Página#12 Libre

Producción: Tomás Lukin

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Triángulo de las Bermudas

Por Sergio Arelovich *

La denuncia aparecida en este diario el pasado 2 de enero, sobre la existencia de mano de obra en condiciones de semiesclavitud modelo siglo XXI, volvió a poner en primer plano las condiciones bajo las cuales se reproduce socialmente la sociedad en la que vivimos y el modo bajo el cual operan las empresas identificadas como líderes en el conjunto de los sectores de actividad. Para el caso concreto de las compañías exportadoras que forman parte del llamado complejo oleaginoso, las hay de capital nacional y de capital extranjero. Entre las primeras se encuentran Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín, entre otras. El segundo listado incluye a Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Noble, ADM, Oleaginosa Moreno, Multigrain, Adeco Argentina, etc. La reciente controversia entre la AFIP y Bunge sobre diferencias de impuestos no ingresados, invita a revisar la estructura internacional de cada compañía, lo cual involucra al menos dos planos: la radicación de sus casas matrices y la magnitud del comercio intrafirma.

La empresa controlante de Bunge está radicada en las Islas Bermudas. Pero esto también ocurre con otras. Cargill tenía por controlante en 2003 a una empresa radicada en Barcelona que luego se “mudó” a Winnipeg, Canadá. Oleaginosa Moreno, perteneciente al grupo Glencore de origen estadounidense, tenía su sociedad controlante en Baar, Suiza. Dreyfus (LDC Argentina) fue quizá la que mayores cambios registró. En los últimos diez años, su controlante cambió, además se mudó de París a Londres, de allí a Amsterdam, fijando su último domicilio en Ginebra, Suiza. La empresa ahora funciona bajo otra razón social denominada Galba S.A. Nidera que tiene por controlante a otra empresa argentina denominada Nidera Argentina S.A. Compañía de Inversiones, que posee el 84 por ciento de las acciones de aquélla y a la vez es controlada por el holding homónimo radicado en Suiza. Multigrain Argentina (ex Multicereales) tiene también su controlante en Baar, Suiza, que vale recordar constituye uno de los paraísos fiscales de mayor opacidad, junto a Bermudas, Caymán, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Dubai, Gibraltar. En tanto, Noble Argentina está controlada por una compañía radicada en una casilla de correo de las Islas Vírgenes Británicas. Adeco Argentina (la filial argentina del grupo Soros), tiene su casa matriz en Tenerife, en las Islas Canarias.

A este escenario se le agrega una mirada sobre la magnitud del comercio intrafirma, las ventas declaradas por las compañías extranjeras radicadas en Argentina cuyo receptor en los países importadores son las empresas controlantes, controladas o vinculadas. La resultante es la pregunta del millón: ¿cuál es la verosimilitud de las ventas declaradas, tanto por los productos, como por sus tipos, sus calidades y sus precios? Precisamente la diferencia de impuestos reclamada a Bunge y otras compañías, pone en cuestionamiento algunas de estas facetas. Cargill, la empresa más grande del sector y la líder a nivel mundial, afirma haber facturado en el último ejercicio cerrado en febrero de 2010 a su controlada y a dos vinculadas el 82 por ciento de las ventas. También Dreyfus (LDC) que declara haber facturado el 95 por ciento a sus asociadas, entre las que se destacan Nethgrain BV y Urugrain. Esta última, radicada en Uruguay, es una de las tantas SAFI destinatarias de exportaciones argentinas, tema tratado en el informe sectorial de AFIP referido a la triangulación, bajo el sutil nombre de “planificación fiscal nociva”. En el caso de Noble, el 94 por ciento de las ventas del último ejercicio lo fueron con destino a Noble Resources con sede en Suiza. Y Nidera, conjunción de las siglas: Netherlands (Holanda), Italy (Italia), Deutschland (Alemania), England (Inglaterra), Russia (Rusia) y Argentina, afirma haber vendido a las empresas del grupo en su último ejercicio 2009, el 85 por ciento del total facturado, esencialmente a Concordia Agritrading con sede en Singapur.

La mirada sobre las extranjeras no puede hacer perder de vista lo que ocurre con las nacionales, las que también están estructuradas en complejas redes organizacionales que albergan empresas en Argentina y en el extranjero, pero que constituye una materia que excede el propósito de este artículo. Sólo como ejemplo AGD, la empresa de la familia Urquía, que según declara en su sitio oficial, participaba en 2009 en el 27,4 por ciento de las exportaciones mundiales de aceite de maní. Esta empresa facturó 1145 millones de pesos en 2002, trepó a 9200 millones de pesos en el ejercicio cerrado en 2009 y durante 2010 creció casi un 20 por ciento en las exportaciones de harinas. Comparte con Bunge la propiedad de Terminal 6 y Terminal 6 Industrial en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, desde donde salieron las exportaciones cuestionadas por el fisco nacional. Sus actividades se extienden a la copropiedad de Nuevo Central Argentino, poseen una SGR y como todas ha incursionado en la producción de biodiesel, asociada con otras empresas.

* Universidad Nacional de Rosario.

Agro e industria

Por Enrique Aschieri y Demián Dalle *

Más allá de los desapacibles avatares de la coyuntura en el debate público sobre la cuestión agraria, existen también algunos conceptos sobreentendidos en los que conviene detenerse. Son nociones que conducen a formar juicios ampliamente aceptados –o rechazados a regañadientes–, sin que los fundamentos sobre los que se erigen sean puestos en duda. Detengámonos en aquellos arquetipos que dan cuenta del origen de la especialización agraria de nuestro país. Algunos sostienen que la especialización proviene de la mayor productividad del agro respecto del resto de las actividades. Otros, en cambio, apuntan a que, en términos relativos, había más tierra que seres humanos. Son explicaciones mal fundadas porque, entre otros aprioris muy restrictivos, parten del axioma de que en el mundo no hay movimiento de capitales. En la realidad, el movimiento de capitales del centro a la periferia –que viene ocurriendo hace tres siglos– modeló de manera decisiva la actual división internacional del trabajo; a veces, a través de procesos pacíficos, otras no. Otro de los postulados es que los precios internacionales determinan el ingreso nacional. Es al revés.

Y así nos hicimos una nación. Y así cuando quisimos y queremos evolucionar hacia un estadio superior, la combinación entre la falta de claridad de objetivos del movimiento nacional y el peso muerto de los resabios de la vieja superestructura revitalizada, en cierta medida, por el black-out que vivimos entre 1976 y 2003 nos detiene. El cuento que se narra es que existe un “destino natural” dado por la especialización agropecuaria y que, por ser violado, nos mandó al fondo del tacho. Como si al sistema en el que vivimos le importara el valor de uso cuando, en rigor, lo único que interesa es el valor de cambio.

En relación con el valor de cambio, en un mundo con marcadas diferencias salariales –muy bajos en la periferia y muy altos en el centro– y con una tasa de ganancia igualándose a escala internacional, la llave que abre la puerta del desarrollo es justamente ese precio político: el salario. En consecuencia, la especialización de un país, por caso la Argentina, tiene que estar en función de elevar el poder de compra de los salarios. Debe resultar de la decisión nacional de pagar altos salarios.

En términos más prácticos, la transferencia de la agricultura a la industria no se produce a raíz de que la agricultura es atrasada en sí y la industria avanzada por naturaleza (de hecho, la Argentina tiene una agricultura muy adelantada respecto de su sector manufacturero), sino porque la gama de bienes industriales es más extensa que aquella proporcionada por el agro, y su participación en la canasta familiar sanciona una función creciente del nivel de vida. Podemos ver, entonces, que la industrialización no es la condición estructural del desarrollo, es el síndrome.

Examinemos una hipótesis irreal para comprobar la verosímil raigambre de este abordaje. Supóngase que las otras actividades en los Estados Unidos –país que históricamente pagó los más altos salarios en términos comparativos a escala internacional– producen menos valor por trabajador activo que su agricultura, que el resto del mundo acepta abandonar completamente las actividades agropecuarias e importar del país del norte todos los bienes agrícolas que deseen a cambio de bienes industriales, que los factores naturales son ilimitados en los EE.UU., que la transferencia de un sector al otro no presenta problemas y que los costos de transportes son nulos. En estas fantásticas circunstancias, para los EE.UU. no será beneficiosa tal situación de especializarse el 100 por ciento en agricultura, por la simple razón de que los 200 millones de activos norteamericanos se pondrían a trabajar en una agricultura tan productiva que generaría un volumen de productos agropecuarios dos o más veces superior a lo que consume actualmente la totalidad del planeta.

No es entonces porque la agricultura sea atrasada que cada vez significa menos como porcentaje del PIB. Al contrario: debido a que es relativamente más productiva en relación con la escala de las necesidades. Así, lo que el desarrollo presupone no es la industrialización sino, en primer lugar y antes que nada, una elevación de la productividad de la agricultura. Ese papel histórico ya lo cumplió largamente la agricultura argentina. Hará falta que todos los intereses en presencia resulten equilibrados por el interés nacional, que en esta etapa pasa por avanzar decisivamente en la sustitución de importaciones. Es decir, completar el ciclo de la industria pesada. Resta entonces, también, que el resultado político de la resolución 125 que fijaba un esquema de retenciones móviles a las exportaciones deje de significar una mella.

* Economistas y coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo-SID.

Chaleco de fuerza

Por Mario E. Burkún *

La especulación con dinero caliente en los países europeos comenzó en los años ’90. Tuvo distintos altibajos hasta que la Unión Europea dio un salto cualitativo de integración continental en política económica con la firma de los acuerdos de Maastricht. Se unificó la mayoría de las monedas de los integrantes de la UE a través de la creación del euro y se fijaron límites para las posibilidades de déficit presupuestario. Estas normativas constituyen un “chaleco de fuerza” para los países miembros en caso de que su realidad nacional se complique y llegue a transgredir la rigidez que se instala en la política monetaria.

Mientras se crecía en producción y en consumo todo iba bien: años de bonanza y de acompañamiento de la expansión del gigante alemán como motor de la Unión en su expansión hacia los países del Este europeo y de competencia por los recursos naturales en Africa y en América latina. A partir de la eclosión de los préstamos bancarios y de las inversiones en valores de alto riesgo en el mercado financiero internacional, comenzaron a manifestarse las inadecuaciones entre lo real y lo imaginario en el sistema europeo.

El auge de los préstamos del sistema bancario alemán y el franco-belga–luxemburgués facilitó el endeudamiento en Grecia y España, y se trasladó a especulaciones de corto plazo, turismo y servicios. Algunas de las manifestaciones de la crisis que todavía continúan en España y Grecia son los altísimos niveles de desocupación, la imposibilidad de pago, la fragilidad de la banca regional, la debilidad del sistema de seguridad social y los planes de ajuste forzado.

En el caso de Irlanda y Portugal, los efectos son similares, pero tienen algunas particularidades interesantes de analizar. Ambos países son ejemplos de flexibilidad del mercado laboral, de altas tasas de crecimiento en la inversión en servicios de punta, tecnológicos y de generación de oportunidades de negocios internacionales, junto con las formas tradicionales de especulación inmobiliaria, en operaciones financieras de alto riesgo y en lavado de dinero. En el caso de Irlanda (junto con Islandia), sirvió como una gran plataforma offshore tanto tributaria como financiera, con respecto a las pautas de la Europa continental y sobre todo de la banca operativa en el Reino Unido. De allí que, en el primer momento de expansión de la crisis internacional, las primeras intervenciones de rescate masivo del sistema bancario fueron en estos dos países de forma de garantizar a los depositantes sus ganancias especulativas.

El monto de estos rescates no alcanzó para calmar el “mercado” y las propuestas de solución fueron cambiando desde una intervención directa de rescate de las operaciones “tóxicas” con la creación de una banca específica con ese fin, acompañada de préstamos a los deudores hipotecarios y al consumo de masas, hasta un ajuste tradicional con intervención estatal e implementado por el Fondo Monetario Internacional. Mientras que la reunión del G-20 en Londres presentaba algunas propuestas de corte keynesiano –apoyo al consumo, defensa del empleo y un rescate masivo de los bancos–, la última reunión del G-20 en Corea del Sur le dio nuevamente poder al FMI para ejecutar los ajustes tradicionales. Los países de Europa se encuentran en una situación de debilidad estructural, no sólo financiera sino que también experimentan la destrucción de sus redes de contención social.

El período que se avecina en Europa no es de calma social. Las dificultades de países como Irlanda, España, Portugal e Italia son mayores a medida que el resto de Europa parece mejorar lentamente su situación.

Pensar en dos sistemas bancarios –uno más regulado y con previsiones frente al riesgo, y otro más flexible pero pasible de especulaciones tóxicas– es un debate que hoy surge en el seno de las autoridades económicas europeas.

El otro intríngulis es la permanencia del chaleco de fuerza del cumplimiento de las pautas de Maastricht y la existencia de la moneda común. Es probable que la definición del poder real sea continuar a toda costa con el rescate bancario, inyectando las cantidades de liquidez que sean necesarias. Al mismo tiempo se ponen en práctica medidas de ajuste laboral, en la previsión social y en el sistema de salud. Esto lleva a sistemas de representatividad poco democráticos en lo que respecta a los derechos humanos y sociales para el próximo decenio en la Europa integrada. Esto no significa que cambie el rumbo de la UE con respecto a la defensa de su sistema monetario y político, pero sí puede llegar a cuestionar a mediano y largo plazo las formas de alianzas en el llamado mundo occidental: entre Europa y Estados Unidos, y entre Alemania y Rusia.

Lo interesante de esta debacle financiera es que su transmisión puede no tener límites geopolíticos definidos. De allí la importancia de tener buenas definiciones políticas de alta velocidad de respuesta proteccionista si así lo requieren las circunstancias en América del Sur, por el momento una región privilegiada frente a la crisis internacional.

* Doctor en Economía. Director de Escuela de Posgrado Universidad Nacional de La Matanza.

¿No hay alternativa?

Por Enrique Aschieri y Demián Dalle *

Dentro de la crisis, las crisis vienen sucediendo. Mientras se aguarda que Portugal y la mucho más significativa España entren a escena, ahora es el turno de la afamada pero mínima Irlanda. Todo para abajo, a excepción del ajuste, que va para arriba. ¿Por qué cada economía que cae se resigna a la inevitable brutalidad del mercado y hace honor al slogan que enunciara Lady Margaret Thatcher para justificarla: “There Is No Alternative” (“No hay alternativa”, TINA)? Lo único que hacen es zambullirse en las aguas congeladas de la TINA de la deflación y el desempleo subsiguiente, cuando ciencia y experiencia indican, por el contrario, que en caso de crisis lo apropiado es más gasto e impulso a la inflación. La respuesta inmediata es que la estampida de capitales que se alentaría si los acontecimientos toman tal curso vuelve peor el remedio que la enfermedad. Algunos, incluso, acusan al euro por imposibilitar la devaluación que tal sendero supone. En tal caso, el busilis comprende a toda la UE. Pero Inglaterra, que no está dentro del euro, también se tiró de cabeza a la TINA y Japón hace como dos décadas que sigue enjabonándose.

En este estado de cosas, la coordinación internacional volvería posible lo que ahora no es. Vale recordar que antes que Bretton Woods colapsara, en los diferentes planes para tornar más adecuado el sistema monetario internacional, tipo Triffin, Keynes, Giscard d’Estaing, etc., lo que se buscaba –en última instancia–, de una manera o de otra, era la internacionalización de las ventajas del sistema, lo que implicaba e implica la internacionalización del crédito, porque esas ventajas no pueden ser alcanzadas más que por una moneda fiduciaria internacional que reemplace al connubio dólar-oro de entonces y al dólar soltero de ahora. No obstante, la internacionalización del crédito sólo puede ser instituida por un organismo regulador supranacional difícilmente digerible por las grandes potencias; antes y ahora. Ahí se encontraba y encuentra el límite de todos estos planes.

Aquí y ahora, entonces, deflación y lágrimas, pues de momento que los dólares son automáticamente convertibles en la moneda nacional de un país ante su instituto de emisión, permite a los tenedores de dólares abstenerse de convertirlos durante un tiempo más o menos prolongado e invertirlos. Esos créditos en dólares pertenecientes a no residentes norteamericanos se colocan en cuentas de los bancos del país que se trate. Por su movilidad y por la masa involucrada, constituyen una amenaza permanente de graves perturbaciones para todo país, pues pueden afluir en cualquier momento y reclamar en moneda nacional. Es a eso que se le antepone el escudo salvador de la deflación, si por salvación se entiende la silenciosa masacre del ajuste.

Con todo, sin embargo, el asunto clave es que las reservas y el financiamiento internacional devienen una función del déficit de Estados Unidos. Entonces, o bien EE.UU. deja correr su déficit y sobre el sistema se yergue el peligro de la pérdida de confianza en esa moneda –como ocurre en la actualidad–, o arregla sus finanzas y reabsorbe el déficit y de un solo golpe seca la fuente que alimenta y hace funcionar el sistema. Esto no es una contradicción cualquiera, es la contradicción más seria que está en el fondo del escenario de crisis actual. Es este desangelado segundo escenario el que parecen tener en mente los dirigentes europeos y del resto de los países para actuar en consecuencia a gran costo político. Si los valientes quieren dar una “guerra de monedas”, deberían estar avisados de que el fabricante de balas estaría pensando en bajar acentuadamente su producción. La inadvertida, larguísima y terrible sombra de la disputa seminal entre Woodrow Wilson y Henry Cabot Lodge presiona como nunca las cabezas de hoy. Habría una salida no maltusiana, pero la eterna disputa por la manija mundial impediría su puesta en marcha.

Si por esos azares de la historia se alcanzara un acuerdo, aun así se está tentado a sospechar que se trataría de una condición necesaria, pero no suficiente, toda vez que, como atinadamente estableciera Immanuel Wallerstein, las crisis no son otra cosa que “una falla del sistema a causa del modo en que opera el sistema mismo”. Y el sistema operó aumentando el gasto público en los países centrales hasta la mitad del PIB. Desde la inconvertibilidad del dólar –acaecida en 1971–, las disputas por la distribución del ingreso se resolvieron aumentando el tamaño del Estado. Mientras el aumento del gasto público amortiguaba, los países desarrollados podían negociar una solución de compromiso entre desempleo, crecimiento e inflación, y ésta se expresaba en la errática marcha del tipo de cambio. ¿Cuál es el tope al tamaño del Estado? Esa es la cuestión.

* Economistas y coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (www.sidbaires.org.ar).

Algunos medios porteños hicieron eco favorable a un estudio de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) según el cual “en la campaña 2010/11, el sector agropecuario invertirá 70.156 millones de pesos para la producción de granos en la Argentina, los cuales producirán 95,35 millones de toneladas de alimentos”. Uno de ellos fue más lejos y en lugar de “70.156 millones de pesos” no se arredró por el insignificante detalle de la realidad y editorializó –citando como fuente al informe de Aacrea– que el verosímil record en toneladas se debe a “una inversión de más de 70.000 millones de dólares” del sector y no sólo al buen tiempo. Es cierto que 277 mil millones de pesos no es lo mismo que 70 mil, pero eso no fue óbice para que ese mismo día otro matutino editorializara su amarga queja sobre el injusto motejar al sector agropecuario de “primario”, en el sentido de primitivo. Así, no reparó en el hecho de que según el diccionario de la Real Academia las dos primeras acepciones del adjetivo “primario” refieren a: “Primero en orden o grado” y también: “Principal, esencial”. Es por eso que se lo llama “primario” al sector; nada desdeñable –más bien lo contrario– en un mundo donde lo que importa es el valor de cambio en vez del valor de uso. Clima de época que le dicen.

A todo esto, lo cierto es que los datos de Aacrea, en pesos o correctamente expresados en dólares, son falsos. Considerando las cifras de 2009 en pesos corrientes, el PIB fue de 1 billón 244 mil millones de pesos y el PIB agropecuario fue el 6 por ciento de ese total, o sea: 73 mil millones de pesos. Toda la economía invirtió 20,9 por ciento del PIB, esto es: 256 mil millones de pesos. Aplicado al agro, éste habría invertido unos 15 mil millones de pesos.

¿Dónde está la trampa de Aacrea? En que toma toda la estructura de costos del sector (el PIB) como si fuera inversión, cuando inversión es nada más –y nada menos– que el nuevo capital que se crea por períodos –usualmente un año– para tornar más productivo un emprendimiento. Pagar salarios u otros gastos no se cuentan como inversión

* Economistas, coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID) Capítulo Buenos Aires.

Producción: Tomás Lukin

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Espantando fantasmas

Por Nicolás Arceo y Mariana L. González*

Cada vez que se debate sobre las causas de la inflación, desde el sector empresario se recurre a una explicación según la cual su principal componente estaría dado por el aumento de los salarios. El argumento indica que cuando existe un incremento generalizado de los costos de producción, las empresas lo trasladan a sus precios. Los salarios aparecen como el costo más generalizado y, por lo tanto, se los señala como los responsables principales de los aumentos de precios. Desde esta postura, se afirma que los incrementos de salarios nominales “desmedidos” no logran traducirse en aumentos de salarios reales, ya que inevitablemente provocan inflación. Se insta, por lo tanto, a moderar los reclamos salariales.

Más allá de la discusión de los fundamentos de esta explicación, la evidencia empírica no permite de ningún modo sostenerla. Considerando la evolución de las remuneraciones desde la devaluación de 2002 se aprecia que las tasas salariales apenas lograron superar el incremento de los precios, al tiempo que la economía se expandió a tasas elevadas y, al mismo tiempo, ocurrieron importantes incrementos en la productividad. En efecto, en el último trimestre del año pasado las remuneraciones reales del conjunto de los asalariados eran sólo 1,4 por ciento más elevadas que las registradas en idéntico período de 2001.

Por lo tanto, puede afirmarse que el ciclo de crecimiento verificado desde la convertibilidad no se tradujo en un sensible incremento en las remuneraciones de los asalariados, pero sí de las ganancias empresarias. Al evaluar el nivel de utilidades sobre ventas de las 200 mayores empresas de nuestro país se observa que las mismas más que duplicaban en 2008 los valores verificados en el promedio del régimen de convertibilidad.

El origen de estos extraordinarios niveles de rentabilidad se encuentra en la devaluación de 2002, la cual supuso una brutal transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital ante la sensible contracción que experimentaron las remuneraciones reales. Además, los elevados niveles de desocupación existentes a comienzos de la posconvertibilidad impidieron una rápida recuperación de los salarios reales, los cuales comenzaron a elevarse muy paulatinamente.

A inicios de 2005 el salario promedio todavía estaba en un nivel 20 por ciento inferior al de fines de 2001, y recién a inicios de 2007 alcanzó el valor que tenía al final del régimen de convertibilidad. Desde entonces, no se produjeron nuevos aumentos significativos en términos reales. Si bien en los últimos años se verificaron sensibles aumentos nominales de salarios, éstos obedecieron a un comportamiento defensivo, mediante el cual los trabajadores buscaron evitar que los incrementos de precios erosionaran la capacidad adquisitiva de sus salarios.

Si se considera sólo a los asalariados registrados se observa que la situación resultó apenas más favorable que la verificada para el conjunto de la población. Sus salarios comenzaron a recuperarse más rápidamente, impulsados por los incrementos dispuestos por decretos del Poder Ejecutivo, la elevación de los salarios mínimos y, desde 2004, las negociaciones colectivas. Así, a fines de 2005 el salario promedio equivalía al vigente a fines del régimen de convertibilidad. Desde entonces continuó incrementándose levemente.

El nivel relativamente bajo de los salarios y sus acotados incrementos en términos reales implican que no pueda verse a los mismos como los causantes de la inflación. Este argumento se refuerza más aún si se analiza cómo han evolucionado la producción y la productividad a lo largo de este ciclo de crecimiento económico y de la ocupación, que se inició en 2003. Frente a estos acotados incrementos en materia salarial, se verificaron extraordinarias tasas de expansión económica. Entre el último trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2010, el PIB se ha incrementado en un 65,3 por ciento.

Si bien el aumento del PIB implicó una fuerte creación de puestos de trabajo, este proceso fue acompañado por incrementos significativos de la productividad laboral. Por ejemplo, en la industria manufacturera el costo salarial real en 2009 resultó 12,7 por ciento superior al valor que tenía en 2001. Sin embargo, la productividad por ocupado creció mucho más, 36,3 por ciento. De este modo, el costo salarial por unidad producida tuvo, no un aumento, sino una caída equivalente al 17,3 por ciento.

El incremento en la producción por ocupado ocurrido desde entonces implicó que en 2009 el costo salarial por unidad producida resultara 37,3 por ciento inferior al existente en 1993. Sin lugar a dudas, la contracara de esta reducción del costo laboral fue el sensible incremento que verificó la tasa de ganancia del sector empresario.

No son los trabajadores los que provocan la inflación al demandar mejoras salariales. Por el contrario, los empresarios, que han tenido durante la posconvertibilidad ganancias muy elevadas remarcan sus precios en tanto las condiciones económicas lo permitan, buscando incrementar aún más dichas ganancias.

* Investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra).

Sortear el dilema

Por Enrique Aschieri y Demián Dalle *

Afirmar que el proceso de crecimiento argentino se debe a la decisión política del Gobierno y no a un mero viento externo a favor –el mito del viento de cola– implica, al mismo tiempo, desmentir a quienes postulan que cuando los precios del mercado mundial de las exportaciones argentinas bajen a un nivel supuestamente “normal”, se llevarán puesto el crecimiento alcanzado. Advierten que los términos del intercambio favorables –precios de las exportaciones versus precios de las importaciones– originaron un ingreso que financió un desalentador “populismo”. Y concluyen: como no hay mercado interno, la única salida es una política de exportación.

Esta postura omite que el valor agregado exportado es función directa del potencial de mercado doméstico y que, por ende, la contracción del mercado doméstico con vistas a la exportación atenta contra el valor de esas mismas exportaciones. Podemos entonces plantear y responder la pregunta en boca de muchos y que hace al verdadero núcleo de la cuestión: ¿cómo se puede compatibilizar un aumento del consumo necesario para sostener la demanda efectiva, incentivando la inversión, con la necesidad de una contracción del consumo para dejar margen a la inversión, fuente del crecimiento y el desarrollo?

Efectivamente, es un dilema. Pero un dilema que muchas economías han resuelto. No parecen creerlo así muchos estudiosos. Refiriéndose a las características de la división internacional del trabajo e invocando el teorema de la dotación de factores de la producción, sugieren que los países desarrollados esquivaron ese dilema. Como son naciones intensivas en capital, pudieron compatibilizar las necesidades de desarrollo con la exigencia de un mercado de consumo creciente. Esa intensidad de capital, dicen, tornó al trabajo más productivo y escaso, aumentó su remuneración –en consecuencia los salarios reales– y se logró incrementar el nivel de vida de los habitantes, al tiempo que se preservó el equilibrio macroeconómico. Pero existe un problema fundamental con este tipo de razonamiento.

El problema no está en la constatación de una correlación positiva en las variables enumeradas, sino que radica en la determinación del orden de causa y efecto. Lo que demuestra la historia, por caso la de Estados Unidos, es que, contrariamente a la secuencia establecida por estos estudiosos, han sido los altos salarios de los obreros norteamericanos lo que, sumado a la baja calificación de los mismos, generó incentivos a la mecanización y a la consecuente industrialización, a los fines de poder “soportar” ese costo diferencial del factor trabajo. Esos mismos altos salarios supusieron la existencia de un mercado próspero y en expansión que atrajo capitales e inversión. Los salarios no eran altos porque el trabajo fuera escaso, sino porque la decisión política así lo estableció. Esa decisión obligó a “saltar la cuerda” y a desarrollarse. El caso estadounidense es paradigmático en la resolución del dilema planteado.

Esto debería ser recordado por todos aquellos que en nuestro país, con el pretexto de la supuesta necesidad de lograr incentivos extraordinarios para la inversión, recomiendan la contracción de nuestro mercado, el estancamiento de los salarios y la salida exportadora. Si pretenden mayor inversión para desenvolver un proceso de desarrollo caracterizado por la tendencia creciente a la mecanización y la industrialización, ¿cómo esperan, utilizando la misma lógica implícita en la teoría de la dotación de factores, que pueda desatarse ese proceso con un precio del factor trabajo relativamente bajo al precio del factor capital? Cuanto más bajo es el precio del factor trabajo –salario– más caro es el precio relativo del capital y, por ende, lejos de fomentarse la mecanización y la industrialización, se fomenta el proceso contrario que conduce al subdesarrollo.

Lo cierto es que el comercio exterior y la consecuente consideración de las variables fundamentales que lo representan (exportaciones, importaciones, balanza comercial, de cuenta corriente, de capital, etc.) “giran en torno” del “eje de gravitación” constituido por el proceso de desarrollo nacional. En el orden de causalidad, aunque exista verdadera retroalimentación, es el desarrollo económico el que hace al comercio mundial y no a la inversa. El Gobierno viene sorteando el dilema. Que tenga que hacerlo mejor no quita lo bailado. No luce racional oponerse con argumentos débiles que, en función de su gratuidad, soplan como fuertísimos viento de proa.

* Economistas. Coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SIDbaires).

El 22 de julio pasado, el Ministerio de Industria fijó un derecho antidumping (calculado sobre los valores FOB) de 24 por ciento para las importaciones hacia Argentina de procesadoras y multiprocesadoras provenientes de Brasil y de 202,79 por ciento para aquellas traídas de China. Concluía así una investigación que había comenzado en enero de 2009 y que determinó que, por efectos del dumping, se generara un “daño importante” a este sector de la producción nacional. También se aplicó antidumping a los tejidos de poliéster y se establecieron otros tipos de medidas defensivas para más productos.

El caso de los electrodomésticos es un buen botón de muestra para tomarle el pulso a la política comercial en marcha. O se frenaban las importaciones con precios non sanctos –tal como se demostró en un proceso ajustado a la normativa internacional– o el sector que abastece este mercado con producción nacional debía empezar a despedir trabajadores y probablemente peligrara su propia existencia a no muy largo plazo. Esta preocupación por el empleo de los argentinos en lo que concierne al comercio mundial se plasmó en la sanción del Decreto 1393/08, por el cual se agilizaron los procedimientos administrativos y se acortaron de dieciocho a diez meses los plazos máximos para resolver las investigaciones sobre dumping y subsidios que afectan la producción nacional.

Este negocio importador facturó en 2008 unos 12 millones de dólares y tiene como proveedores casi exclusivos a China y a Brasil, con marcada preeminencia de los asiáticos. En 2009, producto de la crisis, se redujo a unos 8 millones de dólares, una caída del 35 por ciento. Hasta el mes de mayo de este año, se importó por un valor de 1,3 millón de dólares.

En el ámbito internacional, cada unidad de estos electrodomésticos cotiza por encima de los 32 dólares. En 2008, los brasileños exportaron a un valor promedio de 26 dólares, en 2009, de 25 dólares, y en 2010, de 29 dólares. En tanto, los chinos lo hicieron a 21 dólares en 2008, a 22 dólares en 2009 y a 16 dólares este año.

No obstante, sucede que ese valor promedio fluctúa mucho. A mediados de cada año ronda alrededor del precio internacional –aunque siempre un 10 o 15 por ciento por debajo–, pero a principios y finales baja a menos de 20 dólares. El caso de China es bastante más agudo que el de Brasil, de ahí las diferencias en las compensaciones establecidas. Por ejemplo, en diciembre de 2009, las multiprocesadoras chinas entraron a la Argentina a razón de unos 8 dólares por unidad. En enero de 2010 el precio había saltado a 29 dólares y en mayo del corriente bajó a 13 dólares la unidad.

Estos datos no sólo ponen en evidencia que el arancel del 20 por ciento (valor FOB) que pagan las procesadoras para entrar al país resulta insuficiente para atender importaciones a todas luces subsidiadas dado el precio de referencia internacional, sino que el mercado argentino es un apéndice que sirve a la estrategia de colocar lo que sobra como corresponde: a precio de remate. Esta estrategia tiene también en cuenta que nuestro país sólo representa 0,5 por ciento del total de las ventas externas chinas. El mercado argentino no mueve el medidor de estas exportaciones.

Estos precios tan bajos aparecen cuando en China la industria electrónica es justamente una de las que hace punta en el aumento de costos vía aumentos salariales, episodio que tiene a todo el mundo debatiendo acerca de si ha concluido o no la etapa china de competitividad por bajas remuneraciones.

Más allá de esa polémica, entre nosotros se palpa bien en concreto el viejo truco de más costos internos, más subsidios a la exportación. Y por si fuera necesario aclararlo, la productividad por trabajador ocupado es tres veces mayor en la Argentina que en China. Ello significa que los mayores salarios argentinos están compensados en el costo por su mayor productividad con respecto a los chinos, que tienen salarios mucho más bajos, aunque ahora estén subiendo.

Ciertos análisis se interrogan si, a partir de estas medidas, no se estará borrando con el codo lo que se firmó con la mano en la reciente visita presidencial a China. Como las medidas defensivas puestas en vigencia están enmarcadas en la legislación internacional de comercio, la que está en falta es China, país que sigue encabezando la lista de medidas antidumping establecidas por la Argentina. Nadie toma en serio a un país que no se empieza por tomar en serio a sí mismo y ese ranking lo atestigua

* Economistas y coordinadores del Departamento de Política y Comercio Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID-Baires).