Página#12 Libre

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó ayer que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, comparezcan mañana al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para que se les haga una extracción, primero voluntaria y en caso contrario compulsiva, de mínimas cantidades de sangre, pelo o saliva. Desde los abogados del Grupo Clarín ya hicieron saber que, casi seguro, los jóvenes no se van a presentar y habrá una apelación a la decisión de la jueza. El expediente pasará entonces a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, pero de allí a Casación, y todo tendrá que ser resuelto, en última instancia, por la Corte Suprema. Si los pronósticos se confirman, el caso continuará durante buena parte de 2011.

La magistrada resumió ayer todos los planteos de la fiscal Rita Molina; de los querellantes, Abuelas de Plaza de Mayo y las familias García-Gualdero y Miranda Lanuscou, y los abogados de Felipe, Marcela y Ernestina Herrera de Noble. El texto de 64 páginas concluye con una citación a Felipe y Marcela para que concurran mañana, a las 9, al BNDG. En teoría, allí se les pedirá que voluntariamente acepten una mínima extracción de material genético y, en caso de que se nieguen, las muestras se tomarían en forma compulsiva.

Por la experiencia en la causa y lo que trascendió de los abogados del Grupo Clarín, los hijos de Ernestina no concurrirán y los letrados presentarán una apelación cuestionando la decisión de la magistrada, entre otras cosas por considerarla inconstitucional, pese a que existe una ley que establece que los jueces podrán hacer realizar extracciones compulsivas cuando no tengan otro camino para establecer la identidad de nietos posiblemente apropiados. Marcela y Felipe Noble Herrera siempre se negaron a entregar muestras genéticas para que se comparen con todas las familias que buscan nietos.

La fiscal Rita Molina pidió que se tomaran como válidas las muestras de sangre y saliva que Felipe y Marcela entregaron, en diciembre de 2009, con la condición de que se compararan únicamente con dos familias querellantes. Molina sostuvo que ella estuvo presente en aquella extracción y, por lo tanto, considera que las muestras son aptas para determinar sus identidades. A partir de la opinión de los peritos, la jueza rechazó la óptica de la fiscal, sosteniendo que no hay garantías respecto de esas muestras, en esencia porque no está claro cómo se preservaron y trasladaron. La fiscal podría insistir con su postura.

El mismo problema surgió con los perfiles genéticos surgidos de la ropa incautada en dos procedimientos distintos, en diciembre de 2009 y mayo de 2010. Había muchas dudas sobre esas prendas, porque el primer allanamiento lo hizo el anterior magistrado y dio toda la impresión de que Felipe y Marcela entregaron ropa que no era propia. En el allanamiento de este año, ordenado por Arroyo Salgado, hubo un lapso de 20 minutos en que los jóvenes estuvieron a solas y hubo ineficacia policial en el procedimiento. También hay dudas sobre las prendas incautadas. Así y todo, la jueza dice que del análisis de esas prendas se pudo establecer un perfil genético femenino y uno masculino. Pero los peritos otra vez dijeron que no se pueden sacar conclusiones “indubitables” y que hay márgenes de duda.

Arroyo Salgado concluyó que debe aceptarse la propuesta de Abuelas de Plaza de Mayo, que insiste en que los jóvenes deben ser convocados y, primero, se les debe pedir una extracción voluntaria de material genético y, caso contrario, realizar una extracción compulsiva.

Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que realice una extracción compulsiva de sangre, saliva o pelo a Marcela y Felipe Noble Herrera o que busque algún método alternativo, previsto en la ley, para conseguir muestras que en forma indubitable pertenezcan a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. El pedido se cursó a través de un escrito presentado en el juzgado el jueves. Estela de Carlotto señaló que no hay garantías de que los perfiles genéticos obtenidos a partir de ropa de Marcela y Felipe les pertenezcan. “En la prenda íntima de Marcela había ADN masculino y femenino. Eso demuestra que, como dijeron los genetistas, no estamos ante muestras que indubitablemente provengan de ellos”, sostuvo la titular de Abuelas.

Todo indicaba la semana pasada que la jueza Arroyo Salgado se disponía a ordenar un cotejo entre los ADN surgidos de la ropa incautada en casa de Felipe y Marcela en dos allanamientos con los ADN de todas las familias que buscan a sus nietos. Sin embargo, Abuelas hizo la presentación y ahora Arroyo Salgado tiene que tomar una decisión.

“La respuesta que dieron los peritos y el Banco de Datos Genéticos es que la palabra ‘indubitable’ no se puede usar para calificar las muestras de estos posibles hijos de desaparecidos. Al contrario, hay serias dudas. Entonces Abuelas es coherente con los innumerables pedidos que hemos hecho en el transcurso de este último tiempo de la causa e insistimos en desestimar esas muestras, posiblemente contaminadas, vencidas, adulteradas que surgieron de la ropa. Tampoco aceptamos las muestras de sangre y saliva que se tomaron en un lugar inadecuado”, explicó Carlotto.

“Ellos son adultos –sostuvo, refiriéndose a Marcela y Felipe–, saben que hay deberes y derechos. Deber es presentarse cuando un juez convoca, ahí sólo hay que cumplir la ley y la compulsividad no existiría porque será cuestión de que se quiten una ropa o que se peinen y den el peine, no va a haber violencia”, explicó la titular de Abuelas, sugiriendo la forma en que debe obtenerse el ADN. Por último, dijo que mantienen el optimismo y que desde la asociación creen que la jueza Arroyo Salgado “va a proceder en consecuencia”. “Tenemos todo el apoyo del país para este caso donde sabemos que la señora Noble hizo las adopciones marcadas en la irregularidad.”

Tras el informe producido ayer por los genetistas del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y los peritos de la familia Noble Herrera y Abuelas de Plaza de Mayo, la jueza Sandra Arroyo Salgado está en condiciones de dar pasos para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no hijos de desaparecidos. Los genetistas establecieron que de la pantufla incautada a Felipe en diciembre de 2009 sale un ADN masculino que es el mismo que el que surge de la ropa incautada a él mismo en junio de este año. Y lo mismo sucede con la ropa interior de Marcela: de la incautada en diciembre de 2009 surge un perfil que se verifica en ropa, medias y marca en las axilas derecha e izquierda de la prenda que tenía puesta en junio. Los genetistas sostienen que los perfiles no pueden ser atribuidos indubitablemente a Felipe y Marcela porque consideran que ello sólo es posible cuando el ADN surge de sangre o saliva, no de ropa. Pero lo concreto es que la jueza podría decidir que los perfiles que se encontraron pueden ser razonablemente atribuidos a Felipe y Marcela en función de las pruebas existentes.

También está la sangre y la saliva que Felipe y Marcela entregaron en diciembre sólo para que se compare con las dos familias querellantes, no con todos los que buscan a sus nietos. En este caso, los genetistas dijeron lo mismo: que no pueden afirmar que la sangre y la saliva son de Felipe y Marcela porque el procedimiento de extracción se hizo en el Cuerpo Médico Forense y no en el BNDG, y además los genetistas de la familia Noble Herrera y los de Abuelas de Plaza de Mayo no estuvieron presentes. Sin embargo, también en este caso es razonable pensar que se trata de muestras que pertenecen a los jóvenes.

La jueza y la fiscal Rita Molina tienen todos los caminos abiertos:

- Pueden considerar que los perfiles de la ropa son, con un grado cierto de razonabilidad, de Felipe y Marcela, y ordenar que se comparen con todas las familias que buscan a sus nietos. Así, no se utilizaría la sangre y la saliva que los hijos de la dueña de Clarín aceptaron entregar para un entrecruzamiento limitado.

- La jueza podría optar por cruzar los perfiles de la ropa con los que provienen de la sangre y la saliva. De esa manera, estaría todavía más segura de que los perfiles corresponden a Marcela y Felipe. En un paso posterior ordenaría la comparación con las familias de desaparecidos.

La fiscal y la jueza se tomarán varios días para estudiar la situación.

Los peritos genetistas que trabajaron las muestras de sangre, saliva y las que surgieron de distintas prendas de Marcela y Felipe Noble Herrera se reunirán mañana en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para elaborar un informe de lo actuado. De acuerdo con lo que trascendió, los especialistas dirán que las muestras son aptas para establecer el ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Con ese informe en la mano, la jueza Sandra Arroyo Salgado definirá los pasos a seguir. Es posible que ordene un par de análisis adicionales y recién después el entrecruzamiento con todas las familias que buscan a sus nietos.

En forma paralela, los abogados de Felipe, Marcela y Ernestina hicieron un planteo ante la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. El objetivo, según denunció ayer Abuelas de Plaza de Mayo, es conseguir la nulidad de todo lo actuado. “La causa retrocedería un año si la Cámara acepta el planteo”, sostuvo Abuelas. La jueza Arroyo Salgado citó para el miércoles próximo a Reinaldo Bandini, ex secretario de redacción de Clarín. Hace varios años que Bandini aparece mencionado en la causa y la citación original fue hecha por el anterior juez, Conrado Bergessio, pero hasta ahora nunca se lo pudo ubicar.

Los genetistas redactarán mañana el informe sobre las dos cuestiones que les pidió Arroyo Salgado:

- En primer lugar, si las muestras de sangre y saliva de Felipe y Marcela son aptas para establecer los respectivos ADN. Es que las extracciones se hicieron en el Cuerpo Médico Forense, no en el BNDG, y en tiempos en que Arroyo Salgado no era la jueza de la causa. Por ello, había dudas sobre la forma en que se preservaron las muestras. Felipe y Marcela aceptaron extraerse sangre y saliva pero sólo para que se hiciera la comparación con las dos familias querellantes. A raíz de las dificultades para esclarecer la identidad de ambos jóvenes y ante el hecho de que la ley faculta a la jueza a hacer una extracción compulsiva, es probable que la jueza ordene la comparación con todas las demás familias que buscan a sus nietos.

- En segundo lugar, Arroyo Salgado instruyó a los genetistas para que determinen si a partir de la ropa incautada en dos procedimientos hechos en la casa de los Noble Herrera se puede establecer también los ADN. Todo el proceso fue difícil porque en algunas prendas interiores se encontraron perfiles genéticos masculinos y femeninos, algo más que extraño.

De acuerdo con los trascendidos, los peritos habrían determinado que tanto las muestras como las que se originaron en la ropa son aptos para establecer el ADN de los hijos adoptivos de la señora Herrera de Noble. La jueza tendrá que tomar entonces la decisión de hacer entrecruzamiento para lo cual es seguro que va a redactar una nueva resolución. Es probable que se tome unas dos semanas para elaborar los fundamentos.

Al mismo tiempo, los abogados de la directora de Clarín y sus hijos pusieron en marcha una movida para paralizar los avances del expediente. Este año, Arroyo Salgado, basándose en una decisión de la Cámara, decidió apartar de la causa a dos de los abogados: Jorge Anzorreguy y Horacio Silva. El argumento fue que ambos representaban intereses contrapuestos ya que defendían a Herrera de Noble, imputada, y a Felipe y Marcela, víctimas. De todas maneras, ninguna de las partes quedó sin representación ya que contaban con otros letrados. Ahora, Anzorreguy y Silva piden la nulidad de todo lo actuado. En el comunicado, Abuelas denunció que se trata de una nueva maniobra dilatoria y sugiere que no es capacidad que se haga ese planteo justo cuando se está por avanzar en el terreno de los ADN. “Abuelas de Plaza de Mayo espera que la Cámara de Apelaciones de San Martín continúe dicho camino y rechace de modo contundente este nuevo intento de impedir alcanzar la verdad y la justicia”, concluyeron.

Por último, este diario pudo saber ayer que fue citado para el miércoles que viene el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Bandini. El periodista figura en la causa desde hace años y la jueza Arroyo Salgado le preguntaría sobre la forma en la que llegaron los entonces bebés Marcela y Felipe a la dueña de Clarín.

La jueza Sandra Arroyo Salgado convocó para el 19 de noviembre a las partes relacionadas con el caso de la identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera. Ese día, la jueza informará los resultados de los estudios realizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y que terminarían justamente hoy, aunque se necesitan unos diez días para redactar los informes. De acuerdo con los trascendidos, de la ropa incautada en los procedimientos hechos en casa de los hijos de Ernestina Herrera de Noble surgió un perfil genético, tanto de Marcela como de Felipe. Y lo mismo habría ocurrido con la sangre y la saliva que ambos aceptaron dar en diciembre, aunque sólo para que se hiciera un cotejo con las dos familias querellantes. Es decir, que la conclusión del BNDG y los genetistas de las partes es que hay material apto para establecer el ADN de Felipe y Marcela y que se lo compare con los de todas las familias que buscan a sus nietos. Si se confirma este trascendido, la jueza Arroyo Salgado tendrá que decidir si pone en marcha el tramo final de los estudios para saber si Felipe y Marcela son o no hijos de de-saparecidos.

El BNDG concluirá hoy los estudios realizados sobre ropa incautada en dos allanamientos a la vivienda de la dueña de Clarín: uno, en diciembre de 2009; el otro, en mayo de 2010. En ambos hubo circunstancias extrañas. En el último, Felipe no tenía puesta ropa interior y en la de Marcela aparecieron dos perfiles genéticos, uno masculino y uno femenino. En el allanamiento de diciembre, la que no llevaba ropa interior fue Marcela. Lo que hizo la jueza Arroyo Salgado es ordenar que se haga una comparación de los ADN surgidos de la ropa de los dos allanamientos. Y aparentemente ese estudio permitió establecer un ADN de Marcela y uno de Felipe.

El siguiente paso dado por los científicos –respondiendo a las instrucciones de la jueza– fue establecer si la sangre y la saliva que aceptaron proveer en diciembre Felipe y Marcela fueron bien conservadas y, por lo tanto, si también permiten determinar sus respectivos perfiles genéticos. Los sobres conteniendo las muestras fueron abiertos verificando las firmas de todos los que participaron del momento de la extracción. En aquella oportunidad se les sacó sangre a Felipe y saliva a Marcela, dado que la joven tenía venas muy finas. Por lo que se sabe, también estas muestras fueron evaluadas como aptas por el BNDG y permiten establecer los ADN.

Más allá de los estudios, todavía subsisten algunas dudas sobre si las muestras analizadas corresponden a Felipe y Marcela. Por ejemplo, si la ropa incautada realmente les pertenece. Y porque la extracción de sangre y saliva no se hizo en el BNDG sino en el Cuerpo Médico Forense, con la supervisión del anterior juez. Tal vez Arroyo Salgado decida por eso hacer un entrecruzamiento de lo que sale de la ropa con lo que surgió de la sangre y la saliva. Pero el paso decisivo consistirá en ordenar que se establezca el ADN de los dos jóvenes y que se compare con los perfiles genéticos de todas las familias que buscan a sus nietos. Todo indica que la jueza adoptará esa decisión.

La Cámara Federal de San Martín rechazó ayer la recusación planteada contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera. El argumento usado por los hombres de Clarín era que la magistrada, cuando analizó por qué no se pudo obtener ADN de la ropa incautada en el procedimiento del 28 de junio pasado, sostuvo que en esas prendas se encontraron perfiles genéticos de dos y hasta tres personas, algo que resultaba más que extraño. Incluso en la ropa interior de Marcela se detectó un ADN masculino y uno femenino. En función de ese análisis, los abogados de Felipe y Marcela argumentaron que se los estaba imputando directamente de una maniobra y que por lo tanto la jueza no era imparcial. Dos de los tres jueces de la Cámara sostuvieron ayer que la presentación de los abogados de Clarín se hizo fuera de término, pero no se quedaron en eso: manifestaron que la decisión de avanzar con las tareas científicas no muestra animosidad, sino que son medidas para cumplir con el objetivo, que es encontrar la verdad. Los estudios científicos se retoman hoy, a las 9, después de que sufrieran también un parate debido a un planteo de los peritos de parte de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.

Los doctores Daniel Rudi y Hugo Burruchaga sostuvieron en su resolución que el cuestionamiento a la jueza Arroyo Salgado debió hacerse dentro del plazo de 48 horas que prevé el Código Procesal. Por lo tanto, declararon el recurso inadmisible. Aunque podrían no haber agregado nada más, ambos camaristas avanzaron e hicieron explícito su apoyo a las decisiones de la jueza. En concreto, Rudi y Burruchaga sostuvieron que independientemente de que el recurso es extemporáneo, las medidas de Arroyo Salgado de ordenar estudios para saber si son aptas las muestras de sangre, saliva y ropa de Felipe y Marcela conforman un paso en la búsqueda de la verdad y “no constituyen una inequívoca y manifiesta animosidad”. Es más, los dos camaristas volvieron a mencionar el increíble atraso de este expediente, teniendo en cuenta que ya lleva nueve años sin que se pueda avanzar, fundamentalmente por los planteos de Marcela y Felipe Noble y Ernestina Herrera de Noble. Rudi y Burruchaga señalaron que ya son tres jueces los que han tratado de avanzar en la búsqueda de la verdad. En forma paralela, el tercer camarista, Alberto Criscuolo, sí se mantuvo en el terreno formal: desestimó la recusación por considerar que Marcela y Felipe no son querellantes en la causa, sino presuntas víctimas. El planteo contra Arroyo Salgado fue hecho por los abogados de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín: Alejandro Carrió, que representa a Felipe, y Roxana Piña, a Marcela.

Hoy, a las 9, se volverán a poner en marcha los estudios genéticos para determinar si la sangre y la saliva extraída a los jóvenes en diciembre de 2009 fue bien preservada y si sirve para establecer el ADN de Felipe y Marcela. Lo mismo se ordenó respecto de la ropa incautada en diciembre y en junio, es decir que los científicos deben establecer si sirven o no para conocer la identidad de los jóvenes. Los peritos de Clarín sostuvieron que no es necesario hacer el ADN para saber si las muestras son aptas, pero Arroyo Salgado se basó en un testimonio prestado en el expediente por la titular del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Belén Rodríguez Cardozo. La especialista explicó que para saber si las muestras son aptas hay que hacer, sí o sí, el ADN, porque ya ha ocurrido que terminan apareciendo dos o más perfiles genéticos en las prendas. Por ejemplo, en forma asombrosa, de la ropa interior de Marcela surgieron dos ADN, uno masculino y uno femenino. Por eso, todos los indicios apuntan a que la joven se había cambiado la ropa y no usaba la propia. Más aún, en ese mismo allanamiento, Felipe adujo que no llevaba puesta ropa interior.

Sobre la base de la opinión de Rodríguez Cardozo, la jueza ordenó que se hicieran los perfiles genéticos de todas las muestras, aunque por ahora prohibió que se establezcan comparaciones con los ADN de las familias que buscan a los nietos robados durante la dictadura. Ese sería un paso posterior.

Los estudios genéticos ordenados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se retomarán mañana a la mañana en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). A última hora del viernes, los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera pidieron una reunión de peritos genetistas para frenar los estudios, mientras que los letrados de la dueña de Clarín y de Marcela y Felipe continúan su ofensiva para sacar a la magistrada de la cancha. El martes se hará una audiencia ante la Cámara Federal de San Martín en la que se tratará la recusación de Arroyo Salgado que, justamente, es la jueza que le dio intensidad a la búsqueda de la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.

En verdad, Arroyo Salgado sólo ordenó que se hicieran los estudios que permitan saber si las muestras actualmente existentes son aptas para decodificar un perfil genético. Se trata de elementos recogidos en tres oportunidades:

- En diciembre de 2009, Marcela y Felipe aceptaron entregar sangre y saliva para que se determinara su ADN pero sólo para que la comparación se hiciera con las dos familias querellantes: García-Gualdero y Miranda-Lanuscou.

- También en diciembre de 2009 hubo una incautación de ropa de Marcela y Felipe, aunque curiosamente no se pudo determinar el ADN y aparecieron perfiles genéticos de más de una persona en cada prenda. Otra curiosidad es que Marcela adujo que no llevaba puesta ropa interior.

- Por último, en mayo de 2010, Arroyo Salgado ordenó un allanamiento y la incautación de las ropas que llevaban puestas Marcela y Felipe, quienes regresaban de una audiencia en el juzgado. Sin embargo, los policías a cargo del operativo permitieron que los hijos de Ernestina Herrera de Noble entraran a su departamento y tuvieran diez minutos en los que, según todo indica, se cambiaron la ropa. Esta vez fue Felipe el que no llevaba ropa interior.

Arroyo Salgado fue ahora muy cautelosa, pretende avanzar paso a paso. Por lo tanto pidió a los genetistas que determinaran si las muestras de sangre y saliva permiten determinar el ADN, al mismo tiempo que prohibió que con los resultados se establezca ninguna comparación con los ADN surgidos de las muestras de las familias que buscan a sus nietos. Cuando se abrieron los sobres con las muestras de sangre y saliva, hace dos semanas, se vieron algunos rastros de humedad, lo que tal vez indique que fueron mal conservadas. Al mismo tiempo, la magistrada ordenó que se comparen los resultados genéticos surgidos de la ropa incautada en diciembre con la ropa interior de Marcela –la única de la que se pudo obtener un resultado– incautada en mayo.

Los abogados de los jóvenes se oponen a todas estas medidas. Dicen, por ejemplo, que no es necesario establecer el ADN para saber si las muestras son aptas. Sin embargo, en una declaración hecha bajo juramento por la titular del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo, ésta afirmó que sólo haciendo el ADN se sabrá si hay un perfil genético o dos o más en esas muestras, por lo que hacer el ADN es imperioso. También considera que sólo haciendo el ADN se sabrá si las muestras fueron afectadas por la humedad. Los abogados del grupo Clarín, de todas maneras, se oponen a que se hagan los estudios.

También los letrados de la dueña del matutino insisten en otro concepto: que los estudios genéticos fallaron, que eso no es responsabilidad de las víctimas y que todo se está haciendo por encima de su voluntad. Arroyo Salgado rechazó por inadmisibles esos recursos. Como se sabe, existe una orden de la Cámara Federal de San Martín que indica que se debe averiguar la identidad de Marcela y Felipe y, al menos en los estudios ordenados ahora, la jueza no considera que haya motivos para la oposición de los letrados de Marcela, Felipe y Herrera de Noble.

Parte de la estrategia de los hombres de Clarín es apartar a Arroyo Salgado de la causa. El martes hay una audiencia en la que se va a tratar una recusación presentada por los letrados. Es uno más de los obstáculos que surgieron en el expediente. La identidad de Marcela y Felipe podría haberse aclarado hace años si éstos hubieran aceptado hacerse la prueba genética, pero todo el esfuerzo está puesto en evitarla.

El proceso de estudio de las muestras de sangre y saliva de Marcela y Felipe Noble Herrera comenzó ayer con la apertura de los tres sobres que contenían el material que se va a analizar. El primer paso se dio sin inconvenientes y consistió en verificar la autenticidad de las firmas de peritos, abogados y funcionarios de la Justicia que estamparon su rúbrica en los cierres de los sobres cuando fueron sellados. Lo que se determinó es que todas las firmas y los cierres estaban como corresponde, es decir que las muestras no fueron alteradas después de haberse ensobrado. A primera vista, los genetistas consultados por este diario sostuvieron que el material parece estar en buen estado, aunque habrá que ver si pudo haber algún deterioro natural, como por ejemplo la aparición de hongos. Los trabajos para establecer si las muestras son aptas para determinar el ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble iban a empezar este jueves, pero el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pidió una postergación hasta el lunes 18. Es que la titular del Banco, Belén Rodríguez Cardozo, viaja a Texas y, además, se requiere una serie de reactivos que no están disponibles.

Según una versión que circulaba en Tribunales, los abogados de los hijos de la dueña de Clarín habrían presentado una recusación contra la jueza que le ha dado mayor ritmo al expediente: Sandra Arroyo Salgado. El dato no pudo ser confirmado anoche, pero obviamente sería un nuevo intento por demorar los avances de la causa.

El largo proceso para establecer si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos lleva ya ocho años. En 2002 el estudio fue ordenado por el juez y en abril de 2004 ya existía una disposición de la Cámara de Apelaciones para que se hiciera de inmediato. Sin embargo, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, a través de sus abogados y de los letrados de la dueña de Clarín, pusieron obstáculo tras obstáculo, negándose a que se hiciera la comparación de ADN, salvo con dos familias, las querellantes, García-Gualdero y Miranda-Lanuscou. Todo indica que los hermanos Noble Herrera ya saben que no hay compatibilidad con esas dos familias y por eso aceptan que se hagan confrontando con ellas, pero no con todas las que están buscando a sus nietos.

La jueza Arroyo Salgado ordenó que se estudiaran las muestras que Marcela y Felipe entregaron en diciembre para que se hiciera la comparación sólo con las familias García-Gualdero y Miranda-Lanuscou. Se trata de sangre de Felipe y saliva de Marcela, a la que hubo dificultades para extraerle sangre por tener venas muy finas. La magistrada quiere saber si ese material está en condiciones, es decir si fue bien preservado. Es que tanto la extracción –por parte del Cuerpo Médico Forense– como los traslados no se hicieron como corresponde ni hay pruebas categóricas de que se haya cuidado la cadena de seguridad. En la misma resolución, Arroyo Salgado ordenó que se estudiara la ropa y otros implementos que se incautaron en diciembre y si de allí surgen elementos para determinar un perfil genético se compare con la ropa interior de Marcela, incautada en mayo de este año, y en la que aparecen dos perfiles genéticos. En suma, lo que Arroyo Salgado requiere es que los científicos le digan si todo el material existente sirve o no para establecer el ADN de Felipe y Marcela. Después, seguramente, ordenará la comparación con las familias que buscan nietos, pero eso no está determinado por ahora.

Lo que ayer quedó en claro es que los sobres que contenían las muestras no fueron violentados, es decir que, de entrada, las firmas corresponden a todos los que firmaron en su momento. Por las dudas, los sobres se abrieron por la parte en la que no están las firmas, de manera que las rúbricas estén disponibles en caso de que haya que hacer una pericia caligráfica. Parte de los genetistas presentes señalaron que el material se veía en buenas condiciones y que es muy probable que se pueda trabajar con él. A simple vista es imposible determinar si hubo algún deterioro y menos todavía si existió algún tipo de maniobra por la cual la sangre y la saliva no correspondan en realidad a Felipe y Marcela. Debe recordarse que otros nietos de desaparecidos testificaron cómo se preparaban los artilugios para entregar a las autoridades judiciales muestras que no eran propias. Por ello, una mirada más precisa se podrá tener cuando empiecen los trabajos, el 18 de octubre.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ratificó que este lunes comenzarán los estudios genéticos para determinar si la sangre y la saliva aportadas por Felipe y Marcela Noble Herrera en diciembre pasado son aptos para establecer sus respectivos ADN. Uno de los abogados de Ernestina Herrera de Noble presentó un pedido de suspensión de los estudios argumentando que está de viaje hasta el 18 de octubre la doctora Primarosa Chieri, genetista que actúa como perito de parte de la dueña de Clarín. La jueza rechazó el pedido de postergación por cuanto Ernestina tiene designados otros peritos de parte y tampoco se frenaron los estudios en casos anteriores de viajes de otros especialistas. De esa manera, el lunes a la mañana, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) se empezarán a estudiar las muestras.

En diciembre de 2009, Felipe y Marcela aceptaron la extracción de muestras de sangre, aunque sólo para que se comparen con las familias querellantes en la causa, García-Gualdero y Miranda-Lanuscou. Como las venas de Marcela resultaron muy finas, hubo dificultades con la extracción de sangre y aportó también muestras de saliva. Todo el proceso se concretó en el Cuerpo Médico Forense y se realizó por orden del entonces juez de la causa, Conrado Bergessio. La inmensa duda es si esas muestras fueron bien extraídas y bien preservadas. Una parte, por ejemplo, se guardó en la caja fuerte del juzgado de Bergessio y no hay constancias de la forma en que se hicieron los traslados ni si se mantuvo la custodia como correspondía. Para colmo, en esta causa ya hay demasiados indicios de maniobras para evitar que se conozca la verdadera identidad de Felipe y Marcela.

Este año, la Cámara Federal de San Martín desplazó a Bergessio por las asombrosas demoras en la concreción de los estudios de ADN. La primera orden de que se realicen los estudios genéticos tiene fecha del 17 de diciembre de 2002 y la Cámara ordenó hacerlas el 30 de abril de 2004. Esa es la razón principal del desplazamiento de Bergessio. Arroyo Salgado les imprimió otro ritmo a las actuaciones, pero falló el intento de determinar el ADN de Felipe y Marcela a través de la ropa que se les incautó en los allanamientos del 28 de mayo último. El camino que ahora tomó la magistrada es el de analizar las muestras entregadas voluntariamente en diciembre. El primer paso es determinar si son aptas o no.

Uno de los abogados de la dueña de Clarín, Eduardo Padilla Fox, pidió la suspensión del inicio de los estudios. El argumento fue que Primarosa Chieri está de viaje. Arroyo Salgado rechazó la postergación y explicó que hubo estudios que, por ejemplo, se realizaron sin la presencia del genetista de Abuelas de Plaza de Mayo, también porque estaba de viaje.

Para el lunes están convocados los especialistas del BNDG, los peritos de parte y los abogados para presenciar el inicio de los trabajos. Sólo se establecerá si la sangre y la saliva permiten determinar el ADN de Felipe y Marcela, pero la magistrada prohibió, por ahora, que se haga ninguna comparación. Ni con la ropa que se incautó en los allanamientos realizados en diciembre y mayo y mucho menos con los ADN de las familias que están buscando sus nietos.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que utilice la sangre que entregaron Marcela y Felipe Noble Herrera en diciembre del año pasado y compare el ADN de esa muestra con los de la ropa requisada en los dos allanamientos que se hicieron en diciembre y en mayo. Si a partir de ese trabajo se puede establecer el perfil genético de Marcela y Felipe, las Abuelas reclamaron que se compare con los de las familias que están buscando sus nietos desaparecidos o nacidos en cautiverio durante la última dictadura. Caso contrario, el organismo pidió a la jueza que cite a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín y les extraiga en forma compulsiva una pequeña cantidad de sangre o de pelo, ya que, señaló, “no hay otro camino para establecer la verdad”.

El debate sobre los pasos a seguir en el caso Noble Herrera se hizo intenso a partir de una presentación de la fiscal Rita Molina. La funcionaria le pidió a la jueza que se expida de manera inmediata y que utilice la sangre que Felipe y Marcela se extrajeron en diciembre, aunque sólo para que se compare con las familias querellantes, encabezadas por Estela Gualdero, Carlos Miranda y David Lanuscou. Arroyo Salgado rechazó el pronto despacho y les dio vista a los querellantes para que propongan medidas.

El escrito de Abuelas, firmadas por su abogado, Alan Iud, plantea varios aspectos novedosos. En primer lugar, hace una evaluación de por qué falló la determinación del ADN de Marcela y Felipe a partir de la ropa que se requisó el 28 de mayo pasado. Abuelas sostiene que esa medida no prosperó por mala actuación de los policías que tenían la orden de interceptar el vehículo de los hijos de Herrera de Noble, luego entrar a la vivienda junto con ellos y hacer la requisa de la ropa. De esa forma se aseguraba que las prendas habían sido usadas durante las horas previas. Iud revela que, según el informe del subcomisario Carlos Garaventa, la intercepción no se pudo hacer “por la habilidad del conductor (de los Noble Herrera) y la geografía del lugar que impidieron detener la marcha del vehículo”. O sea que Marcela y Felipe esquivaron la intercepción, llegaron a su casa y –de acuerdo con lo que evalúa Abuelas en base al testimonio de la titular del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)– se cambiaron la ropa. Ese fue el motivo por el que aparecieron distintos perfiles genéticos en la ropa y hasta se percibió que la vestimenta no había sido usada.

Con ese análisis, Abuelas establece que, pese a los esfuerzos, no se pudo establecer el ADN por vías alternativas a la extracción de sangre o saliva en forma compulsiva. El escrito de Iud, además, hace una evaluación de los votos de los integrantes de la Corte Suprema, aun antes de que exista la ley que habilita la extracción compulsiva en caso en que no se pueda determinar el ADN de otra forma. En esa evaluación de los votos, Abuelas sostiene que es opinión de cuatro de los ministros que debe hacerse la extracción si no se puede establecer la verdad por otro camino.

En diciembre, Marcela y Felipe aceptaron extraerse sangre en el Cuerpo Médico Forense, aunque únicamente para ser comparada con las tres familias querellantes y no con todas las familias que están buscando a sus nietos. Abuelas afirma que una jueza tiene la facultad de “redireccionar” la forma en la que se hacen los estudios para lograr el éxito. En su escrito, Iud apela al viejo principio de que “si se puede lo más, se puede lo menos”, o sea que si se puede hacer la extracción compulsiva, con más razón se puede utilizar la sangre ya extraída, aunque haya sido obtenida con un condicionamiento.

Los pasos que propone Abuelas son los siguientes:

- Utilizar la sangre entregada por Marcela y Felipe en diciembre.

- Ver si el estado de conservación de esas muestran permiten establecer los perfiles genéticos de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín.

- Si ello es posible, compararlos con el ADN que surge de la ropa incautada.

- Si de los pasos anteriores surge un ADN de Felipe y Marcela, compararlo con las muestras que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

- Si los pasos anteriores resultan infructuosos, proceder a la extracción compulsiva de una mínima cantidad de sangre o de pelo o saliva.

En San Isidro, al menos por ahora, la jueza Arroyo Salgado sigue estudiando el caso. No está claro cuándo tomará una decisión.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó ayer un planteo de pronto despacho presentado por la fiscal Rita Molina, quien reclamó que la magistrada resuelva que se usen muestras de sangre entregadas en diciembre pasado por Felipe y Marcela Noble Herrera. Aquellas muestras de sangre fueron aportadas por los hijos de la dueña de Clarín para que se cotejaran únicamente con dos familias que buscan sus nietos. La fiscal insiste en que ahora se usen para comparar el ADN con todas las familias que buscan niños desaparecidos o nacidos en cautiverio. La jueza dice que el expediente no está demorado, sino que se está analizando en forma cuidadosa los pasos a seguir.

Los abogados de Felipe y Marcela presentaron un escrito en el que reiteran su negativa a que se use su sangre. Es más, hasta entregaron un estudio, firmado por el semiólogo Eliseo Verón, en el que se concluye que hay un acoso mediático del oficialismo que –supuestamente– no garantiza que la Justicia actúe con ecuanimidad. Además, sostiene que la situación afectó particularmente a Felipe y le produjo consecuencias psicológicas.

La fiscal presentó el pronto despacho el último día hábil antes de la feria judicial. En su escrito, sostiene que “existe una estrategia común entre las presuntas víctimas del delito investigado y la principal imputada”. Sobre la base de ese argumento –el presunto acuerdo entre Marcela, Felipe y Ernestina para impedir el estudio de ADN–, la fiscal le pidió a la jueza que ordene la utilización de la sangre que los hijos adoptivos de la dueña de Clarín aceptaron entregar al anterior juez, Conrado Bergessio.

Arroyo Salgado sostuvo ayer que ella no puede resolver sin estudiar previamente qué ocurrió con las muestras obtenidas a partir de la ropa de Marcela y Felipe secuestrada en los allanamientos que la magistrada ordenó el 28 de mayo pasado. Como se sabe, en esas prendas apareció ADN de varias personas. La jueza estuvo tomando declaración a todos los genetistas, peritos y hasta al personal policial que intervino en los procedimientos. Una vez analizado lo que ocurrió, tomará una decisión porque, entre otras alternativas, está la posibilidad de que vuelva a ordenar un allanamiento y la búsqueda de muestras que permitan determinar el ADN de Felipe y Marcela.

Enterados del planteo de la fiscal, los abogados de los hijos adoptivos de Herrera de Noble, Alejandro Carrió y Roxana Piña, presentaron un escrito rechazando el uso de la sangre que los jóvenes entregaron en diciembre. Junto con el escrito, los letrados agregaron un estudio sobre lo que transmiten los medios y los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo la Presidenta, respecto del caso. La conclusión es que existe un acoso y que por lo tanto la Justicia está presionada. Esa es la razón por la que no acceden a entregar la sangre. El argumento se contradice en un todo con lo declarado por sus dos genetistas, Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán, quienes se deshicieron en elogios sobre la actuación seria y profesional del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La jueza Arroyo Salgado les dio vista ayer a las partes querellantes, Estela Gualdero, Carlos Miranda y David Lanuscou, representados por Alcira Ríos y Pablo Llanto y Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos abogados son Alan Iud y Mariano Gaitán. Luego, la magistrada debe resolver si utiliza las muestras de diciembre, ordena nuevos allanamientos o se decide por una extracción de sangre o cabello.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó ayer la impugnación contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) presentada por Gabriel Cavallo, el abogado de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. El planteo está relacionado con los estudios de ADN respecto de los hijos adoptivos de la mujer, Marcela y Felipe Noble Herrera. La jueza sostuvo que, al menos por ahora, la actuación del BNDG no generó ningún perjuicio a Ernestina ya que no existen todavía resultados de estudios que afecten a la empresaria. En caso de existir esos resultados, siempre quedan muestras como para reproducir los análisis, de manera que en ese momento Herrera de Noble estará legitimada para hacer las impugnaciones que correspondan.

Arroyo Salgado resaltó también que la actuación del BNDG fue elogiada por todas las partes, incluyendo los peritos designados por la familia Noble Herrera.

La fiscal Rita Molina presentó el martes un pedido de pronto despacho para que la jueza se expida sobre la utilización de muestras de sangre entregadas por Marcela y Felipe en diciembre pasado. Es probable que la jueza lo rechace.

La impugnación del BNDG por parte de Herrera de Noble se basa en otras causas judiciales, ya que el estudio en el que revista Cavallo representa a la ex titular del Banco, Ana María Di Leonardo, en un expediente en el que se reclama la restitución de Di Leonardo en el cargo y se denuncian rupturas en la cadena de control del organismo.

En primera instancia la impugnación fue rechazada por la fiscal Molina y ayer lo hizo la jueza. Arroyo Salgado insistió en que la causa judicial que ella maneja tiene como objeto procesal determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no hijos de desaparecidos. La magistrada considera entonces que hasta el momento ningún estudio hecho por el BNDG afectó a la dueña de Clarín, por lo cual no está legitimada para hacer una impugnación. En todo caso –sostiene Arroyo Salgado– podrá realizar la objeción cuando exista un resultado que la involucre.

Al mismo tiempo, la jueza afirmó que su objetivo es esclarecer la identidad de Felipe y Marcela, por lo cual no corresponde que estudie otros expedientes en los que actuó el Banco ni en los expedientes que tienen que ver con los cuestionamientos a actuales o anteriores gestiones. Más allá de estas posturas formales, Arroyo Salgado señaló la coincidencia entre todos los genetistas que actúan en la causa Noble Herrera en cuanto al profesionalismo y seriedad del BNDG. Los dos genetistas que actuaron en nombre de Felipe y Marcela, los doctores Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán, fueron contundentes en cuanto a que todo el proceso de estudio de ADN se hizo en forma prolija, transparente e impecable desde el punto de vista científico.

Aun teniendo en cuenta esas opiniones, Arroyo Salgado viene trabajando en determinar las razones por las cuales no se pudo determinar el patrón genético de Marcela y Felipe a partir de las muestras recogidas tras el allanamiento del 28 de mayo pasado. Los genetistas de la dueña de Clarín sostienen que es muy difícil establecer el ADN a partir de la ropa que tenían puesta Felipe y Marcela, mientras que otros científicos sugieren que esa ropa fue manipulada para que haya ADN de más de una persona. Es probable que la jueza rechace el pronto despacho presentado por la fiscal Rita Molina justamente por eso: necesita terminar de establecer las razones por las cuales no se pudo establecer el ADN con las muestras anteriores.

Molina le planteó a la magistrada que se use la sangre que Marcela y Felipe aceptaron extraerse en diciembre, ante el juez Conrado Bergessio, pero únicamente para que se compare con las dos familias querellantes, Lanoscou-Miranda. El punto es que los hijos adoptivos de la dueña de Clarín entregaron esa sangre en forma condicionada a esa única comparación y, al menos en ese momento, tanto el juez como la fiscal consintieron el condicionamiento. En su planteo, Molina no especificó por qué ahora debe pasarse por encima de esa condición y eso es lo que está estudiando la jueza. Arroyo Salgado debe resolver entre las cuatro opciones que se le plantean:

- El uso de la sangre que Marcela y Felipe entregaron en diciembre.

- Nuevos estudios con las muestras recogidas en el allanamiento de mayo.

- La extracción compulsiva de algunas muestras de pelo o de una mínima muestra de sangre.

- Nuevos allanamientos hasta dar con elementos que permitan determinar el ADN de Marcela y Felipe.

Por supuesto que lo más concluyente sería que los hijos de la dueña de Clarín se sometan a una extracción voluntaria para que las muestras se comparen con todas las familias que buscan nietos. Pero a esa alternativa ambos jóvenes se han negado en forma reiterada.

Los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera presentaron un hábeas corpus preventivo. El objetivo es triple. En primer lugar, que no se les restrinja la libertad en ningún caso. En segundo lugar, que haya uso de coacción para extraerles sangre o muestras de cabello. Por último, que no se utilice la muestra de sangre aportada por ellos cuando se intentó que la comparación de ADN se hiciera únicamente con las dos familias querellantes y no con todas las familias que buscan a sus nietos y cuyo perfil está en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El hábeas corpus preventivo se presentó primero en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Conrado Bergesio, el juez apartado del caso Noble Herrera por haber demorado durante años las pruebas genéticas. Bergesio se inhibió de intervenir y le envió el hábeas corpus preventivo a la jueza que hoy está a cargo del expediente, Sandra Arroyo Salgado. Ella también se inhibió porque entendió que otro juez debía intervenir en el incidente. Finalmente, el pedido de los Noble Herrera recayó en el juzgado federal de Tres de Febrero a cargo del juez subrogante Mariano Larrea. Este le preguntó a Arroyo Salgado si existían medidas restrictivas de la libertad para Felipe y Marcela, a lo que la jueza le respondió en un escrito que ambos serían víctimas del delito, por lo cual no existen medidas en su contra. Respecto de la extracción compulsiva de sangre o pelo, Arroyo Salgado respondió que se trata de medidas privativas de la causa y de su juzgado. Sobre esa base, Larrea rechazó el hábeas corpus por lo que los letrados de los hijos adoptivos de Ernestina apelaron la medida a la Cámara Federal de San Martín. Este cuerpo se expidió la semana pasada también rechazando el pedido de los Noble Herrera. Esta movida judicial indica que los letrados de Felipe y Marcela están preocupados ante la posibilidad de que se ordene una extracción compulsiva de sangre o cabello.

Por otra parte, la Cámara de Casación rechazó la recusación presentada por los abogados de Ernestina Herrera de Noble contra Arroyo Salgado. Según ellos, la jueza ya había opinado sobre el caso cuando intervino en el expediente en el que se trató la conducta del ex juez Roberto Marquevich. Ya la Cámara de San Martín había rechazado en duros términos la recusación y ahora lo hizo la Cámara de Casación.

La perito oficial y los peritos de parte de Marcela y Felipe Noble Herrera y Ernestina Herrera de Noble aseguraron que los procedimientos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fueron impecables y que la contaminación con distintos ADN de la ropa de los hijos de la dueña de Clarín debió producirse antes de la requisa. Para los representantes de los Noble Herrera es posible que esa contaminación se haya realizado dentro de una máquina de lavar o por rozamiento de las personas que plancharon o llevaron las prendas de un lugar a otro. La perito oficial, titular del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo, puso en duda esa hipótesis, aseverando que se habría notado una diferencia en la intensidad de los ADN. Es más, sin decirlo explícitamente, Rodríguez Cardozo sugirió que Felipe y Marcela se cambiaron la ropa poco antes de la requisa porque –de acuerdo con la perito oficial– los rastros de ADN correspondientes a una persona masculina y a una femenina, en las medias, por ejemplo, no se compadecen con que las haya tenido puestas una persona durante cinco horas, haya caminado, haya sudado y las haya tenido pegadas al cuerpo durante todo ese tiempo. Lo mismo sucedió con la ropa interior de Marcela o las camisas o el pantalón de Felipe, con los que aquel día subieron y bajaron del auto y estuvieron sentados, en pleno nerviosismo, sudando, en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado.

La audiencia en el juzgado federal de San Isidro batió records: empezó a las 8.30 de la mañana y terminó pasadas las 21. Todos los participantes consideraron que se trató de una jornada intensa y fructífera.

Los genetistas que declararon fueron tres. La perito oficial, Belén Rodríguez Cardozo, y los peritos de Marcela, Felipe y su madre, Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán. Los tres genetistas estuvieron de acuerdo en que la contaminación de las prendas no se pudo haber producido en el BNDG. Chieri fue elogiosa con el Banco, dijo que “nunca se inició ningún procedimiento sin la presencia de los peritos de parte, se fotografió todo y se sellaron las muestras de material luego de utilizado. No existe posibilidad de que nadie hubiera podido acceder a algunas de las muestras o elementos del peritaje en horarios que no fueran los de trabajo (...) ningún procedimiento se realizó sin mi presencia”.

Quedó entonces claro que la contaminación fue previa al trabajo del BNDG. Y allí se abrieron dos posturas, que diferenciaron a la perito oficial de los peritos de parte.

Estos últimos sostuvieron que la mezcla de ADN se pudo haber producido en la máquina de lavar de los Noble Herrera o por el rozamiento previo de las prendas por parte de las personas que plancharon la ropa o que la movieron de un lugar a otro dentro de la vivienda de los hijos de la dueña de Clarín. El simple rozamiento –dijeron los peritos de los Noble Herrera– pudo producir la contaminación.

La titular del BNDG, Rodríguez Cardozo, consideró que el rozamiento no produce la misma intensidad del perfil genético que quien usa la prenda. Y, además, sostuvo que la ropa no se compadecía con el uso durante horas como ocurrió aquel día. A finales de mayo, Marcela y Felipe fueron convocados al juzgado, tuvieron allí una larga audiencia con la jueza, después se subieron a sus vehículos, finalmente su casa fue allanada y se requisaron las prendas. En principio se creyó que llevaban puesta la misma ropa. Sin embargo, ayer Rodríguez Cardozo sostuvo que las prendas requisadas no se compadecían con el uso, la transpiración, el nerviosismo, el movimiento de aquella jornada. La perito afirmó que la ropa de Felipe parece nueva, de un talle mayor al de su contextura y que hasta tenía los pequeños plásticos de las prendas sin usar. “De todas maneras, puede ser que le guste usar ropa holgada. Es una cuestión que aprecié y me llamó la atención”, dijo Rodríguez Cardozo. Mañana declararán otros profesionales del BNDG.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado convocó para hoy y para el jueves las audiencias en las que expondrán los genetistas que participaron de los estudios de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera. La idea de la magistrada es que hoy empiece declarando la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), María Belén Rodríguez Cardozo, y que también lo hagan los genetistas de parte, incluyendo los profesionales que representan a Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos de la dueña de Clarín y a la propia Ernestina Herrera de Noble. El jueves declararían otros genetistas del BNDG. Primero preguntará el tribunal y luego lo harán el fiscal y los abogados de las partes. Arroyo Salgado tiene que tomar decisiones a corto plazo para avanzar en el objetivo que le marcó la Cámara Federal de San Martín: determinar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos.

Los estudios de ADN de Marcela y Felipe no pudieron concretarse porque en las prendas secuestradas en un allanamiento se encontraron perfiles genéticos de más de una persona. La jueza quiere que los genetistas den explicaciones sobre lo ocurrido. En ese marco, declarará Rodríguez Cardozo, del BNDG, pero también los profesionales designados por Felipe, Marcela y su madre, Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán. También será escuchado el perito genetista de Abuelas, Carlos Vullo.

Cuando se conoció la imposibilidad de determinar el ADN de Felipe y Marcela surgieron dos hipótesis:

n Que hubo errores en los procedimientos del BNDG y la muestra se degradó. La defensa de Marcela, Felipe y Ernestina había manifestado su desconfianza en el BNDG, pero sostenía que el peligro era que se emitiera un “falso positivo”. Eso no ocurrió.

n La segunda hipótesis es que las prendas estuvieran contaminadas previamente. Esta postura fue la que deslizaron las Abuelas. Se basa en la idea de que los hijos de la dueña de Clarín sabían que se les podía pedir ropa cuando concurrieron a hablar con la jueza.

El objetivo de la audiencia de hoy es que la magistrada pueda establecer por qué no se pudo determinar el ADN de Felipe y Marcela. La jueza debe definir una estrategia para conseguir nuevas muestras que le permitan determinar el ADN de Felipe y Marcela.

En diálogo con este diario, Gabriel Cavallo, abogado de Herrera de Noble, señaló: “Estoy ansioso por lo que va a decir Rodríguez Cardozo, que es la única responsable de la pericia. Fue la única que tocó las muestras. Y eso es lo que dice el acta. Nosotros pedimos hacer una muestra paralela y la directora del BNDG se negó. Soy una persona seria y tampoco puedo decir que se falseó el fracaso para tapar una comparación negativa. Al mismo tiempo digo que los que sostienen la descabellada hipótesis de que la ropa de Felipe y Marcela estaba contaminada tienen que presentar pruebas y hacer la denuncia”.

La jueza puede decidir una extracción compulsiva de una pequeña cantidad de sangre o cabello. La ley votada el año pasado se lo permite, pero no está claro qué opinará la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de esa norma. También volver a ordenar una medida de allanamiento o requisa de ropa, tomando medidas que eviten los errores ocurridos. Igualmente hay una muestra de sangre que Marcela y Felipe aceptaron entregar para que se compare sólo con las dos familias querellantes. No está claro si esas muestra fueron bien preservadas ni si la magistrada considera legal usar esa sangre para la comparación con todas las familias que buscan nietos y cuyo ADN está en el BNDG.

Mientras la Cámara Federal está a punto de resolver si confirma, desecha o modifica el procesamiento de Mauricio Macri en la causa del espionaje, el dirigente de los empleados municipales Patricio Datarmini lo acusó ayer ante el juez Norberto Oyarbide de “haber utilizado a funcionarios de la llamada policía de la Ciudad para generar una persecución en el ámbito político” en la que él se consideró incluido. El sindicalista declaró como testigo porque su nombre fue uno de los que aparecieron en una lista de pedidos de informes financieros y patrimoniales a la empresa Nosis hechos desde una consultora donde compartían oficina (y negocios) el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios, y su segundo, Osvaldo Chamorro.

Según interpretan allegados al expediente, el caso de Datarmini podría ilustrar una vinculación del gobierno de Macri con el espionaje por encima del papel de los policías. El dirigente, secretario adjunto de Sutecba, declaró bajo juramento que está convencido de que lo mandaron a investigar porque “presidía la obra social” de los empleados de la Ciudad (Obsba) cuando Macri decidió intervenirla (en 2008) y “por ser representante para las paritarias a nivel gremial”, todo en el contexto de anuncios de “la rescisión del contrato de 17 mil personas con el argumento de que eran ñoquis”. “Es parte de otra campaña del jefe de Gobierno en mi contra”, dijo, y mencionó una denuncia penal por supuestas anomalías en la obra social, en la que fue sobreseído, y publicaciones de algunos medios.

Los pedidos de datos financieros sobre Datarmini son de julio y agosto del año pasado, cuando Palacios ya dirigía la Metropolitana y lo secundaba Chamorro, luego su sucesor. Igual que todas las solicitudes a Nosis, la suya apareció en una computadora de la consultora del Fino dentro de una carpeta rotulada “Osvaldo”, el nombre de pila de Chamorro. Cuando fue indagado recientemente, dijo que ni sabía cómo se usaba el Nosis y que todo eso lo manejaba Palacios. Otro de los espiados a través de este sistema fue el abogado radical Pablo Sebastián Litardo, quien se había presentado ante la Justicia para pedir que no se cerrara una investigación que involucraba a Calcaterra Construcciones, de los Macri, en posibles sobreprecios en obras en el Hospital Santojanni que podían complicar al gobierno porteño. El pedido de información financiera sobre Litardo se inició diez días después de su denuncia, según declaró en el juzgado.

Palmat intervenía en la exportación de maquinaria agrícola argentina a Venezuela desde el año 2000, en época del gobierno de Fernando de la Rúa, y ya entonces cobraba una comisión del 15 por ciento. Además, otras traders cobraban ese mismo porcentaje o más. Estas afirmaciones son el centro de una presentación que hará Palmat este lunes ante el juzgado de Julián Ercolini, que investiga la causa del comercio argentino-venezolano y las declaraciones del ex embajador en Caracas Eduardo Sadous. Los abogados de Palmat pedirán la declaración del titular de Cosechadoras Gherardi, de Casilda, que designó a la trader como su representante para pelearle el negocio de las cosechadoras a los industriales brasileños. Eso ocurrió el 22 de enero de 2001. Y presentarán un mail en el que mencionan el 15 por ciento de comisión que se le cobraba a Gherardi. Ercolini tiene que investigar si la comisión era normal o si encubría una coima.

Palmat es representada en este escrito por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Diego Alvarez Bognar, quienes fueron letrados de José Luis Machinea, Horacio Massaccesi, Miguel Kiguel y Roberto Dromi, entre otros. También hicieron presentaciones judiciales en nombre de Juan Carlos Romero, cuando era gobernador de Salta, y más recientemente a relevantes dirigentes del Peronismo Federal. El título del escrito es “Las mentiras de Sadous”.

Fechas

Aunque ante Ercolini y Pollicita, Sadous no dio ninguna precisión sobre el supuesto cohecho, sí dijo que recibió quejas de empresarios que señalaban que les estaban cobrando coimas a través de la comisión que se le debía pagar a una trader. Tácitamente, hizo referencia a Palmat. Pero luego los empresarios que denunció lo desmintieron. Incluyendo Eduardo Cavagnah, que finalmente no pudo concretar la exportación. También lo desmintió el segundo en la embajada, Alberto Alvarez Tufillo, mientras que el entonces canciller Rafael Bielsa razonó: “Si mandó cables considerando que hubo una irregularidad en el fideicomiso que figuraba en el acuerdo Argentina-Venezuela, ¿por qué nunca mandó un cable reservado con el comentario de las coimas?”.

En el escrito que va a presentar Palmat, los abogados Fragueiro Frías y Alvarez Bognar reiteran que Sadous dejó la embajada el 20 de mayo de 2005 y que el primer convenio de suministro de maquinaria agrícola empezó a funcionar en junio de 2006, un año después. El intercambio de hidrocarburos por maquinaria llegó a los 150 millones de dólares en cuatro años, pero ya en época de Sadous hubo algunas exportaciones, por unos 20 millones. Entre ellas, la mencionada de Cosechadoras Gherardi.

Imposición

Palmat afirma que hay varias pruebas que demostrarían que su contratación no era obligatoria para los empresarios que querían exportar a Venezuela. Según afirman integrantes de la oposición, los funcionarios del Ministerio de Planificación imponían a Palmat, ésta cobraba el 15 por ciento y de esa comisión surgían las coimas para funcionarios del gobierno venezolano y del argentino.

Palmat sostiene que ya representaba empresas de maquinaria agrícola desde el año 2000, antes de la asunción de la administración de Néstor Kirchner. Es más, afirman que su trabajo con Cosechadoras Gherardi fue la que les abrió las puertas, ya que el titular de esa empresa después fue la persona que le propuso a la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) que contratara a Palmat.

El segundo argumento que expondrá la trader ante el juez y el fiscal Gerardo Pollicita es que Palmat no fue la empresa que representó a todos los fabricantes, sino que sólo gestionó el 49 por ciento del total de operaciones. Este sería un dato novedoso que tendrán que verificar el juez y el fiscal. Hasta ahora se suponía que todas las operaciones habían sido realizadas a través de Palmat.

Batalla

La óptica de la trader es que no era nada fácil entrar en el mercado venezolano de la maquinaria, monopolizado por las empresas brasileñas. Presentarán una serie de cartas enviadas a los ministerios –Producción, Comercio, Agricultura y Tierras, Fondo Agropecuario– de Venezuela en los que reclaman acceder a ese mercado y que se le den créditos a los productores que quieren las cosechadoras Ghirardi.

Según los empresarios nucleados en Cafma, ésa fue la razón por la que contrataron a la trader Palmat y no a la brasileña Cotia, porque se trataba justamente de desplazar a los brasileños.

En el escrito de Palmat firmado por Fragueiro Frías y Alvarez Bognar enumeran una serie de cables reservados que firmó Sadous y en los que, según ellos, confirma que era casi imposible entrar al mercado venezolano, desplazando a los brasileños, sin una empresa local que represente a los argentinos.

- “Esta representación interpreta que la asociación con empresas locales la única vía para que el grupo argentino de proveedores petroleros.”

- “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas proveedoras sin existir socios locales.”

- También hay un cable de Alvarez Tufillo quien señala: “Los lobbies de distintos proveedores extranjeros están creando problemas al contrato para lograr su anulación”.

- Alvarez Tufillo relata también la competencia que hubo entre traders, Palmat y la brasileña Cotia, para representar a las empresas de maquinaria.

Fiat

Según los representantes de Palmat, en aquella época también Iveco, la fabricante de camiones de Fiat, exportó a Venezuela. Los hombres de Palmat afirman que Iveco utilizó una trader del propio grupo Fiat, con el nombre de Fiat Argentina, que obviamente tenía su representación en Caracas. Ante Ercolini y Pollicita los hombres de Palmat dirán que la trader Fiat Argentina le cobró a Iveco exactamente la misma comisión, el 15 por ciento. También sostienen que Cotia, la brasileña, cobra aún más.

Una ejecutiva de Iveco ya declaró en la causa y seguramente Ercolini y Pollicita harán una comparación entre las operaciones. También Cotia, la trader brasileña, será llamada a declarar y habrá que ver si alguno de los empresarios aporta alguna propuesta hecha por Cotia, en la que se mencione –como afirman– que la brasileña cobraba más del 15 por ciento de comisión.

La comisión

Uno de los puntos cruciales es que Palmat afirma que ya le cobraba el 15 por ciento de comisión a Gherardi en 2001. El problema es que la prueba de ello es un mail casi interno, entre Palmat y su sucursal en la Argentina, Asotrade. En el texto dicen que se repartirán esa comisión del 15 por ciento por mitades. Sin embargo, Palmat afirma que más allá de la prueba documental, está la propia empresa Gherardi que puede atestiguar cómo fue el trato en ese momento, casi tres años antes de la asunción de Kirchner.

En el texto de Palmat se afirma que la comisión cobrada en 2001 a Cosechadoras Gherardi era, en verdad, un poco más alta. En cuanto a la venta de maquinaria que empezó en 2006, Palmat dice que cobró el 15 por ciento del valor de la maquinaria a la salida de la fábrica en Argentina, lo que en términos netos sería un 10,5 por ciento.

Aun teniendo en cuenta esos porcentajes, Ercolini y Pollicita tendrán que verificar si son lógicos, si equivalen a lo que cobran otras empresas o si se presta a que haya un resto que terminó yendo a parar a bolsillos venezolanos –que no sería competencia de la Justicia argentina– o de funcionarios argentinos.

Mensaje final

Palmat, con sede en Caracas, transcribió el último mensaje de Sadous, cuando dejó la embajada y visitó al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, José Vicente Rangel. “Nunca la relación entre ambos países ha sido tan estrecha como ahora. Las relaciones bilaterales son excelentes. Las exportaciones argentinas a Venezuela se triplicaron el año pasado y las venezolanas se quintuplicaron. Me voy muy satisfecho por lo logrado. El acuerdo de petróleo por alimentos está funcionando eficazmente. Creo que llegamos a un nivel de excelencia en las relaciones.” Para la trader, estas frases demostrarían que el embajador dejó la delegación diplomática sin cuestionar ninguna de las operaciones que se estaban haciendo.

Mondino

En su momento, luego de una denuncia anónima, el ex defensor del Pueblo Guillermo Mondino investigó la cuestión de las comisiones. Llegó a la conclusión de que no existía ninguna prueba de delito y firmó el dictamen señalando que no había motivos para hacer una denuncia. La instructora de ese sumario, Julieta Ghioldi, ya declaró en la causa y sostuvo que “en el sumario que instruimos durante casi un año y medio, entre junio de 2007 y noviembre de 2008 no percibimos ninguna irregularidad. De esa manera, le propusimos, junto con la otra abogada sumariante, Mariana Laura Grosso, al jefe de área y al defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, el cierre del expediente. Ambos estuvieron de acuerdo y firmaron el archivo del sumario sin que se realice ninguna denuncia penal. El doctor Mondino no manifestó en ese momento las dudas que hoy expresa ante la prensa ni realizó ninguna manifestación en cuanto a que le parecían elevadas las comisiones pagadas”. El miércoles, Mondino, ahora reubicado en la oposición, irá a declarar al Congreso. Y, a renglón siguiente, es casi seguro que el juez Ercolini lo citará a declarar en el expediente.

El juez y el fiscal

Todo indica que el juez Ercolini considera que la cuestión de las comisiones está en el centro de la causa judicial. A lo mismo apunta el fiscal Pollicita. Por ello, es inminente que se pidan todos los contratos de los industriales con Palmat, para hacer un análisis más a fondo. También Ercolini sigue la ruta del dinero. Pidió, a través de un exhorto, conocer los movimientos de fondos de Palmat. Eso significa que quiere determinar en qué se usaron los fondos de las comisiones durante los cuatro años de las operaciones con Venezuela.

En cualquier caso, lo que surge de la presentación de Palmat es que saldrán a enfrentar a Sadous y que, de ahora en adelante, participarán activamente de la causa.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) le entregó ayer a la jueza Sandra Arroyo Salgado el informe escrito en el cual señala que no fue posible obtener el perfil genético de Marcela y Felipe Noble Herrera. Tal como adelantara Página/12, los genetistas señalan que las prendas requisadas estaban contaminadas por ADN de varias personas, lo que impide distinguir específicamente el de Marcela y Felipe. Según pudo confirmar este diario por fuentes oficiales, Marcela salió ayer del país rumbo a Uruguay. Felipe, en cambio, estuvo de viaje la semana pasada pero ya está de regreso. La dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, sigue en el exterior.

En términos muy científicos, el texto del informe menciona que la contaminación se produjo en medias y remeras, pero también en la ropa interior, algo más que extraño. Y más raro todavía es que cuando se hizo la requisa, Felipe Noble Herrera no llevaba calzoncillo, lo cual podría indicar que estaba preparado para el procedimiento. En el allanamiento anterior, realizado por el juez Conrado Bergessio, fue Marcela la que dijo que no llevaba ropa interior. Los letrados de Clarín desmintieron que los jóvenes hayan estado preparados para la requisa y que la contaminación fuera intencional.

El informe entregado ayer lleva la firma de María Belén Rodríguez Cardozo, titular del BNDG, que actúa como perito oficial. Pero también pusieron su rúbrica los peritos de parte puestos por Felipe y Marcela, la doctora Primarosa Chieri y Alejandro Ruiz Trevisán. Ninguno de los dos había planteado objeciones a la metodología con la que se consiguieron las muestras y también acompañaron el dictamen de ayer. Esto pone en cuestión –según señalan desde el juzgado– la hipótesis planteada ayer en el diario Clarín: que la comparación de ADN fracasó y que el gobierno nacional y la jueza armaron rápidamente una historia falsa de contaminación de las muestras. Ni Primarosa Chieri ni Ruiz Trevisán plantearon una sospecha de esa naturaleza. De todas maneras, la polémica continuará y la jueza ya dispuso llamar a declarar a todos los genetistas que participaron en los trabajos.

En un comunicado emitido ayer, Abuelas de Plaza de Mayo desliza claramente la hipótesis de que Marcela y Felipe ya sabían que les iban a requisar la ropa y usaron ese día prendas previamente contaminadas. El texto señala que “el estudio determinó que las prendas de vestir, que habían sido entregadas voluntariamente por Marcela y Felipe Noble Herrera en el allanamiento practicado el 28 de mayo pasado, no fueron aptas para obtener su perfil genético, por lo que no se pudo concretar el entrecruzamiento con las muestras de los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la última dictadura militar”.

El segundo párrafo es el más sugerente: “Las prendas analizadas fueron medias, remeras, camisas, pantalones y ropa interior femenina, ya que Felipe Noble Herrera no portaba calzoncillo al momento de la requisa. Los peritos informaron que, llamativamente, las prendas contenían información genética de numerosas personas de distintos sexos”.

El último párrafo mantiene las sospechas. “Se aguarda que los peritos declaren ante la Justicia, a fin de que expliquen por qué razones podrían aparecer tantos perfiles genéticos en prendas íntimas y de vestir, pues no parece posible que se trate de algo casual o accidental.”

“Desde la experiencia de Abuelas de Plaza de Mayo, no es posible descartar que las prendas hubieran estado contaminadas desde antes de que fueran obtenidas por la Justicia para imposibilitar el estudio. Ello sería posible si los involucrados hubiesen sido advertidos del procedimiento con anterioridad, tal como ha sucedido en otras causas similares”, concluye el texto de Abuelas.

En otros casos en los que las víctimas tampoco querían aportar su sangre para la determinación del ADN ocurrió que entregaron cepillos de dientes o peines que no eran propios. De esa manera, los procedimientos se tuvieron que repetir más de una vez. Por ahora, la tarea de la jueza Arroyo Salgado estará centrada en qué ocurrió con la prueba científica. Pero, en segunda instancia, tendrá que estudiar cómo obtener muestras que permitan concretar el estudio. La forma más seria y eficaz sería que Felipe y Marcela se presten a una extracción de sangre. Pero a eso ya se negaron varias veces.

El conocido penalista Alejandro Carrió se presentó en dos juzgados en representación del ex embajador Eduardo Sadous. Se trata de un dato, como mínimo, curioso, ya que Carrió es también el abogado defensor del diario Clarín, de su dueña, Ernestina Herrera de Noble, y de los hijos adoptivos de ésta, en la causa en la que se trata de determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no hijos de desaparecidos. Resulta llamativo que Carrió, perteneciente a un estudio muy costoso, sea abogado de Sadous, justo cuando su caso aparece todos los días en la tapa del diario de los Noble. En una de las causas judiciales, el fiscal pidió que el juez investigue a Sadous por omisión de denuncia y falso testimonio.

En el juzgado de Julián Ercolini admiten que Carrió se presentó en el expediente del comercio con Venezuela en nombre de Sadous. En esa causa judicial, el diplomático no está imputado de nada, fue una especie de denunciante y, sobre todo, testigo. Pese a ello, parece que le permitieron a Carrió revisar la causa.

Sin embargo, en otro juzgado federal, en el de Rodolfo Canicoba Corral, también se presentó Alejandro Carrió en representación de Sadous y pidió revisar el expediente en el que se acumulan dos denuncias, la de Julio De Vido y la de Claudio Uberti, el ex hombre fuerte de Planificación en la relación con Venezuela. En esta causa, Canicoba Corral no permitió la revisión del expediente, sino que le pidió a Carrió que presente un escrito en el cual quede certificado que representa al ex embajador.

Carrió, en realidad, defendió a la dueña de Clarín en la causa que tramita en el juzgado federal número 1 de San Isidro y que tiene que ver con el origen de Felipe y Marcela Noble Herrera. Fue defensor tanto de Ernestina como de sus hijos, pero la Cámara de Casación amonestó al abogado y le señaló que no se puede ser al mismo tiempo abogado de la persona sospechada del delito –haberse apropiado de hijos de desaparecidos– y de las víctimas de ese mismo delito. Por lo tanto, Carrió y Roxana Piña quedaron finalmente como letrados de Felipe y Marcela, mientras que la defensa de Ernestina pasó al ex camarista Gabriel Cavallo.

El trabajo más arduo seguramente lo tendrá Carrió en el juzgado de Canicoba Corral. El fiscal Jorge Di Lello estudió las denuncias contra Sadous y le pidió a Canicoba que inicie una investigación para determinar si el ex embajador cometió el delito de omisión de denuncia –ya que cuando estuvo en la embajada y después de que la dejó, en 2005, nunca denunció la existencia de coimas o comisiones ilegales–, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en menor medida, falso testimonio. Di Lello pidió el legajo completo de Sadous en la Cancillería para ver qué dijo, a través de cables y otros documentos, en todos estos años.

Los abogados de De Vido y el de Claudio Uberti, Diego Pirota, presentaron la denuncia contra Sadous basándose en los testimonios del expediente que tramita Ercolini. Básicamente lo que afirman es que todos los testigos desmienten a Sadous. Habrá que ver cómo evalúan todos estos elementos tanto el fiscal Di Lello como el juez Canicoba Corral.

En el expediente que investigan Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, en cambio, Sadous no se tiene que defender de nada. Lo que principalmente se trata de determinar allí es si la comisión cobrada por la trader Palmat –entre el 11 y el 15 por ciento– es la misma que la empresa con sede en Miami y Caracas aplicaba en operaciones anteriores y si se parece a lo que cobran otras traders como Cotia, la que manejaba las exportaciones de maquinaria brasileña a Venezuela.

La polémica planteada en el Congreso sobre las relaciones con Venezuela dejó en un segundo plano la causa judicial y lo que se fue o no verificando en el expediente.

1 En los inicios de la causa, una denuncia de la Coalición Cívica contra el matrimonio Kirchner y varios funcionarios por supuesta asociación ilícita mencionaba la desaparición de 90 millones de dólares de un fideicomiso formado sobre la base de las compras argentinas de hidrocarburos venezolanos. También cuestionaba por qué comprar fueloil si Argentina es exportadora. Pero no hablaba de comisiones o sobornos.

Resulta elocuente que la oposición y la mayoría de los medios hayan dejado de lado un nombre clave en todo esto: el canciller de aquel momento, Rafael Bielsa, sobre quien no pesa ninguna denuncia. Se trata de meter otros personajes en esta historia y se esconde al principal protagonista.

Cuando el ex embajador Eduardo Sadous manda el cable confidencial señalando que faltan los 90 millones de dólares, Bielsa reacciona de inmediato, previa consulta con el entonces presidente Néstor Kirchner. El dinero era de los venezolanos, pero existía el compromiso de usarlo en compras a empresas argentinas. Bielsa cita al embajador de Caracas en Buenos Aires, Freddy Balzán, y le entrega una carta. Venezuela pide disculpas y el dinero fue repuesto de inmediato. Todo esto está documentado en el expediente judicial, a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita.

Como señaló Página/12 desde el primer día, el fideicomiso o el acuerdo con Venezuela, monitoreado por Martín Redrado, secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería, nunca se terminó de volcar en los papeles –o por lo menos hasta ahora no apareció ningún documento– entre otras cosas porque el dinero era venezolano y lo manejaba Caracas. El fideicomiso existía entre la petrolera venezolana Pdvsa y el Banco de Desarrollo venezolano, según aclaran allegados a la investigación judicial, o sea dos partes venezolanas. Es que en Caracas dijeron que el dinero era de ellos y, por lo tanto, ellos eran los únicos con derecho a manejarlo. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) argentino participó en las tratativas pero quedó afuera.

2 Cuando Sadous declara ante el juez Ercolini y el fiscal Pollicita, en abril último, desliza que había escuchado quejas de empresarios de la industria de maquinaria agrícola que sostenían que les estaban exigiendo una comisión del 15 por ciento por vender sus productos en Venezuela.

Aquí entra una nueva reflexión hecha por el ex canciller Bielsa: “Si Sadous mandó un cable confidencial con la desaparición de 90 millones de dólares de dinero que manejaban los venezolanos, ¿por qué nunca envió un cable confidencial con las supuestas versiones de pedidos de comisiones a los empresarios de maquinarias? ¿Por qué tarda cinco años en contar lo que, según él, le dijeron los empresarios?”.

Pero a esto se agregan dos elementos fundamentales del expediente. El segundo de Sadous, Alberto Alvarez Tufillo, declaró ante Ercolini y Pollicita y sostuvo que el embajador nunca le hizo ningún comentario sobre coimas o comisiones. Es más, en toda la declaración de Alvarez Tufillo no se habla ni de embajada paralela ni de otras movidas que ahora mencionó Sadous. Cuenta, por ejemplo, que el acuerdo con Venezuela por la venta de hidrocarburos y el uso del dinero para hacerle compras a la Argentina fue pergeñado por tres ministerios: la Cancillería, Economía y Planificación.

El otro dato que aparece en la causa, es sorprendente. Sadous dejó la embajada de Argentina en Caracas el 20 de junio de 2005. En ese momento, la posibilidad de venta de maquinaria agrícola ni existía. En el expediente figura que el acuerdo con Venezuela se firmó el 29 de septiembre de 2005, tres meses después, y la primera concreción de venta de maquinaria se produjo a partir de junio de 2006, cuando Sadous ya hacía un año que no estaba en Caracas.

3 Como era obvio, las 39 empresas que vendieron en Venezuela negaron que les hubieran pedido una coima, porque estarían reconociendo un delito, el cohecho activo. Pero, además, todas ellas –una por una– firmaron el acuerdo con Palmat Internacional, una trader con sedes en Miami y Caracas. De todas maneras, resulta interesante un testimonio en la causa, el de Eduardo Cavanagh, empresario que intentó vender vaquillonas a Caracas pero quedó afuera. Por ello, no estaría obligado a declarar contra sí mismo, porque no pagó ninguna coima. Y, como perdió el supuesto negocio, podía despacharse con bronca. Cavanagh afirmó ante el juez y el fiscal que nadie le pidió nunca una coima, pero que la pelea era furiosa entre las empresas argentinas y que algunas de ellas eran “caballos del comisario” de los venezolanos. Tomó la situación, señaló, como “parte del riesgo empresario”. Por otra parte, negó haberle hecho comentario alguno a Sadous sobre el tema –algo que afirma el ex embajador– y menos todavía que el ex secretario de Agricultura Javier De Urquiza le haya dicho que se corra del negocio. “No lo conocí, nunca pude hablar con él”, declaró Cavanagh. En función de este relato, queda claro que parte de la declaración de Sadous contiene afirmaciones desmentidas por el expediente de Ercolini.

4 Lo de la supuesta embajada paralela también fue aclarado por el ex canciller Bielsa. El cuadro de situación en ese momento era la amenaza de una grave crisis en materia energética. Es más, toda la oposición, pronosticaba que la Argentina caminaba hacia el gran corte. En ese marco, explicó Bielsa, los funcionarios de Planificación hicieron decenas y decenas de viajes a Caracas, porque se necesitaba el gasoil. No era de buena calidad, pero servía para salir del apuro. Y los técnicos en la materia eran los funcionarios de Planificación que, además, usaron a Claudio Uberti porque tenía buena llegada en Caracas. “Roberto Lavagna y su equipo, durante el primer canje, viajaron decenas de veces a Italia, Japón y Estados Unidos. Eran las personas indicadas. Y no por eso hubo diplomacia paralela”, razonó Bielsa.

5 Los cables confidenciales publicados este fin de semana por Clarín ratifican lo dicho por Bielsa. Muestran a Sadous preocupado por el fideicomiso, algo que se solucionó en pocos días, y pidiendo datos sobre un viaje de gente de Planificación. Eso encaja con lo explicado por Bielsa. Pero, además, uno de los cables demuestra que los venezolanos eran un hueso duro de roer: “A criterio de esta representación –dice Sadous– no deben generarse muchas esperanzas en lograr un amplio acceso de las empresas proveedoras de la industria petrolera argentina, sin existir socios locales”. Es lo mismo que afirman los empresarios de la maquinaria: era difícil meterse en el mercado venezolano, porque estaba copado por los brasileños y, además, porque exigían socios locales y un conocimiento de “mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito venezolano”. La única chance fue, justamente, abierta por la negociación de compra de hidrocarburos y, a cambio, el compromiso de Venezuela de comprar productos argentinos con ese dinero.

6 Judicialmente, ni el fideicomiso ni la supuesta diplomacia paralela son temas centrales. El dinero pagado por la compra de hidrocarburos no podía ser tocado por ningún funcionario argentino. Estaba en manos de los venezolanos. En principio, no habría delito a la vista. La diplomacia paralela fue desmentida por el principal responsable de entonces, Bielsa, pero –además–, y suponiendo que hubiera existido, tampoco es un problema penal. Lo único que podría cambiar esta ecuación es que se demuestre que el fideicomiso fue armado para robar.

7 Queda la cuestión de las comisiones por la venta de maquinaria agrícola, algo que Sadous denunció con cinco años de atraso. Según los empresarios, la comisión cobrada por Palmat –entre un 11 y un 15 por ciento– fue razonable, porque no era una empresa que hacía trámites, sino la encargada de conseguir que los venezolanos compraran tal máquina argentina y no tal otra de Brasil. O sea que ejercían un papel parecido al de una concesionaria en el negocio de los autos.

Palmat de ninguna manera es una empresa fantasma. Tiene 200 empleados, factura en blanco, existen contratos oficiales y Palmat registra operaciones desde mucho antes del crecimiento espectacular del comercio con Venezuela. Las comisiones, inclusive, están todas facturadas.

Los empresarios dicen también que la competidora de Palmat, una gigantesca empresa brasileña, Cotia, cobraba lo mismo o un poco más, casi 20 por ciento. Pero no aportaron, hasta ahora, ninguna documentación sobre ello. Es más, está pendiente la declaración de los integrantes de un estudio cordobés, que fue el que concretó los contratos de las 39 empresas de maquinaria agrícola con Palmat. También se le está exigiendo a las 39 empresas las copias de los acuerdos con Palmat. Los investigadores tienen la expectativa de que de ellos surja información sobre la mecánica de las operaciones y la contratación de las intermediarias.

El meollo de la causa pasa por la reconstrucción de la ruta del dinero. El juez Ercolini pidió a Estados Unidos informes sobre los movimientos de cuentas de Palmat, lo que significa que quiere saber qué hizo la trader con las comisiones. Si hubo alguna coima, la lógica indica que los principales beneficiarios deberían ser funcionarios venezolanos, que tenían el poder de decisión sobre las compras de maquinaria. La oposición sospecha también que tal vez una parte de la comisión haya venido hacia algún funcionario argentino que le podría haber marcado a sus pares cuáles eran las empresas “convenientes”. Pero aun así los cables de Sadous demuestran que los venezolanos –casi siempre generales u oficiales del ejército de alta graduación– mantenían un férreo control sobre todo. Algunas de las medidas de prueba de la fiscalía y el juzgado apuntan, por ejemplo, a establecer qué peso y qué papel tuvieron ciertos funcionarios argentinos como el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti.

8 Lo que llama la atención es la desproporción gigantesca entre la movida política y mediática y la causa judicial. En el expediente, casi todo lo declarado por Sadous quedó en el terreno de las dudas y en algunos casos desvirtuado. Es más, ahora se habla de la declaración en el Congreso del ex defensor del Pueblo Guillermo Mondino. Este firmó un dictamen sobre la operación de venta de maquinaria a Venezuela y las comisiones de Palmat: “No hay motivos para hacer ninguna denuncia penal”, certificó Mondino. Pasado a la oposición sostiene que firmó pero que igual tiene dudas.

9 Más allá de todo esto, Ercolini y Pollicita tienen todavía un margen para investigar, por un lado, los movimientos de dinero y su destino; por otro, si se compraba fueloil a Venezuela más caro de lo que se exportaba.

10 Por ahora –sin ningún ilícito probado– las operaciones con Venezuela tuvieron tres resultados que se ven a simple vista:

Primero –como señaló Bielsa–, Venezuela ayudó a superar los problemas energéticos, incluso al principio entregando gasoil sin ninguna garantía de pago.

Segundo, la industria de maquinaria agrícola realizó la mayor exportación de la historia y, por primera vez, le peleó el mercado venezolano a las empresas brasileñas.

Tercero, el comercio con la Venezuela de Hugo Chávez registró un crecimiento importantísimo, pasando de 170 a 2000 millones de dólares. Y una parte, como la de maquinaria agrícola, significó la salvación para esas empresas en momentos de crisis. Por ejemplo, les permitió mantener a sus empleados.