Página#12 Libre

Quienes reducen los problemas sociales juveniles a la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes ponen el carro adelante de los caballos, tapan el sol con la mano, miran para el otro lado, pero sobre todo odian profundamente a los jóvenes, víctimas de una sociedad desalmada. Mucho antes de aplicar castigos, las sociedades deben proporcionar las condiciones necesarias para la socialización. La Asignación Universal por Hijo ha sido una medida contundente para cumplir con el artículo 9º de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Nº 26.061) pues es efectiva en el restablecimiento de la dignidad y la integridad personal. Pero lleva tiempo y se requiere que madure la cultura de los argentinos para configurar en la práctica a los “menores” como sujetos de derecho. Poner el castigo por delante del derecho estimula el abandono de soluciones sociales y educativas; significa la resignación frente al viejo Patronato, su actualización justificada en la invención del delincuente juvenil generalizado, condensador de todos los delitos. No digo que no existan jóvenes que trasgreden la ley ni que deba hacerse la vista gorda frente a esos hechos, sino que deben ser objeto de un tratamiento responsable porque el castigo en sí mismo jamás debe ser la finalidad de un acto. No se trata de castigar o perdonar. Esas son categorías inútiles para un abordaje profundo de los problemas sociales: dejan inermes tanto a los chicos como a la sociedad. En cambio, se trata de mejorar el dispositivo legal-social-pedagógico que debe ayudar a recuperar la dignidad, la consideración por la vida de los otros y el respeto por la ley, a quien los perdió. Respetar el “interés superior” de las/os niñas/os, y adolescentes comienza por garantizar la aplicación plena de la legislación que ya existe: la ley 26.061, la Ley de Educación Nacional (26.206), la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las restricciones al trabajo infantil y juvenil (no antes de los 16 años, artículo 25 de la mencionada ley; realizar actividades que no entorpezcan su formación, OIT, Convenio 138, 12-18), entre otras.

Es de absoluta prioridad aplicar plenamente la Ley de Servicios Audiovisuales (26.522), en especial el artículo 16 en todos los incisos referidos a la protección de las/os niñas/os y adolescentes y a la función educadora de los medios de comunicación. Programas de la TV y de Internet producen adicción a la competencia violenta en las/os niñas/os y adolescentes. Pese a eso, es en los medios y no en la realidad donde los chicos son los protagonistas principales del delito, porque cada noticia donde interviene un menor de edad se repite a lo Goebbels, de manera que tres chicos se transforman en trescientos, el resultado es gente que se inclina a la justicia por mano propia, aumentando la posibilidad de la violencia delictiva y menores de edad son tirados a los reformatorios (y lo serían a las cárceles comunes de aplicarse la “mano dura”) donde la denigración los empuja a la reafirmación de la única identidad que se les permitió construir, reincidiendo.

La protección integral de las/os niñas/os y adolescentes debe tener su base en el entorno social, la escolaridad obligatoria, los programas de alfabetización, capacitación laboral y reinserción escolar. Cuando debe intervenir la Justicia es porque han fracasado todas aquellas instancias; ha fracasado la sociedad. Pero esa intervención debe garantizar que la niña/o o adolescente cuente con las garantías del debido proceso, con la posibilidad de ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y adecuarse a todas las mencionadas garantías legales, además de contar con personal debidamente capacitado y opciones socio-pedagógicas ya implementadas en muchos países, que han dejado en el medioevo los tremendos institutos. Complementariamente, cabe informar que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que cuenta con amplio consenso, que garantiza el acceso de toda persona privada de su libertad a la educación pública. Debe recordarse que la reincidencia de los reclusos que reciben educación es mínima. La política educativa y de seguridad de todas las jurisdicciones debería ponerse en línea con la orientación al respecto del gobierno nacional, para garantizar a la población la seguridad del tratamiento socio-pedagógico de las/os niñas/os y adolescentes, y evitar el engaño de un castigo vengador.

* Diputada nacional. Presidenta de la Comisión de Educación.

La media sanción del Senado al proyecto de ley que crea el Servicio Cívico Voluntario es un verdadero disparate y no coincide con ninguna teoría pedagógica, excepto que “la letra con sangre entra”, agravado porque en este caso no se piensa en la letra y lo de la sangre es altamente inoportuno en nuestro país, que aún recuerda a los jóvenes que recibieron su dosis de reeducación desapareciendo en los campos de la dictadura.

En esta época en que las cuestiones relativas a la comunicación ocupan un lugar destacado en los frentes donde se lucha por el poder, la apropiación de palabras es una modalidad que ha resultado muy efectiva, en especial para una nueva derecha que desborda de cinismo. Las reformas neoliberales fueron hechas en nombre de la desburocratización, la descentralización, la distribución y otras tantas acciones que se colocaron en la serie de la democracia, pues era obligatorio declarar a las propuestas antidictatoriales y antiautoritarias para que se consideraran políticamente correctas. La operación perfecta consiste en la apropiación de un término que tiene connotaciones reivindicativas produciendo su vaciamiento, lo que no es un inocente juego lingüístico, porque los juegos lingüísticos son actos de ejercicio del poder. Así ocurre con la palabra “inclusión”, hoy de moda. Hace dos siglos, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, sostuvo que el sistema escolar latinoamericano debía construirse a partir de los pobres, los desarrapados, los negros, los indios. Ellos serían el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le otorgaría sentido. (Si hubiera vivido en la Argentina del siglo XXI seguramente habría agregado a la lista a los chicos de 14 a 18 años sin trabajo ni estudio.) Los agregados, los incluidos en segundo lugar de importancia, serían los otros, los hijos de los ricos. En cambio, los autores del proyecto de Servicio Social Voluntario piensan de manera inversa al educador venezolano. Representan al sector que ha estado siempre en contra de la educación pública y a favor de un sistema meritocrático privado. Sus propuestas no nacieron con el neoliberalismo, sino que acompañaron a todos los gobiernos antidemocráticos y dictatoriales, pero el proyecto educativo neoliberal los alentó y actualizó. Su gesto más genuino es racista. Consideran que primero debe educarse a los mejores, en quienes se invertirán los mayores recursos. Luego se irá construyendo la pirámide hacia abajo pero, dicen, necesariamente los pobres, negros, desarrapados, que llegaron a tal situación producto de la crisis, o, la verdad, porque carecieron de capacidad, qué le vamos a hacer, ahora ya son drogadictos, delincuentes, pero lamentablemente no se puede poner a todos preventivamente presos o en reformatorios o hacer con ellos justicia por mano propia, dado que estamos en democracia y no hay más remedio que incluir a todos, en nombre de la inclusión hay que darles el lugar que merecen, y que merecemos que tengan, lejos de nuestros hijos y de nuestros bienes, por eso los mandamos a los “cuarteles”, para que los eduquen, los hagan personas de bien. En el oscuro fondo del razonamiento que impulsa el proyecto subyace la imagen de campos militares donde se imponga la disciplina de la cual estos chicos supuestamente carecen.

El proyecto denota un profundo desconocimiento de nuestros jóvenes. La Argentina está muy lejos de sufrir bandas juveniles que tienen un alto nivel de organización, como ocurre en México, en El Salvador o en Brasil. Los grupos de nuestros “chicos de la calle”, afortunadamente, de ninguna manera son comparables con aquellas organizaciones. Programas como el “Fines” de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, en los cuales incluirlos es darles una mano para que recuperen el capital simbólico que se les ha expropiado o negado, logran atraer y orientar a los jóvenes, así como los programas deportivos, recreativos y especialmente los de capacitación laboral. Además existe el sistema escolar, que los autores del proyecto de hecho descartan, pues para ellos no es una buena solución abrirles a aquellos chicos un lugar en las aulas a las cuales concurren sus pares de otros niveles sociales. Pero lo peor es que consideren una falta que no trabajen, mostrando su total desconsideración de la legislación nacional e internacional, que prohíbe el trabajo infantil y juvenil. El proyecto es antidemocrático, injusto y espanta al denotar la persistencia de una mentalidad represiva que ha causado profundos dolores al país, así como la condensación del odio social en los chicos pobres, una vez más.

* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.

Es común considerar que el buen profesor es aquel que reprueba a muchos alumnos, y bueno aquel colegio secundario que castiga con dureza a quienes no cumplen con la aprobación del 80 por ciento de las materias. Sin embargo, es necesario analizar la situación, porque respondemos automáticamente reproduciendo las reacciones coherentes con un sistema educativo que descalifica antes que calificar, que expulsa antes que implementar medidas que retengan a los adolescentes, que se enorgullece cuando tiene pocos alumnos pero cumplidores de plazos de aprendizaje impuestos para todos por igual, sin tener en cuenta diferencias individuales, grupales, institucionales e incluso regionales.

Hagamos un razonamiento simple: frente a los resultados que obtiene un alumno al finalizar cada año escolar, se lo puede alentar por lo que aprendió o bien “ningunearlo” y sólo reprenderlo por aquello que no supo, no quiso o no pudo aprender. Cuando, desde esta segunda postura, se obliga a un estudiante a repetir el año porque reprobó tres materias (la mayor concentración de repetidores se produce con tres materias) se descalifica su esfuerzo en el estudio de las otras diez (o hasta doce en algunas provincias), se lo obliga a volver a cursarlas separándolo de su grupo de pertenencia y se lo coloca en el lugar del fracaso. Muchos chicos deciden, contra la voluntad familiar, no regresar más a la escuela y cargan, quizá para toda la vida, con una fisura profunda de su autoestima y de sus proyectos.

La derrota de un alumno frente a la enorme valoración social que tiene el avanzar en el sistema escolar trasciende el caso individual para ser un problema de consecuencias sociales. Como lo es el del estudiante que adquirió conocimientos de ciencias médicas durante algunos años, pero no concluyó su carrera universitaria: es considerado un desertor, un fracasado, en lugar de reconocerse los saberes que adquirió y habilitarlo como personal paramédico, que tanta falta hace en el país. Lo mismo puede decirse de lo que ocurre en otras áreas del conocimiento y de la actividad laboral.

En cuanto a los adolescentes, lo peor que puede hacerse es facilitarles la huida frente a obstáculos que no pudieron superar y luego quejarse porque muchos de ellos “no trabajan, no estudian, ni nada”. La escuela expulsora forma parte de una concepción elitista que hay que ir superando. La Ley de Educación Nacional de 2006 reconstruyó legalmente la secundaria y la destinó a formar a los alumnos para la continuación de los estudios en el nivel superior y, al mismo tiempo, para el trabajo y para la ciudadanía.

Recientemente, el Consejo Federal de Educación acordó implementar “los procesos de revisión, reformulación y/o reelaboración de las regulaciones sobre a) evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes; b) acompañamientos específicos de las trayectorias escolares; c) condiciones de ingreso, permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes y d) convivencia escolar”, así como “propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos”. Luego, la presidenta de la Nación y el ministro de Educación anunciaron medidas concretas que dan cuerpo a aquellos acuerdos: reunificación de cargos de los profesores, planes con un máximo de diez materias, retención en los establecimientos a los chicos que fracasan, introducción de tutores. Ofrecer apoyo pedagógico especial a los alumnos de la educación pública es una medida de justicia social: es costumbre que quienes tienen la posibilidad paguen la cuota de un instituto o un docente particular para ayudar a sus hijos a aprobar las materias más difíciles, de modo que la diferencia con los que no pueden es uno de los tantos dispositivos incrustados en el sistema escolar al servicio de la reproducción de las diferencias sociales. Es necesario que los gobiernos provinciales y el de la CABA actúen con decisión y de manera práctica en las escuelas secundarias; que el gobierno nacional intervenga en lo que le corresponde. Para llevar a cabo la transformación de la secundaria en una institución habitable, productiva y pedagógica se cuenta con docentes que han salido de la pobreza en la cual estuvieron sumidos durante tantos años –aunque hay que trabajar para que su retribución sea cada vez más digna–. De inmediato se trata de poner toda la atención en su capacitación que debe ser gratuita, obligatoria, en servicio y con puntaje; debe abordar las especialidades de los profesores para que adquieran la seguridad que otorga ser idóneos y estar actualizados en su área y debe introducirlos en las nuevas lógicas y tecnologías de la información. Al mismo tiempo tienen que recibir apoyo para entender la problemática juvenil y mejorar su formación como conductores de grupos cuyas problemáticas son complejas. La tarea de los directores e inspectores es relevante y en muchas provincias son quienes deben conducir el proceso de cambio, limar las resistencias a aplicar las nuevas normas, trabajar contra los prejuicios, preconceptos y otros dispositivos de rechazo instalados en la escuela y su entorno social.

La construcción y reparación de escuelas avanzó mucho y debe continuar rápidamente. Ya se están repartiendo 250 mil notebooks entre los alumnos de las cuatro escuelas técnicas. Hay que avanzar con PC suficientes en las aulas. Pero es indispensable la colaboración de los clubes, sociedades de fomento y las diversas instituciones que poseen espacios con poco uso, campos de deportes, salas de exhibición, cines, cibercafés, así como las radios y cables locales. El ámbito de enseñanza-aprendizaje no puede circunscribirse a las cuatro paredes del aula. Hay una cantidad de experiencias al respecto con buenos resultados que deben generalizarse. Los municipios podrían ser ciudades educativas, compartiendo con las escuelas actividades para los adolescentes.

Así, como estaba, es un sistema que corresponde a una sociedad que no tiene la costumbre de reconocer y acumular los productos materiales y simbólicos de sus propios esfuerzos sino que, una y otra vez, desconoce el propio esfuerzo. Superar el drama de la escuela secundaria es un tema del cual debe ocuparse toda la sociedad, superando prejuicios, amando a los chicos y ayudando a generar las condiciones para que el vínculo pedagógico pueda realizarse. De esta manera, en un futuro no muy lejano estaremos diciendo que 900 mil jóvenes más, estudian y/o trabajan o ambas cosas a la vez.

* Diputada (FG-FpV), presidenta de la Comisión de Educación.

Las metas de inversión proyectadas en 2005 por la Ley de Financiamiento Educativo han sido alcanzadas en tiempo y, afortunadamente, coinciden en ello especialistas de diversos signos políticos, así como los sindicatos docentes. Se llegó a una inversión del 6 por ciento del PBI en educación, ciencia y tecnología; el gasto total consolidado en educación y la inversión por alumno aumentaron un 60 por ciento entre 2005 y 2008; el salario docente lo hizo más del 100 por ciento; se construyeron más de 700 escuelas y se avanzó significativamente en las metas de inclusión. Además se tomaron decisiones políticas importantes, como la designación universal por hijo, que impacta fuertemente en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias más vulnerables, y que también tienden a la inclusión y retención de niños/as y adolescentes en el sistema educativo.

En diversos ámbitos se empezó a discutir la nueva ley de financiamiento o modificatoria de la actual y puede pronosticarse que se llegará a un consenso importante. Hay cada vez más coincidencias en la necesidad de dictar otra ley para el financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que cuenta ahora con su propio ministerio y cuya importancia merece un tratamiento diferenciado. Hay consenso en que la nueva legislación de Financiamiento Educativo establezca un porcentaje (2 por ciento probablemente) específicamente para la educación superior, cuyo destino debería ser orientado por una normativa de ese nivel educativo. Asimismo, en el nuevo texto debería plantearse mejorar las metas de inversión ya logradas: alcanzar alrededor del 10 por ciento del PBI en 2015 y aumentar la inversión por alumno, entre otras. Uno de los temas que presenta mayores dificultades es la relación entre el irresuelto pacto de co-participación nacional y la proporción de la inversión en educación de la Nación y las provincias, que en la actualidad es de 40 y 60 por ciento respectivamente y requiere una paulatina mayor equidad.

La nueva ley deberá proyectar que se complete la inclusión obligatoria de todos los niños de 5 años en el nivel preescolar (en el caso de la provincia de Buenos Aires desde los 4, como establece la Ley 13.688/07) y se universalice la oferta para los niños de 2 a 5 años; que la secundaria alcance al 100 por ciento de los adolescentes; que se llegue a porcentajes mínimos de analfabetismo con terminalidad (que sólo se logra con intensas y continuadas campañas, que se vienen haciendo, cuya interrupción suele ser catastrófica), así como fortalecer y mejorar las modalidades que establece la Ley de Educación Nacional (adultos, contextos de encierro, especial, intercultural). Además, resulta indispensable fortalecer todo el sistema de información educativa que incluya indicadores de inversión y subvención de la educación de gestión privada, así como de los emprendimientos de gestión social, que están cobrando un espacio inédito y requieren legislación, supervisión y en algunos casos financiamiento.

Importan tanto las metas cuantitativas como las cualitativas, que son las que establecen reglas del juego entre los distintos sectores involucrados en el proceso educativo. Ese fue otro de los aciertos de la Ley de Financiamiento Educativo del 2005, al establecer las convenciones colectivas de trabajo como el mecanismo idóneo para discutir y acordar con los docentes el conjunto de problemas comunes. La paritaria nacional tiene el agregado de ser un dispositivo de fuerte articulación del sistema escolar, disgregado en la década de los ’90, en el marco de una política de reconstitución del sistema educativo nacional sobre bases federalistas.

La ley puede ser fruto de un consenso con el sector docente y contar con el apoyo de las fuerzas políticas, que se vea reflejado en varias metas. La primera debería ser llegar a acordar en la paritaria nacional mecanismos salariales por cinco años basados en un salario básico testigo nacional, acompañado de una ecuación que permita la movilidad periódica, dejando a las paritarias provinciales la resolución de plus salariales por regionalización, capacitación y otros. Dar una solución de mediano plazo al problema de la retribución del trabajo docente no sólo evitaría el clima de irritación e inseguridad que se produce cada vez que el pedido de aumento llega al borde del paro, o al paro mismo, sino que permitiría abrir en las paritarias otros temas que impactan directamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Por otra parte, la nueva ley debería incluir como meta una actualización del régimen laboral docente, tanto público como privado, destinado principalmente a establecer una carrera docente con diseños institucionales acordes a las necesidades educativas de niños y adolescentes que requieren nuevos roles asociados a la tarea de enseñar.

De inmediato surgen otros objetivos de enorme importancia: la reparación del 100 por ciento de los edificios escolares, lo cual incluye las obras medianas indispensables para la inclusión de los alumnos en la secundaria obligatoria, la conclusión del programa de construcción de nuevas escuelas, la digitalización de todas las aulas y la reunificación de los cargos docentes. Esta última meta aborda problema profundos: terminar con los profesores-taxi que deben concurrir a cuatro o cinco establecimientos públicos y privados para reunir su salario, es la posibilidad de organizar equipos docentes, lograr una mayor concentración de los maestros y profesores en su trabajo, que conozcan bien a sus alumnos, en fin, aquellas condiciones indispensables para que se establezca el vínculo de enseñanza-aprendizaje, tan dañado en las últimas décadas, y donde residen los procesos más importantes de la educación.

El texto legal que ordene el financiamiento de la educación, de cara al Bicentenario, debe reflejar una filosofía de la educación, una política educativa y acuerdos sociales para un tema que merece el mayor de los esfuerzos de todos los sectores políticos y sociales.

* Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Frente para la Victoria).

Una deuda histórica

Por Cecilia Merchán *

Tener una nueva ley de medios en nuestro país se ha convertido en una deuda histórica de la democracia. Hubo muchos intentos por derogar el decreto-ley de la dictadura modificado por el menemismo con su impronta neoliberal.

Se ha iniciado en el Parlamento el debate para saldar aquella deuda histórica y para ello se ha tomado en cuenta la participación de miles de sectores de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo que en diversas y múltiples circunstancias en los últimos cinco años hemos desarrollado un debate profundo para tener una nueva ley de radiodifusión. Desde la confección de los 21 puntos básicos por el derecho a la información hasta ahora se han desarrollado foros, cabildos abiertos, charlas, radios abiertas, asambleas que fueron sistemáticamente ocultados por los grandes medios concentrados de la comunicación, tratando de invisibilizar y silenciar innumerables expresiones populares a lo largo y ancho de nuestro país.

Una vez presentado el proyecto, el 27 de agosto pasado, los grupos mediáticos se encargaron de reproducir mayoritariamente las opiniones de quienes estaban en contra. Han buscado estereotipar al mismo como “ley de control de medios”, “ley mordaza” o “ley K de medios”. Creemos que el Poder Ejecutivo demoró demasiado en presentar este proyecto y que es necesario que se trate en este Congreso. Voces interesadas en mantener la actual ley 22.285 hacen un uso discrecional de la Constitución. Pareciera que hay diputados y diputadas cuyo mandato vale más que el de otras y otros legisladores. Argumentan que ésta es una ley de Estado, cuando todas las leyes son de Estado. Lo que hay de fondo son los intereses de grupos concentrados de la comunicación en preservar su desigual posición dominante por sobre otros.

Pudimos observar que el poder disciplinador de los grupos mediáticos no sólo fuerza opiniones en la oposición, sino también en el seno del PJ. De hecho fue un gran cómplice de su consolidación.

Si bien creemos que hay que hacer modificaciones sobre la nueva autoridad de aplicación, estableciendo menos discrecionalidad del Ejecutivo sobre la misma, logrando mayor control parlamentario, lo cierto es que si no se modifica la ley actual, la discrecionalidad del Ejecutivo es total, ya que debe nombrar a un interventor, si no estarían los representantes de las Fuerzas Armadas y la SIDE. Actualmente no hay ningún control parlamentario ni un consejo federal donde participen los distintos actores de la comunicación. No se garantiza el federalismo, puesto que no hay cuotas establecidas de producción nacional y de producción local y se permite que las cadenas informativas mantengan alarmados a las ciudadanas y los ciudadanos del interior del país por los paros de subtes que sólo ocurren en la Capital Federal.

Con la ley vigente se permite la concentración mediática. Con la ley actual no se resguardan los derechos de las mujeres, no se castiga la discriminación, no se resguardan los derechos de los pueblos originarios ni de niñas, niños y adolescentes. Todos temas que están en el proyecto que estamos discutiendo, que han sido incorporados enriqueciendo al mismo y reflejando un alto nivel de consenso.

Casualmente son los que se llenan la boca con palabras como “consenso” o que dicen defender las “instituciones” quienes desprecian este proyecto y nada expresan de cómo defender las instituciones democráticas de la presión asfixiante de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas.

Es cierto que hay corregir aspectos de su articulado, que hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de los hechos consumados o amparándose en que hay una ley vetusta que ya nadie controla ni hace cumplir. Estamos convencidos de que es necesario aumentar la libertad de expresión y dotar a la democracia de más democracia, por eso creemos necesario tener cuanto antes una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

* Diputada de la Nación, Libres del Sur.

Liberar la comunicación

Por Adriana Puiggrós *

A esta altura de los cambios tecnológicos, demográficos y sociales es difícil seguir sosteniendo que la educación de las elites servirá para volcar cultura al conjunto, especialmente cuando una de las condiciones de reproducción de aquellos grupos privilegiados es concentrar la información y la comunicación.

Son muchos los aspectos de la educación en los cuales interviene negativamente la falta de acceso pleno a los medios por parte de las mayorías. En primer lugar, se trata de la baja calidad de las emisiones que cotidianamente llegan a todos, del efecto adverso a la adquisición de una buena cultura que producen en todos los hogares, instaladas como ventana a la realidad. La televisión y la radio siempre realizan un trabajo educativo; puede ser de buena calidad, a la vez que entretenido, o puede ser nocivo sirviendo a limitados intereses particulares. La programación del Canal Encuentro valoriza el papel educativo del Estado y realmente por el interés que despierta podría motivar inversiones privadas en televisión educativa, cuando se apruebe una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El descontrol ético y legal de muchos medios crea situaciones profundamente negativas para la educación y deja convertidos en consumidores indefensos a quienes podrían enriquecerse culturalmente. El ingreso de nuevos sujetos privados sin fines de lucro y el ensanchamiento del sector público en el espacio de información y comunicación multiplica las posibilidades de que voces educadoras lanzadas al espacio mediático lo hagan con contenidos y estética transmisoras de una buena cultura.

En segundo lugar, es necesario seguir avanzando en la provisión de una computadora por chico, como está haciendo el Ministerio de Educación en las escuelas técnicas públicas, al igual que varios países latinoamericanos, pero ese esfuerzo puede resultar limitado, a menos que se dicten normas que garanticen la democratización y federalización del acceso a los servicios audiovisuales, la pluralidad de los prestadores y el acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Sólo así habrá posibilidades de disponer positivamente de los medios de información y comunicación en la educación formal.

En tercer lugar, debe tenerse en claro que en la actualidad no hay posibilidades de dar respuesta al derecho a la educación de millones de personas de todas las edades sin la incorporación de los servicios de comunicación audiovisual a la enseñanza. Es equivocado considerar que la mera extensión de las nuevas tecnologías mejora la calidad de la educación, dado el complejo de factores que intervienen en ese proceso, pero es indudable que los medios de información y comunicación pueden instalarse convalidando vínculos educativos autoritarios que siempre contienen la peligrosa tendencia de concentrarse, o bien pueden multiplicar los educadores, dar la palabra a los alumnos, poner en el espacio mediático a las instituciones educativas, generando nuevas formas de organización del trabajo pedagógico.

La Ley de Educación Nacional, Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños/as y adolescentes, así como la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires fijan horizontes en materia de derechos de los sujetos de la educación, es decir alumnos y docentes. Pero en su implementación y cumplimiento intervienen muchos factores. En tal sentido, los objetivos fijados en esas leyes y en el marco de los tratados internacionales con rango constitucional encuentran en el proyecto Ley de Servicios Audiovisuales, que está en discusión en la Cámara de Diputados, una extraordinaria herramienta para facilitar el cumplimiento de aquellos derechos. Por eso, derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para avanzar hacia una educación dialógica y emancipadora.

* Diputada de la Nación, Frente para la Victoria.