Página#12 Libre

Hasta hace unas décadas, la lucha por la tierra sucedía “en otro lado”, en lejanos lugares como la India o China, o en países de la región “más atrasados que el nuestro”; no era un tema que preocupara a quienes pensaban los procesos agrarios de la Argentina. No obstante, muchos hombres/mujeres de la tierra, que la habían recibido por colonización o asentamientos, se habían organizado para una larga lucha de supervivencia porque visualizaban –con mayor claridad que sus estudiosos– que la tierra estaba en peligro de dejar de representar su principal herramienta de trabajo. En los comienzos de los ’70 aparecieron organizaciones al margen de la Federación Agraria que incluían el tema de la tierra: las Ligas Agrarias. Después de la larga noche de la dictadura, en los ’90 y más precisamente con la expansión de la frontera agraria sojera, muchos pequeños agricultores comenzaron a definirse como campesinos, a tomar contacto con sus pares de América latina y con los de la importante organización internacional Vía Campesina. Se sienten parte de la historia de la lucha por la tierra de sus hermanos latinoamericanos.

¿Quiénes desaparecieron, quiénes permanecieron en esta gran transformación conservadora del neoliberalsmo agrario? ¿Qué organización económica interna tenían unos u otros? Fueron preguntas relevantes mientras el proceso sucedía; nosotros mismos nos habíamos ocupado de medir “los elementos capitalistas” de la unidad campesina; generamos sofisticadas “tasas”, índices, para poder caracterizarlas en relación con el proceso que se visualizaba con el comienzo del “menemismo”. Pero nada de eso pudo anticipar los miles de pequeños productores que perdieron su condición de tales (la gran mayoría del 25 por ciento de unidades desaparecidas entre el censo de 1988 y el de 2002), que además no se convirtieron en pequeños capitalistas ni en mano de obra, como indicaba la teoría. Mayoritariamente fueron a parar a las filas de la gran masa de desocupados que bregaba por un plan social por todo el noroeste (recordemos las escalofriantes imágenes de Tucumán o Rosario a comienzos de este siglo).

Pero hubo “otros” que permanecieron y permanecen; son los que decidieron no abandonar la tierra, organizarse y luchar en todos los niveles contra los nuevos y prepotentes inversores sojeros, el agronegocio en general, los negocios inmobiliarios y ahora los que saquean la tierra y el agua para la actividad minera. Volvieron a la producción de alimentos y se prepararon para producciones de mercado agregando etapas de pequeñas industrializaciones o comercialización.

Las organizaciones campesinas e indígenas aumentan, se articulan y forman “movimientos” y “federaciones”. Buscan preservar sus territorios, decidir sobre sus propias producciones y para ello están acompañadas por jóvenes técnicos que generan en conjunto con los actores, conocimientos para llevar a cabo programas que los acerque al concepto de “soberanía alimentaria”. A veces lo logran, otras no, a veces tienen que dejar la tierra para lidiar con los juicios, cuidar activamente su tierra. Pero lo más importante es que se sienten campesinos y recuerdan el 17 de abril, fecha que rememora el Día Internacional de la Lucha Campesina porque en la localidad de Dorado Das Carajás en Brasil, en 1996 los campesinos por reclamar sus tierras fueron masacrados en una situación aún sin resolver en términos judiciales.

Para honrarlos a todos en su día, es importante recordar que donde ellos predominan se preservan los recursos naturales (80 por ciento de la superficie en el mundo con recursos pertenecen a territorios indígenas y campesinos); son los únicos que pueden “enfriar el planeta” (como recordó Vía Campesina en la cumbre de Copenhague) y pueden garantizar la soberanía alimentaria de este país y del mundo. La economía campesina, incluyendo la de los “chacareros” que no entraron en el “agronegocio” (y que representa una particularidad argentina), no es “atraso”, es “futuro”; con técnicas que preservan los recursos (que son bienes comunes) y organizaciones adecuadas para las etapas agroindustriales y de comercialización, representan una opción responsable para el futuro.

* Profesora titular de Sociología Rural, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales (Instituto Gino Germani-UBA).

Expoagro es la exposición agropecuaria del modelo sojero; tuvo sus inicios cuando ya se visualizaba la bonanza del agronegocio en general que arrastraba la venta de insumos de distinto tipo para el nuevo campo. En esta actividad Clarín y La Nación se muestran como verdaderos socios del negocio agropecuario, sosteniendo el evento e impulsando estas lógicas productivas que difundieron durante todo la década del ’90 cuando se prepararon las condiciones legales, políticas y sociales para que pudiera imponerse. Mientras los “chacareros” quebraban, endeudados por la perversión del sistema financiero donde se habían metido vía créditos, estos grandes diarios propagandizaban la formación de los fondos de inversión con una supuesta ganancia incomparable con cualquier otra inversión. Los suplementos rurales de estos dos grandes matutinos generaron el acervo lingüístico y la orientación ideológica para el agronegocio. Lamentablemente la Federación Agraria, después de miles de productores que dejaron de serlo, le pareció un buen negocio.

Expoagro representa simbólicamente lo que representó la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante esas largas décadas, cuando los terratenientes agrícolas ganaderos que generaban gran parte de las divisas del país, se creían con un poder especial para condicionar los destinos políticos de una sociedad que reclamaba por justicia social y el respeto por sus decisiones y culturas. Esa entidad, que había nacido en 1866 por iniciativa de un grupo de ganaderos innovadores, con el tiempo había tomado unos senderos que dificultaron en niveles extremos la vida democrática del país y se enfrentaron duramente con los gobiernos peronistas y radicales.

Su lugar lo han tomado los grandes actores del agronegocio que hoy, por primera vez en muchos años, se ven realmente controlados estatalmente por las grandes evasiones de los exportadores y por la situación extrema en que mantienen a los trabajadores. El poder del agronegocio, ese dispositivo fundante de un capitalismo primario exportador con fuertes ramificaciones internacionales, habita anualmente en Expoagro.

Por eso, en este año electoral, es sumamente preocupante que la clase política casi en pleno haya desfilado por ese espacio para observar y aplaudir tanto despliegue de tecnologías de punta y capacidades múltiples para subordinar actores económicos nacionales, instituciones científicas y educativas y, por lo visto, a una clase política que como la de hace un siglo –antes del radicalismo– parece creer que estos poderosos actores que comparten sus sobras con los chacareros y con los pueblos de su alrededor son significativos para sus respectivos proyectos. La Nación (editorial del 5 de marzo) cree que una contribución del 7 por ciento en los ingresos fiscales es una gran contribución cuando lo que se llevan estos actores es de un valor incalculable si tomamos en cuenta producciones, energías de todo tipo, agua, nutrientes, etcétera. Parece demasiada ignorancia para tomarla en serio.

El país necesita una política agropecuaria que descentre a estos grandes actores que responden a una geopolítica internacional que indica qué, cuándo y cómo producir sin importarle nuestros recursos naturales, las poblaciones ni su salud. Hasta que no pensemos desde nosotros, sin tutelajes coloniales, no podremos generar una agricultura basada en sujetos territorializados (con compromiso con el territorio) y apoyada en una ciencia, que como dice el investigador Andrés Carrasco reenviando a Juan Perón, esté al servicio de la grandeza de la nación y la felicidad de los pueblos. Elementos importantes de lo que en el siglo XXI, muchos llamamos el “buen vivir”.

* Titular de Sociología Rural. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto Gino Germani-UBA.

El Valle de Uco, en Mendoza, como la mayoría de los territorios de gran parte de la Argentina, se desgarra entre las grandes inversiones del agronegocio y el extractivismo en general, las denuncias sobre trabajo rural en condiciones inhumanas, y ciudades intermedias que fueron polarizándose socialmente al compás de estos nuevos tiempos. Pero también como en la mayor parte del territorio al margen de las grandes urbes, son lugares donde nuevas maneras de ver la vida, vivir las relaciones entre las personas o entre ellas y la naturaleza se abren paso a fuerza de la tenacidad de grupos que por distintas razones comprenden las vibraciones de este nuevo siglo. Miran con ojos críticos las promesas de una modernidad tardía y periférica –desarrollo, progreso– y buscan nuevos horizontes de pensamientos que acompañan con prácticas de vida. Se trata de lugares donde se muestran experiencias de agroecología o biodinámica, organizaciones de campesinos que resisten el avance del agronegocio acompañadas por jóvenes técnicos convencidos de educar a sus hijos entre montañas y cabras, organizaciones sociales de nuevo cuño (las asambleas) y grupos culturales capaces de producir vivencias excepcionales en una biblioteca, bachillerato o radio popular. Configuran “campos de experimentación” que, por supuesto, no ocupan grandes espacios sociales o institucionales, pero que intervienen significativamente en la rica dinámica del “país interior”.

En una de esas ciudades intermedias, Tupungato, los primeros días de febrero se celebró el primer matrimonio homosexual de la región. Dos hombres que llevan juntos más de 18 años consagraron su matrimonio civil. Una funcionaria cálida y consciente de la novedad del ritual le imprimió un tono celebratorio y marcó con sus palabras la decisión del Estado democrático de generar y expandir nuevos derechos al ritmo de los tiempos. Como en cualquier boda hubo familiares, amigos asambleístas y de las ciencias sociales y vecinos de múltiples y diversos mundos culturales e identitarios. Con el marco de los Andes, el alboroto de los animales alterados por el ir y venir de los críos, vinos para todos los gustos, celebramos esta decisión de dos seres humanos que, sencillamente, se aman, y de una institucionalidad que albergó por fin esta simple situación.

En estos mismos días, paradójicamente, Mendoza corre el peligro de retroceder en un camino muy importante que la provincia había tomado: la prohibición de la “megaminería”. Se aprobó la declaración de impacto ambiental del emprendimiento San Jorge, que consiste en la explotación de oro y cobre al norte de la ciudad de Uspallata; nuevamente el ambiente, el agua y las poblaciones están en peligro y en estos días la Legislatura provincial vota la aprobación o rechazo de San Jorge. El 77 por ciento de los mendocinos rechaza el proyecto y miles de personas marchan a la Legislatura, la casa de la democracia, para comunicar a los legisladores sus experiencias de vida en relación con el agua y los recursos naturales. “No se toca, el agua es de Mendoza”, gritan a coro los manifestantes mientras entran al lugar donde se decidirá esta situación. La población, pacíficamente y en presencia del vicegobernador, recuerda a los representantes del pueblo que no deben perder de vista cuál es la fuente de poder instituyente. Allí están con sus experiencias y convicciones frente a los legisladores, interpelándolos para que voten responsablemente.

La expansión democrática del siglo XXI se logra estableciendo todos estos derechos a la vez: los humanos, los sociales, los colectivos, los identitarios, los socioambientales, etc. Después de todo, el país tiene suficientes recursos para producir alimentos sin esquilmar la tierra e igual conseguirá excedentes exportables; la minería no deja más que devastación y falta de agua en zonas donde se considera que en diez años las precipitaciones descenderán 21 por ciento del nivel actual.

Mucha gente que desea y trabaja por una sociedad mejor es capaz de percibir las ideas anquilosadas de una Iglesia que se opuso al matrimonio igualitario o de una derecha cultural como la del jefe del Gobierno porteño o de los grandes medios con marcas dictatoriales. No obstante no reconoce los discursos retrógrados, devastadores y autoritarios de los actores de este extractivismo: desde los ganaderos del feed lot, a los sojeros, desde los patrones de ingenios azucareros cómplices del “proceso”, hasta las modernas empresas semilleras o mineras con sus gobernadores “amigos”. Para avanzar coherentemente en una profundización democrática hacen falta derechos humanos, sociales, colectivos, identitarios, de información, pero también derechos a preservar los bienes comunes (recursos naturales) y a elegir con responsabilidad la reproducción material de la vida. Unos sin los otros nos convierten en poblaciones tuteladas o/y coloniales incapaces de pensarnos en procesos de profundización democrática en el registro de este siglo. Este sigue siendo, a nuestro juicio, el gran debate pendiente en la Argentina y hoy todos debemos mirar hacia Mendoza.

* Socióloga. Instituto Gino Germani-UBA.

Las condiciones laborales encontradas en una explotación empresarial (Nidera) que ocupa trabajadores temporales mayormente de Santiago del Estero sacude. Muchos descubren que los trabajadores rurales siguen siendo parte de la población más vulnerable, de peores condiciones laborales, de gran sufrimiento social, que sólo comparten con los desocupados. Un trabajo reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recoge estudios de ocho países de América latina resultados de una investigación regional coordinada por tres importantes académicos de la región (“Boom Agrícola y persistencia de la Pobreza Rural”). Los trabajos muestran que, a pesar del fuerte crecimiento de las agriculturas de los países bajo estudio, los niveles de pobreza rural persisten, incluso a pesar de las migraciones de esas poblaciones a las ciudades. El libro combina la indagatoria de los niveles de pobreza en los mundos rurales de la América latina con los datos de la Cepal durante el período pos-crisis de comienzos de siglo, que van demostrando el crecimiento sostenido del sector agrícola en la mayor parte de la región.

Una de las primeras cuestiones que se plantean es que el mantenimiento de los altos niveles de pobreza rural están relacionados con el empleo, sus características, su naturaleza y la falta de políticas públicas para que esas condiciones fuesen satisfactorias. Si los ingresos laborales en general se han mantenido constantes o han descendido para todos los asalariados en la región –según los datos de Cepal de fines de 2008 que cita el estudio–, la pobreza extrema y la indigencia aún se concentran en áreas rurales con excepción de Chile, Brasil y República Dominicana (donde los indigentes urbanos son más).

En los ingresos totales de los pobres rurales, la parte que proviene del “trabajo” es la más importante, por lo cual las características de los mercados de trabajo y las condiciones laborales son fundamentales en un esquema de preocupación estatal. La pobreza de los países andinos que se concentra en zonas de agricultura campesina, indígena o de pequeña escala es importante y hasta cierto sentido difícil de resolver sin políticas públicas que contemplen tanto la necesidad de mantener como el respeto a estas poblaciones y sus específicas maneras de producir (como pasa en Bolivia, por ejemplo); pero la tremenda pobreza en áreas de agricultura capitalista de altos niveles tecnológicos es muy difícil de justificar. Son países, regiones, sectores económicos ligados a los mercados externos que generan mucha riqueza, sin tomar en cuenta las posibilidades redistributivas dentro de la actividad ni el medio ambiente y los recursos naturales.

El trabajo de FAO termina con una serie de recomendaciones a los países que incluye desde programas para la pequeña agricultura hasta la generación de políticas públicas para mejorar las condiciones laborales. Es un aporte importante que los responsables de las áreas pertinentes deberían leer y tomar en cuenta.

No obstante, cabe preguntarse si en estos modelos de desarrollo es posible lograr funcionamientos adecuados de los mercados laborales, tanto rurales como urbanos. Desde el punto de vista de la lógica de los actores económicos que se mueven en mercados altamente competitivos, inestables y donde el principio es aprovechar “mientras dure”, parece difícil hacer cumplir las mínimas reglas de convivencia social; son las reglas del capitalismo neoliberal. Por eso es tan importante el papel del Estado tanto en una regulación firme de las condiciones laborales y en el mantenimiento de los ingresos de las poblaciones involucradas como en la habilitación de “otras economías”, donde las reglas del juego sean otras.

¿Es el trabajo casi esclavizado de los migrantes del Noroeste una novedad de los últimos años que ahora la Justicia, las autoridades nacionales y provinciales del área de trabajo descubren? Lamentablemente, desde siempre las empresas nacionales e internacionales se han comportado del mismo modo. La Uatre siempre fue un gremio cómplice de las patronales y esas indignantes situaciones de trabajo fueron descriptas en informes, trabajos, libros, y también en muchos artículos periodísticos de este diario. El interrogante que aparece es ¿por qué desde el Estado democrático no se hizo lo que correspondía hacer? ¿Por qué no se modificó la ley 22.248 de trabajo agrario? ¿Por qué este empeño en mantenerse en este modelo del agronegocio? Tal vez ahora que lo dice la Justicia y la FAO, el problema de los trabajadores rurales y sus condiciones laborales integre seriamente la agenda del Ministerio de Trabajo

* Titular de Sociología Rural FCS-UBA.

Félix Díaz y otros miembros de La Primavera, una comunidad qom de Formosa, llevaron a cabo en estos últimos días una huelga de hambre sensibilizando a la esquiva Ciudad de Buenos Aires acerca de los problemas de quienes nos antecedieron en la ocupación del territorio que hoy se conoce como la Argentina. Félix y su esposa Amanda hablan pausado y repiten una y otra vez todos los sufrimientos que atraviesan en una provincia que debería demandarse ante los organismos internacionales por su constante violación a la legislación nacional e internacional sobre derechos indígenas. Sólo basta seguir este acontecimiento que tiene como centro el territorio con una fuerte carga de violencia; buscar en los archivos de los programas periodísticos los atropellos del partido del gobernador durante los actos electorales; mostrar la tasa de muerte infantil indígena para darnos cuenta de que estamos frente a un proceso con fuertes connotaciones racistas cercano a un “etnocidio”.

En La Primavera habitan 850 familias, unas 4500 personas, entre ellas muchos niños, sobre 2500 hectáreas, y el conflicto actual tiene que ver con el reclamo de otras tantas hectáreas que los Qom pueden demostrar que les pertenecen como parte del proceso de reparación histórica que plantean leyes nacionales y tratados internacionales. El gobierno provincial aduce una serie de oscuras situaciones durante el siglo XX para restar esa franja de tierra del reclamo. Pero la verdad es que como siempre lo que está en juego es la tierra con su fuerte polisemia.

Los Qom sostienen allá en Formosa o aquí en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo que la tierra para ellos es la vida, es el elemento básico alrededor del cual organizan su existencia como comunidad, como familias. Esto que vienen repitiendo los qom, los kolla, los mapuche, los wichí y muchos otros, es un concepto tan simple como el que repiten los pueblos cordilleranos cuando dicen “el agua vale más que el oro”. Cualquiera que haya guardado un sentido común humano en su interior puede entenderlo. No obstante, el “hombre de negocio” no lo comprende: la tierra y el agua son mercancías con las que se hace dinero, con las que se obtiene ganancia. Eso es cultura neoliberal, eso es mercantilización de la vida y lo peor que puede ocurrir es que muchos gobernantes sean colonizados por tal cultura y que se nieguen sistemáticamente a considerar otros pensamientos del siglo XXI más acordes con los debates de América latina y sobre todo más adecuados para enfrentar el hostigamiento climático por el que atravesamos.

Cuando en gran parte de América latina, las poblaciones no indígenas comienzan a comprender la significación de las culturas indígenas, los principios del “buen vivir” y con cierto orgullo los pensadores, intelectuales y políticos comienzan a reflexionar sobre ello y ofrecer esas concepciones para ser discutidas por el mundo, nuestro país se resiste a salir de las ideas de los famosos “tiempos modernos”. De esto se trata, de que no se ancle al país en las viejas ideas decimonónicas o neoliberales de fines del siglo XX, de que no se piense el futuro en base a un desarrollismo extractivista (soja, minería) que nos reenvían aún más lejos: a los enclaves coloniales. También se trata de “derechos”, nuevos derechos, derechos colectivos y de “pluralismo jurídico”. No cumplir con estos derechos es otra gran muestra de atraso en nuestro país, cuya vocación “modernizadora” lo hace presa fácil de la devastación global y colonial sostenida en un pensamiento ya demasiado cuestionado. Terminar el año con los Qom en Buenos Aires y no en sus territorios, en comunidad, nos muestra algo nada bueno como sociedad; no ser escuchados como corresponde y resueltos sus problemas por las autoridades pertinentes nos empobrece en nuestras densidades ciudadanas. Porque en este fin de 2010, todos somos Qom.

* Socióloga. Profesora e investigadora del Instituto Gino Germani. UBA

Si bien estamos a un año de cumplir la década de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, aquellos aciagos días fueron muy mentados este año. Los recordamos durante el duelo por el ex presidente Néstor Kirchner, el primer mandatario elegido democráticamente después de la crisis. Se recordó al Jefe de Estado por su capacidad de piloto de tormenta en la coyuntura económica, pero más importante aún, se mencionó muchas veces el especial cuidado que tuvo su gobierno con la protesta social tras la masacre de sus antecesores: Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. Este es el contexto que elegimos para recordar “nuestras rebeliones” a fines de 2010: reflexionar acerca del incomprensible sobreseimiento del ex presidente De la Rúa en relación con los hechos que se le imputaban por aquellas muertes y, en segundo lugar, indagar sobre la cantidad de jóvenes, aborígenes, latinoamericanos que este año han sido asediados y asesinados en protestas sociales por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales o por bandas “faccionales” en circunstancias muy opacas del accionar policial.

La decisión de la Sala II de la Cámara Federal estuvo dividida al sobreseer a De la Rúa: Martín Irurzun y Eduardo Farah lo desvincularon de las muertes y lesiones registradas en aquella ocasión, mientras Horacio Cattani sostuvo que se debía revocar el sobreseimiento dictado en primera instancia y procesar al acusado. Por los hechos de la Plaza de Mayo ya se encuentran en etapa de juicio oral y público varios funcionarios policiales y el ex subsecretario de Seguridad Enrique Mathov. Aun con esos juicios en marcha, el sobreseimiento de De la Rúa fue muy desesperanzador para quienes apostamos a la Justicia para terminar con este lastre del “Estado asesino” que nos acompaña desde el fondo de nuestra historia. Nos interrogamos si, frente a otra resolución del caso, Gildo Insfrán, Miguel Saiz, Mauricio Macri y muchos otros hubiesen actuado como lo hicieron durante este año en relación con la represión. El sobreseimiento instala la peligrosa idea de que los funcionarios de gobierno cuentan con impunidad para mandar a matar a quienes protestan.

La segunda cuestión, precisamente, intenta señalar la gravedad de hechos ocurridos durante 2010. El Estado argentino, por acción u omisión, y pese a las preocupaciones de Kirchner, volvió a su vieja y ominosa costumbre de asesinar a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta. Como lobo cebado, se tragó la vida de dos jóvenes en Río Negro, un aborigen Qom en Formosa, de un militante del Partido Obrero y tres (o cuatro, no se sabe aún) latinoamericanos reclamando el derecho constitucional a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. No podemos dejar de mencionar que hubo además un aumento de la represión y la criminalización; muchos heridos y reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos originarios; que un activista piquetero está preso desde hace varios meses; y que las expresiones de racismo y xenofobia de los miembros del gobierno porteño hace unos días estimularon tanto el “fascismo societal” como acciones concretas de violencia.

Se cuenta que Kirchner se sintió muy afectado por la muerte de Mariano Ferreyra; varias veces mencionamos aquí la preocupación del ex presidente por mantener una relación no violenta con la protesta social. Para tratar de comprender esta recurrencia volvemos una y otra vez a nuestra historia tensionada entre intenciones democratizadoras y una violencia que como pulsión insiste. A sólo unas horas del asesinato de Mariano y pocos días antes de la muerte de Kirchner, el Canal Encuentro exhibió el documental Sinfonía de un sentimiento, de Leonardo Favio. Las imágenes de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 con más de 350 muertos y los fusilamientos del 9 de junio de 1956 rememoraban aquella otra tragedia, pero las palabras póstumas de ese teniente general peronista sublevado y fusilado, Juan José Valle, en una carta dirigida a quien dio la orden, remiten a uno de los núcleos de esta cuestión. “No tenemos almas de verdugos –decía–; sólo buscábamos la Justicia y la libertad del 95 por ciento de los argentinos.” Valle sostenía que no se puede hacer política –buscar justicia y libertad para los pueblos– con alma de verdugo, con vocación de asesino.

El mejor modo de recordar este año a los 43 asesinados durante 2001-2002; a los 7 muertos en protestas de 2010 y también a Néstor Kirchner, por su tenaz oposición a la represión política, es profundizando el “Nunca Más”. Nos debemos (aunque hayamos dado pasos importantes) la tarea de erradicar el alma de verdugo que se refugia en los pliegues del Estado argentino, en autoridades y poderes judiciales declaradamente racistas y xenófobos; en fuerzas represivas cebadas por años de sangre y sufrimientos de conciudadanos (sobre todo jóvenes); en instituciones que apañan facciones criminales represivas; muchos estimulados por fuertes actores económicos molestos por tanta sed de democratización y derechos que atraviesa al pueblo. Si pudiéramos ocluir esas insistencias espectrales de nuestra historia, caminaríamos hacia una “refundación del Estado” y daríamos un paso crucial en la “decolonialidad” del poder.

* Socióloga (IIGG-UBA); coautora de Tiempos de Rebelión: que se vayan todos. Calles y plazas de la Argentina de 2001-2002 (Antropofagia).

Está muy de moda recordar que el Estado debe concentrar la potestad de la represión como objetivo de “paz social”; esa vieja idea acerca de que “el hombre es el lobo del hombre” y que sólo un tercero superior, en quien depositar la potestad de vidas y labores, puede salvarnos. Pero la conformación en todo el mundo de los Estados modernos destila violencia, tanto en las delimitaciones de sus territorios como en la decisión de quiénes están adentro y afuera; o de cómo se jerarquiza social e internamente. Si esto vale para la historia de aquellos lugares donde la idea de Estado-nación moderno surgió, qué decir de donde la colonialidad en base a exterminios y sufrimientos sociales extremos constituyó la cara oculta de esa modernidad, como es el caso de esta América latina. Nuestro país no fue la excepción y el exterminio de poblaciones originarias, la subalternización tanto del criollo como del inmigrante (igualmente pobres), la “racialización” y jerarquización de la población fueron monedas corrientes de nuestros orígenes y derroteros como nación moderna.

Alguna vez mencionamos que la violencia entre nosotros es un trauma que insiste, es una pulsión desde el fondo de los tiempos de colonizadores y generales exterminadores que a pesar de nuestros intentos no terminamos de procesar. Todo el siglo XX es la tensión entre nuestras mejores intenciones democráticas, vitales, solidarias, igualitaristas y ese otro magma que se destila de arriba hacia abajo en las jerarquizaciones sociales impregnando de violencia, autoritarismo, inequidad en base a privilegios supuestamente adquiridos por una historia de territorios y patrimonios con marcas indelebles de sufrimiento social. Pero en ese arriba está el Estado y sus ocupantes ocasionales, que no siempre fueron dictaduras militares, sino también gobiernos civiles que dramáticamente cayeron en la masacre de poblaciones en nombre del “orden” necesario para “el desarrollo”; socios de los poderes y las geopolíticas internacionales; actores económicos de esa puerta giratoria entre negocios y Estado.

¿Cómo lograr que esa sincera promesa del “Nunca más” de 1984 se cumpla? Porque para los que consideran que el “Nunca más” reenvía a que se terminen los golpes militares, votemos cada dos años y los genocidas del pasado sean castigados, vamos bien. No obstante, existe otro fuerte sentido complementario de ese “Nunca más”: que el Estado argentino por acción u omisión descarte para siempre esa ominosa costumbre de matar al disidente. “Nunca más” masacres. Y masacrar población en protestas es, a nuestro juicio, lo que ocurrió durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde en 2000-2002, con casi 50 muertos (el ex presidente constitucional sobreseído y el otro en campaña electoral). Porque semejante número de muertos civiles en tan corto tiempo sólo se logra con una política de Estado de represión furiosa, dejando sueltos los impulsos violentos del Estado y su monopolio de la fuerza o de quienes se identifican con él y se erigen en verdugos de sus propios hermanos civiles.

No podemos afirmar con seriedad que los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem o los de Néstor y Cristina Kirchner hayan tenido una política de Estado que condujera a la violencia represiva estatal o a la masacre. Si con Carlos Menem y los miles de protestas de su gobierno hubo dos asesinatos en esos escenarios, sería irresponsable suponer que fueron premeditados desde el Estado. También podemos sostener sin temor a equivocarnos que los gobiernos del matrimonio Kirchner no impusieron la violencia para los escenarios de protestas. No obstante, la violencia, la muerte de activistas, de jóvenes, de indígenas en protestas, se van incrementando y es una situación que el Gobierno no puede ignorar o seguir alimentando la enunciación de que en su gobierno no se reprime violentamente la protesta. No es sólo Carlos Fuentealba quien fue asesinado por las balas del Estado. Hubo un jujeño en 2004, dos jóvenes de Bariloche durante este año caídos por las balas policiales durante protestas, en los tres casos por una primera muerte de otro joven en circunstancias policiales oscuras. Hubo asesinatos en protestas llevados a cabo por esos civiles que se toman en serio que el hombre es el lobo del hombre, mientras la policía “deja hacer”. Son Mariano Ferreyra, pero también el diaguita Javier Chocobar, caído por las balas de los “guardias blancos” de los nuevos inversores del noroeste argentino (y podríamos sumar a Sandra Juárez, de 33 años, quien literalmente arrinconada por las balas de estos grupos muere de un paro cardíaco).

Si esto no es reflexionado, si no insistimos con los juicios a los culpables o con la Justicia de las provincias, el Estado argentino, como lobo cebado (valga la paradoja), seguirá matando por acción u omisión a aquellos que protestan y disienten acerca de lo que un “orden” –que no siempre es idéntico al poder del gobierno nacional democrático de turno– decide como relaciones económicas o de poder intocables. Se trata de no bajar los brazos, de seguir buscando nuestros mejores rasgos como conjunto social, expandiendo democracia y profundizando, en este segundo sentido, las tareas para el “Nunca más”.

* Socióloga, Instituto Gino Germani (UBA).

El miércoles 29 de septiembre, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen de minoría convirtiéndolo en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y la Zona Periglaciar, que había sido aprobada anteriormente en Diputados (lo que se conoce como acuerdo Bonasso-Filmus). Para que tengamos claro: se aprobó la ley por la que se movilizó y manifestó en contra todo el lobby provincial minero del país. Estaban en juego intereses de empresas como la Barrick Gold y sus emprendimientos sanjuaninos, por ejemplo.

La sesión de la Cámara fue la culminación de un trabajo político llevado a cabo por muchos actores a la vez: legisladores, sus asesores, científicos, intelectuales, periodistas, organizaciones ambientalistas, referentes de asambleas de pueblos cordilleranos que “bajaron” a la esquiva ciudad; todos trabajando sin sectarismos infértiles, porque se trataba de una causa política muy importante: la protección y responsabilidad sobre los recursos naturales o bienes comunes del conjunto social. Los discursos de quienes la aprobaron demostraron reflexión sobre cuestiones que hacen a nuestra reproducción material y simbólica de la vida –el agua como derecho humano, el compromiso intergeneracional, etc.–, el sector que rechazó esta ley buscó elementos en un supuesto mancillado federalismo o en cuestiones de formas.

No obstante, las “condiciones objetivas”, como diría el sentido común social, eran absolutamente negativas. El oficialismo y la oposición estaban divididos internamente y para muchos senadores era complicado comprender las diferencias importantes entre las dos leyes. Pero sobre todo hubo un lobby minero provincial que le sacaba el optimismo a cualquiera. Se dieron el lujo de, por ejemplo, levantarse e irse de una audiencia pública cuando habló el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ostentaron poder, y lo tienen. En otras circunstancias, esas “condiciones objetivas” hubiesen actuado como una trampa desmoralizante de la voluntad y la capacidad instituyente de quienes trabajaban por el agua y los bienes comunes. Boaventura de Sousa Santos dice que, a diferencia de las sociedades orientales, nosotros menospreciamos la voluntad; despreciamos ese dispositivo que permite a los ciudadanos, por momentos, convertirse en autores de sus vidas sociales, de la expansión de sus derechos y de la intervención en las cuestiones cruciales de la sociedad donde viven.

Los últimos tiempos hemos honrado la democracia, hemos expandido derechos; el derecho al matrimonio igualitario; el derecho a la voz pública con la ley de medios y, con esta última, el derecho al agua que es la vida; es probable, además, que hayamos logrado acercarnos al derecho a intervenir cuando los bienes comunes están en peligro de devastación y hacer comprender que son de todos y no de los gobernadores. Las “condiciones objetivas” nos hacen coloniales y menos libres, la voluntad de intervenir es una opción de-colonial y emancipatoria. En todas estas leyes, la sociedad civil fue muy activa y, por otro lado, el apoyo legislativo cruzó transversalmente partidos políticos, bloques, etcétera.

Y tal vez la posibilidad de generar “otra democracia”, esa que vale la pena honrar diariamente, vaya por carriles donde se formen redes entre espacios institucionales diversos, las activas organizaciones y movimientos de nuestra sociedad, universitarios responsables, científicos conscientes, periodistas y religiosos comprometidos y muchos artistas que saben captar las cosas importantes de la vida. Todo esto fue lo que circuló por los debates sobre estas leyes de expansión de derechos de este siglo XXI.

* Socióloga. Instituto Gino Germani.

Hace unos días la Presidenta se refirió al Plan Estratégico Agroalimentario sosteniendo que se basa en pensamientos humanistas, nacionales y populares. Esta declaración es digna de ser resaltada y, si este proyecto se concretara efectivamente en una política de Estado, no caben dudas de que recibiría múltiples apoyos.

¿Qué se entiende por bases humanistas, nacionales y populares? ¿Qué significan tales ideas en nuestros tiempos? Se sabe lo que fueron durante los gobiernos de Juan Perón. Se conoce mejor aún cómo fue esa política agraria del peronismo de 1973-74. Se recuerdan las instituciones que la sostenían, las organizaciones que la observaban con expectativas positivas y aquellas otras que se oponían porque sentían que peligraban sus intereses de clase. Existía, desde antes del ’73, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como lugar de investigación autónoma e independiente al servicio de un proyecto de país. La extensión estaba en manos de agrónomos pero también antropólogos. Ellos creían en su trabajo de asesoramiento a los productores, lo consideraban importante para neutralizar la propaganda de empresas que apenas asomaban o convertir a los desocupados de los ingenios en cooperativas de producción. Circulaba un proyecto político que se concretaría en política nacional-popular y, para la agricultura argentina, llevaría a Horacio Giberti como funcionario de Cámpora y Perón.

Pero no se trata de recordar el pasado. Si se decide aplicar políticas progresistas, hay que revertir procesos, cambiar no sólo conocimientos sino “modos” de generarlos, aplicarlos, experimentarlos. No es una tarea nada fácil, pero se supone que si el gobierno nacional tiene la decisión de hacerlo –como lo hizo con la democratización de los medios de comunicación– puede lograrlo. Aún existe una generación de profesionales de altísimo nivel que seguramente colaborarían y se tendrían que formar por medio de posgrados. Nuevas generaciones para mantener el cambio de política. Se puede construir ese Plan Estratégico Agroalimentario desde pensamientos nacionales y populares o, dicho de otra forma, desde opciones “decoloniales”. Para ello hay que desactivar los paradigmas, los epistemas, los modos de conocimientos disciplinarios y los discursos que respaldan los modelos neoliberales agrícolas (el “agronegocio”). No se lo puede construir sosteniendo como política de Estado el modelo sojero, paradigma del “agronegocio”. No se puede generar sin tocar las corporaciones económicas y los actores hegemónicos exportadores que cumplen con los mandatos de la geopolítica internacional en materia de recursos naturales (que nos han deparado el destino de sojeros y mineros exportadores). No es posible mientras existan Monsanto, Syngenta, las posiciones hegemónicas de los exportadores, el capital financiero al servicio de los pools de siembra o diferimientos impositivos ocupando millones y millones de hectáreas y de agua donde escasea. No es posible mientras desde los organismos públicos, universidades, centros de investigación se siga con el “agronegocio” y “extractivismo” como ejes clave de decisiones, investigaciones y prácticas.

Para comenzar a caminar hacia el importante anuncio presidencial en los sentidos progresistas anunciados, hay que comenzar a salir de este horror de 18 millones de hectáreas “glifosateadas”. Serían buenos puntos de arranque aceptar lo que investigadores y médicos dicen a los gritos del glifosato y regular de una vez su uso. También exigir reglamentaciones provinciales adecuadas de la Ley de Bosques Nativos. Discutir leyes de arrendamientos que terminen con el contrato sojero de un año. Mantener o subir las retenciones a la soja para terminar con las rentas diferenciales extraordinarias pampeana (no hay pequeños productores sojeros) y con el escándalo que supone sacar tierras a los bosques, yungas, agroindustrias, comunidades para producir en Chaco, Santiago del Estero, Salta. Revertir las leyes de autorización de semillas transgénicas. Parar el festival del feed lot en ganadería. Volver a fomentar la explotación mixta. Pensar la fragmentación de la propiedad de la tierra. Promover conocimientos científicos y técnicos al servicio de ese plan. Estimular agroindustrias integradas a cooperativas. Terminar con el plan de expansión minero que destruirá vía escasez de agua todas las producciones de alimentos en la zona cordillerana. En estos escenarios, se aplauden los calificativos propuestos al Plan Estratégico Alimentario y sería digno de fuertes apoyos. De lo contrario, estaremos frente una política pública más del neoliberalismo agropecuario

* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural, Instituto Gino Germani (UBA).

La cuestión de “la verdad” ha estado muy conectada al pensamiento de la filosofía política. En los siglos XIX y XX, la “política” crítica y emancipadora fue considerada como una actividad humana productora de “verdad”; así la entendían Karl Marx, que tiñó a la ideología dominante de falsedad mientras adjudicaba a su teoría política la capacidad de develarla, y también Antonio Gramsci, que acuñó su famosa sentencia “la verdad es revolucionaria”. Cuando muchos filósofos políticos sostienen que en nuestros días esa política ha retrocedido para dejar un vacío que intenta ocupar la pura “política como gestión”, podemos comprender por qué el problema de la verdad está tan vapuleado y manoseado. La “verdad” ya no es un problema constitutivo de la política; por el contrario, en esta política con la que convivimos el sostenimiento de la falsedad o la mentira se presenta como un dispositivo central utilizado por los factores de poder en sus modos de gestión.

De ningún modo sostenemos que las relaciones sociales son transparentes o podrían serlo; pero la opacidad de las mismas y sobre todo cuando se trata de la gestión pública o de los bienes comunes, tiene que encontrar un límite establecido por la sociedad. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es ese límite hoy? ¿Quiénes lo generan?

Asistimos a situaciones que ponen de manifiesto este retroceso de la “verdad” en los ámbitos del poder. El jefe de Gobierno porteño es procesado por permitir funcionar en su administración a un grupo que llevaba a cabo escuchas ilegales para no se sabe bien qué fines. Todos fuimos testigos de esos nombramientos y “contranombramientos” que lo han comprometido judicialmente; una y otra vez escuchamos y vimos a un Macri defendiendo a tal o cual personaje que ahora parece desconocer. No obstante, cuando unos jueces se toman en serio su trabajo y deciden procesarlo, vemos y escuchamos miles de veces por día “es mentira”, “yo no dije eso, lo dice el juez”, “no hay pruebas”. Se dice que quienes lo asesoran lo conducen a mantener ciertas posiciones y no apartarse de ellas bajo el supuesto de que a los porteños no les importan ni las escuchas ilegales ni las mentiras. ¿Qué hipótesis de ciudadano porteño tienen esos asesores? ¿Qué idea de sujeto están sosteniendo las políticas y los políticos del modelo neoliberal?

Esta situación de un dirigente de alta jerarquía mintiendo se nos muestra porque es una disputa dentro del poder político. Muchas personas importantes con acceso a los medios masivos ayudan a desactivar las estrategias de Macri-PRO y las mentiras aparecen con más nitidez que en otras ocasiones. Pero en muchas otras situaciones no sucede así porque los actores poderosos acuerdan en sostener aquello enunciado como verdad y la mantienen férreamente en el tiempo. Abandonemos el espacio político y vayamos al económico, donde la complejidad es aún mayor, ya que se trata de construcciones donde intervienen actores económicos (corporaciones internacionales) y políticos (gobernadores, ministros, etc.). Allí la cuestión de la “verdad” se juega, por ejemplo, en relación con las consecuencias de la actividad en cuestión: la minería a cielo abierto, las pasteras y papeleras, el agronegocio, y otras actividades extractivas. Recordemos que se trata de la utilización y gestión de bienes comunes.

Las corporaciones (léase UPM-Botnia, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sostienen “no hay contaminación”, “no hay enfermedades alrededor de las instalaciones o fumigaciones”, etc., y el “principio precautorio” es enterrado junto con la primera víctima de la contaminación. En efecto, científicos, poblaciones enteras, médicos de las localidades pueden demostrar relaciones significativas entre los insumos de estas actividades (cianuro, glifosato, etc.) y desastres ambientales y de la salud pública, pero estos actores siguen manteniendo que “no hay contaminación”. El domingo 25 de julio, en este diario, dos científicas contaron sus hallazgos con referencia a la contaminación de las pasteras, pero se sigue sosteniendo “UPM-Botnia no contamina” y hasta la Corte de La Haya repite aquello que los poderes económicos internacionales quieren oír: “No hay pruebas”. Se seguirá manteniendo que las mineras, las pasteras, el agronegocio “no contaminan” tanto como sea necesario a los negocios. Cuando es necesario, hasta se recurre a la violencia, como sucedió en La Leonesa, Chaco, con el investigador Andrés Carrasco, para sostener que “el glifosato no contamina”.

Lo que deseamos mostrar es que estos modelos económico-políticos de tiempos de globalización neoliberal se ven obligados a sostener grandes mentiras debido a que saben que sus propuestas no favorecen a los conjuntos sociales, pero necesitan cierto consenso que emana de ellos. Recurren entonces a este dispositivo con el asesoramiento “marketinero” que trata de imponer “las verdades” (o no verdades) con la pura repetición. No obstante, algún espectro de aquella otra política emancipatoria ahora actualizada puede circular entre nosotros e iluminar la opacidad de estas relaciones con la acción humana y colectiva de variados actores. Allí es donde aparece la posibilidad de construcción de una “verdad” mínima y necesaria para mantener los lazos de confianza que sustenten la búsqueda de una sociedad mejor.

* Socióloga, Instituto Gino Germani (UBA).

El movimiento asambleario de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera Botnia mostró muchos de los dilemas a los que nos enfrentamos en estos tiempos. Estamos atravesando transiciones, tiempos de pasaje en los paradigmas societales y epistemológicos y el fenómeno Gualeguaychú nos ubicó frente a algunos de estos aspectos. Aquellos dispositivos generados por conocimientos sólidos, que otorgaban la seguridad de lo que se debía seguir para lograr una sociedad moderna y desarrollada, no funcionan más. Por lo menos, grandes franjas de poblaciones de todo el mundo, en base a muchas décadas de decepciones y sufrimientos, no otorgan el consenso necesario para que el famoso “desarrollo” siga entre nosotros. Sólo basta mencionar que las encuestas de la Argentina después del fallo de La Haya marcaban que un 70 por ciento de los encuestados expresaba una gran decepción, pues esperaban una sanción a Botnia. O la imposibilidad que tiene el poder de plebiscitar la instalación de mineras.

Estas luchas son manifestaciones contra un modelo extractivo y contaminante de desarrollo, son desobediencia civil al principio sedimentado que enuncia que está fuera de la potestad ciudadana elegir la reproducción material de la vida, que eso permanece en las exclusivas manos de Estados y poderosos. Es decir, de pronto las poblaciones se han dado cuenta de que determinados senderos económicos pueden volverse contra ellas en materia de medio ambiente, salud, vida social y cultural. Ya no es descabellado pensar que las poblaciones veten actividades que consideran injuriosas para la vida; existen movimientos sociales en todo el mundo (no sólo en América latina) contra lo que representan corporaciones económicas como Monsanto, Barrick Gold, Botnia, etcétera. Existe una Constitución en Ecuador que apunta en esa dirección, existen muchos debates con pensadores muy interesantes que el poder económico trata de invisibilizar.

La población de Gualeguaychú decidió que no quiere frente a la ciudad una pastera, actividad extractiva y (tarde o temprano) contaminante. Produjo una gran inversión, impensable en otros tiempos. Cambiaron sus vidas a partir de esta lucha, estuvieron día y noche, siguieron todos los senderos, institucionales, acción directa, etcétera. El capital transnacional también realizó una gran inversión, inimaginable cifra millonaria que recuperará de las tierras uruguayas restadas a la producción de alimentos baratos para su país, y de sus trabajadores. Por supuesto, el viejo sentido común se ríe de la comparación de ambas inversiones: ¿Cómo comparar el gran capital con la voluntad de una población empecinada? En ese coro se ubican los que aún están prendidos a paradigmas resquebrajados que paralizan toda decisión humana (esa voluntad agencial que Occidente enseñó a despreciar).

Por eso, el fallo del juez Román Pimentel llama la atención por algunos de sus respetuosos fundamentos respecto de la asamblea. Admite el derecho a reunión para peticionar a las autoridades, pero marca la falta de relación entre el corte, sus perjudicados y a quien realmente se debería reclamar. Asimismo caracteriza la asamblea como una medida de acción directa, “pretendiendo, según sus términos, la defensa de los derechos a la vida y el medio ambiente por lo que habría que sopesar –en términos del doctor Zaffaroni– la existencia o no en el caso de un permiso que neutralice el alcance de la prohibición del Código Penal”. Termina no encontrando relación justificada entre la aglomeración de personas que quieren hacerse escuchar y el corte y pide el levantamiento del mismo. Es un fallo templado, actualizado en estas transiciones societales y epistemológicas, aun cuando prevalezca el sentido común de que el corte debe levantarse, adaptándose a los humores del momento.

Ahora se trata de saber cómo seguirá esto; el Gobierno argentino decidió judicializar a los asambleístas (ya dijo que no reprimirá, pero amenazó con una fuerte judicialización) y, de este modo, cumple con los acuerdos con el gobierno uruguayo. Sea como fuere, la que se mantiene al margen, esperando que los obedientes latinoamericanos actúen en su beneficio, es la empresa europea UPM-Botnia. Primero, en La Haya escuchó cómodamente los fallos en francés y en inglés, que ni la rozaron; y ahora parece estar segura de que una vez más la colonización del poder en la Argentina y Uruguay funcionará. Pero ya nadie puede poner las manos en el fuego para asegurar que el final está cantado.

* Socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

Fue muy importante y digno de remarcar el recibimiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner a la delegación de las comunidades originarias que marcharon durante una semana desde sus lugares de origen hasta Buenos Aires. Fue muy importante que los recibiera, los escuchara y entablara un diálogo con ellos. Fue significativo que enfatizara el derecho a que cada comunidad pueda vivir acorde con su cultura. Les dijo: “Aquellos que quieren seguir conservando su tradición, su lengua, lo que les enseñó su abuela y su bisabuela, como recién relataba alguien aquí, es también un derecho que debe ser respetado, no solamente porque lo diga la Constitución, sino, en definitiva, porque es la obligación de todo ser humano, respetar al otro lo que quiere ser, su historia y su identidad”.

Estas palabras adquieren suma importancia en momentos en que no sólo los pueblos indígenas sino los pueblos cordilleranos pretenden, mediante formas plebiscitarias, elegir los modos de vivir y relacionarse con la naturaleza que los rodea. No obstante estas excelentes señales que dan cuenta de la diferente sensibilidad de la mandataria en comparación con otros dirigentes políticos que no se privan de mostrar su formación colonial y hasta racista (recordemos al senador Morales), la Presidenta al cerrar su alocución relativizó la discriminación por la que aún pasan estas poblaciones, por lo que puede interpretarse que las considera como una de las tantas minorías discriminadas. Por ello, y con el afán de contribuir a profundizar aquellas buenas señales, querría reproducir sus dichos y hacer un comentario. Dijo la Presidenta: “Quiero decirles que discriminación, olvido, no son solamente patrimonio o sufrimiento de los pueblos originarios; se discrimina de muchas maneras en nuestro país y en otras sociedades; se discrimina también en otros lugares, en otros continentes donde se discriminan a los que no son de allí y emigraron a esos lugares porque no tenían oportunidades en sus lugares de origen. La historia de la humanidad, desgraciadamente, es una historia también de discriminaciones, de olvidos, de negaciones de identidades y de culturas. Y yo creo que tenemos, como argentinos y, en definitiva, como ciudadanos universales, que restañar también esas heridas y, fundamentalmente, respetar esas identidades culturales de todos”.

La idea de “raza” y la jerarquización de los seres humanos nace con la “invención de América” en el siglo XV. Los ancestros de estas comunidades fueron despojados, asesinados, “racializados”, y es allí cuando comienza esta modernidad colonial que emergió y suprimió lo que no se ajustaba a sus reglas. La discriminación a los pueblos de América/Abya Yala no es una más de las tantas, es la madre de todas las discriminaciones que se regaron por el “mundo moderno”. De allí la significación en todo el mundo de las luchas indígenas de nuestros territorios desde finales del siglo XX; sus logros y avances son temas que atraviesan la teoría y la práctica política y dieron lugar a un ecologismo popular; a fuertes críticas al desarrollismo, a nuevos pensamientos sobre el Estado, etcétera. En base a estos hallazgos, en la deconstrucción de la idea del “descubrimiento de América” se están reconstruyendo nuestras historias, se componen fragmentos que faltaban y, en este acto, se transforman nuestras frágiles e imaginarias totalidades nacionales. Por eso es importante que la Presidenta reconozca la importancia de lo que fue y es la discriminación indígena y la significación de las luchas actuales en todo el continente. Reconocer la particularidad de estas minorías (mayorías en otros países de América latina) es comprender sus reclamos de autonomía y de un Estado plurinacional; es comprender el Suma Kawsay (el Buen Vivir), el respeto a la Pachamama y sus territorios sagrados. Reconocerlo es tomar y sostener una decisión política en relación con las pretensiones de las corporaciones del agronegocio, la minería y el petróleo y los reclamos indígenas por sus territorios. Reclamos que se expanden por muchas poblaciones no indígenas, pero impregnadas por los nuevos pensamientos que recorren y esculpen un nuevo mundo.

* Socióloga, profesora e investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

La Argentina es un país que se constituyó como unidad política territorial mediante un violento proceso de aniquilamiento de las poblaciones originarias. Si bien fue el Congreso Nacional el que permitió la “campaña al desierto” que llevó a cabo Julio Roca, se produjo en ese acto una flagrante violación de la Constitución de 1853, que ordenaba mantener un “trato pacífico con los indios”. Es decir, Roca procede violando los pactos fundantes de la Nación y estableciendo la violencia como un modo “naturalizado” de gobernar y relacionarse con las poblaciones subalternas. Con él, se naturaliza la presencia del poder militar en el gobierno de la Nación así como la violencia como dispositivo regular del Estado. Estos rasgos perduraron durante gran parte del siglo XX con graves consecuencias para la sociedad, hasta desembocar en el ominoso golpe militar de 1976.

Desde 1984 nos propusimos desactivar para siempre estos rasgos del Estado y, sin embargo, la violencia estatal insiste en aparecer como el síntoma de un viejo trauma. En estos tiempos nuevamente se juegan los territorios, pero ya no les son arrebatados a las poblaciones originarias por el Ejército, sino que son ocupados por grandes corporaciones económicas internacionales o inversores nacionales con un reiterado apoyo institucional (andamiaje jurídico montado en los años ’90). Nuevamente se violan tratados internacionales con jerarquía constitucional referidos a las poblaciones indígenas y una normativa avanzada del derecho ambiental. Todo bajo la fuerza de sistemas represivos provinciales y la actuación complaciente de sus poderes.

Las poblaciones que defienden estos territorios otorgados a privados para explotarlos de modo extractivo y contaminante han demostrado una gran sabiduría para enfrentarse a las corporaciones y socios. Utilizan la “acción directa” bajo una lógica de protestar orientada a entorpecer los elementos que interesan al capital pero nunca dañando a los cuerpos, a las personas. Son acciones definidas por todos los especialistas como “no violentas”: cortes de ruta para no dejar pasar camiones con materiales; barreras en los cerros; boicot a los proveedores de las empresas; resistencias en los territorios, etcétera. Hemos registrado en nuestros trabajos muchas “acciones directas”, pero nunca una acción violenta destinada intencionalmente a lastimar cuerpos humanos o a otros seres vivos (hay muchos documentales nacionales e internacionales que confirman esta afirmación). Sin embargo, los registros de las intervenciones policiales en las provincias muestran imágenes donde se arrastran, lastiman, golpean brutalmente a los manifestantes y hasta se los mata. Los llamados “cuerpos especiales” policiales retrotraen al pasado violento y ni que hablar de los grupos represivos privados y tolerados que queman casas, rompen radios comunitarias, además de golpear y asesinar (recuérdese el caso de Javier Chocobar).

La situación de Andalgalá, en la Catamarca minera que resiste férreamente un segundo emprendimiento, nos alarma porque después de la feroz represión del 15 de febrero los medios locales están construyendo una imagen del movimiento asambleísta como violento, destinada seguramente a justificar un nivel represivo mayor o aislar a la asamblea.

Por eso, es necesario recordar una vez más que somos un país traumático en relación con la violencia. La sociedad civil ha dado un ejemplo al mundo esperando que la Justicia reparara el infinito sufrimiento por el que pasó en los años ominosos aunque actuó lenta y complicadamente (se aceleró en los últimos siete años). Del mismo modo, en estos tiempos de pérdida de derechos de todo tipo, las organizaciones sociales han protestado con modos y estéticas de protesta diversas sin recurrir a la violencia y aislando a quienes la proponen. Los muertos, que son muchos (la mayoría de la Alianza), fueron producto de la violencia estatal. Alertemos y trabajemos desde todos los espacios, sin distinciones partidarias u organizativas, para que esa ominosa costumbre de maltratar y matar del Estado argentino termine de una vez. En el aniversario del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba, es el mejor homenaje que podemos hacerle.

* Socióloga; investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

Sandra Juárez tenía 33 años, era santiagueña y madre de niños pequeños; defendía desde hace semanas su tierra del avance de los inversores que arrinconan campesinos y comunidades indígenas en la Argentina. Sandra el domingo en su provincia natal, como antes Javier Chocobar en Tucumán, perdió su vida defendiendo los derechos sobre su tierra. A Chocobar lo mató la represión privada y Sandra muere de un ataque cardíaco en momentos de enfrentamientos duros cuando todo está en juego. Ambos son víctimas de la prepotencia del poder económico con la complicidad de quienes tienen un mandato popular para jerarquizar las vidas por sobre las propiedades como marcan los derechos humanos. Ambos arrinconados, ambos abandonados por un estado de derecho que si bien incluye legislación que los protege de los apetitos de los nuevos inversores, se esfuerza por esquivarla. Ambos en momentos paradójicos. Don Javier, diaguita, el 12 de octubre; Sandra a pocos días de que muchos homenajeábamos ese 8 de marzo de las mujeres luchadoras.

Los pueblos indígenas tienen a su favor leyes nacionales, provinciales e internacionales mientras los campesinos tienen que lidiar con el derecho privado que rige en relación con la tierra para el conjunto heterogéneo y diverso de los agricultores. Sólo tienen a su favor algunos artículos del Código Civil y se enfrentan a una Justicia provincial que con frecuencia (como lo demuestran sólidos trabajos de investigación) los considera “intrusos o usurpadores”, negando y desconociendo el derecho de usucapión que los ampara. Estos campesinos tienen muy pocos recursos legales a su favor frente a poderes judiciales formados por profesionales “modernizadores” que ven en ellos la marca y responsabilidad del “atraso” provincial y en los nuevos inversores, “la modernización” tan esperada. En este 2010, que las Naciones Unidas declaró Año de la Biodiversidad, muy pocos reconocen a los sectores campesinos como quienes más la han resguardado. Si bien no pueden lograr con sus producciones ingresos capaces de una vida digna, la responsabilidad no reside en ellos sino en funcionarios incapaces de generar políticas de apoyo a la pequeña propiedad campesina (como por ejemplo lo hacen Brasil o la Unión Europea); todo lo contrario, contribuyen a asfixiarla para poner esas tierras a disposición de inversores que hacen uso extractivo de las mismas devastando la biodiversidad, suelos y malgastando el agua escasa.

Estas situaciones de arrinconamiento de las poblaciones que defienden sus recursos naturales –tierra, agua, cerros amenazados por la minería– se han multiplicado en estos últimos meses en provincias con una baja densidad democrática. En efecto, las represiones con fuerzas provinciales corrientes o especiales (GEOP en Neuquén y Kuntur en Catamarca); con “parapoliciales” que queman casas o de-sarman radios comunitarias, así como grupos de “guardias blancas” de inversores privados deben causar alarma a quienes defienden los derechos humanos y a todos los ciudadanos dignos y con memoria.

La propuesta es mantener “voces de alerta” e impedir con dispositivos legales y democráticos que estas situaciones se repitan; poner en conocimiento de los responsables que las poblaciones no están solas en situaciones “invisibilizadas”; que estamos transitando gobiernos democráticos donde prevalece el estado de derecho así como el respeto a los derechos humanos, que son los que jerarquizan en situaciones de “colisión de derechos”. El derecho a la vida, al trabajo, a la tierra y vida indígena (y hay que lograr también las campesinas) están por sobre cualquier otro derecho que los colisione. Y a estos derechos hay que sumar los ambientales que, recordemos, son los que habilitan la vida de todos nosotros en momentos de graves transformaciones y hostilidades climáticas.

* Socióloga. Instituto Gino Germani, UBA.

Siempre llama la atención que en las asambleas de poblaciones autoconvocadas por el “no a la minería”, las mujeres sean las protagonistas principales. Son jóvenes, de mediana edad, son docentes, enfermeras, werken mapuche, profesionales o campesinas kollas o wichís, amas de casa, mujeres que dejaron la ciudad para buscar la conexión con las montañas, profesionales universitarias, periodistas, propietarias de un pequeño comercio, profesoras de educación física y también muchas son madres de críos o de adolescentes y también están aquellas que se preocupan por el futuro de sus nietos.

Un político provincial que sueña la minera como un futuro promisorio las caracterizó como “perturbadas”. Este calificativo se ubica en el registro semántico del de “locas” para las Madres de Plaza de Mayo en los setenta o para aquellas otras mujeres que salieron a mediados de los noventa a enfrentar la usura financiera sobre sus tierras agrícolas. Alude a la intransigencia basada en una convicción de que lo (im)posible se genera desde la acción colectiva y que el poder, por más que se presente como total, es un simple atributo de las relaciones sociales. Mientras los hombres del poder se llenan de asesores que inventan narrativas supuestamente convincentes, estas mujeres plasman en sus luchas cotidianas pensamientos interesantes como, por ejemplo, ese valioso concepto que alguna vez acuñó el filósofo y teólogo Iván Illich: “convivencialidad”.

Illich cuestionaba esta sociedad industrial productiva (extractiva, devastadora) y definía la “convivencialidad” como lo contrario a ella, como la posibilidad de la intervención en la vida social; la sustitución del valor técnico por el valor ético, un valor material por otro realizado; la transición de lo mecánico estereotipado hacia la espontaneidad del don. La “convivencialidad” se basa en los límites justos dentro de las relaciones con la naturaleza (hacerla sujeto de derecho) y entre las de los hombres y requiere de la dispersión del poder y la creación de otro tipo de autoridad para una libre elección de técnicas adecuadas y al servicio de la realización de todos (de la felicidad y bienestar de los pueblos decía Juan Perón) y no de la pura ganancia para el capital. Hay modos “convivenciales” de tomar de la naturaleza lo que necesitamos y otros extractivos y depredadores. Las mujeres eligen los primeros pero debemos señalar que mucho antes lo propusieron y llevaron a cabo los pueblos indígenas y por tal razón, el 80 por ciento de los recursos naturales que la humanidad cuenta para la vida de las próximas generaciones, está en territorios campesinos e indígenas. Estos otros modos de relacionarse con la naturaleza se sintetizan en el concepto indígena “buen vivir” (sumak kawsay) que la Cancillería de Bolivia desarrolló en un interesante libro para toda América latina. Son verdaderas propuestas para quienes desean transformar estos presentes no tan sólo injustos sino de alta peligrosidad para un futuro de hostilidad climática y geológica que ya está aquí entre nosotros (que ya es presente).

¿Son capaces de comprender todo esto los sujetos educados con los paradigmas positivistas de “desarrollo y progreso” o conformados durante 35 años en prácticas de poder neoliberal? ¿Son capaces de comprenderlo aquellos que no se esforzaron por revisar los conocimientos modernos/coloniales/patriarcales/ a la luz de estos tiempos de transición, de pasajes y de peligros climáticos inminentes? Definitivamente no lo creo; y por eso muchos funcionarios provinciales buscan esconderse detrás de los oropeles del poder económico y político generando espacios plagados de sufrimientos, injusticias y peligros.

Podríamos interrogarnos, finalmente, por qué las mujeres están predispuestas a resistir el avance de estos modelos extractivos y, asimismo, son más flexibles y receptivas a una reproducción material de la vida simple y sin estragos. Por qué son más irreductibles al enfrentar los poderes instituidos que consideran injustos.

Las mujeres predominan en los movimientos socioterritoriales, en millones de movimientos de base y solidaridad, en la lucha por la soberanía alimentaria, por terminar con los genocidios de los jóvenes pobres, la trata de niñas o en la búsqueda de un mundo no violento. En fin, predominan en las resistencias y luchas que realmente importan. Si es que aún hay tiempo para expandir los “espacios de esperanza” (David Harvey) y la sustentabilidad del “buen vivir” (sumak kawsay) latinoamericano, ellas son sus protagonistas.

* Socióloga. Instituto Gino Germani, UBA.

Por Mario Toer *

Sin tregua

Después de varios experimentos fallidos o efímeros, producto de limitaciones, rasgos contradictorios o su naturaleza ambivalente, por primera vez desde el campo popular en torno del llamado kirchnerismo emerge a la izquierda de la escena política una alternativa con posibilidades de gravitar en la disputa del poder. Su estilo y sus límites tienen que ver con su historia, sus componentes y otras características que recogen atributos de una herencia imprecisa y sin demasiados bagajes que permitan suponer una masa crítica de experiencias y saberes, indispensables para una confrontación de tamaña envergadura. Lo que se encuentra en consonancia con los límites de nuestra sociedad en lo que hace al arraigo de una cultura crítica, con el consiguiente predominio de demandas que no suelen trascender el espontaneísmo, casi siempre filtrado por el control de las ideas dominantes, a pesar de los rasgos orgullosos y combativos de sus protagonistas.

La emergencia de lo que hoy consideramos como una corriente novel e imprevista, en cualquier caso sui generis, que se hace del Gobierno en forma sorpresiva, se encuentra notoriamente a la izquierda de los sentimientos, anhelos y expectativas del grueso de la población. Han sido sus iniciativas y su perseverancia lo que han hecho notoria su presencia a la izquierda de la escena política, con intenciones de desplegar un proyecto congruente con los nuevos vientos que soplan en la región, lo que no ha sido ignorado por los guardianes del establishment, que han desplegado una intensa y despiadada campaña acorde con los riesgos que supone esta anomalía. Buena parte de la sociedad, sometida a un feroz proceso de desinformación, reacciona en los términos esperados por quienes regentean los pareceres públicos, que paradójicamente usan en su beneficio el descrédito de “los políticos”, fruto de décadas de frustraciones.

De este modo termina produciéndose un fenómeno que José Natanson expresó en su artículo “Balance sin frutas abrillantadas” (Página/12, 3/1/10): el Gobierno pierde el soporte un tanto difuso que alcanzó cuando en el establishment primaba la confusión pos-marasmo neoliberal, pero a su vez gana en cohesión, ya que solidifica en su torno el respaldo de aquellos que podían sentirse convocados por un proyecto de cambios sustanciales. De allí las arduas consecuencias y características del período presente. Varios representantes del centro político, socios inevitables para conformar un gobierno que pretenda consolidarse, abandonan el barco y se suman a la troupe de políticos dispuestos a ser parte de una fórmula que suponga un retorno a la normalidad. Empezando por Lavagna y siguiendo por Cobos, personajes del viejo tronco justicialista y ahora el jefe del Banco Central. No tiene por qué sorprender, aunque siempre se puedan localizar falencias que podrían haber evitado o retrasado estas migraciones. Ninguno de estos migrantes ostenta un pedigrí que se asocie a las esperanzas populares. El oportunismo del vicepresidente obligó a Cristina Fernández a posponer su viaje a China para no dejar en sus manos el control del país. Puede que este gesto consiga agrietar la indulgencia mediática hacia Cobos y poner en evidencia que no puede justificarse su permanencia en el cargo.

Más difícil es entender los alineamientos de personajes de los que sí podían esperarse posicionamientos más inteligentes. Aunque si uno revisa la historia en diferentes coordenadas, siempre aparecen figuras que ostentan los atributos de convocar el mero disgusto de quienes reclaman por todo lo que falta con escasas posibilidades de abordar un encuadre que permita evaluar el escenario político de conjunto. Solía llamárselos exponentes del péndulo pequeño burgués. Forman lo que llamo “el partido de la gata Flora” y no son exclusividad de la Argentina. Su rasgos más relevantes son la presuntuosidad y la soberbia, su incapacidad para percibir los fenómenos más profundos que ocurren en el ámbito popular y la facilidad con la que se alinean junto a lo más granado de la reacción. Hacen mucho daño porque contribuyen a sembrar el desconcierto. Si no fuera que son congruentes con sectores sociales que tienden a expresarse en esos términos, cabría pensar que son un mero invento de lo más reaccionario que emerge en la política nacional.

Así, no nos queda otra, y hablo en primera persona porque no es posible mirar la escena desde la tribuna, más que insistir y mostrar que las iniciativas que se alientan son la manera responsable de convocar a cambios que atiendan los requerimientos mayoritarios en las actuales condiciones. No se puede enfrentar a todos los enemigos al mismo tiempo. Se ha tenido el tino, con una consistente movilización popular, de sitiar la colina estratégica del monopolio de los medios. Ahora hay que abrirse paso hasta la cima. La derecha sabe lo que está en juego y hace denodados esfuerzos por continuar con el desgaste, esta vez para evitar la utilización de fondos que contribuyan a recuperar posiciones en el ámbito global y terminar de dejar atrás lo peor de la crisis. Hasta han suspendido momentáneamente el respiro estival para hacer cola frente a las cámaras con sus destemplados discursos. Mañana será otro el motivo. No hay tregua.

El destino de tener que arreglar la embarcación mientras se navega en alta mar es un rasgo ineludible del tiempo actual. De allí que las modalidades de las críticas y los debates inexcusables deban llevarse a cabo atendiendo a mantener altiva la moral de la tripulación. Máxime cuando las aguas que recorremos están infectadas de bucaneros. La independencia del espíritu crítico no puede relegar la defensa de las posiciones alcanzadas. En cualquier caso, nuestras ambiciones no tienen que tener límites estrechos y no es una tragedia que se pierdan batallas en el largo recorrido que resta. Cohesionar el campo del pueblo partiendo de los más necesitados es indispensable. En ese contexto hay que saber diferenciar entre los adversarios leales y los que harían cualquier cosa para terminar con esta experiencia. A los primeros hay que tratarlos con deferencia e invitarlos al diálogo. Es la única manera de separarlos de la avalancha desestabilizadora que la derecha se esmera en propiciar. Así es como algunos pueden incluso optar por alinearse junto al pueblo y producir una corriente en sentido opuesto a la de quienes abandonan el barco, cuando se presumen tiempos de definiciones. También depende de nosotros.

En nuestra América se ha producido un despertar imprevisto en sólo una década y podemos esperar muchas cosas que a fines del siglo que se fue parecían quimeras. Habrá retrocesos, como en Chile. Pero servirán para redefinir a los protagonistas que se encontrarán en mejores condiciones para retomar la iniciativa y dar pasos adelante de mayor profundidad. En nuestro país, por primera vez en la historia, tenemos desde dónde dar pelea. Y está visto que será implacable. Con seguridad, no hay tregua. Pero aun perdiendo tenemos mucho que ganar. Ellos, aun ganando, pueden entrar en el vestíbulo de derrotas aún más severas. Nada está dicho. Una razón más para que sea preferible estar de este lado.

* Profesor de Política Latinoamericana (UBA).

Por Norma Giarracca *

Acerca del “buen gobierno”

En la columna “Lo destituyente” (Página/12, 17/1/10), Sandra Russo planteó una serie de elementos para analizar el conflicto del Banco Central y se interrogó por qué las posturas de centroizquierda no pueden reconocer el momento de peligro que acecha a esta democracia y se ubican en la oposición, al lado de posturas políticas y mediáticas de derecha y destituyentes. Me cuesta mucho debatir con personas que intuyo que tienen la misma fuerte y honesta convicción que yo acerca de una sociedad más justa e igualitaria, aunque le adjudiquen distintos sentidos a la cuestión. Pero leyéndola recordé una historia que tal vez pueda acercarle comprensión de las motivaciones por las que algunos mantenemos una fuerte e irreductible distancia con el Gobierno.

La historia me la contó Gustavo Esteva, un intelectual latinoamericano sugerente y creativo que conoció el Estado mexicano por dentro y luego decidió trabajar en y para las comunidades de su Oaxaca natal. Contaba que en una campaña electoral fue el representante del partido de gobierno, reunió a los comuneros de Oaxaca y en castellano les prometió “trabajo, desarrollo, progreso, participación”. Cuando finalizó, ellos le hablaron en sus lenguas y el político, molesto, dijo que no comprendía; entonces, uno de los referentes comunales lo interpeló en castellano acerca de su pretensión de “gobernarlos” sin comprender sus lenguas, sus culturas, sus modos de encarar la reproducción económica y social, el afecto por el territorio que los rodea. Terminó con un consejo: si deseaba hacer un “buen gobierno”, debía comprender que las comunidades sólo necesitan un poco de sombra, como la que otorga un frondoso árbol, protegiéndolos del sol y habilitando la vida. Que el resto se los dejara a ellos, que eran experimentados conocedores del “buen vivir” y no necesitaban propuestas de “desarrollo y progreso”.

Argentina no es una comunidad indígena con experiencia sobre el “buen vivir” (aunque algunos de los que la habitan tienen esos orígenes y sentidos), pero en sus escasos dos siglos de vida como nación algo ha aprendido y está plasmado en la Constitución con las reformas de 1994. Podría mejorar, pero es la que se ha logrado acordar como conjunto social y, cada vez que las dictaduras la violan o no se logra su absoluto respeto, se registra un gran sufrimiento social. En la metáfora del árbol, el respeto por nuestra Constitución es un ombú frondoso que nos protege como sociedad heterogénea, abigarrada, mestiza sobre fértiles y diversos territorios; lo hace con sus articulados igualitaristas, con el respeto a los tratados internacionales que garantizan territorios y autonomía a los pueblos originarios; con toda la potencia del derecho ambiental; con la preservación del patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica; con los derechos al progreso económico con justicia social garantizando la real igualdad de oportunidades; con el respeto a los ancianos y a las mujeres y a una opción de género, con el derecho a los consumidores; con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; con la convención internacional para eliminar toda forma de discriminación racial; con la Convención sobre los Derechos del Niño; y podríamos seguir. Recordemos que la Constitución habilitó el fallo del juez Jorge Ballestero sobre la deuda externa en el “caso Olmos”, que no se ejecutó. Necesitamos esa sombra vital que es el respeto a la Constitución para resignificar el sistema de representación democrática; necesitamos interacciones entre las poblaciones en “movimiento(s)” y legisladores idóneos utilizando los dispositivos plebiscitarios, el derecho a presentar leyes como ciudadanos (iniciativa popular) para achicar las distancias entre instituciones y poblaciones. Es indispensable una Justicia apegada a estos pactos y un Ejecutivo con vocación para cumplirlos y exigir su cumplimiento. Esto se pidió a los gritos en 2001-2002; esto recogemos de las poblaciones en nuestra labor de cientistas sociales; éste es un sendero posible hacia una “sociedad mejor”, o hacia “el buen gobierno”, esto, a mi juicio, es “un gobierno progresista” posible.

¿Por qué no lo es este gobierno? Porque a pesar de su política de derechos humanos y su habilitación a democratizar los medios, sigue los derroteros esenciales del neoliberalismo global que lo inhabilitan para seguir los mandatos igualitaristas, ambientalistas y protectores de los acuerdos constitucionales. El neoliberalismo es inequitativo, polarizante, extractivista y contaminante. Y las políticas gubernamentales fomentan una economía extractiva depredadora, contaminadora que genera violencia, enfermedades y represión. El neoliberalismo presenta una dinámica donde los cuerpos son prescindibles y en ese contexto se comprende la incapacidad para parar el genocidio de jóvenes y niños/niñas pobres objetos y víctimas del dispositivo semiótico de “la inseguridad”. En el neoliberalismo no caben políticas de fuertes inversiones en salud o educación, porque pasaron de ser bienes comunes a ser mercancías que se compran, y “lo social” se resuelve con políticas bajadas por el Banco Mundial que fomentan experiencias heterónomas atadas a la suerte de los gobiernos; el neoliberalismo es polarizador y en ese contexto se justifica que millones de argentinos sufren condiciones de pobreza frente a una descarada exhibición de opulencias, de vidas privadas millonarias y de acumulación de riqueza en pocos años. En el neoliberalismo predomina la “tecnociencia” al servicio de la ganancia y de este modo se comprenden las consecuencias de la mentada “sociedad del conocimiento” en universidades colonizadas por la lógica de las corporaciones y empobrecidas en sus pensamientos sociales. Sumemos los dramas del Indec, de no tener la voluntad política para debatir la deuda externa y de las muertes, sufrimientos y persecuciones de diaguitas, mapuches, wichís y campesinos.

Simplemente de eso se trata, esto también ocurre desde 2003 y hubiese podido ser de otro modo. En 2011 puede empeorar, es una posibilidad cierta (Chile es un ejemplo, aunque los mapuches ni se enteren), pero la democracia, aún limitada, otorga otras posibilidades que registran la urgencia de parar esta plaga neoliberal porque las montañas, las yungas, la tierra no se pueden volver a producir y los niños y niñas pobres tienen una sola vida. Por todo esto, estimada Sandra Russo, me planteo sus propios interrogantes invertidos: ¿A qué llamamos democracia? ¿Qué cálculos estratégicos hacemos? ¿Qué acumulación de fuerzas privilegiamos? ¿Quiénes somos “nosotros”? ¿Qué cosas nos importan realmente? Y sobre todo, ¿contra quién, contra qué peleamos?

* Socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

El cine devela el lapsus de la sociedad, se adelanta a la narración derivada de los hechos que permiten a los cientistas sociales “armar” los procesos a posteriori. La literatura y el cine han dado buenos ejemplos de ello y, en los últimos tiempos, los films de ciencia ficción vuelven a corroborarlo imaginando mundos que nos conmueven por las altas probabilidades de que lleguen a convertirse en reales en un futuro no lejano. Las violencias y las muertes de un mundo desquiciado en un 2028 donde prima la infertilidad humana de Children of men, de Alfonso Cuarón, nos sorprendió en 2006 y ahora llega Avatar.

Se trata de una película de ciencia ficción de James Cameron que se desarrolla en 2154 en Pandora, una luna del planeta Polythemis con una atmósfera tóxica para los humanos y habitado por el pueblo Na’vi con una asombrosa conexión con la biodiversidad que los rodea. Pero llega el hombre, que dejó atrás un planeta devastado, portando la voracidad de una corporación minera acompañada por las bases militares para doblegar a la población, y por un grupo de científicos dispuestos a generar el conocimiento sobre el lugar para facilitar las necesidades de la empresa.

Los humanos estiman que los nativos radicados en las cercanías de un árbol sagrado asentado sobre una inmensa veta de un valioso mineral –en términos del capitalismo de los hombres de la Tierra—, el “unobtainium”, deben ser doblegados para lograr las extracciones. Los científicos han creado genéticamente a los avatares, una especie nueva que combina la memoria y capacidades de los humanos (aprendizaje, por ejemplo) con los cuerpos de los nativos Na’vi. Los planes operativos son varios: hacerse amigos y persuadirlos de la entrega, hacer participar científicos (¿convenios mediante?) y al protagonista, un ex marine lisiado, confundiéndolos entre ellos o simplemente devastarlos crudamente, terminar con ellos, con la biodiversidad y obtener los minerales. Por supuesto, algo sucede que cambia estos planes y no es lo que contaré aquí. Lo interesante es la situación que construye el millonario film: una corporación económica haciendo uso de las fuerzas militares y de una tecnociencia para lograr sus finalidades lucrativas. Cualquier parecido con la realidad actual de nuestros mundos es pura coincidencia.

No somos Na’vi, formamos parte de diversos pueblos latinoamericanos, poblaciones con fuertes conexiones con sus territorios defendiéndolos de este avance del poder económico amparado por los poderes políticos, las bases militares del poder mundial y la complicidad de las tecnociencias locales. Es Andalgalá, que está amenazada como pueblo porque tienen minerales debajo de sus casas, es Bagua del Perú amazónico, que resistió en niveles impensables en 2009, es Centroamérica hoy, es esta nueva prepotencia devastadora pero también las resistencias que circulan por doquier.

Una reflexión sobre el papel de la ciencia en el film de James Cameron que interesa para nuestros propios debates: la ciencia es una actividad producida por hombres/mujeres que el director ubica con alguna saludable distancia del poder militar; si bien estaban allí en función del poder económico y militar, uno de ellos, una mujer (no es un detalle menor pues en el plano militar ocurre algo semejante) que logró establecer lazos con la población nativa pues también es avatar, comprende los nuevos sentidos, códigos sociales y culturales de una población más densa, rica y respetuosa de la que ella proviene y termina con el protagonista en las territorialidades marcadas por la resistencia.

Podríamos criticar a Cameron porque cae en la tentación de convertir en héroe al avatar masculino –por repetir esa necesidad de terminar siendo ombligo del planeta propio y de los otros aunque sea un personaje apenas con pasado humano—, pero también podemos leerlo en clave de formación de identidades: las identidades no son fijas, se forman en las acciones colectivas, en esos momentos en que se decide si el sitio que corresponde es el de la devastación, saqueo y violencia o es el de la posibilidad de formar parte de un mundo otro, respetuoso de la biodiversidad y de las poblaciones. Es la aporía que atraviesa actualmente al sistema científico pero básicamente es el drama que cruza este presente y que muchos rechazan comprender por complicidad, negación o ignorancia.

* Socióloga, investigadora del Instituto Gino Germani (UBA).

El recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001 cobra este año mayor significación porque aquella coyuntura ha sido traída al presente reiteradamente por algunos dirigentes políticos. Para ellos, las rebeliones –complejas y abigarradas– que estallaron el 19 a la noche, con días previos de motines y saqueos de alimentos en todo el país, fueron producto de un “golpe palaciego” diseñado y llevado a cabo por el peronismo. No descartamos que hubiera intenciones y hasta acciones de caudillos peronistas para “apurar” y capitalizar el tremendo descontento que la mayoría de la población sentía frente al gobierno de la Alianza. Recordemos que esa coalición electoral había prometido finalizar con los de-satinos del gobierno de Menem y Cavallo, y terminó incorporando al padre de la convertibilidad para que finalizara su obra macabra. La población mostró después de un tiempo prudencial signos claros de hartazgo y se profundizaron las expresiones de bronca y desesperación. ¿Nos olvidamos acaso del cotidiano “riesgo país”, el empobrecimiento y la desocupación sin contención social que llevaba a muertes y sufrimientos impensables en períodos democráticos?

Las rebeliones de diciembre fueron respuestas disruptivas que tuvieron un “parecido de familia” con las protestas que se habían registrado en los ’90, pero que mostraban una llamativa singularidad que se desplegó durante algunos meses y atrajo la atención internacional. Las protestas se iniciaron en los bordes norteños y sureños de un país que se desgarraba, con un Estado desguazado y al servicio del poder financiero; llegaron al centro del castillo, al corazón del poder con levantamientos masivos e inesperados, asambleas, mundos populares urbanos en efervescencia en 2001 y un regreso a las provincias que configuraron “multisectoriales” de todo tipo y desembocaron, desde 2003, en las nuevas protestas del siglo XXI, disputando territorios a las corporaciones extractivas y contaminantes (agronegocio, minería, petróleo).

¿Qué se jugó en 2001-2002? Había muchos “no”, muy claros y contundentes, y pocos “sí”, y este rasgo fue blanco de las críticas de los pensamientos políticos tradicionales. Sin embargo, en esas calles y plazas se articulaban demandas de sectores populares y medios como justicia, igualdad de oportunidades, trabajo, transparencia institucional, preservación de patrimonios familiares, mejor gobierno, que hubiesen podido prefigurar significativas afirmaciones. Es decir, se plasmó una rara combinación de demandas y prácticas democratizadoras de sectores populares y medios, que no es un detalle menor al caracterizar la coyuntura y diferenciarla del presente.

Entre 1992 y 2001 se registraron alrededor de dos mil protestas por año; la mayoría, hasta 1999, sin respuesta de ningún tipo (a excepción de dos fuertes represiones del “menemismo” en Tierra del Fuego y Neuquén, que costaron dos vidas). Pero cuando la Alianza asumió, la represión con asesinatos se hizo práctica sistemática. A la semana de ser gobierno fueron asesinados dos correntinos en el Puente Belgrano en medio de un duro conflicto. Durante 2000 y 2001 cinco jóvenes fueron asesinados en los cortes de Mosconi y Tartagal, y la lista sigue con los 23 masacrados el 19 de diciembre y otros 13 en el fatídico jueves 20, en todo el país. Fueron 43 asesinatos políticos en dos años, bajo un gobierno que prometió democracia y transparencia a una población que aún tenía víctimas del Estado dictatorial sin enterrar.

Si aceptáramos por un momento la teoría conspirativa que nos proponen algunos dirigentes, el gobierno de la Alianza se equivocó de adversario y endureció su estrategia represiva para masacrar a la población en vez de enfrentar con firmeza y decisión a quienes, supuestamente, conspiraban contra él. Las conspiraciones no sacan multitudes a la calle que sustraen a los políticos del espacio público; no sacan miles de personas ocupando plazas, calles, exigiendo honestidad, derechos, nuevos modos de hacer política o administrar justicia. Calles y plazas llenas de poblaciones recuperando el poder instituyente, sin políticos mesiánicos, sin dirigentes corporativos ni medios de comunicación convocando, no suelen ser productos de conspiraciones palaciegas y más bien suelen representar fenómenos transitorios de alta significación política que los dirigentes no debieran subestimar o tratar con cinismo. Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre necesitan reflexión. Hubo en estos años generación de datos que están a disposición de cualquiera; es necesario pensarlos y debatirlos en conjunto para comprenderlos en todos sus complejos sentidos. También es necesario recordar y honrar a los muertos de “nuestras rebeliones” –muchos de ellos menores de veinte años– para seguir alertando como sociedad sobre esa ominosa costumbre de matar del Estado argentino.

* Socióloga (UBA); coautora de Tiempos de Rebelión.
“Que se vayan todos” (Antropofagia).