Página#12 Libre

CONTROL POLICIAL DE LA BONAERENSE

Un sistema fracasado

Por Centro de Estudios Legales y Sociales

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su más enérgico repudio ante la represión que tuvo lugar el jueves por la noche en José León Suárez, durante la cual se produjeron los asesinatos de Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Raúl Almirón, de 16. Un tercer adolescente, Joaquín Romero, sufrió heridas gravísimas y se encuentra internado. Los efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar para reprimir el saqueo de un tren descarrilado y actuaron sin ningún tipo de límite en el uso de la fuerza.

Ante estos hechos, el CELS expresa su solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas, reitera su reclamo de justicia y exige medidas urgentes para retomar el gobierno civil de la Policía Bonaerense. La represión de José León Suárez pone de manifiesto, una vez más, la ausencia absoluta de control por parte del Ejecutivo provincial sobre la policía. La gestión del gobernador Daniel Scioli ha desmantelado los mecanismos que posibilitaban el gobierno civil de la institución. En su lugar, cedió el manejo a los propios jefes policiales y ratificó así su opción por las respuestas represivas.

La unificación de los ministerios de Seguridad y Justicia bajo la dirección del titular de esta última cartera, Ricardo Casal, no hizo más que profundizar el proceso al reducir las capacidades institucionales del área. A eso se sumó la confirmación en el cargo del jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, en quien Casal delegó las tareas de seguridad del Ministerio. Estas medidas redujeron al mínimo la capacidad de conducción política y fortalecieron el modelo de autonomía policial.

Las distintas formas de autogestión de las policías han demostrado su fracaso como políticas de seguridad y tuvieron como consecuencia graves violaciones de derechos humanos. A lo largo de 2010, hechos como el asesinato de tres personas en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati; las cuatro ejecuciones de jóvenes por parte de la policía rionegrina; el asesinato de un indígena toba en Formosa, y el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical ante la inacción de la Policía Federal marcaron la necesidad de abandonar ese modelo y buscar respuestas democráticas. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires insiste en mantener sus políticas autoritarias, que sólo incrementan la violencia y provocan más muertes.

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SCIOLI ES EL RESPONSABLE

Mano dura

Por Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia enérgicamente la represión de la policía bonaerense del jueves último, que produjo la muerte de los jóvenes Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Raúl Almirón, de 16, mientras otro joven se encuentra en situación muy grave. El gobierno de la provincia de Buenos Aires basa su política de seguridad en la mano dura hacia los sectores excluidos y en la autonomía policial, y es por lo tanto el responsable político de los hechos trágicos de José León Suárez.

La Comisión por la Memoria ha reiterado que esta política de autogestión policial no sólo expresa una concepción que rechazamos, por el pacto que implica con la corporación policial, con sus nefastas consecuencias, sino que es ineficaz para la prevención y persecución del delito. Además esa política se sostiene en la pretensión antidemocrática de que los sectores pobres y excluidos –en especial niños y jóvenes– tienen menos derechos y garantías, y los mismos están destinados a poblar las cárceles y comisarías provinciales, sin juicio y por largos años, sufriendo violencia institucional.

Rechazamos que el ministro de Justicia y Seguridad haya salido a sostener la versión policial de los hechos de José León Suárez. Como si fuera el fiscal o un juez, pretende explicar a la sociedad los hechos en la versión que pregona la policía bonaerense, que lo hace con el objetivo de lograr su impunidad. El ministro no cumple con su función de aplicar la ley ejerciendo su autoridad para esclarecer cómo fueron los hechos, cooperando objetivamente con la investigación judicial para satisfacer el reclamo social de verdad y justicia.

Volvemos a exigir una nueva política de seguridad pública basada en el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Reiteramos el reclamo de la creación de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y la iniciación de un proceso de reforma profunda de la policía bonaerense que la depure de sus concepciones autoritarias perjudiciales para los ciudadanos de la provincia.

Los crímenes de estos jóvenes no son hechos aislados, sino que se inscriben en los hechos cotidianos que ocurren en las comisarías, cárceles e institutos, con nuestros niños y jóvenes. Este tremendo suceso es sólo una derivación más de la política que cuestionamos. Cambiar esta política de seguridad permitirá consolidar la democracia, mientras que seguir sosteniéndola infligirá nuevos sufrimientos a las mujeres, niños y varones de nuestra provincia, en especial en los cuerpos y almas de los que menos tienen.

Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, quien fuera visto por última vez en el destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales. En estos dos años, la causa judicial que investiga el hecho no ha dado pasos serios ni seguido pistas que permitan saber qué pasó con Luciano. Por el contrario, la lentitud en su tramitación, ausencia de respuestas a peticiones de los familiares, ocultamiento de pruebas a los abogados de la familia presentada como particular damnificada, no ordenar pruebas valiosas para la causa y el mantenimiento de la calificación de averiguación de paradero, dan cuenta de la escasa rigurosidad investigativa y falta de compromiso de parte de la Fiscalía interviniente. Esta deficiente actividad judicial ha contribuido a la impunidad que se consagra en esta causa. Además de los testimonios que dan cuenta de la presencia de Luciano en el destacamento policial –y que fue golpeado hasta desangrarse–, de las pericias efectuadas judicialmente en los libros policiales del mismo surgen graves irregularidades en su confección y mantenimiento. También en sus declaraciones en la causa judicial, los policías admiten que tenían como práctica alojar menores en el destacamento, pese a no poder hacerlo. Incluso uno de ellos relató que Luciano había padecido abuso sexual de parte de otro agente. A pesar de esto, la Justicia no investigó la hipótesis de la desaparición forzada ni la del abuso sexual.

Paralelamente, el sumario administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad y Justicia tampoco investigó seriamente la responsabilidad policial de los agentes involucrados. Como consecuencia de esto, los ocho policías sospechados y puestos en disponibilidad al producirse el hecho, se encuentran nuevamente trabajando. No sólo no se investigó la desaparición de Luciano, sino tampoco la adulteración de los libros policiales o el alojamiento de menores en el destacamento. La desaparición de Luciano Arruga fue denunciada por la Comisión por la Memoria ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Al evaluar al Estado argentino en junio de 2010, este Comité internacional receptó el caso en su Informe CRC/C ARG/CO/3-4: “El Comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”. Esta demanda internacional al Estado nacional y provincial, no modificó las condiciones señaladas. No se destinaron recursos materiales o humanos especializados o adicionales para lograr la investigación exhaustiva e imparcial que se le reclama. La responsabilidad por la investigación por la desaparición forzada incumbe tanto al Estado local como al Nacional, y este último ante la comunidad internacional.

La Comisión Provincial por la Memoria viene alertando sobre la gravedad que constituye la falta de esclarecimiento de este hecho. En reiteradas ocasiones hemos señalado la responsabilidad del estado provincial, que debe poner todos sus recursos para promover el esclarecimiento. La falta de medidas tanto desde el Poder Judicial como del Ejecutivo, la negativa a la investigación como desaparición forzada de Luciano Arruga, la reposición de los sospechados a sus cargos de policías, en suma, la impunidad son una puerta abierta a la repetición de hechos de violencia sobre los mas débiles de nuestra sociedad. Frente a esto, es indispensable que el Estado provincial asuma un compromiso sincero y decidido en el esclarecimiento de este caso, que deje de negar la desaparición de personas, castigue judicial y administrativamente a los responsables, y rompa las redes de impunidad y complicidades. También debe continuar buscando a Luciano y reparar el dolor de su familia. La impunidad es una afrenta al Estado de Derecho que denigra la democracia.