Página#12 Libre

Un fallo de la Sala 1 de la Cámara Contravencional, Penal y de Faltas porteña resolvió el de-salojo de lo que se conoce como La Veredita o Villa Vereda, un asentamiento ubicado en el Bajo Flores que se levantó a fines de 2010. El Tribunal integrado por los jueces Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Sergio Delgado ratificó así una sentencia de primera instancia del Juzgado Nº 16, a cargo de Claudia Alvaro. La medida, que se conoció ayer, dispone que intervengan la Policía Federal y Gendarmería con la colaboración de la Metropolitana en “el allanamiento y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones que sean utilizadas como vivienda, como asimismo el retiro de la totalidad de los efectos y elementos que ocupen las aceras y calzadas de la calle Riestra, desde Lafuente hasta Portela y aceras y calzadas de la calle Portela, desde avenida Castañares hasta Riestra. Asimismo, se deberá proceder a la identificación y de-salojo de las personas que residen en dicho espacio público”.

La investigación judicial se inició cuando entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre del año pasado fueron ocupadas las veredas que bordean predios de la Corporación Buenos Aires Sur, el club Argentinos Juniors, el laboratorio oncológico Disprofarma y el Instituto Cultural Marianista (que se presentó como querellante). Los abogados Claudia Scarlata y Nicolás Cura, de la Procuración General de la ciudad, también solicitaron el inmediato desalojo y restitución de un predio ubicado en la misma zona. La jueza Alvaro tiene que determinar ahora cuándo se realizará el desalojo, aunque del fallo de la Cámara se desprende que no le resultará sencillo contar con las fuerzas de seguridad mencionadas. Ya lo había ordenado el 21 de febrero pasado, pero no se pudo cumplir por “razones operativas”.

Cuando fue notificada del caso, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, según el fallo respondió que “la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, con excepción de la jurisdicción federal, es competencia en la ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público y el Poder Judicial locales” y que la función de auxiliar de la Justicia debe cumplirla “el órgano natural que las leyes de la ciudad han constituido y programado para ello: la Policía Metropolitana”. Por su parte, el jefe de esta fuerza, Eugenio Burzaco, adujo que “no posee los recursos humanos ni materiales como para llevar a cabo unilateralmente el allanamiento y desalojo encomendados y a la vez garantizar la seguridad posterior y evitar futuras intromisiones”.

El defensor oficial, Javier De la Fuente, había solicitado en el proceso “la urgente suspensión del desalojo” hasta tanto la resolución quedara firme y justificó su intervención en que la medida ocasionaba un daño “irreparable a sus defendidos” porque “innumerables familias deben abandonar sus viviendas y quedar, en muchos casos, en situación de calle, sin un lugar en el que vivir”. Además, cuestionó la aplicación del Código Penal y señaló que lo apropiado hubiera sido la intervención del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, luego de citar un texto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Estos argumentos fueron refutados por los camaristas, que no descartaron “la existencia de delito” y para ello se apoyaron en el argumento que “de modo genérico es dable distinguir la ocupación transitoria de aquella que adquiere permanencia. Así, en tanto la ocupación sea transitoria, la acción puede encuadrar en las previsiones del artículo 41 del Código Contravencional; mientras que de ser permanente, si confluyen los demás requisitos, configuraría el delito previsto en el artículo 181 del Código Penal”.

El kit para tomar la muestra de saliva a los automovilistas que transitan por las calles porteñas y detectar un presunto consumo de drogas dice en su envase una consigna alarmante: “Prohibido su uso, distribución y comercialización con fines diagnósticos, de monitoreo o seguimiento en seres humanos y su uso en forma directa o indirecta en salud humana”. La página web de Confirm Biosciences, el fabricante del producto con sede en San Diego, Estados Unidos, anuncia otro dato que siembra dudas: “Para obtener un resultado analítico confirmado deberá apelarse a un método alternativo más específico del fluido oral utilizado”. A sabiendas de semejantes irregularidades, el gobierno de Mauricio Macri continúa con sus operativos de control de estupefacientes en la ciudad. Cada tablita con el reactivo que señala si un conductor consumió marihuana, cocaína o metanfetaminas vale alrededor de 20 dólares.

La Dirección de Seguridad Vial suele efectuar hasta doce pruebas en cada puesto nocturno, aunque si una persona falla en el testeo dos veces, se le labra un acta y su coche es remitido a un playón del barrio de Barracas. El derecho al pataleo viene después: un sancionado puede apelar a la Justicia con bastantes chances de ganar el pleito. Esta aplicación del Código de Tránsito ignora un informe de la Usppa (Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones) dirigido por la licenciada Patricia Colace, que señala: “Es inaceptable la aceptación de un positivo obtenido mediante pruebas realizadas con dispositivos que no emiten resultados concluyentes”.

El envase de Salivaconfirm –así se llama el producto– detalla la prohibición de su uso en salud humana, las cinco sustancias o psicotrópicos que permite rastrear (cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y benzodiazepinas), el lote, la fecha de vencimiento (Página/12 accedió a uno que tiene vigencia hasta febrero de 2012), la dirección del laboratorio Confirm Biosciences en California y la temperatura recomendada para mantener la muestra, de 15 a 30 grados. Decenas de estas tablitas plásticas de color blanco que en su interior poseen una lengüeta absorbente para la saliva, son utilizadas por la Dirección General de Seguridad Vial, que actúa en conjunto con el Cuerpo de Agentes de Tránsito porteño, responsable de los controles de alcoholemia.

La licitación que les abrió paso a las muestras de saliva fue ganada por la compañía Trust Med Group SA, que le vendió a la ciudad 8756 unidades a 78 pesos cada una, por un monto total de 682.968, según el Boletín Oficial del 16 de julio de 2010. La Subsecretaría de Seguridad Urbana a cargo de Matías Molinero también resolvió una ampliación de la compra por 102.414 pesos, que permitió adquirir 10.069 tablitas en total. Casi 200 mil dólares al cambio actual. Según un despacho de la diputada porteña Diana Maffía, de la Coalición Cívica, basado en el extenso informe de la Usppa, con el discutible elemento para detectar adictos o consumidores al volante, se puede detener, “por azar o bajo sospecha, a un conductor para realizarle una única muestra, cuyo resultado –sin segunda prueba confirmativa– demostraría culpabilidad y amerita tanto el secuestro del vehículo como su detención, una multa y quita de puntos en la licencia de conducir; una segunda prueba de contraste sólo se realizaría en caso de pedido por parte del conductor, pero éste ya estaría detenido por una causa contravencional y con su auto secuestrado”.

El test Cozart, como se lo llama también al control de saliva, es rechazado expeditivamente para detectar un caso de doping en el deporte. “A nadie se le ocurriría usarlo”, sostiene el médico Carlos D’Angelo, miembro honorario del Consejo Asesor Científico del Sedronar y ex responsable del laboratorio del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). “Puede arrojar un falso positivo, no es definitorio como control”, agrega. Coincide con este profesional el informe de la Usppa, que en un tramo describe: “El sistema no es por entero fiable y en ninguna parte del mundo se utiliza como evidencia concluyente; la Substance Abuse and Mental Health Services Administration estadounidense no lo aprueba, y los dos proyectos Rosita (acrónimo por Road Site Testing Assessment) concluyeron en que no podían recomendar el uso de los dispositivos existentes, ya que ninguno cumplía con los requisitos a satisfacer”.

Pese a estas recomendaciones, empleados de Seguridad Vial iniciaron con empeño el invierno pasado los operativos de detección de estupefacientes en automovilistas. A mediados de julio de 2010, debutaron en la esquina de las avenidas Pueyrredón y Las Heras. Fueron rotando y hoy los realizan en varias esquinas de la ciudad con puestos móviles que llegan a tomar cada uno doce muestras por noche. Los conductores deben someterse a la utilización del producto Salivaconfirm, pero antes se les analizan las pupilas con un aparato que cuesta alrededor de 120.000 pesos, un pupilómetro. Si las tienen dilatadas, no zafan de la muestra de saliva.

Es en ese momento cuando surgen situaciones engorrosas para los agentes. La anécdota más difundida en el cuerpo de Tránsito dice que un secretario del juez federal Norberto Oyarbide sufrió el secuestro de su auto por ingerir un medicamento. Hay automovilistas que se ponen nerviosos, que protestan de manera más o menos airada y quedan expuestos a multas que van desde los 200 a los 2000 pesos. También pierden sus vehículos, que son remitidos a un playón de la calle Aráoz de Lamadrid, en Barracas, además de diez puntos en el scoring. La ley contempla también penas de uno a diez días de arresto.

Todas estas sanciones al presunto infractor son apelables –con una gran posibilidad de ser revertidas– si los automovilistas reparan en sus propios derechos y se basan en las recomendaciones que da el mismo fabricante de la muestra. Confirm Biosciences señala en su página de Internet que “el producto es solamente para uso forense o con propósitos de investigación” y que “los resultados obtenidos a través de este dispositivo proporcionan solamente un resultado preliminar de la prueba cualitativa analítica”. Los defensores del método argumentan que no es necesaria la corroboración de un laboratorio, rompiendo con los estándares internacionales de control de dopaje que, sin excepción, requieren de una contraprueba para ratificar el positivo de la primera muestra.

El informe de la Usppa define que “en las condiciones actuales, también es impropio que la reglamentación obligue a pagar los gastos del análisis de confirmación al conductor, ya que es muy posible que aquel que resulte positivo por benzodiazepinas debido a una medicación –por ejemplo–, no tenga conocimiento alguno de esta condición y honestamente pida una segunda prueba. Aún cuando más tarde el juez lo declarará inocente, él debió correr con los gastos de una confirmación que debería corresponderle como derecho”. Cuando presentó el método de la saliva para detectar drogas, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, se ufanó: “Seremos el primer distrito en América latina que controle en conductores el consumo de otras sustancias que disminuyan su aptitud para conducir que no sea el alcohol”.

El kit de Salivaconfirm, al revés de lo que su nombre en inglés proclama, no confirma sin margen de error la ingestión de una determinada sustancia, ya que requiere de la contraprueba para ser irrefutable. Y la frase inscripta en su envase de color blanco, que semeja al envoltorio de una barrita de cereal, plantea unas cuantas inquietudes. Si su uso está “prohibido en forma directa o indirecta en salud humana”, ¿en qué otra salud podría aplicarse? ¿En la de animales? Otra duda se presenta con las personas que pudieran inhalar marihuana –sin consumirla, como un fumador pasivo– en un recinto cerrado. Ejemplos de falsos positivos hay de sobra en todos los manuales médicos que abordan el tema. Acaso tantos como los conductores expuestos a los controles de drogas que practica el gobierno porteño con productos que ofrecen escasa seguridad.

Lo ratifica la Usppa: “Los instrumentos elegidos para las tomas de muestras no tienen valor probatorio en ninguna parte del mundo y han sido expresamente desrecomendados para este rol, utilizándoseles sólo como primer examen; ni un pupilómetro ni un reactivo por saliva indican de manera absolutamente eficaz la presencia o concentración de una sustancia en la sangre”.

Las huellas del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) todavía conservan su marca indeleble. Ayer, el diputado porteño Marcelo Parrilli, del MST-Proyecto Sur, denunció que un integrante del SIN sigue trabajando desde la época de la dictadura en ese organismo. “Diego León Malanij, además de servicio de la Marina durante el genocidio, sigue actuando hoy en la CNEA”, afirmó, acompañado por Sergio García, dirigente de la CTA Capital, delegados y trabajadores de la Comisión. “Se debe profundizar la investigación sobre el accionar de este personaje en los años de plomo, que en el caso de la CNEA significó la desaparición de dieciséis de nuestros compañeros”, agregaron los representantes del personal. Página/12 consultó sobre la denuncia a fuentes de la CNEA, pero no fue posible obtener una respuesta oficial.

Malanij, en el listado de 700 nombres del SIN desclasificado por el decreto 4/2010 que firmó la presidenta Cristina Fernández, aparece como Malanaij (con una “a” agregada), hecho que motivó a los trabajadores de la CNEA a buscar precisiones por su cuenta. Coincidían los dos nombres de pila, pero no el apellido. Cuando interiorizaron del caso a Parrilli, el legislador presentó un pedido de informes para que el gobierno porteño solicitara datos al Poder Ejecutivo Nacional que corrobararan la identidad del ingeniero Malanij. La respuesta está en un expediente del Registro Nacional de las Personas, con la firma de Oscar Eduardo Díaz, director nacional del área de Identificación. No existe Malanaij y sí Malanij. Del pedido de informes se desprende también que el denunciado “revista desde los años ’80 en la CNEA y es actualmente miembro de la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean)”.

El ingeniero trabaja en Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), una empresa privada con participación estatal que comercializa la energía producida por las centrales de Atucha I y Embalse. NASA fue creada en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem como parte de su proyecto de desguace del Estado. De la Comisión actual quedaría lo que en su momento se conoció como CNEA residual. Durante la dictadura, desaparecieron dieciséis científicos de ese lugar de trabajo y también de sus hogares.

Adrián Torres, un empleado que acompañó la denuncia de Parrilli, habló en nombre de la agrupación gremial Agustín Tosco, que indagó en la historia de Malanij: “La respuesta que le dieron al diputado es un paso más en la dirección que nosotros nos propusimos. Confirmar si el servicio de inteligencia del SIN es la misma persona que trabaja en NASA y qué responsabilidad le cabe por su accionar durante la dictadura”.

La denuncia contra el personal civil del SIN arroja además un dato sugestivo. “También es integrante de la Asociación Intervecinal del Puerto de Olivos, que participa en el conflicto por la construcción del Vial Costero.” Quienes lo conocen de NASA y esa lucha contra el proyecto del intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, dicen que Malanij se ha mostrado activo en la junta de firmas para sumar voluntades. No se sabe aún si para la creación de un partido vecinal o contra el emprendimiento comercial sobre la ribera. Ese del que se ha quejado “porque va a terminar como termina todo, en un negocio”. Curioso planteo público para quien es acusado de haber integrado el SIN.

Unos noventa represores detenidos por delitos de lesa humanidad pidieron permiso para votar en las elecciones internas del Peronismo Federal (PF) que se realizarán del 3 de abril al 29 de mayo. La mayoría de los solicitantes, unos sesenta, está alojada en el penal de Marcos Paz, y un porcentaje que se reduce a un tercio de aquella cifra cumple penas de prisión en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Todos pretendían elegir al candidato presidencial de aquel espacio político en los comicios abiertos que enfrentarán a Eduardo Duhalde con Alberto Rodríguez Saá, pero vieron su deseo frustrado. La intención de ejercer un derecho que suprimió la dictadura a la que ellos sirvieron con fe de cruzados, fue confirmada a Página/12 por una fuente del Sistema Penitenciario Federal (SPF). La respuesta que recibieron es que sólo tienen la chance de participar en las elecciones generales, siempre que no cumplan condenas firmes, como el ex capellán Christian Von Wernich y el ex comisario Miguel Etchecolatz. Los pedidos llegaron al SPF que rechazó algunos y trasladó otros a los diferentes juzgados que tramitan las causas por violaciones a los derechos humanos y donde se les respondió con una negativa. Hace una semana este diario había informado sobre la labor proselitista a que se abocó Abel Posse, el ultramontano y efímero ex ministro de Educación de Mauricio Macri, en Marcos Paz. El escritor aseguró ante un módico auditorio de dictadores y secuestradores de monjas (estaban Reynaldo Bignone y Alfredo Astiz) que Duhalde les garantizará un futuro mejor. Una circunstancia que estimula la hipótesis de por cuál precandidato hubieran votado.

El pabellón de “Lesa”, como identifican el resto de los internos al sector de represores que cometieron delitos de lesa humanidad, se transformó en un foro de discusión política. La interna del Peronismo Federal o peronismo disidente, acicateó la curiosa vocación democrática de estos reclusos condenados a multiplicar canas y años en prisión. Los pabellones 5 y 6 donde se alojan, con celdas individuales de 2,5 por 3 metros y con el confort y acceso a electrodomésticos que no caracterizan al resto del Servicio Penitenciario Federal, fueron el escenario de este irrefrenable deseo de participar. “Se trató de un grupo de noventa internos que quería votar en las elecciones del Peronismo Federal. Alrededor de sesenta están en Marcos Paz y el resto en Campo de Mayo”, describió de manera extraoficial el SPF, que tuvo a su frente hasta fines de 2010 a un civil, el abogado Alejandro Marambio Avaria.

En Marcos Paz y el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo donde se encuentra detenido el dictador Jorge Rafael Videla, parece que avanza una súbita corriente de evangelización republicana. Los pedidos para votar en las internas del PF llegaron a distintos juzgados. Los presos pueden participar de comicios generales (siempre que estén procesados y no condenados), pero no de internas partidarias, como quedó demostrado en este caso. Pablo Llonto es abogado querellante en varias causas por violaciones a los derechos humanos, como una que se sigue contra el ex policía Luis Patti, detenido en el Instituto Fleni de Escobar. Explicó que “los represores con prisión preventiva pueden votar, siempre que los autorice el juez de Primera Instancia, y los condenados que apelaron fallos deben pedírselo al Tribunal Oral que los juzgó. Hay muy pocas sentencias firmes, como las que recibieron Etchecolatz y Von Wernich. Ellos no podrían hacerlo”.

Los presos votan desde las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2007, cuando lo hicieron unos 860 en cárceles del SPF de todo el país. Esto fue posible gracias al decreto 1291/06 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, cuando reglamentó el artículo 3 bis del Código Electoral Nacional, para permitir el voto de los detenidos sin condena. Todavía se recuerda que ese año, en Marcos Paz, paradójicamente pudo votar Raúl “El Nazi” Rebaynera, un torturador de la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura. Este penitenciario fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Federal Oral Nº 1 de esa ciudad. Su ensañamiento con las víctimas, y sobre todo las de origen judío, le valieron el mote que lleva.

En el “Lesa” se juntaron en determinado momento 89 represores. Etchecolatz dormía en el pabellón 5, detrás de una heladera que compartía con los demás condenados y procesados. Hasta ese lugar, según describió Horacio Verbitsky en su artículo “Duhalde invoca a López Rega”, del domingo 20 de marzo, llegó “Abel Posse conducido por el ex rugbista del Liceo Militar San Martín, Oscar Alfredo Vigliani, y por el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, dependiente del Episcopado Católico, Eduardo Bieule. Después de abrazarse con su viejo compinche en la Cancillería durante la dictadura, Juan Carlos Rolón, Posse discurseó en la capilla del penal ante Alfredo Astiz, Benito Bignone y el cura Christian von Wernich. Dijo que ‘los samurais que defendieron al hogar, la patria y Dios’ pueden confiar en Duhalde. Una de las encargadas de conseguir el apoyo electoral para Duhalde, a cambio de su promesa de acabar con los juicios, es la hermana de Astiz, Lucrecia”.

El ex presidente provisional tiene premura en que se acaben los juicios contra los represores. Lo ha hecho saber en más de una oportunidad, como el 24 de marzo del año pasado, en ocasión del 34º aniversario del golpe del ’76. “Hay que dejar esa confusión entre crímenes de lesa humanidad y derechos humanos”, pidió. Y ratificó su voluntad de que “se deben terminar los juicios, porque lo importante es que hay que mirar para adelante”. Los jueces que investigan los crímenes de la dictadura no le dieron demasiado el gusto. En 2010 condenaron a 111 represores en distintas provincias. Pero restan más juicios y más sentencias. A Duhalde se le acaba el tiempo y trata de captar voluntades donde no abundan.

Al que no lo intimidan las elecciones contra el aparato de su adversario es a Alberto Rodríguez Saá, aunque se queja de una posible entente entre Duhalde y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. El 12 de marzo denunció que “la Policía Metropolitana iba a custodiar las urnas” en las internas porteñas que se realizarán el 3 de abril para elegir el candidato del PF. También interpretó: “Sería una atrocidad que una fuerza de seguridad que responde a un poder político sea la que custodia las urnas, y además vote, sobre todo teniendo en cuenta que hubo un pacto entre este poder político y Eduardo Duhalde, uno de los candidatos”. Finalmente, el puntano acordó que la Metropolitana sería prescindente en la interna. Aunque la elección está atada con alfileres porque muchos de sus protagonistas quieren suspenderla, los represores dispuestos a votar, que se sepa, no traman una huelga de hambre como protesta.

Las explicaciones sobre la UCEP que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, esquivó en dos ocasiones ante la Justicia, las dio su ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo. De la declaración indagatoria del funcionario que ahora preside la empresa de Subterráneos (Sbase) y a la que accedió Página/12 se desprende que la unidad acusada de golpear y robar a indigentes en las calles de la ciudad “contaba con personal idóneo y el debido sistema de contralor”. El acusado reivindicó que desde su cartera “había mucha relación con lo social” y que “a nadie se le ocurrió pegarle o decirle al cartonero que se vaya, porque no es la manera de resolver el tema”. Sin embargo, en un escrito donde pidió su sobreseimiento en la causa afirma que “nadie, ni el más imaginario de los acusadores, puede sostener que, como ministro, creé el dolo en los agentes para que roben, amenacen, lesiones (sic) y abusen sexualmente de quienes ocupaban el espacio público”, como si diera por descontado que esos delitos los cometía la UCEP. Asimismo justificó el decreto 1238/08 que creó la patota institucionalizada durante la gestión del PRO y quedó claro en su indagatoria ante el juez Facundo Cubas que le molestaba cómo “se gastaba mucho dinero en la limpieza” de Buenos Aires, porque “en dos o tres horas los lugares volvían a estar sucios”. A todo esto lo definió como “un festival del no respeto del espacio público”.

El descargo del ex ministro en el Juzgado Criminal de Instrucción Número 49 fue para responder a diecisiete hechos que se le imputan junto al jefe de Gobierno, los ex responsables de la unidad, Fabián Rodríguez Simón, Matías Lanusse y Jorge Cristian Polini, y los empleados que de- salojaban a indigentes de las calles en operativos nocturnos, como quedó acreditado en el expediente caratulado “Macri, Piccardo, UCEP/ sobre amenazas y otros delitos”. Asistido por el abogado Cristian Cúneo Libarona, el actual presidente de la sociedad del Estado que administra los subtes declaró: “Cuando asumimos el gobierno había un descontrol en todo el espacio público, con lo cual había que implementar sistemas de inspección/control y logísticos que pudieran mover objetos, por ejemplo, un puesto de diarios en infracción”. Piccardo le dijo algo parecido a este diario el 8 de marzo de 2009: “El objetivo de la UCEP es remover objetos del espacio público para promover su buen uso, como puestos ilegales o quioscos”. Pero agregó: “No tiene atribuciones para trabajar con personas”. La práctica cotidiana del grupo que dependía de su ministerio derrumbó con el tiempo esta afirmación.

El funcionario indagado, no obstante, pretendió poner a salvo su responsabilidad y la de Macri en la declaración indagatoria: “Nunca en mi gestión como ministro de Espacio Público recibí de mis superiores ni impartí a quienes forman parte de mi equipo de trabajo, ninguna instrucción que estuviera ajena a la ley. De ninguna manera, en lo personal o como ministro, avalamos ninguna actitud que no esté en el marco de la ley. Sean hechos de violencia, patoterismo o por el estilo. Nadie puede decir que yo dije hacelo y hacelo como quieras”. Piccardo se excusó de haber participado en los operativos de la UCEP y precisó que al tratar con personas en situación de calle las directivas consistían en “darle siempre intervención a Desarrollo Social”. Sólo admitió ante Cubas haberse involucrado personalmente cuando, en enero de 2008, se canceló el llamado tren blanco y muchos cartoneros optaban por dormir en plazas o parques de la ciudad. “Allí acordamos que el gobierno pondría camiones para suplantar este tren”, confesó.

La administración macrista aportó camiones, aunque con otra finalidad: compactar las pertenencias de los sin techo que eran decomisadas en las calles porteñas. A preguntas del juez Cubas y su secretario, Marcos Sebastián Wenner, el ex ministro respondió que tomó conocimiento de cómo la UCEP utilizó un transporte de residuos de la firma Panizza, que en varias ocasiones denunciaron haber visto a los indigentes afectados por sus operativos. Piccardo dijo saber del camión, pero no de los chalecos antipunzantes, que por decenas utilizaba el grupo de choque que la diputada nacional Liliana Parada denunció por primera vez el 4 de diciembre de 2008.

“El camión era necesario porque en todos los movimientos de material y limpieza de los espacios quedaban materiales que había que compactar...” declaró el funcionario. En la madrugada del 1º de octubre de 2009, veinte integrantes de la UCEP a bordo de cuatro camionetas blancas y un transporte de Panizza despertaron a golpes a Carla Baptista, Silvester Villodas, Graciela Cisneros, Antonio Tristán y Roberto Palomino, quienes dormían debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. La primera estaba embarazada y, según se le hizo saber a Piccardo durante su indagatoria, “recibió varios golpes de puño en su vientre y en su rostro sin explicación alguna”. Esta es una de las pruebas en que se basó el fiscal Marcelo Roma para solicitar las indagatorias de los funcionarios porteños.

El ex ministro sostiene algo muy distinto. Dice que la UCEP advertía a las personas en situación de calle que no podían utilizar materiales inflamables, encender fuego u orinar en la calle, como si fueran necesidades semejantes. En la práctica, eso no quedó demostrado. Al contrario, los indigentes que denunciaron a la Unidad de Control del Espacio Público declararon a menudo que los amenazaban o golpeaban sin previo aviso, como ocurrió aquella noche de octubre. Cuando compareció en el juzgado el 25 de febrero, a Piccardo se le notificó que dentro del ministerio que conducía se había conformado un grupo “cuya verdadera función fue desalojar mediante la utilización de métodos ilegales a quienes ocuparan plazas o calles y amenazarlos para que no retornen a esos lugares; omitiendo la necesaria participación en los operativos de las áreas pertinentes que pudieran brindar alternativas conforme a derecho a las personas en ese estado de vulnerabilidad”.

Sobre la declamada pero no verificada disolución de la UCEP (aún hoy existe la sospecha de que personal civil desaloja a indigentes de lugares públicos), el ex ministro declaró en sede judicial: “Se consideró que era mejor que los agentes estuvieran dispersos. Además, también estaba políticamente instalado y era más difícil convencer de que todo está bien, por lo cual se decidió redistribuir el personal en otras áreas del gobierno”. Resulta asombroso que Piccardo justifique el desmantelamiento de la UCEP por los hechos que se le imputan, cuando en la ampliación de su indagatoria destaca (“por resultar de interés para esclarecer los hechos investigados”) que entre las funciones del organismo se encontraba “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. ¿Por qué habría desmovilizado la unidad entonces?

El espíritu de su descargo ante el juez Cubas se sintetiza en un último párrafo: “Aquí resulta sencillo confirmar mi inocencia desde el momento en que no sólo no intervine en ninguno de los episodios denunciados y no impartí instrucción alguna ajena a la ley, sino que he cumplido correctamente con la tarea a mi cargo”. Piccardo se desligó de los hechos que le imputan porque, por su “condición de ministro”, no debía constituirse en cada espacio público presuntamente usurpado. ¿Declarará Macri de un modo parecido cuando elija presentarse en la Justicia después de su viaje a Estados Unidos y Europa? Es tan difícil de saber, como la fecha en que finalmente comparecerá.

Gerónimo Venegas junto a Eduardo Buzzi, integrante de la Mesa de Enlace rural.
Imagen: Télam.

Los años terminados en uno han sido mojones en la vida de Gerónimo “Momo” Venegas. El líder de las 62 Organizaciones Peronistas y la Uatre detenido ayer nació el 22 de agosto de 1941 en Necochea. En 1981 accedió a la secretaría general de la Unión de Trabajadores Rurales en la seccional de su ciudad natal y en 1991 lo ungieron 191 de los 194 delegados presentes al frente del gremio en el orden nacional. Aunque en este caso es negativo, 2011 continúa esa línea de episodios fundacionales por el operativo que culminó con su detención en la causa de la mafia de los medicamentos. Camino a cumplir 70 años, el hombre que junto a Luis Barrionuevo lidera el espacio gremial que apuntala las aspiraciones presidenciales de Eduardo Duhalde, es uno –entre tantos– de los dirigentes sindicales de origen peronista y posición desahogada.

En las playas de Necochea y sus alrededores, Venegas construyó su base de poder político y económico. El ascendiente que tiene sobre una parte de esa comunidad se vio reflejado en las recientes protestas que remedaron los cortes de ruta de las patronales agropecuarias en 2008. Militantes de la Uatre interrumpieron el tránsito en los accesos a la ciudad balnearia sobre las rutas 88, 86, 227 y 228 en repudio a su detención. Algunos medios como DiarioNecochea.com titularon la noticia de su arresto “Embestida K: Oyarbide detuvo al ‘Momo’ Venegas”. Como fuere, el sindicalista extendió hace más de dos décadas su influencia a la política nacional. Maneja casi todos sus asuntos desde la sede de Uatre, ubicada en el centro porteño, donde lo detuvieron por la mañana.

Fileteador, aprendiz de herrería, boyero, ordeñador, esquilador, peón, alambrador, tropero, palero y estibador, todos esos oficios juntos –según sus propias palabras–, cultivó durante su infancia y juventud. Hoy, alejado de las duras faenas rurales, combina su tiempo entre las 62 Organizaciones, su gremio, el armado del Peronismo Federal y varios emprendimientos.

Médano Blanco es una obra en la que Uatre habría invertido unos 20 millones de pesos para brindarles a sus afiliados aguas termales de 41 grados con innegables propiedades curativas y el complemento campestre de esparcimiento ideal: el antiguo casco de una estancia con laguna incluida. La inauguración de las obras en Necochea está prevista para mediados de año. La construcción del complejo fue adjudicada a la empresa Vector Construcciones SRL. Cuando el proyecto más ambicioso de Venegas fue presentado, el gremialista eligió como escenario el salón cubierto de la Sociedad Rural local. No en vano, la regional de la CGT que controla el Momo en su ciudad natal, durante un plenario realizado el 26 de marzo de 2008 y en pleno conflicto entre el gobierno nacional y las organizaciones agropecuarias, respaldó con todas sus fuerzas el lockout patronal.

Además de sus cargos en las 62 Organizaciones y la Uatre, conduce el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y ocupa la Secretaría de Interior de la CGT. Esa multiplicidad de funciones no le impide descuidar la supervisión de Médano Blanco, para lo cual viaja los fines de semana a Necochea en un taxi aéreo, cuyo costo en dólares asciende a una cifra de cuatro dígitos. Venegas tiene varias inversiones personales allí, aunque son terrenos de dimensiones holgadas y no propiedades a su nombre. Lo curioso es que en la Municipalidad local figuran en condición de baldíos. El más grande tiene una superficie de 720 metros cuadrados (36 por 20) y está ubicado en la vecina Quequén. La casa donde reside cada vez que llega a la costa está ubicada en 61, entre 80 y 82. Oyarbide la allanó ayer, noticia de la que dieron cuenta los medios locales.

El sindicalista que dice denunciar la trata de personas en el campo, una calamidad muy extendida en estos días producida por empresas como Nidera, Southern Seed Production (SSP) y Satus Ager, no ha podido influir en todos estos años para moderar los efectos de la ley 22.248, ideada por Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar. Esa norma ni siquiera contempla la jornada laboral de ocho horas y hasta permite el pago del salario en especies. Este año se discutirán en el Congreso dos proyectos para reformar la norma. Uno presentado por el Poder Ejecutivo y el restante por la Uatre. La prédica del gremio que “lucha contra una cultura de más de cien años de trabajo en negro, de mano de obra no registrada y de trabajo infantil”, a juzgar por las transnacionales que explotan a los peones rurales, está muy lejos de materializarse.

Venegas, quien según su propia biografía permaneció en Uatre hasta el golpe del ’76, donde había empezado en 1968 (su primer cargo fue el de secretario de Actas, Prensa y Propaganda de la seccional Necochea), señala en su propia biografía que “conoció, como miles de argentinos, la persecución, la cárcel por la defensa de sus ideales y la lucha clandestina”. Sus adversarios dicen que se mantuvo oculto en el campo, donde priman ahora condiciones de trabajo propias de la esclavitud. Condiciones que el sindicalista pareció olvidar en agosto de 2010, durante una disertación en IDEA (Instituto Empresarial de la Argentina), cuando dijo: “Si les va bien a los productores, nos va muy bien a los trabajadores”.

La causa judicial sobre la UCEP, la patota del espacio público creada por el gobierno porteño, vuelve a deparar novedades. El Juzgado de Instrucción Nº 49 notificó por segunda vez a Mauricio Macri para ser indagado el 25 de febrero. El juez Facundo Cubas ya lo había citado el 10 de diciembre pasado, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero la declaración se postergó. Junto al jefe de Gobierno y candidato presidencial del PRO también deberán presentarse el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y todos los integrantes de la unidad que adquirió notoriedad por sus operativos para desalojar con violencia a indigentes de calles, parques y plazas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las indagatorias comenzarán el próximo viernes 11 con el ex coordinador de la patota Matías Lanusse y Luis “El Tano” Savoiardo, quien oficiaba de jefe operativo del grupo que la emprendía por las noches contra personas sin techo o a punto de ser desalojadas de viviendas ocupadas. Las declaraciones se corrieron para después de la feria judicial a pedido de los abogados defensores. Ahora, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción Nº 13 a cargo de Marcelo Roma, se iniciará esta instancia judicial cuyo puntapié inicial lo había dado en noviembre de 2008 una denuncia de la diputada nacional Liliana Parada.

Un comunicado de la legisladora sostiene que se le tomará declaración a Macri “por sus responsabilidades en los presuntos malos tratos, amenazas y vejaciones contra indigentes en situación de calle y personas desalojadas por la Unidad de Control del Espacio Público”. El expediente está caratulado como “Macri Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP, sobre amenazas y otros delitos”. La investigación judicial derivó en la indagatoria que se les tomará entre el 11 y el 25 de este mes a 29 personas, entre funcionarios políticos y agentes del gobierno porteño. Macri y Piccardo –el actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires– deberían presentarse juntos el último día.

Pese a la mala reputación que supo ganarse la UCEP, todavía quedan dudas sobre su desmantelamiento definitivo. Parada sostiene que “si bien se anunció su disolución, lo cierto es que ni el jefe de Gobierno ni su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, la firmaron. Por el contrario, hace menos de un mes, ambos funcionarios firmaron e impidieron la entrada en vigencia de la primera ley de protección de personas en situación de calle, al vetar el artículo 5º de la normativa. Ese artículo se refiere justamente al uso igualitario del espacio público para todos los ciudadanos, derecho que el macrismo se niega a reconocer”.

Son 29 los citados por Cubas, desde Macri y Piccardo hasta el personal que hacía los operativos callejeros, generalmente entre la noche y la madrugada. La nómina es ésta: los directores o coordinadores que tuvo la unidad, Fabián Rodríguez Simón, Matías Lanusse y Jorge Cristian Polini; la abogada María Laura Gelonch a cargo de un sector administrativo y legal; Claudio Apecetche, Alejandro Arismendi, Ramón Barroso, Carlos Alberto Cabrera, Rodrigo Carrizo, Sebastián Castillo, Victorio De Cillis, Carlos Alberto Failde, Gustavo Fernández, Marcelo Fernández, Juan Pablo Motta, Gustavo Ordóñez, Daniel Pagano, Daniel Pizarro, Marcelo Reina, Ramón Rodríguez, Gabriel Romero, Gabriel Ruiz, Diego Sansanelli y cuatro integrantes de la familia Savoiardo: Jonathan, Marcelo, Romina y Luis. El último oficiaba como el líder del grupo.

Los delitos que se les imputan son diecinueve y fueron cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009. Las pruebas que contiene el expediente van desde videos sobre los operativos que efectuaban en las calles y documentación incautada en un allanamiento a las oficinas de la unidad que funcionaba en el edificio del Mercado del Plata, hasta el propio decreto 1232/08 que le dio vida al cuerpo. Esta norma, en su anexo 2/13, le atribuía como funciones a la UCEP “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”. Las denuncias tomadas a indigentes en la Justicia ordinaria y en la Defensoría del Pueblo porteña no se compadecen con el enunciado del decreto firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

El Juzgado Nº 49 unificó todas las denuncias, como una que realizó Carla Baptista, la embarazada y madre de cinco hijos que resultó golpeada la madrugada del 1º de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. Su caso tuvo repercusión pública porque la mujer sufrió desplazamiento de placenta y corrió riesgo de perder el embarazo. El ataque de la UCEP sobre la calle Pasco no tuvo consecuencias más trágicas para Baptista porque un vecino llamó a la policía, que identificó a los integrantes del grupo cuando envió a efectivos de la comisaría 18ª.

La patota presuntamente se disolvió tras un encuentro entre Piccardo y la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, en noviembre de 2009. El gobierno de Macri difundió la noticia para descomprimir la situación por las múltiples denuncias, pero se sospecha que la UCEP siguió el operativo bajo nuevas apariencias. Un decreto reubicó a sus integrantes –pertenecientes a la planta transitoria del Estado porteño– en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente, bajo las órdenes del ingeniero Jorge Polini, ex director de Compras y Contrataciones, y su último jefe.

Ahora, cuando declare ante el juez Cubas, Polini deberá aclarar si logró aquello que se proponía en julio de 2009: “En atención a nuestro interés de cambiar la metodología con los indigentes, estamos procurando, en breve, profesionalizar adecuadamente a todo nuestro personal. No sólo capacitándolos sino también inculcándoles una mayor sensibilidad y contención con dicha población social”.

A fines de 2010, en el restaurante de un hotel de Puerto Madero, a Julio Grondona le cayó bastante mal la comida. Dialogaba sobre los derechos del torneo de Primera División que organiza la AFA con el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto; el consultor político y asesor del funcionario, Carlos Germano; el empresario futbolístico y de medios más poderoso del Uruguay, Francisco “Paco” Casal; la persona de confianza de este último en la Argentina, Eduardo Spinosa, y el agente de partidos FIFA, Guillermo Tofoni. Una pretensión inesperada de Casal desubicó al viejo dirigente y lo hizo perder la calma: “¿Vos qué me venís a decir a mí?”, lo increpó, molesto por el pedido para que gestione los derechos televisivos de las futuras ediciones de las Copas Libertadores y Sudamericana. La exigencia no era una exigencia cualquiera. Había partido del hombre de negocios que estaría muy cerca de comercializar las imágenes del Programa Fútbol para Todos a partir de este año y quien, desde Montevideo, domina lo que en general se propone: clubes, jugadores, directivos, derechos de TV –incluidos los del tradicional Carnaval– y a un amplio sector del periodismo deportivo (ver aparte).

Sus operaciones con River lo hicieron famoso en la Argentina. En 1983 tuvo que ver con el pase de Enzo Francescoli, su actual socio en Tenfield y Gol TV, las dos empresas con las que se consolidó en Uruguay y el mercado hispano en Estados Unidos, respectivamente. Tres fuentes distintas, una del gobierno nacional, una de la AFA y otra independiente, dan casi por concretado el acuerdo con Casal. “Es un tema que viene bastante sólido, puede que cierre bien”, le dijo un funcionario de medios cercano a Mariotto a Página/12. “Nos cae mal, no nos sentimos cómodos, estamos preocupados por Casal”, afirmó un estrecho colaborador de Grondona. Las serias diferencias que por primera vez aparecen entre la AFA y su principal socio, el Estado –desde la rescisión del contrato con TSC, del Grupo Clarín–, mantienen en alerta rojo a la dirigencia.

En la asociación que preside Grondona desde abril de 1979 juegan a la defensiva. Sus principales colaboradores se quejan de que el escenario cambió con ciertos recortes de poder al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Fue un cimbronazo”, admiten cerca del presidente, pero tampoco se quedan de brazos cruzados. Cuentan que llevaron su preocupación al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, con quien mantienen un trato directo. La palabra que eligen para definir su estado de ánimo es “desconcierto”. Y no sólo por la irrupción de Casal en el mercado televisivo argentino.

Están desorientados por el reacomodamiento político del empresario y abogado Daniel Vila, quien ya difundió que enfrentará a Grondona en las elecciones de la AFA previstas para octubre de este año. Imaginan a partir de un dato –la vuelta del partido adelantado de los viernes al canal de su propiedad, América 2– que pasó de criticar a respaldar al gobierno nacional en lo que se refiere a la ley de medios, consensuada en numerosos foros. Desde la casa del fútbol pretenden voltear aquel acuerdo televisivo, aunque saben que no les asiste el derecho. Lo mismo intentarán con la irrupción de Casal en el fútbol argentino que dan por descontada. La reunión en el restaurante de Puerto Madero se la pidió Germano a Tofoni (juegan al fútbol juntos) en nombre de Mariotto. Pero terminó mal, según le confirmó a este diario uno de los asistentes al encuentro. “No fue positivo, hubo una situación enojosa, innecesaria”, describió.

La intención de Casal de tantear los derechos televisivos de las Copas Libertadores y Sudamericana irritó todavía más a Grondona. Ambos torneos son organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol y los transmite la cadena Fox. El empresario le demandó al presidente de la AFA que interceda para poder acceder a esos derechos, pero se encontró con una cerrada negativa. “No puedo dar algo que no me pertenece”, le respondió irritado el veterano dirigente. Con todo, Gol TV ya posee su propia plataforma en la Televisión Digital Terrestre (TDT) y, como ya sucede con Canal 9, Crónica TV y Canal 26, este año emitirá por ese sistema algunos partidos del Programa Fútbol para Todos.

La señal con sede en Miami, cuyo slogan es 100 por ciento Fútbol, y que le pertenece a Casal, Francescoli y sus ex compañeros de River, Nelson Gutiérrez y Jorge Villazán, en la Argentina ya se ve por Antina, una empresa de televisión digital. Su objetivo es extender a Latinoamérica la influencia que tiene en la comunidad hispana de Estados Unidos donde contaría con 15 millones de suscriptores. De ahí que el empresario más influyente del Uruguay pretenda conseguir algo más que los derechos del fútbol oriental (controlados por Tenfield), el Brasileirao y el torneo paulista que ya tiene, pero que no le alcanzan para hacer pie en la TV sudamericana y en especial de Argentina.

“¡Qué momento!”, dicen que dijo Grondona después de la tenida con Casal en presencia del funcionario Mariotto, la máxima autoridad del sistema federal de medios. La relación –si alguna vez existió– entre el presidente de la AFA y el empresario es muy mala. Un dato que, si se ratifica la participación del uruguayo en los derechos televisivos, va a condicionar lo que pase en los próximos meses con el producto fútbol.

La Ciudad de Buenos Aires es un campo fértil para cultivar una posible alianza electoral entre el PRO que la gobierna y el Peronismo Federal. La cocinan a fuego lento el sector oficialista que lidera Horacio Rodríguez Larreta y distintos aliados del ex presidente Eduardo Duhalde. Al margen de este entramado, Gabriela Michetti es soslayada por esa sociedad política en marcha. Para la concreción del proyecto puede resultar clave cómo se dirimirá este año la interna que mantiene con el jefe de Gabinete. La fuerza de derecha que conduce Mauricio Macri se nutrió de peronistas desde su advenimiento y conoce muy bien lo imprescindibles que pueden resultar ciertos servicios. En los comicios de 2007, una buena parte de los fiscales de mesa se los aportaron Luis Barrionuevo y su aliado en la CGT Azul y Blanca, Daniel Amoroso. El gastronómico y Gerónimo “Momo” Venegas, el hombre que conduce las 62 Organizaciones Peronistas y la Uatre, son la pata sindical de esta entente porteña que viene a cubrir la nula inserción gremial del PRO. También ensayan el experimento el procesado ex jefe de la SIDE duhaldista, Miguel Angel Toma, su alter ego, el diputado Cristian Ritondo, y el jefe de campaña del ingeniero, el misionero Humberto Schiavone.

El 20 de diciembre pasado, cuando Duhalde lanzó su candidatura a presidente en Costa Salguero, en el auditorio había una respetable cantidad de diputados macristas de la Legislatura porteña. Se destacaban el presidente del bloque Ritondo y Alvaro González, además de funcionarios que responden a Schiavone en el gobierno. Mimetizados en el acto duhaldista, ellos son los fogoneros de una alianza que, en el mejor de los casos, debería traspasar los límites de la Capital Federal para plasmarse a nivel nacional o al revés: irradiar su fuerza desde la provincia de Buenos Aires –donde se lograron más avances– hacia la Ciudad. En simultáneo, Rodríguez Larreta alienta reuniones con el PJ disidente que en el distrito tiene distintas expresiones políticas. Los contactos son fluidos, aunque por ahora no se materializaron en un acuerdo concreto.

El jefe de Gabinete pasó de asesor de Duhalde durante su gobernación bonaerense en los ‘90 a opositor de una alianza con él durante los primeros años de mandato de Néstor Kirchner (“Duhalde llevó al gobierno a Kirchner y nosotros, en ese sentido, estamos en la vereda de enfrente”, decía). Los tiempos cambiaron. Hoy, Rodríguez Larreta es el interlocutor más encumbrado del PRO que tiene el abanico duhaldista en la Ciudad. En sus contactos directos o a través de mensajeros con Toma, Ramón Puerta y otros referentes del Peronismo Federal, analiza la probable estrategia frentista. Pero no descuida su armado político en las quince comunas porteñas, ni sus contactos con los punteros barriales, por si resultara el elegido para suceder a Macri.

La estructura que rodea al jefe de Gabinete parece más aceitada que la de Michetti, quien junta menos voluntades hacia el interior del PRO. Distinto es el panorama cuando se menciona la intención de voto y la posibilidad de que haya un ballottage en la Ciudad. La diputada nacional tendría más chances electorales que Rodríguez Larreta si Macri declina su meneada candidatura a la reelección como jefe de gobierno. Todavía no se pronunció por ésta, ni por apostar a la Presidencia de la Nación. Sólo afirmó que no se postulará a los dos cargos.

El duhaldismo ya cuenta con un precandidato porteño: el ex viceministro de Economía, Jorge Todesca. Se lanzó en el Club Unione e Benevolenza a fines del año pasado, acompañado por el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, Carlos Brown, lo que queda del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y ciertas agrupaciones menores de la ortodoxia peronista. “Creo haber demostrado durante la crisis de 2002 aptitud para capear un vendaval con éxito. Si pudimos, con más razón me siento apto para hacerlo bajo las actuales condiciones”, señaló en su discurso.

En el espacio que conduce Duhalde mencionan como un as en la manga al economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Aunque todo lo que suceda en el Peronismo Federal quedará sujeto a los acuerdos con el PRO. “Tiene una visión simplista y superficial de la Ciudad”, lo criticó Todesca, su eventual competidor en una probable interna.

A falta de un candidato que mida bien en las encuestas para gobernar la Ciudad, los duhaldistas presumen de su estructura político-partidaria y de cierta capacidad de movilización para negociar con el PRO. Aunque también son conscientes de que la debilidad histórica del peronismo en el distrito les juega en contra. De Barrionuevo se sabe que resta más de lo que suma; de Venegas, que intenta abrirse paso sin éxito en la Capital con su agrupación Juan Perón desde septiembre de 2009; de Ritondo, que juega fuerte para la alianza entre Macri y Duhalde; de Toma otro tanto, pero la indefinición de las candidaturas y las distintas expresiones del PJ Federal no terminan de conformar una sola fuerza. “Cada una tiene su bunker. La incertidumbre es lo peor de todo. Nosotros esperamos que Rodríguez Larreta salga fortalecido en su disputa con Michetti, porque garantiza mejor una alianza con el peronismo”, cuenta un militante de Duhalde que pasó por el PRO y que confía en la unidad para derrotar al adversario común: el gobierno nacional.

Paula Efigenia Cárdenas y Raquel Freinkil comparten las mismas marcas del dolor y una edad biológica que convierte su desamparo en una carga. Son madres nonagenarias a las que el gobierno porteño no les paga un subsidio previsto por la ley 2089, que creó el Fondo Solidario Permanente para abuelas o abuelos que sean padres de desaparecidos y no reciban ningún beneficio semejante. Ellas lo gestionaron en 2009, pero en la Subsecretaría de Derechos Humanos les responden que no hay presupuesto y hasta cortan el teléfono cuando llaman sus familiares.

Quebrada por el llanto, Angela Barrera, la nieta de Cárdenas, no comprende cómo “traban algo tan importante. Me produce indignación, ya que es poco dinero y mi abuela inició el trámite a principios del año pasado”. Luciana González, la nieta de Freinkil, se cansó de llamar al organismo que conduce el subsecretario Edgardo Berón, pero invariablemente le informaron que no era posible cumplir con su pedido. Ninguna de las dos se resignó y acudieron a la Defensoría del Pueblo de la ciudad que en una resolución mencionó “la imposibilidad de alegar formulaciones de tipo presupuestario como justificación del incumplimiento de la entrega de un subsidio que por la ley ha sido instituido”.

A los 90 años, la abuela Paula se mantiene muy lúcida. Fue una de las integrantes del grupo fundacional de Madres de Plaza de Mayo y es la memoria viva de su grupo familiar. Su hijo, Juan Carlos Barrera, desapareció el 7 de abril de 1976. Trabajaba en el Correo Central donde era delegado. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de Moreno. El hallazgo permitió comprobar que lo habían asesinado dos días después de su secuestro. Ahora descansa en el cementerio de Flores. Su compañera, Angela Inés Avila, comparte la indignación de su hija y su suegra por la dilación en el cobro del subsidio: “Es una ruindad. Macri sólo se fija en sus ganancias y nada más”. La hija agrega que “a mí ya no me da la cara para decirle a mi abuela que el trámite está demorado”.

Las dos vivieron con miedo desde aquel 7 de abril en que secuestraron a Juan Carlos. A Paula, su madre, la encerraron en el placard de su departamento. De ahí se lo llevaron a él, que se había cruzado desde su domicilio –vivía enfrente– para visitarla como hacía siempre. “Yo nunca me mudé, nunca cambié de teléfono, no modifiqué nada pensando que alguna vez iba a volver. Jamás imaginé que sucedería lo contrario. Hice todos los trámites pertinentes, pero vivía con miedo, incluso de ir a Tribunales. Era la típica Susanita que pensaba en casarse, tener hijos, mi casa, pero cero de política”, recuerda Avila. “Mi abuela militó en el peronismo. Vive de una jubilación. Con mi mamá me ayudaron a buscar a mi viejo. El día que lo pusimos en un nicho, pensé que se me moría de la emoción”, comenta con el ánimo turbado Angela.

Madre e hija recibieron a Página/12 y compartieron fotografías de Barrera muy joven: con sus compañeros del Correo Central, con un amigo del fútbol en el club Sacachispas, con un grupo musical en el que se lo ve sonriendo y hasta el recorte de una vieja revista de 1983 en que se difunde su caso por primera vez en democracia. “Estudiaba ingeniería, era muy inteligente”, lo evoca conmovida su esposa.

La abuela sale muy poco de su departamento. Sólo lo hace en compañía de Angela (h), que recientemente tuvo a una beba, Alma, la nieta de Juan Carlos y bisnieta de Paula. La anciana espera la reparación que el Estado porteño está obligado a pagarle y le retacea, y que el artículo 1º de la ley 2089 –sancionada el 14 de septiembre de 2006– define como “un subsidio único, especial y mensual a las abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal (24 de marzo de 1976/10 de diciembre de 1983), hubieran sido desplazados de la calidad de derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley Nº24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra indemnización de similar origen”.

Este es el caso de Raquel Freinkil, que en febrero cumple 93, quien inició el trámite para percibir el subsidio en 2009 y en junio pasado denunció su situación ante la Defensoría del Pueblo luego de varias gestiones infructuosas ante la Subsecretaría de Derechos Humanos. Su hija, Nora Hochman, desapareció el 23 de julio de 1976 junto a su marido, Alberto Antebi, un abogado recién recibido al que un grupo de tareas secuestró en un estudio jurídico. Su colega Carlos Slepoy de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid (Aapdh) declaró en el Juicio por la Verdad en mayo de 2001 que “formaba parte de un grupo de abogados jóvenes que habíamos decidido poner estudios jurídicos en distintos puntos de la provincia para asesorar a delegados gremiales. Eramos doce, pero desaparecieron cinco: Oscar Di Dío, Adolfo Chorni, Alberto Antebi, Nora Hochman y Alberto Podgaetsky”.

Los hijos del matrimonio, Martín y Federico, cobraron una indemnización por la desaparición de sus padres, algo que nunca había sucedido con Raquel, la madre de Nora. Luciana González, otra de las nietas de Freinkil –hija de una hermana mayor de Hochman– intentó ayudar a su abuela para que le abonaran el subsidio. Cuando inició el expediente correspondiente le dijeron que iba a salir “en dos meses”. Desde ese momento, cada vez que se comunicó con la Subsecretaría de Berón, que depende de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos a cargo de Daniel Lipovetsky, los empleados le respondieron con evasivas o el argumento de la falta de presupuesto. “También me cortaban”, cuenta González, quien nunca consiguió ser atendida por un responsable del área.

“Es posible observar que la norma se dirige a un universo de personas de la tercera edad, lo que debe atenderse al momento de resolver las solicitudes radicadas. De esta forma, al tratarse de un paliativo económico destinado a personas de avanzada edad, debiera primar la celeridad en la tramitación, lo cual no ha ocurrido en el particular”, se explica en la actuación 2964/10 que llevó adelante la Defensoría sobre el caso de Paula Cárdenas.

El artículo 3º de la ley 2089 especifica que “los beneficiarios tendrán derecho a percibir un subsidio mensual no acumulable equivalente a una remuneración mensual que no será inferior al monto que percibe un agente categoría A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la ciudad”. Según González, son algo así como “dos mil pesos mensuales”. Una suma que el gobierno porteño se niega a pagarles a dos ancianas, madres de militantes desaparecidos, cuando ya se agotaron todos los plazos razonables.

La mutual 23 de Mayo, vinculada al Sutecba, consiguió moderar el déficit habitacional que sufren sus afiliados porque dan con el target socioeconómico que exigía la Corporación del Sur, que le cedió a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) un terreno frente al Parque Indoamericano para levantar tres torres: un nivel “medio hacia arriba”, describe en su plan de viviendas. En su página web, la asociación sostiene que los empleados que representa –básicamente de la Legislatura porteña– “no desentonan con el perfil deseado”. Ellos accedieron a las 168 unidades de uno, dos y tres ambientes que integran el emprendimiento inmobiliario que vieron rodeado por los incómodos vecinos sin techo que ocupaban el predio de 130 hectáreas en Villa Soldati. Lo defendieron a como diera lugar, junto a habitantes de otros complejos de monoblocks, reforzados por barrabravas y empleados del gremio que lidera Amadeo Nolasco Genta. En su conducción ocupa un cargo clave el tesorero Genaro Trovato, socio de la constructora Vatro SA, que integra junto a dos familiares de su mismo apellido, Gabriel y Pablo. Sergio, uno de los tres hijos varones del sindicalista, es el jefe del Departamento de Construcciones de la Dirección General de Registro de Obras y Catastros (Dgroc). Toda autorización sobre planos y edificaciones en altura pasa por sus manos en el Gobierno de la Ciudad. Es una actividad relacionada con los intereses de la familia. La saga de los Trovato explica en parte cómo funciona el sistema de acceso a una vivienda en la Capital Federal, aunque el Sutecba se apuró a aclarar en un comunicado que su relación “con el organismo dependiente del gobierno porteño, encargado de ejecutar los planes de viviendas, es absolutamente institucional; no poseemos ni integramos cooperativas dedicadas a la construcción de unidades habitacionales”. La existencia de la mutual 23 de Mayo desmiente esta afirmación.

Genaro Trovato conoce muy bien la zona donde se produjeron tres muertes por la explosión de la crisis habitacional. Tenía domicilio en el barrio vecino Copello, edificio 13, 6º piso, departamento “F”. Julio Capella, el barrabrava de Huracán que afirma haber utilizado un arma de juguete para espantar a los ocupantes del Indoamericano, sería “culata” del sindicalista. Trabaja en la obra social del Sutecba e integró su junta electoral. Uno, Trovato, aún mantiene cierto anonimato fronteras afuera del gremio. El otro no. Retratado en posición intimidatoria en varias fotografías frente al parque, se transformó en la pista que llevaría hacia su mandante. La tercera pieza de este mecano es la mutual. Sobre ella posó su mirada Fabián Rodríguez, responsable de la página conurbanos.blogspot.com, quien descubrió mientras miraba televisión que entre varios de los vecinos autoconvocados de Soldati y Villa Lugano había delegados del Sutecba.

“En un principio pensé que podía ser una mera casualidad y que tranquilamente la zona de Lugano y Soldati puede estar llena de empleados municipales de alto rango. Pero no. Resulta que, preguntando, me vine a enterar de dónde venía el interés de toda esta gente que, al grito de “basta de villeros”, exigía que las autoridades terminaran de una vez por todas con la usurpación del parque”, apuntó. Rodríguez sabe de qué habla. La información de sus artículos ha sido reproducida por medios nacionales. Frente al Indoamericano están los departamentos casi terminados de la mutual. Se trata de las tres torres construidas por el IVC mediante una operatoria que data de 2003 y que a sus ocupantes les permitiría recibir exenciones impositivas, como no pagar el ABL durante el primer año y recibir un descuento del 50 por ciento en el segundo.

Constituida el 16 de enero de 2001 por personal de la Legislatura, la mutual cuenta con 350 asociados entre activos y adherentes. Su sede queda en la propia Cámara de Diputados porteña, en el 9º piso de Perú 143. A sus afiliados se les descuentan del sueldo los servicios utilizados. Sus principales autoridades son el presidente Angel Pedro Cabrera, el secretario Guillermo Antonio Cárcamo Loyola y el tesorero Walter Antonio Hernández Hernández. Entre sus objetivos, la 23 de Mayo se propone garantizar “asesoramiento gratuito en temas jurídicos, contables, informáticos, previsionales, psicológicos, financieros y de Seguros. Además, otorga subsidios por casamiento, bodas de plata, nacimiento, adopción, desempleo, jubilación, promoción escolar. Cuenta también con servicios de ayuda económica, proveeduría, recreación, deporte y turismo, entre otros”. Ninguno de esos servicios resultaría tan trascendente para sus socios como la adjudicación de las 168 viviendas frente al Parque Indoamericano.

La mutual lo hizo posible cuando participó del Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV), comprendido en la Ley 341. Esta operatoria todavía la recuerda un ex integrante del directorio del IVC, Claudio Hoistacher: “Durante nuestra gestión y previo a la licitación de las 168 viviendas, se firmó un convenio con Sutecba. Supongo que debió haber existido algún acuerdo entre la mutual 23 de Mayo y el gremio y en el que habrá mediado la Corporación del Sur. En cualquier caso, para el IVC el titular de la operatoria en el marco del Ahorro Previo para Organizaciones Sociales (Ahpros) era el Sutecba, ya que las familias adjudicatarias las aportaría el sindicato, y quien debía asegurar que encuadraran en los requisitos del Programa también era el gremio”.

La obra de las tres torres comenzó en 2006 y estaba pautada su terminación para el año pasado. Pero el expediente tramitado en la ex Comisión Municipal de Vivienda se inició en 2003 y tiene el número 12.308. Según Hoistacher, “se implementó la operatoria por la Ley 341, con créditos blandos para gente que justificara su falta de vivienda. No sólo se armó con Sutecba, también se hizo con Judiciales y Tabacaleros”. Por entonces –recuerda el ex funcionario y abogado– se proyectaba culminar la construcción de 10.104 viviendas que estaban en distinto proceso de ejecución. No menos de 2 mil iban destinadas a mejorar la infraestructura edilicia de las villas porteñas. Y la mayoría quedaban comprendidas en distintas operatorias como el Ahpros, Mejor Vivir, Vivienda Porteña y otras, donde actuaban cooperativas de vivienda en barrios como La Boca. “La 341 generó un aluvión de demanda, hasta los legisladores pedían viviendas a discreción”, recuerda Hoistacher.

En este contexto se llega a la situación actual, donde el IVC no ha licitado una sola vivienda nueva desde 2006, y las que fue entregando se habían comenzado a construir en gobiernos anteriores al de Mauricio Macri. La mutual pudo cumplir su objetivo con un año de retraso en el lote de 1962,63 metros cuadrados donde se edificaron las torres. Uno de sus integrantes hasta participó de una mesa de trabajo integrada por funcionarios del gobierno porteño y vecinos con el objetivo de realizar mejoras en el Parque Indoamericano. Como quedó a la vista, nunca se concretaron.

Estas tribulaciones no impiden que el Sutecba conserve su influencia en los organismos de control de la ciudad. En Catastro hace años que tiene a un funcionario con poder de decisión: el arquitecto Sergio Trovato. Le dicen “el Nene” y muchos de los trámites sensibles pasan por sus manos. El hijo de Genaro, el viejo dirigente del Sutecba, vivió su momento de fama el año pasado. Quedó involucrado en una denuncia por irregularidades en el cumplimiento de normativas edilicias. En la calle Salvador María del Carril se levantaba un edificio que, según los vecinos, no las respetaba. La constructora Del Carril SRL era la denunciada. Su apoderada, como se comprobaría después, resultó ser la nuera del sindicalista y esposa del jefe de la Dgroc, Myriam Elizabeth Picone. Investigado por el programa CQC, Trovato admitió que la empresa podía haber cometido irregularidades, aunque por todo descargo, apuntó: “Mi mujer es mi mujer, yo soy yo”.

En el gremio presumen de una “fuerte operación antisindical”. Sus dirigentes la denuncian porque se los vinculó con los trágicos hechos del Parque Indoamericano. En el mismo comunicado donde se despegaron de las cooperativas o mutuales de vivienda, señalaron que “en la zona de Villa Soldati habita un número significativo de trabajadores municipales, propietarios e inquilinos de viviendas familiares. Todos ellos han obtenido departamentos cumpliendo con todos los requisitos que exige la normativa vigente siendo, por lo tanto, legítimos ocupantes”. Nadie les niega esa condición que, por otra parte, obtuvieron gracias a los buenos servicios de la mutual 23 de Mayo. Algunos de los afiliados al gremio, su fuerza de choque como el pistolero de juguete Capella, protegieron esos bienes. Viviendas que los afiliados del Sutecba levantaron porque cuentan con personajes influyentes como los integrantes del clan Trovato.

“Salir a asustar te protege más, en ésta la era de la boludez.”
Divididos

Julio Carlos Capella ratificó ayer la teoría de la inofensiva pistola de juguete ante el juez de Instrucción Eliseo Otero. La empuñó con el brazo extendido porque se encontró, como él mismo dijo, en “una verdadera batalla, tiraban bombas molotov y estábamos con mucho miedo”. Así declaró el barrabrava de Huracán que además trabaja en Sutecba, el mayoritario gremio de los empleados del gobierno porteño. Se sabe, el hombre que apuntó una y otra vez hacia el interior del Parque Indoamericano ocupado, no actuó solo, ni lo hizo en defensa del espacio público. Es apenas la cara más visible y el torso desnudo más expuesto –como se lo observa en decenas de imágenes– de un sindicato con intereses inmobiliarios en la zona de Villa Soldati. Su presencia en el escenario donde hubo tres muertos no es ociosa.

Alejandro Pastore, también del Sutecba, sembró pánico en el parque acomodándose un arma en la cintura, como se lo vio en varias fotografías. Los dos forman parte de la patota sindical que se nutre de pesados de diferentes hinchadas, todas con predicamento en el sur postergado de la ciudad: Boca, Huracán, Nueva Chicago y Social Español, básicamente. En varias dependencias del gobierno porteño, la mimetización de barras como mano de obra disponible para la burocracia es moneda corriente. La descripción también se ajusta a lo que pasa en UPCN, otro de los gremios, aunque con menor presencia, entre los estatales porteños. Han solido apelar a sus servicios para moler a palos a militantes de ATE.

La primera pista que ofreció Capella para discernir qué motivación tenía para enfrentar a los ocupas del Parque fue demasiado obvia. Un pantalón jogging rojo con el escudito de Huracán. El arma en su mano derecha completaba el cuadro. Ergo, se trataba de un barrabrava. Con el paso de los días quedó claro que no lo guiaba el aggro, un término inglés que los hooligans utilizan para definir la adrenalina que les provoca la violencia. Lo movía la defensa de un complejo de torres ubicadas frente al Indoamericano que levantó Sutecba con fondos del IVC. Su argumento ante el juez Otero fue que lo hizo “en defensa propia, para defender a su familia”. Su tío, como informó el periodista Horacio Verbitsky en la edición del domingo, es Jorge Luis Capella, conchabado en la Dirección Nacional de Migraciones desde enero de 2003, cuando Miguel Angel Toma y Cristian Ritondo eran ministro del Interior y subsecretario de Estado, respectivamente. Una tía del pistolero de juguete es “La Negra” Capella, puntera macrista de Villa Lugano. Que sea hijo de Carlos Capella, masajista del plantel profesional de Boca Juniors, agrega un dato de color, como que quien afirma haberse defendido con un juguete contra cócteles molotov está casado con la hermana de los dos jefes de la barra de Huracán, Pablo y Claudio Respinis.

Capella, según su abogado Rodrigo González, no tiene antecedentes penales. Muchos, en su doble condición de barrabrava y pesado de un gremio, no los tienen. “Se acercó una persona que me dice tomá, tomá, y me quería dar lo que parecía ser un arma. Le dije que no y esta persona me respondió ‘no seas boludo que es para asustar, no es de verdad’. Lo que queríamos era evitar que nos agredieran y se metieran a los edificios”, sostuvo en la indagatoria que le tomó Otero. Parece la coartada perfecta.

Uno o varios de los edificios, en efecto, lo construyó la mutual 23 de Mayo, vinculada al Sutecba, un gremio que no afilia trabajadores contratados. La sede mutualista se encuentra en la Legislatura porteña donde un histórico barrabrava de Boca, Santiago “El Gitano” Lancry, trabaja en el área de seguridad. Lo hace desde que ingresó al ex Concejo Deliberante por su relación con el político radical Carlos Bello. El ex lugarteniente de José Barrita, alias “El Abuelo” y líder de la Doce hasta mediados de los años ’90, es un hombre del sindicato, pero no de la zona de Soldati y Lugano, como los hermanos Rafael y Fernando Di Zeo. Vive en La Boca, donde regentea una agencia de remises.

“Sutecba está muy ligado a la Doce y a la barra de Nueva Chicago”, dicen trabajadores de la Legislatura que conocen estos detalles futboleros entre los estatales porteños. A uno de los tres sectores en que se divide la pesada del club de Mataderos, Los Perales (cuyo nombre deviene del barrio vecino al estadio), se lo vincula con Ritondo, uno de los alfiles de Mauricio Macri. La libre asociación de ideas a veces lleva con ligereza hacia pistas que vinculan a los barrabravas con algunos políticos. No siempre es así. Pero en los hechos del Parque, la asociación es real. No tanto por quienes lo ocuparon movidos por la miseria y las falsas promesas de titulación de tierras. El vínculo que resultó más evidente quedó al descubierto en la periferia del predio, en sus bordes, entre quienes lo atacaron a tiros y piedras. Capella, Pastore y los demás individuos que aparecen en posición intimidatoria en diversas fotografías no se presentaron allí movidos por el miedo. Los barrabravas con respaldo político o sindical suelen moverse a sus anchas gracias a la impunidad que les otorga esa cobertura. En el Indoamericano se mostraron a cara descubierta, como lo hacen siempre.

Para el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) las políticas regresivas del gobierno porteño se profundizaron en 2010 en relación con el año pasado. En su informe anual señala el elevado costo que pagaron áreas sensibles como educación, salud y vivienda. “La gestión macrista se ha caracterizado por acciones u omisiones que concluyen en la misma dirección: la exclusión”, apunta en sus conclusiones la organización que presentará su trabajo hoy a las 19. Del racconto de hechos que describe a lo largo de 68 páginas, queda en evidencia la coherencia del discurso de Mauricio Macri en materia de discriminación hacia los inmigrantes. Un tema que el candidato presidencial del PRO reactualizó en la agenda mediática con su último exabrupto sobre “la inmigración descontrolada”. El ODH recuerda que durante una entrevista televisiva el jefe de Gobierno dijo que los extranjeros no se podían atender en los hospitales públicos “sin pagar”. Para la misma fecha, el 22 de marzo, la ONG también lo denunciaba ante el Inadi por discriminar a trabajadores del Estado porteño. “Los de la Guardia Urbana no hacían nada, eran unos gorditos vestidos de verde que no pasaba nada”, acusó el funcionario en un reportaje que le hizo el periodista Matías Martin y que tuvo amplia repercusión.

El Observatorio señala los alcances de las leyes porteñas 153 y 664 y que, en el último caso, determina que el acceso a los servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y acción social “es de carácter irrestricto”, y agrega que “ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en razones de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o social”. El informe marca de modo sistemático las contradicciones entre la política de Macri y la legislación de la ciudad que gobierna. Y advierte que mediante distintos canales de recepción de denuncias se comprobó “una situación de discriminación por parte de funcionarios de los registros civiles que deniegan a los migrantes la certificación de pobreza (información sumaria) cuando aquellos la requieren en más de una oportunidad, en el marco de la regularización migratoria”. El ODH avala esta denuncia con la resolución 2472/10 de la Defensoría del Pueblo que puso en evidencia cómo funcionarios del registro civil “impedían arbitrariamente a las personas migrantes el ejercicio de los derechos, en razón de su nacionalidad”.

En otro tramo del informe, el referido al ambiente y espacio público (regulado por el artículo 27 de la Constitución porteña) se recuerda un episodio más de discriminación ocurrido durante el Mundial de Sudáfrica: “Personal de una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires palpó de armas y revisó las mochilas y carteras de las personas que pretendieron acceder al sector de la plaza San Martín en el que se había instalado una pantalla para ver el campeonato mundial de fútbol, así como se impidió el ingreso de personas indigentes a este y otros sectores de ese parque público...”.

La política discriminatoria hacia los inmigrantes que lleva adelante la administración macrista es uno más entre los tantos aspectos de gobierno que analiza el informe del Observatorio. Cada uno está ordenado temáticamente, de acuerdo con cómo se enumeran en la Constitución porteña. Cuando toma en cuenta el artículo 13 remarca que se violan las libertades individuales, como ocurría con la UCEP, cuerpo que según el Observatorio “continuó funcionando durante 2010, convirtiendo en basura las pocas pertenencias de aquellas personas, quienes, desamparadas por el gobierno de la ciudad en su derecho de acceso a una vivienda digna (...), se vieron obligados a vivir en las calles”. La organización interpreta que los operativos de la UCEP tienen la misma matriz ideológica que otras decisiones del gobierno porteño, como la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, el nombramiento de Abel Posse como ministro de Educación y las escuchas telefónicas.

El ODH señala que “al concluir el primer trimestre del 2010 el Ministerio de Salud había ejecutado un 17 por ciento de la totalidad. Es decir, dos puntos menos que en el mismo período de 2009. En el primer semestre de 2010, en infraestructura y equipamiento en salud ejecutó sólo el 4,2 por ciento, lo que equivale a 6,3 millones sobre 150 millones aprobados por ley”. Más adelante remarca que “para el presupuesto 2011 se planean eliminar 95 millones de la partida que corresponde al Garrahan”. Y aunque las cifras no están actualizadas a 2010, el Observatorio recuerda que “la tasa de mortalidad infantil subió en la Ciudad un punto por mil en el 2009, ya que pasó de 7,3 a 8,3 por mil, según las cifras oficiales de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad”.

La educación es otra de las áreas que trata el informe. Los integrantes de la ONG denuncian que “la inversión en el sector es la más baja de los últimos diez años”. Y puntualizan que “los fondos para infraestructura de escuelas se contrajeron a menos de la mitad, ya que esa partida sufrió, en el período que se trata, un recorte de 172 millones de pesos”. El artículo 25 de la Constitución dedicado a la educación pública le permite interpretar al Observatorio que hubo un “incremento de los fondos asignados por el Estado para la educación privada, así como las prebendas hacia sectores educativos de la Iglesia”. El aumento en el porcentaje de recursos para estos sectores llegó al 167 por ciento, según las cifras que maneja el ODH.

Otras decisiones políticas del gobierno que son cuestionadas en el informe se refieren a la infraestructura y falta de control edilicio (se mencionan los derrumbes del gimnasio Orion de Villa Urquiza y el boliche Beara), el veto de Macri a la creación del Comité de Prevención de la Tortura, la subejecución del presupuesto en derechos humanos, con la consiguiente falta de mantenimiento de los ex centros clandestinos de detención y, por último, desnuda el vacuo discurso macrista en materia de seguridad. El ODH informa que constató durante 2010 “que no se presentó institucionalmente ni un proyecto ni plan de seguridad real. El gobierno únicamente publicó en su página web un plan que nunca fue presentado en la Legislatura, tal como obliga la Ley de Seguridad Nº 2894”.

En la presentación del informe hablarán la jueza Andrea Danas, del Tribunal Nº 9 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario; Tomás Lerner, el presidente del centro de estudiantes del Colegio Mariano Acosta, y Susana Reyes, la directora del Instituto Educativo Isauro Arancibia.