Página#12 Libre

La decisión de una mujer que vive en Granadero Baigorria de llevar a su hijo a la comisaría 24ª de ese ciudad, a partir de la pelea que tuvo con un compañero de la escuela a quien hirió con un cuchillo, dispara la memoria hacia los comentarios que se escuchan en los distintos circuitos que trabajan con púberes o adolescentes, en el sentido de que hay momentos en que las madres piden, desesperadas, un límite externo que no pudieron poner a sus chicos. A este se sumaron otros dos casos, el de Brian de 14 años que fue llevado por su madre a la seccional 19º de Rosario porque "amenazó con un revólver a toda la familia, siempre está drogado y ya no podemos controlarlo". Ahora quedó alojado en el hogar del padre Tomás Santidrián. Y otro caso, el de un chico de 18 años que también se llama Brian que fue entregado por su madre, Fabiana a las autoridades de la seccional 18ª de Rosario como presunto autor del asesinato de Jorge Mariano Soto, ocurrido la semana pasada en Centeno y Constitución. El chico se encontraba prófugo desde el violento hecho.

El adolescente agresor, de 15 años, y por tanto no punible, está alojado en un hogar de puertas abiertas en el que su madre lo visita y allí retomó la escuela con la asistencia de un grupo interdisciplinario que trabaja también con la mujer, sobre todo a partir del vínculo con su hijo. Respecto del joven se instrumentaron los mecanismos de atención que prevé la ley de protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Así lo indicó a Rosario/12 la titular de la Dirección provincial que depende del Ejecutivo, que es la autoridad de aplicación de la norma en la materia y que en Rosario está a cargo de la psicóloga Mónica Varetto. Por su parte la jueza de Menores de la Primera Nominación, María del Carmen Musa, pide la efectiva intervención de los equipos interdisciplinarios, cuando se trata de una situación tan delicada. Desde otra mirada, la trabajadora social Jimena Staurini, quien se desempeña en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario considera que "es necesario comenzar a problematizar con estas madres el porqué de los circuitos riesgosos de sus hijos partiendo de que son niños, menores de edad, y que por lo tanto deben estar al cuidado de un adulto", sin cargar todo el peso de la situación sólo a la relación madre hijo, que por otra parte casi siempre estuvo privada de todos sus derechos.

Es la jueza de Menores María del Carmen Musa quien plantea que situaciones como la de estas madres y sus hijos menores, se suceden "cada vez con mayor frecuencia" y que quienes "operamos en estas cuestiones, lo vemos a diario". Para la magistrada es preciso informar a la población que desde la entrada en vigencia de la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 12.967, el 30 de abril de 2009, "la competencia de los Jueces de Menores fue limitada al juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 16 y 18 años de edad aún no cumplidos. Toda la actividad de tutela que otrora le cabía al fuero minoril, desde la fecha mencionada está en manos del Poder Ejecutivo". Musa explica el mecanismo que prevé la ley para concluir en que "ni los jueces de Menores ni los de Familia podríamos atender el reclamo de esta madre desesperada", ya que como se dijo corresponde la intervención del Ejecutivo.

Musa recuerda también que Varetto puede adoptar la medida llamada excepcional (art. 58) que consiste en separar al niño de su familia y alojarlo con un grupo familiar alternativo o en una institución, por un plazo de noventa días renovables, para lo que se debe contar en ese caso, y frente a cada prórroga, con la legitimación del Juez de Familia "que limita su actuación a revisar si la separación aludida tiene fundamento, si es el único recurso posible y si efectivamente garantiza el interés superior del niño, principio rector en la materia".

La jueza aborda luego el cómo ocuparse del problema y opina que "la primera buena práctica que deberíamos darnos todos es la de abrazar real, o simbólicamente, como la ocasión lo permita, a los involucrados, haciéndoles percibir que no están solos, que podemos comprender empáticamente lo mal que se sienten. Para sintetizar, hacer con el doliente lo que esperamos que hagan con nosotros cuando estamos atravesando un mal momento". La segunda práctica que menciona consistiría en posibilitar un espacio físico "donde alojar a este chico por unas horas hasta que los ánimo se serenen y se pueda dibujar el borrador de una propuesta que se vislumbre eficaz para el logro de una mejor calidad de vida".

La tercera tiene que ver con que "el equipo interdisciplinario tan presente en las reglas para el abordaje de cualquier problemática, por más insignificante que aparezca, actúe realmente como tal, como equipo, de manera pronta y contigua al escenario cotidiano. Si nos instalamos cómodos en la rutina de apercibir a la gente que se acerca a confesar su impotencia frente a la violencia, la adicción y la miseria que la atraviesa dice , fundamentándonos en que la familia "debe" poder con todo eso, contener a sus miembros y no sucumbir; si nos emperramos en descuartizar su rutina con turnos dislocados para ser atendidos por los especialistas de los distintos saberes que estarán disponibles en el tiempo que queda entre las vacaciones y las medidas de fuerza; si nos regodeamos en derivaciones que concluirán en nuevas derivaciones; si insistimos en naturalizar el consumo de sustancias psicoactivas esperando que los consumidores lleguen a la categoría de adictos para recién después intervenir; el grito de auxilio se mostrará en televisión".

Búsqueda de un marco externo

Justamente desde la Dirección en Rosario, Varetto informa que el chico está en "un hogar" y que se comenzó a trabajar con su madre la cuestión del vínculo entre ambos. Del que es un proceso muy complejo realiza una síntesis: "Ella visita a su niño en el hogar que no es de puertas cerradas, sale a dar una vuelta con el chico y regresan".

Cuando la mujer se presentó en una comisaría dijo que con su hijo "no podía" y que era mejor "limitarlo en un espacio físico" Esta situación se vio en otros casos y en general, en casi todos, el reclamo está referido a un hijo al decir "con este chico no puedo". Varetto transcurre luego porque hay indicadores, tanto jurídicos como clínicos que podrían tomarse para analizar por qué ocurre lo que ocurre con las madres y con sus hijos. Y opina que puede recurrirse al concepto de filiación, que desde la mirada legal "es un vínculo existente entre los padres y los hijos que determina una acción y un efecto: filiar es dar un marco legal al ubicar la procedencia de los hijos respecto de los padres". También dice que podría pensarse en términos de cómo se ordena la familia humana, donde se determinan funciones maternas y paternas. "Cuando estás funciones son fallidas "expresa , se produce lo que se llama una falsificación de la filiación y esto genera como un corrimiento en la cadena de transmisión generacional y los efectos de un pedido de un marco externo".

En la búsqueda de explicaciones para los pedidos de ayudan que formulan, casi siempre las mujeres en relación con sus chicos, "podría decirse que la familia es un lugar de transmisión donde la función materna sostiene los cuidados y la paterna articula la ley y el deseo. Cuando la función paterna no se somete a la ley "hablamos de funciones, de cuestiones simbólicas , se producen serios efectos en un sujeto. De ahí que hay un corrimiento de las coordenadas simbólicas y un pedido de un límite externo. La función paterna también implica mucho que no tiene que ver con el padre presente, real, con nombre y apellido, es una función que puede encarnar cualquier adulto porque tiene que ver con la ley".

Las situaciones que describe Varetto aparecen cuando los hijos llegan a la adolescencia. Comenta que se ven más casos en varones que en mujeres y que son las madres quienes hacen este planteo del orden del "no sé qué hacer, intérnenlo, no lo encierren pero sí intérnenlo porque con él no puedo hacer más nada". Para la directora de Promoción y Protección Integral se puede leer una caída de las funciones de legalidad que hacen a la constitución subjetiva de esa madre y que se transmite a ese niño. "Por lo tanto se trata de un niño o un joven que también tiene un conflicto con la ley, lo que no quiere decir que vaya a cometer un delito, pero sí que tiene una dificultad para ubicarse en un lugar de no transgresión".

Varetto insiste en que el pedido aparece desde el lugar de la mujer, aún en familias constituidas con padre y madre presente, "pero es en ella en quien cae algo de su historia que tiene que ver con la ley y pide un límite real". El momento, parece ser, es cuando los niños pasan a ser adolescentes. "Se trata de un momento de preguntas, de trasgresión, de rebeldías y también violencia. Ahora aparecen muchos actings, violencia física y verbal. Los adolescentes de hoy son más violentos en relación a los de generaciones anteriores"

"En el Irar mejor que en el barrio"

La trabajadora Social Jimena Staurini que se desempeña en el Insituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) plantea que algunas de las madres de los chicos alojados en la institución de encierro, y con las que toman contacto, sostienen que sus hijos "están mejor en el Instituto que en su propio barrio, familia o comunidad, ya que en esos ámbitos los ven más expuestos por peleas con otros jóvenes, por la relación con la policía y por el desmesurado consumo de sustancias tóxicas, sin que midan las consecuencias que se presentan ni siquiera a nivel salud". El comentario frecuente, según la expresión de Staurini, "lleva a pensar en la falta de contención que estas mujeres pueden brindar, pero a la vez en el marco de las múltiples funciones que cumplen: como jefas de familia que proveen los ingresos económicos y a la vez en que son hijas, hermanas, tías, padres. De hecho las mujeres cuyos hijos están en el Irar provienen de los sectores más humildes de la población y que por lo general no son sólo madres de adolescentes sino que en la familia hay varios integrantes con procesos de crecimiento distintos, lo que requiere de mucha atención. Y ni hablar si hay alguno que tiene problemas de salud. ¿Cómo poder enfrentar esta situación sola?".

Jimena Staurini cuenta que se han presentado madres en la puerta del IRAR pidiendo la internación de su hijo porque "ya no saben que hacer, sin poder pensar en el costo que esto trae en el desarrollo pleno de un adolescente el estar privado de la libertad, bajo custodia del Servicio Penitenciario y tras las rejas. Esta búsqueda incesante de la puesta de un limite en un otro, una terceridad imparcial que sólo de este modo puede legitimar un no en la vida de estos adolescentes, tiene su razón de ser en el imaginario de la encarnación de la Ley sólo en los tribunales, o de la Ley de la fuerza pública representada tras los uniformes de la policía. Es importante en estos casos explicar que otros no sabrán mejor que ellas cómo cuidar a cada uno de sus hijos, ya que todos construimos legalidades. El problema surge aquí, como dije anteriormente, en que al tener tantas exigencias en la vida misma, estas madres comienzan, en algunas situaciones, a dejar de lado los afectos, la escucha, debilitándose así los lazos que se vuelven cada vez mas frágiles. Es decir, va desapareciendo el vinculo madre hijo; muchas veces desconocido por ambos, en una situación que se acrecienta aún mas en la etapa de la adolescencia en donde no hay dialogo o comunicación". La reflexión de Staurini lleva a la explicación que dan algunas madres quienes dicen que durante las visitas que tienen en el Instituto 5 horas por semana aproximadamente , lograron entablar conversaciones con sus hijos, conocer más acerca de sus gustos y preferencias cuando antes casi ni se cruzaban aunque vivían en el mismo lugar.

La necesidad de comenzar a problematizar con estas madres el porqué de los circuitos riesgosos de sus hijos partiendo de que son niños, menores de edad, y que por lo tanto deben estar al cuidado de un adulto, resulta imperiosa para que puedan situar a sus chicos en otro lugar que no sea el de "peligroso", "choro", "drogadicto", al que muchas veces le tienen miedo por las amenazas que les hacen. "Este es el punto de partida para empezar a construir un vinculo diferente entre ellos, pero con esto sólo no alcanza; no podemos tampoco valernos de considerar que el problema pasa sólo por la relación madre hijo ya que esta relación esta condicionada por un contexto social del cual no todos partimos de las mismas condiciones materiales de existencia".

Por último y como ejecutora de políticas públicas, la trabajadora social Staurini entiende "que no se pueden hacer juicios de valor ante estas madres por las actitudes que tienen para con sus hijos" Hay que lograr una visión integral de las situaciones y poder pensar que se trata de familias atravesadas por la vulneración de derechos elementales, vivienda digna, salud, educación, trabajo, alimentación. Hay que valorar que los pedidos de ayuda, el grado de alerta que aun en la situación en la que se encuentran tienen con respecto a la "posible solución para sus hijos" requiere de las instituciones estatales el replantearse la razón de que no existan circuitos aceitados para que los pedidos se resuelvan con más facilidad y agilidad".

"Todos tenemos en claro que no vamos a comerciar con droga y además les tenemos bronca a los que venden porque se la dan a pibitos de diez, ocho años". La idea, dicha a manera de confesión, pertenecen a F. un chico de 17 años que forma parte del grupo de entre 7 y 15 adolescentes y jóvenes que se reúne, en la esquina de Dr. Riva y Berutti en uno de los corazones de barrio La Tablada. Justamente este es uno de los territorios donde trabajan los llamados miniequipos que dependen de las secretarías de Salud Pública y Promoción Social de la Municipalidad y que toman contacto con jóvenes en situación de riesgo por el consumo de sustancias adictivas y porque son un bocado más que apetecido por las economías y circuitos delictivos. Rosario/12 estuvo allí, con los cuatro profesionales que recorren esa ciudad dentro de la ciudad y que se extiende desde 27 de Febrero hasta Lamadrid y desde San Martín al río. Desde el recorrido territorial quienes integran los equipos 14 personas para 7 experiencias que se llevan adelante en distintas zonas de Rosario , tratan de crear lazos, relaciones que a través de la escucha y la confianza permita proponerles a los chicos el recorrido por algunas experiencias que les posibilite otras miradas, distintas que las que le ofrece la nada por hacer, más que su propia destrucción. Los miniequipos trabajaron durante 2010 con 424 preadolescentes, adolescentes y jóvenes y en la opinión del secretario de Salud de la Municipalidad "se trata de una experiencia valiosa que no se puede perder y que es necesario fortalecer".

Son las tres de la tarde y el calor de marzo fatiga. Lautaro Danna, trabajador social, Luciana Carunchio, antropóloga, Marina Rubio y Guillermo Martínez, psicólogos, forman el "miniequipo" que trabaja en La Tablada y a ellos se suma Emiliano Gerés, quien hace su residencia para la carrera de Psicología. No hay encuentro pactado con el grupo de jóvenes pero ellos están ahí, en una de las pocas actividades compromiso que cumplen, el encuentro en la esquina de Dr. Riva y Berutti, donde Julia, la dueña de la casa que da a la intersección tiene una mirada de las que no abundan, humanista y comprensiva hacia ellos. El equipo de profesionales es bien recibido porque cada uno de los que lo integran, y como parte del colectivo, logró construir una relación, trabajar un enlace para que asome esa mirada distinta hacia la vida.

Carina Cappelletti, trabajadora social y una de las coordinadoras, junto a Verónica Rodríguez, docente, del "Sistema Integral de Prevención y Asistencia para la ciudad de Rosario, destinado a la población de niños y jóvenes atravesados por los efectos del consumo de sustancias adictivas", explicó a Rosario/12 que la función de "enlace, para nuestro proyecto, es prácticamente la razón de nuestra existencia. Porque enlazar, construir un lazo con estos jóvenes con los que trabajamos, adquiere una connotación distinta a la de hacer sólo un contacto, o bien escuchar una demanda que alguno pueda plantear. Para nosotros se trata de armar una fuerte referencia, que habilite un marco de confianza que es imprescindible para poder acompañar trayectos de la vida de estos chicos, que les permita moverse de los circuitos que los deja más expuesto y en riesgo de vida".

El proyecto dependió desde que se le dio forma de las Secretarías de Salud y Promoción Social y se fue delineando a partir del diagnóstico que se construyó con los aportes de las instituciones de la zona en las discusiones del presupuesto participativo en el Distrito Sur "Rosa Ziperovich" en el año 2006, pero recién comenzó a transitarse en mayo de 2007. En ese año y el siguiente se hizo la experiencia sólo en el sur de la ciudad y ahora los que se conocen como miniequipos funcionan en La Tablada, San Martín Sur y Las Flores, Ludueña, Itatí, Flamarión Fuerte Apache, Empalme Granero y el barrio de la comunidad toba ubicado en Juan José Paso y Travesía. Se trata de 14 personas distribuidas en equipos que a veces tienen 2 o 3 integrantes, con excepción del de La Tablada, y a veces 1 como ocurre en Las Flores San Martín Sur.

Entre 8 y 10 chicos están en la esquina de Dr. Riva y Berutti, algunos van y vienen y otros aceptan conversar acerca de cómo son sus días. "Nosotros somos pibes tranquilos, no molestamos a nadie, es más cuidamos el barrio porque cuando estamos aquí nadie roba. Sí, consumimos, pero nos prejuzgan pensando que hacemos cualquier cosa. Ayer porque jugábamos al fútbol salió el vecino de enfrente y nos apuntó con un arma". Todos son de "por aquí" "así lo dicen , aunque no precisan dónde queda ese lugar. Pasará un rato para que se decidan a hablar. Algunos viven con parejas, otros con familias, desarticuladas muchas de ellas y sin trabajo o con alguna changa para mucho menos que la subsistencia; en algunos casos van a la escuela, con mucha irregularidad o la dejaron. Cuesta mucho sostener un contacto institucional pero varios de ellos asisten a una especie de taller de arreglos de bicicletas en el centro El Progreso, sobre Grandoli y también intercambian algunas palabras con los integrantes del equipo sobre la concurrencia al gimnasio municipal de la zona centro. A. ya tiene 21 años, vive en uno de los pasillos de la zona de villa que da sobre Grandoli. El tiene mucha resistencia para hablar aunque esta cronista le explica que no es una agente del Poder Judicial, ni abogada y mucho menos policía. Por momentos parece que quiere decir "qué hacés aquí, somos como los demás". Claro que lo son, con tránsitos permanentes por el continente de la vulnerabilidad que suponen las adicciones y las economías con circuitos delictivos que en cierta forma los tienen de rehenes y que se repite en distintas zonas de la ciudad. De todos modos las dos condiciones, adicciones y conflicto con la ley, no siempre están asociadas ni son, en forma tajante, interdependientes. A. dice que va al centro comunitario El Progreso y a una capacitación en albañilería que depende de la Unión Obrera de la Construcción. La nada por hacer y la falta de expectativas son el común denominador con el que deben trabajar los equipos que recorren los barrios.

A pocas cuadras de allí, en Ayacucho al 4000, en la puerta de pasillos zigzagueantes y miserables para la condición humana hay otro grupo de chicos. Ese lugar está muy cerca de calle San Martín y de su importante centro comercial. Quien más habla es C., de 17 años. El está haciendo el curso en el hipódromo: "Creo que el primer mes es para ser cuidador y en el segundo y tercero ya te enseñan a ser vareador de caballos". C. está entusiasmado y le recuerda a Lautaro DAnna, del miniequipo, que haga algunas averiguaciones en una escuela técnica de la zona. Otros se acercan a preguntar por los trámites para acceder al DNI que no poseen. Unos minutos más tarde llega otro C. que cuenta que esa mañana fue hasta el lugar donde a través del Centro de la Juventud de la Municipalidad de Rosario se concretó un convenio para que se pueda aprender carpintería. Allí, en el encuentro en Ayacucho está A. con sus 14 años y una escolarización que se quedó en el tercer grado. "Vivía con mi mamá, después con mi abuela y volví con mi mamá, así que dejé la escuela". No tiene ninguna expectativa del volver al circuito escolar aunque reconoce que se aburre. Cuando se habla de la escuela casi siempre es hacia la "Isabel la Católica", cerca de Ayolas y Grandoli.

El riesgo en cifras

Desde los miniequipos y con las características arriba mencionadas se trabajó con 424 jóvenes durante el 2010. De ese número 316 son varones y 108 mujeres. Del 100 por ciento contactado, el 27 por ciento, que corresponde a 114 personas tiene un consumo problemático "abusivo compulsivo , de sustancias psicoactivas que adquieren relevancia en la situación vital de los chicos. De los 424 jóvenes, 258 personas, el 61 por ciento tiene entre 14 y 20 años, el 19 por ciento, 80 personas tiene más de 20 y 86 chicos, con menos de 14 años, representan el 20 por ciento del total. En cuanto a las situaciones de conflictividad, una expresión que alude a situaciones concretas de jóvenes que durante el 2010 tuvieron conflicto con la ley, con detenciones y procesos en juzgados, el trabajo de los miniequipos señala que es de 89 personas que representa el 21 por ciento del total. Los niveles de escolaridad registran estos guarismos: el 60 por ciento, 253 concurrió al nivel primario, en alguno de sus grados, el 19 por ciento, 83 personas, concurrió al secundario en alguno de sus años y del 21 por ciento restante, 88 chicos, no se tienen datos.

El orden de mayor consumo de sustancias comienza con la marihuana, sigue con la cocaína y luego se ubican el alcohol, las pastillas, los pegamentos y la nafta con frencuencia habitual de consumo. Y ese consumo se da mayoritariamente en los varones, sólo el 12 por ciento corresponde a las mujeres.

Desde los profesionales que trabajan con este sector de la población que se considera en riesgo, se caracteriza a aquellos chicos con quienes se tomó contacto como quienes "se encuentran expulsados de los escenarios públicos y de intercambio, en el borde de las instituciones, fundamentalmente la familia y la escuela, o por fuera de ellas". En cuanto a las estrategias de supervivencia, del totalidad de la población con la que se trabajó, el 34 por ciento está vinculado a algún tipo de trabajo: el 30 por ciento se dedica a changas y cirujeo y el 57 por ciento de los chicos que trabajan están comprendidos en la franja de entre los 6 y los 17 años. El 27 por ciento de la población considerada está atravesada por la violencia familiar.

Tres dirigentes sindicales rosarinos de extracción peronista brindaron a Rosario/12 sus miradas sobre la posibilidad de que desde la CGT nacional, que lidera Hugo Moyano, se proponga el candidato a vicepresidente que forme parte de la fórmula del Frente para la Victoria. Aunque la presidenta Cristina Fernández no confirmó su nominación, todo indica que será ella quien encabezará esa fórmula y desde la central obrera se quiere acompañarla. Marcelo Andrada del Sindicato Obrero y Empleado del Servicio del Barrido y Recolección Manual de Calles y Afines, integrante de la conducción de la CGT Rosario, y los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y de la Asociación de Judiciales de Rosario, Néstor Ferrazza y Juan Nucci, ambos integrantes del Movimiento Sindical Rosarino, constituido luego de la fractura de la CGT local, opinan además sobre la situación en la provincia de Santa Fe. Andrada sostiene que debe agradecerse a Hugo Moyano la creación de la Corriente Nacional que les permite desde ese lugar participar en las próximas elecciones y anunció que desde su gremio van tres personas como candidatos a concejales en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez. Mientras tanto Ferrazza y Nucci coninciden en que es exigua la participación de gremialistas en las diversas listas y que nadie del espacio que representan fue incluido en la que encabeza Agustín Rossi ni tampoco en la de Rafael Bielsa.

Andrada dijo que ya pusieron en marcha un mecanismo de inserción en la política "siempre en el marco del Partido Justicialista" y que incluyeron a tres candidatos a concejales en Rosario, en Villa Gobernador Gálvez y en Pérez. "Para nosotros son muy importantes las puertas que nos abrió Hugo Moyano al hacer las gestiones para que podamos participar en política bajo la bandera del Partido Justicialista", dijo Andrada al mencionar a los dos hombres de su gremio que participarán en cada una de las también dos primeras ciudades: Paulo Rivero que irá en la lista de Diego Giuliano y Osvaldo Miatello y Ramón Patiño, que integrará la lista de la candidata a intendenta Mari Murabito, mientras que no está definido el nombre del candidato en Pérez.

"Esta es una experiencia nueva y muy importante para nosotros que tenemos militancia desde hace muchos años. Lo que pretendemos es darle, de verdad, un cambio a la ciudad. Que empiecen a estar trabajadores y gente de los barrios en el Concejo y a llevar proyectos para que se hagan las cosas bien. Porque quienes siempre están son abogados, arquitectos y no conocen nada de los barrios alejados. Por eso queremos llevar a los trabajadores, porque ya saben qué se necesita. Esto es para nosotros muy nuevo y muy positivo y se lo debemos a Moyano, porque al lanzar la Corriente Nacional nos posibilita participar en estas elecciones". Según Andrada no es sólo el gremio de los Recolectores el que nominó gente para integrar las listas: "Los camioneros de Santa Fe pusieron el primer candidato a concejal en San Lorenzo y el secretario general de Viajantes va como candidato a diputado nacional con Agustín Rossi. Siempre estamos en el marco del kichnerismo, siempre apoyamos el modelo económico que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández".

Para el dirigente municipal Néstor Ferraza, la participación del movimiento obrero, "sea en los espacios que sea, debe ser para aportar desde nuestra experiencia y mirada. Desde mi punto de vista siempre hay que preguntarse para qué, creo que hay muchas ideas para presentar y otras que aparecerán para defender a los trabajadores, a quienes no tienen trabajo. Hay un ejemplo que quiero poner. Hace años que vengo insistiendo con la formación de chicos en los oficios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal y la verdad es que nunca tuve una respuesta positiva".

¿Lo presentó como proyecto en esas instancias?

Sí, como proyecto, en algunas charlas, en debates. Y todo cae siempre en el tema de la inversión que eso puede significar, en el costo. Este es un ejemplo de por qué es importante que los trabajadores lleguemos a algunos lugares en los que podamos desarrollar aunque sea una parte de estas ideas. Para gente que trabaja, para quienes no tienen un empleo, para las mujeres y los jóvenes. Y para algunos que quieren ocupar cargos simplemente por una cuestión estratégica para el movimiento gremial, o por una dieta o por un salario, no estoy de acuerdo en que se haga de esa forma. En una época hubo muchos diputados nacionales, muchos trabajadores, dirigentes que ocupaban espacios para hacerse cargo de los temas que favorecían a los sectores más desprotegidos. Ese debe ser el espíritu para ocupar espacios.

¿Cuál es su opinión respecto de la aspiración de la CGT nacional de proponer a quien sea el candidato a vicepresidente de la Nación?

Ahí está la otra parte. Si la situación pasa por ocupar un espacio de poder, simplemente por el poder mismo, yo no estoy de acuerdo. El tema es para qué se quiere la vicepresidencia de la Nación. Si eso sirve para beneficiar a los trabajadores, para mejorar muchas situaciones estoy de acuerdo. Si es sólo por una puja de poder y para decir "nosotros ponemos el vicepresidente", no coincido. Tampoco si queremos poner diez diputados nacionales para demostrar la fuerza que tenemos. Y después qué" En ese caso deben estar para trabajar, proyectar y elaborar todo lo que sea un avance en la situación del movimiento obrero. Eso es lo que siempre defendí y me enfrenté con muchos políticos por ser sincero. Y a algunos eso no les convenía. No sirvo para levantar la mano si es simplemente por una orgánica. Me gusta debatir, discutir y luego nos ponemos todos de acuerdo y vamos hacia delante por un objetivo

¿Cómo ve la relación entre el sindicalismo y la política, en términos de partido, y por tanto en las próximas elecciones?

Los políticos no dan grandes espacios, ni siquiera para debatir por qué se quiere llegar a un cargo y en la provincia de Santa Fe pasa lo mismo, tanto para la Legislatura provincial como para los concejos municipales. Hay una cuestión que es elemental y siempre la dije en reuniones con dirigentes gremiales y también con algunos políticos. Los dirigentes gremiales por allí molestan cuando tienen una visión, una militancia y una postura muy clara respecto de algunos temas. Ellos van a discutir las cosas con las que no estén de acuerdo, no son de callarse la boca, por eso muchos no los quieren en los cargos. Saben que les van a objetar muchas cosas.

Sin embargo y sobre todo en los momentos electorales se apela al movimiento obrero, también a los sectores más desprotegidos.

Sí, pero a la hora de repartir los cargos no se nos tiene muy en cuenta. Claro que somos necesarios, por eso (Juan Domingo) Perón hablaba de la columna vertebral del movimiento justicialista. Pero creo que todo pasa por ahí, el espacio no debe servir para una campaña sino para que después se dé el lugar para que cada sector pueda desarrollar sus ideas y sus proyectos. Si por ejemplo viene un político y dice "hay que privatizar la Empresa Provincial de la energía" y uno dice: "No, hay que mejorarla pero no dejarla en manos de una multinacional", entonces hay quienes piensan "con este, con estos, vamos a tener problemas".

Juan Nucci asegura que "estamos totalmente con la CGT nacional" aunque en el plano de Rosario no se participa en el consejo directivo de la Regional desde que se partió tiempo atrás. "Nuestro modelo sindical tiene como uno de sus ejes el protagonismo de los trabajadores en la construcción del poder. Es decir, se trata de no discutir las consecuencias del poder, sino estar en el poder mismo. Es el modelo que nace con el primer peronismo y que nosotros definimos como nuestra primera experiencia de gobierno como clase. Antes de la proscripción llegaron a existir 100.000 dirigentes sindicales en los distintos espacios del Estado, tanto ejecutivos como legislativos. Para nosotros es absolutamente coherente lo que plantea Hugo Moyano. Me refiero a plantear espacios de poder, a que el segundo lugar en la línea de importancia de los cargos ejecutivos sea para alguien del movimiento obrero, mucho más si es la figura de Héctor Recalde, alguien que supera holgadamente a los anteriores vicepresidentes, tanto en lo intelectual como en su compromiso con la causa de los trabajadores. Entendemos que mayor cantidad de trabajadores en las instancias, tanto ejecutivas como legislativas, garantiza desde adentro de los Estados los derechos de los trabajadores".

¿Piensa en la constitución de todas las listas?

Sí claro, hubo un momento en que los vicegobernadores eran, mayoritariamente, del movimiento obrero. Para el caso cuando en Santa Fe fue el metalúrgico Eduardo Cuello que acompañó a Carlos Silvestre Begnis; en Buenos Aires Victorio Calabró que era de la UOM y fue con Oscar Bidegain, y en Córdoba, Atilio López, de la UTA fue el vice de Obregón Cano. Con esto estamos ratificando una tradición del movimiento sindical peronista y nos parece un prejuicio de la sociedad que cuando un sindicalista participa en política, tenga cuestionamientos, y no los tenga quien interviene desde un colegio profesional u otras entidades. Hay prejuicios a veces fundados respecto de los dirigentes sindicales, pero cuando se generaliza es destructivo, porque lo que se está cuestionando es la existencia de la misma dirigencia y de las organizaciones.

¿Qué mirada tiene respecto de lo que sucede en la provincia de Santa Fe?

Las listas están cerradas y hay escasísima participación de hombres de los gremios en las propuestas de los distintos partidos. La alianza estratégica del gobierno nacional, del Frente para la Victoria con la CGT, no se ha replicado en la provincia de Santa Fe. Esperamos que a nivel nacional ese correlato, gobierno CGT, cristalice porque es bueno para todos los trabajadores.

Dos fuertes reclamos se escucharon el viernes en el recinto del Concejo Municipal de Rosario: Que la Justicia considere a las violaciones y ataques sexuales como delitos de lesa humanidad y que los represores que están imputados en la ex Causa Feced, renombrada como Díaz Bessone estén en la cárcel mientras transcurre el juicio oral. Los dos reclamos atravesaron las intervenciones de los panelistas que participaron para hablar sobre "Mujer y derechos humanos: políticas públicas desde el terrorismo de Estado al actual Estado de derecho" convocado por la presidencia del cuerpo a cargo de Miguel Zamarini, la edila Norma López y el concejal Arturo Gandolla. A lo largo de casi dos horas se escucharon las reflexiones y posturas de la directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de derecho de la UNR, Matilde Bruera, de la sobreviviente y testigo en la Causa Díaz Bessone, la secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, Stella Hernández; de la abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por motivos políticos y gremiales que hoy lleva adelante la querella de las víctimas junto a otros profesionales, Gabriela Durruty y del diputado nacional y precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria Agustín Rossi, todo con la coordinación de otra víctima del terrorismo de Estado, Viviana Della Siega, de larga trayectoria en la militancia por los temas de género.

La vicepresidenta primera del Concejo, Norma López, abrió la jornada. Ella dijo que así se daba el puntapié inicial para el "debate que aporte a la memoria" sobre la relación entre la problemática y análisis con perspectiva de género y los derechos humanos. Otra mujer, Viviana Della Siega, quien sigue el juicio por la desaparición de su esposo Hugo Parente, señaló que hombres y mujeres construyen de manera distinta su subjetividad y "que esa realidad no fue todavía analizada en profundidad" en el marco de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina.

Cada panelista aportó su mirada crítica hacia la Justicia Federal, ya que en todo el país, también en Rosario, hay condenas ejemplares hacia los represores, pero al mismo tiempo no se tuvo en consideración los derechos humanos de las mujeres. La abogada Matilde Bruera, como directora del Centro "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho comenzó por ubicar que el concepto de "mujer" fue construido socialmente, y que el discurso jurídico le dio a ese concepto distintas connotaciones a través de la historia. Para reconocer los derechos femeninos "son necesarias políticas públicas, políticas de Estado", dijo.

Bruera realizó un recorrido histórico por la concepción de la mujer en el mundo jurídico, al que ellas ingresan "expresó "como categoría problemática y tan es así que el primer Código Penal de la humanidad, en la época de la Inquisición, estuvo destinado a perseguirlas" acusándolas de practicar, de encarnar "brujerías". Luego, durante siglos "las mujeres fueron miradas, ubicadas en forma negativa y estigmatizadas cuando se las calificaba como "malas madres" o como "prostitutas". Matilde Bruera repasó las luchas feministas que las ubicaron como sujeto de derecho y que permitieron conseguir derechos políticos, laborales, el reclamo por igualdad de oportunidades para el desarrollo personal "continuó "y así comenzó el debate sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Con el incesante activismo que ellas desplegaron en el mundo se pudo incorporar la lectura de género en los derechos humanos, y entonces el eje de la lucha feminista pasó por el no a la discriminación y también por la necesidad de tener "una vida libre de violencia"Ello no sólo impactó en el ámbito jurídico sino que comenzó a calar en la cultura, y lo hizo en la medida en que el Estado se hizo cargo de esta nueva perspectiva y se propuso trabajar sobre las prácticas sociales e institucionales".

La directora del centro "Juan Carlos Gardella" contextualizó la situación de las mujeres en la década del "70. Estaban incorporadas de forma masiva al ámbito laboral e incluso a la vida universitaria: "todo ello puso en crisis el modelo occidental y cristiano" que les estaba reservado, porque también fueron militantes políticas o sociales.

"Las mujeres no sólo hablaban de su dignidad, sino que fueron capaces de cruzar sus miradas hacia las luchas sociales y políticas" Por eso la represión y la dictadura tuvieron un especial ensañamiento con ellas". Rotunda, Bruera sostuvo que si se aspira a terminar con la impunidad y hacer realidad el derecho a la Justicia para las mujeres víctimas del terrorismo de Estado no se puede seguir encubriendo prácticas aberrantes ni subsumirlas bajo otras denominaciones. "Las violaciones, los ataques de todo tipo fueron posibles por el prejuicio social y cultural que sostuvo el ocultamiento y la culpa y que obturó los propios discursos de las víctimas que se protegían de la revictimización institucional que expuso y expone pero no escucha". Pero esa mujer también fue protagonista en la resistencia y en la lucha por los derechos humanos, según explicó, para saludar a modo de homenaje la existencia de las Madres "que instalaron el discurso de la vida, de la memoria y de la lucha contra la impunidad. Salieron a cuestionar el poder vigente, la dictadura, el terrorismo de Estado luchando por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares.".

Ya, sobre el acceso a la Justicia, aportó la idea de que no se accede a ésta por llegar a los Tribunales, sino cuando se reconocen sus derechos y más aún cuando se hacen efectivos. "Por eso es trascendente el reconocimiento, en los juicios de lesa humanidad, el especial ataque que sufrieron las mujeres víctimas del terrorismo de Estado: los atentados sexuales como prácticas sistemáticas en los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. No se trataba de hechos excepcionales, sino permanentes y específicos. En esto es que hoy se reclama el acceso a la Justicia que debe ser el reconocimiento como delito de lesa humanidad, ya que constituye una problemática de género".

El "desescombrar" de Stella Hernández

La voz de Stella Hernández conmovió a quienes estaban en el recinto. Poco tiempo atrás declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 con los represores sentados en la sala, a su espalda. Esos hombres parecían animales feroces, sanguinarios y sin embargo salían, volvían a "sus cuevas", dejaban maloliente la ciudad. Ella denunció en especial a uno de ellos, a El Cura Marcote como "el violador serial en el Servicio de Informaciones de la policía", en Dorrego y San Lorenzo. El viernes pasado Hernández narró su preocupación antes del testimonio ante el Federal: "¿Qué palabras, cómo usar las palabras para que se entendiera lo que sienten las víctimas? Yo no vengo a hablar sólo en mi nombre dijo , sino en el de tantas mujeres que ya no tienen voz porque se la arrebató la dictadura. Mi testimonio se inscribe en el reclamo de Justicia de todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, pero también en el universo de las mujeres que hemos sufrido ataques sexuales sin que las denuncias hayan sido llevadas a juicio, porque esos ataques no han sido considerados delitos de lesa humanidad".

Stella Hernández describió, pintó sensaciones ante un público que seguía silencioso su relato. Porque cuando se habla y se pone en palabras el horror se puede experimentar una fuerte "liberación, se descargan varias mochilas, pero es enorme el esfuerzo que hacemos los testigos por hilvanar las historias, por armar un "puzzle" con los hechos y estructurar la cronología del horror. Pasaron ya 35 años. El esfuerzo es por recordar caras, por adjudicar nombres y por encontrar las palabras más contundentes, más justas para expresar qué paso, para nombrar lo innombrable. La violencia sexual ha quedado escondida en muchas declaraciones porque se recurrió al uso de metáforas, de elipsis, es lo que yo llamo la segunda impunidad de la que gozaron los represores, cuando las víctimas no podían hablar, no podían denunciarlos y cuando delante de ellos se producía el silencio"

Hernández ubicó que el hecho de no poder denunciar no sólo tiene fundamento en pautas culturales, que incluyen a las religiosas y las concepciones sobre el cuerpo de las mujeres, "sino que "dijo , existen razones fundadas en la acción del Estado y de sus instituciones: cuando la Justicia no actuó, cuando los legisladores votaron leyes contra el derecho, cuando los gobiernos perdonaron a los que nunca se arrepintieron se construyó la barrera de la impunidad en la democracia". Y a ello contribuyó la sociedad "porque no supo, porque no quiso, porque no pudo" y ayudó a levantar la barrera de la impunidad. Y esa es la barrera que hay que romper con la palabra".

No era la primera vez que Stella Hernández declaraba. Lo había hecho antes ante la CONADEP, ante la Justicia provincial y ante las instancias que abrían los militares "pero hay que decir que esta es la primera vez en que uno siente que está el Estado protegiéndonos de alguna manera porque está impulsando estos juicios. Esta es la primera vez que nos acompaña un Estado que decidió tomar la política sobre derechos humanos como una política de Estado".

Después de recordar la actitud del ex presidente Néstor Kirchner cuando pidió perdón a las víctimas, y a la sociedad toda, y lo hizo en nombre del mismo Estado, trajo las imágenes de cuando hizo bajar los cuadros de los genocidas y se habilitaron los juicios. "Es tan grande el mérito de esas acciones porque es también muy grande el poder que está en contra de ellas".

Reclamó otra vez al Tribunal para que el delito de la violación sea considerado delito de lesa humanidad y en consecuencia se juzgue a los responsables. "Estos hechos fueron la regla y no la excepción. Fueron pensados y ejecutados por las fuerzas armadas y policiales, para quebrarnos en nuestra subjetividad y aniquilarnos, y para extender, a través de las y los sobrevivientes, el terror sobre lo que sucedía en los centros clandestinos. Esa fue la manera de despejar el terreno para la aplicación posterior de un plan económico de devastación y para instalar el otro genocidio que fue el genocidio del hambre".

Hernández reclamó también que los represores que están siendo enjuiciados cumplan prisión efectiva. "Vamos a denunciarlos y los podemos cruzar en cualquiera de las calles de Rosario", afirmó.

Cuando terminaba de hablar contó una anécdota personal, de cuando le pidieron que escribiera lo que había sentido en su paso por el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2. "No terminé de escribir, pero quiero señalar otra vez lo de las palabras, el desafío de encontrar las palabras para que todos entendamos lo que pasó". Ella contó que en ese esfuerzo encontró una expresión, que en realidad es una licencia que se tomó, y citó des encombrar para señalar el sacarse los escombros. "Yo sentí que con mi declaración había sacado piedra tras piedra manteniendo firme la estructura y por un hilito de luz que quedaba sentí que había podido liberar a esa joven que fui en 1977".

Contexto de los delitos

Gabriela Durruty es abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales. Por su presencia y el rol que juega como representante de los querellantes -junto a otros profesionales dijo Della Siega: "No sólo no pudieron con nosotros, tenemos toda una generación de jóvenes abogadas, abogados de los organismos que llevan adelante una tarea muy importante, justo la de la querella. Algunos eran niños o no habían nacido en 1976. Esto nos regocija mucho, por lo que supone como compromiso militante".

Durruty hizo un repaso por las políticas públicas desde la dictadura, cuando eran las del exterminio y desaparición de personas. Recién con el período constitucional abierto en 1983 llegó una nueva política, mucho mejor, la de limitación y juzgamiento, "que si bien impulsó algo que fue muy importante para Latinoamérica, como el juicio a las juntas, ya tenía incluida en sus primeras decisiones la limitación de estos juzgamientos y lo que fueron después las vergonzantes leyes de impunidad impregnadas aún por la doctrina de la seguridad nacional. Recién a partir de 2003 se puede decir que hubo una política clara, que transmite una decisión irrevocable del Poder Ejecutivo nacional de anular las leyes de impunidad y seguir adelante hasta donde se pueda y se deba con la investigación y la sanción de cada uno de los responsables de este genocidio".

Durruty recordó cómo se retrasó en Rosario la apertura de los juicios, las acciones que pedían por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por parte de la Justicia Federal y el total respaldo que dio Néstor Kirchner para la reapertura de la Causa Feced, la llamada causa madre porque de ellas se desprenden otras. "Resta ahora conseguir que el Tribunal declare como delito de lesa humanidad las agresiones sexuales. Nosotros plantemos que ningún delito puede ser investigado fuera de contexto y que en el caso de los delitos de lesa humanidad es fundamental enmarcarlos dentro del plan sistemático en el que ocurrieron porque de otra manera resulta imposible comprenderlos y muchísimo menos sancionar a los responsables".

Lo que no se podía nombrar

Agustín Rossi retomó la idea del componente cultural muy fuerte que existe respecto del tema de los delitos sexuales. También dijo que debería analizarse la razón por la cual en los primeros testimonios, en relación con lo que fueron los años de prisión, o de tortura y de cárcel, la violación no tenía un lugar de preponderancia. "Era casi obvio, si tenían poder sobre nuestras vidas, cómo no iban a tenerlo sobre nuestros cuerpos. "Pero la sociedad en su conjunto había construido un relato en el que obvió lo que no se podía nombrar, resultaba más cómodo de esa manera. Por eso la valentía de los testimonios y el poder reencuadrar a los hechos tiene una gran significación y un profundo contenido cultural".

El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria habló luego sobre el flagelo de las violaciones que ocurren diariamente y sostuvo que "son mínimas la cantidad de violaciones que llegan a denunciarse y que existen muchas familias donde ante estas situaciones tienen como primera tendencia la de esconder lo que pasó". La razón, explicó luego, "es la estigmatización que significa". También el acoso sexual en el ámbito laboral no tiene una respuesta acorde por parte del Estado.

El precandidato a gobernador y mayor referente en Santa Fe del Frente para la Victoria mencionó una experiencia de prevención que en la ciudad de Buenos Aires lleva adelante Eva Giberti a cargo de la Unidad Preventora de Delitos contra la Mujer. "Hay situaciones que permiten pensar qué va a pasar y adelantarse a los acontecimientos"Justamente el objetivo del Estado es la prevención", dijo y después enunció el que debería ser un programa de incentivos a empresas que den trabajo a mujeres víctimas de delitos sexuales" ya que la mayor cantidad de estos ataques se da en el ámbito de lo familiar. También recordó que la realidad de que la mujer no tenga un trabajo es en sí mismo "un instrumento de dominación" y señaló que "es hora de empezar a equilibrar las situaciones de las mujeres y en esta provincia hay muchas desigualdades e inequidades", tras lo cual señaló que se comprometía a revertirlas en caso de ser electo gobernador.

Por último recordó que él había sido autor de la ordenanza referida al acoso laboral dentro del ámbito laboral de la Municipalidad de Rosario "y recuerdo que no fue fácil en ese momento porque siempre tratan de dificultarse las cosas. La violación es la situación más fuerte pero hay por debajo otros hechos que las mismas barreras culturales impiden, a veces, a las mujeres, charlarlas con sus propias parejas".

"Si la policía está para cuidarnos no puede entrar y transitar por el barrio a los tiros, porque eso también es inseguridad que se cobra vidas". La expresión pertenece a Zulma Lugones, la abuela de Ezequiel, de 9 años, uno de los dos chicos que permanece internado en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" después de haber sido gravemente herido cuando dos policías perseguían a un hombre, prófugo de la comisaría 12ª. Todo sucedió en Campbell y La República, en una de las partes más humildes de Empalme Graneros. La Justicia penal investiga el accionar policial, también la Secretaría de Control de Seguridad a cargo de Facundo Paschetto (ver recuadro). Como repitió varias veces Lugones, su nieto y su amigo estaban "tomando una coca" en la esquina mencionada cuando todo pasó con rapidez. Reflexión sobre la fuerza policial, su composición y la relación con la pobreza que es analizada por la licenciada en Historia Zulema Morresi, docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, más precisamente en las carreras de Comunicación Social y Política donde da Perspectiva Sociofilosófica y Sociología Sistemática. Morresi explica que esto se dio en una de las partes de villa de la zona de Empalme pero "es evidente dijo , que no hubiera sucedido en el centro de la ciudad o en un shopping" por citar un par de ejemplos "porque la presión social no lo hubiese permitido". Después plantea una mirada sobre las estigmatizaciones que generan las asociaciones entre pobres, a lo que se agrega que son vagos y luego delincuentes y se constituyen en buena parte del imaginario social.

Zulma, la abuela de Ezequiel de 9 años, dijo a Rosario/12 que su nieto ya está en la sala. Fue sacado de terapia intensiva "pero sigue con muchos cuidados, el pulmón todavía están sangrando por los balazos que recibió" y además cuenta que a su nieta Johana le sacaron "15 balines" de la pierna y que hay "mucha gente que recibió impactos pero no lo quiere decir, porque tiene temor". La mujer es una militante territorial, integra el Movimiento Evita y conoce mucho la zona. "No les tenemos que tener miedo. Hay que hablar, decir lo que pasó y quiénes fueron responsables deben ser castigados. Estas cosas no pueden pasar". La voz de la mujer tiene fuerza, sabe lo que dice y parece detenerse a pensar ante cada palabra, aún cuando cuenta que hace cuatro años "la policía confundió a otro de mis nietos con un delincuente y lo mató en Provincias Unidas y José Ingenieros". Ella es consciente de que sus nueras tienen temor, sobre todo por la muerte del joven de 22 años y por lo que pasó ahora con Ezequiel y "de que otro de los chicos pueda verse en una situación de peligro". En Empalme, los vecinos, podrían hablar de inseguridad desde un registro diferente del que se testimonia habitualmente. Zulma fue agente de salud del hospital Centenario y recorría los barrios carenciados, ahora está jubilada y sigue haciéndolo desde otro espacio. De todos modos quiere ser equilibrada cuando habla de la fuerza policial. "Si ellos están para protegernos no puede ser que vayan a los tiros, cuando hay chicos o cualquier persona en la calle. Tienen que ser más responsables, aunque yo no meto a todos en la misma bolsa y a veces hay quienes recorren el barrio y te tratan bien, son correctos".

La docente Zulema Morresi hace un análisis sobre el comportamiento policial en relación con los sectores más humildes y sostiene que lo que ocurrió en la intersección de Campbell y La República "no es un hecho aislado" y que el trato hacia estratos más pobres y vulnerables de la sociedad no es el mismo que se le da a quienes componen clases y capas sociales mejor ubicadas desde el punto de vista económico.

Lo que ocurrió, dos hombres policías disparando a alguien que se les escapa, un prófugo, es un hecho que difícilmente se daría en la zona céntrica o en un gran centro comercial, por citar un par de posibilidades.

Es evidente que no, porque eso no se hubiese tolerado. En la sociedad capitalista en que vivimos hay una manera de percibir las cosas: todos somos iguales ante la ley, pero esto es sólo una abstracción. No somos iguales ante la ley porque en la práctica funciona esta desigualdad. Hace poco leí un texto de Gastón Gori que plantea la idea de vagos y "mal entretenidos", tal como viene de la historia. En el siglo XIX se perseguía a aquéllos que no tenían trabajo fijo, a los padres que no mandaban a los chicos a la escuela, porque hay una como una asociación mecánica: pobreza, vagancia, delito. Como que quien es pobre es vago, que no se esforzó y por eso vive en ese barrio o villa de emergencia, más allá de que pueda existir gente con trabajo. Se responsabiliza a una persona pobre de su propio destino, es culpable de ser pobre y también es sospechoso. Siempre es sospechoso de delito"por la cara, por determinados gestos que hacen que otros sectores de la sociedad les tenga miedo. Lo del vago y mal entretenido es muy viejo en nuestra cultura.

Los hombres y mujeres que componen la policía no tienen, por lo general, una pertenencia a los sectores más acomodados. ¿Por qué considera que es bastante común que repitan las estigmatizaciones que surgen desde otros lugares?

Tal vez habría que verlo desde otra especialidad, como es la psicología. Esto funciona en el imaginario, entonces más allá de la posición social que se tenga, se generaliza y se ve cómo desde los sectores más humildes es desde dónde más se estigmatiza, algo que es extraño. El hecho de que quienes integran la fuerza policial están cerca, creo que hace que se vea a los pobres como peligrosos. Y además ellos mismos descalifican a los humildes y valoran a quienes integran sectores sociales más acomodados económicamente y que no son el que ellos integran. Además, lo que ocurrió en Empalme Graneros tiene que ver con la impunidad con la que se puede operar en determinados sectores desde el momento en que no tiene la misma protección social que otros: sus integrantes no pertenecen a un colegio de profesionales o no van a determinadas instituciones que los podrían respaldar, no forman parte de una corporación y en ese sentido están mucho más desprotegidos. Y la reacción ante una agresión va a ser una respuesta aislada de sus familiares, pero no van a tener otra cosa y tampoco cuentan con posibilidades económicas. Y las posibilidades económicas hacen que unos puedan pagar una fianza y otros se queden adentro, o pueda pagar una institución, o recursos culturales como para defenderse. Hace unos años iba por calle 27 de Febrero, pasando Avellaneda y en unos monoblocks había unos escritos con aerosol que decía: "Cuando te llevan por averiguación de antecedentes, tenés derecho a una llamada". Este es uno de los mecanismos de defensa que tienen estos sectores para poder enfrentar esa impunidad que se ejerce porque del otro lado no hay una respuesta. Las fuerzas policiales saben frenarse, no lo harían nunca en un shopping porque existe una presión social y el poder económico que no se lo va a permitir- concluyó.

Un chico de 17 años detenido en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) denunció a un agente del Servicio Penitenciario Provincial que lo golpeó y maltrató durante el traslado hasta la sede del juzgado de Menores de San Lorenzo, a cargo de Nelson Fogliato. El hombre fue relevado de su tarea y se le inició un sumario administrativo por lo que sus pares protestaron, mientras el adolescente debió ser alojado en otro dispositivo, dependiente de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, por orden del mismo juez y para preservarlo de posibles "pases de factura". La lógica de los penitenciarios en cuanto a que pueden agredir a las personas que custodian mientras son sacadas del IRAR para cumplir con distintas diligencias, permanece como un ritual aceptado entre ellos.

Desde la Dirección Provincial se sostiene que los casos que se presentan son puntuales por los controles que se realizan y que impiden que se generalice el uso de actitudes violentas. Débora Cotichini, titular de la dirección, sostuvo en relación con el caso del chico T. y de la gestión a su cargo, que dentro del IRAR se trabajó muchísimo en "ordenar los procesos del diario vivir como es el traslado de los chicos, por distintas razones y hacia distintos lugares". De ese trabajo surgió un protocolo de cómo conducirse cada vez que regresa un adolescente y que debe ser revisado para comprobar que esté bien y si no es así se da rápida intervención al juzgado correspondiente. Mientras tanto, el secretario de Asuntos Penitenciarios Leandro Corti dijo a este diario que no deben realizarse generalizaciones porque "no todos los hombres del SP se comportan violentamente" y desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Carmen Maidagan, afirmó que las agresiones son constantes y que "este problema sólo puede solucionarse si el Servicio Penitenciario deja de prestar funciones dentro del IRAR".

El agente del SP que golpeó a T. lo hizo durante el traslado de San Lorenzo al IRAR, el instituto donde desde unos meses atrás estaba alojado el joven. De regreso a la institución, cuando fue revisado y se constataron las lesiones, desde la dirección provincial se dio intervención al juzgado de Instrucción Nº 14 en turno a cargo de la jueza María Laura Sabatier. T. quiso denunciar a su agresor, un dato que no es menor porque en el imaginario de muchos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, está inscripto que quien denuncia a la policía por agresiones diversas "esto es cuando están en libertad , es "cagón" y "buchón" y esa suerte de regla se replica durante el encierro. La construcción de ese imaginario también tiene en cuenta que cuando se denunció, poco y nada hizo la Justicia.

En el juzgado de Fogliato, en San Lorenzo, el penitenciario denunció al chico por amenazas, pero el agente M., finalmente, fue separado de su cargo cuando de regreso al IRAR se constataron las escoriaciones en el cuerpo de T. y el juez ordenó que el chico no quedara alojado allí por temor a las represalias que pudiera recibir después de realizada la denuncia. La actitud violenta del agente del SP reeditó la práctica que se conoce como el manejo más común de la fuerza de seguridad, naturalizada durante muchísimo tiempo no sólo entre quienes formaban y forman el SP, sino también entre muchos civiles con el mismo manejo autoritario. De esas prácticas, tal vez el saldo más terrible fue la muerte del chico Néstor Salto, en 2007, que murió quemado en su celda sin que los entonces operadores civiles acudieran en su ayuda.

El secretario de Asuntos Penitenciarios Leandro Corti señaló que no todo el personal se comporta de la misma manera: "Soy enemigo de las generalizaciones, ya que hay hombres con seriedad y que trabajan con buena voluntad, por lo que no me parece responsable referirme a todos por igual. Por otra parte en el IRAR hay una presencia de personal civil muy fuerte y un protocolo para las situaciones de traslado por el que los chicos deben ser revisados, al regreso a la institución, una tarea que está a cargo de un enfermero o de un médico que dependen de la Dirección de Justicia Penal Juvenil". Para Corti, el Servicio Penitenciario comenzó a modificar su esquema de trabajo durante la gestión del ahora concejal Fernando Rosúa, en el último gobierno de Jorge Obeid. Después planteó que "todas las instituciones de encierro generan violencia, francamente determinante para quien está privado de su libertad como también para otros actores que intervienen en la dinámica de las instituciones de encierro". Corti agregó que los apremios que se producen son "casos puntuales" y que "de ninguna manera se puede hablar de una actitud colectiva"

Leandro Corti dijo además que los agentes que cumplen funciones en el IRAR hicieron un planteo en disconformidad con la separación de las tareas habituales y el traslado a Piñero del agente M. Sin embargo desde el personal civil se sostiene que el SP que hace la custodia en el exterior del IRAR llevó adelante un paro, por cuanto durante 6 días los chicos allí alojados no pudieron salir del edificio hacia el espacio que se conoce como campo de deportes.

Corti insistió en marcar que "a veces se genera una lógica simplista que enfrenta a civiles y penitenciarios y a veces estos últimos terminan siendo la variable de ajuste. Hay buena gente entre unos y otros", expresó.

La directora de Justicia Penal Juvenil Débora Cotichini reflexionó sobre la actitud del SP y recordó "que en el año y medio que transcurrió desde que se hizo cargo de su función es el tercer caso de jóvenes que presentan denuncias contra personas del Servicio Penitenciario por situaciones de maltrato". Cotichini también dijo que se trabajó mucho en ordenar y protocolizar "los procesos del diario vivir", como es el traslado de los chicos "en comisión". "De allí que cada vez que regresan son revisados por un enfermero o un médico para constatar si han sufrido maltratos. La lógica de las agresiones se fue modificando y las que se presentan son situaciones puntuales, de todos modos, se sabe que ante cualquier constatación de agresión debe darse intervención a un juzgado penal y así se hizo en el caso de T".

En cuanto a la cultura del no denunciar, Cotichini sostiene que "se trabaja también en desmontar la lógica tumbera, porque si bien los adolescentes están privados de libertad, hay que tratar que no se repique allí el modelo de los adultos en prisión" Como lo hizo otras veces la directora provincial señaló la función de los acompañantes juveniles en el IRAR como uno de los mayores aciertos "porque son ellos los que establecen una relación estrecha, una vivencia diaria con los jóvenes que en muchas oportunidades toman la confianza de decirles qué les pasa".

Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) la abogada Carmen Maidagan recordó que desde muchos años atrás las agresiones y malos tratos de parte del Servicio Penitenciario hacia los adolescentes "son sistemáticos y la respuesta oficial es sólo la separación de un agente. Si hay un problema constante queda claro que lo que no funciona es el sistema y el mismo problema seguirá existiendo mientras el SP esté allí. Hay que empezar a prevenir situaciones graves y esa prevención sólo puede concretarse si se saca a los penitenciarios del contacto con los adolescentes, algo que sostenemos desde hace mucho años".

La baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de 16 a 14 años, es agitada o propuesta de manera recurrente como la llave que abriría la puerta hacia una sociedad "sin delito". En algunos casos el pedido surge desde los sectores que no se cansan de pedir mano dura y que tuvieron un "adalid" en aquel falso ingeniero Juan Carlos Blumberg que consiguió - mediante una conducta vergonzoza de muchos legisladores- algunos de sus propósitos. Pero también hay representes del llamado "progresismo" que impulsan cambios. En una y otra situación, con las abismales diferencias que existen en las intencionalidades de quienes sostienen las respectivas argumentaciones, se desconocen derechos convencionales firmados por la Argentina y que adquieren rango constitucional. Los involucrados, esos niños adolescentes tienen una única pertenencia de clase: se trata de los más pobres, de los hijos de segundas o terceras generaciones sin trabajo, de quienes fueron empujados al abismo de la exclusión. La abogada penalista, defensora pública en el Tribunal Federal Oral Nº 2 de Rosario, Matilde Bruera, quien también es directora del Centro de Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho de la UNR y el ex director de Minoridad y Familia durante el gobierno de Carlos Reutemann, entre 1993 y fines de 1995, Néstor Ciarniello, también fue asistente técnico en la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia durante el último gobierno de Jorge Obeid y asesor del Ministerio de Desarrollo Social , se pronuncian contrarios a la baja de la edad.

Bruera lamenta que en la Argentina cada vez que aparece la discusión acerca de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en relación con el sistema penal, "se ponga el carro delante del caballo y aparezca como que todo se centra en la edad de imputabilidad penal, para lo cual se agitan estentóreamente hechos de inseguridad". Y luego señala como un "gran avance" la sanción de la ley 26.061, de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes, que derogó la Ley de Patronato, la Nº 10.903, que como ella explica fue el pilar del llamado sistema tutelar, "por el cual el Estado se hacía cargo de los niños pobres mediante el encierro llamado eufemísticamente "disposición" " y que no termina de ser desterrado".

Cuando como en este tiempo la baja en la edad de la imputabilidad de los chicos se invoca de manera recurrente, Bruera dice que "parece no advertirse que hay un estándar de derechos humanos, vigente a partir del derecho convencional, que reconoce a los niños los mismos derechos humanos que a los adultos, y aun más, según la Opinión Consultiva 17/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y plantea con la categoría de "increíble" que los jueces sigan utilizando el decreto de la dictadura (decreto"ley del año 1980 22.278/22.803) "para intervenir discrecionalmente adoptando medidas violatorias de los más elementales derechos como son las garantías que tiene toda persona frente al poder punitivo del Estado".

Sobre los niños, y con independencia de su edad, la defensora pública del Tribunal Federal Oral Nº 2 explica que son "dispuestos y mandados a instituciones de encierro" por el sólo hecho de estar abandonados, o en una situación que se vea como irregular. Luego aborda, como más abajo lo hará Ciarniello, la criminalización de la pobreza que por lo especialmente peligrosa en esta franja etárea, fue otra vez "descalificada" por los estudios hechos públicos por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, "en estos días, en los que evidencia que la incidencia de niños en hechos delictivos graves es casi nula".

"Las políticas públicas vinculadas a la niñez parecen indicar una tendencia nueva", considera Matilde Bruera cuando se refiere a la asignación universal por hijo, "que quedará lejos de resultar positiva si no se frena la corriente de exclusión social que desde hace varias generaciones viene expulsando a los más jóvenes a la indigencia y la culpabilización social".

La también directora del Centro de Derechos Humanos "Juan Carlos Gardella" de la Facultad de Derecho recuerda que en 1976, a poco de iniciada la dictadura, se promulgó la ley 21.338 que modificaba el Código Penal, al endurecer escalas y medidas, "y entre ellas, se bajó la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, retrocediendo en relación al Código Penal de 1922". Luego enumera que en 1980 se publicó el decreto 22.278 que mantiene ese tope, y que fue en vísperas del período democrático, en 1983, "cuando la última junta militar repuso los 16 años como límite de imputabilidad penal. La recuperación de ese tope, formó parte de la lucha de los sectores más democráticos contra la dictadura y la mano dura, y esta mirada no puede soslayarse en la discusión".

Buera está a favor de la elaboración de una legislación de Responsabilidad Penal Juvenil que, dice, "podría saldar esta tendencia intermitente si derogara el decreto de la dictadura y terminara con la arbitrariedad reinante en la materia", pero "aclara , "que esa legislación no tiene porqué armarse negociando el bajar la edad de imputabilidad". Sobre el mismo aspecto la abogada Matilde Bruera explica que es importante diferenciar "el discurso de los que arremeten contra la vulnerabilidad en pos de sus campañas políticas de ley y orden, del de aquéllos que discuten en el marco de posibilitar el reconocimiento del niño como sujeto de derecho pleno".

Indicadores de (subtítulo)

reincidencia

El ex director provincial Néstor Ciarniello coincide con Bruera en que la baja en la edad a partir de la cual se imputa a los adolescentes aparece en la discusión social, y más de una vez, agitada por los posicionamientos mediáticos favorables a ese reclamo, cuando ocurre algún hecho que se ubica de manera genérica en el rubro de la inseguridad. "¿Por qué ese reclamo, esa idea?", se interroga Ciarniello y una primera respuesta es la de que no existe la voluntad de pensar en cuál es el problema. "Claro que hay una sociedad autoritaria que pide por represión, pero también tengo que reconocer que cuando las personas pueden escuchar un razonamiento distinto, cuando se puede reconocer cuál es el conflicto central, hay muchos que pueden tener otra comprensión y aún cambiar la visión de la represión por la de la formación". La reflexión de Ciarniello que en la actualidad trabaja en el centro comunitario situado en calle Barra y las vías del Ferrocarril, que lleva el nombre de Padre Mujica, está referida a los proyectos y discursos oficiales, para el caso el del gobernador bonaerense Daniel Scioli en cuanto a situar el punto de la imputabilidad en los 14 años: "Lo único que hacen es favorecer la represión porque se cambia la figura del juez tutelar que está en la ley 22.278 por la de un juez penal que sirve para incriminar y finalmente condenar con la privación de libertad". Así el chico "que está en edad de formación, de educación, ¿qué recibe": la represión vía policial y vía derecho penal. Yo lamento "continúa , que el integrante de la CSJ de la Nación, Raúl Zaffaroni, esté en una posición ambigua.Yo aprendí de su Manual de Derecho Penal que la sanción es totalmente penal y no tiene nada que ver con una medida socioeducativa. Y si fueran de la calidad de estas últimas, se tienen que dar en un ambiente de formación y de libertad, de lo contrario no tienen los efectos deseados".

Otra idea que Ciarniello expresa como parte de su pensamiento contrario a la aludida represión es el nivel de reincidencia que existe en los adolescentes que están en conflicto con la ley penal más allá de que hayan sido reprimidos y encerrados: "La realidad dice una verdad y es que los chicos que tienen varios hechos cometidos, dos tres, diez, veinte, vuelven a reincidir en un ochenta u ochenta y cinco por ciento según las estadísticas. Este es el gran fracaso de las políticas públicas, de toda la sociedad y de todas las instituciones. Entonces ¿por qué se repite lo mismo" Los chicos no pueden construir su proyecto de vida, es el más terrible fracaso, eso es la nada y frente a la nada ¿qué ocurre": "las náuseas" de la que hablaba (Jean Paul) Sartre. Frente a las náuseas, la depresión y por allí se pegan un tiro, como Sergio". Néstor Ciarniello se refiere al joven de 16 años que se suicido en Ludueña el 1º de enero pasado con la foto de su beba en su pecho "por la impotencia que da la falta de un proyecto de vida. Entonces uno se dice que también 'se suicidan cuando van a robar, por las condiciones en que lo hacen y a veces, en algunas oportunidades matan, pero siempre salen perdiendo".

Cuando el ex director de Minoridad y Familia que es autor del libro "El taller del diablo El régimen de responsabilidad juvenil ¿Propuesta liberadora o alucinación mortal" habla de que todas las instituciones fracasan se refiere también al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) ya que sostiene que a él no le caben dudas acerca de que hay "buenos programas y gente interesada en trabajar puertas adentros del instituto cerrado, pero dice , qué pasa cuando el chico sale"¿El gobierno lo prepara", ¿le ayuda a construir un proyecto de vida" No, el Estado está ausente y esos proyectos que se hacen 'en nombre de los chicos' los de la baja de la imputabilidad , señalan que tienen derecho a tener abogados defensores pero también que tienen fiscales que los acusan y jueces que los condenan".

Todo el mundo tiene posibilidades de saber dónde se realizan abortos y si no se sabe del sitio con precisión se lo averigua en el momento en que se decide interrumpir un embarazo que no es deseado. Quienes usan de esta posibilidad son las mujeres que se lo practican y los hombres que les piden a ellas que no sigan adelante con la gestación. El boca a boca funciona con tanta eficacia como no se ve con otras temáticas sociales. ¿Por qué, entonces, el allanamiento a la peluquería de Empalme Graneros donde se practicaban abortos clandestinos? Si la respuesta es porque se cometía un delito suena poco creíble y discriminatoria, ya que no se valoraron las cuestiones relacionadas con la seguridad y además porque nunca se allanan los domicilios en que las prácticas se realizan por varios y varios miles de pesos. El operativo tuvo, como única víctima, a la mujer que allí estaba y que quedó además implicada en una causa penal. Interrogantes sobre la utilidad del procedimiento, la criminalización de clase y de género, la hipocresía social y las relaciones con el poder. Opiniones del ministro de Salud, Miguel Cappiello y de la abogada Analía Aucía, del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

El ministro de Salud Miguel Cappiello respondió a la consulta de este diario acerca de si era de utilidad que, los recursos del Estado se gastaran en un procedimiento como el que se hizo en la peluquería de Provincias Unidas al 600, donde se practicaban abortos clandestinos y cuando existen numerosos consultorios o clínicas en Rosario donde se los realiza por todos los precios.

¿Dónde se realizan, a qué lugares se refiere?, porque es de buen ciudadano denunciar a quienes cometen un delito. No hablo de cargar todo el peso sobre las mujeres... fue la respuesta de Cappiello.

Pero estos lugares, como el allanado, existen porque hay mujeres, pobres que allí concurren. Quienes pueden pagar por seguridad tienen otras alternativas y abonan 4, 5 o 6 mil pesos. Es

entonces una cuestión de dinero, porque esas clínicas o consultorios nunca son blanco del procedimiento judicial o policial

Es que el concurrir a realizarse un aborto clandestino no es la solución, sino estar dentro de los programas de salud sexual y reproductiva que tenemos y que suministran los anticonceptivos para evitar llegar al embarazo.

Pero no todas las mujeres están en esos programas, y aún así hay una cantidad de circunstancias en que, ante un embarazo no deseado, se toma la decisión de abortar.

Hay que seguir trabajando para que todas las mujeres estén incluidas y se cuide su salud. La sociedad argentina todavía no decidió la legalización del aborto y cabe recordar que hay un proyecto de la diputada (mandato cumplido) Silvia Augsburguer para lograr la despenalización que todavía no se trató en el Congreso nacional.

¿Y usted está de acuerdo con ese proyecto?

Por supuesto.

Las relaciones

con el poder (subtítulo)

La abogada Analía Aucía, con una mirada amplia del problema, ubicó al tema del aborto como un "enclave" que moviliza importantes relaciones de poder "políticas y económicas". Ella señaló que en la provincia de Santa Fe se dieron pasos importantes sobre el tema de la interrupción de los embarazos no deseados y de los abortos no punibles contemplados en el Código Penal. Así fue que cobró relevancia la normativa que protege a las mujeres en situaciones posteriores al parto; también la guía que regula los abortos no punibles y se juzgó a los profesionales que se negaron a practicar el aborto terapéutico a la joven, Ana María Acevedo, quien padecía cáncer y a la vez estaba embarazada e internada en el Hospital Iturraspe de la capital provincial.

Sobre el procedimiento en Empalme Graneros en el que quedó implicada judicialmente una mujer de 40 años, Aucía sostuvo que quedó demostrado "que aún falta mucho por hacer en materia de salud sexual y reproductiva y que el aborto no es un tema que se circunscribe a la presencia o anuncio de políticas públicas en materia de salud reproductiva". La integrante de CLADEM formuló el interrogante acerca de por qué se realizó ahora el allanamiento cuando se conocía de la existencia de ese lugar y de la práctica de abortos desde tiempo atrás. ¿Qué ha pasado ahora y no antes?", dijo.

"La gente sabe adónde se realizan los abortos clandestinos, conoce la casa, el local, el consultorio, la clínica, el centro médico. Hay abortos clandestinos de todos los precios y de todas las condiciones: abortos sépticos y abortos seguros, para pobres y para quienes pueden pagar condiciones de asepsia. Sin embargo, los allanamientos, las persecuciones se realizan en los sectores más empobrecidos, desprotegidos" explicó y después sostuvo que la mujer de 40 años procesada engrosa las filas de las personas consideradas "delincuentes" cuando ella "es nada más que una víctima de un sistema insuficiente y discriminador a nivel de políticas de salud y de una sociedad hipócrita y que negocia con el cuerpo y la salud de las mujeres".

Sobre el aborto legal, seguro y gratuito, desde CLADEM dijo Aucía: "No es negocio para la corporación médica privada que cobra altos precios para realizar los abortos en 'condiciones seguras'. No es negocio tampoco para las economías delictivas que tienen sus circuitos de peajes forzados con las fuerzas policiales a la cabeza. Si ha habido un allanamiento ahora, es posible que algo en esa cadena de peajes haya entrado en cortocircuito. El aborto clandestino es un gran negocio, genera un circuito de dinero que no ingresa en ningún registro, no paga impuestos, genera sobresueldos o extras, pero mientras tanto las mujeres se mueren, tienen una vida no deseada, o tienen graves problemas de salud".

Tal vez la invocación de la advertencia que desde hace décadas formula la criminología crítica es un aporte más que formuló Aucía para mostrar la inequidad del sistema penal "que funciona fundamentalmente para los más débiles, en términos del poder social que ejercen. En algunos países, como los de nuestra región, esta característica clasista de la justicia penal suele ser más descarnada".

La situación para la víctima también tuvo la mirada de la abogada de CLADEM cuando dijo que "seguramente para ella, llevar adelante este embarazo forzado implique daños en su salud psíquica descontando los riesgos físicos posibles". De allí que opinó que la situación podría encajar dentro de los abortos no punibles del Código Penal, en el art. 86, inc. 1º cuando dice..."si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".

En la provincia de Santa Fe no se detectaron unidades económicas de trabajo esclavo, por lo menos al modo en que fueron encontradas las personas oriundas de Santiago del Estero en los campos de la multinacional Nidera, en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Así surgió de las investigaciones realizadas, por sobre las inspecciones habituales, y según dijo a Rosario/12 el director provincial de Inspección del Trabajo, Fernando Muruaga. Anteayer viernes se realizaron dos intervenciones en el sur santafesino donde se detectó que había trabajadores santiagueños "pero estaban registrados y las condiciones en que se los encontró no son las que tenían los trabajadores en San Pedro". Muruaga detalló que se relevó la situación de 39 personas, todas mayor de edad en la zona de Venado Tuerto, con mayor precisión en Las Chispas y en Murphy. "Tienen baños con duchas, cobran $ 100 por día y el traslado desde Santiago del Estero lo hace una empresa de servicios eventuales, la firma ADECO que es la que los contrata. En el campamento hay un cocinero y ellos no deben pagar por la comida ni por el uso de los sanitarios. Escaso número de inspectores aunque se duplicarán en el 2012. Posibilidad de efectuar denuncias al 0800 555 3846.

Muruaga dijo a este diario que se realizó en la provincia un trabajo de investigación a través de contactos, en las distintas localidades y ciudades, y no se encontró a trabajadores reducidos al servilismo como el caso de quienes estaban en los campos de la trasnacional Nidera. Los 39 relevamientos fueron hacia obreros rurales de La Chispa y de Murphy, pero los inspectores del Ministerio de Trabajo de Santa Fe que dialogaron con todos ellos, "sin patrones ni capataces delante", precisó el director provincial de Inspección del Trabajo, dijeron que van al lugar todos los años para la cosecha del maíz, cuando realizan la tarea de desfloración que es por entero una actividad manual. Los inspectores pudieron observar baños con duchas y que los obreros no tienen que pagar por la comida, o bien por el uso de los sanitarios. Luego, al realizarse la comprobación en los sistemas de registro, surgió que todos ellos estaban inscriptos por la tarea intensiva que hacen desde el 20 de diciembre hasta el 25 de enero o unos días más. Estas personas expresaron a los inspectores provinciales que el resto del año trabajan en las provincias de Chaco y de Córdoba, pero en ningún caso las patronales declaran que allí están ni dan los datos sobre el pago de jornales ni las condiciones de vida que tienen mientras están en cada lugar.

Muruaga explicó luego que "el Ministerio es consciente de que hay muchos trabajadores rurales que no están registrados, así que más allá de las tareas de control que se realizan, se busca llevar adelante una acción conjunta entre empleadores, trabajadores y el Estado santafesino en el marco de la Comisión por el Trabajo Decente, y en ese contexto de la subcomisión del Agro. Esta modalidad tripartita es la que proponen habitualmente las organizaciones internacionales. Para el caso del trabajo en el campo, el sindicato que debe intervenir es la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios. La media nacional de trabajo en negro para todas las actividades es del 35 o 36 por ciento "y en la provincia de Santa Fe ese porcentaje era de un 33,8 por ciento para el tercer trimestre de 2010, muy poco por debajo del índice nacional", dijo el director Fernando Muruaga, quien también señaló que se sabe que esa tasa es mayor para el trabajo doméstico y también para el rural.

¿Con qué personal se cuenta para hacer inspecciones?, ¿es la misma estructura la que se ocupa del trabajo urbano y del rural?

Sí se trata de la misma estructura. Hay un área en el Ministerio, llamada Delegaciones y Rurales, que atiende en el interior de lo que son las dos grandes regionales, Rosario y Santa Fe, pero que se nutren del cuerpo general de inspectores cuyo número es de 30 personas repartidas en todas las delegaciones.

Casi nada

Pocos, hemos llamado a un concurso para incrementar el número por lo que en el 2012 habrá 26 nuevos inspectores laborales de la provincia. Hay otros 30 de Salud y Seguridad y hay que recordar que cuando iniciamos la gestión no había ninguno. Si tenemos en cuenta el personal del área Laboral y el de Salud y Seguridad vamos a terminar la gestión triplicando el número de inspectores con que nos encontramos al comenzar la gestión de gobierno. Pero además del incremento del número de personas dedicadas a estas tareas, hay que sumar lo que representa la necesidad de la capacitación. Nos encontramos con un cuerpo de inspectores formado por gente predispuesta, pero también con mucho por hacer en cuanto a esa capacitación. Cualquier manual de inspección del trabajo lo dice, no podemos pretender que media provincia controlen a la otra media, la inspección debe funcionar por percepción del riesgo, por presencia- concluyó el funcionario.

El Colegio de Abogados de Rosario respaldó, en el mes de septiembre pasado, y antes de que perdiese estado parlamentario, el proyecto de ley de la diputada provincial por el Peronismo Federal Silvina Frana que lleva como título Promoción y protección de la mujer en conflicto con su embarazo. El proyecto de Frana fue ingresado a la Legislatura en 2009 y la opinión generalizada, entre quienes trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es que si esa iniciativa prosperaba se transformaría en un tabique, en un escollo más para el ejercicio de los derechos invocados. Entre toda la protección enunciada en el texto, no se incluye, por supuesto, la de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de ahí que la decisión del Colegio plasmada en su última memoria y balance llamó la atención de una ex colegiada, la abogada ya retirada del ejercicio profesional Ana María de Benito quien cuestionó ese respaldo por entender que el Colegio debe ser una entidad plural y que con esa decisión -que no tiene que ver con la gestión-, dijo, no se representa al amplio espectro del pensamiento de los colegiados, sobre todo en un tema tan sensible, sobre el que existen posiciones tan encontradas y a la vez que estigmatizan a muchas mujeres.

El presidente de la institución, Ignacio del Vecchio explicó a este diario que el apoyo al proyecto Frana había sido a título personal, durante el discurso por el Día del Abogado, una afirmación que también parece contradictoria, ya que si el apoyo era personal podría haber elegido otro momento para formularlo. El acceso al aborto terapéutico también queda menoscabado en el texto de la ley y da lugar a nuevos casos como el de Ana María Acevedo, la joven de 20 años, madre de tres hijos que embarazada y enferma de cáncer murió en el Hospital Iturraspe víctima del más inhumano de los tratos. Cabe recordar que también murió el bebé que esperaba.

La legisladora peronista confirmó el respaldo de la entidad y también la del Colegio de Abogados de Santa Fe cuando fue consultada por Rosario/12. Así explicó que en la cena de fin de año de la entidad rosarina se pidió el tratamiento parlamentario del proyecto.

La abogada Ana María de Benito, ya jubilada, reflexionó acerca del rol de una entidad -que debe ser plural como el Colegio de Abogados- y lo hizo motivada por la nota de tapa de Página/12 del lunes pasado, firmada por Mariana Carabajal, donde con el título "La Misión" se desarrolla la intervención de la Iglesia Católica de regular el acceso a los abortos no punibles "entre otras prácticas legales sobre salud sexual y reproductiva", escribió Carabajal. Así, de Benito sostuvo que esa "misión" de la Iglesia a la que se refiere esa nota tiene un muy importante punto de apoyo en Rosario "y es el muy decidido y frontal que le presta el Colegio de Abogados de la Ciudad a través del actual directorio". Es entonces cuando de Benito aporta los datos contenidos en la memoria y balance de la institución en el capítulo que corresponde a la Labor de Institutos y Comisiones. En la página 33 se da cuenta de la reunión mantenida por miembros del directorio, entre ellos por Del Vecchio, con la diputada Silvina Frana y miembros del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA). En dicha reunión, se manifiesta en el documento, el doctor Del Vecchio expresó a Frana "el más amplio apoyo de parte de la actual gestión a su cargo y se puso a disposición para colaborar en el pedido de tratamiento parlamentario de dicho proyecto de ley, como también para llevar adelante una campaña de adhesión de firmas y difusión en los medios periodísticos locales".

"Los dos Colegios me dieron su opinión de manera verbal y luego, a fin de año, me mandaron una nota, es decir que los Comités de Bioética lo apoyaron", dijo Frana a este diario como para dar por tierra "el invocado apoyo personal que hizo el presidente Ignacio del Vecchio", consideró de Benito. Frana se quejó de que ninguna comisión había tratado el proyecto y que su iniciativa había perdido estado parlamentario.

La diputada por el partido SI, Alicia Gutiérrez, informó que en la Comisión de Derechos y Garantías no hubo consenso para emitir un dictamen respecto del proyecto de ley de Promoción y Protección de la Mujer en Conflicto con su embarazo. No hubo acuerdo entre las diputadas que integran Derechos y Garantías, Gutiérrez, Lucrecia Aranda e Inés Bertero (PS) y Mónica Peralta (UCR) para llegar a una síntesis sobre el texto de Frana que fue acompañado con las firmas de María Alejandra Vucasovich, Marcelo Gastaldi, Ricardo Peirone, Mario Lacava y Claudia Saldaña.

"Entiendo que el espíritu de este proyecto va en contra de los derechos de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo e inclusive estaría en contra del aborto no punible, ya que quiere reconocer los derechos del niño por nacer, es decir que protege al feto por sobre la vida de la madre. En casos de embarazos por violaciones o que ponen en riesgo la salud de la mujer, como en el de Ana María Acevedo, quedaría vedada la posibilidad de un aborto terapéutico", expresó Alicia Gutiérrez, quien consideró: "Sucede que los fundamentalismos, tanto en la provincia como en la Nación, se organizan y tienden a que no se apliquen las leyes, lo que constituye un retroceso sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

Según Gutiérrez, proyectos como el de Silvina Frana atentan contra las denominadas "metas del milenio" con respecto a la mortalidad materna. El partido SI está enrolado a nivel nacional "por el aborto legal, seguro y gratuito y es necesaria la ley para terminar con las muertes evitables". La legisladora compartió además la preocupación de Benito, ya que, según expresó, el Colegio de Abogados "debería representar la opinión de todos y todas las abogadas".