Página#12 Libre

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

Ventajas significativas

Por Daniel Kostzer *

El salario es la retribución que recibe el trabajador a cambio de utilizar su tiempo y fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. Esta retribución tiene por objetivo garantizar la supervivencia del trabajador y su familia, por lo que debe tomar en cuenta las necesidades del grupo familiar en su nivel mínimo. A partir del intercambio mercantil de los mismos es que se genera el plusvalor, que habitualmente es apropiado por los empresarios, incrementando las retribuciones normales al capital, a los derechos de propiedad e inclusive a la capacidad empresaria. Los trabajadores están excluidos de esta retribución, a pesar de ser pieza clave en la generación del mismo.

La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es tan antigua como el desarrollo del capitalismo en las postrimerías del siglo XVIII, cuando el desarrollo de destrezas para manejar tecnologías nuevas e insertarse en procesos más complejos requería una mayor fidelidad del trabajador con la empresa. Este sistema de participar al sector asalariado en las ganancias empresarias se hizo muy difundido, justamente en empresas de mayor sofisticación productiva de Europa, Estados Unidos, e inclusive Japón.

El pensamiento económico ortodoxo plantea que el salario debe reflejar la productividad del trabajo, y como se sabe, la productividad es un indicador que tiene cierta dificultad para ser establecido de manera ex ante. En este sentido la ganancia de la firma es la expresión más ostensible de la productividad total de los factores que convergen en el proceso productivo.

Durante su presidencia de la UE a comienzos de los ’90, Jacques Delores implementó un sistema de monitoreo de la participación de los trabajadores en las ganancias. El informe Pepper (Participación de los empleados en las ganancias y los resultados de las empresas), casi 20 años después y en el cuarto volumen de su lanzamiento, encuentra que en la UE el 18 por ciento de las empresas y el 35 por ciento de los trabajadores se encuentran bajo esta modalidad.

La participación de los trabajadores en las ganancias puede tener la forma de porcentaje sobre el excedente bruto de la explotación, que es la más difundida, o la de propiedad de una cuota parte (acciones) de la empresa. La diferencia no es sutil, ya que la segunda incluye una participación activa en decisiones de la empresa. Esta puede ser individual del trabajador, o colectiva del conjunto o el sindicato. Además de la necesidad de honrar el espíritu del constituyente que lo incluyó en el artículo 14 bis, la distribución de las ganancias a los empleados tiene ventajas significativas para los empleadores y trabajadores, generando procesos de articulación e integración social importantes.

Para los empleadores esta práctica redunda en impactos positivos en el control de los costos de producción por ineficiencias materiales o de tiempo. Dependiendo de las normativas legales, reduce el pago de impuestos a las rentas, o permite exenciones si el Estado las promociona. Por otra parte retiene y atrae a trabajadores calificados, dotando de una fidelidad y apego adicional a la empresa por esta práctica, a la vez que suma a los mismos a proyectos más colaborativos con la firma. Ejemplo de esto son casos en Europa, donde sindicatos negociaron reducción de jornada y pagos a cambio de acciones en la reciente crisis.

Para los trabajadores esta situación promueve el interés obrero en la empresa, a la vez que genera ingresos y ahorro futuro para los mismos. Desde el punto de vista sistémico, mejora la distribución funcional del ingreso, deuda pendiente en nuestro país, así como controla las ganancias calculadas para la tributación.

Sin embargo no hay que dejar de considerar que la implementación de un esquema de este tipo requiere de instituciones muy fuertes y consolidadas, para evitar imperfecciones. Debe estar generalizado a todos los trabajadores de la empresa, al margen del contenido en el proceso productivo, e institucionalizado por una ley y ordenamientos reglamentarios claros. No debe reflejar exclusivamente la remuneración de los individuos, sino las horas trabajadas, asumiendo la contribución de todos a la generación del excedente, al margen de los salarios.

A su vez debe tener ámbitos arbitrales públicos, rápidos y transparentes, evitando la complejidad de la judicialización del proceso y tener formas de cálculo claras y no sujetas a interpretaciones. En este sentido, el Estado debe garantizar el acceso a la información y la formación de los negociadores obreros, lo cual legitima el procedimiento. La búsqueda de la equidad no tiene una “bala de plata” que sirve para todo, sino que se constituye por un conglomerado de intervenciones públicas en esa dirección. Esta iniciativa promovida por la Legislatura nacional forma parte importante de esa construcción.

* PNUD Argentina y Plan Fénix.

Es un avance

Por Ariel Lieutier *

Luego de la crisis del 2001 y la devaluación del 2002, al desempleo masivo se le sumó una perdida de los salarios reales del 40 por ciento. A partir del año 2003, la estrategia distributiva del Gobierno se centró principalmente en la integración (en muchos casos retorno) de vastas porciones de la sociedad al mundo del trabajo. Esto fue acompañado por la reapertura de las negociaciones colectivas de trabajo como instrumento de recuperación salarial. A partir de entonces, se inició una suerte de carrera de los salarios contra la inflación.

Los resultados de esta estrategia son conocidos: el descenso de la desocupación del 26 al 7,5 por ciento y la recuperación de gran parte del poder adquisitivo perdido. Respecto de este punto, cabe destacar que hasta el 2007 la estrategia de aumentos salariales superiores a la inflación permitió un crecimiento acelerado de los salarios reales. Sin embargo, a partir de ese año el resultado de dicha carrera fue incierto, y estuvo ligado a las características del puesto de trabajo en términos de formalidad y sector.

En 2009, el Gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que implicó un complemento a esta estrategia a partir de transferencias directas a los desocupados y a los trabajadores informales. Los efectos positivos de la AUH para la reducción de la indigencia, la pobreza y la desigualdad han sido largamente demostrados a partir de diversos estudios. En este contexto, la presentación de distintos proyectos de ley, entre los que se destaca el del diputado nacional Héctor Recalde, tendientes a lograr el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo referente a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, no sólo representa el reconocimiento de un derecho constitucional postergado, sino que implica una diversificación de la estrategia distributiva.

Resulta dificultoso calcular el impacto que podría tener dicha medida dadas las complejidades que pueden aparecer en su aplicación. En primer lugar porque, según el proyecto Recalde, la definición de las empresas alcanzadas deberá ser resuelta por un consejo con representación tripartita (Estado, empresas y trabajadores) creado a tal fin. En segunda instancia, porque el proyecto prevé que hasta el 50 por ciento de las ganancias netas anuales pueden ser reinvertidas y excluidas de la distribución. Sin embargo, en función de los datos de recaudación del impuesto a las ganancias de las sociedades, es posible calcular de manera preliminar que, si estuviera vigente el proyecto, en el 2010 podrían haberse distribuido entre 5000 y 9500 millones de pesos.

Más allá de estas digresiones, una distribución de dichas magnitudes contribuiría al sostenimiento de la demanda y a dinamizar la economía. Tendría además efectos positivos en términos de la distribución funcional del ingreso, es decir aquella que mide cuánto de la riqueza generada queda para el trabajo asalariado y cuánto para el capital. Respecto de la distribución personal del ingreso, aquella que indica cómo se distribuye la riqueza al interior de la población, significaría una transferencia de los hogares ubicados en los primeros deciles hacia los ubicados en los sectores medios. Efectivamente, es de esperar que la distribución de ganancias tenga mayor impacto sobre aquellos trabajadores que se ubican por encima del salario neto promedio de los empleados en blanco ocupados en el sector privado (3652 pesos), y cuyos hogares (según datos del Indec) se encuentran en los niveles medios y medio altos.

Con el objeto de extender el beneficio a otros sectores, el proyecto de Recalde prevé la creación de un Fondo Solidario, constituido por el 5 por ciento del monto a redistribuir, destinado a dar cobertura a aquellos trabajadores informales que denuncien su situación irregular. Si bien no se le debe exigir a una medida que resuelva todos los problemas distributivos, la mejor forma de hacer partícipes de las ganancias de las empresas a los deciles más bajos es a través del fortalecimiento de la AUH. Así, por ejemplo, con la constitución de un fondo solidario a partir del 10 por ciento de las ganancias a distribuir sería posible otorgar un pago adicional anual a los beneficiarios de la AUH (una suerte de aguinaldo), que podría rondar entre el 50 y el 100 por ciento del valor mensual que recibe cada beneficiario.

Más allá de las mejoras que puedan realizarse a los proyectos, el solo hecho de estar instalado este debate representa un gran avance en el camino hacia la justicia social y hacia la consagración de derechos plasmados en la Constitución Nacional.

* Licenciado en Economía (UBA). Coordinador del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

Una deuda pendiente

Por Germán Quaranta *

El sector agropecuario de nuestro país se distingue por los altos niveles de precariedad y la baja calidad del empleo que se reflejan en los bajos salarios, la inestabilidad laboral, el predominio del trabajo no registrado y los altos índices de accidentes de trabajo. Los empleos que escapan, en alguna medida a estas condiciones, corresponden a un conjunto restringido de ocupaciones como los operadores de maquinaria agrícola o los trabajadores permanentes con algún nivel de calificación, situaciones mayormente presentes en la región pampeana.

En los últimos años, el sector experimentó el crecimiento del trabajo registrado, debido fundamentalmente al blanqueo de ocupaciones existentes. Igualmente, el crecimiento del empleo registrado en el sector entre los años 2003-2008 (36 por ciento) fue sensiblemente inferior al del conjunto de la economía (58 por ciento). Si consideramos los 329 mil puestos de trabajo registrados en 2009 y los comparamos con el –al menos– millón de asalariados ocupados en el sector, nos acercamos a la magnitud del empleo no registrado en el agro, que por lo menos afecta al 70 por ciento de estos trabajadores. La remuneración promedio mensual de bolsillo del empleo registrado en el sector se ubica levemente por encima del salario mínimo vital y móvil, alcanzando los 1640 pesos, un 60 por ciento inferior al promedio general de la economía. Este panorama, inclusive, se agrava en producciones específicas en las cuales las remuneraciones son todavía inferiores a ese promedio, como –por ejemplo– las presentes en los cultivos industriales con un valor de 1200 pesos. Como se puede observar, la limitada formalización del empleo agropecuario no implicó necesariamente su desprecarización, ya que éstas igualmente conservan condiciones de inestabilidad, bajos ingresos y deficitarias condiciones de trabajo.

Estas condiciones se generan en un escenario caracterizado por los menores niveles de protección laboral y social que disponen los asalariados agrícolas en comparación con el resto los trabajadores. Esta situación desemboca en la tradicional restricción de la condición de ciudadanía de estos asalariados, limitando sus derechos y generando un status de ciudadano de segunda. La implementación de la Asignación Universal por Hijo y la reforma del Régimen Nacional del Trabajo Agrario (Ley 22.248), sancionado por la última dictadura militar, son medidas que favorecen la corrección del doble estándar de protección social y laboral que afecta a los asalariados del agro.

En esta dirección, los lineamientos del proyecto de reforma del Régimen Nacional de Trabajo agrario del Poder Ejecutivo se orientan a mejorar las condiciones de contratación y de trabajo de la actividad, acercando los derechos de los trabajadores a los vigentes en la Ley General de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, la incorporación de la modalidad de contrato de trabajo permanente discontinuo al conjunto de las actividades agropecuarias junto a las modificaciones establecidas en la jornada de trabajo, estableciendo las 8 horas diarias y las 44 semanales, que implica el pago de horas extras, mejora las condiciones de contratación del trabajo transitorio. Estas medidas ayudan a desprecarizar las ocupaciones al mejorar las remuneraciones de estos trabajadores y limitar la flexibilidad de contratación ejercida por las empresas.

Otra medida orientada a mejorar las ocupaciones de los trabajadores temporarios corresponde a la implementación de un servicio de empleo en el marco de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, con el fin de contrarrestar el empleo no registrado y favorecer el vínculo entre la oferta y la demanda laboral. Se prevén medidas destinadas a proteger a los trabajadores contratados por diferentes intermediarios que operan en la actividad y avanzar en la desprecarización de la subcontratación. Para favorecer la regularización del empleo se establecen incentivos a los empleadores, reduciendo por un período determinado, los aportes patronales.

Otro aspecto es la eliminación de las restricciones al derecho a huelga presentes en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Y la incorporación de un capítulo específico referido a la formación profesional de los trabajadores, reflejando los cambios acontecidos en el mundo del trabajo del agro traducidos en crecientes requerimientos de competencias y calificaciones laborales.

La implementación de una nueva ley de trabajo agrario, que equipare los derechos laborales de los trabajadores agrícolas con el conjunto de los trabajadores, es una deuda de nuestra sociedad y democracia que es necesario saldar. Dos cuestiones parecen centrales para su éxito: una redacción y reglamentación que sea capaz de responder a la heterogeneidad del sector y una aplicación que cuente con un adecuado respaldo de fiscalización y policía de trabajo.

* Investigador del Conicet-Area Emlpeo y Desarrollo Rural, CEILPiette/Conicet.

Trabajo esclavo

Por Ariel Lieutier *

Es un hecho conocido y aceptado por todos que en las relaciones de trabajo de la industria de indumentaria lo que prima es la informalidad. No obstante, dentro del gran paraguas de la informalidad se esconden situaciones que implican condiciones de trabajo mucho peores que la mera falta de registración. Efectivamente, en los talleres clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano se explotan migrantes, imponiéndoles condiciones de trabajo que rozan con la esclavitud.

En estos talleres, los trabajadores (los que en no pocas ocasiones han sido víctimas de trata de personas) deben laborar jornadas interminables, con bajísimos salarios, en condiciones de hacinamiento y ausencia de los mínimos requisitos de seguridad e higiene. A esto se le suma que, muchas veces, a los trabajadores se los somete a tratos brutales, se les retienen los documentos y no pueden salir libremente del taller, el que en ocasiones sirve también de vivienda. A partir de relevamientos realizados por distintas organizaciones de encargados de talleres, se ha estimado que sólo en la Ciudad de Buenos Aires habría cerca de 30.000 trabajadores en talleres clandestinos.

Las empresas formales del sector, incluso algunas de las que venden sus productos en los centros comerciales más elegantes de la ciudad, contratan a estos talleres como una forma de bajar sus costos. Los casos de Kosiuko y Cheeky, o más recientemente la denuncia que la organización social La Alameda realizó contra Awada (cuya dueña es la actual pareja del jefe de Gobierno, Mauricio Macri), son sólo algunos de los hechos más conocidos. Así, las empresas formales lucran con este sistema de producción, que ellas mismas fomentan, garantizándose la afluencia de prendas en tiempo y forma, a bajo costo; sin miramientos sobre lo que ello implica para los miles de trabajadores sometidos al trabajo esclavo.

Sin embargo, además de profundas consecuencias, materiales y subjetivas, que el trabajo esclavo supone para sus víctimas, la clandestinidad y la informalidad impactan también sobre el pequeño porcentaje de “afortunados” que realizan sus labores en blanco (diversos estudios, entre ellos el elaborado por el Profecyt y la UIA en el 2008, señalan que menos del 30 por ciento de los trabajadores del sector se encontrarían registrados).

La imposición de la clandestinidad y la informalidad como alternativa de producción, máxime con la masividad que se presenta en esta industria, deja en inferioridad de condiciones a los trabajadores que se desempeñan en el segmento formal a la hora de demandar mejores condiciones de trabajo; ya que en estas circunstancias aparece con fuerza la amenaza latente de que, ante presiones sindicales, las empresas podrían optar por la informalidad. Como resultado de ello, los salarios básicos del sector son de los más bajos de la actividad industrial, y apenas superan el salario mínimo vital y móvil, llegando para las categorías de costureros a un valor que oscila entre los 1500 y 1700 pesos por mes. Por otra parte, cabe señalar que en las negociaciones colectivas de los últimos años los trabajadores de la indumentaria han quedado rezagados frente a los de otros sectores, y es de esperar que esta brecha se continúe ampliando en el futuro.

La informalidad y la clandestinidad han contribuido a mantener bajos los salarios del sector: a raíz del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, las máquinas de coser trabajan contrarreloj para proveer al mercado de las prendas alusivas. Aquellos hinchas, que quieran y puedan, deberán abonar unos 299 pesos por cada camiseta oficial de la Selección Argentina. Ahora bien, los trabajadores en blanco que la confeccionan, reciben por cada camiseta apenas 4,65 pesos, es decir el 1,55 por ciento del valor de venta.

Entonces, si un costurero en blanco que trabaja para una de las marcas más importantes del mundo quisiera comprar una camiseta, debería trabajar casi una semana completa para poder acceder a ello. Esto demuestra no sólo los bajos salarios de los trabajadores formales y la asimetría existente entre el valor que generan y sus remuneraciones, sino que también permite dar cuenta de cuánto peor son las condiciones de aquellos que trabajan en un taller clandestino.

La ausencia de estrategia por parte de las organizaciones sindicales para combatir la informalidad ha tenido un alto costo para los trabajadores de los talleres clandestinos, pero también para los obreros registrados. La informalidad, la clandestinidad y el trabajo esclavo no sólo constituyen una alternativa de producción barata para las marcas de indumentaria, sino que desempeñan un rol análogo al del ejército industrial de reserva, manteniendo a raya las pretensiones obreras.

* Economista de la UBA-Coordinador del área de Trabajo y Empleo de la SID- Capítulo Buenos Aires.