Página#12 Libre

Nuevamente nuestro país vive una situación, de las tantas que jalonan nuestra historia, en que una conjunción provisional de sectores, que se consideran a sí mismos "democráticos" y "republicanos", interfiere para impedir que cumpla acabadamente su mandato el gobierno elegido por las mayorías populares, en sufragios libres. Es decir, en democracia. Que esa maquinaria destituyente se despliegue en las cámaras legislativas, tomando la forma de un "conflicto de poderes", lejos de disimular sus gestos los amplifica. Lo vimos en estos días. Las desprolijidades, el escaso recato con que estos heterogéneos aliados procedieron a la rapiña de lugares en las comisiones parlamentarias, sin el menor respeto por la proporcionalidad que emerge del voto ciudadano, con la intención confesa de trabar cualquier iniciativa del gobierno, llegando al extremo de rechazar en comisión el pliego de Mercedes Marcó del Pont, sin habilitar en tiempo y forma su legítima defensa y por razones otras que las que el Senado está llamado a considerar: su calidad intelectual y su idoneidad para ocupar el cargo. Desnudando así el desprecio de los procederes institucionales indispensables para resguardar la gobernabilidad.

Desde Carlos Saúl Menem y Rodríguez Saá hasta Pino Solanas, todos son responsables de imponer en el ámbito parlamentario unas reglas de juego tales que ningún proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo pueda prosperar. Trabando el acceso a las reservas para el pago de la deuda e intentando una grosera manipulación de la conducción del Banco Central en detrimento de su necesaria articulación con el conjunto de las políticas públicas que se vienen desarrollando, se quiere forzar al gobierno a implementar políticas de ajuste, en un contexto de crisis financiera internacional cuyos efectos locales vienen siendo morigerados con inocultable eficacia. Menores salarios, baja en las jubilaciones, despidos, freno a las obras públicas, recorte de los subsidios: ese es el escenario que se está empujando desde la oposición. Lamentamos que quienes reivindican para sí un lugar de luchadores sociales, y forman parte de la izquierda, estén siendo funcionales a este retorno de lo peor de nuestro pasado. Las fotografías de la semana que culmina y un elemental ejercicio de memoria deberían llamar a una reflexión política madura capaz de habilitar alianzas más fecundas, basadas en los proyectos de país que están en disputa más que en la conquista de una ilusoria y mezquina porción de poder.

Al igual que en el lock out patronal agrario iniciado en marzo del 2008, cuando estaba en juego la posibilidad de afectar rentas extraordinarias en pro de tenues políticas distributivas, allí están, unidos otra vez en el abrazo, Reuteman, Latorre, Giustiniani. Los tres senadores por la Provincia de Santa Fe que, como decíamos entonces en el documento final del Primer Encuentro Nacional de los Espacios Carta Abierta en la ciudad de Rosario: "desde distintos folklores partidarios, pero defendiendo idénticos intereses conservadores, votaron contra las retenciones móviles, haciendo bloque con quienes se oponen a cualquier intervención del estado en el proceso económico y a toda iniciativa tendiente a recuperar el sentido de lo público".

En sintonía con estas posiciones a nivel nacional, nuestra provincia, gobernada por el socialista Hermes Binner, es una de las pocas que no pudo dar normal inicio al ciclo lectivo y vive hoy un escenario de conflicto porque no se ha dado una respuesta mínima a las justas reivindicaciones salariales que demandan los maestros y los trabajadores del estado, en tanto soportamos aumentos desmesurados en impuestos, cargando la responsabilidad sobre la Nación.

Los artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura reunidos en Carta Abierta Provincia de Santa Fe expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores en conflicto y ratificamos nuestro apoyo crítico al proceso político iniciado en nuestro país en 2003 y a todas las medidas tendientes a su profundización, por una Argentina con mayor justicia distributiva y respetuosa de los mecanismos que sostienen la democracia.

El miércoles 30 de diciembre por la tarde entraron desconocidos en el domicilio que Josefina "la Tana" González comparte con su esposo Federico Reynares. Burlando la custodia que el Programa de Protección de Testigos de la Provincia instaló en la casa, revolvieron cajones y expedientes, dejando inconfundibles mensajes intimidatorios y evidencias no menos elocuentes que llevan a descartar el robo como móvil del delito. Tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Josefina González es querellante en la causa "Díaz Bessone, Lofiego, Vergara, Marcote, Scortechini y Chomicki s/homicidio, violación y torturas" (ex causa Feced). En julio de 1976, con cinco meses de edad, fue secuestrada junto a su hermana y su madre, quien fuera asesinada meses después, tras interminables sesiones de tortura en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Josefina además trabaja en la Fiscalía que investiga, entre otros, los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención. Federico Reynares, en su carácter de Secretario del Ministerio Público, participó en la instrucción de la megacausa Feced, cuya primera parte, ya elevada a juicio, involucra a más de noventa víctimas. Las audiencias orales y públicas comienzan en abril, y dada la magnitud de los crímenes que abarca y el número de testigos involucrados, difícilmente termine este año.

Este episodio se produce al terminar un año en el que más de tres decenas de represores fueron condenados por diversos Tribunales Orales en nuestro país, mientras se espera que esa cifra se multiplique durante el año en curso. El primer juicio oral de nuestra provincia la causa Brusa, en la ciudad capital terminó con condenas ejemplares. En febrero seguramente se escucharán en Rosario los alegatos en el juicio Guerrieri Amelong, y habrá pedidos de pena máxima para los imputados.

No nos cabe ninguna duda de que este acto intimidatorio, tanto como el perpetrado casi en simultáneo en la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos se inscriben en un escenario nacional de avance en el enjuiciamiento de los genocidas, con la consiguiente desarticulación de los enclaves autoritarios, en el marco de la política de derechos humanos que sostiene con firmeza el gobierno nacional. Invitamos a todas las instituciones comprometidas con la democracia a hacer explícito su repudio a las acciones de estos grupos minoritarios.