Página#12 Libre

El análisis de la articulación del concepto de progresismo y consistencia económica es un interesante ejercicio para arrojar cierta luz sobre la discusión desatada en los últimos meses alrededor de la ley del 82 por ciento móvil. Ley que finalmente fuera vetada por el PE nacional, decisión apoyada en la racionalidad económica y la equidad distributiva.

Entre los cuestionamientos a la ley vetada, puede señalarse que disponía erogaciones sin indicar su fuente de financiamiento, en una clara violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, a la vez que estipulaba límites al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), combinación de factores que implicaba malvender activos, generando una pérdida estimada –en forma conservadora– del 20 por ciento.

Es necesario tener presente cuál es la razón de ser de un sistema previsional solidario y de la figura del FGS. Su existencia tiene por objeto garantizar a los jubilados y pensionados actuales y futuros una remuneración acorde, sujeta a la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Más aún, el mismo debiera ser entendido como un fondo que actúa en forma contracíclica, ahorrando en los momentos alcistas del ciclo económico para poder hacer frente a los bajistas, cuando, teniendo en cuenta la estructura de la pirámide poblacional, las obligaciones en relación con las contribuciones se incrementen.

El veto es además justificado en aras de la equidad social, ya que implicaba aplicar el 82 por ciento móvil para todos los haberes previsionales, sin seguir ningún criterio de redistribución progresiva que mejore el nivel de vida de los sectores más necesitados.

En términos analíticos, se podría trazar dos ejes delimitando cuatro cuadrantes en donde se ubiquen la ideología y la racionalidad de las medidas que han tomado diferentes gobiernos a lo largo del tiempo.

1. Conservadurismo Consistente.

Comenzando cronológicamente con los años ’30, se podría catalogar la Década Infame como un conservadurismo económico consistente, debido a que si bien el gobierno mantuvo un inadmisible statu quo en materia social, recurriendo sistemáticamente al “fraude patriótico” y signado por los escándalos de corrupción, fue consistente en la recuperación de los equilibrios macro y creó instituciones valiosas como las Juntas Reguladoras y el Banco Central.

2. Conservadurismo Inconsistente.

Por su parte, y manteniéndonos en el cuadrante del conservadurismo político y el liberalismo económico, podemos encontrar en la dictadura iniciada en 1976 y en la década de los ‘90 un conservadurismo inconsistente. En ambos casos se asistió a un modelo de apertura irrestricta, extranjerización de la economía, desindustrialización, desempleo, ajuste y endeudamiento que desembocó en ambos casos en gravísimas crisis fiscales, externas y financieras. Tanto la gestión económica de Martínez de Hoz como la de Cavallo en los noventa fallaron en establecer un modelo económico consistente en el tiempo, favoreciendo a un reducido y concentrado sector económico de la sociedad.

3. Progresismo Nacional y Popular Consistente.

En el cuadrante opuesto, es decir en el del progresismo consistente, se encuentra la gestión iniciada en 2003 hasta el presente. La Argentina se recuperó de la peor crisis de su historia económica con progresismo y racionalidad. Se experimentó un fuerte incremento en los niveles de actividad y de empleo, la inversión social pasó a ser una prioridad indiscutida, se consiguió la autonomía económica con una firme negociación con los acreedores, se promovió un tipo de cambio competitivo y se priorizó el desarrollo de un modelo de crecimiento endógeno. A diferencia del crecimiento espurio de los noventa, basado en el endeudamiento y el consumo suntuoso, el crecimiento de esta década fue sustentable, basado en la producción y el consumo popular, en el desendeudamiento, en la acumulación de reservas y en el mantenimiento de superávits gemelos. En ese marco fue posible sextuplicar las jubilaciones y pensiones mínimas congeladas en 150 pesos desde la convertibilidad.

4. Progresismo Inconsistente (o seudoprogresismo).

Existen diferentes procesos económicos-sociales en América latina y en Argentina que tuvieron una intencionalidad progresista pero descuidaron la consistencia económica o no pudieron lograr relaciones de fuerza que permitieran impedir la desestabilización de los sectores económicos concentrados. Bajo este marco, hay quienes de buena fe sostienen deseables consignas y quienes de mala fe sólo pretenden manipular las legítimas aspiraciones de los sectores pasivos. En este sentido, y en relación con la iniciativa del 82 por ciento móvil, se aprecia una convergencia de facto entre los sectores seudoprogresistas y los conservadores inconsistentes.

Muchos conservadores irracionales del cuadrante 2 y seudoprogresistas del 4 contrastan el “progresismo racional” de Chile, Uruguay o Brasil, países en donde a ningún legislador progresista o racional se le ocurriría proponer una ley inconsistente. Seguramente muchos conservadores “racionales” y los mismos conservadores irracionales y seudoprogresistas, además de ciertos sectores de prensa que siempre aplaudieron los ajustes, hubiesen aplaudido a rabiar, según el caso, un eventual veto de Lula, Bachelet, Piñera, Vázquez o Mujica ante un escenario similar.

Algunos de estos sectores congelaron y hasta recortaron las jubilaciones un 13 por ciento, posteriormente se opusieron a la gestión pública de la seguridad social y ahora buscan dinamitar los márgenes fiscales del actual gobierno, no percibiendo el flaco favor que le hacen a las generaciones actuales y venideras en su conjunto.

Por ende, para obtener logros sustentables de progreso económico y social, junto a reformas que permitan un cambio estructural, propiciando una redistribución más justa de la riqueza, es preciso avanzar sobre acciones que no sean promesas tanto vanas como efímeras. Lo expuesto requiere evitar los –muchas veces tentadores– atajos y llevar adelante políticas que concilien mejoras sociales con las condiciones económicas que las hagan profundas y duraderas

* Presidente de la Comisión Nacional de Valores y miembro del Plan Fénix.

La preocupación que surge del discurso de Biolcati por la pobreza –con algunas frases que denotan ciertos progresos de forma y contenido para necesario consumo de cierta clase media que ¿quizás? todavía se espante si no hay algo de disimulo– tiene un diagnóstico entre ambiguo y falaz y un reclamo práctico antiético con esa supuesta preocupación.

Ambiguo, porque ensalza el primer Bicentenario de crecimiento inestable y excluyente. Más que excluyente de trabajo sin descanso, pago en bonos, y que culminó a fines del centenario en la violencia de la Forestal y la Patagonia Trágica.

Se destacó que la declinación es en la segunda mitad del siglo XX en una larvada crítica tradicional del antiperonismo histórico. Más larvado que otras veces quizá para que puedan disimular supuestos peronistas asistentes al acto. Tan alejados del verdadero peronismo que con aciertos y errores caló a fondo en los olvidados de siempre, más allá de traiciones funcionales en 1955 y 1976 a quienes no dejaron en pie ni un solo ladrillo que fuera peronista aunque fueran para hospitales. Lo cierto es que durante el peronismo es cuando la sociedad fue más igualitaria con picos entre 1949-51 y 1974.

Falaz, porque la declinación en cambio surge evidente tras el golpe militar de 1976. La desigualdad se amplifica durante los 25 años de neoliberalismo. Políticas de ajuste y empobrecimiento aplaudidas desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) que ensalzaron un continuismo antipopular que va desde Uriburu pasando por Aramburu y Onganía hasta Videla.

Tribuna donde fueron denostados Yrigoyen e Illia y silbado Alfonsín, cosa que olvidan algunos radicales, y aplaudido no sorprendentemente Menem; más allá del record de remates y quiebras de campos en los años ‘90.

El discurso no recogió que desde 2003 se redujeron sensiblemente la pobreza y la indigencia. Y que si no se pudo avanzar en una mayor redistribución de ingresos fue por la oposición de la Mesa de Enlace y la nueva derecha neomenemista y neodelarruista. Nueva derecha que rindió pleitesía la semana pasada a contramano de un gobierno que recuperó la dignidad de la política y su servicio a los más débiles, en detrimento del lobby de las corporaciones.

En cambio, la Asignación Universal por Hijo, el aumento record del salario mínimo y de las jubilaciones fueron concretados por el proceso iniciado en 2003. Avanzar en una reducción de la pobreza implica rechazar las propuestas de desfinanciamiento del Estado, rebajando las retenciones a las grandes exportadoras y pooles de siembra sojeros.

Sólo se combate eficazmente la pobreza con un modelo de desarrollo y con políticas sociales. Y un modelo de desarrollo requiere transferir rentas extraordinarias a favor de los más pobres.

No puede haber combate eficaz a la pobreza sin un Estado que asegure salud, educación, trabajo para todos. Políticas de estado e inclusión que no pueden ser reemplazadas por sociedades ni damas de beneficencia compasivas –¡notable retroceso pre Evita!– ni discursos para la tribuna. Los grandes productores pueden contribuir, si hay voluntad de atacar la pobreza, subiendo los sueldos de los peones rurales, blanqueando trabajadores y pagando impuestos en forma acorde con la capacidad contributiva.

En lugar de generar una agenda al servicio de los sectores más privilegiados, cierta oposición debe contribuir a profundizar un modelo productivo y redistributivo en línea con las políticas nacionales y populares. Contribuir a lograr el objetivo del gobierno nacional, que la relación entre el capital y el trabajo sea un 50 por ciento en cada caso. Objetivos y políticas que nunca cosecharon aplausos en la Rural, pero sí le dieron felicidad al pueblo.

* Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

En medio del debate sobre el uso de reservas para afrontar los compromisos de deuda, es conveniente señalar cuál es la función de las reservas, su grado de suficiencia para atender usos primordiales y la posibilidad y conveniencia de emplear herramientas alternativas. Tradicionalmente, las reservas son utilizadas para afrontar los pagos correspondientes al comercio internacional. También son necesarias para mantener el equilibrio de los mercados monetario y cambiario que determinan las tasas de interés y tipos de cambio. En las últimas décadas, la acumulación de reservas ha permitido a los países autoinmunizarse de las recurrentes crisis que la globalización financiera ha causado en el mundo ante la inexistencia de un adecuado prestamista de última instancia. Dado que el país tiene una excelente cobertura de reservas en relación con las importaciones y un superávit externo estimado de 16 mil millones de dólares, la función de atender el comercio está garantizada, como también existe una adecuada cobertura de los pasivos monetarios tanto en términos de base monetaria como de agregado M3 (circulación monetaria más depósitos en sentido amplio). Por lo tanto existen reservas para ser usadas; adquiridas por haber seguido políticas consistentes de crecimiento y así cumplir con la tercera función mencionada: asegurar la estabilidad financiera.

Hechas estas salvedades, cabe analizar cuáles podrían ser las alternativas. Identifico sólo cuatro que han empezado a trascender desde distintos sectores de la oposición.

1 Subir impuestos. La Argentina aumentó significativamente los ingresos tributarios por el crecimiento y por logros en la administración tributaria. En un contexto de crisis global e incipiente recuperación, más impuestos pueden detener el crecimiento. Puede argüirse con razón que se podría hacer una reforma tributaria para acentuar la progresividad del sistema, pero debe recordarse que cuando el Gobierno intentó hacer una suerte de reforma tributaria parcial vía retenciones móviles, la oposición no acompañó la estrategia.

2 Bajar el gasto público. La alternativa elegida por Cavallo en 2001. La reducción del gasto es claramente recesiva e insolidaria en este contexto y conllevaría a una crisis social y al default en un país que tiene aún grandes déficit en infraestructura, salud y educación, producto de décadas de neoliberalismo. Se pueden discutir ciertos cambios en los subsidios cruzados, pero cuando el Gobierno planteó reducir subsidios a los sectores medios altos en energía, sectores mediáticos y de derecha rechazaron los supuestos “tarifazos”.

3 Pagar deuda con más deuda. Es cierto que la Argentina se desendeudó en relación al PBI, recaudación y exportaciones desde 2003, pero el contexto mundial y la historia de defaults seriales por décadas de políticas inconsistentes, inhiben de recurrir el camino del endeudamiento que implicaría pagar tasas del 15 por ciento en dólares o más. Ampliar el endeudamiento de corto plazo también es algo que puede acelerar una crisis ante cambios bruscos en la disponibilidad de capitales como en México 1995 o Argentina 2001. Se requieren años de buenas políticas para poder alejar el recuerdo de los defaults y poder contar con la posibilidad de acceder a financiamiento de largo plazo y en moneda nacional para evitar descalabros como los de los países bálticos, Grecia, Islandia y otros además de Argentina, que abusaron del endeudamiento externo en divisas.

4 Default. El default de 2001 fue producto de la decantación del modelo neoliberal inconsistente en lo fiscal, en lo externo y generador de una brecha productiva y social. La situación económica refleja una economía en recuperación sostenida y una baja del riesgo, a pesar de los fantasmas del default que algunos instalaron en 2008 y 2009. Sería un acto de irresponsabilidad dejar al Gobierno sin la posibilidad de usar las reservas y provocar un default que aceleraría una crisis cambiaria, financiera, social y política.

En síntesis: el paraguas de las reservas está para ser usado. Las cuatro alternativas son claramente subóptimas y pueden ser representadas con la figura de los cuatro jinetes del Apocalipsis, como ya experimentamos a lo largo de nuestra historia. Sería un acto de madurez por parte del Congreso permitir honrar el crédito público usando reservas para poder seguir avanzando hacia el desarrollo; lo que supone perseverar en buenas políticas para consolidar el equilibrio fiscal y externo y seguir cerrando la brecha productiva y social, deuda contraída por sectores que no han pagado ni dejan pagar ni la deuda externa ni tampoco la deuda social.

* Titular de la Comisión Nacional de Valores.

La autoridad de un ente público como es el Banco Central no puede desconocer un decreto de necesidad y urgencia y lo tiene que hacer cumplir, en tanto es válido hasta que no sea rechazado por el Congreso. Desoír un mandato de este tipo es un acto grave. Mientras el Ministerio de Economía avanzaba en la creación del Fondo del Bicentenario para asegurar el pago de los compromisos de este año, el Central no le permitía abrir las cuentas. Esto, eventualmente, implica no cumplir con lo que el decreto del Ejecutivo ordenaba. En 2005, cuando se realizó el pago adelantado de lo adeudado al Fondo Monetario, también se inició por un decreto que luego fue aprobado por el Parlamento.

Resulta lamentable que Martín Redrado tampoco haya aceptado renunciar y forzó al Gobierno a hacerlo mediante otro decreto de necesidad y urgencia.

Es cierto que el organismo mantiene cierta autonomía, pero el Banco Central y la política monetaria no pueden ir a contramano de las políticas económicas de un país, sino que deben acompañarla. En ese sentido, hay un ejemplo claro. Economía tuvo que hacer un enorme esfuerzo adicional desde lo fiscal para capear la crisis y desde lo monetario no se acompañó, sosteniendo tasas de interés muy altas que sólo fue bajando muy lentamente. Había un crecimiento importante de la demanda en pesos, a pesar de las condiciones de la crisis mundial, que hubiera justificado bajar las tasas de interés. El Central siempre llegó tarde.

Otro tema que habrá que analizar ahora es ver qué pasa con el programa monetario 2010, para no ser recesivo, ya que el actual presentado por Redrado subestima la remonetización de la economía, en un contexto de fuerte recuperación de la actividad. También queda aún pendiente el cambio de la Carta Orgánica. Planteamos con la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, cambiar el artículo 3 con el doble objetivo de inflación y crecimiento. En definitiva, la discusión de sacar a Redrado de su puesto conlleva poner a la política monetaria, al Banco Central y al sistema financiero en una esfera distinta, al servicio de los argentinos.

* Presidente de la Comisión Nacional de Valores.