Página#12 Libre

En septiembre del año pasado, un tribunal penal de La Plata condenó a 14 años de prisión a un ingeniero por abusar sexualmente de sus dos hijos de 5 y 6 años de edad. Hace pocos días, dos jueces de la Cámara Penal de la misma ciudad decidieron beneficiar al violador preso y otorgarle la prisión domiciliaria, dándole además permiso para salir a trabajar en una empresa de La Plata. El fallo se basó en lo esencial en que el ingeniero es un “buen vecino”, que les causó “buena impresión” y hubo una presentación con 714 firmas, presumiblemente de vecinos tan buenos como él, los que, según los jueces, se convierten en “garantes” de que el hombre se presente cada vez que sea requerido, y eso demuestra que se trata de “una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve”.

El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves que puede cometer una persona. En la mayoría de los casos, los abusadores son familiares o personas cercanas a los niños que son “apreciados en el ámbito social en el que se desenvuelven”. Eso hace que los abusos en general sean continuados en el tiempo, con el agravante de que las víctimas están unidas a sus abusadores por algún vínculo afectivo. Esas características generan un daño imposible de medir en la mente y el cuerpo de las criaturas, a quienes el victimario priva no sólo de un despertar sexual normal sino, además, a quienes somete a una tortura que comienza en el primer abuso y continúa a veces a lo largo de toda su vida. La posibilidad de elaborar esos traumas y acceder paulatinamente a una existencia feliz, si bien es muy difícil, no es imposible. Hay factores que van a contribuir para un mejor pronóstico, y que son una intervención oportuna, especializada y respetuosa de parte de la Justicia, un acompañamiento terapéutico de las criaturas víctimas y también la contención hacia quienes las han ayudado, en general madres no abusadoras, docentes y vecinos. En sentido contrario, hay factores que lejos de ayudar a las víctimas, las alejan de la posibilidad de un futuro mejor. El principal, sin duda, es la mala justicia. Son aquellos jueces representantes de la peor ideología que un funcionario puede sustentar, los que realizan un aporte esencial para el mantenimiento de los mitos, prejuicios y estereotipos de género y edad, que siempre rodean casos como el del buen vecino de City Bell. Son los que miran con unos ojos a los acusados de piel clara y con otros a los de piel oscura y, finalmente, desarrollan ante hipótesis similares, mecanismos de razonamiento distintos. Eso se llama “doble estándar” y es la forma más sofisticada de discriminar con apariencia legal y de perpetuar, entre otras cosas, la impunidad del abuso sexual infantil. Semejante despropósito deja a las víctimas expuestas no sólo a las presiones de su abusador en libertad, sino que además las obliga a la destructiva tarea de no sentirse culpables. De tratar de entender algún día, por qué si ellas sienten que fueron tan dañadas, muchos vecinos creen –como en este caso– que su papá es tan bueno. La historia del abuso demuestra que a veces no alcanza una vida para semejantes elaboraciones, salvo que como parece insinuarse los restantes vecinos del lugar, muchísimos más por cierto, puedan expresarse descalificando a aquellos que por ignorancia o identificación de clase se atrevieron a avalar semejante monstruosidad.

Es útil recordar a Eric Priebke, un nazi que había matado de propia mano hombres, mujeres y niños en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Descubierto hace años viviendo en Bariloche, se lo detuvo, juzgó y condenó en Italia. Desde el primer momento de la noticia, algunos habitantes de esa hermosa ciudad tuvieron la misma reacción que los de City Bell. Las palabras fueron las mismas, “Eric es un buen vecino”. El resto de la sociedad dijo lo contrario y lo propio hizo el Estado argentino que lo extraditó y los jueces italianos que lo condenaron a prisión perpetua.

Siempre van a existir ciudadanos que firmen a favor de un violador de clase alta, lo esperable es que cada vez sean menos y que haya muchos otros que puedan alzar su voz para diferenciarse y reclamar justicia. Nuestro país ha avanzado más que muchos otros en la investigación y mejora de la intervención en casos de abuso sexual infantil, adulto y trata de personas. El caso del ingeniero pone una vez más en alerta a las organizaciones sociales que trabajan en el tema y al propio Estado, que a través de los mecanismos legales del Poder Judicial deberá mostrar a la sociedad que la mayoría de sus jueces no aprueba el desamparo de los niños víctimas. Charly García hace décadas anunció que los dinosaurios van a desaparecer y a mi entender están desapareciendo, aunque todavía queden algunos sueltos por La Plata o City Bell.

* Juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

La incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal es sumamente positiva. Es sabido que una cultura histórica de discriminación, maltrato, abuso y homicidios como la que han vivido las mujeres desde siempre, no se revierte por ley. De hecho, la ley no “prohíbe matar”, lo que dice el Código Penal es lo que le va a pasar al que mata –de 8 a 25 años de prisión–. Cuando en la práctica, quienes deciden matar a una mujer no son castigados, o cuando luego de matar a cuatro mujeres –caso Barreda–, pocos años después se van a su casa, la cultura de impunidad de los femicidios se irradia y muchas veces genera nuevos crímenes. Esa cultura histórica de violencia e impunidad es la característica más importante del femicidio, que la diferencia del resto de los homicidios.

Eso, a su vez, condiciona a los operadores, que influenciados por aquellos mitos, estereotipos y prejuicios de género que atraviesan el fenómeno realizan intervenciones que con frecuencia favorecen a los asesinos y contribuyen a la impunidad. Una de las maneras más tradicionales en que se evidencia esa tendencia es tratar los casos e investigaciones como si fueran delitos comunes y sin características tan específicas. Así, cuando un hombre sostiene circunstancias absurdas para explicar cómo su compañera se quemó hasta morir, y esas explicaciones alcanzan para desincriminarlo o incluso para investigar a la víctima, esa cultura se transforma en acto. Un siniestro acto que va a dejar una vez más un crimen atroz sin sanción.

Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda nunca respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo, el acto se repite. Es por todo eso que una ley que tipifique específicamente ese delito, a mi entender, se impone. Eso permitiría no sólo obligar a los operadores de la Justicia a actuar de una manera concreta ante las denuncias, sino que, además, abriría el camino para la sanción de quienes incumplan sus deberes. En ese sentido, el sólo hecho de tomar las medidas adecuadas frente a las primeras denuncias disminuiría a mi entender la cantidad de femicidios que se producen en el país. Dicho sea de paso, no creo que sean más que antes, sino que los espacios generados en Argentina para difundir la temática los hacen más visibles y por lo tanto permiten adoptar con más conocimiento y rapidez medidas de prevención tanto en los casos concretos como en general para modificar el imaginario tradicional de discriminación.

* Juez del Tribunal Oral Federal 1.

Hijo’e tigre

Por Roberto Bergalli *

Me temo no ser objetivo en lo que a seguido escribiré, por cuanto conozco y admiro a las dos personas que me permiten dar a este texto el título elegido. Mucho más cercano al hijo que al... tigre y, por tanto, cuanto diga será expresión de mi modo de pensar o de sentir; es decir que podrá ello traducir un predominio de mi subjetividad. Con esta precedente aclaración adelanto la indignación que me produce la tentativa de defenestrar a Martín Lozada del ejercicio de la jurisdicción penal en Bariloche. Claro está que el motivo que parece fundamentar la petición de juicio político traduce una más que centenaria confrontación entre dos formas de ver el mundo. Una radicalmente arraigada en dogmas y, por tanto, cerrada e irracional; la otra, dictada por el discernimiento y, en consecuencia, por una percepción lógica y cabal de los hechos. Esta perspectiva es la que, fuera del caso en cuestión, siempre se proyecta en lo que puede ser el debate entre abortistas y opuestos a cualquier interrupción del embarazo, por más que ésta esté justificada en una causa prevista en todas las legislaciones penales modernas. Empero, un panorama semejante se continúa verificando en todas aquellas sociedades en que los dogmas imperan por sobre la razón. El contraste se repropuso recientemente en los Estados Unidos, y parece casi insuperable en España e Italia. Sin embargo, los sectarios que promueven la acción contra Martín Lozada no disponen de la capacidad (añadiría, asimismo, del valor) para hablar claro y se escudan en una supuesta pérdida de jurisdicción del juez Lozada –en un defecto de forma (en cualquier caso interpretable)– en el procedimiento que éste ha seguido para autorizar la interrupción del embarazo que afectaba a la menor violada por sus parientes.

Mas quizá sea suficiente lo dicho para presentar el caso. Por lo demás, ya se han hecho aportes abundantes sobre el mismo, de distintos periodistas, en este periódico. Claro está que Martín Lozada está en la mira de otros “bien pensantes” de Río Negro, por lo relativo a sus preocupaciones acerca de los derechos humanos de los presos detenidos en comisarías y por su actuación en la investigación sobre la muerte de Diego Bonnefoi, la que le permitió señalar una responsabilidad criminal por parte de un funcionario policial, con enorme enfado de las jerarquías. De tal manera, este “molesto” Lozada tiene que ser removido y alejado de Bariloche. ¡Como si en este bello paraje del sur argentino no acaecieran otras barbaridades más que las formidables represiones de los cuerpos policiales en meses pasados!

Martín Lozada es un ferviente creyente en el derecho y en las garantías que éste asegura a todos y todas las personas. Así lo conocí hace más de una década, desde que fue estudiante del Master por mí dirigido en la Universitat de Barcelona y se ha seguido prodigando por los derechos humanos desde la Universidad de Utrecht. Pero también sabe que el sistema penal es el mayor ámbito de violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, a lo que siempre ha pretendido oponerse desde el ejercicio de la jurisdicción. No obstante, no ejerce el protagonismo judicial al estilo del juez Garzón de la Audiencia Nacional de España, quien por lo visto, pese a que en su momento prestó un servicio a la causa de los DD.HH. en Argentina, aunque actuando entonces sólo por impulso de ONG y fiscales españoles, hoy se presenta como defensor de causas nobles.

Su padre, Salvador María Lozada, reveló un apego semejante a los instrumentos jurídicos cuando en 1972, como juez en lo Civil decretó la quiebra del Frigorífico Swift, ampliándola al grupo financiero Deltec que controlaba al primero desde el extranjero, y demostrando así una voluntad de protección del patrimonio nacional y de los trabajadores argentinos, quienes iban a quedar inermes si el grupo no asumía las deudas de la empresa quebrada. Su decisión jurisdiccional fue, en principio, avalada por la Corte Suprema, pero nada de esto valió para la dictadura que lo despojó de su cargo en 1976. Constitucionalista y profesor de derecho público en la UBA, publicista y autor de obras sobre el tema de la deuda externa, tiene demostrado a lo largo de su vida un espíritu indomable.

Estos valores son los que ha heredado el actual juez Martín Lozada (hijo’ e tigre) y a ellos es indeclinablemente fiel. ¿Es posible, entonces, que un conjunto de cerriles y recalcitrantes dogmáticos no pueda aprender de los valores de estos dos Lozada, representantes de dos generaciones atravesadas por la insensatez y castigados ambos por el autoritarismo al ser leales a los principios de una cultura jurídica liberal?

Empero, todavía creo que va a predominar la ponderación en el Consejo de la Magistratura provincial y se va a imponer un criterio más juicioso y reflexivo por sobre el desvarío que alienta a buena parte de la judicatura y la abogacía rionegrina. No sólo lo merecen los antecedentes intelectuales y profesionales de Martín Lozada. Lo requieren los ciudadanos de la provincia para seguridad de sus derechos y garantías. ¡Así lo espero!

* Profesor (jubilado) de Sociología Jurídico-Penal en la Universitat de Barcelona.

Enjuiciar a quien hace justicia

Por Carlos Rozanski *

Una niña de 17 años, de El Bolsón, fue violada durante años por su padre y su tío. Según surge igualmente del fallo del reconocido juez Martín Lozada, esa niña, producto de alguno de esos abusos, estaba embarazada de once semanas. La joven expresó claramente su deseo de interrupción del embarazo, un pedido avalado en un todo por su madre y mediante el cual reclamaban al Hospital de El Bolsón la práctica correspondiente para poner fin –al menos en esa instancia– al calvario que venía viviendo la niña.

Como lamentablemente es frecuente observar en abusos sexuales, en lugar de actuar con la celeridad que un caso como el descripto requiere, en un país donde la ley expresamente contempla la solución solicitada por la víctima y su madre, comenzó un período de dudas y dilaciones que finalmente fueron resueltas por el magistrado. Así, el hospital interviniente, a pesar de contar con los medios técnicos para ello, se negó a realizar el aborto, debido según surge del fallo a que “las tres médicas ginecólogas del hospital se constituyeron formalmente como objetoras de conciencia para dicha práctica en todas sus instancias” (sic).

No obstante, el equipo técnico que llevó a cabo la confección del informe donde se evaluó la petición de la víctima y su madre consideró que “es fundamental que se haga lugar a dicho pedido dado que de ello depende la integridad emocional” de la niña. Informó asimismo la directora del hospital que su “salud psíquica se encuentra seriamente comprometida, dada la condición de abuso crónico, coerción y ejercicio de poder que sobre su persona se ha venido ejerciendo durante varios años”. Finalmente, como continúa el fallo, de los informes profesionales surgía la existencia de un riesgo potencial para la vida de la niña. Consultado el psicólogo forense, indicó que la víctima presentaba un “síndrome de acomodación al abuso sexual”.

Frente a semejante cuadro, el juez Lozada ordenó la práctica interruptiva que aconsejaban cada uno de los profesionales intervinientes, procedentes de diversas disciplinas y coincidentes todos tanto respecto del sufrimiento que padecía la niña a raíz de los abusos, como de los riesgos que el paso del tiempo implicaba para su integridad psicofísica.

En pocas horas, un organismo oficial de la provincia de Río Negro se dispone a tratar un pedido de juicio político al magistrado nombrado, por la decisión sintetizada. La pregunta obligada, frente a semejante despropósito, es cómo puede ser que quien hace lo correcto, quien protege a una niña abusada, quien toma una decisión que no es opcional sino obligatoria, en el marco estricto de su ministerio y del cumplimiento cabal de la ley y los tratados internacionales que nuestro país suscribió y trata a diario de cumplir, pueda estar a punto de enfrentar una circunstancia como la apuntada. Qué profundas razones siempre disfrazadas pueden hacer que tomar las decisiones correctas ponga en riesgo la carrera de las personas de bien como Martín Lozada. Con la crudeza que la situación reclama, cabe señalar que si bien hay mucha gente que sobre estos temas dice la verdad y obedece a una verdadera, transparente, coherente y humanista conciencia, también hay otra cuyas convicciones no son las mismas. Prefieren la hipocresía de tolerar los miles de abortos caros a mujeres de buena posición que se realizan año tras año en nuestro país, mientras no vacilan en condenar aquellos que, perfectamente legales como el de este caso o bien clandestinos y riesgosos, son realizados también de a miles, a mujeres humildes que muchas veces pagan con su vida el pecado de ser pobres y además estar embarazadas. La Argentina actual no tiene espacio para soportar una afrenta más a funcionarios como Lozada, a quienes se pretende sentar en el banquillo de los acusados por haber hecho lo correcto. Mentalidades preconciliares que crucifican a esas mujeres y a todo aquel médico, psicólogo, obstetra o juez que pretenda aplicar la ley, tienen tanta responsabilidad en el daño sufrido por las víctimas como los violadores que han originado los embarazos. Es de gente bien nacida respetar los derechos de las niñas como la de este caso. La mayoría de los argentinos lo somos.

* Juez de Cámara, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

El 5 de febrero muy temprano, con dieciocho jueces argentinos llegamos al lugar donde el pasado se encuentra con el presente, y donde se seguirá encontrando hasta que no quede en el mundo un solo individuo capaz de repetir semejante atrocidad y tampoco nadie capaz de mirar para otro lado mientras sucede. Auschwitz, como siempre en esta época, estaba blanco. Nieve que lo cubría todo, menos aquello que no puede cubrirse. Con los colegas, cruzamos el conocido cartel “Arbeit macht frei” –El trabajo hace libre...”– con el que eran recibidos cientos de miles de judíos que llegaban durante la Segunda Guerra Mundial para ser exterminados. Luego de la necesaria detención para mirar hacia arriba y observar la sádica paradoja del mensaje, pasamos el cartel después del cual ya nada iba a ser igual.

Dos días antes, en París, en el Museo de la Shoa –centro cultural dedicado al estudio y conservación de la memoria sobre el Holocausto–, habíamos participado de un intenso seminario producto de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación –Secretaría de Derechos Humanos– y las autoridades del Museo. Con participación de importantes personalidades especializadas en la materia y el aporte de los funcionarios argentinos presentes, algunos jueces expresamos nuestra opinión respecto del genocidio nazi y, en su caso, de la relación que podría encontrarse con otros procesos de exterminio como el que sufrió el pueblo armenio en 1915, los tutsis en Ruanda en 1994, así como los vividos durante el terrorismo de Estado en Latinoamérica. Sin embargo, pese a la profundidad con que los temas fueron tratados, incluyendo el dramático testimonio de un sobreviviente de Auschwitz, nada podía compararse con lo que ese 5 de febrero viviríamos en Polonia.

Allí, en el instante de pasar el cartel, el reloj se detuvo, vaciló un instante y luego retrocedió 65 años en un viaje al horror del que nadie sale indemne. Todas las palabras de los expertos, los relatos de los hechos, las cifras del exterminio quedaron tan pequeñas como los bebés que fueron llevados a las cámaras de gas. Del horror teórico, que entra por el oído, pasamos al vivenciado, que entra por la piel. Piel que se eriza como nunca antes frente a toneladas de cabello de seres humanos exterminados, que era vendido por los nazis como parte de esa industria de muerte que transformó millones de familias en humo. O ante miles de anteojos que las víctimas debían abandonar allí porque dentro de la cámara de gas no se podía leer. Tampoco eran necesarias las miles de prótesis de piernas y brazos de madera de aquellas personas que por su capacidad limitada no eran útiles para los verdugos y de inmediato eran exterminados.

En esos instantes, comprendí que un juez acartonado, amigo de usar palabras difíciles y que, a veces, con el tiempo, se transforma en su cargo, puede ablandarse. Puede sentir un cosquilleo que le recorre el cuerpo recordándole la buena magia de llorar ante la atrocidad. Entonces, el reloj volvió a funcionar. La intensidad de la escena permitió contrastar el horror del lugar con la agradable y esperanzada convicción de que mientras haya jueces que lloren, la memoria seguirá siendo honrada.

* Juez de Cámara, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata.