Página#12 Libre

La esclarecedora y a la vez demoledora precisión numérica del discurso presidencial en Córdoba el pasado 6 de abril condena al más profundo ridículo el ritornello al que el poder provincial nos tuvo acostumbrados por años, según el cual el retaceo de fondos por el gobierno nacional sería la causa de un desfinanciamiento, cuyas razones son sin embargo otras. El exhaustivo informe de la Presidenta respecto del dinero recibido por la provincia en todos estos años corrobora lo que no era difícil saber: el descalabro financiero en el que se encuentra sumida es resultado natural de la fiesta delasotista –una continuación del menemismo por los mismos medios–, que el gobernador Schiaretti escamotea reconocer para sólo suplicar lastimosamente el auxilio del gobierno nacional, contra el que embistió en 2008 como parte de la cruzada destituyente operada por la derecha más angurrienta y reaccionaria que se haya manifestado en la Argentina desde la recuperación democrática.

Pero el paso de la presidenta Cristina Fernández por una ciudad que hasta hace poco le era adversa y ya no lo es tiene un significado más importante, pues marca el punto de inflexión que enfrenta a Córdoba con su mayor desafío del momento: la constitución de una fuerza progresista capaz de asumir la perspectiva emancipatoria en torno de la cual se han unido muchos pueblos latinoamericanos tal vez por primera vez desde su independencia. Sin duda, se trata de hacer prosperar un programa de gestión y un conjunto de propuestas referidas a problemas concretos, pero ni ese programa ni estas propuestas se reducen a ser operatorias puramente pragmáticas, sino que reclaman inscribirse en una manera de entender la política como disputa de horizontes que reivindica un léxico, una memoria, una tradición de pensamiento, e invoca un anhelo de reparaciones sociales, la invención de ideas nuevas o la recuperación de antiguas inspiraciones que han mantenido su potencia de comprender y de pensar.

Existe una Córdoba que no se asume como mero conjunto de votantes ni se concibe a sí misma como una pura masa de consumidores de propuestas electorales, sino como un sujeto colectivo de acción y pensamiento que considera a la política en contigüidad con el mundo de las ideas, nutrida de ellas y no sólo de números y medidas asistencialistas. Parte de esa población es la que ocupó la plaza cuando habló la Presidenta; estaba allí para manifestar su voluntad de constituir también en Córdoba una red de contención que permita seguir impulsando las políticas profundas del proceso de transformación abierto en 2003, y resistir una eventual restauración conservadora que sumiría al país en el más aciago desamparo social, político y cultural.

Frente a un escenario de hegemonía de grandes aparatos (ausentes por completo, como era lógico, en el acto de Cristina) que han sabido mantener en Córdoba, a lo largo de las últimas décadas, la decepcionante alternancia de opciones con que cuenta la derecha para reproducirse a sí misma, la “otra Córdoba” –la de los sindicatos combativos, la de la Universidad de la Reforma, la de los organismos de derechos humanos– es la que estaba en la plaza dispuesta a impulsar la construcción de una fuerza política que comience a desandar el desierto. El desafío es el de librar una disputa cultural de gran alcance, capaz de reunir a las decenas de organizaciones y los miles de ciudadanos que sienten que la intemperie ya ha durado demasiado tiempo.

¿Cómo liberar una fuerza progresista en Córdoba? Dramática, esta pregunta irrumpe de la desolación política en la que está sumida desde el lacabanismo (podría tomarse como símbolo de su inicio el definitivo pase a la clandestinidad de Agustín Tosco), lo que significa ya más de treinta y cinco años de desierto.

La disputa que es necesario emprender puede concebirse como una paciente puesta en obra de nuevas prácticas y de nuevas palabras; requiere ser pensada como una gran hospitalidad recíproca de las izquierdas, el anarquismo, los libertarismos en todas sus variantes, los peronismos y los radicalismos desengañados y atónitos, desamparados por los derivas que han sufrido sus antiguos partidos (que hoy en Córdoba sólo usurpan los nombres que ostentan y estropean el espíritu de origen popular y las mil batallas contra los poderosos a los que ahora se alían sus referentes); también la de quienes en su momento confiaron en el Frente Nuevo como un instrumento para romper el bipartidismo y saben hoy que los partidos nuevos nada garantizan por el sólo hecho de serlo –en este caso, Luis Juez (egresado del Liceo Militar al igual que Juan Schiaretti y Oscar Aguad) ha revelado su caladura ideológica persiguiendo artistas, censurando muestras por imposición de fanáticos religiosos y apoyando al poder agromediático en el momento más dramático de discusión sobre la renta–.

En ruptura con todo ello, los puntos de apoyo que encuentra en Córdoba una fuerza política en consonancia con el proyecto nacional, además de algunos importantes referentes del peronismo en el interior provincial y diversos partidos de izquierda –entre los que se destaca el sabbatellismo, en franco crecimiento, como en todo el país–, son las corrientes sindicales antiburocráticas enfrentadas con el PJ, los organismos de derechos humanos (de donde han surgido dirigentes con una muy interesante proyección política) y corrientes estudiantiles y docentes con cada vez mayor protagonismo desde la Universidad, cuya rectora, Carolina Scotto, es desde hace tiempo una de las figuras públicas de mayor trascendencia y prestigio en una Córdoba donde, después de mucho tiempo, algo comienza a suceder.

Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Comienza Videla. Aunque dice que pensó en llamarse a silencio como hasta ahora, declara haberse decidido a romperlo por la juventud y las nuevas generaciones. No habla ante un tribunal sino para la historia. Se trabuca, se equivoca, se le desacomodan las hojas. Pero no parece nervioso. Se cambia las gafas. Exhibe un esquema en cuyo centro está la expresión “guerra interna”. Afirma que no se trató de una guerra sucia, sino de una guerra justa, y cita a Santo Tomás. Desarrolla, pretenciosamente, una filosofía de la historia reciente. Habla como si hubiera condescendido a dictar una lección para legos.

Dice también: los guerrilleros eran un enemigo mimético, sin uniforme ni banderas, que usaban mujeres embarazadas como escudo para poner bombas y asesinar. Y dice otras cosas, hasta que llega a donde finalmente quería: esa guerra no terminó. Se trata de una “guerra imprecisa” que aún continúa por medios no violentos, y concluye: los enemigos derrotados en el campo militar hoy gobiernan el país, están en el poder, y quieren instaurar un régimen marxista a la manera de Gramsci. Se define como preso político e insta a la sociedad argentina a recuperar el protagonismo perdido (por protagonismo entiende: haber delegado en las Fuerzas Armadas la defensa de “nuestro estilo tradicional de vida”).

Dijo no haber venido a defenderse. Lo que se propuso en efecto fue justificar, con la repetición de una tosca versión de los hechos, la masacre de miles de personas, entre otros crímenes. Pero no lo hizo sin amenazas –que fueron aún más explícitas en el caso de la arenga a los gritos de Gustavo Alsina (quizás el más elemental y feroz de los asesinos condenados), incapaz de distinguir una sala de tribunales (y el mundo en general) de un cuartel militar; incapaz de advertir la diferencia entre “coraje cívico” y bravuconada energúmena despojada del menor pensamiento, que embiste sin importar lo que hay delante ni de qué se trata.

Videla fue el primero en hacer uso de la palabra; Menéndez, el último, a su romo discurso, ya usado en otros juicios, antepuso esta vez largas citas del artículo de Todorov que días atrás publicara La Nación; también citas de Caparrós, Martini y Massetti. En el medio, la más miserable secuencia de idiotismo y cobardía cínica.

Hubo quien (el Gato Gómez ni más ni menos) se presentó como un humilde trabajador proveniente de una familia pobre y ahora honesto cocinero para viejitos en un hogar de día; hubo otro que dijo de sí ser descendiente de pueblos originarios y alfabetizador de sus propios padres iletrados; hubo quien se mostró perplejo por lo que estaba ocurriendo y al borde del llanto dijo no entender del todo por qué motivos se lo sometía a proceso; hubo quien dijo que otra persona se hizo pasar por él para cometer el crimen por el que se lo estaba juzgando ahora.

En casi la totalidad de esos sórdidos relatos, que oscilaron entre la amenaza y la autoconmiseración, estuvo presente la Navidad. Uno de los imputados imploró a los jueces que pensaran en la tristeza de su familia durante la Nochebuena; otro espetó que “dentro de poco el cordero de Dios iba a ser sacrificado”, y muchos concluyeron la alocución que les garantiza la ley deseando Feliz Navidad a todos –en algún caso mirando provocativamente a los pocos familiares de las víctimas que decidieron estar en la sala durante la víspera de la sentencia (entre ellos Olga Tello, siempre con la foto de Diana Findelman, capaz de afrontar con calma conmovedora esa exhibición del mal en toda su banalidad pero también en todo su cinismo y brutalidad, “para no dejar solo a Pérez Esquivel”).

Imposible no recordar aquí la página en la que Borges relata su experiencia durante el Juicio a las Juntas en 1985. El día en el que asistió declaraba Víctor Basterra. “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar –confesaba el viejo escritor–, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre.” Los secuestrados habían sido conducidos a una sala con una larga mesa tendida, donde había “manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino”. Entre tortura y tortura, continúa Borges, en la cena de Nochebuena “apareció el señor de ese infierno y les deseó Feliz Navidad”.

En mi opinión, ni aquella macabra cena de Nochebuena, ni los siniestros deseos de felicidad (“sin distinción de credos”) que se debieron escuchar en la sala de Tribunales el 21 de diciembre último, tienen que ver con una “inocencia del mal” –según la expresión que Borges acuñó en el texto mencionado, contigua en su espíritu a la “banalidad del mal” con la que años antes Hannah Arendt había subtitulado un libro sobre Eichmann. En mi opinión hay allí simplemente burla y experimentación con el dolor de los otros.

Considerar esas “palabras últimas” de Videla, Menéndez y los sicarios de la peor patota asesina que asoló Córdoba por años como si fuera un relato único donde las posibilidades más sórdidas que aloja la lengua que hablamos pueden ser despertadas, deja en quien ha oído una irremediable turbación: todo puede ser dicho. Hay algo triste en que así sea.

* Filósofo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.

Luis Horacio Santucho *

Un viento del sur

Llegué por primera vez a la Casa Rosada convocado por el presidente Néstor Kirchner en el marco de la causa La Dársena que tenía en vilo a Santiago del Estero. Transcurrían los primeros meses de su mandato y sabíamos que no soportaba la existencia del terrorismo de Estado en la provincia. Nos esperaba en la puerta de su despacho. Estreché su mano y le dije “Buenos días, señor presidente, soy Santucho, el abogado de la causa”. “Lo conozco... lo vi por televisión... mucho gusto, doctor”, contestó con una sonrisa del corazón. Nunca olvidé esa imagen desprovista de los oropeles del poder.

Escuchó atentamente los testimonios y se comprometió a brindarnos protección para continuar la búsqueda de justicia y verdad contra la impunidad organizada por los Juárez. Su compromiso se hizo realidad y su aporte fue fundamental para que los santiagueños pudieran gozar los beneficios de la libertad.

Fue lejos, muy lejos, el mejor presidente de la historia de este país, a pesar de que esta afirmación nos sea compartida por los peronistas de Perón y los radicales de Yrigoyen o de Illia. En cierta manera, fue la realización concreta del espíritu de Cámpora, el presidente que no pudo ser por culpa de la irresponsabilidad política de Juan Domingo Perón que nos dejó como herencia y sin beneficio de inventario a Isabel y la Triple A. Visualizó América latina desde una perspectiva regional y eso también lo diferencia de todos sus predecesores. Los campesinos y pueblos originarios accedieron a políticas públicas activas que antes estaban predeterminadas en programas diseñados por el Banco Mundial y aplicados por tecnócratas formados en la administración de la pobreza.

Aun adoloridos por el impacto de su inesperada muerte contemplamos un escenario de esperanza que no tiene nada que ver con ese presagio de tragedia que se percibía en el pueblo cuando despedía los restos mortales del general Perón. Las señales del funesto acontecimiento para la Argentina nos obligan a debatir el surgimiento de una nueva identidad política, que ya comenzaba a vislumbrarse durante los festejos del Bicentenario, donde apareció un sujeto social que buscaba en la historia los elementos constitutivos de su razón de ser.

Para realizar este debate debemos despojarnos de los significantes ocultos en los socavones del discurso consciente de nuestra cultura política, que abreva muchas veces en las profundas diferencias políticas e ideológicas que se establecieron con el peronismo, especialmente en relación con la concepción del poder.

Durante la década del ’70 hubo un momento de fuerte comportamiento unitario entre las organizaciones revolucionarias cuando se enfrentó a la dictadura militar de Lanusse, y ello tuvo una expresión concreta el día de la fuga de Trelew que luego se convirtió en masacre de 16 compañeros peronistas y marxistas, representados en esa histórica conferencia de prensa por Mariano Pujadas y Rubén Bonet.

El comandante Mario Roberto Santucho, antes de su muerte en combate, tenía previsto revisar las profundas diferencias políticas ocurridas con los compañeros peronistas cuando dijo: “Un río de sangre separa a los argentinos de los militares asesinos”. Esa revisión crítica está pendiente y el minuto histórico impone el desafío.

El día de los funerales, una mujer del pueblo pasó frente a Néstor y Cristina y dijo que estaba orgullosa de ser argentina, frase conmovedora que chicotea aún más nuestras conciencias en medio de un sentimiento popular que nos devuelve la imagen de un pueblo que busca señales y símbolos que representen sus aspiraciones e intereses históricos. Uno de ellos ha pasado a ser Néstor Kirchner, un viento del sur que trajo esperanzas y voces de otros tiempos australes.

* Frente Nacional Campesino.

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Diego Tatián *

La revelación

El tiempo suele ser la sustancia que revela el significado histórico de un hombre público cuya relevancia política muchas veces sólo llega a ser comprendida retrospectivamente, en el momento de su muerte. Mucho más infrecuente es que, al revés, la muerte de un hombre permita revelar la naturaleza del tiempo que nos toca transitar y la condición de una sociedad –cuyo desciframiento es siempre esquivo– en un momento dado. A mi entender es sobre todo esto último lo que produjo la muerte de Néstor Kirchner.

Esa muerte sorpresiva tuvo el efecto de la ola que se retira de repente y deja al descubierto lo que hay. Y lo que hay es mucho. Podría no haber sido así –de hecho, la de un puro vacío fue la primera impresión de muchos, que con el correr de las horas y los días quedó desvanecida y transformada por una especie de asombro ante la irrupción de una diversidad popular activa y lúcida, rara, inimaginada en su magnitud y en su calidad.

El efecto del que se fue cargando la mañana del 27 de octubre no fue el de una desazón desamparada ni el de un dolor pasivo y una intemperie, sino el de una pasión colectiva quizás única y preciosa en la delicadeza de su composición, que conjugó tristeza y entusiasmo, congoja y potencia social, comunión en la adversidad e imaginación productiva. Fue entonces que supimos –la revelación es estrictamente ésta– que la gestión de gobierno que lleva adelante Cristina no estaba sostenida apenas por otra persona –por importante e insustituible que haya sido su tarea en el armado político indispensable siempre que se trata de enfrentar poderes–, sino por un inmenso colectivo de singularidades ideológicas y afectivas que no podrían ni deberían ser disueltas en su diferencia sino, al contrario, aprovechadas en toda su pluralidad.

Ese día en esa plaza sucedió algo. Algo político en sentido pleno pero también del orden de la poesía que tal vez toda sociedad aloja en su interior sin que su revelación encuentre siempre las condiciones que la vuelven manifiesta. Todo estaba allí antes, pero eso podemos afirmarlo sólo ahora.

La gema sin terminar de pulir que lega la manera kirchneriana de concebir la política a nuestra tarea de ciudadanos capaces de instituir subjetividades civiles autónomas y nuevas es una idea simple, antigua y sin embargo en cada caso diferente. La idea de que el Estado no es por necesidad ni por esencia –como lo definía Nietzsche– “el más frío de los monstruos fríos”, ni un puro aparato de conservación y administración de privilegios, ni una mera gestión de intereses privados. La herencia kirchneriana es la de concebir el Estado como un contrapoder. El Estado como expresión de una potencia pública capaz de disputar y transformar la renta para producir cada vez más igualdad; capaz de recuperar la palabra de su concentración y captura por el dinero para una puesta en circulación que la vuelva inapropiable; capaz de incluir como sujetos de habla en la conversación argentina y latinoamericana a amplios sectores que hasta ahora no tenían parte.

La herencia laboriosa que deja la muerte de Néstor Kirchner es la de continuar confiando en la posibilidad –para nada obvia, más bien rara– de sustituir un Estado policial por un Estado político, y la puesta en obra de una idea de República que compone ley y poder popular sin nunca desamparar ninguno de estos términos con la ausencia del otro.

* Filósofo, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

Las miradas retrospectivas que suelen hacerse sobre la democracia argentina, y que en este Bicentenario han tenido un cierto sentido de balance, rescatan en la política reciente las figuras de Arturo Illia y Raúl Alfonsín, a mi entender con justicia. En el caso de Illia, hoy es un lugar común la contrición de la mayor parte de la clase política –desde la derecha hasta la izquierda– y la mayoría del pueblo argentino por haber sido indiferentes a su caída, si no explícitamente funcionales al poder real que lo derribó (en su caso, las transnacionales del petróleo y los medicamentos, además de las Fuerzas Armadas). Tal vez fue ése el precio de haber mantenido la proscripción del peronismo impuesta por la corporación militar, pero sobre todo de dos medidas valientes cuya dimensión puede comprenderse a la distancia: la anulación de los contratos petroleros que había suscripto Frondizi y la ley de medicamentos.

En el caso de Alfonsín, suele reconocérsele su responsabilidad para preservar la democracia de los retrocesos a los que se hallaba expuesta durante su gobierno; el hecho de haber sorteado con éxito relativo las amenazas de ese poder armado, y haber cumplido con el cometido jurídico y simbólico de juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado (además de ciertas valentías personales, pero sin consecuencias reales, como los enfrentamientos con la Sociedad Rural –a la que trató de “fascista”– y con el diario Clarín –al que, con otros términos, acusó con operaciones destituyentes–).

Muchas medidas de gobierno desde 2003 se inscriben en esa aún débil aunque relevante tradición democrática, que concibe el ejercicio del poder público como un enfrentamiento responsable con la angurria de intereses concentrados incompatibles por lógica con la posibilidad de una sociedad menos desigual. Pero en este caso –en el actual proceso político argentino–, esas medidas son cuantitativamente mayores y cuentan con un aprendizaje de la historia, que ha legado a las fuerzas democráticas dos enseñanzas, complementarias aunque parezcan contradictorias.

La primera está expresada en una vieja metáfora: no se hace una buena política a base de Padrenuestros. Lo que quiere decir, según entiendo, que con las intenciones y las convicciones no basta; que al tomar decisiones es necesario considerar los límites que impone lo real, la finitud, la pluralidad irreconciliada y en conflicto, el interés como motivación profunda de las acciones y las creencias humanas.

En este caso, una perspectiva tributaria de la tradición realista asumirá la imposibilidad de llevar adelante un proceso político orientado a producir igualdades, reparaciones e inclusión sin contar con aparatos, punteros, dinero, alianzas no deseadas, negociaciones con frecuencia oscuras y demás (pues “pluralidad” no significa sólo coexistencia de seres que piensan distinto sino sobre todo manifestación de intereses y ambiciones). El problema “moral” de la política así concebida es el de lograr que un proceso de transformación social no sea devorado por esa materialidad inevitable.

Lejos de cualquier moralismo y de “contratos morales” que niegan de manera cínica la materia íntima de la política –el poder–, importa invocar una tradición de pensamiento a la que suele dársele el nombre de “realismo”; una tradición que toma muy en serio y en todo su dramatismo las complejas relaciones entre ética y política, a la vez que denuncia el moralismo como instrumento objetivo de los poderosos (que nunca tuvieron, precisamente, escrúpulos morales) y como una manera de entender la acción de gobierno que la reduce a ser una pura perpetuación de las desigualdades que existen.

Esta interrogación sobre la moral y sus tensiones con la política pone en marcha una reflexión siempre dramática y nueva acerca de los medios y los fines, ineludible para quienes piensan la política a igual distancia del moralismo y el cinismo, y con ella han debido enfrentarse todos los que alguna vez asumieron la responsabilidad de transformar situaciones de privilegio. No exenta de angustia, esa interrogación es la de cómo producir efectos de igualdad orientados por ideas, habida cuenta de la resistencia de lo real y las pasiones naturales a la vida humana.

La segunda enseñanza de la historia es ésta: no se hace una buena política sino a través del respeto irrestricto a las instituciones. Si quieren prosperar en su cometido, esas instituciones no deberán alejarse de la vida popular (o dicho en otros términos, la distancia entre el poder instituyente y el poder instituido debe ser lo más corta posible). Por lo demás, cuestiones que normalmente son adjudicadas a formas de inmoralidad (como por ejemplo la corrupción) no tienen, en caso de tenerla, una solución moral sino institucional y política. La corrupción no es un problema moral, es un asunto político.

Además de esa doble enseñanza de la historia, en este caso se cuenta también con una circunstancia de la historia: nunca en doscientos años la integración latinoamericana ha sido más explícita ni más lúcida, ni ha buscado conjugar de manera tan decidida emancipación y república, igualdad y libertad, sin volver a una contra la otra sino haciendo a una condición de la otra. En este proceso sin garantías, mantener abierta la cuestión democrática no es una tarea extrínseca, episódica ni irrelevante, sino esencial para la democracia misma; se activa como exploración de las posibilidades ínsitas en esa antigua palabra, que conjuga y preserva la interrogación por la igualdad y la diferencia.

El centro de la cuestión es si una democracia puede ser emancipatoria y capaz de subordinar la riqueza y la propiedad al pensamiento y a la deliberación común. Democracia, en efecto, es una palabra que atesora múltiples y tal vez inagotables capas de sentido, y no puede prescindir de su aspecto formal. La forma es esencial a ella, pero no la agota, en la medida en que también permite la irrupción de lo que no se hallaba previsto en la ley, la producción, extensión y protección de nuevos derechos y nuevas igualdades; si está viva, una democracia es irreductible a la forma que la establece.

Esta dimensión “salvaje” de la aventura democrática, a su vez, prospera en la implementación de ciertas medidas de reparación referidas a sectores sociales que jamás contaron y estuvieron excluidos del debate político y la visibilidad pública –tal el caso de los pueblos originarios–; también tracciona derechos que conciernen a la diversidad sexual, a la ancianidad, a la inclusión más plena de inmigrantes latinoamericanos o asiáticos (que podría adoptar la consigna de la izquierda europea frente al fascismo xenofóbico, esa consigna dice: “Todo el que está aquí, es de aquí”; el cuerpo presente en un determinado punto de la tierra es condición suficiente para el acceso a una ciudadanía plena, idea que conmueve y amplía la representación tradicional de nación), etcétera. Por lo pronto, en Latinoamérica estamos en presencia de gobiernos que transitan una vía democrática bajo la convicción de que hay cambios cualitativos y sustantivos que pueden lograrse por esa senda.

En este marco, una izquierda que asuma en toda su caladura la cuestión democrática debe ser capaz de resignificar y hacer propias palabras ajenas a su vocabulario clásico, como por ejemplo la palabra “prudencia”, por la que debemos entender aquí un reconocimiento de la radical contingencia que afecta a los asuntos humanos, y una responsabilidad en las acciones orientadas a una intervención sobre la riqueza, la renta, los bienes culturales y las contiendas simbólicas naturales a una ciudadanía. Además de económica esa contienda es cultural, y por ello cobra particular relevancia la tarea intelectual clásica que busca desideologizar y poner en marcha significados diferentes, iniciativas políticas nuevas, que sin embargo no presupongan el anhelo de una humanidad diferente a la que ahora mismo existe. Según creo, es necesario sustraer la política de todo principio de esperanza, y de la retórica que le es añeja.

No hay esperanza, hay lo que hay, hay esto. ¿Qué somos capaces de hacer ahora?, es la pregunta que desplaza a la cuestión de la esperanza. Y son efectivamente muchas las cosas que suceden, las experiencias que se acumulan y constituyen el capital público fundamental para la constitución de una cultura política posible, libertaria, emancipatoria, también conjetural y prudente, que preserve viva la cuestión democrática y la reflexión sobre la ética en la política, contra el ideologismo moralista que trasunta inexorable en las formas más impotentes del vituperio.

* Profesor de Filosofía Política, Universidad Nacional de Córdoba.

Una de las mayores contribuciones al debate político argentino reciente se produjo con la recuperación del concepto de populismo como categoría compleja en la obra de Ernesto Laclau, cuyo más importante efecto ha sido desarticular la equivalencia entre populismo y autoritarismo naturalizada durante décadas en la discusión pública, intelectual y académica, y permitir ver que el peligro autoritario en América latina despunta hoy desde otra parte y anida antes que en ningún otro lado en lo que impondría una restauración conservadora y en las formas reaccionarias de oposición a gobiernos democráticos que sostienen en el presente un conjunto de procesos simbólicos, económicos y sociales novedosos y de fuerte impacto cultural –aunque de manera compleja, no sin retrocesos, desorientaciones y alianzas contra natura o incluso execrables–.

En diversas publicaciones y entrevistas, el mismo Laclau recomienda al kirchnerismo la necesidad de mostrar que la sociedad está partida en dos, que la división recorre el cuerpo social, y producir consignas dicotómicas (como lo fueron “Braden o Perón”, “liberación o dependencia”, “patria o colonia”...) cristalizadas en inequívocas simbologías de orientación en el imaginario colectivo, y precipitar así alineamientos que permitan la demarcación clara, el trazado de una frontera interna como condición para la constitución de un campo popular nítidamente enfrentado a otro campo –a un exterior que sería, por tanto, antipopular–. Se trata de una estrategia eficaz en una coyuntura electoral, pero cuya adopción en el debate político-cultural implica la reducción de ese debate mismo a su forma menos noble y más elemental.

La traslación inmediata de una estrategia así concebida a la discusión intelectual (cosa que no se halla implícita en la obra de Laclau) puede tener efectos empobrecedores y es uno de los riesgos que aloja una absorción de la contienda política en el tiempo y el léxico mediáticos, que han radicalizado la acepción unidimensional y la dicotomía en el juego de las ideas y los significados. Frente a este registro del debate se vuelve necesario un nuevo contrato verbal, más hospitalario, capaz de producir y preservar un pensamiento diferido en relación con esa guerra mediática, que lo devoraría todo si el lenguaje no toma sus recaudos frente a ella.

Esto no implica abandonar la formulación de convicciones, ni la polémica cuando es necesaria (y casi todo el tiempo lo es), ni la defensa explícita de medidas de gobierno cuando resultan justas, ni al gobierno mismo cuando se ve amenazado por poderes mayores que él, y a los que no es posible enfrentar sin una red de contención popular, material, simbólica, intelectual. En efecto, la voluntad de una sociedad menos desigual presupone enfrentar poderes cuyos portadores no son precisamente angelitos que apenas “piensan distinto”.

La política es conflicto y el conflicto, cuando encuentra su institución política, no es guerra ni anarquía sino la vida misma de la república en cuanto forma de irrupción de derechos nuevos y autoinstitución ininterrumpida de los –nunca definitivamente– conquistados antes. Esa conquista de derechos, además, puede tener por sujeto al Estado mismo. La república es un hecho de lenguaje, una deliberación común, pero también lo que se nutre de huelgas, cortes de ruta, tomas de universidades, manifestaciones populares, es decir la vida republicana se constituye de capas conflictivas de distinto orden, simbólico, lingüístico, material. Republicano es también el ejercicio del poder público orientado a revertir la desigualdad (económica, cultural, social, educativa...), sin por ello atentar contra sus propias instituciones. En su acepción más interesante y más estable, república no equivale a Estado de derecho, lo incluye pero es un concepto más amplio y por ello lo desborda, lo renueva y lo perfecciona. Concebida de ese modo, la Argentina no adolece de una falta de república, ni sus instituciones están amenazadas; antes bien estamos muy cerca de una existencia republicana viva, recuperada de la mísera acepción que recurre a ella como puro obstáculo de cualquier transformación. Pocas veces antes la deliberación pública ha sido tanta y el interés colectivo en los asuntos comunes tan manifiesto.

Aunque no puede prescindir de ella, la construcción de una democracia republicana nunca se reduce a una coyuntura electoral; asume la vida social como un sistema de conflictos inconmensurables y no como conflicto único, ni como reducción de toda esa diversidad a una presunta matriz fundamental del conflicto que determinaría a todos los otros “en última instancia”. Resulta más acorde con los hechos la noción de democracia como “pluralidad irrepresentable”; la idea de un litigio continuo, complejo y diverso que no condena a nadie –como modo de saldar una discusión– a ser “gorila”, “antipopular”, “antipatria” o “enemigo del pueblo” –categorías que no sirven para pensar ni para discutir, y más bien denotan una pereza o una captura del lenguaje por un código de muerte.

Una autoexigencia en la argumentación en este sentido debería resistir la tentación de ese catálogo binario, por más que siga siendo eficaz desde un punto de vista pragmático, y más bien reclama un contrato intelectual diferente, capaz de sustraerse de las dicotomías mediáticas y como resistencia al habla que acuñan las rutinas comunicativas y de opinión, asumiendo un tiempo y un lenguaje desviados de la realidad inmediata, sin dejar de hacer de ella su propio objeto de trabajo.

La contienda de lenguaje que es esencial a la vida democrática pasa en buena medida por los medios de comunicación, pero es necesario que no se reduzca a ellos para preservar el lugar de lenguajes antiperiodísticos en la conversación pública –capaces asimismo de llevar a cabo una reflexión más vasta del estatuto que adopta el “idioma de los argentinos” en este Bicentenario–. Los ámbitos de argumentación política requieren una extrema probidad y una autoexigencia de otro orden por quienes son requeridos para hacer circular ideas y convocados para aprehender el sentido de lo que ocurre.

Ante todo, entiendo por autoexigencia en la argumentación una disposición al reconocimiento. La interlocución intelectual sobre la materia siempre enigmática y esquiva de los procesos colectivos presupone tomar en serio las mejores versiones de quienes creen otra cosa, y confrontarse con ellas. Beatriz Sarlo, Claudia Hilb, Vicente Palermo, Alcira Argumedo, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Hilda Sábato o Maristella Svampa, por hacer sólo algunas menciones, requieren ser escuchados y leídos con cuidado. El reconocimiento es un modo de la justicia que evita el desconocimiento, sea en el sentido de “ignorancia” o “desdén”; que resguarda de la dicotomía un trabajo reflexivo con las palabras, cuyo cometido no es sólo proporcionar el relato interpretativo de la experiencia histórica presente, sino que asimismo incorpora en ese trabajo una atención hacia los significados y las palabras que lo ponen en cuestión. Del orden del reconocimiento es por ejemplo el gesto, complejo en más de un sentido, de designar con el nombre de Ezequiel Martínez Estrada a una sala de la Biblioteca Nacional.

La disposición a discutir con otros pone especial atención en no sucumbir a la ironía cómoda, a la descalificación, al improperio o a una retórica autocomplaciente y autorreferencial –aunque hacerlo sea fácil o la tentación sea mucha, precisamente por ello–. Más necesario resulta sostener el esfuerzo para detectar los peligros que se alojan en el discurso propio, las puras repeticiones irreflexivas o inconscientes, los elementos retóricos que bloquean la comprensión o provocan el autoengaño.

La “batalla cultural” que es necesario librar no debería ser concebida como un aparato justificatorio de todo lo que hace el Gobierno, ni guardar silencios por considerar que el trabajo de la crítica es inconveniente o inoportuno. Su contribución puede ser mayor si no oculta la incomodidad frente a hechos que son propios de la política; también si mantiene una relación tensa con el propio legado y con la herencia de conceptos de la que se vale.

* Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba.

Seguramente, la historia de Rosa Parks seguirá siendo por mucho tiempo el emblema de las luchas civiles en todo el mundo. Su enseñanza es simple: los derechos no caen del cielo ni los regala nadie, se conquistan y se ejercen. Las personas despojadas de ellos –o las que inventan otros nuevos que hasta entonces no eran percibidos como tales– son las que, si aspiran a obtenerlos, deberán constituirse como sujeto político capaz de producir la transformación jurídica que finalmente logre el reconocimiento y el registro de esos derechos en la ley.

La historia de Rosa Parks es conocida, pero vale la pena repetirla. Hija de un carpintero y una maestra de escuela, Rosa era una costurera afroamericana y tenía cuarenta y dos años el 1º de diciembre de 1955, cuando en Montgomery (Alabama) subió al ómnibus que la llevaba a su vivienda. La ley era clara. Los negros estaban obligados a viajar en la parte de atrás –señalizada con una línea en mitad del vehículo–, por lo que debían pagar por la puerta de adelante pero subir por la puerta trasera. Y sólo les era permitido viajar sentados si había asientos vacíos, pero en ningún caso si viajaba un blanco parado. Ese día, el conductor ordenó a los negros que estaban sentados cederle el asiento a unos blancos que acababan de subir, como marcaba la ley. Todos lo hicieron menos Rosa, que permaneció en su asiento. Amenazada por el conductor con ser denunciada, “harta de ceder”, Rosa Parks contestó que hiciera lo que le parecía pero ella no se levantaría.

Acusada de alterar el orden e infringir la ley, Rosa pasó la noche en el calabozo y debió pagar 14 dólares de multa. Pero a partir de su caso, un joven entonces desconocido llamado Martin Luther King llevó adelante una inmensa protesta contra la segregación de los negros en los autobuses y otros espacios públicos que duró más de un año, al cabo del cual la Corte Suprema de los EE.UU. declaró que la ley impuesta a los negros de ceder el asiento a los blancos en los autobuses era contraria a la Constitución y a la igualdad de todos los ciudadanos declarada por ella. Unos meses más tarde se abolió cualquier tipo de discriminación contra los negros en los lugares públicos. Rosa Parks murió en 2005, a los 92 años, condecorada por el Congreso norteamericano, y el bus en el que sucedió su rebelión se encuentra hoy en el Henry Ford Museum.

De más está decir que las historias que conciernen a las luchas sociales no siempre terminan bien como la anterior, no obstante lo cual se producen una y otra vez, en todas partes del mundo. En efecto, cincuenta y cuatro años después, en la República Argentina, tras innumerables humillaciones sociales y obstáculos políticos y jurídicos de todo tipo, Alex Freyre y José María Di Bello lograron hacer valer su derecho al matrimonio contra la segregación por su condición de homosexuales, gracias no sólo a su perseverancia y valentía, sino también a una ciudadanía activa que los acompañó y a la audacia de una gobernadora que autorizó el casamiento con un decreto.

Dos obispos –de Río Gallegos y de Tucumán– ya emprendieron la reacción, que no será mínima y que una vez más la sociedad civil (capaz, como ha demostrado ser, de echar a un ministro de Educación por haber ostentado groseramente su apología del terrorismo de Estado y su desprecio hacia los otros) deberá afrontar para cuidar este importante paso hacia una sociedad menos bárbara –como menos bárbara y más democrática lo sería si se dejaran sin efecto los privilegios del clero argentino, más propios de un Estado teocrático que de una república (cfr. la nota de Mario Wainfeld del 31 de diciembre, en este mismo diario)–. Con sobreactuación cándida y roma en su argumentación, también la Universidad Católica Argentina manifestó su “estupor” por lo que considera un avasallamiento del orden público y de la ley vigente –exactamente, sin una coma de más o de menos, los mismos términos por los que hace más de medio siglo fue condenada Rosa Parks–.

En su simplicidad, en su contundencia, la Constitución Nacional (incluidos los pactos internacionales suscriptos por nuestro país) ha sido siempre la gran aliada de los nuevos –y los viejos– derechos. La lucha por la igualdad, el combate contra los privilegios, son una contribución no menor de las minorías segregadas a su vigencia, a su efectividad y una vigilancia decisiva para impedir el olvido de lo que ella consagra. La Constitución Nacional y su declaración de la igualdad de todos estaría vacía y muerta sin las luchas sociales que la ponen en práctica.

En efecto, la siempre incierta contienda democrática por la igualdad ante la ley, en este caso de minorías sexuales, es un principio que trasciende la condición de cada cual y reclama ser adoptada por todos (tengan o no necesidad de una nueva ley para casarse) puesto que involucra su universalidad –ser adoptada, incluso, por quienes no creemos en la institución del matrimonio–.

* Profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Córdoba.