Las cooperativas de trabajo y todo el espectro laboral que se mueve en torno de las fábricas recuperadas –después de haber sido abandonadas o quebradas por sus propietarios– pueden tener mañana su gran día. La Cámara de Diputados trataría y daría media sanción al anteproyecto que habilita a los empleados a participar en los concursos y quiebras de la empresa empleadora, abonando el camino a alcanzar la propiedad de la misma a través de una cooperativa de trabajo. El proyecto, que ya tiene aprobación en distintas comisiones y cuenta con el consenso de un amplio espectro de sectores políticos (“hasta los agrodiputados nos respaldan”, relató un cooperativista que participó de varias reuniones en el Congreso), fue enviado por el Ejecutivo hace ya largos meses, aunque el tema viene siendo exigido prácticamente desde la segunda mitad de la década del ’90, cuando la ocupación de fábricas y el reclamo de expropiación para garantizar la continuidad laboral pasó a ser moneda corriente en el sector industrial.

La confirmación del tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Quiebras dependía, hasta anoche, del acuerdo interbloques (e intercomisiones) que seguía tratándose en reuniones de última hora y seguiría durante buena parte de la jornada de hoy. “Las posiciones están muy cercanas, el tronco central está acordado”, coincidían diversas fuentes interesadas en la aprobación del proyecto, fundamentalmente desde la vereda de los trabajadores. Dicho “tronco” es el que garantiza las condiciones para que una cooperativa de trabajadores pueda acceder a la propiedad de una planta fallida y asegure la continuidad de los puestos de trabajo.

Uno de los aspectos centrales de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo es la obligación que les impone al juez y al síndico de la quiebra a considerar toda propuesta de una cooperativa de los trabajadores antes de decretar la liquidación (remate) de la planta y sus bienes. El otro punto neurálgico es el cómputo de todas las acreencias de los trabajadores (sueldos atrasados y otros derechos que surjan de una liquidación final de haberes, incluida la indemnización) como forma de pago de la cooperativa para comprar la liquidación de la empresa.

En el debate abierto en el Congreso se agregó además el derecho de los trabajadores a tener participación desde el momento de la convocatoria de acreedores (el concurso), más allá de que se constituyan o no en cooperativa. En la ley actual, los trabajadores son ajenos al concurso y sólo intervienen como acreedores privilegiados. Es decir, en caso de liquidación o acuerdo de pagos, deben ser los primeros en cobrar. Un derecho que, por distintos artilugios legales, las empresas tradicionalmente eluden.

Aunque el proyecto no beneficiará directamente a los trabajadores que ya tomaron el control de empresas fallidas, su conversión en ley les dará un elemento más a los jueces que entiendan en las causas para decretar la expropiación en favor de los empleados. “No nos saca totalmente del limbo, pero abre una expectativa legal que hoy no existe”, sostienen, de manera coincidente, las dos agrupaciones que concentraron la organización de los trabajadores en esta difícil situación, el Movimiento de Fábricas Recuperadas y la Confederación de Cooperativas de Trabajo.

El debate acerca del grado de independencia que deben tener los bancos centrales tiene más de medio siglo, pero se realimentó con el auge del monetarismo de fines de los ’70 y principios de los ’80 y recibió una nueva actualización con la crisis financiera desatada entre 2007 y 2008. En Argentina, sin embargo, la discusión tuvo una dinámica propia y la cuestión recién se dejó ver en superficie a partir de la resistencia frente a la propuesta del Gobierno del pago de la deuda con reservas (fines de 2009) y la posterior salida del Banco Central de Martín Redrado (pocas semanas después).

La argumentación a favor de la independencia total de los bancos centrales es sostenida por quienes consideran que la política monetaria es un asunto técnico que debe estar por encima de la política. Defienden el criterio de que una mayor independencia le da credibilidad a la política monetaria y que la injerencia del Gobierno es sinónimo de discrecionalidad en su manejo. Este concepto supone que cuanto mayor es la credibilidad, más probabilidad de lograr la estabilidad de la moneda existe.

Esta postura se abona sobre la base del pensamiento prevaleciente durante la vigencia del modelo neoliberal como verdad única, para el cual los países debían “generar confianza en los mercados”. Más que una falacia, la fórmula resultó un recurso eficiente para establecer una dictadura financiera en la que la rentabilidad del dinero arrastró a un costado cualquier otro objetivo de política macroeconómica.

A un año de haber quedado al frente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont volvió a ser atacada en estos días por estos mismos sectores, que descalifican su gestión acusándola de no haber tomado la bandera de la lucha contra la inflación y “la defensa del valor de la moneda como misión primaria y fundamental” (La Nación, nota editorial del miércoles 6 de abril). Y lo que es peor, desde ese enfoque, estar tendiendo a convertir a la autoridad monetaria en un banco de desarrollo. Casi un pecado capital.

Como en gran parte de Latinoamérica, cuestiones estructurales como la función de los bancos centrales permanecieron ocultas al debate en la Argentina durante por lo menos tres décadas. La Ley de Entidades Financieras de la dictadura militar, del año 1977, y la Carta Orgánica del Banco Central, cuya versión última le correspondió a Domingo Cavallo y Pedro Pou, fueron elaboradas en función de poner a la autoridad monetaria al servicio de una política de financiarización de la economía. Y hasta el primer año del siglo actual lograron hacerle cumplir ese rol.

Este esquema empezó a fracturarse con el estallido de la convertibilidad, en diciembre de 2001. Sin embargo, la reformulación de los pilares de un banco central amoldado a los fines de un modelo en retirada, hasta hoy, no se concretó.

El cambio de paradigmas que sobrevino a la devaluación (2002) y posterior instalación de un modelo sustentado en la producción y el consumo interno (mayo de 2003) también transformó, en la práctica, el rol del Banco Central. La autoridad monetaria dejó de ser el garante de la libertad de giro al exterior de los capitales por parte de transnacionales, o de actuar como simple puerta giratoria del ingreso y egreso de fondos especulativos. Más aún, su rol desde 1976 al 2001 había sido el de garantizar, vía tasas de interés, la rentabilidad suficiente para atraer a los capitales financieros que balancearan el exceso de importaciones sobre las exportaciones. Es decir, el garante de la combinación letal de destrucción del aparato productivo con creciente endeudamiento externo.

A partir de 2003, paulatinamente, el modelo de crecimiento le fue requiriendo roles más activos a la política monetaria y cambiaria, ahora como garante de la competitividad externa (dólar alto) y del funcionamiento de la economía en una situación extraordinaria de absoluta ausencia de crédito externo (la economía post default de 2002 en adelante).

Sin embargo, ese rol aparecía limitado por las propias restricciones impuestas por la Carta Orgánica del BCRA y un sistema financiero ordenado en 1977 para operar de espaldas a la actividad productiva. Los dos presidentes del Banco que precedieron a Marcó del Pont (Alfonso Prat Gay y Martín Redrado) encuadraban en esa mirada respecto de una autoridad monetaria independiente de la política económica y funcional a un modelo que da ventajas al capital financiero especulativo por sobre el capital productivo. De allí sus cortocircuitos con el poder político (con Néstor Kirchner y Roberto Lavagna el primero, con Cristina Fernández y Amado Boudou el segundo) y su salida del cargo.

Al salirse de los marcos estrictos que establece la Carta Orgánica, Marcó del Pont transgrede indudablemente las tablas sagradas del modelo neoliberal. Pero ocurre que, tal como escribió Joseph Stiglitz hace ya casi ocho años, las autoridades de los bancos centrales toman decisiones que afectan no sólo a la moneda, sino a distintos aspectos de la vida social y económica, como el empleo y el acceso a la vivienda, por ejemplo (ver nota aparte).

Bajar las tasas para aumentar el crédito a la producción y crear empleo podría estar alimentando, al mismo tiempo, fuerzas que generen inflación. Pero tener o no tener desempleo, incluso al costo de tener un poco de inflación, es una decisión de política que excede las facultades del titular del Banco Central. La gestión de Marcó del Pont responde hoy a esa lógica funcional a dichos objetivos de la política económica.

Pero el debate no es exclusivamente sobre el caso argentino. En la última semana pasaron por Buenos Aires dirigentes políticos y especialistas en política monetaria de Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela y de países europeos, que debatieron, junto a sus pares argentinos, diversos temas vinculados al nuevo escenario global y a la integración económica y financiera. Los mitos aún vigentes del modelo neoliberal y la discusión acerca de las políticas cambiarias frente a un escenario de virtual guerra de divisas entre las potencias mundiales centraron buena parte de la atención del seminario organizado en forma conjunta por la Comisión Nacional de Valores, Cemop de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Cefid.ar. Y allí surgieron dudas y cuestionamientos acerca de si Brasil o Uruguay, por ejemplo, están haciendo lo correcto en sus políticas de sobrevaluación de sus monedas, o si en realidad no están respondiendo a preceptos de un modelo que ya no les pertenece a sus economías y les están haciendo pagar un costo inútil a sus sectores productivos.

No es casual que, en ese marco, hayan surgido elogios al rol activo que está cumpliendo la autoridad monetaria en Argentina a favor de la producción y el desendeudamiento externo. Porque allí reside precisamente uno de los ejes del debate mundial actual entre una ortodoxia neoliberal que aún no asume las responsabilidades por haber generado una crisis global, y una heterodoxia que no termina de diseñar una teoría alternativa que englobe las distintas respuestas que se ensayan al nuevo escenario mundial.

El debate sobre el rol de los bancos centrales también atraviesa las distintas formas de respuesta ante la crisis. En Estados Unidos, la tarea encomendada a la Reserva Federal es no sólo garantizar la estabilidad de precios sino también fomentar el crecimiento y el pleno empleo. La estrecha vinculación entre la política económica y el funcionamiento de la Reserva Federal se ha puesto de manifiesto en plena crisis financiera. Mientras el gobierno de Estados Unidos lanzaba una política agresivamente expansiva, con transferencias al sector privado de cientos de miles de millones de dólares y un déficit fiscal superior al billón de dólares, nadie hubiera esperado una política restrictiva de la autoridad monetaria que privilegiara la preservación del valor de la moneda.

En cambio, el Banco Central Europeo limita sus funciones a proteger el valor del euro y evitar la inflación, imponiéndoles brutales ajustes a los países que enfrentan altos niveles de endeudamiento y deficit fiscales. La defensa del euro ante todo, aun sobre el hambre y el sudor de sus pueblos.

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países, a fines de la década del ’80, que, siguiendo el auge de las teorías monetaristas que nutrieron a los modelos neoliberales, modificó la carta orgánica del banco central para independizarlo de la política económica. China es un ejemplo de prácticas contrarias. Su banco central no es en absoluto autónomo; de hecho, funciona como un ministerio más. Y a juzgar por la fortaleza del yuan, la fuerza de sus reservas y el crecimiento económico incluso en plena crisis mundial, no le va nada mal.

En la región latinoamericana, se dan situaciones diversas, con bancos centrales de autonomía relativamente elevada (Chile) o modelos mixtos, en los que las decisiones de la autoridad monetaria se adoptan en un consejo monetario del que participan también los ministerios de Hacienda y Planificación (Brasil).

Pero la discusión sigue abierta. La crisis financiera dejó al desnudo las fallas de control y regulación sobre el sistema bancario, y los supuestos méritos de privilegiar la estabilidad monetaria por sobre otras políticas económicas volvió a quedar en controversia. Sin embargo, sus responsables no se hacen cargo.

La mesa convocada para tratar “los modelos centrados en el endeudamiento externo y el mito de la insuficiencia del ahorro” dejó de lado el tono académico que sugería su composición, para convertirse en un animado intercambio sobre la disputa política que significó recuperar el debate sobre las ideas económicas en Argentina, tras las falacias que impuso el modelo neoliberal. “La ortodoxia perdió la batalla histórica, pero sigue prevaleciendo en la teoría, porque desde la heterodoxia no se elaboró una explicación alternativa tan sencilla del funcionamiento de la economía”, planteó Benjamín Hopenhayn, uno de los referentes clave del Plan Fénix. Jorge Gaggero, investigador del Cefid.Ar, señaló que durante los ’90 funcionó “un aparato de represión cultural que silenció a las voces disidentes”.

El aporte teórico más atractivo estuvo a cargo de Fabián Amico, investigador de la Universidad Nacional de Luján, quien hizo una pormenorizada demostración de la falacia del ahorro externo como sostén de la inversión, como compensador de la insuficiencia del ahorro interno. “El crédito externo no cubre una insuficiencia del ahorro nacional, sino un déficit de divisas”, señaló. Amico advirtió que el mito del ahorro externo fue la excusa para generar la dependencia del crédito externo y encerrar a la economía en una trampa financiera de la que no podría salir hasta el estallido del 2001.

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, recordó que a fines de los ’90, en plena crisis de la convertibilidad, se insistía en que “sin ahorro externo no se podía seguir” y se volvió a recurrir a Domingo Cavallo como salvador. “El mismo que había nacionalizado la deuda externa privada en 1982, que privatizó todo durante el menemismo, llegó en el 2000 con la propuesta de privatizar la recaudación fiscal. Ahí estaban Juan Alemann y la banca internacional esperando para hacerse cargo, pero se lo bloqueamos entre un grupo de audaces y el sindicato de la DGI. Hubiera sido la culminación del ciclo de Cavallo: atar la recaudación al pago de la deuda”.

Hopenhayn hizo referencias a las transformaciones en el escenario mundial que obligan a un cambio en las teorías heterodoxas, que aún está pendiente. “El déficit en el comercio y las inversiones ya no explican la necesidad de divisas; las transacciones en moneda extranjera representan tres veces los movimientos por aquellos conceptos”, subrayó. “Este predominio especulativo siempre termina en burbujas, hasta que explotan para volver al equilibrio”, dijo, para rematar, “la pregunta es cuánto tiempo nos dará la próxima crisis para transformar nuestras economías”.

Jorge Gaggero, investigador del Cefid.Ar, hizo un entretenido relato en torno de “la farsa” del combate mundial a la fuga de dinero y los paraísos fiscales. “Los principales autores que dan estimaciones de fuga son ex funcionarios del FMI o el Banco Mundial, al igual que los creadores de Transparency International, que entre los 20 países mejor rankeados por nivel de decencia, diez son paraísos fiscales.” Y remató con un dato escalofriante: entre 2001 y 2010 se fugaron unos 5,2 billones de dólares de los países del Hemisferio Sur, “un monto equivalente a los fondos de ayuda que aplicaron la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para contrarrestar la crisis; es decir, financiamos completa la crisis global”.

Federación Agraria convocó a “una jornada de protesta contra el aumento desmedido” de la importación de carne de cerdo procedente de Brasil. La medida tendrá lugar el martes 19 de este mes “frente a las plantas frigoríficas de importación y en las rutas de acceso” por donde ingresan en el país los camiones con carne de cerdo de Brasil. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad agraria, en base a información del Senasa, la importación en los primeros dos meses del año aumentó en un 84 por ciento respecto del mismo período del año anterior. La importación de pulpa de cerdo perjudica principalmente a los pequeños productores, ya que el núcleo de grandes criadores tienen establecimientos integrados (crían, engordan y faenan). “Están destruyendo el esfuerzo de recuperación del sector de los últimos dos años”, se quejaron dirigentes del sector.

Los pequeños productores de cerdo se declararon en situación “crítica”, al no poder vender su producción. La industria del chacinado (producción de fiambres) les estaría comprando a los importadores la pulpa de cerdo a un valor más barato que el costo de procesamiento local. “La diferencia es de aproximadamente 10 a 12 pesos por kilogramo”, señaló un dirigente de Federación Agraria ayer, apuntando además que la entrada de pulpa de cerdo “y no de media res, está destruyendo parte de la industria, porque reemplaza trabajo local”.

Sin embargo, es otro sector de la industria el que se beneficiaría. Voceros del sector gremial empresario apuntan sobre dos grandes criaderos de cerdo que, además, tienen faena propia, y un gran productor de chacinados con posición dominante en el mercado. Entre los tres, habrían capturado la parte más rentable del negocio y estarían condenando al resto a sufrir las consecuencias de la competencia importada. Por otra parte, el gran productor de chacinados señalado es el principal actor en la importación de pulpa de cerdo desde Brasil, lo cual consolida su posición dominante.

En este contexto, los productores solicitaron con “carácter de urgencia” una audiencia con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para que intervenga ante esta situación. Omar Barchetta, vicepresidente de la Federación, recordó que el 23 de marzo ya le habían planteado el problema al ministro, quien “se comprometió a tratar de ver cómo se frena, pero aún no hubo respuesta”. La entidad reclama que el Gobierno “regule la entrada de cerdos, porque invaden el mercado y hacen que baje el precio del producto argentino; el productor no puede esperar cuando su animal está listo para la venta”.

La actividad de producción porcina había recibido un fuerte impulso oficial el año pasado, que está en pleno proceso de desarrollo. Los pequeños productores temen que el esfuerzo se vea frustrado si no se toman los recaudos a tiempo.

Los trabajadores en relación de dependencia que sufrieron descuentos en sus sueldos como anticipo del impuesto a las Ganancias entre enero y marzo de este año comenzarán a recibir, en el sueldo de abril, la compensación por lo descontado en exceso. La nueva tabla de deducciones impositivas conocida el viernes último aumentó en un 20 por ciento los valores vigentes para el año 2010, en forma retroactiva sobre los ingresos a partir de enero de 2011. Pero como las deducciones anteriores (las de 2010 con un aumento también del 20 por ciento sobre 2009) rigieron sólo hasta diciembre sin que una ley del Congreso las ratificara, muchos empleadores aplicaron entre enero y marzo de este año otra vez la vieja escala de deducciones vigente hasta diciembre de 2009. Por lo tanto, la diferencia a recuperar por los anticipos en exceso del primer trimestre de este año resulta mayor.

La nueva tabla de deducciones del impuesto a las Ganancias para las personas físicas e indivisas, por el período fiscal 2011, aumentó en un 20 por ciento las vigentes para el período fiscal 2010. Estas deducciones son las que corresponde descontar de las ganancias netas (después del descuento de aportes por jubilación, obra social, cuota sindical, etc.) del trabajador en relación de dependencia para poder determinar la ganancia “imponible”.

Pero la AFIP está facultada solamente a tomar resoluciones sobre el régimen de anticipos del impuesto (pagos a cuenta). Es decir, las retenciones que mensualmente le debe aplicar el empleador a su personal alcanzado por el tributo. La determinación del impuesto, lo que constituye la ganancia imponible, sólo puede ser fijado (y modificado, consecuentemente) por ley del Congreso de la Nación.

Lo habitual, a lo largo de muchos años, era que el Congreso ratificara por ley las modificaciones por aumento en las deducciones en algún momento posterior a la resolución de la AFIP (antes, la DGI), sin demasiada trascendencia y muchas veces en la última sesión del año, dentro de un megapaquete de leyes sin debate ni tratamiento en particular. Pero este año la oposición convirtió la suba de las deducciones en una bandera a pelearle al Gobierno, después de haber dejado sin Presupuesto al Ejecutivo para este año. Conclusión: las modificaciones de deducciones en julio de 2010 no fueron ratificadas.

Así, muchas empresas, interpretando estrictamente la ley, a partir de enero de este año, no siguieron aplicando las deducciones que la AFIP estableció a partir de julio de 2010, sino las vigentes para 2009, antes del aumento del año pasado (también del 20 por ciento). En esos casos, la recuperación que corresponda practicar a partir de abril será mayor a la que surgiría de la sola aplicación del aumento de deducciones anunciado el viernes pasado.

La resolución general 3073 de la AFIP de ayer lleva como Anexo la tabla de deducciones que deben tomarse en cuenta por cada mes, desde abril a diciembre de este año. El monto de deducciones es acumulado, es decir que para el cuarto mes del año toma el proporcional de las deducciones anuales (la tercera parte). De esa forma, automáticamente ajusta las deducciones de los meses anteriores, porque las calcula para todo el cuatrimestre al valor de la nueva escala. Al impuesto que así se determine se le descontarán los anticipos retenidos en los meses anteriores, para definir el valor del nuevo anticipo. Si los anticipos anteriores fueron más que proporcionales a los que ahora corresponderían de acuerdo con las nuevas deducciones, el anticipo neto del cuarto mes será menor. O nulo, pasando el saldo a favor del contribuyente al mes siguiente.

Esto ocurrirá, principalmente, para los salarios más bajos y más cercanos al anterior mínimo imponible (5800 pesos mensuales para casados con dos hijos). Incluso, si quedaran por debajo de los 8000 mensuales, no le correspondería pagar más anticipos. Los anticipos anteriores le quedarían como saldo a favor, pero de la resolución de la AFIP no surge de qué modo, en estos casos, lo recuperarían.

La petrolera Shell no necesitó demasiado tiempo para meditarlo. No habían pasado 24 horas desde que la Secretaría de Comercio hiciera pública la resolución que deroga el congelamiento de precios y ya había decidido otra vez “hacer punta” con los aumentos de combustibles. Tampoco se “anduvo con chiquitas”, ya que el ajuste resuelto sobre los precios del surtidor promedia el 4,8 por ciento en todo el país (hasta 7 por ciento en algunas provincias). El aumento aplicado es más del doble del que había dispuesto la misma empresa en febrero, que motivó la resolución de Comercio obligando a retrotraerlo. Fuentes de las otras petroleras principales que comercializan combustibles de sus propias marcas señalaron que seguirán monitoreando el mercado, pero todavía no han tomado ninguna resolución sobre modificar los precios.

En un mercado oligopólico como el de combustibles, cualquier modificación de precios provoca una distorsión que no se resuelve mediante la competencia. El precio de la nafta súper de Shell en Capital Federal era hasta ayer de 4,14 pesos por litro, contra alrededor de 3,93 de YPF. A partir del aumento dispuesto ayer, el primero se eleva a 4,37 pesos. En una carga habitual de 40 litros, la diferencia entre cargar una marca y otra se estira ahora a más de 17 pesos, más del 10 por ciento del valor total de la carga. Este factor indudablemente impulsará a los automovilistas hacia los surtidores de YPF en forma masiva. Pero por las limitadas condiciones de la oferta, en vez de resultar un buen negocio para esta última, el resultado será –como ya ocurrió otras veces– el desabastecimiento de las estaciones de la marca YPF. En definitiva, YPF también se verá arrastrada a aumentar para no verse perjudicada por largas colas de automovilistas insatisfechos.

Este funcionamiento imperfecto del mercado sustituye la cartelización, es decir, el acuerdo de precios entre las empresas para aumentar, pero con los mismos resultados: el aumento generalizado y unificado, aunque con discrepancia de unos pocos días. Frente a esta perspectiva, cada vez que se produce un aumento estacional de la demanda –como sucede en verano por los automovilistas que salen de vacaciones, y en invierno por la demanda del campo para la cosecha–, el Gobierno incorporó en el último año el mecanismo del congelamiento de precios por resolución de Comercio. Esta “solución” temporaria ahora enfrenta el desafío que ayer le arrojó sobre la mesa Shell al aplicar un aumento sensiblemente mayor al esperado.

La falta de regulación de este mercado no competitivo lleva a que todas las empresas terminen aumentando los precios más allá de sus diferencias en materia de integración vertical. YPF, Esso (ahora en manos de Bridas) y Petrobras procesan el crudo que extraen de sus propios pozos, mientras que Shell debe comprarles el petróleo a terceros. Sin embargo, es la última la que “fija” los precios del mercado, al liderar los aumentos. No es cartelización, pero se parece.

El aumento aplicado por Shell en la nafta súper es del 5,5 por ciento. La V-Power, que pasó de 4,89 pesos a 5,09, tuvo un incremento del 4,1 por ciento. El diésel, en tanto, subió también 20 centavos, equivalentes al 5,3 por ciento. Estos valores, cabe aclarar, son los vigentes desde ayer para la Capital Federal. En el resto del país, como es habitual, los precios varían para arriba, así como los aumentos, que en algún caso alcanza al 7 por ciento. El aumento que había aplicado Shell en los últimos días de enero (que provocó la resolución 13 de Comercio retrotrayendo y congelando los precios al 28 de enero) oscilaba entre el 2 y el 3,6 por ciento. Es decir, la mitad del aplicado ahora (que va del 4 al 7 por ciento). La firma Shell justificó la suba por “el aumento en el costo de la materia prima en febrero y marzo, además de los acordados para abril”, aludiendo a los contratos de abastecimiento de crudo para sus refinerías.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, la participación de YPF en el mercado de combustibles alcanzaba en el primer bimestre al 60 por ciento. Cabe recordar que Petrobras está a punto de oficializar la venta de parte de su red de estaciones Oil, lo cual repartiría su actual participación en el mercado.

La nueva corrida alcista en el precio mundial de los alimentos vuelve a poner en el primer plano del debate internacional a las políticas agropecuarias. Tras casi un lustro en el que las cuestiones ligadas a los reclamos del sector primario colocaron al gobierno nacional a la defensiva, hoy las condiciones de esta confrontación parecen haberse revertido. Un puñado de propuestas que el Ejecutivo tiene en carpeta para el agro, y que irán surgiendo a la luz pública en las próximas semanas, volverá a centrar las discusiones económicas en temas del sector, pero esta vez a partir de iniciativas del Gobierno. La nueva ley de tierras para frenar la extranjerización y condiciones para la comercialización de granos que favorecerán al movimiento cooperativo por sobre los intereses monopólicos de las cerealeras multinacionales forman parte de ese menú, en estudio avanzado y en manos de los diseñadores de política y estrategia del gobierno nacional.

No es la única diferencia con respecto al estado de cosas previo a la crisis de las retenciones de marzo de 2008. Esta vez, además, la Mesa de Enlace no está en condiciones de mostrar un frente homogéneo para oponerse a la posición del Gobierno. Más aún: un sector de la Mesa ya ha hecho saber su simpatía con las propuestas que el Gobierno está por lanzar. En tal sentido, los chispazos entre Eduardo Buzzi y sus (¿ex?) socios de la Mesa de Enlace, Hugo Biolcati y Mario Llambías, a raíz del recuerdo que hizo el primero de las relaciones entre sus entidades (Sociedad Rural y Confederaciones Rurales) y la dictadura militar, quizá deberían leerse más en clave de los debates que se vienen que en un arranque de principismo ideológico del jefe actual de la Federación Agraria. Horas antes de aquellas explosivas declaraciones (“ellos pusieron los funcionarios; nosotros, los desaparecidos”), que sorprendieron a propios y extraños, Buzzi se había reunido con las autoridades del Ministerio de Trabajo (Carlos Tomada y Noemí Rial) para acordar algunos puntos básicos de un plan de lucha contra el trabajo esclavo en el campo. Lo que para muchos era, simplemente, “una condición natural” de las labores rurales, sobre todo en tareas como la producción de semillas o el cultivo de algodón o yerba mate, que requiere del uso de mano de obra intensiva durante jornadas consecutivas, se convirtió en una situación socialmente intolerable cuando se visibilizó.

Para el peso político y el prestigio relativo de la Mesa de Enlace en ciertos sectores de la sociedad –las clases alta y media–, las denuncias e imágenes sobre el trabajo esclavo fueron un baldazo de agua fría. La incorporación tecnológica, la modernización del campo, la elevada rentabilidad surgida de los valores internacionales y la fuerte inserción de la producción argentina en el mercado mundial, mostraron su más oscura contracara. El sayo recae principalmente sobre las más grandes explotaciones rurales, grandes terratenientes y algunas empresas cerealeras internacionales. Buzzi consideró que no tenía por qué hacerse cargo y tomó distancia del tema. Luego, con la cuestión de las responsabilidades en la dictadura, directamente dinamitó los puentes.

La Sociedad Rural, a través de Biolcati, dio algunas respuestas ambiguas y oscilantes (“es bueno recordar lo que pasó, lo malo es que se ideologice”). Más discretamente, la entidad rechazó en estos días el cargo que le correspondía asumir al frente del Registro Nacional del Trabajador Rural (Renatre), el órgano mixto encargado de la supervisión de la situación laboral en el campo, cuya presidencia es rotativa. Alguien le habrá advertido a Biolcati sobre la inconveniencia de ocupar esa silla justo cuando llueven las denuncias por reducción a la servidumbre rural.

Las próximas estaciones en el camino que aleja a la Federación Agraria de la Mesa de Enlace estarán dados por el proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra que enviará el Ejecutivo al Congreso, y dos normas sobre comercio exterior que provocarán mucho ruido en el ámbito rural. Del proyecto de extranjerización no se conoce la letra chica, salvo que el Gobierno está trabajando sobre el modelo de ley de protección de tierras que rige en Brasil. Hubo reclamos de voces cercanas al –o desde las propias entrañas del– Gobierno que sugirieron tomar en cuenta, principalmente, el uso que se le da a la tierra, más que la nacionalidad del capital. “Hay grupos poderosos argentinos que hacen estragos con cursos de agua o cortan el acceso a un bien de uso público, como hay también capitalistas extranjeros que han convertido en reservas naturales para su preservación las áreas que han comprado”, advierten desde esos flancos. El proyecto que está a punto de recorrer el camino de Plaza de Mayo hasta la del Congreso, por ahora, no lo contempla.

Pero hay otras dos cuestiones en carpeta que tendrán un efecto más inmediato si se concretan, tanto en lo político como en lo económico. No son proyectos de leyes sino medidas administrativas de comercio exterior. Uno es la imposición de cupos a la importación de cerdos o alguna medida similar que trabe el ingreso libre de ese producto. Los productores denuncian que los frigoríficos dejaron de comprar cerdos en el campo porque se están abasteciendo desde Brasil. El país vecino les está vendiendo pulpa de cerdo, con lo cual se cubre el abastecimiento para cubrir la oferta de fiambres y de cortes principales de venta al mercado interno. “Un par de chacinadores, que concentran la oferta de fiambres y cortes envasados de mayor venta, está destruyendo la recuperación del sector, importando un solo corte”, se quejó un dirigente de la producción días atrás frente a las autoridades nacionales del sector. La respuesta no se haría esperar, aunque se descuenta el contraataque del lobby de los importadores y de los sectores más concentrados de la industria frigorífica.

El otro tema en carpeta es, por ahora, un as en la manga. Pero, para quienes están en el juego, está llegando la hora de ponerlo sobre la mesa. El Gobierno dispondría, mediante algún mecanismo que se encontraba en estudio, una reserva o protección de una porción del comercio exterior de granos (¿un 30 por ciento?) para el movimiento cooperativo. Un golpe audaz, que enfrentará al Gobierno con algunas de las expresiones más poderosas del sector dominante.

Todos estos temas correrán con el respaldo de Federación Agraria y la segura oposición de CRA y Sociedad Rural. Coninagro, a pesar de su habitual ambigüedad, difícilmente puede eludir el respaldo a medidas que favorecen sin posibilidad de discusión al sector agropecuario. Los últimos movimientos de Buzzi, incluso desorientando a los propios, parecen haber tenido una razón de ser: el conocimiento previo de un golpe de escena que podría iniciar el desenlace del capítulo final de la Mesa de Enlace: el de su fractura. Y no quiso quedarse de espectador o como asistente pasivo.

El Banco Mundial presentó un informe este último fin de semana ante la Reunión de Ministros de Finanzas de las Américas, en Canadá, en el que se destaca una suba del 48 por ciento en los precios de los alimentos a nivel internacional entre junio de 2010 y febrero de este año. Dicho salto acerca los valores actuales a los que provocaron la crisis de 2008. Algunos productos en particular, como el maíz o el trigo, son señalados como los impulsores de las revueltas iniciales en los países árabes, que cada vez parecen más una mancha extendida a toda la región. Otro trabajo presentado en la misma cumbre interamericana, pero esta vez surgida del FMI, coincide no sólo en la preocupación por las consecuencias del alza de los alimentos sino que, además, subraya que su impacto es siempre más grave en los países pobres. “Los más golpeados y los que menos responsabilidad tienen en las subas”, apunta el trabajo firmado por Rabah Arezky y Markus Brückner.

Los centros de poder mundial y los organismos internacionales que les son funcionales, están tomando nota de este nuevo escenario mundial. Precios de alimentos y conflictividad mundial están adoptando una interrelación peligrosa. Los países exportadores periféricos enfrentarán una nueva presión de los más poderosos para imponerles condiciones en el próximo encuentro del Grupo de los 20 de ministros de agricultura, el 22 y 23 de junio. Argentina, uno de ellos, se prepara para tales instancias, ordenando su frente interno. Quizás allí resida uno de los ejes de la batalla política que se avecina, con un escenario doméstico cada vez menos ajeno a los acontecimientos en el plano mundial.

No los unió el amor, decían, sino el espanto de que las retenciones móviles les recortaran, aunque fuera en parte, las súper ganancias que producía el record histórico del precio de la soja (año 2008). Ahora se vuelven a desunir, pero no por desamor ni por alivio ya pasado el espanto. Fue el Día de la Memoria el que le refrescó la “ídem” a Eduardo Buzzi para ver que sus actuales compañeros de ruta eran los socios de una dictadura que despedazó, literalmente, a una generación para volver a controlar los resortes del poder económico y político.

El camino recorrido por la Sociedad Rural en más de un siglo de historia es por demás coherente como para no asombrarse de encontrarla colaborando con la dictadura del ’76. Pero su aporte viene de antes, cuando empezó a trabajar en el armado del escenario para posibilitar el golpe.

Sociedad Rural y Confederaciones Rurales advirtieron tempranamente que la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, abría la oportunidad para trabajar en una paciente labor de desgaste que acabara con el gobierno heredado por Isabel Martínez. A fines de ese año, ya habían constituido el denominado Comité de Acción Agropecuaria, un grupo de choque contra las políticas intervencionistas del gobierno.

Según cita Vicente Muleiro en su libro 1976, El Golpe Civil, en dicho comité participaron Coninagro y Federación Agraria, aunque esta última “con algunas discrepancias”. Una frase recurrente tras la experiencia reciente de la Mesa de Enlace.

Ya en 1975, los factores de poder económico se lanzaron a una abierta ofensiva contra la gestión oficial, rechazando todo tipo de regulación y caracterizando la situación, permanentemente, como “un insoportable estado de anarquía”. La expresión llevaba directamente a pensar en “vacío de poder”, y si había vacío alguien debía ocuparlo. Pero todavía se darían algunos meses para proponer cómo.

Dentro de esos núcleos empresarios de presión contra el Estado se destacó el papel de las organizaciones agropecuarias. El ya mencionado Comité de Acción Agropecuaria lanzó cinco paros durante ese año 1975, con una secuela de desestabilización pocas veces igualada. Si se pretendía sembrar un clima de caos, el desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos le caía como anillo al dedo. Su impacto fue, incluso, mayor –según quienes analizaron y escribieron sobre los acontecimientos de época– al que logró el conjunto de organizaciones empresarias con el lockout nacional del 16 de febrero de 1976, empujón final a una democracia que ya estaba condenada.

El conglomerado que lanzó este último lockout también tuvo una actuación estelar de la Sociedad Rural. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) nace como expresión de esa clase dominante necesitada de sacarse de encima las ataduras de un Estado que pretendía regularla y administrar la economía en favor de objetivos sociales. En defensa de las libertades nació Apege, que tuvo a Celedonio Pereda (presidente de SRA), José Alfredo Martínez de Hoz (socio notable y descendiente directo de dos presidentes de la Rural), Jorge Zorreguieta (Centro Azucarero, hoy consuegro de la reina de Holanda) y Jorge Aguado (CRA), entre sus figuras notables.

Con la dictadura ya instalada, la historia es conocida. Martínez de Hoz resultó la mejor síntesis para expresar el modelo de apertura, desindustrialización y concentración económica que iba a imponerse. La Sociedad Rural cedió a “uno de sus mejores hombres” para ocupar el cargo clave tras el golpe y por cinco años. Su preponderancia, y la de los intereses que representaba, fue tal que cuando Estados Unidos declaró el embargo contra la Unión Soviética, Argentina no adhirió para no perder el negocio de venta de cereales a esa potencia (marzo de 1977).

Nada de esto era desconocido en 2008, cuando la Mesa de Enlace pretendió igualar a “chacareros”, hacendados y fondos de especulación en un mismo reclamo contra el Gobierno, y transformó un reclamo sectorial en un intento desestabilizador. La Memoria vale, aunque tarde en llegar. Sea, entonces, bienvenida.

Tres de las firmas cerealeras líderes en la exportación de granos y aceites, Louis Dreyfus Argentina, Bunge Argentina y Oleaginosa Moreno, fueron suspendidas por la AFIP del Registro de Operadores de Granos, por irregularidades en sus operaciones. Concretamente, la oficina responsable de la administración tributaria y aduanera las denunció por realizar “triangulaciones nocivas, utilizar paraísos fiscales y registrar maniobras financieras con el exterior”. El organismo señaló que, “puntualmente, en el caso de Bunge Argentina, también se la sancionó por la utilización de facturas apócrifas”. La medida obliga a las cerealeras a “regularizar su situación ante el fisco” en un plazo de 60 días o, en caso contrario, “serán excluidas del Registro de Operadores de Granos”, según advirtió la AFIP.

Hace apenas tres semanas, la misma medida había sido tomada con Cargill Argentina, ADM Argentina y Alfred Toepfer, estas dos últimas pertenecientes a un mismo grupo empresario, por similares motivos. Las operaciones de triangulación en la exportación de granos y aceites es una práctica bajo la lupa desde hace casi una década, ya que se sospecha que podría ser una maniobra utilizada para evadir tributos subfacturando el valor de la operación mediante una venta ficticia.

Dreyfus, Bunge y Moreno pertenecen al lote de las principales compañías exportadoras del llamado complejo oleaginoso. Según una investigación para este diario del economista y docente de la Universidad de Rosario Sergio Arelovich, estas empresas tienen a sus respectivas firmas controlantes radicadas jurídicamente en paraísos fiscales. La empresa controlante de Bunge está radicada en las islas Bermudas. Oleaginosa Moreno, perteneciente al grupo estadounidense Glencore, tiene a su sociedad controlante radicada en Baar, Suiza. Dreyfus tiene un controlante nómade, ya que en apenas diez años se mudó de París a Londres, de allí a Amsterdam para asentar domicilio fiscal, al menos por ahora, en Ginebra, Suiza. La forma en que se utilizan esos paraísos fiscales y su relación con el cumplimiento de las obligaciones con el fisco es, justamente, lo que ahora la AFIP investiga.

El mismo análisis de Arelovich daba cuenta de la llamativa magnitud del comercio intrafirma, es decir, “las ventas declaradas por las compañías extranjeras radicadas en Argentina cuyo receptor, en los países importadores, son las mismas empresas controlantes, otras controladas o vinculadas”. De allí nace la sospecha de maniobras de triangulación para eludir o evadir impuestos en la Argentina. “Esto no es nuevo, son maniobras cuya existencia se conoce desde hace rato”, subrayó Arenovich, aunque sin restarle importancia a la investigación de la AFIP.

Según el investigador mencionado, en al menos dos de las seis empresas denunciadas y suspendidas por la AFIP del Registro de Operaciones, se verifica que más del 80 por ciento de sus ventas externas tuvieron por destinatario a firmas vinculadas. “Cargill afirma haber facturado en el ejercicio cerrado en febrero de 2010 a su controlada y a dos vinculadas el 82 por ciento de sus ventas. También Dreyfus, que declara haber facturado el 95 por ciento a sus asociadas, entre las que se destacan Nethgrain BV y Urugrain.” Esta última firma es una de las tantas creadas bajo la figura de “sociedades anónimas financieras (SAFI)” en Uruguay, dedicadas a la recepción de exportaciones argentinas para refacturarlas a otros destinos. Al accionar de estas empresas, la AFIP lo denomina sutilmente “planificación fiscal nociva”.

En el comunicado de ayer, la AFIP destacó que “el Registro de Operadores de Granos resulta un pilar esencial para el control de la evasión por parte de la AFIP, ya que posibilita contar con un universo acotado y verificado de los integrantes de la cadena de comercialización de granos, (pudiendo dar lugar a) la pérdida de beneficios de alícuotas diferenciales de retenciones (por Impuesto a las Ganancias e IVA) a aquellos operadores que denoten una incorrecta conducta fiscal, tal como los casos señalados”, en referencia a Bunge, Dreyfus y Oleaginosa Moreno en esta tanda, y Cargill, ADM y Toepfer en la anterior. Adicionalmente, se les limitaría las Cartas de Porte que se emiten para habilitar el transporte de los granos. En el caso de ser excluidas del Registro, las compañías sufrirían un incremento del actual 2 al 15 por ciento en las retenciones sobre la venta de granos en el mercado interno, además de tener que ingresar un IVA del 10,5 por ciento.

La zona de Japón afectada directamente por el terremoto y el tsunami, el noreste de la isla, no es económicamente la más significativa. Representa menos del 7 por ciento del PIB que genera todo el territorio nacional. La mayoría de las plantas cerradas inmediatamente después del desastre han ido reabriendo en la semana siguiente. La capacidad económica y financiera de Japón prácticamente no dejan dudas de que podrá afrontar la reconstrucción de su infraestructura más dañada sin problemas para obtener los fondos necesarios. Y sin embargo, existe en todo el mundo la sensación de que habrá un impacto inevitable sobre la economía global, incluso el riesgo de una reedición de las condiciones para una nueva crisis económica mundial. Pese a lo dicho anteriormente, no faltan razones para pensarlo.

Y es que más allá de la evaluación que pueda hacerse en materia de pérdidas económicas inmediatas o las que puedan proyectarse –todavía es prematuro hacer cálculos definitivos–, lo sucedido en la tercera economía del mundo (hasta hace pocos meses, la segunda), el golpe sobre algunas de las ramas industriales en las que Japón ejerce un indiscutido liderazgo y la demostración de la debilidad de ciertos eslabones del encadenamiento económico planetario frente a este nivel de catástrofes, vuelve a poner en cuestionamiento a todo el sistema.

Por el renombre de sus marcas y la dimensión mundial de su producción, el parate resuelto de inmediato por las mayores automotrices japonesas empalideció rostros en todo Occidente. Más de veinte plantas automotrices pertenecientes a Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan y otras marcas menores decidieron paralizar las actividades simultáneamente tras la tragedia. La reapertura de muchas de ellas en la semana siguiente restableció en parte la calma. Pero el mundo pasó por la sensación de que no sólo las fábricas instaladas cerca de la zona de la tragedia, sino toda una red de filiales fuera de la isla que se abastece de las partes y repuestos que aquéllas fabrican, podrían verse paralizadas ante un acontecimiento ajeno al manejo de los factores de poder económico y político. No faltó, en ese contexto, quien propusiera repasar las ventajas y desventajas de un sistema cono el “just in time” de los japoneses, que significa llegar “justo a tiempo” con la pieza o el repuesto requerido, sin necesidad de formar abultados stocks, lo que rebaja notablemente los costos fijos pero expone a toda la cadena productiva a muy altos riesgos si algo falla en el camino.

El complejo automotor no fue el único que encendió luces de alarma en estas jornadas. Otros rubros, incluso, las mantienen encendidas. El renglón de los componentes electrónicos es otro en el que el poderoso país asiático tiene un peso internacional más que relevante. En este caso, firmas como Texas Instrument o Toshiba han sentido un impacto directo por tener plantas en la zona afectada. La primera, fabricante de conductores eléctricos, es una fuerte proveedora de insumos a la industria de aparatos eléctricos de la más diversa gama. Su planta principal podría demorar varios meses en recuperar su normalidad. Aunque no es la única en condiciones de abastecer dichos elementos, su salida por varios meses del mercado se hará notar. Otro tanto sucede con Toshiba, la productora de los novedosos tableros iPad, cuya planta en Iwata todavía no tiene fecha cierta de reapertura.

Sony y Sumitomo son otros dos de los nombres relevantes, la primera en productos electrónicos, la segunda como productora de acero, cuyas parálisis temporarias han provocado marcada inquietud. La primera se vio obligada a paralizar temporariamente ocho plantas, mientras que la siderúrgica debió informar a su mayor cliente, la armadora naval Hyundai, de Corea del Sur, que tenga a mano proveedores alternativos para la chapa que requieran sus barcos una vez que se agote su stock.

Pero no sólo la industria japonesa mereció la atención del resto del mundo y dio lugar a especulaciones sobre sus efectos futuros. Toda la industria nuclear del mundo se vio conmovida por las dudas que se plantearon sobre la seguridad de las plantas atómicas, tras el accidente en la central de Fukushima y en la demora en superar la contingencia. Aunque no todas las sospechas son legítimas: hay mucha especulación de sus competidoras europeas, que pelean por mercados mundiales multimillonarios en provisión de medicina nuclear y otros rubros relacionados, que se beneficiarían del desprestigio y la desconfianza hacia sus colegas niponas.

El otro costado del tema es el impacto en la provisión de energía eléctrica de Japón, que depende en casi un 30 por ciento de la fuente nuclear, aunque su importancia es mayor porque es la única que no depende de la importación. Japón no produce petróleo ni gas –aunque sí refina–, por lo que depende del abastecimiento externo para su uso como combustible en las centrales térmicas.

Un párrafo aparte merece la repercusión financiera que pudo tener la crisis nipona. Tokio no es sólo uno de los principales centros financieros del mundo, sino que el gobierno japonés es uno de los mayores deudores –su pasivo externo equivale a dos veces su PIB anual– y, al mismo tiempo, es un gran acreedor de Estados Unidos. Gran parte de las reservas del Banco Central están compuestas por títulos y bonos de la deuda estadounidense, por un valor de mercado del orden de los 890 mil millones de dólares. Si necesitara recurrir a la liquidación de esos papeles para hacerse de fondos para la reconstrucción, podría provocar la hecatombe financiera de la economía más poderosa de Occidente. Ese riesgo, por sí solo, garantiza que no le faltará quien lo financie, por más abultada que sea su deuda.

Julián Domínguez inaugura el encuento de la Canpo. Guillermo Martini (centro), su coordinador nacional.
Imagen: Télam.

Julián Domínguez y Carlos Zannini le dieron impulso ayer a la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) al inaugurar un encuentro de debate de políticas para el sector que le serán presentadas a la Presidenta de la Nación el 20 de abril en el Luna Park. El nucleamiento reúne a técnicos, profesionales, productores, cooperativistas, comercializadores y militantes vinculados con el sector agropecuario “que asumen un fuerte compromiso con el modelo económico del Gobierno”, según definió Guillermo Martini, coordinador nacional de la Canpo. Más de 900 participantes –se acreditaron 752 técnicos pertenecientes a organismos públicos y al sector privado– formaron parte ayer del plenario y las mesas de debate del encuentro, que hoy culminará con la lectura y aprobación de las conclusiones, que abarcarán desde propuestas de políticas de precios y la defensa de los derechos del pequeño y mediano productor, hasta la participación del Estado en el control de la distribución y comercialización agropecuaria.

La Canpo se plantea como “un espacio técnico-político sectorial, con un abordaje político de los temas agropecuarios para elaborar propuestas que signifiquen el apoyo, la defensa y la profundización del modelo económico”, señaló Martini a Página/12. “Ocupa un espacio vacío en la política sectorial, un área en la que el proyecto nacional perdió la hegemonía con el conflicto por las retenciones y dejó pendiente una discusión sobre el modelo de país; nos proponemos dar el debate desde este espacio”, sostuvo.

Domínguez y Zannini hablaron ayer más como referentes del sector, en lo sectorial y político, que como ministros de Agricultura y secretario Legal y Técnico, respectivamente. “No existen las casualidades –disparó Domínguez en el discurso de apertura en Parque Norte–, siempre supimos lo que hicieron los grupos concentrados, las grandes corporaciones que pretendieron involucrar a todo el pueblo argentino en la defensa de sus intereses”, dijo rememorando el 2008. Ahora, reclamó, hay “necesidad de salir a defender lo que hemos hecho, que es mucho, y cómo se ha beneficiado el sector agropecuario con ello”.

Zannini, a su vez, puso el eje en lo que significa el lanzamiento de esta nueva corriente. Señaló que la Argentina cuenta hoy con una masa crítica de cerebros “que puede pensar el país desde una nueva mirada, uno de cuyos ejes principales está puesto en la autonomía, la igualdad, la posibilidad de dar trabajo, en un país que incluya a todos (...). Esta generación es la que más responsabilidades tiene, porque es la primera que no tiene la persecución, que no tiene el exilio como futuro”.

Martini, que además es subsecretario de Agricultura Familiar, reconoció que en la batalla de modelos que se plantea en el sector agropecuario la Mesa de Enlace logró un protagonismo de mucho peso a partir de la pelea contra las retenciones. Pero señaló que en la Mesa “no todo es lo mismo”. “Claramente no tenemos ningún anclaje con la Sociedad Rural y CRA, pero tenemos mucha participación de gente ligada a la pequeña y mediana burguesía rural, muchos de los cuales tienen afiliación gremial en Federación Agraria o Coninagro. Con el cooperativismo tenemos mucho trabajo en común y propuestas que hacen eje en este tipo de organización de los productores. Acá participaron productores con el escudito de la Federación”, relató Martini.

Este encuentro de Parque Norte había sido inicialmente programado para hacerse el 28 de octubre en Mar del Plata, como lanzamiento para las discusiones regionales. La muerte de Néstor Kirchner, un día antes, alteró los planes y se decidió revertir el orden: primero las reuniones regionales y la culminación ayer y hoy, para volcar finalmente las propuestas en un gran acto en el Luna el 20 de abril. Allí aparecerán las ideas que aspiran a convertir en el plan “Cristina 2011” para el campo, según la fórmula imaginada por sus promotores.

La nueva cesión parcial del capital accionario de YPF, decidida por Repsol, le da una nueva pincelada al cambio de imagen en el panorama petrolero local. Antes, con diferencia de días, ocurrió el traspaso de todos los activos en el país de Exxon Oil, explotados bajo la marca Esso, a manos del consorcio Bridas-Pan American Energy, que ahora conforman la familia Bulgheroni y la empresa de capital chino Cnooc. Todos estos movimientos permiten configurar cómo está ubicada la Argentina –y esta región del mundo– en la consideración de los principales jugadores petroleros globales, ya sean empresas de primera línea (Esso o Repsol) o fuertes demandantes (China, en este caso). Ante ellos, la Argentina, geológicamente, no está entre los más atractivos del mundo para la búsqueda de hidrocarburos, pero posee reservas inexplotadas que, aunque escasas, pueden ser significativas a medida que se acerque el agotamiento mundial del recurso. Un horizonte no tan lejano.

Víctor Bronstein, titular del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, reseñó las diferentes estrategias empresarias. Consultado por Página/12, describió a Repsol como “una firma que no necesita conjugar su negocio con una política de soberanía energética de ninguna nación”. Explicó que, si bien la firma es española, su país de origen no tiene recursos, ni compite como un jugador de peso en el mercado mundial. Con sede central en Madrid, los principales capitales de Repsol están fuera de España. “En este sentido, es una empresa que no tiene patria. Buscan hacer negocios donde más les conviene, sin otro compromiso que sus intereses”, describió Bronstein.

Repsol posó sus intereses en la Argentina a mediados de los ’90, cuando accedió a la compra de YPF, el emblema nacional que el menemismo puso en venta. Por entonces, la dirección estratégica de Repsol parecía más comprometida con los intereses del gobierno español, en manos del Partido Popular (José María Aznar) para esa fecha. Bronstein describió aquella operación desde otro enfoque.

“Repsol necesitaba hacer pie en el upstream (exploración y explotación) en América latina. La Argentina no era geológicamente muy interesante, pero la privatización de YPF les dio una oportunidad que aprovecharon. Hoy ya están posicionados en Venezuela y Brasil, con proyecciones de negocios más atractivas. Pero van a necesitar plata para invertir y van a privilegiar esos países por sobre la Argentina. Es lógico que se desprendan de activos aquí por estrategia empresaria, aunque conserven el control de YPF. Además, la compra de YPF les generó una situación de endeudamiento de la que ahora tienen algún apuro en salir”, repasó.

El otro fenómeno destacado en el sector es el desembarco de capitales chinos, asociados a Bulgheroni. “Es el contraejemplo más claro”, apuntó Bronstein al respecto. “Al igual que Petrobras en Brasil, China tiene trazada una estrategia geopolítica de largo plazo. Saben que en veinte años el país va a duplicar su consumo energético. Por eso entró en Asia, en Africa y ahora lo está haciendo en América latina, para garantizarse participación en la explotación de reservas.”

El antecedente más cercano de inversiones chinas en la región son los acuerdos con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, para extraer crudo en el Orinoco y refinarlos en territorio chino en tres nuevas plantas diseñadas para procesar crudo pesado.

En la Argentina apuestan al crudo del subsuelo patagónico de la mano de Bulgheroni, pero también al procesamiento y la comercialización a partir de los ex activos de Esso. “Tienen metas de largo plazo, pero también logran rentabilidad de corto plazo –destacó Bronstein–, porque el downstream (refinación y comercialización) sigue siendo buen negocio en la Argentina, pese a lo que digan los refinadores.”

Tres grandes multinacionales de cereales fueron sancionadas por la AFIP bajo el cargo de “triangulaciones nocivas, utilización de paraísos fiscales y maniobras financieras con el exterior” en las operaciones de exportaciones de granos que realizan desde la Argentina. A partir de hoy, Cargill SA, ADM Argentina SA y Alfred C. Toepfer International Argentina quedarán suspendidas por 60 días del Registro de Operadores de Granos, que de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales les limitará el uso de cartas de porte (permisos de transporte de granos a puerto) y la pérdida de alícuotas diferenciales de retenciones. Desde la AFIP apuntaron que, de no regularizar su situación en los 60 días de suspensión, las firmas mencionadas quedarán excluidas del registro, lo que implicaría la inhabilitación para seguir exportando.

Fuentes del organismo aseguran que estas sanciones no están relacionadas con los 117 allanamientos simultáneos realizados esta semana en oficinas pertenecientes o supuestamente vinculadas con cerealeras exportadoras. En cambio, tendrían estrecha relación con la denuncia que presentó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en noviembre pasado ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. En esa oportunidad presentó un informe sobre “Evasión de grandes grupos concentrados” en el sector agropecuario, denunciando como metodología la intermediación o tercerización de las operaciones de exportación a través de paraísos fiscales o países sin convenio de intercambio de información con Argentina. El propósito de estos “pases” del producto antes de llegar a su destino final es la subfacturación de la exportación para evadir las cargas tributarias correspondientes, remarcó en su informe Echegaray.

Además, los fondos así evadidos al subfacturar exportaciones, cuya diferencia terminaba cobrándose en el exterior, volvían al país provenientes de paraísos fiscales o jurisdicciones con escaso control, lo cual constituiría las maniobras financieras ahora denunciadas.

Según el informe de Echegaray, las principales plazas con las que se detectaron maniobras de triangulación son Uruguay, Suiza y Singapur. Al primer destino se facturaron 8842 millones de dólares en 2009, de los que apenas habrían quedado en ese país como destino físico final 2015 millones. A Suiza, sobre 4328 millones, sólo tenían a ese país como destino final productos por 1518 millones. A Singapur se facturaron 1101 millones, pero sólo 43 millones eran para productos a ser consumidos o utilizados en ese país.

Ya en noviembre, la AFIP señalaba como “casos detectados en cerealeras, en curso de investigación” a cinco “contribuyentes globales” que operan en Argentina bajo la figura de filiales o sucursales de empresas de capital holandés, estadounidense (en dos casos), alemán y argentino en otro (pero con sede central en el exterior y operaciones a nivel mundial). Una de las firmas de capital estadounidense, y la de capitales argentinos, operaban a través de sucursales de la misma firma en Uruguay, adonde facturaban cereales, cuyo destino final era, principalmente, China y España. La otra firma estadounidense y la alemana utilizaban para triangular sus respectivas casas matrices. Curiosamente, la firma de origen alemán le facturaba a Alemania mercadería, cuyo destino final eran países limítrofes de Argentina: Brasil y Chile. El diferencial de precio facturado entre la primera y segunda venta (maniobra de triangulación) es lo que define el monto de evasión de la base imponible y, con ello, del impuesto determinado.

Aunque la información que difundió ayer la AFIP respecto de los tres casos sancionados es escueta, se puede vincular la imputación hecha ayer de “triangulaciones nocivas” con lo que, en aquel informe, se señaló como “principales destinos nocivos de facturación: Uruguay, Suiza, Singapur, Barbados e Islas Caimán”.

De las tres firmas sancionadas, Cargill, de origen estadounidense, es por lejos la más conocida. Lidera las exportaciones de granos en la Argentina pero, además, cuenta con una extendida red de firmas acopiadoras bajo su control en toda la pampa húmeda, que le permiten abastecerse tanto para cumplir sus contratos con el exterior como para abastecer sus plantas procesadoras. Posee, además, instalaciones propias en el puerto San Martín, aledaño al de Rosario.

Las otras dos firmas, aunque menos conocidas, también revistan entre las transnacionales que controlan el negocio mundial en la materia. ADM es una firma de capitales estadounidenses, radicada en Illinois, que nació como Archer Daniels Midland Co. Sus operaciones globales suman una facturación cercana a los 50 mil millones de dólares, alrededor de la mitad de lo que factura su rival Cargill. En la Argentina concentra su negocio en la exportación de granos, pero a nivel mundial se especializa en la molienda de oleaginosas y maíz (aceites), y en los últimos años creció fuerte en la producción de biodiesel y etanol. Con una capacidad de molienda superior a las 130 mil toneladas por día, se ubica como uno de los principales procesadores de soja del planeta.

ADM cuenta con una red global de 500 centros de acopio y unas 250 plantas de molienda, con alrededor de 20 de ellas instaladas en China. El inicio de sus negocios en Argentina coincidió con la salida de Continental Cereales, cuyos activos fueron adquiridos por Cargill. Justamente, varios ex directivos de Continental conformaron su primer directorio.

Alfred Toepfer International es una cerealera que nació en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, pero con los años fue cambiando de manos hasta su actual composición: un 25 por ciento es controlado por un grupo de cooperativas agrícolas estadounidenses y europeas, mientras que el paquete de control (75 por ciento) está en manos de la ya mencionada ADM.

La Secretaría de Comercio Interior estrenó el uso de la Ley de Lealtad Comercial contra las consultoras económicas con una multa de 500 mil pesos a la firma Orlando Ferreres y Asociados. El argumento de esa área de gobierno es que, mediante la difusión de una variación de precios más elevada que la que publica el Indec, estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. Lo curioso es que, para aplicarle la multa, Comercio Interior se basó en un artículo de la Ley de Lealtad Comercial que castiga a propagandas o publicidades engañosas que incurran en inexactitudes u ocultamientos que induzcan a error en las condiciones y en los precios de venta.

La multa que dejó trascender la Secretaría de Comercio Interior –no hubo comunicación oficial– sería la primera que se aplica desde que la repartición a cargo de Guillermo Moreno requirió a las principales consultoras económicas de plaza que informen sobre la metodología utilizada en la estimación de variaciones de precios. Todas esas consultoras sostienen un punto de vista crítico respecto de los cálculos de inflación que publica el Indec, considerando que subvalúa las variaciones. El punto débil de estas críticas es que ninguna de las consultoras que las formulan tienen los elementos técnicos suficientes para realizar medición alternativa confiable. De todos modos, es de esperar que esta sanción abra un nuevo flanco de polémica respecto del accionar de la Secretaría.

Orlando Ferreres, titular de la consultora multada, fue secretario de Coordinación y Programación Económica en el primer año del gobierno de Carlos Menem (1989), antes de la llegada de Domingo Cavallo y la convertibilidad. Llegó a ese puesto con el desembarco de economistas que trabajaban a las órdenes del grupo Bunge y Born. Ferreres había ocupado varios puestos en las empresas del grupo, el último fue como gerente general de Compañía Química. Cuando dejó el cargo en el Ministerio, en 1991, fundó O.F. y Asociados.

Ayer, casi simultáneamente a que se difundiera la noticia de la multa contra la consultora, Ferreres y Asociados daba a conocer un informe sobre inversión bruta interna en enero, señalando un crecimiento en volumen físico de 19,3 por ciento respecto de un año antes. El mismo informe indica que la participación de la inversión en el producto bruto interno para el año 2010 alcanzó al 22,7 por ciento. La consultora de Ferreres prevé que Equipo durable de origen local y Construcción “sostendrán la inversión este año”, aportando a conseguir un mayor crecimiento de la economía.

Según el informe, la inversión en maquinaria y equipo fue la de mayor expansión en enero, con un crecimiento de 34,5 por ciento interanual, impulsada por el dinamismo del equipo importado, que tuvo una trepada del 44,2 por ciento respecto de enero de 2010, contra un 15,1 por ciento de crecimiento del componente nacional en el rubro. Pero la consultora prevé que dichas proporciones se invertirán a lo largo del año, debido al freno que se les impondrá a las importaciones.

El panorama auspicioso que, en general, ofreció este informe sobre inversión de O.F., o bien no llegó a oídos de Moreno o, simplemente, no lo conmovió como para variar su decisión de aplicarle una multa ejemplificadora a la consultora.

Ya ni en el Grupo de los 20 pasa desapercibido que la especulación mueve los precios de los mercados agrícolas. Lo que se sigue disimulando en ese ámbito es que los conductos que alimentan el poder del capital especulativo siguen intactos, que ni las regulaciones propuestas le han hecho mella ni las políticas de los bancos centrales de las potencias más centrales (la Reserva Federal y el BCE) los han afectado. Al contrario, hasta podrían haber realimentado la especulación.

Uno de los documentos de trabajo que portaba la delegación argentina que participó de la reunión ministerial en París, y habría compartido con la brasileña, hacía una pormenorizada descripción de la intervención de algunos instrumentos especulativos en los mercados de materias primas en los últimos años. Uno de estos nuevos instrumentos, que operan atados al valor de los commodities, son los denominados ETF (exchange traded funds), fondos que según un artículo de Carlos Arbía, de El Cronista, habrían alcanzado operaciones por una cifra de 165 mil millones de dólares en la actualidad en los mercados de commodities. El equivalente a toda la deuda externa argentina.

Siempre citando al mismo autor, en los últimos cinco años el patrimonio de estos fondos habría crecido a un ritmo del ciento por ciento anual. Sólo en 2010, la apuesta a este instrumento financiero habría rendido 48 por ciento en promedio. ¿Cómo opera? Compra y vende posiciones a futuro de granos, metales, petróleo y todo lo que cotice con buena liquidez en las principales plazas financieras del mundo. Su intervención multiplica varias veces el monto de las operaciones (sí, varias veces, su participación es varias veces superior en valor a las operaciones “reales”, de quien vende trigo porque tiene trigo y quien compra porque necesita el trigo). Y, lógicamente, crea las condiciones para generar una burbuja financiera. Es precisamente lo que provocó en la actualidad.

Si estos instrumentos crecen, es porque las regulaciones discutidas en 2009 y 2010 fracasaron estrepitosamente. Pero, además, si la respuesta a la crisis de Estados Unidos es “volcar liquidez al mercado” mediante emisiones (la última, de 600 mil millones de dólares) que canaliza por vía del sistema financiero, ¿no está alimentando con ese flujo financiero el capital especulativo? No es demasiado audaz decir que la Reserva Federal ha sido el mayor impulsor del precio de las materias primas de los últimos meses.

Que cualquier observador medianamente informado opine que “en la Mesa de Enlace las cosas no están nada bien” no podría sorprender a nadie. Pero que quien lo diga sea el titular de la Federación Agraria, y a lo anterior le agregue “especialmente con (Mario) Llambías”, presidente de CRA, ya le da otro color. Eduardo Buzzi no disimuló su desagrado por las actitudes de su colega del ruralismo, de quien lo separan no sólo concepciones acerca del rol del Estado o la forma en que FAA resolvió en favor de sus afiliados la venta de trigo a la molinería, recurriendo a la colaboración de la cartera de Agricultura. Un nuevo peñón aparece en el camino que hasta no hace mucho transitaron juntas las cuatro entidades patronales del agro: la elección del futuro presidente del Ipcva, el instituto encargado de promover y defender los intereses de las carnes argentinas en el mundo. Es la pelea interna que se viene en la Mesa.

Sin ahondar demasiado, Eduardo Buzzi se refirió ayer al tema señalando que aspiraba a que “alguna vez” la presidencia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna quedara en manos de un hombre del riñón de Federación Agraria. A lo que apunta el dirigente santafesino es a que, a partir del próximo 9 de marzo, un representante de esa entidad debería ocupar el cargo que dejará Dardo Chiessa, actual presidente de origen en Confederaciones Rurales, CRA, si se cumpliera el orden de rotación que hace ya un tiempo pactaron las entidades agropecuarias.

De acuerdo con su reglamento constitutivo, el Ipcva es presidido por un representante de la producción y la vicepresidencia la ocupará siempre un representante de la industria de la carne. El acuerdo no escrito entre las entidades es que la presidencia fuera rotativa, cada dos años, entre las mismas. Chiessa cumplió un mandato más largo, pero por acuerdo de las entidades. Ahora, cuando llega el momento de reemplazarlo, Llambías objetaría que el sillón quede para Federación Agraria. De ahí vendría el renovado enojo de Buzzi.

El titular de Federación Agraria también disparó un tiro por elevación, ayer, para otro hombre salido de las filas de CRA hoy encumbrado como titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaille. “Lejos de tratar los temas que proponen los productores, los ha dejado de lado”, opinó ayer Buzzi en una entrevista radial, en su reaparición luego de unas vacaciones que, además de descansar, le sirvieron para eludir alguna reunión de la Mesa de Enlace que lo hubiera dejado muy cerca de tener que romperla.

En ese momento, dos semanas atrás, la contradicción interna de la Mesa era sobre la posición frente al Gobierno, tras haber reclamado la vigencia del precio pleno del trigo para el productor y la generación de condiciones para que aquél pudiera vender su producto en el mercado. Ayer Buzzi lo recordó en los siguientes términos: “Cuando el Gobierno, por decisión y por la relación que tiene con Agricultores Federados Argentinos (cooperativa vinculada a Federación Agraria), otorga la posibilidad de que vendan trigo, Llambías tiene la actitud de salir a criticar y desgastar la figura de Eduardo Buzzi, antes que llamarme y reunirnos para ver cómo se resuelve el problema”. Luego agregó: “Mis colegas están más preocupados por desgastar mi figura que por ver cómo se resuelve el problema. Mis colegas mordieron el anzuelo y contribuyeron a debilitar la Mesa de Enlace de manera llamativa”.

Más que una cuestión de “celos” entre dirigentes, que ayer Buzzi mencionó en forma irónica, lo que diferencia a las diversas entidades del agro es su posicionamiento ideológico y, consecuentemente, político. El titular de Federación Agraria, más allá de sus críticas a Llambías, se ocupó de remarcarlas, al señalar la necesidad de que se discutan políticas e instrumentos en favor de los pequeños y medianos chacareros, “como una ley de arrendamiento, un ente de comercialización y una ley para (reglamentar y limitar) la extranjerización de las tierras”. Proyectos que, subrayó, el resto de las entidades “no están apoyando”.

Argentina y los demás países exportadores de granos de la periferia se encontrarán este fin de semana, en el seno de la reunión de ministros del Grupo de los 20, con un duro planteo de parte de los países centrales que liderará el anfitrión, Francia: la necesidad de poner techo a los precios de las materias primas agrícolas. El objetivo explícito es evitar un mayor deterioro en las economías de las principales potencias, por el efecto deficitario y por el costo inflacionario. Otra vez, la discusión sobre la necesidad de mayores regulaciones en los mercados va de la mano de una flagrante falacia: nadie discute en favor de quién se debe regular.

La presión de los líderes europeos por imponer algún tipo de control a los precios de las materias primas agrícolas no está haciendo más que generar confusión en un mercado a cuyos operadores lo que menos les preocupa es el hambre en el mundo. La especulación de los mercados a futuro de la soja, el maíz o el trigo traccionan los valores hacia arriba, después de atraer a inversores que ya no le pudieron sacar el jugo al mercado de hipotecas subprime que estalló en 2008. Una de las más recientes medidas para contrapesar la crisis fue la inyección de 600 mil millones de dólares en el mercado por parte de la Reserva Federal. Muchos temieron que ese dinero terminara volcándose a la especulación. Algunos indicios revelan que los malos augurios no estaban errados.

El Banco Mundial arrojó ayer un argumento como para dar letra a los defensores de la regulación en favor de los poderosos: el aumento en el precio de los alimentos ha conducido a la pobreza a 44 millones de personas desde junio pasado. Lo que no explica es de qué forma los alimentos llegarán a sus manos si Europa paga más barato sus importaciones.

A pocos días de la reunión de ministros de los miembros del Grupo de los 20, empiezan a perfilarse las principales estrategias defensivas que cada bloque de países intenta levantar para prevenirse de los riesgos de nuevos episodios de la crisis mundial. Amado Boudou visitó el último fin de semana a su par brasileño, Guido Mantega, en busca de una posición común para el encuentro convocado en París los días 18 y 19 (sábado y domingo que viene). Comparten dos preocupaciones: la amenaza de invasión comercial con productos a bajo costo por exceso de oferta en los mercados mundiales y la eventualidad de un ataque especulativo contra sus monedas (el real y el peso), que podría ser alentado y promovido por capitales financieros con menos oportunidades de rentas rápidas en el actual mercado mundial. En Europa los temores son otros, aunque vinculados con los anteriores. Francia propuso ayer una reforma en el sistema monetario mundial que dé por tierra con la supremacía absoluta del dólar y la reemplace por una canasta de monedas consensuada entre todas las potencias. Aunque difícilmente se llegue a acuerdos rápidos, la sola mención de estos planteos cambia el escenario de la discusión sobre la crisis mundial que, lejos de haber sido superada, sigue viva y amenazante.

Boudou se trajo de San Pablo el compromiso del gobierno de Brasil de defender de forma conjunta la estrategia comercial del Mercosur. Es decir, mantener la protección de las producciones locales y encender las alertas frente a una eventual invasión de productos a bajo costo. Un acuerdo en tal sentido requería, al mismo tiempo, diseñar la ingeniería que evitara afectar, al tiempo de aplicar dichos controles a la importación, el intercambio entre ambos países.

Este no será el único tema a tratar en la reunión de ministros en París, pero sí uno de los más trascendentes. El que le peleará cartel será la política monetaria mundial. A los países europeos también les preocupa el desplazamiento de sus productos en el mercado a manos de otros de distintos orígenes y más baratos. Sin embargo, la mira desde el Viejo Continente está puesta en el valor de las monedas. Consideran que la devaluación del dólar y del yuan chino contra el euro ha sido más perjudicial para el comercio europeo que posibles acciones de dumping de los exportadores (ventas por debajo del costo).

En la reunión del sábado, como titular y anfitriona de la reunión, Christine Lagarde, ministra de Finanzas de Francia, pedirá que el G-20 apoye “la transición hacia la internacionalización de nuevas monedas”. Es decir, “salir del no sistema monetario actual y avanzar hacia un sistema que esté basado en varias monedas internacionales”.

La posición, aunque suene audaz si se la interpretara como un desafío abierto a la hegemonía del dólar, no lo sería tanto. En principio cuenta con el respaldo absoluto del FMI, lo cual dice bastante. Además, a Estados Unidos no le disgustaría un esquema en el que se garantice cierto equilibrio entre las principales monedas del mundo, sobre todo si el acuerdo –tal como está planteado por Francia– también incluye al yuan chino. Si condiciona al dólar pero también condiciona a la moneda china, no es mal negocio para Obama.

Quienes tienen derecho a tener más desconfianza son las naciones en desarrollo, dado que “quedan afuera de la canasta” y de una especie de banca central multinacional que regularía el sistema. Para tener economías fuertes y estables, con defender el buen precio de las materias primas exportables no basta. Sobran los ejemplos históricos para demostrarlo.