gobierno para enfrentar los riesgos de esta pandemia. El ministro Ugarte ha sido blanco de duras críticas por su actuación en el caso de la argentina Alejandrina Coche. “Es pero no es...”, ironizó en primera plana el diario La República, refiriéndose a los constantes cambios de diagnóstico sobre la salud de la ciudadana argentina. “Sin liderazgo ante la pandemia”, tituló en portada El Comercio, el diario más importante del país, cuestionando la capacidad de reacción del gobierno frente a la emergencia por la gripe A. Ante tantas críticas, ayer el presidente Alan García salió a defender a su cuestionado ministro de Salud. Pero su defensa no despejó las dudas sobre la actuación del gobierno en este tema. “Ante una epidemia lo mejor es ser lo más pesimista posible (...) felicito al ministro por haber sido lo más pesimista”, dijo García, intentando justificar la falsa alarma dada por su ministro de Salud sobre la llegada de la gripe A al país.

Alejandrina Coche, que reside en California, llegó a Lima el martes en la noche en un vuelo de Copa que partió de México, hizo escala en Panamá y tenía como destino Buenos Aires. El avión no tenía previsto parar en la capital peruana, pero hizo una escala de emergencia a solicitud del piloto para desembarcar a la pasajera argentina que tenía fiebre alta, problemas respiratorios, sangrado nasal, entre otros males que empataban con un posible caso de gripe A. Después de dejar en Lima a la pasajera sospechosa de tener esa gripe, el vuelo siguió viaje a Buenos Aires. Las autoridades del sistema de seguridad sanitaria del aeropuerto han sido cuestionadas por haber permitido que una persona que en ese momento era potencial portadora del virus de la gripe A bajara en Lima. José Carlos del Carmen, gerente regional de salud del Callao, localidad donde se ubica el aeropuerto internacional, acusó al piloto de Copa de haber dado información falsa sobre la salud de la argentina cuando pidió permiso para aterrizar en Lima. “Nunca se informó que la pasajera tenía los síntomas de la gripe porcina. El piloto dijo a la torre de control que tenía una pasajera con problemas de hipotensión, con mareos y vómitos. Nos enteramos que podía tratarse de gripe porcina después que ella bajó del avión”, aseguró Del Carmen. “Una pasajera, que era médica, nos indicó los síntomas”, se excusó la empresa aérea.

Mientras las autoridades peruanas enfrentan las críticas por su manejo poco claro del caso de Alejandrina Coche, la argentina de 27 años que esta semana estuvo en el centro de la atención de todo el país, a quien las autoridades peruanas un día le dijeron que tenía gripe A y al día siguiente le aseguraron que no la tenía, ha recuperado la tranquilidad. “Desde el primer momento estuvimos en contacto telefónico con ella, que estaba muy angustiada por su salud. Ya está recuperada, tranquila y muy contenta”, declaró a Página/12 Roque Bourdieu, cónsul de Argentina en Lima.